Las 30 Obsesiones de EL ESPAÑOL

rugidoLas Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

Las Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial concretando las competencias exclusivas del Estado y las materias en que pueden asumir competencias las comunidades autónomas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decidan el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos.

Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y su traslación a escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto.

De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. El fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno.

Por otra parte, una Justicia lenta, incapaz de juzgar a su debido tiempo, no es tal. Hay que agilizar la Justicia dotándola de medios para que actúe con mayor celeridad y eficacia.

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

Algunas de estas exigencias habría que extenderlas a los sindicatos y organizaciones empresariales, receptores también de ayudas públicas. Al igual que los partidos, estos colectivos han perdido legitimidad social por su anquilosamiento y por cobijar prácticas irregulares.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación.

Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones. Hay que perseguir así mismo a los corruptores, prohibiendo que las empresas que resulten condenadas con sentencia firme participen en concursos públicos.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del sector público y de los partidos políticos, tiene que estar formado y dirigido por funcionarios de carrera. Sólo así quedará garantizada su independencia.

Hay que acabar, por otra parte, con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección se circunscriba a su actividad estrictamente política.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente.

Se debe reducir de forma drástica la capacidad de los cargos públicos para contratar asesores.

Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la disminución del número de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

Hay que plantear en serio la reducción de ayuntamientos, urgiendo a fusionarse a los municipios que no alcancen los 5.000 habitantes.

La Administración tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para aligerar su aparato y ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. La máxima debería de ser: más internet, menos ventanilla.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado.

Las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber padecer una carga fiscal mayor que la prensa tradicional.

Debe suprimirse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Resulta abusivo someter a tributación un patrimonio por el que ya se han satisfecho cargas impositivas desde su gestación hasta el momento de ser legado.

Hay que combatir de forma más resuelta el fraude a Hacienda y la economía sumergida. Cabe incentivar el pago con tarjeta -fiscalmente incontrovertible- en detrimento de las transacciones en efectivo.

9.- Multas de tráfico proporcionadas

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación.

Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida. Para lograrlo, podría establecerse que las sanciones fueran progresivas, de forma que la primera resultase menos gravosa y su cuantía fuera aumentando en adelante, con lo que se prevendría la reincidencia. Habría que señalizar bien los puntos negros y las zonas particularmente sensibles -como las escolares-, y ahí sí, ser particularmente vigilantes.

10.- Mejor enseñanza

Las leyes de educación deberían necesitar de un apoyo amplio del Parlamento para poder ser aprobadas. El listón podría situarse en dos tercios de la Cámara. Esta fórmula permitiría, en la práctica, alcanzar un gran pacto nacional por la educación, lo que evitaría modificaciones en la normativa a cada cambio de Gobierno.

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizar la escolaridad temprana (de 0 a 3 años), moldear la secundaria según las aptitudes de los alumnos y romper la endogamia para que las universidades sean viveros de talento y cualificación profesional.

Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos.

ilustracion espanol nueva

Ilustración: Javier Muñoz

11.- Más inglés

Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

Hay que fomentar la exhibición de películas en versión original subtitulada, tanto en cine como en televisión.

Podría implantarse un sistema de intercambio de maestros con países anglófonos, de manera que los educadores tuvieran una inmersión real. Eso facilitaría también que los niños recibieran clases con profesores nativos.

12.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado está marginada en uno y otro ámbito.

13.- Racionalizar los horarios

Hay que legislar para lograr una jornada laboral más apropiada que favorezca el aumento de la productividad y aumente la calidad de vida de las personas.

España tiene unos horarios muy distintos al resto de Europa: se sale tarde del trabajo y se retrasan en exceso la comida y la cena. Eso condiciona la vida familiar. Hay que fomentar la jornada continua, suprimir la parada del desayuno y reducir la hora de la comida para ganar tiempo para el ocio.

Además, nuestra hora oficial no coincide con la hora solar. Utilizamos el horario de Europa central pese a que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich. Habría que retomar el huso horario que nos corresponde: el mismo que Portugal y Reino Unido, y el que ya tienen las Islas Canarias.

