Los nueve requisitos que hay que cumplir para poder crear clubes de marihuana, según el Supremo

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El Tribunal Supremo ha puesto orden respecto a la criminalización de las sociedades cannábicas, impunes para algunas Audiencias provinciales pero penadas por otras. Una sentencia del pleno de los magistrados de la Sala Segunda fija los requisitos para que la actividad de esos clubes o asociaciones no sea considerada delictiva. 

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El 16 de junio de 2014, los tres responsables y dos miembros de la sociedad cannábica Ebers, de Bilbao, respiraron aliviados: la Audiencia Provincial de Vizcaya les absolvió del delito de tráfico de drogas por el que el fiscal les había sentado en el banquillo. El proceso contra ellos arrancó en noviembre de 2011, cuando el local de la asociación fue registrado por la Policía Municipal. Los agentes encontraron 4.750 gramos de marihuana y 800 euros en una caja registradora.

El alivio ha durado poco. El Tribunal Supremo ha acordado imponerles penas de tres a ocho meses de prisión al estimar un recurso interpuesto por la Fiscalía, que sostuvo que los cinco acusados incurrieron en un delito de tráfico de drogas. Esta infracción penal sanciona con cárcel a quienes lleven a cabo “actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” (artículo 368 del Código Penal).

10 toneladas al semestre

Los fiscales impugnaron ante el Supremo el fallo absolutorio alegando que, a la vista del alto número de socios del club -290- y de las cantidades asignadas a cada uno en los “contratos de previsión de consumo” que firmaban al hacerse miembros, “se está ante el manejo y distribución de un total de 10,4 toneladas de cannabis cada seis meses”, un cantidad que, a juicio del Ministerio Público, está “muy lejos” de lo que puede considerarse un mero autoconsumo compartido.

La legislación penal española no castiga el consumo de drogas (ni siquiera si es en grupo), pero sí toda actividad que lo promueva. La clave está en lo que los juristas denominan “alteridad”, que es la que justifica la intervención del Código Penal: consiste en que se facilite o promueva el consumo por parte de otras personas.

Para identificar ese factor de alteridad del que depende, en definitiva, la apreciación de si hay o no delito en la actividad de una sociedad cannábica, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija unos parámetros que, advierte, dependerán de la singularidad de cada caso. Pero servirán para proporcionar seguridad jurídica en una materia en la que las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo criterios discrepantes.

Las condiciones para que se aprecie que el autoconsumo compartido no es delictivo son:

• Que la sociedad esté constituida por usuarios habituales de marihuana o adictos que se agrupan para consumir esa sustancia. La sentencia explica que “con esta limitación se pretende evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros, que es precisamente la conducta que sanciona el delito, salvo los que ya fuesen consumidores habituales”.

• Que el consumo se produzca en un lugar cerrado para “evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente agrupados”.

• Que la cantidad de cannabis que se maneje sea “reducida o insignificante” o, en otras palabras, la cantidad “mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”.

• Que la reunión congregue a un “reducido grupo de adictos” para que pueda considerarse que se trata de un “acto íntimo sin trascendencia pública”.

• Que las personas asociadas sean “identificables y determinadas”, entre otras cosas para que pueda garantizarse que son consumidores habituales de marihuana o adictos.

• Que se trate de un consumo inmediato, sin que el cannabis salga del local ni haya riesgo de que se proporcione a terceros.

• Que se excluya el almacenamiento masivo de marihuana, “que es un germen del peligro [de tráfico de drogas] que quiere desterrar el legislador”.

• Que el club no esté abierto a un número indiscriminado de socios.

• Que los responsables de la asociación tengan capacidad de control sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores.

De qué son responsables los directivos

La sentencia explica la condena a los responsables del club Ebers así: “Por supuesto que a los directivos de la asociación no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de que un socio haya hecho entrega a persona no consumidora de parte de la sustancia o por que la venda, traicionando sus obligaciones asociativas. Pero sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a doscientas noventa personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse”.

Los dos miembros de la sociedad condenados fueron encontrados el día del registro “efectuando labores de preparación y envasado de bolsas” de marihuana. Durante el juicio también quedó acreditado que la Policía había hallado “en las inmediaciones” del local a seis personas con distintas cantidades de marihuana en su poder. La droga procedía de los cultivos interiores del club, atendidos por un jardinero contratado al efecto.

La Sala Penal del Supremo, que se ha reunido en pleno para tratar este asunto, señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. Lo segundo, dice, es “muy diferente” y “estira la doctrina del consumo compartido hasta romper sus costuras”.

“No puede convertirse una asociación cannábica en una suerte de cooperativa de distribución”, zanja la sentencia, redactada por el magistrado Antonio del Moral.

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido,  Joaquín Giménez y la única magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, han suscrito votos discrepantes. Consideran que el fallo del caso de la sociedad Ebers debió ser absolutorio al existir en los acusados un error invencible sobre la conciencia de ilicitud de su actividad. Además, echan de menos que el alto Tribunal no haya determinado “con mayor precisión” los límites de la apreciación del delito cuando hay cultivo y consumo compartido de cannabis. Creen que la opción de remitir la concreción de esos límites al análisis de las circunstancias de cada caso no proporciona suficiente seguridad jurídica.

El senador imputado de Bildu sobre Hipercor: “La policía se negó a desalojar”

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Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio.

Iñaki Goioaga ejerció durante años como abogado de varios presos de ETA e ingresó en prisión en 2009 acusado de ayudar a fugarse a dos presos de la banda en un plan disparatado que incluía un helicóptero y pretendía llegar a Portugal. Ni siquiera pasó dos años en la cárcel. Salió después de pagar una fianza de 60.000 euros y fue elegido senador por designación autonómica en enero de 2013.

El Supremo anunció este miércoles que abrirá una causa contra Goioaga a petición de la Audiencia Nacional, cuyo juez Eloy Velasco llegó a la conclusión de que aprovechaba su condición de abogado para mantener controlados a los presos de ETA y difundir sus consignas en prisión.

No se trata de una acusación nueva. José Miguel Latasa Getaria –que ayudó a su colega Kubati a asesinar a la ex etarra Yoyes en 1986 y luego fue expulsado de ETA por buscar la reinserción ocho años después– la formuló en esta entrada de su blog Arabatik:

Desde que entré en la cárcel ya me pusieron al día que era él, el abogado de Gestoras que mandaba en el colectivo. Después, con el tiempo, ya fui viéndolo con mis ojos que este elemento era quien movía los hilos entre los presos y ETA. El venía con las órdenes concretas, quien, al menos conmigo, Kubati y alguno más decía cuándo había que hacer huelga de hambre ; plante o las dos cosas y se permitía , incluso en el ínterin, decirnos que tenía esa noche sidrería. Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal.

Hoy Goioaga es senador y sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Así cabe explicar la exposición razonada que el juez Eloy Velasco envió desde la Audiencia Nacional al alto tribunal, que ahora abre una causa que podría desembocar en su imputación por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de terrorismo, blanco de capitales y fraude a la Seguridad Social.

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio y sobre el que escribimos aquí.

Se trataba de glosar la obra Las guerras correctas, que retrata la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González en los tiempos de la ofensiva judicial para esclarecer los crímenes de los GAL. Acompañaban al senador el periodista Pedro J. Ramírez y la jurista Manuela Carmena, que por entonces no había anunciado su candidatura a la alcaldía de Madrid.

La impunidad fue uno de los asuntos clave del coloquio, que se puede ver entero aquí. La impunidad de los GAL y la de muchos crímenes de ETA que quedaron por esclarecer.

Los tres invitados criticaron el enjuague que propició los indultos de Rafael Vera y José Barrionuevo. Pero Goioaga se desmarcó de los demás al hablar del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 21 personas el 19 de junio de 1987. “Fue un resultado terrible y no deseado”, dijo el senador de Bildu. “Se fue a hacer un desalojo dos horas antes de que estallaran los coches bomba y el director y el comisario Francisco Álvarez se negaron y dijeron que era una falsa alarma. Se podría haber evitado. Quién colocó el coche bomba está claro. Pero la verdad es amplia y tiene muchos parámetros”.

