El problema catalán en 21 preguntas y respuestas

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Los catalanes están llamados a votar el 27 de septiembre en unas elecciones que marcarán el futuro de Cataluña. A continuación explicamos el problema catalán en 21 fichas que aspiran a resolver las dudas que plantea el proceso soberanista catalán.

Ilustraciones: Javier Muñoz

Los catalanes están llamados a votar el 27 de septiembre en unas elecciones que marcarán el futuro de Cataluña. A continuación explicamos el problema catalán en 21 fichas que aspiran a resolver las dudas que plantea el proceso soberanista catalán.

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¿Cuándo empezó el proceso de independencia de Cataluña?

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Celebración de la Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

por Pol Pareja

No hay un momento exacto para situar el inicio del proceso de independencia. Una opción es fijarlo en la manifestación de julio de 2010 en protesta por los recortes que el Tribunal Constitucional aplicó sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que los catalanes aprobaron en referéndum en 2006.

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A la marcha fueron más de un millón de personas según la Guardia Urbana de Barcelona y su lema fue Som una Nació. Nosaltres decidimSomos una Nación. Nosotros decidimos. En cabeza iba el socialista José Montilla, entonces president de la Generalitat.

Un año antes, en septiembre de 2009, se celebró la primera “consulta” sobre la independencia de Cataluña en el municipio de Arenys de Munt (8.600 habitantes). Desde esa fecha hasta abril de 2011 organizaron sus propias votaciones sobre la independencia cientos de municipios catalanes, incluido Barcelona. En total participaron 833.599 catalanes.

Otros consideran que el pistoletazo de salida del proceso fue la manifestación celebrada el 11 de septiembre de 2012. Bajo el lema Catalunya, nou Estat d’Europa (Cataluña, nuevo estado de Europa), cientos de miles de catalanes salieron a la calle para celebrar la Diada y reclamar la independencia. La manifestación se celebró nueve días antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy rechazara aplicar en Cataluña un nuevo sistema fiscal similar al concierto económico vasco y navarro.
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¿Cuál ha sido el apoyo histórico del independentismo en Cataluña?

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Retrato de Francesc Macià elaborado en Camagüey (Cuba).

por Pol Pareja

La primera vez que una formación abiertamente independentista obtuvo su primer escaño fue en 1918. Aquella formación fue la Federació Nacionalista Catalana de Francesc Macià. En cada una de las elecciones siguientes (1919, 1920 y 1923), el partido obtuvo dos escaños. Durante esa época el voto nacionalista catalán lo absorbía una formación no independentista: la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que obtuvo 14 escaños en 1919 y 1920 y 20 escaños en 1923.

Durante la II República, Esquerra Republicana (ERC) fue un partido hegemónico en Cataluña. Ganó holgadamente en Cataluña cinco elecciones entre 1931 y 1936. El dominio de ERC en las urnas permitió que durante la II República se sucedieran dos presidentes independentistas.

El primero fue Francesc Macià, que se adelantó unas horas a la proclamación de la II República: en abril de 1931 anunció la “República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica”. El Gobierno provisional republicano, no obstante, rebajó las pretensiones de Macià y ambas partes llegaron al acuerdo de restablecer la Generalitat.

https://www.youtube.com/watch?v=sUu_7zqjBV8

A Macià le sucedió en 1933 Lluís Companys, también de ERC. Companys proclamó el “Estado catalán dentro de la República Federal Española” en octubre de 1934, aprovechando la tensión derivada de la revolución obrera de Asturias. El Ejecutivo declaró el estado de guerra, Companys fue encarcelado y el Gobierno autónomo fue suspendido. En 1936, Companys asumió nuevamente el Gobierno de la Generalitat después de que se impusiera en las elecciones el Frente Popular, del que formaba parte ERC.

Con la llegada de la Transición, el apoyo a las fuerzas soberanistas ha ido variando a lo largo de las 10 elecciones autonómicas. ERC, tradicionalmente el único partido independentista, ha oscilado entre los cinco diputados que obtuvo en 1984 y los 23 que consiguió en 2003. En las elecciones de 2012, había otras dos fuerzas soberanistas, CiU y la CUP, que junto a Esquerra sumaron 74 diputados (la mayoría absoluta está en 68).

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Desde junio de 2005, el Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS catalán) pregunta qué tipo de estado debería ser Cataluña. En junio de 2005, un 13,6% de los encuestados respondieron “un estado independiente”. En marzo de 2015, última encuesta disponible, esa cifra había aumentado hasta el 39,1%. El momento con más partidarios de la independencia, según esta encuesta, fue febrero de 2013: el 48,5% respondieron a favor de un estado independiente.
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¿Por qué una parte de Cataluña se quiere independizar?

por Pol Pareja

Hay tantos motivos para defender la independencia como tipos de soberanistas. Podrían resumirse en dos perfiles: los pragmáticos y los sentimentales. Los pragmáticos quieren la independencia porque creen que, económica o políticamente, será más beneficiosa para ellos. Los sentimentales suman a estos motivos la creencia de que Cataluña es una nación que debe gobernarse sin injerencias.

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Uno de los principales argumentos económicos es el déficit fiscal entre Cataluña y España. Es la diferencia entre lo que la comunidad autónoma aporta al Estado y lo que recibe. La Generalitat de Cataluña cifró en junio este déficit en 15.000 millones de euros mientras que el Gobierno central lo fijó entonces en 8.455 millones. Los soberanistas argumentan que sin este déficit la Generalitat podría haberse ahorrado los recortes de los últimos años: 7.700 millones entre 2009 y 2013 y 3.700 millones previstos entre 2014 y 2017. También creen que se ha discriminado a Cataluña por motivos políticos en algunas inversiones estatales que no se han llegado a hacer o que se han retrasado como la llegada del AVE a Barcelona, el Corredor Mediterráneo o la reforma del Aeropuerto del Prat.

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Otro argumento independentista es que la España autonómica de la Constitución de 1978 no acepta las demandas de más autogobierno para Cataluña. Según la última encuesta del CEO, un 63% de los catalanes cree que Cataluña tiene un nivel de autonomía “insuficiente”. El recorte que ejerció el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de 2006 se ha usado como ejemplo de que el autogobierno de los catalanes ya ha tocado techo.

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Los nacionalistas catalanes también defienden la independencia como la mejor (o la única) manera de que Cataluña pueda blindar sus competencias en materia de lengua y de educación para preservar el catalán. La crisis institucional española, con escándalos en casi todos los estamentos (desde la Corona hasta el Poder Judicial) también se ha usado como un motivo más para abandonar España y “empezar de cero” en “un país nuevo”.
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¿Qué es el derecho a decidir?

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Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

por Pol Pareja

El “derecho a decidir” es la expresión que los nacionalistas usan para resumir la demanda de un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Según el CEO, el 74% de los catalanes eran partidarios de esta consulta en 2012.

La Constitución española atribuye sólo al Estado la competencia para convocar un referéndum. En enero de 2014 el Parlament aprobó una petición al Congreso para que le cediera la competencia para convocarlo. Pero esa solicitud fue rechazada por la Cámara Baja con 299 votos en contra y 47 a favor. Votaron en contra PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias. Los votos a favor fueron de CiU, PNV, ERC, ICV y el resto del Grupo Mixto.

La crítica más común es que el llamado “derecho a decidir” o el derecho a la autodeterminación no figura en la Constitución española ni en casi ninguna ley fundamental del mundo. Los independentistas defienden en cambio que es una demanda mayoritaria que debe abordarse en términos políticos y que el derecho a la autodeterminación está recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU.

Los soberanistas recuerdan los casos en los que una parte de un país ha votado sobre su independencia. Los principales ejemplos son el referéndum escocés del 18 de septiembre de 2014 o los celebrados en Quebec en 1980 y 1995. Estos referéndums tampoco estaban contemplados expresamente en la Constitución. Pero su celebración fue posible por los acuerdos políticos y en el caso del Reino Unido porque no existe una Constitución escrita que limite la acción del Parlamento. En Canadá se reguló el derecho a la secesión después de la votación de 1995, en la que el no se impuso al por el estrecho margen del 1,16%.

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El Parlamento canadiense aprobó entonces la llamada Ley de Claridad, que permite que una zona del país se separe de Canadá si en un referéndum con una “pregunta clara” hay una “mayoría clara” a favor de la secesión. También prevé la opción de que determinadas zonas quieran seguir formando parte de Canadá. En ese caso se debería prever una posible división del territorio entre zonas canadienses y zonas independientes.

La Cámara de los Comunes de Canadá tiene la última palabra en dos aspectos esenciales: decide si la pregunta del referéndum es suficientemente concreta y tiene la facultad de determinar qué entiende por “mayoría clara”. La ley no determina qué mayoría debe votar a favor de la secesión para iniciar los trámites de separación, pero sí establece que debe ser una mayoría reforzada, entendiendo que un 51% de los votos no es suficiente.
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¿Qué es (o qué era) la tercera vía?

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por Albert Olaya

Son una serie de iniciativas políticas para pedir más autonomía para Cataluña pero sin contemplar la secesión. El debate de la tercera vía cogió fuerza en 2012, cuando Artur Mas prometió una consulta soberanista y la posterior independencia de Cataluña.

PSC y Unió Democrática fueron los partidos que concretaron más sus propuestas. Los socialistas plantearon reformar la Constitución hacia una España federal, pactar una consulta soberanista con el Estado y lograr competencias exclusivas para Cataluña como Sanidad, Lengua o Educación. La propuesta de los democristianos, liderada por Duran i Lleida, consistía en un acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña para acordar una consulta, un pacto fiscal y el reconocimiento de la singularidad catalana añadiendo sólo algunos puntos en la Constitución.

Las fuerzas independentistas siempre han sido críticas con una posible tercera vía. Entienden que es inviable un acuerdo con el Gobierno español o una reforma de la Constitución para dar un encaje singular a Cataluña porque sería necesario el apoyo del PP y del PSOE, la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado y la aceptación del Rey.

Hasta ahora la tercera vía ha tenido un apoyo significativo en Cataluña. Según una encuesta en El País publicada en 2013, esta opción sería respaldada por el 40% de los catalanes en un referéndum soberanista. Aunque este debate se ha diluido por las elecciones del 27S, el PSC sigue apostando por una tercer vía. La nueva propuesta de los socialistas catalanes, respaldada también por el PSOE, es añadir la singularidad de Cataluña a la Constitución renunciando a la consulta soberanista.
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Las elecciones del 27S son las terceras desde 2010 ¿Por qué?

por Pol Pareja

A los catalanes se les ha llamado a las urnas tres veces desde las elecciones del 28 de noviembre de 2010. Entonces CiU obtuvo 62 escaños y puso punto y final a siete años del tripartito formado por PSC, ERC e ICV. En el programa electoral de esas elecciones, CiU todavía no defendía la independencia de Cataluña. Los nacionalistas apostaban por un sistema fiscal propio y por el “derecho a decidir para conseguir las cotas de autogobierno que el pueblo de Cataluña reclama y necesita”.

