Convergència intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la ayuda de varias constructoras

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

Fotografía: Marta Pérez / EFE

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones. 

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones.

Las pruebas preliminares se encuentran en los correos decomisados en la sede del partido durante la segunda fase de la Operación Petrum. Los autores de esos correos son el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, y su antecesor en el cargo Daniel Osácar, que hacen peticiones a varias adjudicatarias de obra pública en Cataluña para que modifiquen las fechas en las que aprobaron las donaciones a su fundación, CatDem.

Según la legislación española, las donaciones de empresas privadas a partidos políticos deben estar aprobadas formalmente por su consejo de administración. En los correos incautados, los dos tesoreros de Convergència intentan que las empresas adjudicatarias modifiquen la fecha de algunos de estos acuerdos. Con ello, y según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, los tesoreros de Convergència intentan desvincular las donaciones entregadas a su fundación con las concesiones de obra pública y dificultar por tanto la investigación.

En uno de los documentos intervenidos, el ex tesorero Daniel Osácar, que gestionó durante años las finanzas de Convergència y que en apariencia estaba apartado de estas funciones, habla con el empresario Carlos Sumarroca. El máximo responsable de la empresa Teyco le alerta de que han recibido una petición de documentación por parte del Tribunal de Cuentas y le pide instrucciones sobre la forma de proceder. Esta constructora está acusada de pagar comisiones del 3% sobre varias concesiones de obra pública obtenidas en ayuntamientos de Tarragona.

Constructoras de confianza

Entre la documentación que custodia ya el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell se encuentran más de 1o.000 correos electrónicos extraídos de la red interna de Convergència (no de su fundación ya que los ordenadores se guardaban en la sede del partido) y varias cajas con documentos físicos que los investigadores consideraron de importancia para la causa.

Sin embargo, tal y como publicó el diario ABC, un documento llamó especialmente la atención de los investigadores: un listado donde figura una veintena de empresas, constructoras y otras adjudicarias de concursos públicos en Cataluña que la Guardia Civil considera de confianza para Convergència.

En este grupo aparecen empresas como Teyco o Copisa, vinculada al caso Palau. También el Grup Soler, donde se concetran las peticiones para que las empresas modifiquen sus datos frente al tribunal de cuentas. El juzgado encargado del caso trabaja con la tesis de que Convergència creó un sistema clientelar para enmascarar las donaciones que funcionaba en dos fases. Por un lado, los empresarios hacían llegar al partido correos electrónicos asépticos sobre sus donaciones y las licitaciones de obra donde pretendían presentarse. Por otro, enviaban documentos manuscritos o concertaban encuentros verbales para amañar las adjudicaciones.

Como ejemplo, en el despacho de Andreu Viloca, los agentes encontraron una tarjeta de visita de una de estas empresas con una leyenda en el dorso escrita a mano: “Te he enviado por correo dos listados. Uno con las licitaciones en las que no ha habido suerte y otro con aquellas en las que ha habido suerte”.

La derrota le cuesta al PP al menos cinco millones de euros

Es la cifra que podría perder con respecto a las subvenciones que recibió en 2011. Si el partido ha destinado a la campaña menos de lo asignado, recibe ayudas para cubrir esa cifra y las administraciones se ahorran el resto. Podemos y Ciudadanos aparecen, por primera vez, entre los más premiados.

Es la cifra que podría perder con respecto a las subvenciones que recibió en 2011. Si el partido ha destinado a la campaña menos de lo asignado, recibe ayudas para cubrir esa cifra y las administraciones se ahorran el resto. Podemos y Ciudadanos aparecen, por primera vez, entre los más premiados.

El revolcón en autonomías y municipios no sólo ha afectado a la composición de las administraciones públicas sino también al reparto de subvenciones asignadas a cada partido para costear la campaña electoral, vinculadas directamente a los resultados. A más votos y escaños, más euros. Eso sí, siempre se trata de cantidades asignadas. Lo que reciba finalmente cada formación dependerá de cuánto haya gastado en campaña, puesto que el sistema sólo subvenciona los costes reales.

Este sistema provoca que algunos partidos (ocurrió con Podemos en las elecciones europeas) gastan mucho menos de lo que acaban recibiendo y terminan por ahorrarle cientos de miles de euros a las arcas públicas. Otras veces ocurre lo contrario: que el PP gaste 2,5 millones más de lo que recibió en ayudas y el PSOE se pase de la cifra en 1,3 millones y que ambos partidos se endeuden más de la cuenta a la espera de obtener unos resultados que nunca llegan.