Las palabras del senador suscitaron estupor entre los presentes. “¡No, si será culpa de las víctimas!”, gritó desde la quinta fila David Moreno, que se definió como una persona que “cree en la democracia” en su presentación. “La verdad no tiene muchos parámetros sino muchas excusas. Excusas para matar a niños y a embarazadas como hizo ETA”.

Sobre el escenario retomó el asunto Pedro J. Ramírez, que matiza las palabras de otro espectador: “Aquel día ETA no envió el coche bomba para matar a la gente de Hipercor. Pero expresó tal desprecio por las personas estaban en Hipercor que arriesgó sus vidas dejándolas al albur de una situación límite que ellos mismos habían creado. Responsabilizar luego al mal funcionamiento de las autoridades es una vileza. La responsabilidad es de ETA y de nadie más”.

“Jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo”, dijo Goioaga al hablar de la violencia policial en el País Vasco. “Ahora los condenados por terrorismo no pueden ser maestros. Pero sí pueden el violador, el pederasta, el pedófilo y el de la violencia de género. ¡Eso es no creer en la reinserción!”.

Hubo otro espectador que le reprochó al senador sus palabras sobre el atentado de Barcelona: “Cuando un tipo llega a Hipercor y deja un coche cargado de explosivos, no viene a regalar bombones”. La respuesta fue muy similar:

ETA hizo autocrítica con el tema de Hipercor. Fue la primera vez en que yo vi a dos personas pedir perdón a los familiares. En Hipercor está condenado el Estado y eso fue un error. Cualquier daño es inadmisible. Otra cuestión es qué se produce y habrá que ver las causas. El que efectúa el daño quizá es porque no tenía otras salidas. Yo me alegro de que seas español. El problema es que los planteamientos de españolidad no se imponen y la pregunta es si hay o no la suficiente libertad para que todas las opciones se puedan expresar con claridad. Sentimos la necesidad de una segunda Transición y de la depuración de los cuerpos franquistas. En 1975 me detuvo la Brigada Político-Social y dos años después me detuvieron los mismos policías, que me dijeron que se habían convertido en demócratas. Es fundamental el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño y el problema es que el Estado no reconoce el daño y tampoco la existencia de víctimas. Colocan árboles con el nombre de su familiar fallecido y la Guardia Civil los arranca. En esos parámetros no hay resolución posible de un conflicto que no se reconoce que existe y que ha generado mucho sufrimiento en el Euskal Herria y en el Estado español. 

La Fiscalía del Supremo pedirá anular la sentencia absolutoria del Prestige

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La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

Foto: Efe

Foto: EFE

La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

En una vista señalada para mañana, martes, la Fiscalía instará la devolución de la causa a la Audiencia de A Coruña con la pretensión de que condene al capitán del Prestige por un delito medioambiental. El buque se hundió en las costas gallegas en noviembre de 2002, provocando una auténtica marea negra que afectó a casi 2.000 kilómetros de costa española y francesa. El vertido de la carga causó una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de fuel vertido como por la extensión de la zona afectada.

El máximo responsable del petrolero, Apostolos Mangouras, fue condenado por los jueces gallegos exclusivamente por un delito de desobediencia por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco después de que se produjese la primera fuga de fuel, el día 13 de noviembre del citado año.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la conducta de Mangouras fue mucho más grave, hasta el punto de constituir un delito medioambiental. El fiscal defenderá en la vista que era plenamente consciente de que la nave no reunía los requisitos necesarios para transportar las 64.000 toneladas de fuel-oil cargado.

Según fuentes jurídicas consultadas por el EL ESPAÑOL, la Fiscalía del Supremo considera que el tribunal que juzgó el asunto en 2013 no tuvo en cuenta pruebas relevantes que ponen de manifiesto que el capitán no debió transportar tales toneladas de petroleo en un buque que no reunía condiciones.

Hay varios documentos que, para el Ministerio Fiscal, son claves para poder condenar a Mangouras y que la Audiencia no analizó. En la sentencia gallega no se tuvo en cuenta la inspección interna que se llevó a cabo semanas antes de que el barco zarpara desde la ciudad rusa de San Petersburgo, con parada en Letonia. El informe de la inspección recogía varias deficiencias.

La Fiscalía se queja de que el tribunal tampoco tuvo en cuenta el testimonio de otro capitán que tuvo el Prestige, Stratos Kostazos, sustituido por Mangouras después de negarse a llevar el buque. En el juicio, Koztazos reconoció que la nave estaba “condenada” por todas las deficiencias que acarreaba debidas a su antigüedad, como la corrosión de los tanques que transportaban el fuel.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitará al alto tribunal que, a la vista de los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, Mangouras sea condenado por un delito medioambiental sin tener que devolver el asunto al tribunal gallego para que redacte de nuevo la resolución.

Batalla por la indemnización

La Fiscalía y el abogado del Estado consideran que, con la condena del capitán de origen griego, se abriría la posibilidad de exigir cerca de 4.000 millones de euros en indemnizaciones tanto en beneficio del Estado como para compensar los notables daños causados por el vertido a ciertos sectores, como el pesquero. Hubo denuncias de más de 1.500 damnificados.

De prosperar la tesis del fiscal y del defensor del Estado, las aseguradoras del buque serían las que tendrían que hacerse cargo del pago de esas indemnizaciones.

Los magistrados que juzgaron el caso en A Coruña entendieron que no se había podido demostrar que los acusados quisieran hundir el buque ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas. Llegaron a la conclusión de que no actuaron dolosamente (esto es, de forma intencionada) y que su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave. Cerraron, así, la vía de las indemnizaciones.

Junto a Mangouras, para quien se llegó a pedir doce años de prisión, también fueron acusados otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas, así como José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Finisterre (A Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Se trataba de un barco de un solo casco construido en Japón 26 años antes de la catástrofe. En virtud de la legislación internacional sobre doble casco, adoptada por la Unión Europea, este buque hubiera debido dejar de navegar en marzo de 2005 y, por tanto, estaba cerca de terminar su ciclo de vida útil cuando naufragó.

Grünenthal, que ingresó 466 millones en 4 años, no indemnizará a las 305 víctimas españolas de la talidomida

Las 305 víctimas españolas de la talidomida vieron ayer esfumarse la esperanza de que la Grünenthal Pharma S. A., la filial española de los laboratorios alemanes Grünenthal GmbH, les indemnice por los severos daños incurables causados por el fármaco. El Tribunal Supremo ha confirmado, por 8 votos frente a 1, la prescripción del derecho a reclamar. La farmacéutica, que ha ingresado en los últimos cuatro años 466 millones de euros por sus ventas en España, sí ha indemnizado, en cambio, a los afectados alemanes. 

En la imagen, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

GRA033 MADRID, 23/09/2015.- El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, hoy ante el Tribunal Supremo, donde se celebra la vista del recurso de las víctimas del medicamento Talidomida contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló sus indemnizaciones. EFE/Mariscal
El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

La Sala Civil del Tribunal Supremo acordó este miércoles desestimar el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) contra la sentencia dictada el pasado octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró prescrita la acción de responsabilidad civil emprendida por los afectados contra Grünenthal Pharma S.A. Ha sido un fallo contundente: 8 votos en contra del recurso de Avite y sólo uno a favor, emitido por el magistrado Francico Arroyo.

Los recurrentes contaban con el apoyo de la Fiscalía. El fiscal de Sala José María Paz escribió en su informe favorable a las víctimas que el hecho de que Grünenthal “pidiera perdón en el año 2012, reconociendo su culpa pero no queriendo indemnizar por su conducta, nos parece un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad”.

El Supremo, sin embargo, ha confirmado el criterio de la Audiencia de que los afectados debieron reclamar mucho antes, en concreto antes de que transcurriera el plazo legal de un año desde que cada uno de ellos alcanzó la mayoría de edad. Los magistrados han estimado que los daños que las víctimas de la talidomida padecen quedaron determinados al nacer. Conocían, por tanto, el alcance de sus secuelas, que son permanentes y están consolidadas, por lo que debieron reclamar como máximo dentro de los 365 días siguientes a cumplir los 18 años.

