Soledad Cazorla, fiscal de vocación

El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón, ex Fiscal General del Estado, escribe sobre la Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer Soledad Cazorla Prieto, figura clave en la lucha contra la violencia de género y fallecida de forma repentina el 4 de mayo en Madrid a los 60 años de edad.

El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón, ex Fiscal General del Estado, escribe sobre la Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer Soledad Cazorla Prieto, figura clave en la lucha contra la violencia de género y fallecida de forma repentina el 4 de mayo en Madrid a los 60 años de edad.

Un escalofrío colectivo recorrió el Tribunal Supremo la mañana del lunes. Soledad Cazorla había fallecido. Fiscal de carrera, fiscal de vocación, fiscal de cuerpo entero. La conocí, en los albores de la democracia, cuando acudía ilusionada a casa de mi padre, entonces Fiscal del Tribunal Supremo, a ‘dar los temas’ como opositora. Era una joven brillante, sonriente, llena de vida, con ansias de justicia y ganas de transformar el mundo. Destacaba entre sus compañeros de preparación -Jacobo López Barja, Joaquín Sánchez Covisa o Alfonso Guevara, hoy excelentes profesionales- por su energía y por la claridad de sus ideas.

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Cándido Conde-Pumpido y Soledad Cazorla. Foto: Fiscal.es

En esos años de formación se empapó de doctrina sobre un Ministerio Fiscal enérgicamente activo y concebido como la columna vertebral del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, adquirió esa inclinación irresistible por ser útil que siempre la ha caracterizado. Eligió, por ello, ser fiscal, e inició su vida profesional en Gerona. Después vino la Fiscalía de Valladolid, ciudad en la que compartió piso y destino con la actual Fiscal General, Consuelo Madrigal, y donde acumuló experiencia y profundizó en su compromiso con la dimensión social del Ministerio Público.

Ya en Madrid coordinó una de las secciones de la Fiscalía provincial con compañeros muy conocidos, como Antonio del Moral, Salvador Viada o Fernando Prieto, que aprendieron a ser fiscales bajo su dirección. Y adquirió un enorme prestigio entre los magistrados, que sonreían y agradecían su fortuna cuando veían incorporarse a sus juicios, o a sus guardias, a esta fiscal joven, hermosa y competente, con sentido del humor, una fuerza arrolladora y una personalidad desbordante.

Dedicó una temporada a conocer bien el Ministerio Público, desde la Inspección de la Fiscalía General. Y viajó con Fausto Cartagena visitando fiscalías por las tierras de España, para impulsar y potenciar el modelo del fiscal al servicio de los ciudadanos, que debe defender sus derechos e intereses legítimos. Una época en la que sus compañeros la recuerdan como una persona muy cercana, como sucede con todos los que, en realidad, están muy por encima.

La etapa que Soledad recordaba siempre como la más fructífera era la que había pasado con ese gran Fiscal General que fue Carlos Granados, en su reducido y selecto equipo de la Secretaría Técnica. Afrontaron juntos con celeridad y eficacia los “incendios” que cada día asolan la Justicia española, y que exigen una reacción inmediata de la Fiscalía General. Situados en la vanguardia del Estado de Derecho, se enfrentaron a situaciones directamente atentatorias a su esencia. De esa época procede, por ejemplo, la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

Su coraje personal, especialmente en esa etapa difícil de la secretaría técnica, su coherencia, dignidad  y profesionalidad, fueron escribiendo un libro extenso, fructífero, en el que se narra la aventura de una vida profesional fecunda.

La reencontré en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en los últimos años de la década de los noventa. Madura en lo profesional, sólida en lo personal, sus dictámenes dejaban traslucir la profundidad de una jurista curtida, que no solo sabía derecho sino que, sobre todo, sabía para qué sirve el derecho.

Por ello no tuve ninguna duda cuando, ya como Fiscal General del Estado, tuve que elegir a una Fiscal para dirigir la nueva Fiscalía de Violencia contra la Mujer.

Conseguir la creación de esta primera Fiscalía especializada no fue una tarea fácil. Algún día habrá que escribir esa historia. Pero elegir a su titular sí lo fue. Y aunque siempre estuve seguro de que Soledad Cazorla constituía la decisión acertada, ella superó todas las expectativas.

En el mundo hay dos clases de personas, las que hablan y las que hacen. Soledad era de las últimas.

En el mundo hay dos clases de personas, las que hablan y las que hacen. Soledad era de las últimas y, por ello, durante diez años ha construido una estructura sólida, consistente y eficiente para enfrentarse a la violencia de género, con el instrumento del Derecho Penal. Sin buscar protagonismo, sin declaraciones ni comunicados, sin ruedas de prensa ni presentaciones, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, dirigida desde su creación hace más de 10 años por Soledad Cazorla, ha coordinado la labor de los Fiscales especializados, presentes en todas y cada una de las Fiscalías de España, y ha unificado sus criterios. Ha impulsado, en cada procedimiento y ante cada juez, la tutela de los derechos de las mujeres frente al maltrato.