El 20 de septiembre de 2012, días después de la masiva manifestación independentista, Artur Mas se reunió con Mariano Rajoy para reclamar un régimen fiscal específico para Cataluña. Ante la negativa del presidente, Mas convocó elecciones anticipadas el 25 de noviembre de 2012.

CiU se presentó entonces con un programa que defendía que Cataluña tuviera un estado propio y se comprometió a realizar una consulta “de acuerdo con la legalidad” para preguntar a los catalanes si querían separarse de España. El adelanto electoral, sin embargo, no benefició a CiU, que pasó de 62 a 50 escaños cuando su objetivo era alcanzar la mayoría absoluta. ERC, en cambio, absorbió el voto soberanista y pasó de 10 a 21 diputados. CiU ha gobernado en minoría desde entonces gracias a un “pacto de estabilidad” con ERC, que se comprometió a apoyar a Mas siempre y cuando se convocara una consulta sobre la independencia durante 2014.

Ante la negativa del Congreso a permitir un referéndum legal en Cataluña, Mas decidió convocar otras elecciones para el 27 de septiembre de 2015 y las calificó como “plebiscitarias”. El proyecto soberanista (con la excepción de los anticapitalistas de la CUP) se ha aglutinado en torno a una lista única que reúne candidatos de CDC y ERC junto a miembros de las entidades civiles que han apoyado la independencia -ANC y Òmnium Cultural-, ex miembros de otros partidos y personas que hasta ahora no habían participado en política.
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¿Por qué se han fragmentado varios partidos históricos de Cataluña?

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por Íñigo Zulet

El debate soberanista ha abierto fracturas dentro de los partidos catalanes. Los más perjudicados han sido CiU y PSC.

La división de CiU

CiU fue una federación creada en 1978 y disuelta en junio de 2015. La formaban Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC). La distinta postura que han tomado los dos partidos respecto a la independencia ha acabado dinamitando el proyecto y ha propiciado que en las elecciones del 27S cada uno vaya por libre.

La crisis empezó durante el XVI congreso de CDC, que se celebró en marzo de 2012. Los convergentes se fijaron como objetivo político la consecución de un “estado propio” para Cataluña. El partido ya no estaba en el catalanismo sino en el independentismo. Ahí comenzaron las discrepancias con Unió, partidaria de la confederación.

En un primer momento, Unió cedió respecto a Convergència y CiU incluyó el concepto de estado propio en el programa electoral de 2012, pero tras las elecciones de 2012, UDC se fue mostrando cada vez más incómoda con la deriva independentista de su socio. En junio de 2015, tras convocarse anticipadas para el 27-S, Unió celebró una consulta interna entre sus militantes para posicionarse sobre el plan soberanista de Artur Mas. Las bases del partido, por un margen muy estrecho, renunciaron a la hoja de ruta independentista de Convergència y avalaron la tesis de Josep Antoni Duran i Lleida, partidario de hacer un referéndum pactado con el Gobierno central. Al final los tres consejeros que Unió tenía en el Ejecutivo de Mas abandonaron y la federación se rompió.

El caso del PSC

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2010, empezaron a nacer sectores críticos dentro del PSC que pedían un giro del partido hacia el soberanismo. En 2012, con el debate en Cataluña sobre el derecho a decir, se acentuó la tensión entre los miembros de la formación. El primero en abandonar -en octubre de 2012- fue el entonces diputado Ernest Maragall, que integraba el ala catalanista de los socialistas y había criticado la línea moderada del líder del PSC, Pere Navarro. Maragall fundó entonces un nuevo partido, Nova Esquerra Catalana, un proyecto de izquierdas y claramente independentista.

La ruptura del PSC se escenificó el 16 de enero de 2014. Ese día, tres diputados socialistas (Marina Geli, Núria Ventura y Joan Ignasi Elena) rompieron la disciplina de voto del partido y votaron a favor de pedir al Congreso la transferencia de competencias para que la Generalitat pudiera convocar una consulta independentista. Seis meses después, Elena creó una escisión del PSC llamada Avancem, de ideología socialista y soberanista. Otro ex diputado de la formación, Toni Comín, impulsó la asociación Socialisme, Catalunya i Llibertat, plataforma que ahora apoya a la lista Junts pel Sí.
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¿Por qué no ha habido un referéndum de independencia en Cataluña?

por David López Frías

Según el artículo 149 de la Constitución española, autorizar un referéndum es una competencia exclusiva del Estado.

La Constitución contempla tres tipos de referéndum: el consultivo (artículo 92), el de la reforma constitucional (artículos 167 y 168) y el de la reforma del estatuto de autonomía (artículos 151 y 152). El caso de la consulta sobre la independencia de Cataluña estaría enmarcado dentro del primer grupo. Sin embargo, el artículo dice lo siguiente. “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

La Constitución no contempla, por tanto, la posibilidad de preguntar sólo a un número limitado de electores salvo en el caso de la reforma de un estatuto de autonomía. 

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La última consulta vinculante celebrada en Cataluña fue la relativa a la aprobación del Estatuto de Autonomía el 10 de mayo de 2006.
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¿Qué son unas elecciones plebiscitarias?

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por David López Frías

A efectos electorales, un plebiscito es un referéndum: el elector responde no a una pregunta concreta. En unas elecciones, en cambio, se vota a partidos, programas o candidatos.

La segunda diferencia entre unas elecciones y un referéndum radica en la valoración del resultado: en el referéndum se cuentan votos y en las elecciones, escaños. La primera propuesta de Artur Mas fue la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El referéndum estaba contemplado en una Ley de Consultas aprobada por el propio Gobierno catalán. El Tribunal Constitucional tumbó ambas propuestas: la convocatoria de referéndum y la ley autonómica en la que se amparaba. El alto tribunal sentenció que quedaba fuera de la competencia autonómica formular consultas.

El presidente catalán optó entonces por la fórmula de convocar unas elecciones autonómicas (el único proceso que tiene potestad de convocar) y revestirlas de un carácter plebiscitario: en función del partido al que entregue su voto el elector, estará dando apoyo o no al proceso soberanista.

La Ley Electoral General (LOREG) de España no contempla la figura de unas elecciones plebiscitarias: no existe en el ordenamiento jurídico español. Esta fórmula es jurídicamente nula porque la LOREG afecta a Cataluña, que no dispone de una ley electoral propia.

El carácter plebiscitario de estos comicios sólo es una interpretación porque ni existe esa figura en España ni el decreto de convocatoria hace referencia expresa a que se trate de un plebiscito.
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¿Qué puede hacer el Estado para evitar la independencia de Cataluña?

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por Íñigo Zulet

Una vez agotadas las vías de negociación, el Gobierno central dispone de distintos medios para frenar la independencia de Cataluña. En una situación límite, podría aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central asumir durante un tiempo el control del Gobierno autonómico. Este artículo se podría aplicar si Cataluña no cumpliera “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o si actuara de forma que atentara gravemente contra el “interés general de España”.

El artículo explica que el Gobierno debería apercibir primero al presidente catalán. Sólo si no cambiara de actitud, podría recurrir al Senado, que debería aprobar por mayoría absoluta las medidas necesarias para obligarle a cumplir a la fuerza sus obligaciones y proteger el interés general.

El Ejecutivo tendría otra opción: declarar los estados de alarma, excepción o sitio previstos en el artículo 116 de la Constitución y regulados por la ley orgánica 4/1981 que se aprobó después del golpe de Estado del 23-F. La ley establece que los estados de alarma, excepción o sitio sólo deben aplicarse cuando la situación “no pueda resolverse por otros medios”.

Antes de llegar a este escenario, el Gobierno podría recurrir por la vía judicial o constitucional en caso de que la Generalitat incumpliera la ley. Por ejemplo, podría impugnar las elecciones si se detectaran irregularidades o aplicar el Código Penal, que en su título XXI regula los delitos contra la Constitución, entre ellos el de rebelión.

Además de recurrir al Tribunal Constitucional, el poder legislativo también puede reformarlo. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular, con toda la oposición en contra, ha presentado una proposición de ley de reforma del TC para permitir a este órgano multar e incluso suspender a los funcionarios gobernantes que no cumplan sus sentencias y sus resoluciones. La reforma se está tramitando y está previsto que el Congreso la apruebe el 29 de septiembre.
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¿Qué es la Asamblea Nacional Catalana?

por Albert Olaya

Un grupo de políticos catalanes liderados por el arquitecto Pere Pugès ideó en 2009 un proyecto para formar un movimiento independentista de base ciudadana. El reto era unir a los sectores soberanistas enfrentados históricamente por diferencias ideológicas, sobre todo económicas. El debate se extendió durante meses hasta el nacimiento de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) el 30 de abril de 2011.

Durante el primer mandato de Artur Mas el 10 de marzo del 2012, la ANC celebró su asamblea constituyente en un acto multitudinario en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Se aprobaron los estatutos de la entidad y se puso como objetivo principal la celebración de un referéndum independentista para 2014. La entidad ya contaba entonces con cerca de 300 asambleas territoriales y con el apoyo de figuras catalanas como el cantautor Lluís Llach, el catedrático Ferran Requejo o el actor Joel Joan.

La ANC nombró presidenta en abril de 2012 a la lingüista y activista Carme Forcadell. Bajo su mandato, la entidad organizó algunas de las manifestaciones más grandes de la Historia de Cataluña: la marcha Catalunya nou Estat d’Europa de la Diada de 2012, el Concierto por la Libertad en el Camp Nou en junio de 2013, la Vía Catalana durante la Diada del mismo año o la V durante la Diada del 2014.

La ANC tiene más de 34.000 socios con su cuota al día, más de 40.000 colaboradores y simpatizantes que no pagan cuota pero colaboran con la entidad voluntariamente y cerca de 600 asambleas territoriales en Cataluña. La entidad tiene un papel clave como portavoz de la masa social catalana favorable a la independencia. Convergència y Esquerra Republicana no suelen dar pasos en el proceso sin su aprobación y de hecho la hoja de ruta secesionista pactada entre los dos partidos cuenta también con la firma de la entidad.

Forcadell dejó el cargo en mayo de 2015 en manos del profesor Jordi Sànchez. Forcadell es hoy la número dos de la lista unitaria para las elecciones del 27S.

Más información sobre la ANC: ‘Los guardianes del proceso’
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¿Qué es el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN)?

por Albert Olaya

Es un órgano del Departamento de Presidencia de la Generalitat que asesora al Gobierno catalán para lograr la independencia con las máximas garantías de éxito. El Ejecutivo de Artur Mas lo creó en 2013 y está presidido por Carles Viver Pi-Sunyer, jurista y ex magistrado del Tribunal Constitucional (1992-2001). El consejo tiene 13 miembros más: entre ellos, el catedrático en economía Germà Bel, el catedrático en derecho Ferran Requejo o la periodista y escritora Pilar Rahola.