Al no haber presentado una inicial demanda de conciliación hasta junio de 2011 y una posterior reclamación conjunta en el Juzgado en febrero de 2012, la acción de responsabilidad civil se ha considerado prescrita. La prescripción extingue el derecho a ser indemnizados al no haber sido ejercido en el plazo fijado por la ley, que en este caso era de un año.

El contraste con los afectados alemanes

A salvo de lo que pueda ocurrir con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional anunciado de inmediato por Ignacio Martínez, abogado de Avite, las víctimas españolas de la talidomida no van a ser indemnizadas con un solo euro por Grünenthal Pharma. Según sus propias cifras, la filial española del grupo alemán Grünenthal GmbH ingresó por ventas en los últimos cuatro años 466 millones de euros, de los que 109 millones corresponden a 2014. En todo el mundo, la cifra más reciente de ventas corresponde al año 2012 y asciende a 973 millones de euros.

Avite asegura que durante las negociaciones celebradas antes de la presentación de la demanda Grünenthal ofreció una indemnización de 120.000 euros para el conjunto de las 305 víctimas españolas. Una cuantía “ridícula” si se tiene en cuenta que los laboratorios han destinado a los afectados alemanes unos 500 millones, afirma.

El procedimiento judicial ofrece otros motivos de agravio. El medicamento, utilizado para el tratamiento de las náuseas y vómitos de las mujeres embarazadas, fue retirado por Grünenthal en Alemania en diciembre de 1961, pero no lo hizo en España hasta mayo de 1962. La sentencia dictada en noviembre de 2013 por la jueza de la primera instancia, Gemma Fernández, afirmaba que los primeros casos de afectados por la ingesta de talidomida en España ya habían empezado a evidenciarse en el primer trimestre de 1960 y señalaba que “conociendo los efectos nocivos del medicamento que ya estaba en el mercado y su gravedad se optó por no ponerlo en conocimiento de los profesionales médicos [españoles] y por informar parcialmente a los colaboradores externos, que son, precisamente, los que tratan con los médicos y farmacéuticos en el proceso de distribución y venta para el consumo”.

La talidomida tenía efectos teratogénicos (producía malformaciones en el feto) y fue el origen de polineuritis en muchos bebés nacidos de madres que la tomaron durante la gestación. Las malformaciones afectaban fundamentalmente al acortamiento de los brazos y antebrazos, aunque también se produjeron alteraciones en otros órganos, incluidos los internos. “La demandada ni siquiera niega este presupuesto básico”, indicó respecto a Grünenthal la sentencia de la primera instancia, revocada por la Audiencia de Madrid en lo referido a la prescripción.

La tesis del Juzgado de Primera Instancia, que rechazó la prescripción, ha sido apoyada por un solo magistrado de la Sala Civil del Supremo. Arroyo, que ha anunciado que plasmará sus argumentos en un voto discrepante, considera que la decisión de la mayoría se aparta de la doctrina de la Sala, que en numerosos precedentes ha establecido que el plazo de prescripción debe empezar a computarse a partir de la declaración -judicial o administrativa- de incapacidad del afectado. En el caso de la talidomida, el real decreto 1006/2010, de 5 de agosto, puede ser considerado una declaración administrativa de incapacidad ya que reconoció oficialmente a las víctimas de la enfermedad y estableció la concesión de ayudas de la Administración (un pago único de entre 30.000 y 100.000 euros). Desde esa perspectiva, la demanda de conciliación de las víctimas (junio de 2011) no habría prescrito.

La compañía ha declinado valorar la decisión del Supremo “hasta recibir la sentencia oficialmente”. En un comunicado de prensa, la empresa ha reiterado que, “con independencia de la resolución”, ya existen “medios satisfactoriamente establecidos” para que todos aquellos afectados por un producto que contuviese talidomida de Grünenthal, o de su distribuidor local en España, puedan beneficiarse de ayudas económicas.

En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, un portavoz de la compañía afirma que los afectados españoles por el fármaco pueden recibir “hasta 7.000 euros mensuales” a través de las dos fundaciones habilitadas para gestionar sus ayudas, la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal, ambas en Alemania.

Sin embargo, Avite asegura que sólo uno de los más de 300 afectados españoles que pertenecen a la asociación es pensionista de una de las fundaciones alemanas, ya que del resto “se han rechazado las solicitudes con las excusas más arbitrarias”. La sentencia de la Audiencia de Madrid alude a cinco víctimas españolas que reciben la pensión de la fundación alemana, cuatro de las cuales no pertenecen a Avite.

Respecto a su culpabilidad, la empresa la reconoce: “Lo hemos hecho públicamente y hemos pedido perdón”. Sin embargo, apunta a un dato que reconocen también las propias víctimas: Medinsa, la representante del laboratorio en aquella época, comercializaba cuatro de los siete medicamentos que contenían el principio activo talidomida. Otros tres los vendían los laboratorios U.C.B. Pevya (hoy UCB Pharma) y Farmacobiológicos Nessa. “El porqué no se piden indemnizaciones a estas empresas además de a Grünenthal es algo que habría que preguntar a las víctimas”, concluye el portavoz del laboratorio en España.

José María Ruiz-Mateos: polémica, estafa y 900 empresas

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

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Un hombre que marcó una época. Una forma de gestionar. Capaz de crear más de 900 empresas y de ingresar en prisión con 84 años, hace solo tres meses, por estafa y fraude a la Hacienda Pública. El empresario José María Ruiz-Mateos falleció este lunes en un hospital del Puerto de Santa María cuando aún tenía citas pendientes con la Justicia. El recuerdo de Rumasa sigue sobrevolando, aunque pasará a la memoria colectiva por sus actuaciones públicas y sus disfraces.

“Se decreta la expropiación forzosa, por causa de utilidad pública e interés social, de la totalidad de las acciones representativas del capital (…) de los bancos y otras sociedades que componen el grupo Rumasa, S.A. (…) El Estado, a través de la Dirección General de Patrimonio, tomará posesión inmediata de las sociedades expropiadas”. 24 de febrero de 1983. El Boletín Oficial del Estado recogía el Real-Decreto Ley que le quitaba de las manos a José María Ruiz-Mateos el monstruo con cerca de 400 empresas y 18 entidades financieras, incluido el Banco Atlántico, que conformaban Rumasa, la original.

El entonces hombre más rico de España, que había empezado a construir su imperio exportando vinos a Inglaterra allá por 1961, se quedaba sin el timón y sin un barco que daba empleo a más de 60.000 personas.  

Enfrentamiento con Boyer

El ministro de Economía, Miguel Boyer, que no llevaba ni tres meses en el cargo, decidió cortar por lo sano. El detonante fue la negativa de Rumasa a cumplir con las exigencias de información del Banco de España.

A Boyer no le preocupó el escándalo financiero, con corralito de tres días incluido para los bancos del grupo. Bingo. Rumasa encerraba una contabilidad B, un agujero en su patrimonio superior a 100.000 millones de pesetas de 1983 (600 millones de euros al cambio actual) y una excesiva concentración de riesgos en un esquema de créditos de sus bancos a sus empresas, que recuerda al reciente caso del portugués Espirito Santo.

Mientras la Policía entraba en la sede de Rumasa en el madrileño Paseo de Recoletos, Ruiz-Mateos se ocupaba de poner a buen recaudo parte de la fortuna amasada y huía desde su casa de Somosaguas al extranjero, primero a Londres y días después a Fráncfort, desde donde sería finalmente extraditado. El capital que consiguió salvar lo utilizaría décadas después para fundar su segundo entramado, Nueva Rumasa.

Empezaba la guerra en la calle, los medios y los tribunales. La expropiación de Rumasa encendió la mecha de centenares de procesos judiciales que nunca llegaron a buen puerto. Tampoco prosperaron los recursos ante el Constitucional contra la operación del Gobierno socialista, aunque es verdad que la expropiación se salvó gracias al voto de calidad del entonces presidente del alto tribunal Manuel García Pelayo. También encallaron los intentos de anular las reprivatizaciones de Banco Atlántico, Inmobiliarias Reunidas o Galerías Preciados, entre otras.