Con el escrutinio en una mano y las normas autonómicas y municipal en la otra, he realizado la mejor estimación posible de las cantidades asignadas a los principales partidos políticos. La cifra exacta y final dependerá de distintos aspectos: el gasto que pueda justificar cada uno de ellos, el baile final de cifras con los resultados definitivos (los correspondientes a las municipales han sido extraídos cuando el recuento estaba al 99,48% del escrutinio) y las asignaciones derivadas de algunas coaliciones no asignadas.
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La caída del PP en los resultados se traduce en una caída en su asignación. En concreto, ha pasado de los más de 21 millones asignados en 2011 a poco más de 16 millones este año, lo que supone una pérdida de cinco millones de euros. Estas cifras representan los cálculos totales por escaño y voto, sumando autonómicas y municipales, no el dinero efectivamente recibido. De hecho, en 2011 el límite en concurrencia (que se marca cuando participan en más de un proceso electoral a la vez) impedía al partido superar los 19,2 millones de gasto, por lo que no podría justificar, en ningún caso, más de esa cifra.

A esto hay que sumarle, tanto entonces como ahora, unos 9 millones para sufragar el envío de propaganda electoral. En total, el reparto electoral les asignaría para 2015, si pueden justificar esos gastos, unos 25 millones de euros.

Según un artículo publicado en El País (la página web del partido no muestra su presupuesto de campaña), el partido había asignado a estas elecciones 20,5 millones de euros. Si ése fuera su gasto final, ahorrarían a las arcas públicas varios millones de euros. Al igual que el resto de los partidos, el PP no dice cuál ha sido su gasto final y por tanto no sabremos si ha gastado más o menos de lo que puede recibir hasta que se publique la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

El PSOE también pierde en ayudas con respecto a los comicios de 2011 aunque de una forma menos brusca: pasa de 15,8 millones a los 13,8 consignados tras los resultados de ayer. Una merma que roza los dos millones menos. El partido recibiría además otros nueve millones para sufragar sus papeletas, una cifra muy similar a la del PP. En total, 22,8 milllones. ¿Los cobrará? El partido no informa de cuál es su presupuesto de campaña. Según la misma noticia de El País estaría establecido en 7,8 millones. Una cifra mucho menor que la asignada.

Los nuevos partidos

La aparición de Podemos y Ciudadanos les podría reportar cuantiosas ayudas. El partido liderado por Albert Rivera, que en 2011 sumó menos de 6.000 euros gracias a sus 12 concejales en las municipales, pega el salto y supera los 2,8 millones por escaños y votos en los comicios celebrados ayer. A esa cifra se suman otros 4,7 millones para envío de propaganda electoral, que se deben justificar por separado. Si  ha gastado ese dinero, el partido de Rivera puede llegar a cobrar hasta 7,5 millones de euros. Su presupuesto, según la web del partido, era mucho menor: apenas 1,25 millones de euros.

Podemos podría recibir más de tres millones por escaño y votos y casi millón y medio por envío de papeletas. Aunque el presupuesto de campaña no ha sido establecido, el sistema de microcréditos del partido (que supera por poco el millón de euros) no alcanza ni de lejos la suma de más de cuatro millones y medio que le tocaría en el reparto, por lo que será uno de los partidos que ahorre dinero a las arcas públicas.

El batacazo de UPyD también tiene castigo en euros: pasan del medio millón recibido hace cuatro años a sumar unos 800.000 euros para envío de papeletas; a superar por poco los 50.000 euros y 27.000 para propaganda. De 1.300.000 euros a 77.000.
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Así se hace el reparto

Para alcanzar estas cifras se utiliza un complejo sistema de cálculo basado en los resultados. En concreto, en las municipales cada concejal vale 270,90 euros y cada voto, siempre que se haya obtenido representación, 0,45 euros tal y como se publicó en el BOE el pasado tres de abril. Las cantidades asignadas a cada formación no pueden superar el límite de gasto establecido en la misma normativa. A todo esto se le suma la ayuda por envío de propaganda electoral, que en 2015 ha sido de 0,22 euros por elector. Para acceder a estas subvenciones es necesario presentarse y obtener representación en la mitad de los municipios de una provincia.