El CATN publicó en 2014 el libro blanco de la independencia donde analiza los pasos que debería seguir la Generalitat para lograrla. Por ejemplo, cómo organizar un referéndum independentista, cómo internacionalizar el conflicto o qué “estructuras de Estado” se deberían crear en Cataluña para la secesión: una Hacienda, una administración tributaria, un poder judicial o el suministro de energía y agua.

Con el fin de coordinar e implementar las propuestas del CATN antes del 27S, la Generalitat creó en febrero de 2015 el Comisionado para la Transición Nacional. Su responsable es también Carles Viver Pi-Sunyer. Este segundo órgano está en suspensión cautelar hasta fin de año. El Tribunal Constitucional aceptó a trámite la petición del Gobierno español donde alegaba que el Comisionado constituye un conflicto de competencias.
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¿Quién será presidente después del 27-S?

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Artur Mas, Raül Romeva y Oriol Junqueras en un acto de Junts pel Sí. / JUNTS PEL SÍ

por Íñigo Zulet

Todos los sondeos acerca del resultado electoral del 27-S publicados hasta la fecha dan como vencedora a la lista de Artur Mas y Oriol Junqueras -Junts pel Sí (JxSí)-, si bien difieren en el número de escaños asignados. La mayoría de las encuestas, salvo la publicada por El Punt Avui, auguran que la candidatura independentista se impondría pero sin alcanzar la mayoría absoluta. 

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La demoscopia, por tanto, deja dos posibles escenarios. En el primero y menos probable, la lista de Artur Mas conseguiría la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña al obtener 68 diputados o más. En este contexto, Mas repetiría mandato sin la ayuda de otras fuerzas políticas. La segunda, más previsible y que también daría el gobierno a Junts pel Sí, sería la de un pacto entre esta lista y la CUP, aunque esta formación ya ha avisado que no investirá a Artur Mas. Sin embargo, aunque no le apoyara en una primera vuelta, la CUP podría abstenerse en segunda votación, momento en el que la lista de Más tan sólo necesitaría mayoría simple para formar gobierno.

Pese a que lo más probable es que Mas sea el próximo presidente, las perspectivas electorales no son lo único que se debe tener en cuenta. El candidato a quien se presta apoyo también importa: formaciones como la CUP o incluso Sí que es Pot podrían llegar a pactos con Junts pel Sí si su cabeza de lista, Raül Romeva, fuera el verdadero candidato y Mas diera un paso atrás. De hecho, la CUP se desmarcó de la lista unitaria porque incluía a políticos.
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¿Cuál es la hoja de ruta de los independentistas?

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por Albert Olaya

Junts pel Sí pondrá en marcha el proceso de independencia si obtiene una mayoría en el próximo Parlament. Hay dos escenarios posibles: que la lista obtenga 68 diputados o más (mayoría absoluta) o que reciba el apoyo parlamentario de la CUP, la otra lista independentista que se presenta.

El primer paso de la hoja de ruta será aprobar una declaración en el Parlamento que informaría a las instituciones españolas, europeas e internacionales de que arranca el proceso de independencia. Junts pel Sí contempla empezar a negociar los términos de la secesión con el Gobierno español. Según la lista, pasivos como la deuda pública española serían un factor clave para que España se aviniera a pactar la separación. Si el Estado bloqueara entonces el autogobierno de Cataluña, el plan de la candidatura pasa por declarar la independencia unilateral automáticamente. Las instituciones catalanas ya no reconocerían la legalidad española y el escenario sería impredecible.

Si el Estado se mantuviera al margen, Cataluña seguiría dentro de España hasta que el nuevo Gobierno independentista pusiera a punto las “estructuras de estado” y tuviera apoyos internacionales suficientes. Este proceso podría durar varios meses. Durante ese tiempo, la Generalitat seguiría gestionando las competencias autonómicas actuales y en paralelo la sociedad catalana sería la encargada de proponer las bases de la nueva Constitución mediante un proceso de participación ciudadana con un mecanismo que aún no se ha explicado.

Una vez que las “estructuras de estado” estuvieran listas, el Parlament proclamaría la independencia de Cataluña. ¿Cuándo sucedería esto? Según Europa Press, Convergència Democrática y Esquerra Republicana habrían pactado que la declaración podría tener lugar en los primeros seis y ocho meses de legislatura, pero la candidatura no lo aclara. Inmediatamente después de proclamar la independencia, el Parlamento aprobaría la “Ley de transitoriedad jurídica” para evitar vacíos legales y una “Ley del proceso constituyente” para redactar la Constitución catalana.

Si se llegara a este punto, el Gobierno catalán convocaría unas elecciones parlamentarias constituyentes, que deberían celebrarse 18 meses después del 27 de septiembre. Es decir, antes de marzo de 2017. Es imposible saber qué partidos se presentarían a esas elecciones. Pero si volviera a haber una mayoría independentista, el último paso que contempla la candidatura es aprobar el texto final de la Constitución y organizar un referéndum para ratificarla.
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¿Podrá seguir Cataluña en la UE si se independiza?

por Juan Sanhermelando

No. Cataluña quedará automáticamente fuera de la UE si se independiza y tendrá que solicitar la adhesión si quiere volver al club comunitario. El ingreso de Cataluña tendría que ser respaldado por unanimidad por los estados miembros, lo que significa que cualquiera de ellos, incluido España, podría vetarlo.

Esta es la respuesta invariable que han dado los diferentes líderes de las instituciones de la UE desde que se inicio el proceso independentista y que también se aplicó al caso de Escocia durante el referéndum del año pasado: “Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los tratados ya no serían aplicables en dicho territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los tratados dejarían de ser aplicables en su territorio”.

Esa posición se puede encontrar en este comunicado publicado en 2013 por el ex presidente del Consejo Europeo Hermann Van Rompuy. También en esta respuesta del ex presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso al eurodiputado convergente Ramón Tremosa.

Además, los tratados establecen que la UE “respetará las funciones esenciales del Estado, sobre todo las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial” (artículo 4, apartado 2 del Tratado de la UE). De ahí que Angela Merkel pidiera el pasado 1 de septiembre, al ser preguntada por el proceso independentista en Cataluña, respeto a la “integridad territorial” y a la “legalidad nacional e internacional”.

El ex director de los servicios jurídicos de la UE va un paso más allá y sostiene que una declaración unilateral de independencia de Cataluña no podría ser reconocida nunca por ningún estado miembro al no respetar este principio. 

Sin embargo, los líderes independentistas, empezando por Artur Mas, alegan que casos como el de Cataluña no están previstos en los tratados y sostienen que los dirigentes europeos actuarán con pragmatismo y dejarán que los catalanes sigan en la UE después de la independencia porque ya cumplen todos los requisitos y tienen derechos de ciudadanía comunitaria adquiridos.
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Una Cataluña independiente, ¿quedaría fuera del euro?

euro

por David López Frías

El euro es la moneda utilizada por 19 países miembros de la Unión Europea.

Hay dos grupos de países que utilizan el euro como moneda oficial sin formar parte de la Eurozona. El primer grupo es el conformado por cuatro micronaciones: Andorra, Mónaco, San Marino y El Vaticano. El segundo es el de las ex repúblicas yugoslavas de Kosovo y Montenegro.

Las micronaciones tienen “un acuerdo monetario con la UE”. Kosovo y Montenegro adoptaron en 1999 una moneda extranjera por mandato de la administración de Naciones Unidas. La intención era alejar a estos dos países de la influencia económica serbia. Al principio usaron el marco alemán y con su desaparición adoptaron el euro. Hoy tanto Kosovo como Montenegro usan el euro de facto pero no forman parte de la UE y se ven obligados a comprar la moneda por mediación de bancos comerciales.

Cada país tiene la potestad de elegir de forma unilateral cuál es la moneda oficial de su territorio. Si Cataluña se independiza, podría seguir usando el euro de forma oficial pero como moneda extranjera y sin ningún poder de decisión en los estamentos económicos europeos.

Por otra parte, Cataluña quedaría desvinculada del Banco Central Europeo, por lo que sus entidades financieras no estarían dentro de la unión bancaria. Eso supondría quedar fuera de las líneas de crédito, de las ayudas y de posibles rescates como el de Grecia.
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¿Qué necesita Cataluña para ser reconocida como país en la ONU?

catalunya reconocida

por David López Frías

Para ser miembro de la ONU, Cataluña necesitaría en primer lugar que nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad recomendaran su admisión. El veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido) frenaría esa recomendación.

Si Cataluña lograra la aprobación del Consejo de Seguridad, el siguiente paso consistiría en solicitar la aprobación de dos tercios de la Asamblea General de la ONU, que se compone de 193 miembros. Si no la lograra, podría solicitar su admisión como estado observador. Es el estatus que tiene ahora Palestina y le daría derecho a participar en las sesiones de la Asamblea General pero no a votar ni a ser miembro del Consejo de Seguridad.

El Ministerio de Exteriores de España ha elaborado un informe en el que descarta incluso esa posibilidad. Dice que “en ninguna constitución del mundo se contempla la posibilidad de secesión de un territorio” y recuerda que los supuestos para declarar la autodeterminación de un estado sólo se aplican “a los pueblos sometidos a dominación colonial, anexión por conquista, dominación extranjera u ocupación y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos”.

Existen casos de estados que han sido reconocidos por más de cien países pero que no pueden ser miembros de la ONU. En esa situación se encuentra Kosovo, que no ha alcanzado el reconocimiento de estos dos tercios de la Asamblea General. Algunos países aún mantienen una posición hostil hacia este nuevo estado por su declaración de independencia unilateral.

El caso opuesto es el de Sudán del Sur. Su separación de Sudán fue pactada, por lo que no ha encontrado problemas para ser reconocido por la comunidad internacional. Seis meses después de su declaración de independencia en julio de 2011, ya era miembro de pleno derecho en la ONU.
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¿Qué consecuencias tendría para España una Cataluña independiente?

espana sin 2

por Rubén J. Lapetra

A los mercados no les gustan los procesos inesperados. Una hipotética independencia de Cataluña generaría un incremento del riesgo financiero para España porque el Estado es el principal acreedor de la deuda de la Generalitat y de los entes locales catalanes a través del Fondo de Liquidez Autonómica (64.000 millones de euros).

La deuda indirecta, la que correspondería a Cataluña por su participación en el actual marco estatal y por su peso económico en el PIB, sumaría otros 180.000 millones.

La mayoría de los inversores están de acuerdo: una secesión haría aumentar los riesgos para la inversión. La prima de riesgo subiría de forma sustancial porque se dispararían las exigencias de los inversores para invertir en un país cuyas fronteras y cuyas leyes están a punto de cambiar.

Sin Cataluña, España perdería una quinta parte de su peso económico (20%) y un 16% en población: un factor esencial en la representatividad de los estados en la Unión Europea. La secesión catalana tendría menos consecuencias para España porque forma parte como socio de pleno derecho de todas las instituciones internacionales.
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¿Dónde jugarían el Barça y el Espanyol?

fc barcelona liga

por David López Frías

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) es una asociación integrada por los 42 clubes de fútbol que participan en las competiciones profesionales españolas: 20 de Primera División y 22 de Segunda División A. En la temporada 2015-16, Cataluña contará con cinco miembros: Barça, Espanyol, Girona, Llagostera y Gimnàstic de Tarragona.