Y finalmente, Ruiz-Mateos nunca pareció rendirse en su intento de hacer pagar al Estado por quitarle el imperio de la abeja. El resultado: más de 200 sentencias en su contra, incluida la del 22 de noviembre de 2004 del Tribunal Supremo en la que se establecía que el justiprecio del grupo empresarial Rumasa era cero. Ruiz-Mateos no podía exigir nada porque el valor del grupo de la abeja era un número negativo equivalente a sus deudas.

Todavía en 2011, cuando se venía abajo su segundo entramado empresarial, tres décadas después de la intervención del primero, Ruiz-Mateos intentaba eludir sus responsabilidades de pago de los pagarés de Nueva Rumasa ligándolos a la cantidad que aseguraba iba a recibir del Estado por las empresas expropiadas en los ochenta. El Ministerio de Economía se vio obligado a emitir un comunicado negando la existencia de deuda alguna para advertir a los inversores de que no firmasen la propuesta. En 2013, el Supremo rechazaba la petición de Ruiz-Mateos de que el Estado le indemnizase con 6.133 millones de euros por la expropiación de Galerías Preciados y le obligaba a pagar 4.000 euros en costas.

Años de estridencias

La expropiación de Rumasa no fue solo un asunto empresarial, representó el nacimiento de un personaje histriónico y mediático. El primer y más recordado episodio tuvo lugar seis años después de esa histórica medida. A la salida de los juzgados golpeó a Boyer al grito de “Yo te pego, leche”. Éste se convirtió en un mantra durante todos estos años de estridencias.

Con esa agresión comenzaba un enfrentamiento que el propio empresario se encargó de extender durante años. Polémicos anuncios televisivos de los productos de sus empresas, espectáculos a las puertas de los juzgados vestido de presidiario o de Superman… Se sirvió de todo ello para tratar de llamar la atención pública en un litigio para exigir daños por la expropiación que años después acabó perdiendo.

Su tormentosa relación con Boyer no fue una excepción. La que mantenía con jueces y fiscales estuvo trufada de duras declaraciones y momentos surrealistas. Como su huida de la Audiencia Nacional en 1998, donde había sido trasladado para prestar declaración, disfrazado con una peluca y una gabardina. Como en 1993, cuando atacó a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que llamó “peleles”. O cuando insultó gravemente en 2012 a una jueza de Palma, quien reclamó su declaración por una presunta estafa en una operación inmobiliaria en Mallorca.

Otra de las caras de ese personaje hay que buscarla en la arena política. Al margen de su enfrentamiento con el exministro, Ruiz-Mateos creó su propia formación. El nombre: el Partido del Trabajo y Empleo-Agrupación Ruiz-Mateos. “Oposición, oposición, oposición… Ahora, con más razón que nunca” era el lema. El resultado: a finales de los 80 logró un escaño en el Parlamento europeo, con el que se aseguró la inmunidad judicial durante aquella legislatura. La aventura concluyó en 1995.

Volver a nacer

Tras la caída en desgracia de Rumasa, Ruiz-Mateos volvió a reconstruir su apuesta empresarial con los mismos mimbres. Y es difícil repetir procesos similares sin obtener los mismos resultados.

A golpe de promesa, más que de talonario, construyó Nueva Rumasa, que en apariencia operaba como un conglomerado de sociedades, bajo una dirección única y una caja común: la láctea Clesa, los licores Garvey, la hotelera Hotasa, las alimentarias Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa o Quesería Menorquina eran algunas de las empresas que integraban su reconstruido imperio. Y el Rayo Vallecano, el equipo madrileño, presidido por su mujer, con el que conseguía un altavoz mediático con palco para autoridades.

En esta segunda etapa, Ruiz-Mateos, junto a sus hijos, se colocó el cartel de salvador de empresas en dificultades y grandes corporaciones le creyeron, lo que le permitió hacerse con marcas de tradición y resonancia entre los consumidores. Por ejemplo, la multinacional estadounidense Kraft vendió a Nueva Rumasa la fábrica de El Caserío en Menorca y dos de sus marcas Apis y Fruco; y Parmalat, la láctea italiana que protagonizó la quiebra transalpina más sonada, vendió Clesa a Ruiz-Mateos, incluida su fábrica madrileña a sólo unos metros del madrileño Paseo de la Castellana.

Esta vez, la crisis surgió por las facturas. A principios de 2010, las compañías de los Ruiz-Mateos dejaron de pagar a sus proveedores y las fábricas se quedaron sin materias primas. Algo que, en cierta medida, no dejaba de ser habitual en plena crisis económica. Sin embargo, el principal problema estaba por detrás. No había un soporte, un armazón que aguantara la estructura empresarial de los Ruiz-Mateos. Y, sin andamios, las compañías de la familia jerezana fueron cayendo una tras otra, acogiéndose a sucesivos concursos de acreedores. Juntas sumaban una plantilla de más de 5.000 empresas.

La trampa de los pagarés

A las facturas sin pagar se sumaron sus emisiones. Uno de los grandes planes de la familia Ruiz-Mateos para relanzar sus empresas fue la emisión de letras y pagarés entre 2009 y 2010. En total, la empresa colocó su deuda en 5 fases a través de 13 emisiones con las que captaron más de 350 millones de euros, aunque se llegó a hablar de cifras que alcanzaban los 550 millones de euros por las aportaciones en efectivo y en ‘dinero B’. Nueva Rumasa consiguió captar a miles de inversores con la publicidad en medios de comunicación (que las televisiones, radios y periódicos se quedaron sin cobrar), el entramado del ‘banquito’ de Jerez y el alto interés que ofrecían sus títulos, que oscilaron entre el 8 y el 12% anual.

Entonces, la promesa de Nueva Rumasa era emplear este dinero para comprar una participación de un 25% o más en una “importante empresa del sector de la alimentación”. Detrás estaba su supuesta intención de adquirir Deoleo, la antigua Sos Cuétara, que vivía su propio escándalo empresarial. Una adquisición que “aportará un mayor liderazgo y complemento de la División Alimentaria”, explicó la compañía a sus inversores, pero la realidad es que la compra nunca llegó a realizarse. Tampoco se pagaron la mayor parte de los intereses prometidos, y seis años después, los inversores siguen esperando la resolución de los tribunales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó con hasta siete comunicados de los riesgos que estaban asumiendo los inversores. En ellos advirtió que estos pagarés no serían negociables en el mercado secundario, y aconsejó a los ahorradores que se informaran acerca de la “situación jurídica y económico-financiera de la empresa” antes de comprar estos títulos. La participación mínima de los pagarés era de 50.000 euros, un requisito con el que Nueva Rumasa conseguía cumplir el mínimo que exigía la Ley del Mercado de Valores para colocaciones que no tuviesen un folleto registrado y aprobado en el regulador.

“La CNMV advirtió que investigaría si la empresa vendió pagarés por un montante inferior a estos 50.000 euros, pero nunca lo hizo”, explica Joaquín Yvancos, que fuera abogado de la familia Ruiz-Mateos durante tres décadas. El propio Yvancos informa que la empresa sí firmó préstamos por debajo de esta cantidad y que, por tanto, serían ilegales.

“Si no devuelvo el dinero, me pego un tiro”, llegó a exclamar el patriarca de la familia ante los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad es que los más de 350 millones de euros que prestaron los inversores a Nueva Rumasa siguen atrapados en una causa que está pendiente de finalizar. De momento, el nuevo titular del juzgado central 5 de instrucción de la Audiencia Nacional, José María de la Mata, ha reactivado la investigación con nuevos interrogatorios a los hijos del empresario. “Esta causa va por la vía de lo penal, por lo que los dirigentes, testaferros y ejecutivos de la compañía se enfrentan a una posible condena de cárcel”, explica Yvancos. El patriarca de la familia y uno de sus hijos, Javier Ruiz-Mateos, ya fueron condenados en febrero a abonar más de 92 millones de euros a algunos acreedores de una emisión de sus pagarés, en un proceso que fue por la vía civil.

Quien se quitó responsabilidad por las emisiones fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero. “El Gobierno hizo todo lo que estaba en su mano”, aseguró la entonces ministra de Economía Elena Salgado. “Poco más se puede hacer”, asumió.

