No caerá esa breva

 

BuenaVengo explicando desde hace meses -escribe Ramírez- el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya.

Ilustración: Javier Muñoz

Seguimos con la antología del humor en la prensa catalana. Hace tres domingos homenajeé al ¡Cu-Cut!, hace dos me ocupé de L’Esquella de la Torratxa y el pasado de El Be Negre. Hoy toca entrar por La Vanguardia. Escribía el miércoles Enric Juliana con su perspicacia habitual: “Artur Mas ha sido llamado a declarar el próximo día 15 de octubre, fecha del 75 aniversario del fusilamiento de Lluis Companys en el castillo de Montjuic. Quien fijó la fecha lo ha investido”.

Puesto que en el párrafo anterior hablaba Juliana de que “la estrategia de la Moncloa” es presentar al “independentismo, vencido por la flema, la templanza y la firmeza de Mariano Rajoy … camino de los tribunales”, era evidente que trataba de sugerir que el Gobierno funciona como la carabina de Ambrosio: al tratar de perseguir a Mas de un modo tan tosco, lo está resucitando tras una cosecha electoral tan magra que en definitiva le obliga a compartir los 62 escaños de 2010 con muchos de sus rivales de entonces.

Esa interpretación había sido esbozada ya en el apunte del director de ese mismo día pues Màrius Carol subrayaba con razón que las “explicaciones” del ministro de Justicia Rafael Catalá sobre el retraso de la citación para “no interferir” en las elecciones “son de las que chirrían en el oído”. Y todo quedaba luego apuntalado cuando el propio editorial del diario advertía que las palabras del ministro habían supuesto “una manera, acaso involuntaria, de admitir que los ritmos de la justicia son influenciables”.

O sea que, en definitiva, la perfidia política del gobierno central al perseguir en los tribunales la desobediencia del presidente de la Generalitat cuando llevó a cabo la consulta prohibida por el TC, quedaba compensada por la chapuza de la elección de la fecha perfecta para alimentar su victimismo. Justicia poética, podría decirse, que restaura la posición de superioridad moral del paladín de la patria catalana de modo que hasta los iconoclastas de la CUP se vean obligados a respaldar su investidura.

la higuera estafermo

Ilustración: Javier Muñoz

Todo muy bien trabado pero, como digo, para la antología del humor. Y una vez más fue María Peral quien con precisión quirúrgica aportó en el Blog de EL ESPAÑOL el dato clave que da rienda suelta a las carcajadas y a alguna que otra salpicadura de saliva irreverente a modo de condecoración sobre la farsa: resulta que “quien fijó la fecha” y por lo tanto “ha investido” a Mas -o al menos pretende hacerlo activando la profecía autocumplida- no fue otro que el juez instructor Joan Manel Abril, elegido miembro del Tribunal Superior de Justicia por el llamado “turno autonómico”, en fecha tan reciente como 2012. “Fuentes del CGPJ -advierte Peral- recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Abril venía inequívocamente de CiU”. O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana.

Ojo, que este levantamiento del velo de la impostura no implica absolución alguna para el estólido Estafermo que se cree un valiente don Tancredo haciendo garbosos estatuarios ante los más aviesos astados. Porque Rajoy y sólo Rajoy es el culpable de que al cabo de cuatro años de mayoría absoluta del PP siga en vigor el ignominioso artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a los parlamentos autonómicos designar entre “juristas de reconocido prestigio” a la mitad de los integrantes de la Sala Penal y Civil del correspondiente Tribunal Superior de Justicia. O sea el culpable de la perpetuación del inicuo onanismo jurisdiccional por la cual los aforados de cada comunidad autónoma eligen entre sus amiguetes a los jueces que tendrán que juzgarles cuando hagan de las suyas.

Esa era una de las nefandas artimañas con las que Guerra trató de enterrar a Montesquieu que iban a quedar desmanteladas por la reforma del Poder Judicial prometida por el programa electoral del PP. Así lo disponía el proyecto de ley de Gallardón, zancadilleado por Rajoy en persona en el mismo umbral del índice rojo que incluye los asuntos a aprobar por el Consejo de Ministros. Aquel proyecto de ley, anhelado vademécum de la despolitización de la Justicia, fue bloqueado por el presidente cuando vio el sesgo que empezaban a tomar los casos de corrupción que afectaban al PP. Si Gallardón hubiera dimitido entonces, y no cuando lo hizo, sería hoy el hombre providencial hacia el que se dirigirían todas las miradas de la derecha española.

O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana

A diferencia de lo que puede alegar con la bajada de impuestos que por arte de birlibirloque se trastocó en subida, ningún requerimiento presupuestario le impedía cumplir esa promesa ancilar, pero Rajoy prefirió engañar a sus electores con tal de blindar a sus dependientes, consciente de que sólo de ellos dependería a su vez él, en la eventualidad de que se destapara la fosa séptica de sus sobresueldos, mensajes de móvil y simulaciones de indemnizaciones en diferido.

“David habría durado dos horas en el 10 de Downing Street si se hubiera descubierto algo parecido”, me contaba no hace mucho un antiguo colaborador de Cameron. Pero en España los aforados cerraron filas, el ministro del Interior se rebozó en el fango que para eso lo puso el jefe, Pablo Ruz se volvió a Móstoles y serán los afines Enrique López -que nada desearía tanto como ver pasar delante de él este cáliz- y Concha Espejel quienes juzguen el caso, si el pleno de la Sala no lo impide. Todo sigue tan del revés como con Filesa, los GAL, los Pujol o los ERE. Son los políticos quienes controlan a los jueces a través del CGPJ y no a la inversa.

Y ahí yace por lo tanto el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección, recibiendo aviso de Aznar tras aviso de Aznar, a la espera de que llegue el milagro de la Navidad.