Sólo la propia LFP podría expulsar a alguno de sus miembros. Sin embargo, y aunque posee personalidad jurídica propia, la LFP forma parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que es un organismo independiente cuyas competencias consisten en “controlar las competiciones oficiales de ámbito estatal”, según dicen sus estatutos. Ambas entidades se coordinan para organizar el Campeonato Nacional de Liga. La RFEF, por ejemplo, es la que se encarga de la designación de los árbitros.

La LFP no podría tomar decisiones de forma unilateral con respecto a los equipos que pueden jugar la liga española. La RFEF, por su parte, no podría expulsar a los equipos catalanes de la LFP, pero sí podría vetarlos y oponerse a que disputaran el campeonato español. Ambas instituciones dependen del Consejo Superior de Deportes (CSD), que sería el estamento que tendría la última palabra con respecto a los clubes que podrían jugar la competición nacional.

La propia LFP ha advertido de los riesgos que conlleva una hipotética independencia. Su presidente, Javier Tebas, declaró al programa “Al primer toque” de Onda Cero que el problema reside en una cuestión de legalidad y que los equipos catalanes no podrían jugar la Liga porque: “la Ley del Deporte recoge en una disposición adicional que solamente hay un estado no español que puede jugar la Liga o competiciones oficiales españolas y es Andorra”.

Así, para que los equipos catalanes de fútbol pudiesen disputar la Liga, el Parlamento español debería modificar la ley. En caso contrario, los equipos catalanes deberían crear su propia liga.

Existe otra opción para los clubes de Cataluña: que otro país les permita jugar en su campeonato. Se especuló hace unos años con que podrían unirse a la Liga francesa. Aquí la traba sería la UEFA, que no autoriza que ningún club dispute competiciones europeas si cambia de federación o juega en otro país distinto al suyo.

Barça y Espanyol forman parte de la RFEF, por lo que un cambio de federación les condenaría a no disputar la Liga de Campeones ni la Europa League. Según el artículo 51 del estatuto de la UEFA, para permitirles jugar dichas competiciones se requeriría la autorización de la propia UEFA, así como el acuerdo de las dos federaciones: la catalana y la española. Esto significa que la RFEF tendría derecho de veto. Existen muy pocas excepciones, y en todos los casos se trata de clubes con derechos históricos adquiridos: Andorra, (que está en la liga española desde antes de que se fundase la Federació d’Andorra), el Swansea o el Cardiff (que decidieron no unirse a la liga de Gales cuando se creó en 1992) o el Mónaco (que no tiene federación propia y forma parte de la francesa).

La UEFA tampoco ha permitido hasta ahora que las federaciones de fútbol se asocien con otras para unificar ligas. El máximo organismo del fútbol continental ya frenó iniciativas como la integración de los equipos escoceses (Celtic y Rangers) en la Premier League inglesa, la creación de un campeonato atlántico con clubes holandeses, belgas, escoceses y escandinavos o la recuperación del torneo soviético con equipos rusos, bielorrusos y ucranianos.
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En una Cataluña independiente, ¿un catalán conservaría la nacionalidad española?

nacionalidad doble

por Íñigo Zulet

La mayoría de las fuerzas independentistas como CDC, ERC o la ANC se decantan por la fórmula de la doble nacionalidad y la Constitución dice que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. Por lo tanto lo más probable es que en una Cataluña independiente los catalanes pudieran conservar la nacionalidad española.

Pero eso no implica que tuvieran estrictamente doble nacionalidad: la catalana y la española. El Código Civil establece que prevalecerá siempre la española si se ostenta otra nacionalidad no prevista en la ley vigente o en los tratados internacionales. Es decir, que mientras el Estado no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes no podrían usar la nacionalidad catalana en España ni en los demás países que tampoco reconocieran al nuevo estado catalán. A los catalanes sólo les valdría la nacionalidad española para moverse por otros países.

En una hipotética independencia de Cataluña se abrirían varias posibilidades sobre la nacionalidad de los catalanes: un modelo de doble nacionalidad (catalana y española), la subordinación de una de las nacionalidades o la elección libre de cada catalán entre las dos.
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¿Permitiría una Cataluña independiente una consulta en Arán?

por Íñigo Zulet

El Valle de Arán es una comarca pirenaica de Lérida y forma parte de Cataluña bajo un régimen de autogobierno especial. El proceso independentista catalán ha abierto un debate entre los araneses sobre su futuro y su relación con respecto a España y Cataluña. Entre las reivindicaciones nacionalistas del pueblo aranés está convocar un referéndum propio.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya reconoció que no impediría una consulta si el valle decidiera impulsarla para decidir su futuro en Cataluña. Por su parte, ERC también se muestra partidario de reconocer el derecho a la autodeterminación del territorio de Arán.

Arán ha tenido una identidad particular a lo largo de la Historia por varios motivos. En primer lugar, goza de una singularidad lingüística porque en el valle conviven el castellano, el catalán y el aranés, un dialecto occitano. La autonomía del territorio se remonta a la Edad Media, cuando en 1313 el rey Jaime II de Aragón concedió al valle instituciones propias y un conjunto de privilegios forales denominados Era Querimònia a cambio del pago de un tributo. Ese régimen especial se suprimió a principios del siglo XIX a raíz de la política centralizadora del Estado. Después de varios intentos, la autonomía aranesa se restauró en 1990 con la Ley 16/1990, que restableció parte de los derechos históricos del Valle de Arán.
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La Fiscalía pide que PP y FAES den datos sobre su relación con los jueces de Gürtel recusados

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La Fiscalía Anticorrupción cree que la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (en la imagen) como integrantes del tribunal que juzgará el caso Gürtel debe ser admitida a trámite para practicar diligencias que aclaren la “relación singular” que pueden haber tenido con el PP. Entre ellas, cuántas veces han participado en actos de FAES o del partido y si han cobrado por ello.

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Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

La recusación de los magistrados Espejel y López por las acusaciones populares que actúan en el caso Gürtel -entre ellas, la ejercida por Ángel Luna, del PSOE valenciano- ha encontrado un aliado en el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la recusación sea admitida a trámite y se abra un incidente en el que, entre otras pruebas, la fundación del PP (FAES) y el propio partido tendrían que dar datos sobre su relación con los recusados.

La Fiscalía ha presentado dos informes, uno relativo a Concepción Espejel y otro referido a Enrique López, en los que, sin llegar a afirmar que exista en ellos una tacha de parcialidad, sí sugiere que hay datos de una relación con el PP que, a su parecer, habría que aclarar antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si se mantienen o no como jueces del caso Gürtel.

Miembros de la Sección Segunda de esa Sala, a Espejel y López les ha correspondido por reparto el enjuiciamiento de la primera parte de caso Gürtel, relativa a la actividad que desarrolló la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos públicos del PP entre los años 1999 y 2005.

Para la Fiscalía, el hecho de que el Partido Popular vaya a estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo -esto es, por haberse beneficiado de las comisiones ilícitas supuestamente percibidas por los cargos implicados, destinadas en parte a campañas electorales- es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de valorar las recusaciones.

El Ministerio Público admite que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo del Derecho Humanos, la “afinidad ideológica” de un juez con una determinada formación política no es causa de recusación.

También indica que “ciertamente, no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite el interés personal y directo” de los recusados en la causa.

Pero, pese a ello, sostiene que “no puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes”, en especial en el caso de López.

La Fiscalía afirma que “ha de tomarse en consideración” que entre 2003 y 2010 “se estableció una relación singular” entre FAES, la fundación del PP, y Enrique López, que, además, accedió a propuesta del Partido Popular a dos cargos que ejerció en el pasado: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional.

El informe no llegar a sostener que el nombramiento para esos cargos determine una falta de imparcialidad -de hacerlo, abriría una vía de consecuencias imprevisibles, puesto que en la propia Audiencia Nacional hay actualmente varios magistrados que han sido vocales del CGPJ a propuesta del PSOE e IU-, pero sí considera relevante el hecho de que cuatro de los acusados en el proceso Gürtel votaron en 2008 a favor de la candidatura de López al Tribunal Constitucional. Se trata de Carlos Clemente, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, que eran diputados autómicos del PP.

En realidad, la Asamblea de Madrid propuso una candidatura conjunta pactada por PP y PSOE y en la que figuraron López y Fernando Valdés, por lo que ambos recibieron los votos en bloque de ‘populares’ y socialistas.

La declaración de Cospedal

Para la Fiscalía, sin embargo, hay que determinar “si la participación del PP en la elección del magistrado para alguno de los más altos cargos del Poder Judicial y de su carrera profesional desvirtúa el requisito de independencia” y “ha de decidirse si la familiaridad que pueda existir entre el juzgador y alguna de las partes implicadas debida a una conexión ajena al procedimiento cuestiona la imparcialidad de aquel, haciendo objetivamente justificable el temor a su falta de imparcialidad”.

En este sentido, considera que las recusaciones no deben ser rechazadas de plano sino que debe abrirse un trámite para practicar varias de las pruebas instadas por las acusaciones populares. Entre ellas destaca que se requiera a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y al PP para que certifiquen las actividades en las que haya participado López y cuánto ha cobrado por ello.

La Fiscalía se opone, por estimarlo “inútil e impertinente”, a que Dolores de Cospedal tenga que prestar declaración sobre su relación con Espejel. La secretaria general del PP participó en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a la magistrada, a la que dedicó elogios y de la que dijo que “para todos es Concha y lo va a ser siempre”.

También rechaza que declare el ex parlamentario del PP Federico Trillo, actual embajador en Londres, que salió en defensa de López cuando su primer intento de acceder al TC fue bloqueado por el Senado. Enrique López acabaría siendo promovido al Constitucional por el Gobierno.

La Fiscalía tampoco considera necesario el interrogatorio de los recusados, que, en cualquier caso, tendrán que informar por escrito sobre si aceptan o no como ciertas las causas de recusación alegadas.

Nos toman por besugos filósofos

Besugos

Empecemos el curso compartiendo ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos. La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política…

Ilustración: Javier Muñoz

Empecemos el curso compartiendo ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos. La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp.es/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política.

Hemos entrado en la actualizada página oficial del partido gobernante. Ahí está en la parte superior izquierda el nuevo logo podemizado, con el charrán en el lugar de la gaviota y la expresión “populares” a la derecha. Su problema es que han podido cambiar de emblema pero no borrar sus huellas. Tiempo al tiempo, que pronto habrá un movimiento para que los partidos puedan acogerse al derecho al olvido en Internet.

Acerquémonos entre tanto a las fauces del Leviatán barbado. Lo primero que vemos es una foto que muestra al entonces mano derecha de Rajoy y hoy embajador en Londres, Federico Trillo, marchando apresurado con aire de quien no puede perder ni un minuto para entregar el candente dossier que lleva en la zurda. Le escoltan dos palafreneros de los grupos del Congreso y Senado y un agente de seguridad. Luego avistamos el título -“El PP recurre la Ley del Aborto”- y bien destacada la fecha: 1 de junio de 2010. Ayer como quien dice.