Soledad se enamoró enseguida de su nueva función. Y aunque siempre añoró regresar a la Fiscalía del Tribunal Supremo, por su vocación de universalidad y su negativa a una especialización excesiva, supo enraizarse en la labor de tutela de los derechos de la mujer frente al maltrato hasta convertirse en una verdadera institución.  Una institución, reconocida y respetada por los jueces, por los fiscales, por los poderes públicos, por las víctimas, por las asociaciones de mujeres y por la sociedad civil.  Porque en este empeño de hacer efectiva la Ley integral contra la violencia de género en el ámbito jurisdiccional, Soledad Cazorla representaba la fortaleza, la continuidad y la autoridad. No observaba, sino que mandaba.

Recuerdo su interés por que la Memoria de la Fiscalía recogiese anualmente una relación pormenorizada de los asesinatos de las mujeres víctimas de la violencia de género. Su empeño en que, desde la Fiscalía, se analizasen exhaustivamente las cifras para desautorizar con datos el bulo de la generalización de denuncias falsas. Su esfuerzo por desterrar el miedo a denunciar. Y su insistencia en que realizásemos jornadas de formación para los fiscales especialistas, dirigidas a hacerles entender que, en la mayoría de las ocasiones, la aparente falta de cooperación de las víctimas solo podía explicarse por el miedo. Todo eso se fue haciendo porque Soledad era una mujer con la fuerza suficiente para conseguir lo que se proponía.

La repercusión pública de su labor como Fiscal de Sala Coordinadora contra Violencia sobre la Mujer no debe hacer olvidar el papel, más discreto pero muy relevante, desempeñado por Soledad como defensora de la igualdad de la mujer en la carrera fiscal. Fue la tercera mujer que alcanzó en la historia del Ministerio Público la categoría de Fiscal de Sala, tras Pilar Fernández Valcárcel y Elvira Tejada. Y estaba empeñada en una intensa pelea para que otras fiscales ascendiesen a esta máxima categoría, al incorporarse a la Junta de Fiscales de Sala donde la mujer está infrarrepresentada.

Nunca podré olvidar la imagen de Soledad irrumpiendo en mi despacho de Fortuny, como una auténtica fuerza de la naturaleza, y exclamando: “¡Ahora toca Consuelo!”, cuando conseguíamos, por ejemplo, una nueva Fiscalía especializada en materia de menores.

Todos destacan, en este dramático momento, la labor realizada por Soledad Cazorla en la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, sosteniendo y apoyando la Ley de Medidas Integrales contra la violencia de género, que concebía como un instrumento necesario para salvar vidas, y defendiendo los derechos de las mujeres frente al maltrato.

Yo, que la conocía bien y escribo bajo la conmoción que nos ha producido su pérdida, no puedo concebir a Soledad sin sus hombres.

Su marido, Joaquín Tagar; periodista comprometido, experto, curtido en mil batallas, que le proporcionaba una especial y muy intensa vinculación con el mundo de la información, la sociedad y la política, y que aportaba a Soledad esa pátina que la caracterizaba como mujer situada muy por encima del ambiente, a veces excesivamente autorreferencial, del mundillo judicial.

Su hermano, Luis Cazorla; abogado, académico, catedrático, Letrado en Cortes, admirable hombre orquesta del derecho, empeñado en mantener viva la historia de la ciudad del Lucus, Larache, donde ambos nacieron, y la memoria de sus raíces familiares en la vieja Novelda.

Sus hijos, Joaquín, y los gemelos, Santiago y Eduardo; todos varones, que constituían su principal orgullo. Creo que era la fortaleza que proporcionaba a Soledad sentirse rodeada y apoyada  por hombres dignos la que contribuía a aportarle la valentía y la decisión, junto a su honestidad y su inquebrantable vocación de búsqueda de la justicia, para luchar infatigablemente contra esa intolerable consecuencia del machismo que es la violencia de género.

Soledad se ha ido bruscamente, de forma inesperada. Se ha ido  y deja una estela de compromiso con los derechos de la mujer, que no es más que una consecuencia de su sentido elemental de la Justicia. Porque, pese a haber dedicado toda su vida profesional al Ministerio Fiscal, ese oficio sólo ha sido para ella el cauce de su vocación por la Justicia con mayúsculas, la que se hace realidad a través de la igualdad, de la tenacidad y de la solidaridad.

Inspección histórica a la cúpula del Poder Judicial

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El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha decidido llevar a cabo una histórica inspección de las cinco Salas del Tribunal Supremo que comenzará por la jurisdicción de lo militar el 25 de mayo y terminará el 2 de octubre en la Sala Civil. Nadie recuerda nada igual en sus casi 200 años de historia. 

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Carlos Lesmes en un acto del CGPJ en junio de 2014. Foto: PoderJudicial.es

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha decidido llevar a cabo una inspección de las cinco Salas del Tribunal Supremo que comenzará por la jurisdicción de lo militar el 25 de mayo y terminará el 2 de octubre en la Sala Civil.

“Tenemos que disponer de una radiografía completa del Supremo, saber dónde están los puntos negros y ver en qué situación estamos para afrontar las reformas legislativas que se avecinan”, indican fuentes del Alto Tribunal, donde no todos han recibido positivamente la noticia.