14.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque que impulse la contratación de menores de 30 años. Hay que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

15.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades, todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

Cabe fomentar sistemas de financiación alternativos como el crowdfunding.

16.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

17.- La violencia en el ámbito doméstico

La muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es una tragedia para la que la sociedad sigue sin enconrtrar solución. Pero la violencia de género es, además, el reflejo de un problema mayor: la violencia dentro del hogar, que también se ejerce contra ancianos, menores…

El asunto merece ser abordado con una ley integral que reforme la actual de violencia de género y que acabe con la discriminación por sexo que ésta encarna: a igual conducta debe haber igual sanción. Se necesitan más juzgados, más fiscales y mayor prevención.

18.- Atención a los mayores

Las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su aportación valiosa a la sociedad. Hay que atrasar de forma flexible la edad de jubilación, estimulando la participación de los mayores en todo tipo de actividades, ya sea de tipo profesional o de carácter social.

19.- Igualdad sanitaria

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones sanitarias, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse desprotegido en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

20.- Derecho a muerte digna

Los avances médicos posibilitan hoy alargar la vida de enfermos terminales, en ocasiones, con gran padecimiento para los afectados. En estos casos, es fundamental que los cuidados paliativos estén a disposición del paciente, porque permiten conllevar el sufrimiento y, en último término, afrontar la muerte con dignidad.

21.- Más Europa y más América Latina

España tiene que hacer causa común con los países que apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

El compromiso con Europa no ha de ser obstáculo para intensificar las relaciones con Latinoamérica, con la que constituimos una comunidad de 400 millones de hablantes con singulares lazos históricos y afectivos. España tiene que hacer valer en Bruselas ese vínculo privilegiado.

22.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido la barbarie terrorista no pueden languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo.

La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario.

Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

Hay que prohibir que cualquier imputado o condenado por pertenecer a banda armada pueda acceder a un cargo público.

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de personas desesperadas mueran cada año intentando alcanzar Europa no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. El asunto hay que abordarlo con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la libre entrada en su territorio porque los efectos serían catastróficos.

Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal ha de ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

25.- El coche eléctrico, energía limpia

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su uso dando facilidades a la compra y la recarga de baterías. Su implantación es el ejemplo de lo que debería ser la transición hacia un modelo energético sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Hay que invertir en la investigación y promoción de renovables para intentar alcanzar un modelo basado en energías limpias, en las que España es rica.

26.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

27.- Libertad en la televisión

Los políticos tienen que dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. En la concesión de franjas del espacio radioeléctrico se debe fomentar el pluralismo. Habría que cerrar todas las televisiones públicas que no aporten provecho y supongan un agujero para el erario.

Hay que propiciar el aumento del ancho de banda para impulsar la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

28.- Justicia en el deporte, ojo de halcón incluido

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de una competición. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, que moviliza más aficionados y genera un enorme negocio, sigue mostrándose refractario a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

El ojo del halcón es así un símbolo del juego limpio y de la necesidad de modernizar el deporte. Hay que combatir el dopaje, el amaño de partidos, las comisiones ilegales y la corrupción en las federaciones y en los comités.

29.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas incluso a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en la vía pública, se escupe en el empedrado, en los bares se arrojan al suelo las cáscaras de crustáceos, se olvida usar el desodorante aun en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos… Por desgracia en eso aun somos diferentes. La mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

30.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La Ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la Ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

El senador imputado de Bildu sobre Hipercor: “La policía se negó a desalojar”

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Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio.

Iñaki Goioaga ejerció durante años como abogado de varios presos de ETA e ingresó en prisión en 2009 acusado de ayudar a fugarse a dos presos de la banda en un plan disparatado que incluía un helicóptero y pretendía llegar a Portugal. Ni siquiera pasó dos años en la cárcel. Salió después de pagar una fianza de 60.000 euros y fue elegido senador por designación autonómica en enero de 2013.