Sin capacidad para responder, los Ruiz-Mateos buscaron el respaldo del Banco Santander. La propia familia hizo públicas una serie de misivas con las que justificaba cómo había pedido, sin éxito, el respaldo de Emilio Botín, fallecido hace un año. “Una vez más, mi profunda gratitud en nombre de mi numerosa familia y que Dios siga ayudándote, porque para mí y para muchos, sin duda alguna pasarás a la historia como el mejor banquero del mundo, como lo estás demostrando todos los días”, aseguró en uno de los comunicados que la familia entregó a la prensa como muestra de sus intentos de salvar su conglomerado empresarial.

Un legado judicial y empresarial

Tras la caída de Nueva Rumasa, Ruiz-Mateos inició una nueva carrera en los tribunales, acusado de estafa, fraude a la Hacienda pública e insolvencia punible. El pasado mes de junio, el jerezano volvió a pisar la cárcel. En junio ingresó durante unas horas en la cárcel madrileña de Soto del Real, pero fue trasladado a un hospital por sus problemas de salud, después de que fuese acusado por la Agencia Tributaria de defraudar en el impuesto de sociedades e IVA. Aunque queden sobreseídos los casos penales en los que estaba implicado el empresario, sí seguirán adelante aquellos en los que estén imputados sus hijos, como la presunta estafa en Nueva Rumasa. Sin embargo, según fuentes del caso, la estrategia de la familia desde el primer momento fue hacer único responsable al patriarca.

En cuanto al presente y futuro de las empresas, algunas no han logrado sobrevivir a la caída de Nueva Rumasa, como Clesa, cuya fábrica reconvertirá Metrovacesa en pisos y hoteles. Otras han cambiado de manos. Cacaolat ha logrado renacer de la mano de la cervecera Damm y Cobega, la embotelladora (integrada en Coca-Cola Iberian Partners) de la familia catalana Daurella. Tranchettes, que pertenecía a Quesería Menorquina, ha acabado en el Grupo Bel, dueño de marcas como Babybel o La vaca que ríe. Pese a todo lo ocurrido, los Ruiz-Mateos, según publicó El Economista, no han cesado su actividad empresarial, esta vez, a través de franquicias ligadas al mundo de la restauración.

 

Coca-Cola vuelve a Fuenlabrada

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Símbolo de la resistencia de los trabajadores al cierre de varias plantas de Coca-Cola en España, la factoría de Fuenlabrada (Madrid) ya no fabricará refrescos, pero reanuda su actividad como centro logístico de la multinacional. Será la única planta que vuelva a la vida en la nueva ‘Coca-Cola Europa’, que afronta un nuevo proceso de fusión y reestructuración de sus embotelladoras en el Viejo Continente.

Foto: VÍCTOR LERENA/EFE

Un grupo de trabajadores a la entrada de la fabrica de Coca Cola en Fuenlabrada, en la mañana del lunes. / Víctor Lerena/EFE

La planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, propiedad de la empresa española CC Iberian Partners, ha vuelto a abrir hoy sus puertas. De madrugada y bajo la lluvia. Lo hace con un fin muy diferente al que tenía hasta hace poco más de año y medio. Ya no será la principal fábrica de refrescos de la multinacional para el interior de la Península, sino un centro logístico desde el que distribuir sus productos. Tendrá una plantilla significativamente menor, pero para los sindicatos su reapertura es una victoria.

La factoría madrileña se convirtió en el símbolo de la resistencia de los trabajadores en contra de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, inicialmente, a principios de 2014, afectó a 1.200 trabajadores. La cifra de despidos se rebajó hasta 840 personas e incluyó a los empleados de las cuatro plantas españolas que Coca-Cola no consideraba estratégicas, situadas en Madrid, Baleares, Asturias y Alicante.

Tras meses de protestas y actos en contra del cierre, el futuro de la instalación de Fuenlabrada se despejó la pasada primavera. El Tribunal Supremo anuló en mayo el ERE, al entender que la compañía había vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores, e instó a la empresa a readmitirlos. En su opinión, Iberian Partners vulneró los derechos de su plantilla al minimizar el impacto de la huelga incrementando la producción y la distribución desde otras fábricas españolas, para que los consumidores no percibieran la falta de productos como consecuencia del paro.

Pese a la anulación del ERE, no todos los trabajadores despedidos volverán a sus puestos de trabajo. En este año y medio, más de 300 empleados han aceptado las condiciones propuestas por la empresa. Coca-Cola Iberian Partners, además, ha asumido la reapertura de la instalación madrileña pero no la de los otros tres centros de producción clausurados. Quienes trabajaban esas tres fábricas deberán encontrar una alternativa laboral en las otras ocho plantas de refrescos que la compañía mantiene abiertas. A ellas se suman, además, seis manantiales de agua mineral y una envasadora de zumo concentrado.

En el caso de Fuenlabrada, tras la reapertura, sólo volverán a ella 85 trabajadores, los que se dedicaban a labores logísticas antes del cierre. Queda por saber qué ocurrirá con los otros 135 empleados, los que se dedicaban a producir el refresco y que, de nuevo, confían su futuro a los tribunales. En este caso, a la Audiencia Nacional, donde en los próximos días se resolverá si el regreso de los trabajadores diseñado por la empresa es irregular, como aseguran los sindicatos.

Una integración progresiva

La historia de las embotelladoras de Coca-Cola en España está marcada por un continuo proceso de integraciones. La compañía llegó a la Península en 1951 cuando la familia Daurella, la misma que hoy controla Iberian Partners. se hizo con la primera licencia para producir en Cataluña refrescos a partir del concentrado inventado en Atlanta. Se dice que, antes de Daurella, el millonario mallorquín Juan March rechazó ser el licenciatario de Coca-Cola, al no ver futuro al refresco.

En sólo dos décadas, se multiplicaron los licenciatarios regionales de la fórmula, hasta superar los 40. Unas licencias que siempre se ha vinculado a apellidos de renombre: los Gómez Trenor, Víctor Urrutia, Jaime Castellano o las familias Comenge, Mora-Figueroa, Bohórquez, Sáenz de Vicuña y Álvarez de Estrada han estado, o están, ligados a la historia del refresco en España.

En la foto, un trabajador y su pareja celebran la vuelta al trabajo. EFE/Víctor Lerena

En los 90, bajo el auspicio de la multinacional, el número de envasadoras se redujo a 13 y, después, a siete: Casbega, Colebega, Rendelsur, Norbega, Begano, Asturbega y Cobega. Esta última, la de los Daurella. En 2013, desde Atlanta se impulsó la fusión de las siete empresas españolas. Un proceso similar al que ya se había realizado en otros países, con el objetivo de reducir costes y simplificar procesos. Nació, así, Iberian Partners con una facturación de cerca de 3.000 millones de euros.

The Coca-Cola Company buscaba ahorrar pasos e interlocutores en el proceso de producción. El grupo opera en todo el mundo de forma dual. Por un lado, gestiona sus propias filiales que, básicamente, se centran en el márketing, la publicidad y en la gestión de grandes clientes. Por otro, cede la licencia de su receta de refrescos a socios locales por un periodo de tiempo determinado, aunque también tiene sus propias embotelladoras. La fusión de las empresas españolas se planteó como condición indispensable para que la compañía dirigida por Muhtar Kent volviera a ceder su fórmula a sus socios ibéricos.

La nueva Coca Cola Europa cotizada en España

La integración de las siete embotelladoras y el ERE posterior no es el último paso de la integración. Ahora toca hacerlo a escala europea. En agosto, el grupo estadounidense propició la fusión de Coca-Cola Enterprises, que operaba en Reino Unido, Francia, Países Bajos y Escandinavia con sus homólogas de Austria y Alemania (Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG), además de Iberian Partners. El nuevo fabricante de refrescos producirá para 13 países y más de 300 millones de potenciales consumidores. Las ventas consolidadas de la nueva Coca-Cola European Partners alcanzarán los 12.600 millones de dólares (cerca de 11.300 millones de euros) y su Ebitda (resultado bruto de explotación), los 2.100 millones de dólares.