Ésa es la razón por la que la candidatura de Ahora Madrid, centrada únicamente en la capital, se queda fuera de estas ayudas. Eso sí, le corresponden unos 285.000 en la asignación por concejales y votos. Teniendo en cuenta que, según el presupuesto publicado en su página web, prevén haber gastado menos de 160.000, podrían ahorrar más de 120.000 euros a las arcas públicas.

Barcelona en Comú, la candidatura ganadora en las municipales de Barcelona, sí tiene asignada una ayuda para reparto de papeletas (unos 255.000 euros). El motivo es que sus socios de coalición, Entesa e ICV, sí se representan en otros grandes municipios de la provincia. Esta subvención por papeletas se añade a la que reciben por escaños y votos (98.200 euros), lo que les daría un total superior a 350.000 euros. Según su propia página web, su presupuesto ha sido de 160.000 euros, con lo que su prudencia podría significar un ahorro a las administraciones públicas de casi 200.000 euros.

Por otro lado, cada autonomía tiene su particular sistema de distribución de ayudas y establece las cantidades que van desde los más de 20.000 euros por escaño en Madrid y Canarias a los 10.867 de Cantabria o los 10.205 euros de Castilla y León. Además, cada una de ellas marca los límites de gasto y el reparto de ayudas, si los hay, para sufragar el envío de papeletas.

Para poder recibir todas estas ayudas, las formaciones políticas tienen que presentar su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas entre 100 y 125 días después de las elecciones. Es este organismo el que, en su fiscalización, decide qué gastos han estado justificados, cuáles no y cuál es la cantidad que puede recibir cada partido según la asignación oficial.

Puesto que el reparto no llega hasta mucho después de las elecciones, los partidos deben financiar su campaña electoral adelantando el dinero, con préstamos o con sistemas de microcréditos como el de Podemos. Eso sí, las fuerzas políticas que ya han obtenido estas ayudas pueden pedir un adelanto de una parte para la próxima cita electoral del mismo rango.

PD. Gracias a Miguel Ángel Gavilanes por su ayuda con los diferentes sistemas para las autonómicas.

Este artículo fue publicado en el blog ‘El BOE nuestro de cada día’ que puedes seguir aquí.


Consulta la metodología de estos cálculos aquí

Madrid tiene más deuda que Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza juntas

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Según datos del Banco de España, los ayuntamientos españoles tenían una deuda acumulada de cerca de 32.000 millones de euros a finales de 2014. El 18% de esa cifra corresponde al Ayuntamiento de Madrid.  

También en EL ESPAÑOL:

Según cifras del Banco de España, los ayuntamientos españoles tenían una deuda acumulada de cerca de 32.000 millones de euros a finales de 2014. El 18% de esa cifra corresponde al Ayuntamiento de Madrid.


La deuda de Madrid la sitúa como la ciudad más endeudada en términos absolutos. Mantiene este lugar desde 2003, año en que empezó a gobernar Alberto Ruiz-Gallardón. Madrid superó a la Barcelona post-olímpica que desde la década de los 90 se mantenía en la primera posición.

Desde diciembre de 2005, Madrid supera en deuda a la suma del resto de capitales de provincia de más de 500.000 habitantes: Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga y Sevilla. El soterramiento de la M-30, la reforma del palacio de telecomunicaciones, el sueño olímpico… Sólo las obras de la M-30 supusieron pedir una financiación récord de 2.500 millones de euros (a través de la empresa Madrid Calle 30) que en 2011 asumió el ayuntamiento cuando quedaba un saldo pendiente de 2.226 millones.

Esta financiación está concedida a través de dos préstamos sindicados (1 y 2) en los que participan 15 entidades bancarias y el ICO. En los años 2012 y 2013 la deuda viva de Madrid superaba los 7.000 millones de euros. Con el último dato disponible, publicado por el Banco de España y referido a la situación en diciembre de 2014, la deuda había bajado hasta los 5.936 millones de euros.

Entre los años 2007 y 2008, durante el estallido de la burbuja inmobiliaria, la cuarta parte de la deuda de todos los ayuntamientos pertenecía al Ayuntamiento de Madrid. Hoy ha pasado a suponer el 18% del total. El resto de capitales de provincia de más de 500.000 habitantes suman el 11,5% del total de la deuda municipal. A pesar de ser la ciudad que más debe, Madrid es la única que ha bajado su deuda desde el inicio de la crisis. La cifra ha bajado en 745 millones. Es decir, un 11,16%. Barcelona, en cambio, es la que más ha aumentado su deuda desde 2008. 207 millones al cierre de 2014.