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Ilustración: JAVIER MUÑOZ

Que los pusilánimes den la vuelta a la chalupa porque ahora toca franquear las fauces del rorcual y adentrarse como Jonás en el corazón de las tinieblas. El río que nos lleva, en medio de una manada de refulgentes peces rosáceos de ojos saltones, es la versión oficial, con estructura de crónica periodística, de la que fue una de las principales iniciativas del PP durante la pasada legislatura. Arponeros, tensad las cuerdas que os sujetan a la quilla. Vais a necesitarlas para dominar vuestras arcadas.

El primer párrafo anuncia la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional y concreta la impugnación de “ocho preceptos” -no uno, ni dos… ¡ocho!- de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Gobierno de Zapatero. El segundo párrafo especifica que “entre esos preceptos se halla el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre” porque “la vida del no nacido… queda absolutamente desprotegida”. El tercer párrafo añade que esto “resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que todos tienen derecho a la vida”.

Tras un cuarto, quinto y sexto párrafo dedicados a aspectos menos nucleares del conflicto -incluido el derecho de las menores a abortar sin conocimiento de sus padres- llegamos, contened todos el aliento, al tremendo párrafo séptimo en el que la prosa administrativa nos arroja frente al único absoluto de la condición humana: “Una importante novedad es que se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad cuya tramitación se pide que sea preferente”. ¿Por qué tan drástica demanda? “Porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable”.

Sí, lo han leído bien, aquí no hay eufemismos que valgan: según el PP, es decir según Mariano Rajoy Brey, de lo que se trata no es de la interrupción, obstaculización o resolución de un proceso biológico incompleto sino de la “eliminación” -zis zas, fuera, uno menos, descanse en paz, aquí yace, RIP, los tuyos no te olvidan- de “vidas humanas”. No se habla del nasciturus, ni del feto, ni del óvulo fecundado, ni de ninguna categoría presuntamente intermedia o pretendidamente ambigua. No, no… “vidas” tan “humanas” como la del niño de la isla de Bodrum. Así de claro. Y el plural no se refiere ni a dos, ni a tres, ni a cien, ni a mil… sino a diez decenas de miles al año. Casi medio millón por legislatura. Quinientos mil cadáveres extraídos del mar de nuestro sistema sanitario. O sea que Auschwitz se hizo carne y habitó entre nosotros.

Pido perdón si alguien se siente ofendido, en unas u otras convicciones, por mis expresiones literarias. No banalizo nada. No es mi opinión la que emito. Ni tampoco la que cuenta en este conflicto de suma negativa en el que se elige entre dos males. Sólo me atrevería a decir con Isaiah Berlin que del fuste torcido de la humanidad es difícil que salga nada derecho. Y a lo más que puedo llegar es a la inevitabilidad de legislar de forma ponderada. Pero ni yo ni ninguno de ustedes ganó las elecciones con mayoría absoluta el 20 de noviembre de 2011. La única opinión que a efectos prácticos cuenta es la de quien sí lo hizo. O sea la del susodicho Rajoy Brey. Y ya la conocemos: “eliminación” en masa de “vidas humanas”. Ergo…

Si tan perentorio era que el TC ejerciera de ángel bíblico interponiendo su mano cada vez que el escalpelo del cirujano fuera a acuchillar a uno de esos cientos de miles de desvalidos, sería inexorable que encontráramos en la referencia del primer Consejo de Ministros de diciembre de 2011 la remisión a las Cortes, por el procedimiento de urgencia, de un proyecto de ley que derogara al menos los ocho artículos recurridos. Pero, ¡ah, no!, aquel día no fue posible porque había que subir los impuestos.

Bueno, estará entonces entre los acuerdos del segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto Consejo de Ministros de ese omnipotente Gobierno con ideas tan claras… Y resulta que tampoco, tal vez porque al democristiano Arenas le venía mal que se aplicara el programa de su partido cuando estaba en pleno intento de engatusar a los andaluces enarbolando el de sus adversarios.

El vértigo, el “horror vacui”, el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de “vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación. Ni siquiera cuando su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón le presentó un proyecto de ley que no era una futesa. Al final para todo lo que ha dado de sí la mayoría absoluta del PP es para que, reformilla de tapadillo mediante, las menores de edad sólo puedan contribuir a esa “eliminación” masiva de “vidas humanas” tras comunicarlo a sus progenitores. El sarcasmo no es mío sino del legislador.

El vértigo, el ‘horror vacui’, el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de “vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación

El otro día me encontré con Zapatero y le comenté que, si yo fuera él, tan pronto como Rajoy disolviera las Cortes escribiría un artículo titulado “Gracias, Mariano, estás perdonado”. La primera parte incluiría la relación de los controvertidos preceptos legales aprobados durante sus dos mandatos que permanecen intactos o apenas maquillados tras la mayoría absoluta popular. Y la segunda, el catálogo de denuestos que esas iniciativas merecieron por parte de Rajoy y su equipo, empezando, claro, por lo de la “eliminación” masiva de “vidas humanas”. Zapatero me miró perplejo, como si el nefelibata fuera yo, y vino a decirme que la complejidad de la España real se abre camino cuando uno gobierna.

Pongamos que al cinismo universal se le llame ahora así; demos por hecho -de lo contrario sería cómplice consciente de una monstruosidad- que Rajoy ya no piensa que medio millón de abortos, fruto de una ley de plazos, equivalga a la “eliminación” de medio millón de “vidas humanas”; y asumamos que sólo un hombre excepcional, en el extremo opuesto del orden zoológico, sería capaz de rectificar o al menos matizar públicamente categorizaciones tan insoslayables. Pero convengamos también en que el mínimo minimorum de coherencia exigible para no merecer que te arrojen huevos podridos por la calle o te embadurnen con brea y recubran con plumas de gallina, hubiera requerido la discreta retirada del bendito recurso ante el Constitucional.

Porque, al no haber ocurrido ni eso ni lo contrario para que los refulgentes peces rosáceos de ojos saltones no se escabullan ni hacia Vox ni hacia Ciudadanos, llevamos casi cuatro años instalados en la repulsiva contradicción de que el PP de Rajoy pide a los magistrados que detengan urgentemente la matanza de inocentes, mientras el Gobierno de Rajoy se rasca la entrepierna pasmado de que una parte importantísima de sus votantes siga viendo en esos procedimientos quirúrgicos legales la misma matanza de inocentes que ellos veían y describían sólo cinco años atrás. Y no me siento capaz de dictaminar con cuál de los dos Rajoy está la razón ética o la verdad científica, pero de lo que no me cabe duda es de que su coexistencia es desalmadamente obscena.

¿A alguien le sorprende que los magistrados del Tribunal Constitucional sigan aplazando ad calendas graecas la deliberación sobre tan urgentísimo y sanguinoliento recurso, correspondido por sus promotores con cuatro años de antiséptica pasividad en el poder? ¿A alguien le sorprende que tanto los jueces cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2010 como los jueces cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2015 se sientan instrumentalizados en el altar del más zafio utilitarismo electoralista? ¿A alguien le sorprende que este precedente pese sobre sus togas cuando se dan cuenta de que con la reforma, también urgentísima, de la ley del propio TC, con Albiol ahora en el papel de Trillo, Rajoy pretende repetir la jugada con otra fruslería de nada como la unidad de España?

Si el principio de separación de poderes figura entre las primeras Obsesiones de EL ESPAÑOL no es sólo para proteger su independencia sino principalmente para estimular su responsabilidad. Los jueces juzgan, los parlamentos legislan, los gobiernos gobiernan. Es cierto que a los tribunales les corresponde también ejecutar sus sentencias y que la especial jurisdicción del Constitucional le sitúa en un cierto limbo sin resortes directos de autoridad. Pero el desafío separatista es ante todo político y es al ejecutivo al que le corresponde hacerle frente con su rica panoplia de armas jurídicas y su monopolio legal del uso de la fuerza.

Tras cuatro años cruzado de brazos, esta respuesta de Rajoy al filo de la campana, consistente en que los magistrados puedan multar o suspender a quien les desobedezca, resultaría ridícula si no escondiera mucho más. Alguien empeñado, como dice Guerra, en dar “un golpe de Estado a cámara lenta”, no va a pensárselo dos veces ni por el riesgo de tener que pagar “entre tres mil y treinta mil euros” ni por el de tener que ceder el cargo al siguiente -o más bien al precedente- de la lista.

La destitución de alguien como Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter interino, tal y como ocurrió en octubre del 34. Algo que ya tenía que haberse hecho cuando el año pasado se llevó a cabo la consulta prohibida por el TC o a la vista de que, como acaba de recordar Rafael Hernández -este dechado de sindéresis que tanto nos hace añorar a su colombroño intelectual Floriández-, la Generalitat sigue costeando el fantasmagórico Consejo para la Transición Nacional, declarado anticonstitucional.

La destitución de alguien como Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter interino, tal y como ocurrió en octubre del 34

Como en el caso del aborto, el estafermo con mayoría absoluta ha optado, sin embargo, por transferir la responsabilidad de gestionar una situación límite a los magistrados del alto tribunal. Eso le permite justificar su parálisis en la expectativa de una acometida institucional ajena. Y mantener abiertas todas las opciones como el monigote giraldilla que despliega a la vez la maza y el escudo.

Qué más podía querer el aprendiz de golpista que una iniciativa de dudosa constitucionalidad, atufadoramente oportunista y palmariamente divisiva de los partidos no separatistas, para alimentar su desbarre. Ahí le tienen, hablando nada menos que de la Inquisición para camuflar la mangancia organizada del 3%. La torpe cobardía gubernamental le ha permitido así acercar de nuevo el ascua de la falta de calidad democrática de las leyes vigentes a la sardina de su delirio secesionista.

Como entre ballenas y clupeidas cabe algún término medio, la situación recuerda una estampa pintoresca del Bilbao de 1915 -tendremos que volver sobre ese año para hablar de Dato y de Cambó-, recogida en las páginas de El Pueblo Vasco. Sucedió al caer la tarde cuando el guardia urbano Pablo Sáez abordó junto al Cafe del Norte al vendedor de besugos Lorenzo Hernández, conminándole a cesar en su actividad, de acuerdo con “el artículo 31, párrafo tercero, apartado 16 de las ordenanzas municipales que prohíbe terminantemente la expedición de besugos con luz artificial”. El vendedor rehusó obedecer al guardia, dando grandes voces y “manifestando a la autoridad que los besugos se imponían a toda disposición emanada del municipio”. El lance derivó en tumulto y el tumulto en gresca, en medio de “un corro de curiosos y desocupados que no bajaría seguramente de 300 a 400”.

