Oriol Pujol pagó a los Sumarroca su chalé con 729.000 euros de comisiones de las ITV

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Oriol Pujol entregó a la familia Sumarroca al menos 729.000 euros procedentes de comisiones de la trama de las ITV. El dinero fue transferido en distintas partidas entre 2008 y 2010 para la compra de una vivienda de lujo en el Pirineo y procedía en realidad de presuntas comisiones abonadas por el empresario Sergi Alsina.

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Oriol Pujol entregó a la familia Sumarroca al menos 729.000 euros procedentes de comisiones de la trama de las ITV. El dinero fue transferido en distintas partidas entre 2008 y 2010 para la compra de una vivienda de lujo en el Pirineo y procedía en realidad de presuntas comisiones abonadas por el empresario Sergi Alsina.

Según un informe enviado en abril por Vigilancia Aduanera al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Alsina y la mujer de Oriol Pujol -Ana Vidal Maragall- crearon una sociedad conjunta para camuflar las comisiones. Con los fondos desviados a esta sociedad gracias a trabajos falsos, la pareja compró después su residencia de lujo en La Cerdaña, construida por los Sumarroca.

El primer pago de Oriol Pujol a Teyco, la empresa investigada ahora por abonar comisiones ilegales del 3% a Convergencia, se produjo el 16 de diciembre de 2008. Una semana antes de esas Navidades, las cuentas del hijo del ex president Pujol emiten un cheque por valor de 190.650 euros a favor del clan Sumarroca. En apariencia, la transferencia no tiene nada incorrecto. Pero Hacienda acredita que la cuenta de Oriol Pujol se nutre en transferencias periódicas de Avima Projectes, una sociedad pantalla utilizada para canalizar comisiones. “Teniendo en cuenta el traspaso directo de capital, Sergi Alsina habría subvencionado la compra del porcentaje que correspondía a Oriol Pujol en la vivienda de Urús”, concluyen los funcionarios en su informe al juez.

Según la escritura pública, el precio total de compra fue de 1.015.517 euros y el ex diputado catalán se quedó con el 20% del chalet. El 27 de agosto de 2010, la cuenta bancaria que abrió en 1992 refleja una nueva salida de efectivo: otro cheque a nombre de Teyco, esta vez por 108.000 euros.

“Nuevamente se constata cómo se destinan los ingresos irregulares o injustificados de Serveis i Participacións Nova D [la empresa de Sergi Alsina] para financiar la adquisición de la vivienda situada en Urús por Oriol Pujol”, explica el informe de Hacienda. Las transferencias se repiten en dos días consecutivos: el 26 y 27 de octubre de 2010, cuando Oriol Pujol emite nuevos cheques por valor de 34.400 y 21.651 euros cobrados luego por Teyco.

Según los documentos consultados por EL ESPAÑOL, la cuenta utilizada por Oriol Pujol para recibir el dinero de las comisiones era la misma en la que cobraba su sueldo como parlamentario catalán: 449.259 euros entre 2007 y 2012. Sólo en la compra de su vivienda de recreo, el mediano de la familia Pujol gastó la mitad de ese dinero.

Separación de bienes

Oriol Pujol y su mujer, Ana Vidal, están casados en régimen de separación de bienes y en apariencia el ex parlamentario catalán carece de vinculación con las empresas de su esposa. Sin embargo, los funcionarios de Hacienda consideran que esta cortina legal es sólo una estrategia para ocultar el volumen y la procedencia de los fondos: hasta 569.118 euros cobrados por el matrimonio de forma indebida. “Aunque en las sociedades Avima Projectes SL y Serveis i Participació Nova D SL no figura como socio ni administrador Oriol Pujol Ferrusola, éste se beneficia finalmente también de los ingresos irregulares descritos”, explican los funcionarios al juzgado de instrucción número 9 de Barcelona.

Con esta apariencia de compartimentos estancos, el 2 de febrero de 2010 es la esposa de Pujol quien desde su cuenta personal envía otros 374.500 euros a nombre de Teyco, la constructora de los Sumarroca.

Esta operación viene a confirmar la constante relación financiera entre el clan de los Sumarroca y la familia Pujol. El pasado jueves EL ESPAÑOL desveló las comisiones del 5% sobre 2,6 millones de euros cobradas por Jordi Pujol Jr con la constructora de los Sumarroca, esta vez por supuestos trabajos de asesoría en México que la Justicia considera ficticios.