Nadie recuerda una inspección del órgano jurisdiccional superior en sus casi 200 años de existencia a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 encomendó al presidente “la inspección ordinaria y vigilancia del funcionamiento de las Salas y Secciones” del tribunal. Ninguno de los antecesores de Carlos Lesmes desde la aprobación de esa norma -Hernández Gil, Pascual Sala, Javier Delgado, Francisco Hernando, Carlos Dívar y Gonzalo Moliner- estrenó el precepto, que ha permanecido inédito durante 30 años.

Sin referirse de manera expresa al Supremo, la ley del Poder Judicial de 1870 ya establecía que el presidente de este tribunal y los de las Audiencias “podrán ordenar visitas de inspección”. El Tribunal Supremo tenía entonces 28 magistrados que ganaban 14.000 pesetas anuales. Hoy son 85 los integrantes de la élite judicial, con un sueldo medio de 107.000 euros brutos.

Algunos magistrados consideran que la fiscalización ordenada por Lesmes revela “desconfianza” hacia los miembros del tribunal pese al alto nivel de trabajo que afrontan y a la ausencia de escándalos y conflictos de envergadura. Otros recuerdan que, si existiera alguna deficiencia o irregularidad, la responsabilidad de haberla permitido también recaería sobre Lesmes como presidente de la institución.

No hay decisión sobre Sieira

Un sector minoritario del Supremo estima que la inspección tiene motivaciones que van más allá de la intención de conocer el estado real del tribunal. Creen que se trata de buscar argumentos para no reelegir como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo al progresista José Manuel Sieira, que concluye su mandato en el próximo mes de julio. O que Lesmes pretende mostrar su autoridad a la Sala Penal, cuyos magistrados se negaron en redondo en marzo a ser interrogados sobre la filtración a la prensa de la decisión de devolver a la cárcel al etarra Alberto Plazaola. El terrorista se dio a la fuga y aún no ha sido detenido.

Sin embargo, la decisión de realizar una auditoría completa de las Salas fue comunicada por Lesmes a su equipo mucho antes del caso Plazaola, por lo que la tesis de la exhibición de autoridad no tiene fundamento. El propio presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, descarta por completo esa interpretación y afirma que su relación con Lesmes es muy buena.

En el entorno del presidente se asegura que “no hay ninguna decisión tomada” sobre la renovación de Sieira como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la más compleja del tribunal desde el punto de vista organizativo por la amplitud -y magnitud económica- de las materias que aborda (tributos, urbanismo, responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras).

Sieira ha diseñado e impulsado el exitoso plan de actualización de la Sala que ha logrado reducir la bolsa de asuntos en espera de sentencia y desatascar la admisión de recursos. No existen precedentes de que no se haya reelegido a un presidente de Sala del Supremo que sólo ha agotado el primer mandato. A ello se une que la jubilación de José Manuel Sieira se producirá dentro de un año y medio, por lo que Lesmes tendría también la oportunidad de decidir sobre el sucesor de Sieira si éste es renovado en el cargo ahora. Estrechos colaboradores del presidente del Supremo aseguran que “no ignora” estos factores e insisten en que no hay nada resuelto.

Magistrados molestos

Fuentes próximas al presidente desvinculan la cuestión de la renovación de Sieira de la inspección, que además no sólo afecta a la Sala de lo Contencioso-Administrativo sino también a las otras cuatro jurisdicciones, al Gabinete Técnico y a las Salas especiales, entre ellas la ‘Sala del 61’. A esta última se la conoce por ser la que ilegalizó los partidos vinculados a ETA aunque se encarga de otras cuestiones relevantes como los errores judiciales, los recursos de revisión o la exigencia de responsabilidad civil y penal a las Salas del Supremo. La Sala la preside el propio Lesmes, por lo que la auditoría le incluye también a él de forma directa.

El presidente del Poder Judicial ha recibido a varios magistrados molestos con la fiscalización para explicarles por qué es necesaria. También lo ha justificado ante la Sala de Gobierno del Supremo, que en su última reunión acogió la iniciativa de forma “totalmente pacífica” y sin objeción alguna, según señalaron varios de los asistentes.

Según el acta, “el presidente informa de que (…) va a proceder a realizar la inspección en las Salas ordinarias, así como en las Salas especiales y en el Gabinete Técnico, al objeto de tener conocimiento extenso y preciso de la situación en la que se encuentra actualmente el tribunal, a la vista de la existencia de diversas reformas normativas en curso, como las relativas al recurso de casación y a la regulación del Gabinete, que van a afectar a la organización y al funcionamiento del Alto Tribunal”.

Más trabajo

El Supremo se va a ver afectado en los próximos meses por una modificación de los recursos de casación civil y contencioso-administrativos. Es inminente la aprobación de la segunda instancia penal y se va a instaurar un nuevo modelo de Gabinete Técnico. Además, se ha detectado un notable incremento de los asuntos pendientes en la Sala Civil no justificado por un aumento similar en la llegada de recursos. La Sala de lo Social está asumiendo un mayor volumen de trabajo como consecuencia de la refoma laboral.

“Hay que tener una radiografía completa”, afirman colaboradores de Lesmes. “Necesitamos saber cuántos asuntos hay pendientes en las Salas, desde cuándo lo están, en qué fases se producen los retrasos y cuál es el tiempo de respuesta. Tampoco se ha hecho nunca una evaluación de qué hacen los letrados del Gabinete, cuánto tiempo dedican a la admisión de recursos o a la elaboración de borradores”.