El Supremo anunció este miércoles que abrirá una causa contra Goioaga a petición de la Audiencia Nacional, cuyo juez Eloy Velasco llegó a la conclusión de que aprovechaba su condición de abogado para mantener controlados a los presos de ETA y difundir sus consignas en prisión.

No se trata de una acusación nueva. José Miguel Latasa Getaria –que ayudó a su colega Kubati a asesinar a la ex etarra Yoyes en 1986 y luego fue expulsado de ETA por buscar la reinserción ocho años después– la formuló en esta entrada de su blog Arabatik:

Desde que entré en la cárcel ya me pusieron al día que era él, el abogado de Gestoras que mandaba en el colectivo. Después, con el tiempo, ya fui viéndolo con mis ojos que este elemento era quien movía los hilos entre los presos y ETA. El venía con las órdenes concretas, quien, al menos conmigo, Kubati y alguno más decía cuándo había que hacer huelga de hambre ; plante o las dos cosas y se permitía , incluso en el ínterin, decirnos que tenía esa noche sidrería. Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal.

Hoy Goioaga es senador y sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Así cabe explicar la exposición razonada que el juez Eloy Velasco envió desde la Audiencia Nacional al alto tribunal, que ahora abre una causa que podría desembocar en su imputación por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de terrorismo, blanco de capitales y fraude a la Seguridad Social.

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio y sobre el que escribimos aquí.

Se trataba de glosar la obra Las guerras correctas, que retrata la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González en los tiempos de la ofensiva judicial para esclarecer los crímenes de los GAL. Acompañaban al senador el periodista Pedro J. Ramírez y la jurista Manuela Carmena, que por entonces no había anunciado su candidatura a la alcaldía de Madrid.

La impunidad fue uno de los asuntos clave del coloquio, que se puede ver entero aquí. La impunidad de los GAL y la de muchos crímenes de ETA que quedaron por esclarecer.

Los tres invitados criticaron el enjuague que propició los indultos de Rafael Vera y José Barrionuevo. Pero Goioaga se desmarcó de los demás al hablar del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 21 personas el 19 de junio de 1987. “Fue un resultado terrible y no deseado”, dijo el senador de Bildu. “Se fue a hacer un desalojo dos horas antes de que estallaran los coches bomba y el director y el comisario Francisco Álvarez se negaron y dijeron que era una falsa alarma. Se podría haber evitado. Quién colocó el coche bomba está claro. Pero la verdad es amplia y tiene muchos parámetros”.

Las palabras del senador suscitaron estupor entre los presentes. “¡No, si será culpa de las víctimas!”, gritó desde la quinta fila David Moreno, que se definió como una persona que “cree en la democracia” en su presentación. “La verdad no tiene muchos parámetros sino muchas excusas. Excusas para matar a niños y a embarazadas como hizo ETA”.

Sobre el escenario retomó el asunto Pedro J. Ramírez, que matiza las palabras de otro espectador: “Aquel día ETA no envió el coche bomba para matar a la gente de Hipercor. Pero expresó tal desprecio por las personas estaban en Hipercor que arriesgó sus vidas dejándolas al albur de una situación límite que ellos mismos habían creado. Responsabilizar luego al mal funcionamiento de las autoridades es una vileza. La responsabilidad es de ETA y de nadie más”.

“Jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo”, dijo Goioaga al hablar de la violencia policial en el País Vasco. “Ahora los condenados por terrorismo no pueden ser maestros. Pero sí pueden el violador, el pederasta, el pedófilo y el de la violencia de género. ¡Eso es no creer en la reinserción!”.