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Así fue el decretazo del sábado: bonificaciones tras un ERE y la gymkana de la dación en pago

El BOE recogía este sábado un real decreto que incluye reformas importantes como la supresión de las tasas judiciales para ciudadanos, la modificación de las bonificaciones de cotización para contratos indefinidos o la que permite a  ciudadanos entrar en concurso de acreedores e incluso liquidar la deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda. Lo analizamos.

El BOE recogía este sábado este real decreto que el Gobierno ha aprobado unilateralmente (sin pasar por el Congreso) y que incluye reformas importantes como la supresión de las tasas judiciales para los ciudadanos, la modificación de las bonificaciones de cotización para contratos indefinidos o la que permite a los ciudadanos entrar en concurso de acreedores e incluso liquidar la deuda hipotecaria con la dación en pago de la vivienda.

Es un clásico: sábado y decretazo. Así ocurrió el 5 de julio de 2014 con un Real-Decreto de 172 páginas que lo mismo regulaba los registros civiles, los depósitos bancarios o las exposiciones de Picasso. O con el decretazo de los recortes de 2012, también en sábado y también en julio y que está recurrido ante el Constitucional.

Empresas bonificadas tras un ERE

Una de las medidas más importantes que incluye la norma pasa por modificar la actual tarifa plana de 100 euros de Seguridad Social para empresas que contraten a indefinidos por otra ayuda a la contratación: la exención de la cotización de los primeros 500 euros del salario. Eso sí, esa exención se aplica sólo a lo que paga la empresa. El trabajador seguirá pagando por todo lo que ingrese. Lo que no se explicó en el debate del estado de la nación ni en el Consejo de Ministros del viernes, en los que se anunció como una medida para “favorecer a los colectivos más vulnerables”, es que las condiciones para acceder a esas bonificaciones también se han modificado. A la baja.

Hasta ahora, las empresas que hubieran echado a trabajadores en los seis meses anteriores al contrato vía despidos objetivos, improcedentes o colectivos (ERE) no podían acceder a estas ayudas. Las nuevas bonificaciones, en cambio, mantienen el veto para despidos improcedentes pero sólo para aquellos ERE “no ajustados a derecho”. El matiz es importante. Esto es, podrán acogerse a estas ayudas todas las empresas que ejecuten un ERE legal en los seis meses anteriores a la celebración del nuevo contrato, lo que permite cambiar trabajadores antiguos por nuevos acompañados de bonificaciones.

La exclusión de los despidos colectivos como causa de extinción de las subvenciones también afecta a los vetos para los nuevos contratados. Hasta ahora, si un trabajador había sido despedido de la empresa vía ERE no podía volver a ser contratado para recibir estas ayudas. Pero la nueva norma permite que un trabajador que formara parte de un despido colectivo vuelva a ser contratado ahora sí con las nuevas condiciones, más favorables para la empresa.

La bonificación anterior también establecía un requisito de mantenimiento del empleo: tanto el número de trabajadores totales como el número de indefinidos debía mantenerse durante 36 meses para conservar la ayuda. La nueva norma añade, además, otra condición: que para calcular si se mantiene o no el empleo no se contarán los despedidos por un ERE, las dimisiones o las bajas por muerte o invalidez. Aunque la plantilla mengüe considerablemente, se entenderá que sigue cumpliendo las condiciones iniciales. Así, por ejemplo, si una empresa tiene 100 trabajadores y contrata a otros diez con estas nuevas bonificaciones, puede despedir vía ERE a los 100 primeros sin perder un euro de la ayuda.

Las bonificaciones se aplicarán durante los 24 primeros meses de contrato, prorrogables en parte en algunos supuestos, y se podrán aplicar a los indefinidos que empiecen a trabajar entre este domingo -fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley- y el 31 de agosto de 2016.