“La inspección se debe a razones objetivas y de servicio. Lo anómalo es que no se haya hecho nunca”, añaden.

Para el presidente de una de las Salas, la fiscalización va a tener efectos positivos: “Siempre que a uno lo inspeccionan se pone un poco nervioso. Pero a lo mejor con este motivo nos ponemos todos las pilas y aireamos armarios y cajones. Será bueno”.

Varapalo del Supremo a Ruz por no razonar la justicia universal para investigar a Israel y Chile

Benjamin Netanyahu

La Sala Penal del Tribunal Supremo va a devolver al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional las exposiciones redactadas por el juez Pablo Ruz sobre la aplicación del principio de jurisdicción universal para investigar a autoridades de Israel y Chile por el ataque a la Flotilla de la Libertad y por el asesinato del diplomático Carmelo Soria, respectivamente.

Flotilla

La Sala Penal del Tribunal Supremo va a devolver al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional las exposiciones redactadas por el juez Pablo Ruz sobre la aplicación del principio de jurisdicción universal para investigar a autoridades de Israel y Chile por el ataque a la Flotilla de la Libertad y por el asesinato del diplomático Carmelo Soria, respectivamente. El Supremo considera que Ruz no justificó en absoluto los motivos por los que cree que los procesos judiciales iniciados a Turquía e Israel y el que tramitan los jueces chilenos carecen de la seriedad y eficacia suficientes como para legitimar la intervención de la Justicia española.

El Supremo vuelve a corregir a la Audiencia Nacional en la aplicación de la reforma de la jurisdicción universal que el Gobierno del PP llevó a cabo precipitadamente en marzo de 2014 para limitar los supuestos en los que los jueces españoles pueden perseguir a ciudadanos extranjeros por crímenes internacionales cometidos fuera de nuestras fronteras. En julio del pasado año, el TS revocó -por unanimidad- el archivo de las causas contra las tripulaciones de los narcobarcos acordado por la Audiencia y estableció que los tribunales nacionales seguían siendo competentes para apresar en alta mar buques cargados de droga.

Ahora, la Sala Penal ha rechazado valorar las exposiciones en las que Ruz defendía la competencia de la Audiencia Nacional para procesar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el violento abordaje a los seis barcos que integraban la llamada Flotilla de la Libertad el 31 de mayo de 2010, así como para encausar a siete militares chilenos por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.

El proceso contra Netanyahu, el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, y otras altas autoridades de Israel se abrió en la Audiencia Nacional tras la presentación de querellas por diversas organizaciones en el ejercicio de la acción popular. Les atribuyen haber planificado y ordenado el asalto en aguas internacionales a una flotilla que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria rompiendo el bloqueo impuesto por Israel a Palestina. Nueve de los 750 ocupantes de las embarcaciones resultaron muertos y otros 38 fueron heridos. Los demás -entre ellos, tres españoles- fueron conducidos por la fuerza a territorio israelí, privados de libertad y luego deportados.

Siete militares de la DINA

Consta en el procedimiento que, aparte de la alegación de las autoridades israelíes de que los tribunales de este país tienen abierta una investigación, existe bajo jurisdicción turca un proceso en trámite en el que está acusado Eliézer Alfred Marom, comandante en jefe de la Armada israelí cuando sucedieron los hechos.

En el caso de los siete militares de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile procesados por el secuestro, tortura y asesinato de Soria, la Corte Suprema del país andino se negó en julio de 2013 a dar curso a la petición de extradición cursada por España al existir allí un procedimiento “en pleno desarrollo”. Siete meses antes los jueces chilenos habían aceptado una petición de la hija de Soria para reabrir las diligencias y, en sentido contrario, rechazaron el recurso de los imputados contra el reinicio de la investigación.

La reciente reforma de la justicia universal condiciona su ejercicio a la existencia de puntos de conexión con España (que el supuesto responsable del delito sea español o extranjero con residencia habitual en España, o que la víctima sea española) y potencia el principio de subsidiariedad. De esta manera, los jueces españoles no pueden actuar si los hechos están siendo investigados por un tribunal internacional o si hay procedimientos en el país donde han ocurrido o en el Estado del que es nacional la persona a la que se atribuya el delito.

No obstante, el principio de intervención subsidiaria de los jueces españoles no se aplica si se detecta que la investigación iniciada en esos Estados es ineficaz o sufre una demora injustificada, en definitiva, si hay indicios de que no existe una auténtica disposición a aclarar los hechos delictivos.

La reforma imponía el archivo automático de todas las causas sobre jurisdicción universal que la Audiencia Nacional tenía en trámite hasta que se verificase el cumplimiento de los nuevos requisitos legales. Ruz rechazó elevar a la Sala Penal de la Audiencia los procedimientos contra Israel y Chile a efectos de que fueran sobreseídos. Los mantuvo abiertos, pero sin justificar que concurrían los presupuestos de justicia universal y, sobre todo, sin razonar por qué las investigaciones de los jueces de esos países -especialmente, la de Turquía, país del que eran nacionales las nueve víctimas mortales de la Flotilla de la Libertad- no merecen ser tenidas en cuenta.