No es tanto el conflicto entre el derecho a decidir de los besugos y un rígido marco legal, reforzado por un precepto arbitrario, lo que llama mi atención, sino la descripción y coda final del gacetillero: “Y mientras se desarrollaban tales acontecimientos los besugos, rígidos, yacentes sobre la banasta, parecían mirar con sus ojos opacos a los actores de este suceso, en el cual se veían envueltos por no haber sido capaces de escapar a las arteras redes de los hombres… Los besugos son siempre unos filósofos”.

Philosophia perennis, que diría Leibnitz. Anteayer Soraya salió en sus teles reprochando al PSOE que utilizara “frases fáciles para problemas difíciles” -¡se refería a la crisis de la inmigración!- y pronto comenzará la pesca milagrosa. Una vez que las “arteras redes” hayan hecho su cosecha el 27-S en Cataluña, asistiremos a su despliegue en toda España y la manada de refulgentes peces rosáceos de ojos saltones será conducida de nuevo hacia el vientre de la bestia. Nada sería tan coherente como que se confirmara la fecha del 20 de diciembre, apuntada por Rajoy para las elecciones generales, pues pocos platos han adquirido la tradición navideña del besugo al horno. Y habrá que tener los “ojos” muy “opacos” o sentirse muy “filósofo” para respaldar a quien pretende hacerte cómplice no ya de un asesinato en masa o de un alarde de truculencia demagógica, sino de ambas cosas a la vez.

 

Una proposición inconsistente e incoherente

635769814260555968w El autor rechaza la reforma que acaba de plantear el PP en el Congreso de los Diputados para dotar al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora. Según Gómez de Liaño estamos ante una iniciativa innecesaria y equivocada porque, de ser aprobada tal modificación legislativa, se ahondaría en la politización del Alto Tribunal/ Foto: EFE

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La ejecución de una sentencia es el epílogo del drama, el último acto del rito. ‘Ite missa est. Ite iudicatum est’.

(Piero Calamandrei. ‘Processo e Democrazia’).

El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva no se limita a obtener una resolución dictada por un tribunal independiente que dé respuesta a la pretensión planteada, sino que se extiende a la plena eficacia de lo mandado en la sentencia.

Este preámbulo, al igual que la cita del gran jurista florentino, uno de los padres de la Constitución italiana de 1948, y los dos adjetivos aplicados al título del presente artículo, viene a cuento de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de reformar la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que, en palabras de la Exposición de Motivos de la proposición, responde a “la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar” el cumplimiento de las resoluciones de sus decisiones, lo que “obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real”.

Se trata de un proyecto legislativo que, aparte de algunas voces elogiosas, empezando por las del propio Gobierno, en boca de la señora vicepresidenta, y las de un par de colectivos judiciales, ha merecido críticas tan severas como la de ser un “disparate” -Felipe González dixit-, tratarse de una “chapuza” propia de la “extrema derecha” -comentario de Pedro Sánchez, líder del PSOE-, consistir en una reforma ad hoc con nombres y apellidos, o que la innovación tiene toda la pinta de ser un atajo electoralista del PP que coloca al supremo intérprete de la Constitución en una situación comprometida.

Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos utilizados por quienes se oponen a la reforma son bastante certeros y sus discrepancias de criterio están justificadas. Es más. La impresión generalizada, en la que se incluyen expertos y profanos en la materia, es que los populares no pretenden defender exclusivamente una posición jurídica.

Expresiones tan torpes como la de “se ha terminado la broma”, pronunciada por el candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 27-S, borran cualquier apariencia de juridicidad. Por cierto, una presencia, la del señor García Albiol, en el trámite de registrar la proposición que resultaba fuera de lugar y que recuerda aquello que Cela decía de que en España es difícil que cada cual sepa estar en el sitio exacto que le corresponde en el momento justo.

Se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un río revuelto para pescadores oportunistas

Nada hay más estrafalario que un político, sea parlamentario o no, erigido en jurista de prestigio o con hechuras de profeta, supuesto este último que se agudiza cuando el mesías, que encima apunta maneras de leguleyo, resulta un lírico partidario de “leyes de emergencia”, también llamadas “para salir del paso” o para dar gusto a clamores populares. Con actitudes como éstas se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un guiñol y también en un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas.

¿A estas alturas alguien puede ignorar que la función de los tribunales consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? ¿No dice la Constitución (artículo 118) y otras leyes (artículo 17 Ley Orgánica del Poder Judicial) que es obligado respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones que han ganado firmeza y sean ejecutables? ¿No habíamos quedado en que el incumplimiento de una resolución judicial puede ser constitutivo de los delitos de desobediencia y/o prevaricación (artículos 410 y 404 del Código Penal)?

Aunque a la vista está que todavía quedan indecisos, parece evidente que a la primera pregunta corresponde el no y al resto, un . Rotundamente: nadie puede, legítimamente, negarse a cumplir lo ordenado por un tribunal sin merecer el dedo apuntador del Ministerio Fiscal. Distinto es que el ciudadano medio piense que el poder judicial en España tiene un perfil muy bajo, cosa que atribuye a determinados responsables políticos o parapolíticos que padecen de un infinito complejo de superioridad respecto a los hombres de leyes a los que consideran ruedas del auténtico poder y minúsculos rodamientos fáciles de engrasar.

No cabe duda de que desde hace años vivimos un preocupante proceso de inflación legislativa, o, mejor dicho, de hipertrofia legislativa. Hoy se fabrican leyes por el mero afán de producir y de la cadena de montaje salen productos que no resuelven los problemas de la manera más adecuada. Lo expresaba muy bien el profesor García de Enterría cuando hablaba de una sociedad inundada por una marea incontenible de leyes y reglamentos. O sea, lo que Ortega y Gasset denunciaba cuando hablaba del mal de una “legislación incontinente” y lamentaba que la legislación en los últimos tiempos se hubiera convertido en “una ametralladora que dispara sin cesar”.

Además de inconsistente y de incoherente, la reforma es imprudente. Lo digo por la alta velocidad imprimida a la proposición a través del procedimiento de urgencia, lo que implica, al tratarse de una Ley Orgánica, preterir los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Sabido es que la vida de las instituciones se desenvuelve entre aciertos y errores, pero lo que uno no se imagina es que llegada la hora de escribir su historia, algunos amanuenses estén empeñados en hacerlo a golpe de dislate.

Acaso el PP quiera imponer ahora una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo antes

Ante la iniciativa y los comentarios que ha provocado, es de temer que algo grave pueda estar pasando en el partido del Gobierno. Después de dar vueltas a esta nueva vena legislativa, se me ocurre si acaso el PP no querrá imponer una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo cuando las circunstancias lo demandaban. Esto que acabo de apuntar precisaría de mayor explicación, pero como la mesura merma las ganas de hacerlo, baste con dejar anotado el supuesto no lejano en que ante la resistencia a acatar una decisión del propio Tribunal Constitucional, poco o casi nada se hizo para corregir el desatino, consecuencia de una estrábica, reactiva e inútil pasión nacionalista que roza el ridículo.

Dicho con los debidos respetos, a mí me parece que bajo esa reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, lo que subyace es una sutil y cínica voluntad de que las naturales potestades del Tribunal Constitucional necesiten de la tutela del Gobierno y un descarado propósito de dejar en entredicho, una vez más, la neutralidad del órgano, olvidando que la misión del Alto Tribunal es regular lo que resulta adecuado a la Constitución y lo que se opone a ella. De ahí que no sea extraño que cuando a los ciudadanos se les pregunta por él, la mayoría opine que es un órgano que se mueve empujado por los torpes émbolos de la peor política y un recinto donde se respiran espesos vientos partidistas.

Si se trata de reforzar la autoridad de la cosa juzgada implícita en las decisiones del Tribunal Constitucional, las medidas o remedios a adoptar deben llevarse a cabo por las Cortes Generales con calma, sin sobresaltos, utilizando exclusivamente la razón jurídica en el sentido que Hobbes decía, como perfeccionamiento de la conciencia humana; es decir, con habilidad técnica y sentido común. Y con el mayor acuerdo posible, pues resulta evidente que caben diferentes enfoques técnicos que es necesario reconducir con estrategia de consenso y no con voluntad de enfrentamiento.

“Enséñame un código y te diré quien manda”, suele decirse. Pues no. No es eso.

Mariano Rajoy busca el ‘gordo’ de la reelección el 20-D

Rajoy“Saque usted ese titular: lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones en España”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reveló durante una entrevista este jueves con el periodista Carlos Herrera la fecha que maneja el Ejecutivo para celebrar las próximas elecciones generales, la fecha tope que marca la ley electoral. Es el penúltimo domingo del año. Dos días antes del sorteo del Gordo de la Navidad./ Foto: EFE

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Foto: EFE

“Saque usted ese titular: lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones en España”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reveló durante una entrevista este jueves con el periodista Carlos Herrera la fecha que maneja el Ejecutivo para celebrar las próximas elecciones generales, la fecha tope que marca la ley electoral. Es el penúltimo domingo del año. Dos días antes del sorteo del Gordo de la Navidad. Tradicionalmente, siempre se han convocado a los españoles para acudir a las urnas en otoño o en primavera, pero jamás se ha retrasado hasta el 20 de diciembre una cita electoral. ¿Cuánto se beneficia el Partido Popular de convocar unas elecciones generales en unas fechas tan próximas a Navidad?

En Génova, el cuartel general de los populares, han planeado exprimir la legislatura hasta la última gota para consolidar la recuperación económica y tener más margen para poder subir algún punto en intención de voto. Las encuestas vaticinan que el votante popular va reconciliándose cada mes un poco más con sus gobernantes, por lo que atrasar las elecciones supone depositar más confianza en el electorado. El politólogo Pablo Simón considera que poner esta fecha para abrir las urnas es una cuestión de estrategia básica, que poco o nada tiene que ver con la fiebre de las compras navideñas que atrapa a todos los españoles durante el mes de diciembre.

Rajoy quiere resurgir

“Cuando el ciclo económico está favor, hay que retrasar las elecciones todo lo posible. Si Rajoy pudiera celebrar las elecciones en marzo del año que viene, las retrasaría hasta entonces”, matiza. En la misma línea se muestra el consultor Emilio Serrano, que cree que el PP retrasa la cita electoral para dejar “atados los Presupuestos Generales del Estado. Si los populares no consiguen la llave de la gobernabilidad durante la próxima legislatura, los nuevos gobernantes no tendrán más remedio que gobernar durante un año con esos presupuestos aprobados ahora”.

Rajoy quiere resurgir de sus cenizas tras el descalabro del 24-M y aprovechará la recta final de la legislatura para vender su proyecto de estabilidad económica con la aprobación de los primeros Presupuestos de la recuperación económica. Es el as que se guarda bajo la manga para meter el miedo al electorado de que, si vienen los otros, la estabilidad económica volverá a tambalearse y España podría correr la misma suerte que Grecia.