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Sin línea de crédito

El nivel de endeudamiento sobre los ingresos es otro de los factores para conocer la salud financiera de los ayuntamientos. Se trata de un porcentaje que mide los objetivos de deuda de las entidades locales. En mayo de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero establecía una serie de medidas extraordinarias entre las que se incluía la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse desde ese momento hasta el año 2012. Después de las críticas de algunos consistorios, el Ministerio de Economía se vió obligado a dar marcha atrás 24 horas después.

Al final la medida entró en vigor el 1 de enero de 2011 y se aplicó en los presupuestos de ese año. Aquellos municipios que superaran el 75% del nivel de endeudamiento respecto al ejercicio anterior no podían seguir pidiendo créditos a largo plazo.

Con la llegada al poder de Mariano Rajoy, se introdujeron nuevos cambios en la normativa. Se sigue fijando el umbral en el 75%. Pero aquéllos que se encuentren en una situación de endeudamiento excesivo podrán endeudarse siempre y cuando no superen el 110% establecido en el Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del año 2004.

Hasta 1.090 municipios de los 7.456 que publicaron información de la ejecución de sus presupuestos para 2013 (no hay información de los municipios del País Vasco y Navarra) presentaron un nivel de endeudamiento superior al 75%. Unas cifras que disminuyen su capacidad de obtener ingresos para pagar su deuda.

La deuda de un 7% de los municipios supera el 110% de los ingresos corrientes. Tres ayuntamientos, entre ellos el de la localidad burgalesa de Monasterio de la Sierra, llegan a superar el 700%. En este mapa se puede ver el nivel de endeudamiento de cada municipio en 2013.

Se podría decir que la deuda municipal ha empeorado en muchos ayuntamientos de España durante esta legislatura. En 2011 sólo 758 municipios (un 10% del total) tenían una deuda que superaba el 75% de sus ingresos . Dos años después, ese porcentaje había subido hasta el 14,6%.

2013 es el último año cuyos datos ha hecho públicos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 589 pueblos han pasado de no rozar el 75% en 2011 a superarlo en el ejercicio de 2013.

Deuda por habitante

Monasterio de la Sierra es también el municipio español que encabeza el ranking de mayor deuda por habitante. A cada uno de los 46 vecinos del municipio le corresponden 8.891 euros. En el otro extremo se encuentran 3.089 municipios, que mantenían el equilibrio presupuestario al final del ejercicio de 2013. Esos 3.089 municipios representan el 38% del total.

Con 7.005 euros más que en 2011, Jalón de Cameros (La Rioja) es el municipio que en términos absolutos más ha aumentado su deuda per cápita. El ayuntamiento publicó en su página web una nota informativa donde explica que la deuda se debe a un crédito bancario pedido en 2013 por el importe de la subvención de una obra que no fue liquidada por la Consejería de Agricultura de La Rioja hasta el año siguiente.

En total, 2.845 municipios (un 35%) han visto crecer sus cifras de deuda desde el inicio de la legislatura. En el otro extremo se encuentran el 31,9% de los consistorios que han logrado reducirla. Entre ellos, 408 ayuntamientos que han conseguido liquidar su deuda al 100%.

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Hasta 17 ayuntamientos de más de 100.000 habitantes tenían una deuda declarada superior a los 1.000 euros por habitante en 2013. Encabeza la lista el municipio de Parla (Madrid) con 2.940,67 euros por habitante. En febrero de este año, su alcaldesa socialista, Beatriz Arceredillo, reconoció que el ayuntamiento tenía una deuda de 550 millones de euros y admitió que en 2014 no pagó la Seguridad Social de sus trabajadores. En esta cifra no está incluida la deuda del polémico tranvía de Parla, que ronda los 180 millones de euros. Debido a esto, el ayuntamiento tiene retenidos los ingresos por el Estado. Arceredillo relevó en noviembre al anterior alcalde, José María Fraile, detenido en la operación Púnica.