Ni siquiera la extravagancia de llamarnos a votar entre la paga extra y la lotería es fruto de un plan premeditado o de una evaluación táctica. Sólo el resultado de la inercia de la inacción, del dejarse llevar hasta el final, estirando la legislatura hasta la última fecha posible con el pretexto de los presupuestos y la tramitación del aguinaldo que evita un coste fiscal de 40.000 millones a la banca.

“Ahora está claro que lo que le hubiera convenido a Rajoy, habría sido convocar las generales a la vez que las catalanas”, me decía esta semana un alto dirigente de un partido nacional. “Pero para dar un paso así se requería audacia política”. Y, claro, esperar algo parecido a la audacia de este fósil del paleolítico inferior era como buscar mariposas azules en el mar. (Papallones blaves damunt la mar, que cantaba Pau Riba).

Ahí yace el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección

Vengo explicando desde hace meses el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya. Esperaba incluso que el triunfo de los independentistas catalanes en su plebiscito, avalado mediáticamente por el ministro de Asuntos Exteriores, precipitara los acontecimientos y diera lugar a un acto de autoridad -tan meramente reactivo como los remolinos del estafermo- que le presentara como garante y depositario de la estabilidad constitucional.

Pero ya sabemos que no caerá esa breva porque como ocurre en el Evangelio de San Lucas cuando entra Jesús en Jericó, ha habido un hombre valiente que como Zaqueo ha tomado la iniciativa y se ha encaramado resuelto a la higuera para ir al encuentro del destino. O mucho me equivoco o esa noche electoral en la que Rivera, Arrimadas y su pléyade de jóvenes sin tacha ni pasado, hijos todos de la libertad, coreaban “Ca-ta-lu-ña es Es-pa-ña” mientras afeaban la corrupción del “tres per cent” a Mas y sus compañeros de viaje, ha calado tan hondamente en el corazón de tantos a los que les gustaría ser como ellos, que la suerte del 20-D ya está echada.

“No me gustaría estar en el pellejo de Mariano”, explicaba el martes por la noche a un grupo de amigos uno de los dirigentes históricos que llegaron al PP procedentes de UCD. “Él ya sabe que está perdido porque por primera vez en la historia nos ha ganado una fuerza no nacionalista de centro derecha. Y nos ha ganado por goleada. En cuanto eso empiecen a reflejarlo los sondeos, la dinámica será imparable. Teniendo en cuenta sobre todo que el PP está ya destruido como partido. No veo la más mínima posibilidad de que sigamos gobernando. Por eso digo que no me gustaría estar en su piel. Debe ser muy duro tener la sensación de que no vas a ser capaz de cumplir la misión que te encomendaron”.

“¿Y tú cuánto hace que no hablas con Rajoy?”, le preguntó uno de los presentes. La respuesta fue la misma que daría cualquier otro.

 

 

 

 

Los nueve requisitos que hay que cumplir para poder crear clubes de marihuana, según el Supremo

Fumadores-cannabis_64003677_32790_2048x1365

El Tribunal Supremo ha puesto orden respecto a la criminalización de las sociedades cannábicas, impunes para algunas Audiencias provinciales pero penadas por otras. Una sentencia del pleno de los magistrados de la Sala Segunda fija los requisitos para que la actividad de esos clubes o asociaciones no sea considerada delictiva. 

Fumadores-cannabis_64003677_32790_2048x1365

El 16 de junio de 2014, los tres responsables y dos miembros de la sociedad cannábica Ebers, de Bilbao, respiraron aliviados: la Audiencia Provincial de Vizcaya les absolvió del delito de tráfico de drogas por el que el fiscal les había sentado en el banquillo. El proceso contra ellos arrancó en noviembre de 2011, cuando el local de la asociación fue registrado por la Policía Municipal. Los agentes encontraron 4.750 gramos de marihuana y 800 euros en una caja registradora.

El alivio ha durado poco. El Tribunal Supremo ha acordado imponerles penas de tres a ocho meses de prisión al estimar un recurso interpuesto por la Fiscalía, que sostuvo que los cinco acusados incurrieron en un delito de tráfico de drogas. Esta infracción penal sanciona con cárcel a quienes lleven a cabo “actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” (artículo 368 del Código Penal).

10 toneladas al semestre

Los fiscales impugnaron ante el Supremo el fallo absolutorio alegando que, a la vista del alto número de socios del club -290- y de las cantidades asignadas a cada uno en los “contratos de previsión de consumo” que firmaban al hacerse miembros, “se está ante el manejo y distribución de un total de 10,4 toneladas de cannabis cada seis meses”, un cantidad que, a juicio del Ministerio Público, está “muy lejos” de lo que puede considerarse un mero autoconsumo compartido.

La legislación penal española no castiga el consumo de drogas (ni siquiera si es en grupo), pero sí toda actividad que lo promueva. La clave está en lo que los juristas denominan “alteridad”, que es la que justifica la intervención del Código Penal: consiste en que se facilite o promueva el consumo por parte de otras personas.

Para identificar ese factor de alteridad del que depende, en definitiva, la apreciación de si hay o no delito en la actividad de una sociedad cannábica, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija unos parámetros que, advierte, dependerán de la singularidad de cada caso. Pero servirán para proporcionar seguridad jurídica en una materia en la que las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo criterios discrepantes.

Las condiciones para que se aprecie que el autoconsumo compartido no es delictivo son:

• Que la sociedad esté constituida por usuarios habituales de marihuana o adictos que se agrupan para consumir esa sustancia. La sentencia explica que “con esta limitación se pretende evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros, que es precisamente la conducta que sanciona el delito, salvo los que ya fuesen consumidores habituales”.

• Que el consumo se produzca en un lugar cerrado para “evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente agrupados”.

• Que la cantidad de cannabis que se maneje sea “reducida o insignificante” o, en otras palabras, la cantidad “mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”.

• Que la reunión congregue a un “reducido grupo de adictos” para que pueda considerarse que se trata de un “acto íntimo sin trascendencia pública”.