El PP se ha guardado otra jugada maestra para dinamitar la campaña electoral catalana: la proposición de ley de reforma urgente del Tribunal Constitucional que el PP ha presentado esta semana y que permitirá multar a gobernantes y funcionarios que no cumplan sus sentencias y resoluciones. Una medida pensada para abortar una hipotética independencia de Cataluña tras los comicios del 27-S.

El consultor de comunicación Emilio Serrano apunta hacia estas dos claves para justificar la decisión del presidente del Gobierno de apurar al máximo el fin de la legislatura. “Que en Navidad se crea más empleo estacional y que el gasto se dispara por las compras navideñas es un hecho, pero es un dato irrelevante para conseguir votos”, añade. “Aprobar los PGE, reformar el TC y presumir de buenos datos económicos” son hechos que, a su juicio, beneficiarían al Partido Popular de cara a las elecciones.

El reparto de canales de televisión

Rajoy juega a su favor con otra baza: repartir los cuatro canales de televisión que ahora mismo mantiene en vilo al sector audiovisual. Una Comisión dependiente del Ministerio de Industria evalúa en estos momentos las nueve ofertas que hay encima de la mesa y, a partir del 9 de octubre, podrá tomar una decisión. Con esta herramienta, el presidente se asegura que los medios de comunicación pendientes de la resolución mantengan una posición menos combativa durante la campaña electoral con la esperanza de ser los elegidos.

A la espera de que Mariano Rajoy convoque definitivamente las elecciones, los expertos de comunicación consultados por este diario restan importancia a los que vaticinan que el PP retrasa las elecciones para beneficiarse del espíritu navideño. “Que los funcionarios cobren en diciembre la paga extra se notará en el consumo, y el PP intentará jugar esa baza. Pero no tendrá efecto sobre el voto”, comenta Simón, que sí encuentra otra diferencia en que las elecciones generales coincidan con la Navidad.

“Tradicionalmente, el PP desconfía de las campañas electorales. Los partidos de izquierdas siempre se han movido mejor durante los quince días que dura la campaña, así que si coincide con la precampaña navideña el PP puede jugar a la distorsión con sus votantes. ¿Tendría un efecto sobre el voto? No podría decir si positivo o negativo”, añade.

La insufrible lentitud de la justicia

La demora con la que se resuelven muchos casos en los tribunales demuestra que urge hacer cambios para que la Justicia haga honor a su nombre. Una democracia debe ser capaz de juzgar a su debido tiempo y, de hecho, sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerdan que es un deber de los estados.

“La tardanza de la justicia es uno de esos males de los que el hombre sólo puede librarse mediante el suicidio”.

(W. Shakespeare. Hamlet)

Este comentario viene a cuento de la carta que me envía un español, de origen sirio y médico de profesión, que durante nueve años y pico ha sufrido la insoportable lentitud de la justicia. Detenido y acusado a finales de marzo del año 2006 por la acusación, junto a otras personas, de un delito de depósito de arma de guerra y que desde el primer día negó, ahora, finalmente, tras un largo calvario judicial, el tribunal le ha absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

De sus palabras destaco éstas: “Señor abogado: ¿Quién me repara tanto dolor, tanta angustia, tanto sufrimiento? ¡La injusticia de tan extensa espera me ha consumido el valor, agotado la confianza en la Justicia, destrozado el corazón! ¡Estos años han tenido para mí más horas de desesperación que minutos de esperanza!”.

El mismo día que recibo este gemido, leo que más de 8.000 juristas, entre ellos jueces, fiscales y sobre todo abogados, bajo el lema de “Justicia tardía no es Justicia”, han inundado Twitter con mensajes e imágenes en las que se denuncia esa lentitud de la justicia y hablan de juicios y vistas para 2017, 2018, 2019 e incluso 2020.

En mi primer artículo publicado el 17/01/2015 en este blog que muy pronto se convertirá en diario y que titulé La lucha de los españoles y de EL ESPAÑOL por la Justicia, al hacer recuento de las batallas a emprender escribí que era necesario poner fin a la exasperante lentitud de las ruedas de nuestra administración de Justicia, que una justicia a destiempo es una denegación de Justicia, que el reloj de la Justicia no puede seguir siendo un reloj lánguido y que de no rejuvenecer, dentro de muy poco, será incapaz de arrastrar su maquinaria.

Cualquier democracia debería perder el nombre si no es capaz de juzgar a su debido tiempo. Las insoportables demoras de la justicia convierten al Estado de Derecho en algo meramente retórico, sin que valgan excusas de sobrecargas de trabajo o falta de medios materiales y personales. Como el Tribunal Constitucional ha declarado en la reciente sentencia 87/2015, de 11 de mayo, “por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica (…) de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. (…) El elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramita el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática (…)”.

Éste es también el criterio reiterado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y así en la sentencia Lenaerts contra Bélgica, de 11 de marzo de 2004, la Corte de Estrasburgo razona que el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales “obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable”.

O sea, que no es posible aceptar que se vive en democracia con una administración de la Justicia donde la respuesta judicial al reconocimiento de un derecho o la determinación de quien es inocente o culpable, duerma años y años en los estantes judiciales, con métodos arcaicos, tortuosidades y dilaciones inhumanas. Con horror hemos de contemplar los daños que causan las excesivas e indebidas dilaciones y procedimientos hay que duran tanto como las cuatro etapas del hombre; es decir, toda una vida.

En Bleak House o Casa desolada, Charles Dickens escribe del famoso caso Jarndyce/Jarndyce como “este pleito de espantapájaros se ha ido complicando tanto con el tiempo que ya nadie recuerda de qué se trata (…); durante la causa han nacido innumerables niños; innumerables jóvenes se han casado; innumerables ancianos han muerto. Docenas de personas se han encontrado delirantemente convertidas en partes (…), sin saber cómo ni por qué; familias enteras han heredado odios legendarios junto con el pleito. El pequeño demandante, o demandado, al que prometieron un caballito de madera cuando se fallara el pleito, ha crecido, ha poseído un caballo de verdad y se ha ido al trote al otro mundo. Las jovencitas pupilas del tribunal han ido marchitándose al hacerse madres y abuelas; se ha ido sucediendo una larga procesión de cancilleres que han ido desapareciendo a su vez; la legión de certificados para el pleito se ha transformado en meros certificados de defunción; quizá ya no queden en el mundo más de tres Jarndyce desde que el viejo Tom Jarndyce, desesperado, se voló la tapa de los sesos en un café de Chancery Lane (…)”.

No sé si algún día el hombre al que me he referido y que justifica estas líneas será indemnizado por el Estado ante un patente “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” y en aplicación de los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tener éxito en la pretensión, se me ocurre que con el dinero que reciba podría comprarse un reloj suizo, con todos los adelantos y hasta con números fluorescentes para la noche. Un reloj con mucha vida que le haga superar el amargo, bárbaro y desalmado tiempo de esos casi diez años de espera judicial. Camilo José Cela hubiera escrito unas páginas memorables –algo hizo con mano maestra en El asesinato del perdedor– dedicadas a las víctimas de la desidia de la Justicia, esa institución por la que Cronos, el anciano dios del tiempo, llora de impotencia y rabia al verla con tanta galbana.

¿La píldora del día después es abortiva? Hablan los expertos

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La decisión del Tribunal Constitucional de amparar la objeción de conciencia invocada por un farmacéutico para no disponer en su establecimiento de la píldora postcoital ha abierto una intensa polémica sobre el mecanismo de acción y los efectos de ese producto. ¿Es sólo un anticonceptivo o también es abortiva? El Español ha recabado la opinión de expertos para que los lectores puedan formarse su criterio respecto a cada tesis.  

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La decisión del Tribunal Constitucional de amparar la objeción de conciencia invocada por un farmacéutico para no disponer en su establecimiento de la píldora postcoital ha abierto una gran controversia sobre el mecanismo de acción y los efectos de ese producto. ¿Es sólo un anticonceptivo o también es abortiva? El Español ha recabado la opinión de expertos para que los lectores puedan formarse su criterio respecto a cada tesis.  

Sólo un anticonceptivo

por Clara F. del Barrio, farmacéutica

Explicar los fundamentos en los que se basa el mecanismo de la Píldora del Día Después (PDD) exige empezar por el principio: qué es la concepción y cómo ocurre. Para que se produzca un embarazo deben darse cuatro pasos [1]:

  1. Ovulación: un óvulo es liberado a la trompa uterina. Si no es fecundado tras aproximadamente un día, se deteriorará hasta perder su capacidad reproductiva [2]. Dos ideas muy comunes son que el embarazo sólo puede ocurrir el día de la ovulación o que puede ocurrir cualquier día del ciclo. Ambas son incorrectas. El momento del ciclo en el que puede ocurrir el embarazo se denomina «ventana de fertilidad» e incluye los cinco días previos a la ovulación, el día de la ovulación y el día inmediatamente posterior [3].
  2. Eyaculación. De los 100-200 millones de espermatozoides liberados dentro de la vagina, sólo unos cientos lograrán atravesar el cuello uterino y llegar al útero [4]. Una vez allí, deben continuar su transporte y alcanzar las trompas. El ambiente para que los espermatozoides lleguen hasta el óvulo es más propicio durante la ventana de fertilidad pero, aun en las mejores condiciones, apenas un centenar de espermatozoides llegará hasta las trompas y el óvulo en caso de que éste se encuentre allí. Los espermatozoides pueden sobrevivir en la vagina y útero hasta cinco días, dependiendo de la calidad del esperma y del flujo cervical [5].
  3. Fecundación: los espermatozoides encuentran el óvulo y uno de ellos logra atravesar su membrana, haciendo llegar su material genético al núcleo del ovocito y formando un cigoto [6].
  4. Implantación: el cigoto viaja desde la trompa uterina donde se produjo la concepción hacia el útero. Si consigue implantarse con éxito en el endometrio, se desarrollará hasta convertirse en un embrión. Esto ocurre, aproximadamente, siete días después de la fecundación. Si no ha habido fecundación, o si el cigoto no llega a implantarse, el ciclo menstrual seguirá su curso con la menstruación, dando comienzo a un nuevo ciclo.

Estas etapas necesarias para que se dé un embarazo no se suceden de forma instantánea. Entre el acto sexual y el embarazo pasan normalmente diez días: los espermatozoides tardan entre 24 y 78 horas en alcanzar el óvulo y el cigoto se desplaza a lo largo de siete días hasta llegar a implantarse en el endometrio [7].

Desde la eyaculación al momento de la fecundación pasan, por tanto, entre uno y tres días. Ese es el margen de acción del Levonorgestrel, principio activo de la PDD. Los anticonceptivos postcoitales, o de emergencia, comenzaron a incorporarse al arsenal terapéutico de control de natalidad en los años 70, tras la popularización de la píldora anticonceptiva de toma diaria. Como el olvido de una sola toma puede hacer fallar el método, abundaban las leyendas urbanas y soluciones caseras para evitar el embarazo en esos casos [8]. Se extendió, sobre todo, una solución farmacológica que resultó ser efectiva, el método de Yuzpe: tomar altas dosis de píldora anticonceptiva combinada compuesta por etinilestradiol y levonorgestrel antes de pasadas 72 horas del coito desprotegido, en dos tomas separadas por 12 horas [9].