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Ingresos de los ayuntamientos

La recalificación del suelo fue una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos durante el boom del ladrillo. La llegada de la crisis económica llevó a los alcaldes a buscar nuevas fórmulas de ingresos y allí estaba el ciudadano. Un informe del Tribunal de Cuentas estudia 1.312 ayuntamientos que en 2012 tenían una población superior a los 5.000 habitantes.
El Tribunal de Cuentas analiza el periodo 2009-2012 y se centra en estudiar los ingresos municipales en el contexto de la crisis económica así como las medidas adoptadas por los consistorios para hacer frente a la nueva situación. En estos ayuntamientos, los ingresos por enajenación de inversiones reales, la partida donde está incluida la venta de suelo, pasaron de los 1.712 millones en 2007 a 384 millones en 2011. Las principales medidas adoptadas pasaron por hacer recortes de todo tipo y por un incremento de la presión fiscal a través de una fuerte subida del IBI y de la revisión de los valores del catastro.

También en EL ESPAÑOL:


 

Nota metodológica: El cálculo para conocer el nivel de endeudamiento de las entidades locales se ha obtenido dividiendo la deuda viva de los entes locales entre los ingresos corrientes de los mismos, multiplicado por 100. Para el análisis de los datos de las capitales de provincia se han tenido en cuenta los publicados por el Banco de España, al estar actualizados a diciembre de 2014. Estos datos pueden guardar diferencias de conciliación con los publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

249 alcaldes piden la reelección el 24M sin rendir cuentas

Los responsables de 336 municipios se saltaron la ley al no presentar sus cifras económicas de 2011, 2012 y 2013 al Tribunal de Cuentas.

Los responsables de 336 municipios se saltaron la ley al no presentar sus cifras económicas de 2011, 2012 y 2013 al Tribunal de Cuentas.

Tiempo de campaña, tiempo de eslóganes. Entre las sempiternas promesas para las elecciones irrumpe con fuerza la palabra transparencia. En un acto de enarbolar más que nadie esta nueva bandera, los candidatos prometen publicar cada uno de los cafés que se tomen en su alcaldía.

Algunos de los que pretenden revalidar su cargo se han olvidado sin embargo de aplicar la transparencia más fundamental: 336 alcaldes se han saltado la ley a lo largo de toda su legislatura al no entregar sus presupuestos municipales de 2011, 2012 y 2013 al Tribunal de Cuentas, según la información que publica el organismo en su página web. Un mandato que está destinado a renovarse o morir el próximo 24 de mayo, día en el que vecinos de 8.117 municipios están convocados para elegir a su nuevo, o no tan nuevo, alcalde o alcaldesa.

Es el caso de El Puerto de Santa María (Cádiz, PP), gobernado por el pluriempleado Alfonso Candón –no es el único, como veremos unas líneas más adelante- y con más de 88.000 habitantes; Los Palacios y Villafranca (Sevilla, IU), con Juan Manuel Valle como alcalde de 38.000 vecinos; o Barbate (Cádiz, PSOE), con una población de 22.800 personas y gestionado por Rafael Quirós.

Responsables de 336 ayuntamientos con distinto color político han incumplido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales año tras año –en vigor desde el 1 de enero de 2004-, que exige a los consistorios entregar sus cuentas para su fiscalización y, en definitiva, para garantizar una adecuada transparencia económica y financiera. En unas semanas 249 de ellos se presentan a la reelección. Otros 31 regidores también van en listas aunque en algunas posiciones por debajo, como apoyo de sus compañeros de formación.

Alfonso Candón Adán, involucrado en la política de El Puerto de Santa María desde 2002 como concejal, es uno de los que se presentan a la reelección. Éste simultaneó su tenencia de alcaldía con un puesto en la diputación provincial de Cádiz, para después ser diputado por el Partido Popular en el Congreso. A día de hoy, tras la renuncia de su predecesor en el consistorio, Candón compagina su actividad en la Cámara Baja –tres comisiones parlamentarias incluidas- con su rol como alcalde y varios puestos orgánicos en el PP.

El veterano Jesús Andrés Sédano, alcalde de Toro (Zamora) desde 1999, consejero general en Caja España-Duero y senador por Castilla y León desde 2004; o Inmaculada Hernández, alcaldesa de La Zubia y diputada provincial de Granada, son otros de los regidores pluriempleados, los tres populares, que no entregaron sus cuentas y piden de nuevo el voto.