• Que las personas asociadas sean “identificables y determinadas”, entre otras cosas para que pueda garantizarse que son consumidores habituales de marihuana o adictos.

• Que se trate de un consumo inmediato, sin que el cannabis salga del local ni haya riesgo de que se proporcione a terceros.

• Que se excluya el almacenamiento masivo de marihuana, “que es un germen del peligro [de tráfico de drogas] que quiere desterrar el legislador”.

• Que el club no esté abierto a un número indiscriminado de socios.

• Que los responsables de la asociación tengan capacidad de control sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores.

De qué son responsables los directivos

La sentencia explica la condena a los responsables del club Ebers así: “Por supuesto que a los directivos de la asociación no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de que un socio haya hecho entrega a persona no consumidora de parte de la sustancia o por que la venda, traicionando sus obligaciones asociativas. Pero sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a doscientas noventa personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse”.

Los dos miembros de la sociedad condenados fueron encontrados el día del registro “efectuando labores de preparación y envasado de bolsas” de marihuana. Durante el juicio también quedó acreditado que la Policía había hallado “en las inmediaciones” del local a seis personas con distintas cantidades de marihuana en su poder. La droga procedía de los cultivos interiores del club, atendidos por un jardinero contratado al efecto.

La Sala Penal del Supremo, que se ha reunido en pleno para tratar este asunto, señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. Lo segundo, dice, es “muy diferente” y “estira la doctrina del consumo compartido hasta romper sus costuras”.

“No puede convertirse una asociación cannábica en una suerte de cooperativa de distribución”, zanja la sentencia, redactada por el magistrado Antonio del Moral.

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido,  Joaquín Giménez y la única magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, han suscrito votos discrepantes. Consideran que el fallo del caso de la sociedad Ebers debió ser absolutorio al existir en los acusados un error invencible sobre la conciencia de ilicitud de su actividad. Además, echan de menos que el alto Tribunal no haya determinado “con mayor precisión” los límites de la apreciación del delito cuando hay cultivo y consumo compartido de cannabis. Creen que la opción de remitir la concreción de esos límites al análisis de las circunstancias de cada caso no proporciona suficiente seguridad jurídica.

Luces y sombras de la reforma del Tribunal Constitucional

Un Estado de Derecho tiene la obligación de acatar y hacer cumplir las leyes, por encima de las vías de hecho y conforme al espíritu de la Constitución. La reforma que acaba de aprobar el Congreso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parece adecuada en el fondo pero completamente inadecuada en cuanto a sus formas, las cuales, en el Derecho, no sólo son necesarias sino fundamentales.

6014724364_d53ca681b5_oEl Partido Popular pretende corregir por la vía legislativa un problema que no sólo es jurídico sino que, sobre todo, es político. La reforma plantea que sea el propio Tribunal Constitucional el encargado de ejecutar sus resoluciones, lo que, de manera preliminar, excede de las competencias constitucionales del referido órgano.

Por un lado, el Gobierno del PP quiere que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tengan título ejecutivo, un aspecto que puede considerarse sobreentendido toda vez que el incumplimiento de las decisiones del TC podría dar lugar a delitos de desobediencia o prevaricación.

La modificación prevé la imposición por parte del Tribunal Constitucional de multas coercitivas y la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Incluso el TC podría imponer “las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento” de sus resoluciones sin oír a las partes en casos de “especial trascendencia constitucional”. De mantenerse la norma en esos términos tras su tramitación parlamentaria, se vulneraría flagrantemente el derecho a ser oído antes de ser sancionados. La posibilidad de imponer sanciones que no se detallan genera, de hecho, inseguridad jurídica.

Contraria al Derecho europeo

De salir adelante la reforma, no sólo sería aparentemente contraria a la Constitución sino también al Derecho europeo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de las partes a ser oídas equitativamente.

En Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, la Corte Suprema (órgano supremo en ambos países) no es la encargada de ejecutar sus propias sentencias sino que esa función recae en los tribunales inferiores, así como en el gobierno. De la misma manera, en Francia la obligación de velar por que las resoluciones del Consejo Constitucional se cumplan no es de éste sino del poder ejecutivo.

No parece que la reforma que se plantea en España sea la más adecuada para velar por el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico y, además, presenta ciertos tintes totalitarios.
Es correcto que el Estado se proteja de aquellos que lo quieran romper, pero el fin no justifica los medios. El Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, determinando si una norma es conforme o no a ella. Desvirtuar su cometido podría ser un error. El legislador podría buscar otro órgano del Estado ejecutor de sus resoluciones, como podrían ser bien los Tribunales Superiores de Justicia, bien el Tribunal Supremo cuando se trate de aforados.

Juan Gonzalo Ospina es letrado y presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid

Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

1041333_1

Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

1041333_1

El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

El senador imputado de Bildu sobre Hipercor: “La policía se negó a desalojar”

Captura de pantalla 2015-09-30 a las 19.42.19

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio.

Iñaki Goioaga ejerció durante años como abogado de varios presos de ETA e ingresó en prisión en 2009 acusado de ayudar a fugarse a dos presos de la banda en un plan disparatado que incluía un helicóptero y pretendía llegar a Portugal. Ni siquiera pasó dos años en la cárcel. Salió después de pagar una fianza de 60.000 euros y fue elegido senador por designación autonómica en enero de 2013.

El Supremo anunció este miércoles que abrirá una causa contra Goioaga a petición de la Audiencia Nacional, cuyo juez Eloy Velasco llegó a la conclusión de que aprovechaba su condición de abogado para mantener controlados a los presos de ETA y difundir sus consignas en prisión.