Cotizará en Madrid, Amsterdam y Nueva York, con una valoración que se situará en torno a los 28.000 millones de euros (20.000 millones si se excluye su deuda). Iberian Partners será uno de los accionistas de referencia de la nueva compañía, con el 34% de las títulos, mientras que Coca-Cola Enterprises, que ya cotiza en Nueva York, será el principal socio del nuevo grupo, con el 48% del capital. Aunque Sol Daurella, presidenta de Iberian Partners, ocupará el mismo cargo en la nueva compañía, la toma de decisiones sobre el negocio ibérico ya no se decidirá desde las oficinas en Madrid sino en Londres, donde tendrá la sede el futuro embotellador. Por el momento, no se ha comunicado cómo se conseguirán los ahorros previstos con la nueva integración, que se estiman entre 350 y 370 millones de dólares. El cierre de más plantas planea sobre las fábricas europeas, también las españolas.

Un cuadro histórico aparece 100 años después en el Museo Cerralbo partido en 21 trozos

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Un siglo después de que se diera por destruido en el incendio que devastó el Tribunal Supremo el 4 de mayo de 1915, un cuadro histórico, El desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa María, ha aparecido en el Museo Cerralbo. El enorme lienzo, de 4,62 cms de alto por 7,30 de ancho, se encuentra ahora fragmentado en 21 trozos. Uno de ellos volverá a exhibirse la próxima semana en el Palacio de las Salesas.

En la imagen, una copia del cuadro original, realizada por Aparicio en un tamaño más pequeño, que se conserva en el Museo del Romanticismo.

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Una copia del cuadro original, realizada por Aparicio en un tamaño más pequeño, se conserva en el Museo del Romanticismo

Ironía de la historia: El desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa María, que inmortalizó el acontecimiento que dio paso a la Década Ominosa y, con ella, a la fulminante supresión del Supremo creado por la Constitución de 1812, fue precisamente uno de los cuadros elegidos para ser exhibido en el Alto Tribunal en 1883, cuando el Museo del Prado lo entregó en depósito junto a otras 86 obras.

El severo rostro del monarca absolutista en el momento de ser recibido por el duque de Angulema, encargado por la Santa Alianza de restituirle en sus poderes frente a las Cortes liberales, pudo ser contemplado hasta el 4 de mayo de 1915 en la antesala que precedía a las Salas Primera y Segunda.

Era un “aparatosísimo” lienzo– según lo describió el humanista Elías Tormo, miembro del Patronato del Museo del Prado en esa época- que servía de “distracción de los abogados vestidos de toga a la espera de las vistas” por el gran número de personajes que en él aparecían. Incluso “en los últimos años se había colocado, para descifrarlos, un cuadrito al pie en el que, numeradas las siluetas, se ofrecían los nombres de muchos de ellos”.

Mayor tasación que un ‘goya’

El alicantino José Aparicio, pintor de cámara de Fernando VII y que, junto a José de Madrazo y Juan Antonio de Ribera, es exponente de la escuela neoclásica, retrató a más de medio centenar de celebridades del siglo XIX: los miembros de la familia real, militares franceses y españoles y representantes de la nobleza y del clero. Hasta las nodrizas de los infantes, los maceros del Ayuntamiento de El Puerto y el patrón de la falúa real tuvieron su sitio en un cuadro que Aparicio tardó en realizar cuatro años y que llegó a tasarse en 180.000 reales a la muerte de Fernando VII. Como sorprendente referencia comparativa, La Familia de Carlos IV de Goya no pasó de 80.000.

Obsesionado con la reproducción fiel de los detalles, Aparicio se desplazó a El Puerto pocas semanas después de la “liberación” de Fernando VII y en noviembre ya había dibujado la barcaza tal como se encontraba en el momento del desembarco, el 1 de octubre de 1823. Terminó el cuadro en 1827 y el Rey dispuso que se presentara al público en la exposición que en septiembre de ese año se celebró en la Academia de San Fernando, según una investigación del historiador del arte Enrique Pardo Canalís. Luego se llevó al Real Museo de Pinturas, antecedente de El Prado.

Una real orden de 9 de marzo de 1883 autorizó el traslado de la tela al monasterio de las Salesas, incautado 13 años antes por el Estado para ser la sede del Tribunal Supremo.

Cuenta Tormo en un relevante artículo publicado en junio de 1915 (“La galería de cuadros del incendiado Palacio de Justicia”) que, saturado El Prado de obras pictóricas procedentes de la desamortización, “comenzó el desfile de miles y miles de lienzos para depósitos en palacios, ministerios (…) y otros centros”.

Lo que pasó en el Palacio de Justicia es que “allí el magistrado encargado de procurar selección en el envío de depósitos era un conocido poeta y un amante de las artes, don Joaquín José Cervino” y fue él quien acudió a elegir los cuadros que habían de trasladarse al Tribunal Supremo “cuando todavía de ellos no había salido a depósitos lo mejor de lo que había de salir”.

“Se ha quemado”

A las Salesas llegaron, de ese modo, obras de Alonso Cano, Ribera, Lucas Jordán… y el lienzo de Aparicio. Las últimas referencias que tenemos de él coinciden en que desapareció en medio de las llamas que redujeron el Palacio de Justicia a poco más que a muros y paredes maestras el 4 de mayo de 1915.

El periódico La Época del día siguiente aseguraba que “entre los objetos de valor destruidos por el fuego figura un Cristo de Alonso Cano (…) También ha sido destruido un cuadro de enormes dimensiones que representaba el Desembarco de Fernando VII en Cádiz”.

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Imagen del incendio que sufrió hace 100 años el Tribunal Supremo.

Elías Tormo también afirmó en el artículo citado que “el gran cuadro (…) del desembarco de Fernando VII en la isla de León, al ser libertado de los constitucionales por el duque de Angulema y los cien mil hijos de San Luis, se ha quemado”.

Y aún hoy la ficha que puede consultarse en la Red Digital de Colecciones de Museos de España, dependiente del Ministerio de Educación, refleja que El Desembarco quedó “destruido en el incendio del Convento de las Salesas reales de Madrid en 1915 (…)”.

Según fuentes del Supremo, a principios de este año la directora del Museo Cerralbo, Lurdes Vaquero, se puso en contacto con la oficina del presidente del tribunal para informar de que en los almacenes del museo se encontraba “un cuadro quemado” que en su día había estado depositado en el Palacio de las Salesas. Tanto el presidente del TS como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid forman parte del patronato de la Fundación Museo Cerralbo ya que así lo dispuso el XVII marqués, Enrique de Aguilera y Gamboa, al donar su legado artístico a la nación española en 1922. [El actual presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha asistido nunca a las reuniones del patronato, delegando en el presidente del TSJM, Francisco Vieira].

A raíz de esa llamada, una veterana y eficaz documentalista del Alto Tribunal, María Luisa Román, empezó a investigar tanto el incendio de 1915 como el expediente de El desembarco y, con sus conclusiones, responsables del TS visitaron el Cerralbo con la pretensión de que el cuadro volviera a vestir las paredes del Palacio de Justicia. No ha sido posible: en el Cerralbo se les aseguró que el lienzo está ahora fragmentado en 21 trozos que necesitan ser restaurados para su exhibición. Finalmente, uno de los fragmentos, el del retrato de Fernando VII, va a ser mostrado en la exposición que, con motivo del centenario del incendio, se inaugurará el próximo día 11.

El misterio

Quién sacó el cuadro del Supremo, quién lo troceó y cómo fue a parar a lo que, hasta la aceptación por el Estado del legado de Aguilera y Gamboa en 1924, era una una colección privada forma parte del misterio. La directora del Museo Cerralbo, que atendió amablemente a EL ESPAÑOL, declinó hacer declaraciones al tratarse de un “asunto delicado”. Vaquero, no obstante, ha anunciado su participación en una mesa redonda que se celebrará también el día 11 en el TS.

Este periódico se dirigió igualmente al Ministerio de Educación, que en la tarde de ayer informó de que “la obra, fragmentada en varios lienzos -13 retratos y ocho fragmentos-, fue adquirida en los años 20 en el rastro por el XVII marqués de Cerralbo, Don Enrique de Aguilera y Gamboa, quien a su vez ordenó su restauración para salvaguardar este patrimonio que, en un principio, se identificó como autoría de otro pintor de corte como es José Camarón y Bonanat. La obra recuperada por el marqués de Cerralbo estaba ya incompleta y recortada cuando se adquirió, habiendo sobrevivido un 75-80% del lienzo original”.