Andalucía y Castilla y León

Andalucía y Castilla y León son las comunidades autónomas que ostentan el dudoso mérito a la opacidad en los gastos e ingresos públicos. Ambas aúnan a casi el 74% de los consistorios que han incumplido su obligación de informar, justificar y responsabilizarse de su actividad económica. Zamora y Granada son las provincias con más ayuntamientos (37 y 30 respectivamente) que no aún no han informado al Tribunal de Cuentas de su situación financiera y patrimonial desde 2011. Cádiz, Sevilla y Málaga tienen en esta lista los consistorios con más vecinos a los que rendir sus cuentas.

Con la campaña en ciernes, el paradigma de los eslóganes electorales desatinados se lo lleva el alcalde de la tercera ciudad malagueña (con más de 77.800 habitantes) y segunda entidad local de este listado de consistorios opacos. Francisco Ignacio Delgado Bonilla, regidor del Partido Popular de Vélez-Málaga, asevera a golpe de hashtag que #BonillaCumple. Parece ser que no es así, al menos con su obligación como gestor de fondos públicos. Un deber, regulado en los artículos 208, 209, 210 y 211 de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), que consiste en entregar la cuenta de resultados económicos y patrimoniales, el balance de situación, la ejecución presupuestaria y la memoria de cuentas de municipios y empresas municipales al organismo fiscalizador.

El Tribunal de Cuentas ya ha dado un tirón de orejas a las entidades locales que no entregaron sus cuentas generales

El Tribunal de Cuentas ya ha dado un tirón de orejas a las entidades locales que no entregaron sus cuentas generales. De hecho, recomendaba en su Informe de Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio 2012 (publicado en el BOE el pasado mes de marzo PDF) excluir de las ayudas y subvenciones a las administraciones que no cumplieran con la ley.

El reproche del máximo organismo de control externo de las administraciones públicas se extiende también a los retrasos en las entregas. El Tribunal pedía una uniformización de los plazos, diferentes en cada comunidad. Aquellas entidades locales que no son auditadas por una sindicatura autonómica de cuentas deben presentarlas antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente ante el órgano competente a nivel nacional.

El descuido de estas obligaciones no es sólo cosa del Partido Popular. Si bien es cierto que más del 54,7% de los que no rindieron sus cuentas en toda su legislatura son gobiernos populares, esto es un reflejo del resultado de las elecciones municipales de 2011.

El partido socialista, que cuenta con 111 de las alcaldías que se saltaron la ley –como Santa Fe (Granada), Pilas (Sevilla) o Sacedón (Guadalajara)–, e Izquierda Unida –que preside 18 ayuntamientos, entre los que están Medina-Sidonia (Cádiz), Archidona (Málaga) y La Rambla (Córdoba), entre otros– no están exentos de culpa. El resto de consistorios de esta lista, un total de 23, están controlados por agrupaciones independientes o partidos regionalistas, como el caso de Ogíjares (Granada). Francisco Plata, que abandonó el Partido Popular para ser cabeza de lista, accedió a la alcaldía de este municipio de 13.681 habitantes tras crear Alternativa Popular por Ogíjares.

Los que cumplen

Las comunidades sin agujeros negros contables, con ayuntamientos que entregaron al menos las cuentas generales de un ejercicio de esta legislatura, son las Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, el Principado de Asturias, Galicia, Baleares y la Comunidad de Madrid.

El portal del Tribunal no incluye la información de Navarra y País Vasco, que por sus regímenes forales tienen instrucciones de contabilidad propias. Tampoco se publican en rendiciondecuentas.es los datos de Ceuta y Melilla que, como ciudades autónomas, tienen competencias mayores que las entidades locales registradas por esta web.

En unos días arranca oficialmente la campaña. Los alcaldes de la próxima legislatura, además de cumplir con el Tribunal de Cuentas, tendrán que desarrollar la aplicación de la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno en sus consistorios. En vigor a partir del 10 de diciembre de 2015 para las entidades locales, la norma exige publicar de forma activa presupuestos, contratos, convenios, subvenciones e informes económicos.

En estas elecciones municipales, los ciudadanos de estos 336 municipios deberán decidir si renovar o retirar su confianza a los alcaldes que transgredieron la transparencia económica básica exigida por ley.

Este artículo está publicado también en el sitio Quien Manda, de la Fundación Civio.