No se trata de una acusación nueva. José Miguel Latasa Getaria –que ayudó a su colega Kubati a asesinar a la ex etarra Yoyes en 1986 y luego fue expulsado de ETA por buscar la reinserción ocho años después– la formuló en esta entrada de su blog Arabatik:

Desde que entré en la cárcel ya me pusieron al día que era él, el abogado de Gestoras que mandaba en el colectivo. Después, con el tiempo, ya fui viéndolo con mis ojos que este elemento era quien movía los hilos entre los presos y ETA. El venía con las órdenes concretas, quien, al menos conmigo, Kubati y alguno más decía cuándo había que hacer huelga de hambre ; plante o las dos cosas y se permitía , incluso en el ínterin, decirnos que tenía esa noche sidrería. Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal.

Hoy Goioaga es senador y sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Así cabe explicar la exposición razonada que el juez Eloy Velasco envió desde la Audiencia Nacional al alto tribunal, que ahora abre una causa que podría desembocar en su imputación por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de terrorismo, blanco de capitales y fraude a la Seguridad Social.

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio y sobre el que escribimos aquí.

Se trataba de glosar la obra Las guerras correctas, que retrata la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González en los tiempos de la ofensiva judicial para esclarecer los crímenes de los GAL. Acompañaban al senador el periodista Pedro J. Ramírez y la jurista Manuela Carmena, que por entonces no había anunciado su candidatura a la alcaldía de Madrid.

La impunidad fue uno de los asuntos clave del coloquio, que se puede ver entero aquí. La impunidad de los GAL y la de muchos crímenes de ETA que quedaron por esclarecer.

Los tres invitados criticaron el enjuague que propició los indultos de Rafael Vera y José Barrionuevo. Pero Goioaga se desmarcó de los demás al hablar del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 21 personas el 19 de junio de 1987. “Fue un resultado terrible y no deseado”, dijo el senador de Bildu. “Se fue a hacer un desalojo dos horas antes de que estallaran los coches bomba y el director y el comisario Francisco Álvarez se negaron y dijeron que era una falsa alarma. Se podría haber evitado. Quién colocó el coche bomba está claro. Pero la verdad es amplia y tiene muchos parámetros”.

Las palabras del senador suscitaron estupor entre los presentes. “¡No, si será culpa de las víctimas!”, gritó desde la quinta fila David Moreno, que se definió como una persona que “cree en la democracia” en su presentación. “La verdad no tiene muchos parámetros sino muchas excusas. Excusas para matar a niños y a embarazadas como hizo ETA”.

Sobre el escenario retomó el asunto Pedro J. Ramírez, que matiza las palabras de otro espectador: “Aquel día ETA no envió el coche bomba para matar a la gente de Hipercor. Pero expresó tal desprecio por las personas estaban en Hipercor que arriesgó sus vidas dejándolas al albur de una situación límite que ellos mismos habían creado. Responsabilizar luego al mal funcionamiento de las autoridades es una vileza. La responsabilidad es de ETA y de nadie más”.

“Jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo”, dijo Goioaga al hablar de la violencia policial en el País Vasco. “Ahora los condenados por terrorismo no pueden ser maestros. Pero sí pueden el violador, el pederasta, el pedófilo y el de la violencia de género. ¡Eso es no creer en la reinserción!”.

Hubo otro espectador que le reprochó al senador sus palabras sobre el atentado de Barcelona: “Cuando un tipo llega a Hipercor y deja un coche cargado de explosivos, no viene a regalar bombones”. La respuesta fue muy similar:

ETA hizo autocrítica con el tema de Hipercor. Fue la primera vez en que yo vi a dos personas pedir perdón a los familiares. En Hipercor está condenado el Estado y eso fue un error. Cualquier daño es inadmisible. Otra cuestión es qué se produce y habrá que ver las causas. El que efectúa el daño quizá es porque no tenía otras salidas. Yo me alegro de que seas español. El problema es que los planteamientos de españolidad no se imponen y la pregunta es si hay o no la suficiente libertad para que todas las opciones se puedan expresar con claridad. Sentimos la necesidad de una segunda Transición y de la depuración de los cuerpos franquistas. En 1975 me detuvo la Brigada Político-Social y dos años después me detuvieron los mismos policías, que me dijeron que se habían convertido en demócratas. Es fundamental el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño y el problema es que el Estado no reconoce el daño y tampoco la existencia de víctimas. Colocan árboles con el nombre de su familiar fallecido y la Guardia Civil los arranca. En esos parámetros no hay resolución posible de un conflicto que no se reconoce que existe y que ha generado mucho sufrimiento en el Euskal Herria y en el Estado español. 

Los Reyes celebran en la ópera la absolución de la familia Ortiz

 

reyes

El padre, la tía y la abuela paterna de Doña Letizia han sido absueltos de un delito de insolvencia punible: Y en cinco meses, los Urdangarín también se sentaran en el banquillo.

En la imagen, los Reyes, este martes, en el Teatro Real de Madrid. EFE

Los Reyes, este martes, en el Teatro Real de Madrid. EFE

El Juzgado número dos de lo Penal de Oviedo ha absuelto de un delito de insolvencia punible al padre, de la Reina Letizia, Jesús Ortiz, la tía, Henar Ortiz y a la abuela María del Carmen Álvarez del Valle. La acusación pedía para ellos, dos años y seis meses de prisión, y multa de 10 euros diarios durante 16 meses. Además, pedía que Henar y Jesús Ortiz no pudieran volver a desempeñar ningún cargo de administradores o apoderados en ninguna empresa.

Una noticia que ha dejado más tranquilos a los Reyes, que esta noche han acudido al Teatro Real a la inauguración de la temporada de ópera, dónde han disfrutado de Roberto Devereux, una tragedia lírica que mezcla intrigas palaciegas y afectos en la corte de la reina Isabel I de Inglaterra. Muy identificada se habrá sentido Doña Letizia cuando la protagonista exclama: “No reino, no vivo”. Termina una pesadilla judicial que atormentaba a la familia paterna de la monarca desde hace tres años,y también a la institución monárquica afectada por cualquier escándalo de alguno de sus miembros, aunque sean parientes lejanos.