Según el Ministerio, gracias a la documentación que se conservó del lienzo, que fue fotografiado por Juan Cabré, primer director del Museo Cerralbo, en 2014 Pilar Tébar Martínez, de la Universidad de Alicante, publicó el artículo “José Aparicio Inglada: de Alicante a la corte de Fernando VII”, identificando los fragmentos con la obra que se creía desaparecida de Aparicio.

“Comienza así una intensa colaboración entre los técnicos del Museo Cerralbo y del Museo Nacional del Prado que ha permitido, entre otros aspectos, la digitalización de todos los fragmentos conservados, el acondicionamiento físico de parte de la obra que aún estaba enrollada (…) y la regularización administrativa de la adscripción de la obra como fondo fundacional del Museo Nacional del Prado”, añade Educación.

De acuerdo con documentos del Museo Cerralbo, la obra de Aparicio ingresó en 1927 por legado de Amelia del Valle y Serrano procedente de la casa que la familia tenía en Santa María de Huerta (Soria). Segunda marquesa de Villa-Huerta, Amelia del Valle era hijastra de Enrique de Aguilera y Gamboa y, a la muerte de éste en 1922, se encargó de cuidar de la colección y asegurar su trasmisión al Estado, tal como estableció el marqués en su testamento, del que Amelia fue albacea.

¿Existe alguna otra obra u objeto procedente del Palacio de las Salesas en poder del Cerralbo? En el Tribunal Supremo creen que sí, pero desde el museo se niega. Por el momento, al menos la parte del cuadro que inmortalizó al Rey que quiso abolir el Supremo volverá a exhibirse en él. Larga vida al Tribunal.

 

El Tribunal Supremo acuerda tramitar una demanda que cuestiona a su presidente

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite la demanda presentada por cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión, promovida por el presidente, Carlos Lesmes (en la foto), de no renovar la Comisión Permanente, el núcleo de poder del CGPJ.

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El Tribunal Supremo tramitará una demanda que afecta a su presidente, Carlos Lesmes, como máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Después de cuatro meses de debate, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado la insólita decisión de admitir a trámite el recurso promovido por cuatro vocales del CGPJ contra el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente.

Este órgano se ha convertido en el núcleo de poder del Consejo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por el PP en junio de 2013. Presidida por Lesmes, sólo cinco de los 20 vocales forman parte de la Comisión Permanente, que ha sumado a sus tradicionales competencias ejecutivas la función de la desaparecida Comisión de Calificación (proponer los nombramientos para cargos judiciales), además de supervisar la actividad de la Inspección y del promotor de la acción disciplinaria (el instructor de los expedientes contra los jueces).

Únicamente esos cinco vocales -que en un futuro próximo serán siete, tras otra reforma que acaba de ser aprobada- tienen dedicación exclusiva en el CGPJ. Los demás simultanean el cargo en el Consejo con su profesión jurídica o judicial, lo que les impide no ya participar sino incluso estar al corriente de la actividad cotidiana de la institución.

La Comisión Permanente diseñada por Lesmes en enero de 2014, recién constituido el nuevo CGPJ, fue renovada tal cual hace seis meses con el solo cambio de Nuria Abad (propuesta por el PP) por Mercé Pigem (CiU). Esta última dimitió tras ser ser sorprendida en noviembre de 2014 por la Guardia Civil entrando en España desde Andorra con 20.100 euros en efectivo. El resto de los elegidos son dos consejeros propuestos por el PP, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán, y otros dos por el PSOE, Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta.

La propuesta de Lesmes de mantener durante 2015 la misma composición de la Permanente fue la única que se votó en el Pleno del Consejo el pasado 29 de enero y resultó aprobada por 14 votos frente a 7. Cuatro de las vocales discrepantes -Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, propuestas por el PSOE e IU- interpusieron en marzo ante el Tribunal Supremo una demanda, con una posterior ampliación, en la que impugnaban la decisión por defectos formales y por haberse incumplido, a su parecer, la previsión legal que literalmente establece que “se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente”.

Dudas de legitimación

En una resolución ya firmada de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Garzón, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que la ampliación de la demanda, referida a los defectos formales de la decisión del Consejo, fue presentada fuera de plazo. Pero ha aceptado revisar el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente, dejando para el momento de la sentencia los problemas de legitimación de las vocales para impugnar un acuerdo emitido por el órgano del que forman parte.

Fuentes del tribunal indicaron que las dudas de legitimación que plantea el caso han cedido a favor de la tutela judicial porque la decisión del CGPJ de no cambiar la Comisión Permanente afecta a la esfera de derechos e intereses de las consejeras demandantes, incluidas sus retribuciones.

La decisión de la Sección Primera ha coincidido con el proceso de elección del nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cargo para el que ha sido nombrado, con notable controversia, el magistrado Luis María Díez-Picazo. Su antecesor, José Manuel Sieira, y otro aspirante al puesto, Jorge Rodríguez-Zapata, han formado parte del tribunal que ha admitido a trámite la demanda que cuestiona la actuación de Lesmes en el CGPJ. Sieira y Rodríguez-Zapata, no obstante, no tenían la llave de una Sección formada por seis magistrados y que ha resuelto sin formulación de votos discrepantes.

 

 

21.000 voces contra la ‘politización’ y la falta de medios de la Justicia en España

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La Agrupación de Jóvenes Abogados, integrada en el Colegio de Abogados de Madrid y que engloba a 21.000 letrados, presentará este miércoles a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo un informe sobre la situación de la Justicia en España. En él denuncia la “intromisión del Ejecutivo en la Judicatura” a través del control de la elección del Consejo General del Poder Judicial, encargado de los nombramientos de los jueces.

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La Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid busca que el Parlamento Europeo “tome conocimiento” de la situación de la Justicia en España, caracterizada, a su parecer, por la “intromisión flagrante” del Ejecutivo y por una “carencia de medios estructurales” que ralentiza la labor de los jueces y “atenta contra las garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Así consta en el escrito que la organización ha preparado para la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y que será registrado en Bruselas dentro de 48 horas. El presidente de AJA, Juan Gonzalo Ospina, espera que la comisión admita a trámite la queja -“representamos a 21.000 abogados colegiados”, enfatiza- y convoque una audiencia que le permita dirigirse personalmente a los eurodiputados.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede enviar una petición al Parlamento Europeo, de forma individual o en asociación con otros, sobre un asunto relacionado con los ámbitos de actividad de la UE. Puede tratarse de una solicitud particular, una queja, una observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario o un llamamiento para que el Parlamento Europeo tome posición sobre una cuestión concreta. Según figura en la página web de la institución, estas peticiones dan al Parlamento Europeo “la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución”.

Nombramientos judiciales

Lo que AJA pretende es que el Parlamento Europeo “urja” al Gobierno español a revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en particular, el sistema de nombramiento de los cargos discrecionales: magistrados del Tribunal Supremo y presidentes del Tribunales Superiores y Audiencias, las “piezas clave en la arquitectura jurisdiccional del Estado español”.

“Se encuentra muy difundida entre la sociedad española la sospecha de que tales puestos se cubren atendiendo a criterios ajenos al mérito jurídico y muy vinculados a ‘consideraciones espurias’ como la ‘empatía personal’, la ‘afinidad ideológica’ o la ‘adscripción asociativa'”, señala.

A su juicio, el problema radica en que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano encargado de efectuar esos nombramientos, se compone de vocales “elegidos por los grupos políticos”. “Es cierto que los magistrados no son elegidos directamente por los políticos, pero es innegable que existe una profunda y perniciosa influencia de éstos en los nombramientos”, sostiene.

La solución “definitiva” pasa “obligatoriamente” por una reforma legal que “desvincule el gobierno judicial del poder político”. Y ello “requiere simplemente que los miembros del CGPJ sean elegidos democráticamente por y entre los propios jueces”, esto es, que “se vuelva” a la interpretación inicial del artículo 122.3 de la Constitución española (“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”).