Fuentes judiciales señalaron que, debido a esas omisiones, los escritos de Ruz no pueden considerarse la “exposición razonada” que exige la ley. Será ahora su sucesor al frente del Juzgado número 5, José de la Mata, el que tendrá que decidir si vuelve a dirigirse al Supremo dando los argumentos por los que no procedería aplicar el principio de subsidiariedad o bien declina su competencia para que la Sala proceda a decretar el archivo.

El fiscal acusa a Imbroda de ‘despreciar la ley’

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El presidente de Melilla no se ha librado aún del proceso que se sigue contra él en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La decisión del juez Francisco Monterde de archivar -en un tiempo récord y sin practicar otra diligencia que la declaración autoexculpatoria del propio aforado- la causa abierta al político del PP por un presunto delito de prevaricación ha sido contestada por la Fiscalía del Supremo, que ha interpuesto un contundente recurso.

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El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, no se ha librado aún del proceso que se sigue contra él en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La decisión del juez Francisco Monterde de archivar -en un tiempo récord y sin practicar otra diligencia que la declaración autoexculpatoria del propio aforado- la causa abierta al político del PP por un presunto delito de prevaricación ha sido contestada por la Fiscalía del Supremo, que ha interpuesto un contundente recurso con el que intenta lograr que siga su curso la investigación abierta a Imbroda por hechos que el Ministerio Público considera “de una gravedad indudable” y que presentan “perfiles inequívocamente delictivos”. “El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer de dinero público es absoluto”, afirma.

Monterde cerró el pasado día 6 la causa contra el presidente de Melilla por las irregularidades detectadas en la contratación de un abogado externo para atender una serie de reclamaciones laborales, pese a la existencia de un gabinete jurídico en la Administración de la ciudad autónoma. El instructor tomó esa decisión el mismo día en que el fiscal presentaba un escrito oponiéndose al archivo, solicitado por Imbroda nada más prestar declaración el 11 de marzo.

El sobreseimiento del proceso -apenas dos meses después de que el Supremo admitiera la exposición razonada del juez de Melilla Emilio Lamo de Espinosa- se ha producido sin que la acción popular, ejercida por la Asociación Libre de Abogados y Manos Limpias, haya podido intervenir. Pese a que la personación de ambas organizaciones fue aceptada por la Sala el 9 de marzo, Monterde ha cerrado la causa sin haberles fijado la fianza, de manera que la acusación popular no ha podido participar en la declaración del imputado, proponer diligencias o formular alegaciones sobre la petición de archivo.

Para Imbroda era esencial la celeridad en la clausura de un proceso que no fue obstáculo para que el PP le volviera a designar candidato a la presidencia de la ciudad autónoma en las elecciones del próximo mes. El presidente de Melilla, que convocó una rueda de prensa para celebrar el archivo, asegura que Rajoy le llamó la pasada semana “para felicitarle”.

El recurso de la Fiscalía del Supremo adquiere en este contexto la máxima importancia para los intereses de Imbroda y del PP. El escrito del fiscal Salvador Viada comienza recordando que los Juzgados de Melilla tramitan en este momento varios procedimientos que ponen de manifiesto que la contratación de abogados externos por parte de la Administración de la ciudad se realiza “de manera sistemática” incurriendo en “graves irregularidades”.

Esa práctica no sólo afecta a letrados. “El presente caso”, relata el fiscal, “no es más que uno de los investigados en varios Juzgados, de manera que tan solo tres de los diez miembros del Consejo de Gobierno de la ciudad no están implicados en procedimientos judiciales. En los Juzgados se investigan causas relacionadas con contratos irregulares concedidos a empresas de seguridad, de concesión de licencias de submarinismo, de financiación a la prensa local, relacionadas con el campo de golf, además de la contratación de abogados externos”.

Omisión de información

Por lo que se refiere a la causa elevada al Supremo al aparecer implicado Imbroda, la Fiscalía considera que los hechos “son claros”. El 15 de mayo de 2014, la policía judicial informa al magistrado Lamo de Espinosa que ha analizado la contratación del abogado Juan Jesús Olivares conforme a la documentación enviada por la Administración de la ciudad autónoma, que se limitaba a tres contratos. “Pero cuando la Guardia Civil solicita la relación de operaciones con terceros de todos los letrados externos que han sido designados por el Consejo de Gobierno de 2002 a 2012, aparece que el citado letrado fue contratado en numerosas ocasiones”, señala el recurso.

La investigación realizada en Melilla reveló que Olivares cobró de la ciudad autónoma 340.362,50 euros, más 18.030 euros de provisión de fondos que no constaban en la documentación recibida por la Guardia Civil. La designación del abogado en un conjunto de procedimientos laborales se hizo mediante un poder notarial otorgado por Imbroda sin seguir “ninguno de los trámites en la contratación exigidos por la normativa administrativa: ni por el órgano competente, sin informe de la necesidad de la prestación del servicio jurídico, sin informe sobre las razones por las cuales el mismo no podía ser prestado por los abogados de la ciudad autónoma, sin expediente alguno de contratación ni objeciones algunas a los pagos”.

“Así”, añade el fiscal, “se abonan provisiones de fondos solicitadas por el abogado, práctica no autorizada por la normativa administrativa, y todas las cantidades que el letrado solicita mediante decretos del presidente de la ciudad, tras haber sido solicitado el pago por el consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín Cobos. Las facturas del abogado importaron 750.704,93 euros, aunque el letrado condonó la cantidad de 400.345 euros”.