Todo empezó en febrero de 2012, cuando la artesana Sandra María Ruiz Vázquez decidió denunciar a Henar Ortiz Decoración S.L y ‘Henarmonía, S.C.’, ambas sociedades respondían por la tienda que la tía Henar abrió en la calle González del Valle en Oviedo en noviembre de 2004, con el apoyo de su madre y su hermano Jesús. El negoció de joyas y bolsos que ella misma diseñaba, no marchó como esperaba y cuatro años más tarde, se vio obligada a echar el cierre con deudas pendientes a la Seguridad Social y sin pagar a algunos proveedores. Este es el caso de Sandra, la denunciante a la que adeuda, con los intereses de demora, más de 30.000 euros, de los que la propia Henar aseguró en el juicio haber abonado ya 15.000 euros. Sin embargo, la demandante aseguró haberse quedado en el paro desde entonces y vivir de ayudas.

Jesús Ortiz se desmarca

Jesús Ortiz y su hermana díscola, Henar no mantienen ninguna relación. Apenas cruzaron la mirada y menos aún palabras durante la vista judicial. A los Ortiz, no les ha gustado el protagonismo mediático que la tía adquirió tras el enlace real y menos aún sus manifestaciones anti monárquicas, que nada benefician a su sobrina. Henar es una defensora pública de un referéndum para que el puebla diga sí o no, a la monarquía.

Pero hubo un tiempo en que la familia estaba unida y efectivamente Jesús ayudó a su hermana a montar el negocio. Tanto es así, que ambos pidieron una hipoteca inversa de la casa de la madre, María del Carmen Álvarez del Valle por importe de 239.000 euros. Un producto bancario para mayores de 65 años, que convierte en dinero el valor patrimonial de la vivienda, sin perder la titularidad. La operación crediticia se realizó con la intención de saldar una deuda de 135.000 euros con Banif. La acusación alegando que la familia de la Reina, lo había hecho para evitar que les fueran embargados los bienes tras la denuncia.

El padre de Doña Letizia declaró que sabía que su hermana tenía problemas económicos pero nunca le detalló las deudas exactas: “la administración la llevaba ella. Me decía: ‘Tranquilo, que lo intento controlar’. A mí me entró el nerviosismo cuando llegó un burofax del Banif recordándome que era avalista de un préstamo a mi hermana”, indicó Jesús Ortiz.

Tal y como lo detalló su bufete de abogados en un comunicado previo al juicio: “la empresa Henar Ortiz Decoradora S.L., de la que Jesús Ortiz fue partícipe con un 10%, “no tiene ninguna deuda” con Sandra Ruiz y añade que “no es ni fue nunca participe o parte” de la compañía Henarmonía S.C. que inicialmente contrajo la deuda. Los abogados admiten que Henar Ortiz Decoradora S.L., propiedad de Jesús Ortiz, “sí contrajo una deuda con Dña. Sandra Ruiz de 5.200,12 euros” pero esta “fue abonada” por el propio padre de la Reina “en calidad de socio de esta sociedad antes de la presentación de la querella que dio origen al juicio”. Versión contradicha por la denunciante que aseguró haber intentado llegar a un acuerdo con ambos antes de ir a juicio, pero no obtuvo respuesta.

Esta resolución judicial le cae como un jarro de agua fría a Sandra, cuyo hermano abogado de profesión ejerce su defensa. Durante el juicio el ministerio fiscal pidió el sobreseimiento de la causa al no encontrar pruebas. Hoy tía Henar, según ella arruinada, aunque con un negocio rural en marcha, celebra la resolución. No sabemos si ha llamado a su hermano Jesús Ortiz, el padre de la Reina, que intenta mantener a ralla a la familia. La pobre abuela Menchu, con bolso de Loewe en el banquillo y la casa hipotecada para salvar a la hija díscola, también cenará más tranquila. Doña Letizia aún no puede respirar tranquila, queda el recurso de apelación, que la acusación tiene diez días para presentar. En el Teatro Real se repite… “No reino, no vivo” .

·

 

Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

catalunya reconocida

Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.

Fuego cruzado entre políticos y detectives: seis incógnitas de la grabación de La Camarga

ALICIA SANCHEZ CAMACHO ENTRANDO A LA CONFERENCIA PRIMERA PLANA

Dos años y medio después de conocerse la grabación a Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, todo son incógnitas sobre el escándalo que zarandeó la vida política catalana. Tres detectives han escrito libros para explicar los detalles de un caso con muchos detalles por desentrañar.

Dos años y medio después de conocerse la grabación a Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, todo son incógnitas sobre el escándalo que zarandeó la vida política catalana. Tres detectives han escrito libros para explicar los detalles de un caso con muchos detalles por desentrañar.

La agencia de detectives Método 3 grabó un almuerzo en el restaurante La Camarga el 7 de julio de 2010. Las comensales eran Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez. La primera era la líder del PP catalán y la segunda, la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del president. La grabación no trascendió hasta febrero de 2013, cuando la grabación se publicó en las páginas de El Mundo.

Después de cientos de artículos periodísticos, varias denuncias en los juzgados y una comisión de investigación en el Parlament, aún quedan numerosas incógnitas sobre este escándalo que zarandeó la política catalana. ¿Quién encargó a la empresa de detectives que grabara la conversación? ¿Sabía la líder del PP catalán que había un micrófono oculto? ¿Fue una grabación ilegal? ¿Fue un caso de espionaje político contra el nacionalismo instigado por el Gobierno? ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses?

Existen respuestas distintas a estas preguntas. El asunto está presente en tres libros escritos por detectives. El primero y el más famoso es El Método (2013, La Esfera de los Libros), escrito por Francisco Marco, director de Método 3. El segundo es Cortina de humo (2014, Corre la voz), escrito por Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, ex empleados de la agencia. El tercero es Detectives.RIP (2015, Seleer), cuyo autor es Juan Carlos Arias.