Hubo otro espectador que le reprochó al senador sus palabras sobre el atentado de Barcelona: “Cuando un tipo llega a Hipercor y deja un coche cargado de explosivos, no viene a regalar bombones”. La respuesta fue muy similar:

ETA hizo autocrítica con el tema de Hipercor. Fue la primera vez en que yo vi a dos personas pedir perdón a los familiares. En Hipercor está condenado el Estado y eso fue un error. Cualquier daño es inadmisible. Otra cuestión es qué se produce y habrá que ver las causas. El que efectúa el daño quizá es porque no tenía otras salidas. Yo me alegro de que seas español. El problema es que los planteamientos de españolidad no se imponen y la pregunta es si hay o no la suficiente libertad para que todas las opciones se puedan expresar con claridad. Sentimos la necesidad de una segunda Transición y de la depuración de los cuerpos franquistas. En 1975 me detuvo la Brigada Político-Social y dos años después me detuvieron los mismos policías, que me dijeron que se habían convertido en demócratas. Es fundamental el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño y el problema es que el Estado no reconoce el daño y tampoco la existencia de víctimas. Colocan árboles con el nombre de su familiar fallecido y la Guardia Civil los arranca. En esos parámetros no hay resolución posible de un conflicto que no se reconoce que existe y que ha generado mucho sufrimiento en el Euskal Herria y en el Estado español. 

Choque de “conciencias” entre una víctima de ETA y la presidenta Barkos

635787129909444245wMaría José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, se enfrentó a la política foral: “No llamáis al terrorismo por su nombre”. Barkos le contestó en privado: “Que sepas que tengo la conciencia muy tranquila”.“Yo más -respondió María José-, te aseguro que duermo muy tranquila todas las noches”. Las dos se despidieron con frialdad.

En la imagen, Uxue Barkos, presidenta de Navarra, saluda a María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, en el homenaje que se le rindió al guardia civil asesinado por ETA en Leitza. Ivan Aguinaga / EFE

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Uxue Barkos, presidenta de Navarra, saluda a María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, en el homenaje que se le rindió al guardia civil asesinado por ETA en Leitza. Ivan Aguinaga / EFE

Apenas han salido los primeros rayos del alba cuando María José Rama enfila, con su coche, el camino para salir de Gijón. Con ella viajan Carlos y Cristina, sus hijos mellizos de 19 años, y un pensamiento que no la abandona desde hace trece años: “¿Por qué a Juan Carlos? ¿Por qué tuvieron que matarle a él?”. Por delante, casi 400 kilómetros y cuatro horas de viaje. El destino es un talud de granito ubicado a las afueras de Leitza, municipio ubicado en el norte de Navarra; el mismo lugar en el que un comando de ETA acabó con la vida de su marido -“y también con la mía”, apunta la mujer-, en un crimen que todavía queda por resolver.

“Todos los años, siempre que se aproxima el 24 de septiembre, se me va revolviendo algo por dentro”, apunta la viuda. En su casa, todo recuerda al agente asesinado: un cuadro con el retrato de su marido reina en la pared principal del salón; en su cuarto, sigue intacta la urna con las cenizas de las que se despide cada noche. “Volver a Leitza me cuesta una barbaridad”, reconoce María José. Tanto, que en el último homenaje se despidió para siempre del pueblo. “No volveré. Las esperanzas se agotan y las ganas de seguir pidiendo justicia van mermando”, indicó, con lágrimas en los ojos.

Hace tres días, cuando la telefoneó el grupo de vecinos que organiza el homenaje en recuerdo a Beiro, la viuda estaba segura de no querer regresar al lugar que le “abre de nuevo una herida que nunca se ha cerrado”. Pero estos insistieron en que volviese. Ella, dubitativa, les preguntó a Carlos y Cristina, sus hijos. “Claro que vamos, mamá”, le dijeron estos.

María José Rama rompe así la promesa de no volver jamás.

Volver al lugar del crimen

Silvestre Zubitur, el único concejal de UPN en un pueblo en el que alrededor del 80% de los habitantes votan a EH Bildu, encabeza la comitiva de vecinos que la recibe sin palabras y con un impetuoso abrazo. Ellos saben que, para María José, va a ser un acto especialmente difícil, todavía más que en años anteriores; porque en esta ocasión tendrá delante a Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra, a quien acusa de “cinismo” por “no llamar al terrorismo por su nombre”.

La viuda y la política se encuentran en la puerta de la iglesia de San Miguel, de Leitza. En ese momento, María José no sabe qué decir. Se conforma con saludar y entrar al templo.