La gimkana de la dación en pago

Tanto en el debate del estado de la nación como en el Consejo de Ministros se anunciaron nuevas medidas para acceder a la dación en pago. Una de ellas es vía concurso de acreedores. Como suele ocurrir, la clave está en la letra pequeña de la norma. Para poder acceder a ella es necesario que el solicitante sea considerado un deudor de buena fe. ¿Y eso qué significa? Tiene que cumplir los siguientes requisitos:

  • Que en el concurso no haya sido declarado culpable, esto es, que el juez considere que la insolvencia no se ha provocado mediante voluntad deliberada o engaño del deudor. Hasta aquí, la definición encaja con lo que consideraríamos “de buena fe”. Pero hay más requisitos.
  • Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.
  • Que haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, para intentar establecer un sistema de pagos o posibles quitas directamente con sus acreedores. Es importante subrayar que, para acceder a estos acuerdos extrajudiciales, es obligatorio que el deudor disponga de dinero suficiente para satisfacer los gastos del mismo.
  • Y una serie de requisitos extra, que se aplican sólo a quienes quieran optar a la dación en pago y no al resto de deudores: comparecer siempre que sea requerido; no haber obtenido concurso de acreedores en los últimos 10 años; aceptar que se haga pública la resolución durante cinco años y someterse a un plan de pagos de cinco años para pagar las deudas que no se perdonan. Es decir, las deudas de derecho público como pagos a la Seguridad Social y de alimentos. Solo así podrá entregar la vivienda a cambio de liquidar la deuda. 

Otro de los requisitos pasa por no haber rechazado un puesto de trabajo acorde a sus capacidades en los últimos cuatro años. Pero esta cláusula queda en suspenso durante un año y hasta el 1 de marzo de 2015 no será necesario cumplirla para acceder a la liquidación de la hipoteca. Cuando arranque la campaña electoral, aún no será necesario cumplirla. Empezará a contar, eso sí, con el próximo Gobierno ya formado.

El decreto-ley incluye otras medidas vinculadas a las ejecuciones hipotecarias. Para empezar, amplía otros dos años la prohibición de ejecutar desahucios aprobada en 2013  y añade entre los colectivos que pueden acogerse a ella a los mayores de 60 años.

Este paquete de condiciones son similares a las necesarias para acceder al Código de Buenas Prácticas, una lista de medidas a las que se pueden o no adherir las entidades bancarias (es voluntaria), que permite reestructurar la deuda en mejores condiciones o, incluso, optar a la dación en pago (sí, esta es la tercera vía ya que regula el Decreto-Ley). Eso sí, la nueva norma elimina la obligación de publicar en el BOE la lista de las entidades que se sumen. Los bancos y cajas tienen un mes para comunicar si quieren estar en este nuevo código o quedarse en el anterior.

En rueda de prensa de Consejo de Ministros, se anunció que el precio máximo de compra de la vivienda para acceder a las ventajas del Código de Buenas Prácticas se ha elevado para que más personas se puedan ver beneficiadas. Esta afirmación es cierta en lo que se refiere al umbral para optar por la dación en pago, que pasa de 200.000 a 250.000. Pero es falsa con respecto a los umbrales generales para que el Código se pueda aplicar: hasta ahora, en las ciudades más grandes, el tope era de 400.000 euros (250.000 para una familia de una o dos personas más 50.000 por cada persona extra hasta un máximo de tres). Ahora, el tope es de 300.000 euros.

Tasas, cheque familia y autónomos

Muchos detalles en un solo decreto. Pero es que aún hay más. La norma incluye a las familias monoparentales con dos hijos al cargo en la deducción de 1.200 euros del IRPF, el llamado cheque familia. Eso sí, sólo podrán acogerse aquellos que no tengan derecho a percibir anualidades por alimentos.

El decreto-ley también elimina las tasas judiciales para personas físicas, pero las mantiene para empresas pequeñas. Antes de que entrara en vigor la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, las empresas con ingresos de menos de ocho millones de euros estaban exentas.

Además, incluye la anunciada rebaja de la cuota de autónomos para el cuidado de dependientes o menores de siete años. Eso sí, para acceder a esta ayuda el trabajador debe contratar por primera vez a un asalariado, y en un tiempo comparable al que deja de trabajar.

El preámbulo de este decreto-ley, que se congratula de las mejoras en la economía española, también aclara: “Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentación demagógica que a la larga pueda volverse en contra de aquéllos a quienes pretende beneficiar”.

Este artículo fue publicado en el blog ‘El BOE nuestro de cada día’ que puedes seguir aquí.