Melilla ¿ciudad sin ley?

El fiscal se pregunta “cómo es posible que se realicen estas prácticas sin que los mecanismos de control de gasto detecten estas anomalías”. La respuesta la encuentra en el hecho de que el gobierno de Melilla se ha acogido a un régimen especial conocido como “fiscalización limitada”, que elimina ciertos controles previos a los gastos. Para que pueda utilizarse, sin embargo, la Administración debe someterse a un conjunto de exigencias, entre ellas que el régimen de fiscalización limitada se acuerde por el Pleno de la Corporación, a propuesta del presidente y previo informe del interventor. Además, los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deben emitir un informe escrito para hacer constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas.

En Melilla se aprobó ese régimen especial “sin propuesta del presidente, sin informe del interventor y de espaldas al procedimiento establecido por la Ley”, subraya el fiscal. Es decir, “se eliminan los controles previos (y también los posteriores) y esa eliminación se hace a instancia del imputado al proponer el presupuesto al Pleno de la Corporación”. De esta forma, para el Ministerio Publico “la supresión de las medidas de control ordinarias establecidas por la ley para la aprobación del gasto público y para el examen de la regularidad de la contratación administrativa es responsabilidad directa del aforado”.

Decae así, a juicio de la Fiscalía, uno de los argumentos del archivo decretado por el instructor del Supremo, Francisco Monterde, según el cual Imbroda no tenía “clara conciencia de la ilegalidad” del procedimiento de contratación ya que ningún órgano le avisó de irregularidad alguna.

Ese dinero es de los contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los pagos se realicen conforme a los procedimientos establecidos

“Esta alegación no puede sostenerse”, replica el fiscal, para el que se trata de un típico caso de ignorancia deliberada o buscada por el propio responsable de la situación. El recurso lo explica así: “Claro que no le avisaron, él se encargó de descargar a quien tenía la obligación de avisarle (por cierto, alguien elegido por él mismo). Cuando ordena pagar, el aforado lleva ya varios años de alcalde del Ayuntamiento, sabe perfectamente, o debe saber, cómo debe funcionar una Administración pública, en la que el dinero no se puede manejar como si fuera propio. Ese dinero es de los contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los pagos se realicen conforme a los procedimientos establecidos, de manera que se garantice que el dinero no se va a derrochar o no se va a utilizar de manera irregular o ilícita. Por el contrario, aquí es la voluntad del alcalde, soslayando las obligaciones legales y el procedimiento administrativo, la que determina cómo se debe disponer del dinero. Eso si, alegando luego que no sabía ni nadie le advirtió que había nada irregular. En opinión del fiscal (y del juez de instrucción, y de la Guardia Civil, y de la Intervención General de la Administración del Estado), había muchas cosas irregulares, y había una reducción intencionada de controles establecidos por la ley para evitar que esas cosas irregulares se detectaran”.

Argumentos ‘increíbles’

El resto de los argumentos de Monterde son, para el fiscal, “increíbles”. A su parecer, carece de consistencia afirmar que la contratación de letrados externos era de naturaleza civil y dar relevancia al hecho de que Imbroda haya asegurado que él no eligió a Olivares. El Ministerio Público afirma que no se ha investigado quien contactó con este letrado y destaca que, si se considera un dato trascendente, al menos se debería haber tomado declaración al propio abogado.

“En todo caso”, añade el recurso, “lo importante es quién le contrató omitiendo todos los trámites administrativos precisos” y ello apunta a Juan José Imbroda, que fue quien otorgó el poder.

Para el fiscal, si la intervención del presidente de Melilla se hubiera limitado a eso, “podríamos entrar a discutir si [Imbroda] no era más que un eslabón de la maquinaria administrativa. Pero es que no fue así”.

“Por un lado”, afirma, “esa maquinaria se diseñó de manera deliberada para que permitiera actuar al equipo de gobierno con una falta de sujeción al derecho administrativo, a los requisitos legales exigidos para cada acto y para cada contrato, y la implementación de ese diseño es responsabilidad directa del aforado. Pero es que, además, Imbroda intervino de manera decisiva en otras fases del contrato, singularmente en el pago [de las minutas], y también de modo absolutamente ajeno a las exigencias legales”.

“El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer de dinero público es absoluto”, concluye el fiscal.

El cierre del proceso ha causado sorpresa en ámbitos judiciales de Melilla, que encuentran dificultades para investigar las actuaciones del equipo de gobierno de Imbroda. En esos medios se considera que en el Tribunal Supremo no se ha realizado una verdadera instrucción. Si el instructor rechaza la impugnación del fiscal, la última palabra la tendrá la Sala porque el Ministerio Público ya ha anunciado que irá en apelación al tribunal superior.

El fiscal del Supremo no ve delito en Pablo Iglesias

Podemos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala Penal que no abra un proceso contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por los 10 supuestos delitos que le atribuye el sindicato de funcionarios Manos Limpias.

Podemos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala Penal que no abra un proceso contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por los 10 supuestos delitos que le atribuye el sindicato de funcionarios Manos Limpias.