Después, al concluir la ceremonia, María José emprende el camino que más difícil se le hace, el que le conduce hasta el lugar del crimen y donde se celebra el homenaje; hasta aquel talud ubicado en la carretera que conduce a la localidad guipuzcoana de Berastegi, donde, cada 24 de septiembre, los vecinos colocan la placa en recuerdo a Juan Carlos Beiro.

Al ver el lugar, la viuda reproduce mentalmente los últimos pasos de su marido, desde donde estacionó el Patrol de la Benemérita acompañado de cuatro compañeros, hasta el talud donde colgaba una pancarta bomba en la que, en euskera, se podía leer: “Guardia Civil, mátalo aquí”. Ella nunca presenció aquel caminar, pero, a fuerza de imaginarlo año tras año, la imagen se le dibuja sin esfuerzo en la cabeza. Después, el momento en el que los terroristas accionaron el detonador y a ella le “apagaron la vida”. Los otros cuatro agentes, aunque heridos, sobrevivieron al atentado.

Todos esos recuerdos todavía se le arremolinan cuando por fin la invitan a dirigirse al micrófono; en su mano, un par de folios arrugados en los que ha plasmado el discurso que más le ha costado escribir desde que asesinaran a su marido. Lo lee del tirón, sin despegar los ojos del papel. Siente incredulidad cuando pregunta al Ejecutivo foral, representado por Uxue Barkos y la consejera portavoz, Ana Ollo, “cómo es posible que personas que no llaman al terrorismo por su nombre pretendan honrar la memoria de una víctima”. Después, es la tristeza la que toma las riendas de la alocución: “Las personas que deben ser su ejemplo en la vida [en la de sus hijos] son las coherentes con sus valores -reflexiona-. Su padre lo era. Y yo lo seguiré siendo por mis hijos y por él”.

La mujer termina el discurso pidiendo justicia para su familia y para las de las trescientas que han perdido a un ser querido en crímenes de ETA todavía sin resolver. “¡Viva la Guardia Civil!”, concluye, con voz quebrada.

“Conciencia tranquila”

María José Rama agradece en ese momento los abrazos de los vecinos de Leitza, que no consiguen arrancarla de esa soledad que nunca la abandona. “Pensé que si hasta entonces no había muerto nadie de pena, yo iba a ser la primera”, admitiría en una entrevista publicada en el libro Relatos de Plomo. Historia del terrorismo en Navarra.

Todavía con lágrimas en las mejillas, uno de los organizadores se acerca a la placa homenaje con un destornillador y la retira. “Por lo que puedan hacerle por la noche -explica-. Ahora toca guardarla hasta el año que viene”. Mientras tanto, la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, camina hacia la viuda y, llevándola a un apartado, le dice: “Que sepas que tengo la conciencia muy tranquila”. “Yo más -responde María José-, te aseguro que duermo muy tranquila todas las noches”. Las dos se despiden con frialdad.

Son las dos y media de la tarde y ese puñado de vecinos que ha organizado el acto se lleva a María José, a Carlos y a Cristina a un txoko para comer. El ambiente es distendido y no faltan bromas y chanzas. Después excusándose, la viuda se despide: “Tenemos que volver a Gijón. Ya sabéis, son 400 kilómetros”. Los demás se lo permiten a cambio de que vuelva el año que viene. “Ya veremos”, responde ella.

Los rayos del sol se esconden cuando la mujer y los hijos de Juan Carlos Beiro entran en Gijón. María José mira a su hija Cristina y en ella ve “los labios carnosos, la barbilla y el pelo negro” del agente asesinado; en su hijo Carlos, “gestos idénticos a su padre”, que no comprende “de dónde han salido, porque era muy pequeño cuando lo mataron”. De nuevo, le vuelven los miedos y se pregunta si la memoria de Juan Carlos caerá en el olvido: “Te destrozan la vida, hay un antes y un después: un antes que escogiste, que lo quisiste, y un después que te impusieron y que no se parece en nada. Ahora sólo pido justicia”.

“Esta mujer asesinó a mi padre”

combo_etaFrancisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta asesina de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir”.