Cada una de estas obras aporta visiones divergentes y sus autores están inmersos en una pugna en los tribunales. Marco ha conseguido que la Justicia secuestre el libro de Peribáñez y Tamarit, a los que acusa de revelación de secretos. Ahora reclama 80.000 euros a Arias por vulnerar su derecho al honor. A continuación explico las incógnitas más importantes del caso, que planea sobre la campaña catalana y sobre el proceso independentista catalán.

¿Quién encargó la grabación?

Existen al menos dos teorías al respecto. Aunque su libro está secuestrado judicialmente y por ello no se puede revelar su contenido, los investigadores Peribáñez y Tamarit han defendido en entrevistas que el PSC encargó que se grabase a Camacho y Álvarez para obtener información sobre las corruptelas de la familia Pujol y de Convergencia (CDC). La también detective Maite Francés ha ido más allá al señalar públicamente al propio José Zaragoza, ex secretario de organización del PSC, como el hombre que hizo el encargo.

Por supuesto, el ex dirigente socialista ha negado cualquier vinculación con estos hechos. Francisco Marco asegura que la grabación fue encargada por alguien del “entorno más personal” de la propia Alicia Sánchez-Camacho y se acoge a su secreto profesional para no identificar a esa persona. El investigador privado escribió esta versión en su libro y la repitió en abril durante su comparecencia en el Parlament. Marco dijo entonces que se había sentido “calumniado” por las palabras que había pronunciado Sánchez-Camacho unos días antes y anunció acciones legales contra ella.

Una tercera teoría, a la que apunta Arias en Detectives.RIP, es que la grabación sería lo que se conoce en el argot como un “informe de antena”. Es decir, que se habría hecho sin que nadie la encargara para venderla después al mejor postor.

¿Sabía la líder del PP que había un micrófono?

Ella niega este extremo con rotundidad. Los autores de Cortina de humo, ex empleados de Método 3, también han dicho que Sánchez-Camacho no sabía que estaba siendo espiada. Pero otras personas salpicadas por el caso apuntan a la antigua líder del PP catalán como la persona que urdió el espionaje en la sombra.

Marco afirma que ella sí sabía que su conversación con la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola se estaba grabando de forma subrepticia. Este extremo apuntaría a una connivencia entre el PP y el PSC (o al menos entre sus líderes) para conseguir que Álvarez diera información sensible y comprometedora sobre los Pujol y sobre CDC.

¿Fue una grabación legal o ilegal?

Esta cuestión está ligada a la anterior y es la clave del caso desde el punto de vista jurídico. Si una de las mujeres espiadas sabía que había un micrófono allí y estaba compinchada con los detectives, la grabación sería legal. Si ambas desconocían lo que estaba ocurriendo, la grabación sería ilegal. En otras palabras, si la versión de Sánchez-Camacho fuera cierta, los detectives de Método 3 podrían haber cometido un delito. Aunque hasta ahora las decisiones judiciales relacionadas con el caso apuntan en sentido contrario: no hubo delito.

¿Instigó el Gobierno la grabación?

Parece evidente que la grabación se hizo con una intención política: recabar el testimonio de la ex novia de Pujol Ferrusola para que aflorasen los trapos sucios de CDC. Desde entonces las denuncias de Victoria Álvarez han sido relevantes en las investigaciones sobre las presuntas corruptelas de la familia Pujol. En este marco es decisivo el papel de Jorge Moragas, jefe de gabinete de Mariano Rajoy, amigo de Victoria Álvarez y compañero de filas de Sánchez-Camacho. Fue Moragas quien presentó a ambas. No se puede afirmar que fuera él quien organizara el almuerzo pero sí que supo de lo que hablaron.

Hace un año se publicaron unas conversaciones por SMS entre Moragas y Álvarez acontecidas en el verano de 2012, dos años después de la grabación. “Si dieses una entrevista y lo contases todo, salvarías a España y yo te haría un monumento. Besote”, escribía el hombre de confianza del presidente. Poco después, ella declaró ante la Policía lo que sabía sobre los Pujol.

¿Por qué las espiadas llegaron a un acuerdo con Método 3?

Cuando se destapó el escándalo de La Camarga, la reacción de Victoria Álvarez y Alicia Sánchez-Camacho fue muy similar: quejarse por haber sido espiadas por los detectives. Ambas, indignadas, defendían una misma versión que parecía sólida. Las dos demandaron a la empresa que las había grabado.

Unos meses después de la grabación, llegó por sorpresa la firma de un acuerdo extrajudicial entre todas las partes. Con la firma del documento, Método 3 obtenía el perdón de las dos espiadas y ellas a cambio recibirían una indemnización: Sánchez-Camacho sacaba 80.000 euros y Álvarez, 50.000. Como consecuencia, un tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona decidió archivar en diciembre la causa abierta por el espionaje.

El caso parecía sepultado para siempre porque todos los implicados parecían satisfechos con el pacto de silencio. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a aparecer informaciones que decían que la ex líder del PP catalán podría estar compinchada con los detectives o con el PSC. Esa versión hizo que se resquebrajara la ligazón entre las dos comensales del almuerzo. Poco a poco empeoraron también las relaciones entre Sánchez-Camacho y Marco, que escenificaron su pelea en abril en el Parlament. Algunas de las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL apuntan que es posible que tarde o temprano alguna de las tres partes que suscribieron el acuerdo acaben por dinamitarlo.

¿Qué puede pasar ahora?

Ahora hay varias causas judiciales abiertas relacionadas con la grabación. En lo que respecta a los libros, hay dos vías abiertas. La primera está en un juzgado de Barcelona que mantiene secuestrada la obra Cortina de humo después de la denuncia por revelación de secretos que interpuso Marco. La otra causa se dirime en el juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona, donde en los próximos días se celebrará una vista previa por la denuncia interpuesta por Marco contra Juan Carlos Arias por el contenido de un capítulo de su libro Detectives.RIPel dedicado al oscuro episodio de La Camarga.