La querella, adelantada por el blog de EL ESPAÑOL, sostiene que el eurodiputado incurrió en delitos fiscales, contra los trabajadores y de asociación ilícita, entre otros, al percibir cantidades en ‘B’ por presentar y dirigir la tertulia La Tuerka en Canal 33. Iglesias habría empleado en este programa a unos 30 trabajadores sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles cantidades miserables de 20 o 30 euros por emisión.

Iglesias, en cambio, habría cobrado 3.000 euros por cada edición semanal de La Tuerka, realizada por Producciones Con Mano Izquierda (PCMI), una asociación sin ánimo de lucro que en realidad operaría con fines mercantiles. El dinero procedería de la televisión publica iraní, que suscribió un contrato de colaboración con Canal 33.

Manos Limpias también asegura que Iglesias utilizó Producciones Con Mano Izquierda para transferir a Caja de Resistencia Motiva 2 -una sociedad limitada propiedad de otro dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero- fondos opacos al fisco proporcionados por países como Venezuela o Irán.

Para la Fiscalía, el relato de Manos Limpias es “muy confuso”, mezcla hechos con “sospecha u opiniones” y “carece de cualquier soporte probatorio”.

La querella contra Iglesias no ha sido examinada por un simple fiscal del Supremo sino por un veterano fiscal de Sala, Antolín Herrero. Los fiscales de Sala constituyen la cúpula del Ministerio Público y suelen encargarse de los asuntos más relevantes que afectan a aforados. Iglesias lo es por su condición de miembro del Parlamento Europeo.

No firma los recibos

El dictamen de la Fiscalía destaca que la querella “no tiene otro soporte” que las manifestaciones hechas ante notario por uno de los técnicos y por el propietario de Canal 33, Enrique Rioboo. Las fotocopias de tres “supuestas facturas” que reflejan flujos de dinero entre Canal 33, Producciones Con Mano Izquierda y la emisora iraní Hispan TV son ajenas a Iglesias, que no aparece “en ninguno de esos documentos, no pertenece a esas sociedades y, si bien era vocal de PCMI en aquella época, no firma ninguno de los recibos”.

El fiscal también pone de manifiesto que Manos Limpias no atribuye delito alguno a los responsables de Canal 33, a Hispan TV o a Monedero, cuya citación ni siquiera propone.

No es la única incoherencia. “Nada se imputa”, añade la Fiscalia, “a aquéllos que formalmente integran la asociación PCMI, en la que, además, Iglesias nunca ha sido presidente, secretario o tesorero, sino exclusivamente, y no en la actualidad, vocal”. Más aún, la querella postula la citación de los directivos de Producciones Con Mano Izquierda como testigos y no como imputados.

Además, “se aportan fotocopias de documentos a cuyo origen no se hace referencia alguna, no se sabe dónde los consigue el querellante ni quién se los da, pero cuyo contenido objetivamente considerado no aporta indicio alguno” de infracción penal.

Respecto al delito contra los trabajadores, el dictamen del Ministerio Público señala que Iglesias no ostentaba la representación de PCMI “ni consta queja o denuncia alguna por parte de los supuestos empleados que hacían La Tuerka en tanto que víctimas o perjudicados”.

“No se aporta ni un solo indicio objetivo y mínimamente consistente” de los delitos que se imputan, “también genéricamente”, al dirigente de Podemos, opina la Fiscalía. A este respecto, recuerda que el Supremo ha descartado las “investigaciones prospectivas” cuando no se ofrecen elementos o principios de prueba de conocimiento propio por parte del querellante.

Indultado por Semana Santa un funcionario que pasó miles de datos personales a policías

El BOE de hoy recoge los 11 indultos aprobados el viernes por el Consejo de Ministros con ocasión de la Semana Santa. Seis han ido a parar a condenados por delitos contra la salud pública, dos por robo con violencia, uno por atentado a la autoridad, otro por tráfico de drogas y otro por revelación de secretos.

El BOE de hoy recoge los 11 indultos aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros con ocasión de la Semana Santa. Seis de ellos han ido a parar a condenados por delitos contra la salud pública, dos por robo con violencia, uno por atentado a la autoridad, otro por tráfico de drogas y otro por revelación de secretos.

Este último, cuyo perdón fue solicitado por la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid, fue sentenciado el pasado mes de junio por facilitar miles de datos personales de los archivos de la Seguridad Social, donde trabajaba como funcionario, a agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional y al jefe de seguridad de El Corte Inglés, “con los que tenía relación personal”, así como a mutuas laborales. 

Quinta Angustia
Imagen de la Quinta Angustia de la Cofradía de la Piedad de Valladolid.

 

Según narra la sentencia, Francisco José García Padilla era Jefe de Negociado de Inscripción de Empresa, Afiliación, Altas y Bajas y Variaciones de Datos de los trabajadores en la sede del organismo público en Valladolid. En un primer momento, la Audiencia Provincial de Valladolid le absolvió del delito de revelación de secretos, ya que consideró que tenía autorización para acceder a la base de datos, ya que formaba parte de su trabajo. Y que, en todo caso, podría haber sido acusado de un delito distinto: uso indebido de información pública.