La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

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La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

Francisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta responsable de la muerte de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir. Ella marcó la vida de toda mi familia”.

Francisco José López Aguilar.

Francisco José López Aguilar parpadeó un par de veces, incrédulo, al ver la noticia de la desarticulación de la cúpula de ETA que anunciaba ayer la televisión: “David Pla e Iratxe Sorzabal”, repetían los informativos. Los nombres corresponden a los dos terroristas que, según anunciaron fuentes de la lucha antiterrorista, dirigían los restos de la banda desde Francia. Algunos miembros del Ejecutivo se apresuraron a suponer el golpe definitivo a la organización. Para Francisco José, la trascendencia de la operación iba todavía más allá: “Ella [Sorzabal] marcó la vida de toda mi familia. Todo cambió para nosotros cuando su comando mató a mi padre”.

Los sucesos a los que se refiere este joven navarro de 32 años se remiten a 1995. Su padre, Eduardo López Moreno, era miembro de la Policía Nacional destinado en el cuartel de Etxalar, municipio ubicado el norte de la Comunidad Foral y que hace frontera con Francia; un enclave estratégico para evitar el paso de etarras de un país a otro.

El policía, natural de Montilla (Córdoba), había establecido su residencia en el pueblo de Bera, que lindaba con Etxalar. Los vecinos conocían a Eduardo López Moreno y a su familia -estaba casado y tenía tres hijos- por su participación en actos culturales y deportivos. Todos ellos vivían, en definitiva, una vida tranquila, algo de lo que no podían presumir todos los compañeros de profesión del policía.

Con todo, Francisco José López recuerda algunos episodios que, cuando apenas era un niño, no terminaba de comprender: “En algunas ocasiones se vivían momentos violentos en el pueblo -apunta-. Nos quemaron el coche un año antes de que mataran a mi padre. Siempre he asumido cuál era su profesión y que vivíamos en un pueblo complicado”.

El asesinato tuvo lugar el 19 de abril de 1995. Ese día, el policía Eduardo López Moreno había planeado entrar en el cuartel abandonado de la Guardia Civil en Endarlatsa. Según había comentado, su propósito era recoger algunos materiales del edificio desvencijado para utilizarlos en labores de carpintería. Sin saberlo, se dirigía al mismo lugar en el que un comando de ETA había colocado un artefacto compuesto por cinco kilos de amerital. El propósito de los terroristas, previsiblemente, era que la bomba estallase al paso de algún agente de la Benemérita que todavía rondaba el enclave.

“A veces sueño con el momento en el que mi padre entra en el cuartel”, reflexiona Francisco José. “Imagino que soy yo el que entra y que es a mí a quien le explota la bomba”. La detonación alcanzó de pleno al agente y murió en el instante. Los agentes que inspeccionaron el escenario reconocieron la identidad de la víctima gracias a la alianza de boda que encontraron en la estancia.

Un crimen que cayó en el olvido

El mismo día en el que explotaba el artefacto contra Eduardo López Moreno, ETA protagonizaba en Madrid otro episodio que se llevó todas las portadas de los periódicos: el presidente del Gobierno, José María Aznar, era víctima de un atentado de la banda terrorista que pretendía acabar con su vida. En esta ocasión, los terroristas hicieron estallar otra bomba con treinta kilos de amosal al paso del coche del político. La deflagración, que provocó el derrumbe de una casa cercana y que acabó con la vida de su inquilina -Margarita González Mansilla-, no pudo con el blindaje del vehículo. Sus tres ocupantes -Aznar, el conductor y un escolta- resultaron ilesos.

El intento de asesinato del presidente del Gobierno relegó a un segundo plano el crimen de Endarlatsa; un olvido que la familia de Eduardo López Moreno también cree que se produjo desde las instituciones. “Enterramos a mi padre en Córdoba y nos dimos cuenta de que no podíamos volver a Bera -recuerda Francisco José-. Mi madre aguantó hasta junio para no tener que cambiarnos de colegio a punto de terminar el curso. Después nos fuimos a Montilla y tratamos de empezar una nueva vida”.