Marco considera que Arias ha vulnerado su derecho al honor al atribuirle hasta ocho delitos y le reclama 80.000 euros por la vía civil. La editorial Seleer ha decidido retirar la obra de la circulación. Pero aún se puede comprar en Amazon porque su autor vende ejemplares por su cuenta. A preguntas de EL ESPAÑOL, el denunciado se remite al escrito de respuesta presentado por su abogado. En ese escrito se dice que la demanda de Marco “está construida con artificiosidad” porque dichas imputaciones “no existen en el libro”. Arias añade: “Llevo 35 años como detective y he escrito varios libros y miles de artículos, pero nunca he sido detenido ni me han puesto una demanda hasta ahora”.

Francisco Marco interpuso una querella por vía penal contra Sánchez-Camacho por injurias y calumnias. El tribunal respondió que debe agotar antes la vía civil. El detective asegura ahora a este diario que está sopesando si seguir adelante o no con ese empeño. Los demás implicados podrían mover ficha también en los próximos días.

La grabación se hizo en julio de 2010 y su contenido llegó a la opinión pública en febrero de 2013. Unos y otros intentaron echar tierra sobre el asunto pero no lograron enterrar la verdad. La pelea continúa en los tribunales. Queda caso Camarga para rato.

La Fiscalía Anticorrupción desvincula la investigación a Rato del ‘caso Bankia’

 

RODRIGO RATO SALIENDO DETENIDO DE SU VIVIENDA DE MADRID 16/04/2015 MADRID

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que debe entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

En la imagen, Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE 

Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que va a entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

Fuentes fiscales aseguran que la causa que se sigue contra el ex vicepresidente del Ejecutivo de Aznar, ex ministro de Economía y ex director del FMI por supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales por ocultar parte de su patrimonio en el extranjero no tiene ninguna conexión con el ‘caso Bankia’. En estas diligencias Rato también tiene la condición de imputado como máximo responsable del presunto falseamiento de las cuentas de la entidad durante el proceso de salida a Bolsa. Es decir, el único nexo de unión es el propio Rato, pero no los hechos.

Todavía está por ver que Andreu sea el instructor que investigue el ‘caso Rato’ después de que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal se haya inhibido. Este magistrado considera que su Juzgado no es competente para investigar los hechos al existir indicios de un delito de blanqueo de capitales cometido en el extranjero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 podría quedarse con el caso si, de acuerdo con las normas de reparto, se entiende que el ‘caso Bankia’ es un antecedente de suficiente entidad como para que el asunto pueda considerarse conexo. Hasta que se resuelva la inhibición, la causa sigue estando en manos de Serrano-Arnal.

Anticorrupción solicitó que la causa se enviara a la Audiencia Nacional después de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviara un informe en el que aquilataba el delito de blanqueo y, por tanto, la competencia dejaba de ser de los Juzgados de Instrucción de Madrid, situados en la Plaza de Castilla. Serrano-Artal se inhibió ya a favor de la Audiencia Nacional en cuanto el asunto recayó en su Juzgado. Sin embargo, en aquella ocasión la Fiscalía valoró que el delito de blanqueo estaba todavía en un estado demasiado embrionario como para determinar la competencia de la Audiencia Naciona.

Fuentes de la investigación explican que el juez de Madrid estaba poniendo ciertas trabas a las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que ve con temor que, si el caso queda en manos de este magistrado, el asunto no prospere con celeridad.

La Fiscalía tiene el foco centrado en la sociedad Kradonara, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad de Rato. La ONIF la considera una “estructura opaca” dirigida por el ex presidente de Bankia.

Rato busca la nulidad

Mientras se decide qué órgano judicial se encarga del proceso y, en última instancia, quién toma la decisión de sentar o no en el banquillo al  ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), el imputado intenta lograr la nulidad del caso. Su tesis principal es que su detención, así como la entrada y registro en su domicilio y despacho, fue desproporcionada. Si un tribunal le diera la razón, podría acabar diluyéndose el proceso ya que todos los documentos intervenidos quedarían anulados, según fuentes del caso.

Tras la detención de Rato, la causa se rebajó después de que la Audiencia Provincial de Madrid retirara el delito de alzamiento de bienes que inicialmente había sido incorporado por la Fiscalía. La razón fue que no se le podía imputar a Rato ese supuesto delito, basado en que habría ocultado su patrimonio para no hacer frente a las fianzas impuestas en el ‘caso Bankia’, porque esas fianzas ya habían sido depositadas.

Sin embargo, la detención y el envío a prisión del presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, administrador único de la sociedad Albisa Inversiones, al intentar salir de España, ha dado un espaldarazo a la causa, que podría dar un giro de 180 grados con el cambio de instructor.

Coca-Cola vuelve a Fuenlabrada

coca2

Símbolo de la resistencia de los trabajadores al cierre de varias plantas de Coca-Cola en España, la factoría de Fuenlabrada (Madrid) ya no fabricará refrescos, pero reanuda su actividad como centro logístico de la multinacional. Será la única planta que vuelva a la vida en la nueva ‘Coca-Cola Europa’, que afronta un nuevo proceso de fusión y reestructuración de sus embotelladoras en el Viejo Continente.

Foto: VÍCTOR LERENA/EFE

Un grupo de trabajadores a la entrada de la fabrica de Coca Cola en Fuenlabrada, en la mañana del lunes. / Víctor Lerena/EFE

La planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, propiedad de la empresa española CC Iberian Partners, ha vuelto a abrir hoy sus puertas. De madrugada y bajo la lluvia. Lo hace con un fin muy diferente al que tenía hasta hace poco más de año y medio. Ya no será la principal fábrica de refrescos de la multinacional para el interior de la Península, sino un centro logístico desde el que distribuir sus productos. Tendrá una plantilla significativamente menor, pero para los sindicatos su reapertura es una victoria.