Los 12 vocales del CGPJ de origen judicial fueron elegidos por y entre los propios jueces en 1980, cuando se constituyó el órgano de gobierno de la Judicatura. El PSOE modificó la ley en 1985 y entregó al Parlamento la designación de todos los consejeros. Aunque el PP prometió en su último programa electoral reinstaurar la fórmula de 1980, en realidad ha consolidado la elección parlamentaria de los miembros del Consejo.

Es preciso “impedir todo cuanto favorezca la designación de amigos políticos en la Judicatura”, afirma AJA, que considera que debe pensarse en fórmulas novedosas que garanticen que los cargos discrecionales de la Administración de Justicia sean designados “exclusivamente por mérito y capacidad”. Junto a una revalorización del criterio objetivo de antigüedad en la carrera judicial, el escrito propone otros mecanismos consultados con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Entre ellos figura la preselección de candidatos mediante votación (“un juez, un voto”) en el ámbito territorial del cargo al que se opte.

Lentitud e impunidad

Para AJA, otro de los “grandes problemas” de la Justicia española es su “traumática lentitud”, con la “consecuente pérdida de eficacia de la doctrina juriprudencial que, cuando llega, en ocasiones llega tarde, asentando criterios interpretativos de realidades ya inexistentes o diferentes. Todo ello alimenta la inseguridad jurídica y el desconcierto de los ciudadanos, espanta a los inversores y relativiza el fundamento del Estado de Derecho”.

En el caso de la jurisdicción penal, la demora “genera una preocupante alarma social y un cierto sentimiento de impunidad, por cuanto una condena tardía, unida igualmente a un resarcimiento de la víctima (o de la entera sociedad en asuntos de corrupción) en los términos que corresponda, que se produce varios años después de cometido el ilícito refleja un absoluto desinterés del Estado para con sus ciudadanos”.

AJA cree que las principales causas de esta “lamentable imagen” que ofrece la Justicia en España son la carencia de medios, la irregular distribución de las cargas de trabajo por un ineficiente reparto de los asuntos judiciales, la falta de jueces y la necesidad de nuevos juzgados y tribunales que puedan atender las demandas de los ciudadanos.

Junto a ello, el escrito denuncia que se producen “constantes vuelcos al ordenamiento jurídico, inspirados por pactos políticos cuando no por el partido mayoritario en turno, que provocan inflación legislativa, de cuestionable calidad técnica y con un espíritu más atento a intereses coyunturales que a los requerimientos de orden, igualdad y seguridad jurídica del Estado de Derecho”.

“Tal desbocamiento legislativo”, afirma, “afecta irremediablemente a nuestros jueces, que (…) aplican e interpretan cada vez normas diferentes, lo que provoca una progresiva disminución de la eficacia de la jurisprudencia cuyos criterios tardíos, pocas veces uniformes y sostenidos en el tiempo, vienen a solucionar una problemática ya solventada o sustituida por otra de índole distinta”.

La legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos: un fallo controvertido

 

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La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo plantea una cuestión de fondo: si la Corte ha sobrepasado una línea roja al imponer, por una precaria mayoría, su particular visión sobre el asunto invadiendo el terreno de los legisladores. Los cuatro magistrados disidentes -entre ellos el juez Roberts, presidente del tribunal- creen que el Supremo se ha anticipado a las normas que cada Estado quiera darse.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizó el pasado 26 de junio, por cinco votos contra cuatro, el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados que forman la Unión. La reacción a esta decisión ha sido celebrada de manera unánime por el oficialismo político de ambos lados del Atlántico sin prestar atención quizá a lo que verdaderamente se ventilaba en este asunto. Cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre el matrimonio, legítimas todas, pero este hecho no es el que se decidía en el caso presentado ante el más alto tribunal estadounidense. O, al menos, así era en un principio.

Muy pocos parecen haber reparado en lo que sostienen los cuatro magistrados disidentes, entre los que se encuentra el propio presidente del Tribunal, el juez Roberts, y el más antiguo miembro de la Corte, el controvertido a la vez que respetado juez Scalia. La lectura de las primeras páginas del voto particular redactado por Roberts (al que se unen Scalia y el juez Thomas) es una lección magistral sobre las raíces del Estado liberal y el papel que la Constitución de 1787 otorga a los tribunales.

La capacidad de legislar corresponde en exclusiva a los miembros de la comunidad y se articula a través del proceso político de decisión mediante la elección de aquellos ciudadanos que habrán de ejercer la representación ante las cámaras legislativas. Así, la labor de los tribunales no es otra que hacer cumplir las leyes que, fruto del pacto social, se han dado los hombres para poder desarrollarse en libertad y paz. El Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la ley y le corresponde interpretar en último término la propia ley de leyes, es decir, la Constitución. Pero, ¿qué ocurre cuando el máximo intérprete se adelanta al proceso de decisión político o invade el terreno que a éste le corresponde? Los magistrados disidentes denuncian que exactamente eso es lo que ha ocurrido en la decisión mayoritaria.

Sin entrar a valorar la conveniencia o no del matrimonio entre personas del mismo sexo, estos jueces afirman que bajo la Constitución es al legislador, en primer lugar, al que corresponde decidir sobre este tipo de cuestiones. Ya sea estatal o federal, el poder legislativo representa el sentir de la mayoría de los votantes y, por lo tanto, es el que tiene la legitimidad democrática para imponer las normas que han de regir a la comunidad. El Poder Judicial habrá de velar por que esas normas se cumplan y que ni los ciudadanos ni las instituciones actúen en contra de ellas. Los tribunales son los guardianes de la libertad individual de los ciudadanos frente a los eventuales quebrantos que puedan producirse, vengan desde intereses particulares o desde las propias instancias del poder.

Anticiparse al legislador

En el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, los magistrados disidentes sostienen que el tribunal está imponiendo la visión particular de cinco jueces sobre un tema que corresponde únicamente al legislador. Se menciona la situación de Massachusetts, California y otros Estados en los que ese tipo de matrimonios es legal después de que los correspondientes Parlamentos hayan aprobado normas en ese sentido. En estos casos la decisión ha sido impecable y acorde con la legalidad, dicen. Lo que no puede hacer el Supremo es anticiparse a las normas que las comunidades quieren darse.

Como ejemplo de Estado federal por antonomasia, en Estados Unidos cada territorio tiene amplios poderes legislativos. Ello explica que se produzcan diferencias importantes, como el hecho de que en algunos lugares exista la pena de muerte y en otros no, se pueda vender y consumir marihuana o que la regulación sobre la tenencia y uso de armas sea tan distinta en función de dónde nos encontremos.

Todas estas circunstancias reflejan la pluralidad de una nación con sensibilidades muy diversas, que la propia Constitución protege y ampara. Lo que hace el Tribunal Supremo en este caso es invadir una competencia de decisión que corresponde únicamente a los Estados, sostienen los discrepantes. El juez Scalia recuerda en su voto particular los mecanismos existentes para cambiar las normas y anima a los partidarios de una u otra posición a realizar campaña en el sentido que deseen para cambiar la ley, pero considera que en ningún caso puede corresponder a nueve jueces no elegidos democráticamente la función de imponer su visión particular sobre un tema debatido y debatible sobre el cual la Constitución se mantiene silente.

Esta sentencia, con sus correspondientes votos particulares, será estudiada por las generaciones venideras, ya que modifica y establece un nuevo marco de actuación de los tribunales. Hasta la fecha, el Tribunal Supremo había sido muy cauto en la determinación de las competencias que corresponden a cada uno de los tres poderes, a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos, donde los Tribunales Constitucionales (son lo órganos que más se le parecen) se pronuncian continuamente sobre cuestiones de índole político y ello sobre la base en una interpretación extensiva del ámbito constitucional.

Siguiendo la línea argumental de los jueces disidentes, no estaría de más preguntarnos si no resulta peligroso sobrepasar ciertas líneas rojas, por más que sea por una noble causa. En esto estamos en muchos países europeos y parece que ahora también en Estados Unidos.

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José Manuel Maza Muriel, es abogado y Máster en Derecho y Arbitraje Internacional por la Universidad de Georgetown.