Pero el Tribunal Supremo, tras aceptar el recurso de casación del Ministerio Fiscal y la Tesorería General de la Seguridad Social, considera que “estaba justificado el acceso que exigía su actuación como funcionario, pero no otros, ni en estas bases, y aun menos en otras como aquellas de las que extrajo los datos que transmitió a terceros”. Además, argumenta, “no estaba autorizado para consultar las 8936 veces que lo hizo, los datos de trabajadores, empresas, vida laboral, prestaciones y certificados de situación de cotización, que posteriormente trasmitió”.

Así, aunque aclara que no se ha podido acreditar que la entrega de estos miles de datos se realizara a cambio de dinero, el Tribunal Supremo le condenó a tres años y seis meses de prisión, multa e inhabilitación para su cargo durante seis años, con lo que pierde su plaza como funcionario. Además, la sentencia no aplica agravantes ni atenuantes a la pena.

Gracias al indulto concedido el viernes, su condena pasa a ser de dos años por lo que, si el tribunal responsable así lo considera, podrá evitar el ingreso en prisión. La Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid es la misma que, hace un año, solicitó y consiguió el perdón para un director de oficina bancaria que robó 30.000 euros a un cliente.

Entre los indultos solicitados por la Cofradía este año también se encuentra el de Ángeles Martínez, una mujer condenada a ocho años de cárcel en 2010 en Venezuela. Los agentes de la autoridad del Aeropuerto Simón Bolívar encontraron más de 12 kilos de cocaína líquida en sus maletas. El año pasado, el Gobierno concedió 21 medidas de gracia a petición de las distintas cofradías del país, una más de las tradiciones religiosas de Semana Santa.

Este artículo fue publicado en el blog ‘El BOE nuestro de cada día’ que puedes seguir aquí.


También en el BOE: Así fue el ‘decretazo’ del 28 de febrero: bonificaciones tras un ERE y la ‘gymkana’ de la dación en pago

Manos Limpias se querellará contra Pablo Iglesias por 10 delitos

Detalle querella

Pablo Iglesias afrontará una querella por 10 delitos, entre los que figuran el cohecho, el tráfico de influencias, apropiación indebida o contra los derechos de los trabajadores y la Hacienda pública. Así se desprende del escrito que el sindicato Manos Limpias tiene previsto presentar esta semana ante el Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso en exclusiva El Español. Se suma a la querella presentada este lunes contra Juan Carlos Monedero, ‘número tres’ de Podemos, por delitos relacionados.

Pablo Iglesias afrontará una querella por 10 delitos, entre los que figuran el cohecho, el tráfico de influencias, la apropiación indebida y delitos contra los derechos de los trabajadores y la Hacienda pública. Así se desprende del escrito que el sindicato Manos Limpias tiene previsto presentar esta semana ante el Tribunal Supremo y al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL (puedes consultar el texto al final de este artículo). Se suma a la querella presentada este lunes contra Juan Carlos Monedero, ‘número tres’ de Podemos, por delitos relacionados.

Manos Limpias acusa al secretario general de Podemos de cobrar ‘en b’ hasta 3.000 euros semanales por presentar tertulias semanales en el canal de televisión Hispan TV, vinculado a Irán. El escrito asegura que Iglesias logró 5.000 euros mensuales de ese canal para financiar La Tuerka cuando esta se emitía en la televisión Canal 33 y que a cambio comenzó a percibir “una comisión ilegal” de 2.000 euros adicionales, percibidos mensualmente y también en “b”.

Además, el sindicato asegura que Iglesias viajó a Venezuela para recabar fondos, que fueron introducidos en España a través de valija diplomática y burócratas, que luego servirían para hacer una oferta para hacerse con el control de Canal 33 por 200.000 euros. Todo ello, según el escrito, al servicio de una asociación cultural sin ánimo de lucro que en realidad tiene fines mercantiles y que no tiene a sus trabajadores en regla.

La querella apunta a numerosos documentos adjuntos que según el sindicato prueban la comisión de los delitos y que EL ESPAÑOL te ofrece junto al escrito que tendrá que valorar el Tribunal Supremo, el competente para juzgar a Iglesias dada su condición de eurodiputado (y, por lo tanto, aforado).

En conversación con EL ESPAÑOL, fuentes de Podemos han manifestado su intención de no comentar por el momento el contenido y oportunidad de la querella.

Manos Limpias, un sindicato muy conocido y controvertido en los ámbitos judiciales por su ingente producción de demandas de muy diversa naturaleza, acusa también a Iglesias de ser el administrador encubierto o de hecho de la productora. Por lo tanto, tendría una responsabilidad clave en su funcionamiento en el pago a la treintena de empleados de cantidades “que se encuentran por debajo del salario mínimo y que oscilan entre los 20 y 40 euros”. Además, habría cometido un delito contra la Hacienda pública al evitar el pago de impuestos utilizando una estructura organizativa que no tiene que ver con la actividad mercantil.

El texto y los documentos se circunscriben sobre todo al período en el que La Tuerka se emitía en Canal 33 (ahora puede verse en Público.es). Su director, Enrique Riobóo, aparece en buena parte de los documentos y ha denunciado en los últimos meses los delitos que, según él, ha cometido el líder de Podemos.

 

Querella de Manos Limpias contra Pablo Iglesias

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Toda la documentación adjunta a la querella (104 páginas, 18MB)

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