La factoría madrileña se convirtió en el símbolo de la resistencia de los trabajadores en contra de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, inicialmente, a principios de 2014, afectó a 1.200 trabajadores. La cifra de despidos se rebajó hasta 840 personas e incluyó a los empleados de las cuatro plantas españolas que Coca-Cola no consideraba estratégicas, situadas en Madrid, Baleares, Asturias y Alicante.

Tras meses de protestas y actos en contra del cierre, el futuro de la instalación de Fuenlabrada se despejó la pasada primavera. El Tribunal Supremo anuló en mayo el ERE, al entender que la compañía había vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores, e instó a la empresa a readmitirlos. En su opinión, Iberian Partners vulneró los derechos de su plantilla al minimizar el impacto de la huelga incrementando la producción y la distribución desde otras fábricas españolas, para que los consumidores no percibieran la falta de productos como consecuencia del paro.

Pese a la anulación del ERE, no todos los trabajadores despedidos volverán a sus puestos de trabajo. En este año y medio, más de 300 empleados han aceptado las condiciones propuestas por la empresa. Coca-Cola Iberian Partners, además, ha asumido la reapertura de la instalación madrileña pero no la de los otros tres centros de producción clausurados. Quienes trabajaban esas tres fábricas deberán encontrar una alternativa laboral en las otras ocho plantas de refrescos que la compañía mantiene abiertas. A ellas se suman, además, seis manantiales de agua mineral y una envasadora de zumo concentrado.

En el caso de Fuenlabrada, tras la reapertura, sólo volverán a ella 85 trabajadores, los que se dedicaban a labores logísticas antes del cierre. Queda por saber qué ocurrirá con los otros 135 empleados, los que se dedicaban a producir el refresco y que, de nuevo, confían su futuro a los tribunales. En este caso, a la Audiencia Nacional, donde en los próximos días se resolverá si el regreso de los trabajadores diseñado por la empresa es irregular, como aseguran los sindicatos.

Una integración progresiva

La historia de las embotelladoras de Coca-Cola en España está marcada por un continuo proceso de integraciones. La compañía llegó a la Península en 1951 cuando la familia Daurella, la misma que hoy controla Iberian Partners. se hizo con la primera licencia para producir en Cataluña refrescos a partir del concentrado inventado en Atlanta. Se dice que, antes de Daurella, el millonario mallorquín Juan March rechazó ser el licenciatario de Coca-Cola, al no ver futuro al refresco.

En sólo dos décadas, se multiplicaron los licenciatarios regionales de la fórmula, hasta superar los 40. Unas licencias que siempre se ha vinculado a apellidos de renombre: los Gómez Trenor, Víctor Urrutia, Jaime Castellano o las familias Comenge, Mora-Figueroa, Bohórquez, Sáenz de Vicuña y Álvarez de Estrada han estado, o están, ligados a la historia del refresco en España.

En la foto, un trabajador y su pareja celebran la vuelta al trabajo. EFE/Víctor Lerena

En los 90, bajo el auspicio de la multinacional, el número de envasadoras se redujo a 13 y, después, a siete: Casbega, Colebega, Rendelsur, Norbega, Begano, Asturbega y Cobega. Esta última, la de los Daurella. En 2013, desde Atlanta se impulsó la fusión de las siete empresas españolas. Un proceso similar al que ya se había realizado en otros países, con el objetivo de reducir costes y simplificar procesos. Nació, así, Iberian Partners con una facturación de cerca de 3.000 millones de euros.

The Coca-Cola Company buscaba ahorrar pasos e interlocutores en el proceso de producción. El grupo opera en todo el mundo de forma dual. Por un lado, gestiona sus propias filiales que, básicamente, se centran en el márketing, la publicidad y en la gestión de grandes clientes. Por otro, cede la licencia de su receta de refrescos a socios locales por un periodo de tiempo determinado, aunque también tiene sus propias embotelladoras. La fusión de las empresas españolas se planteó como condición indispensable para que la compañía dirigida por Muhtar Kent volviera a ceder su fórmula a sus socios ibéricos.

La nueva Coca Cola Europa cotizada en España

La integración de las siete embotelladoras y el ERE posterior no es el último paso de la integración. Ahora toca hacerlo a escala europea. En agosto, el grupo estadounidense propició la fusión de Coca-Cola Enterprises, que operaba en Reino Unido, Francia, Países Bajos y Escandinavia con sus homólogas de Austria y Alemania (Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG), además de Iberian Partners. El nuevo fabricante de refrescos producirá para 13 países y más de 300 millones de potenciales consumidores. Las ventas consolidadas de la nueva Coca-Cola European Partners alcanzarán los 12.600 millones de dólares (cerca de 11.300 millones de euros) y su Ebitda (resultado bruto de explotación), los 2.100 millones de dólares.

Cotizará en Madrid, Amsterdam y Nueva York, con una valoración que se situará en torno a los 28.000 millones de euros (20.000 millones si se excluye su deuda). Iberian Partners será uno de los accionistas de referencia de la nueva compañía, con el 34% de las títulos, mientras que Coca-Cola Enterprises, que ya cotiza en Nueva York, será el principal socio del nuevo grupo, con el 48% del capital. Aunque Sol Daurella, presidenta de Iberian Partners, ocupará el mismo cargo en la nueva compañía, la toma de decisiones sobre el negocio ibérico ya no se decidirá desde las oficinas en Madrid sino en Londres, donde tendrá la sede el futuro embotellador. Por el momento, no se ha comunicado cómo se conseguirán los ahorros previstos con la nueva integración, que se estiman entre 350 y 370 millones de dólares. El cierre de más plantas planea sobre las fábricas europeas, también las españolas.