Con el paso de los años, Francisco José lamenta que nunca se les haya informado sobre cualquier avance en la investigación sobre el caso de su padre: “La primera vez que oí hablar del comando Ibarla fue por la televisión. Lo relacionaban con el asesinato y comencé a investigar por Internet quiénes estaban detrás del atentado. Guardé muchos recortes y artículos, y todas las informaciones apuntaban al comando Ibarla”. Efectivamente, fuentes de la lucha antiterrorista atribuyeron el atentado a este grupo, del que formaba parte Iratxe Sorzabal, ayer detenida en la localidad francesa Saint-Étienne-de-Baigorry. En la operación también fueron arrestados David Pla -con quien Sorzabal constituía la cúpula del aparato político de la banda- y Ramón Sagarzazu, antiguo jefe del aparato internacional, además de una cuarta persona, Pantxo Lopez, acusada de dar apoyo a los terroristas.

“Esta mujer asesinó a mi padre -reflexiona Francisco José-. Ahora espero que cumpla lo que tiene que cumplir. Las circunstancias del atentado fueron un poco extrañas porque no fueron a por él, como hicieron con otras víctimas. Por eso no sé si tendrán pruebas que relacionen a Sorzabal con este crimen o en qué quedará el juicio”.

La Audiencia Nacional valora reabrir la causa contra Zapata para imputarle por los tuits

ZapataGuillermoLa Sala Penal de la Audiencia Nacional se inclina por reabrir la causa contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por sus polémicos mensajes sobre las víctimas de ETA y de otros delitos.

“Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. “Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo”. “¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un seiscientos?, en un cenicero”.

Estos tuits pueden ser la causa de que el concejal del Ayuntamiento de la capital Guillermo Zapata (Ahora Madrid) tenga finalmente que acudir a declarar ante el juez Pedraz si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye -tal como baraja en este momento- que debe dar explicaciones sobre el contenido de esos mensajes y su intención al escribirlos.

La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional se inclina por estimar el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión de Pedraz de archivar las diligencias abiertas a Zapata, contra quien la asociación Dignidad y Justicia presentó una querella por el delito del artículo 578 del Código Penal.

Este precepto castiga la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares. La última reforma penal ha agravado incluso la sanción, que ahora puede llegar hasta tres años de prisión (antes, dos años).

Cierre sin declaración

El pasado 2 de julio, Pedraz dictó una resolución en la que, rectificando su inicial decisión de citar a Zapata a declarar, consideró que el concejal no tuvo el ánimo de ofender a las víctimas ni incurrió en una conducta “especialmente perversa”.

El juez, que sostuvo que hacer declarar a Zapata como imputado “supondría un plus de perjuicio moral para él” debido a la llamada “pena del paseíllo” o “pena del telediario”, apreció que la calificación más apropiada para sus tuits sería la de “chistes de humor negro” y destacaba que así lo había percibido la propia Irene Villa en un escrito dirigido al Juzgado.

La Fiscalía reaccionó de inmediato frente al archivo del caso y fue directamente en apelación a la Sala de lo Penal para reclamar la reapertura de las diligencias. Su posición puede ser acogida por los magistrados, que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, comparten el criterio del Ministerio Público de que, una vez abierto el procedimiento, no puede ser cerrado sin ni siquiera recibir declaración al imputado para que explique el sentido de los tuits y el ánimo que tuvo al escribirlos. Una intención que no puede ser determinada sin oírle y sin ver cómo responde al interrogatorio de las partes.

Las fuentes consultadas indicaron que, al igual que ocurre en otros países en los que se sancionan las burlas al holocausto o la homosexualidad, el legislador español ha querido proteger a las víctimas del terrorismo y a sus familiares incluso de los sarcasmos. Es por ello que los tuits de Zapata pudieron afectar a la dignidad de las víctimas de ETA en su conjunto y no sólo a Irene Villa.

Para los magistrados, además, es preciso valorar todos los tuits de Zapata en su conjunto y no individualizar exclusivamente el que hacía referencia a la joven mutilada por ETA.