El efecto de las altas dosis de hormonas estaba siendo investigado por el médico canadiense Albert Yuzpe y su equipo [10], que pudieron averiguar, de un lado, que la efectividad del método era alta pero dependía del momento del ciclo en el que se tomara [11] y, de otro, que no había forma de tener en cuenta en los resultados los casos de mujeres que no habrían quedado embarazadas aun sin el método.

Se investigó el uso de otras sustancias como el danazol o la mifepristona. Comenzaron a distinguirse tres tipos de sustancias: anticonceptivas, que previenen la fecundación; interceptivas, que evitan la implantación del cigoto, y abortivas, que fuerzan la expulsión del embrión implantado. (Actualmente sólo se clasifican entre anticonceptivas y abortivas. El término interceptivas ha caído en desuso) [12].

El Levonorgestrel, componente de las píldoras que se utilizaban en el método de Yuzpe, demostró ser la sustancia más segura, con mayor tolerancia y de mejor relación coste/beneficio de entre las utilizadas en los métodos anticonceptivos postcoitales [13]. Tiene menos efectos secundarios que los tratamientos con altas dosis de estrógenos y, a diferencia de estos, es eficaz con una sola toma [14]. No es tóxico, no es teratogénico y no interfiere con el desarrollo del embrión tras la implantación. Tampoco afecta a la fertilidad futura.

Su mecanismo de acción se sigue estudiando en profundidad a día de hoy, pero ya están establecidos dos por los que previene el embarazo: impide la ovulación inhibiendo la liberación del óvulo [15, 18, 21] y aumenta la viscosidad del moco cervical dificultando el transporte de los espermatozoides y su paso por el cuello uterino [16]. Su eficacia disminuye si los espermatozoides ya han llegado al útero en fase postovulatoria, por lo que se recomienda que se tome lo antes posible [21].

No puede impedir la liberación del óvulo una vez ha comenzado la ovulación [15, 17, 19, 20, 22]. No altera el tejido de las trompas uterinas [19, 10] ni del endometrio [15, 19, 23, 24]. No impide la implantación [15, 20, 21]y no interfiere en el desarrollo del embrión [25, 26, 29]. No puede, por tanto, provocar un aborto.

La PDD a base de Levonorgestrel es, sin duda alguna, anticonceptiva. No tiene ningún efecto que permita clasificarla como abortiva, ni siquiera como interceptiva. Precisamente por eso su efectividad depende de la prontitud de la toma: cuanto antes, mejor. Los términos generalmente utilizados para referirnos al tratamiento -píldora del día después o píldora del día siguiente- pueden hacer pensar que hay que esperar 24 horas desde el coito con riesgo de embarazo, pero no es así.

La eficacia del Levonorgestrel para prevenir el embarazo se sitúa en un 76% y un 90% [28, 29, 30], y disminuye con el paso del tiempo. Esta eficacia es mucho menor que la de otros anticonceptivos, por lo que no se debe utilizar la píldora del día después como medida anticonceptiva habitual.

Desde la década de los 2000, la PDD está incluida en ese arsenal terapéutico para la salud sexual y reproductiva [31, 32] como medida de emergencia en caso de relación desprotegida o de que la protección utilizada falle. En España puede adquirirse sin receta desde el año 2009.

Como conclusión: la píldora del día después formulada con Levonorgestrel es un anticonceptivo postcoital cuya acción es la prevención del embarazo, impidiendo la ovulación. Evita el embarazo solamente si la toma se realiza en fase preovulatoria o, en menor medida, antes de que los espermatozoides hayan podido atravesar el cuello uterino. No debe utilizarse como método anticonceptivo habitual dada su baja eficacia en uso continuado.

Las píldoras anticonceptivas de emergencia de Levonorgestrel no son eficaces una vez ha comenzado el proceso de implantación y no pueden provocar un aborto. En caso de que el embarazo ya haya comenzado en el momento de la toma, los datos indican que la píldora no perjudicará ni a la mujer ni al feto.

[su_spoiler title=”REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”]1. Hall JE, Guyton AC. Tratado de fisiología médica. 12ª edición. Barcelona: Elsevier. 2011. Capítulos 80, 81, 82 (973–1005)

2. Prasad S et al. Morphological, cellular and molecular changes during postovulatory egg aging in mammals. J Biochemical Sci. 2015; 22 (36)

3. Wilcox AJ, Dunson D, Baird DD. The timing of the “fertile window” in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study. Brit Med J. 2000; 321: 1259–62

4. Cooper TG et al, World Health Organization reference values for human semen characteristics. Hum Reprod Update. 2009; 16(3): 231–245

5. Suarez SS, Pacey AA. Sperm transport in the female reproductive tract. Hum Reprod Update.2006; 12(1): 23–37

6. Wassarman PM, Jovine L, Litscher ES. A profile of fertilization in mammals. Nat Cell Biol. Febrero 2001; 3: E59-E63

7. Sharma A, Pratap K. Understanding implantation window, a crucial phenomenon. J Hum Reprod Sci. Enero-abril 2012;5(1): 2–6

8. Ellertson C. History and Efficacy of Emergency Contraception: Beyond Coca-Cola. International Fam Plann Perspect. 1996; 22(2): 52–56

9. Kunjappu, M. Pioneering Studies of the “Morning-After” Pill. Yale J Biol Med. 2011; 84: 109–111

10. Yuzpe AA, Lancee WJ. Ethinylestradiol and dl-norgestrel as a post-coital contraceptive. Fertil Steril 1977; 28: 932–936

11. Trussell J, Ellertson C, Stewart F. The Effectiveness of the Yuzpe Regimen of Emergency Contraception. Fam Plann Perspect. 1996; 28(2): 58–64

12. Edouard L. Of interception, postcoital contraception and the morning after. J Fam Plann Reprod Health Care 2002; 28(2): 105

13. Trussell J, Ellertson C, Stewart F. Preventing Unintended Pregnancy: The Cost-Effectiveness of Three Methods of Emergency Contraception. Am J Public Health. 1997; 87(6): 932–937

14. Webb A. Emergency contraception: is it time to change method? Brit Med J. 1999; 318: 342–343

15. Durand M et al. On the mechanisms of action of short-term levonorgestrel administration in emergency contraception. Contraception. 2001; 64: 227–234

16. Yeung WSB et al. The effects of levonorgestrel on various sperm functions. Contraception. 2002; 66: 453–457

17. Croxatto H, Ortiz ME. Mecanismo de acción del levonorgestrel en la anticoncepción de emergencia. Rev Chil Obstet Ginecol. 2004; 69(2): 157–162

18. Norikova N et al. Effectiveness of levonorgestrel emergency contraception given before or after ovulation — a pilot study. Contraception. 2007; 75: 112–118

19. Gemzell-Danielsson K. Mechanism of action of emergency contraception. Contraception. 2010; 82: 404–409

20. Noe G et al. Contraceptive efficacy of emergency contraception with levonorgestrel given before or after ovulation. Contraception. 2010; 81: 414–420

21. Gemzell-Danielsson K, Berger C, Lalitkumar PGL. Emergency contraception — mechanisms of action. Contraception. 2013; 87: 300–308

22. Jamin C. Contraception d’urgence: différence d’efficacité entre levonorgestrel et ulipristal acetate selon le diamètre folliculaire au moment du rapport non protégé. Gynecol Obstet Ferti. 2015; 43: 242–247

23. Lalitkumar PG et al. Mifepristone, but not levonorgestrel, inhibits human blastocyst attachment to an in vitro endometrial three-dimensional cell culture model. Hum Rep. Noviembre 2007; 22(11): 3031–3037

24. Meng CH et al. Effect of levonorgestrel and mifepristone on endometrial receptivity markers in a three-dimensional human endometrial cell culture model. Fertil Steril. Enero 2009; 91(1): 256–264

25. De Santis M et al. Failure of the emergency contraceptive levonorgestrel and the risk of adverse effects in pregnancy and on fetal development: an observational cohort study. Fertil Steril. 2005; 84(2): 296–299

26. Zhang L et al. Pregnancy outcome after levonorgestrel-only emergency contraception failure: a prospective cohort study. Human Rep. 2009; 24(7): 1605–1611

27. Zhang L et al. Physical and Mental Development of Children after Levonorgestrel Emergency Contraception Exposure: A Follow-Up Prospective Cohort Study. Biol Reprod. Julio 2014; 91(1)

28. Wilcox EJ et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception. 2001; 63: 211–215

29. Halpern V, Raymond EG, Lopez LM. Repeated use of pre- and postcoital hormonal contraception for prevention of pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 26(9)

30. Li D, Allen JW, Dunson DB. Benchmark pregnancy rates and the assessment of post-coital contraceptives: an update. Contraception. 2015; 91: 344–349

31. Yen S et al. Emergency Contraception Pill Awareness and Knowledge in Uninsured Adolescents: High Rates of Misconceptions Concerning Indications for Use, Side Effects, and Access. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2014; 1: 1–6

32. Trussell J, Ellertson C, Stewart F. The role of emergency contraception. American Journal of Obstetrics and Gynecology. Am J Obstret Gynecol. 2004; 190: S30-S38[/su_spoiler]


Es posible un efecto abortivo

por María Castellano Arroyo y Luis Ciprés Casasnovas, médicos

El amparo del Tribunal Constitucional obtenido por un farmacéutico que esgrimió la objeción de conciencia como negativa a disponer de la ‘píldora anticonceptiva de emergencia’, conocida como ‘píldora del día después’, ha despertado cierta polémica. El lado más directamente positivo es la oportunidad de que se profundice en el hecho en sí mismo. Este fármaco se dispensa en cientos de miles de dosis en toda España y cuando se publican las estadísticas anuales al respecto leemos “edad de las mujeres: entre 10 y 45 años”, lo cual significa que la han recibido niñas de sólo 10 años. No figuran datos de cuántas veces la ha tomado una misma mujer ni de la información que se ha proporcionado sobre posibles efectos secundarios de acumulación de dosis. Una vez más son mujeres las que soportan el riesgo, en este caso, en su salud de actitudes supuestamente progresistas.

En nuestra opinión, la solicitud y dispensación de la ‘píldora del día después’ debía aprovecharse, al menos, para ofrecer a las usuarias la oportunidad de obtener una formación e información adecuadas sobre los procedimientos anticonceptivos, con los riesgos y beneficios de cada uno de ellos. Un uso y disfrute responsable de la sexualidad debe incluir como base estos conocimientos y debe ser un derecho de toda persona y, desde luego de toda mujer, como parte de la pareja que asume las consecuencias biológicas y emocionales de las relaciones sexuales.

Es oportuno expresar algunos conceptos médicos básicos sobre este producto farmacéutico cuando se utiliza con esta finalidad concreta, ya que sólo conociendo la realidad científica podemos explicar y comprender porqué una persona, atendiendo a su conciencia moral, puede rechazar su participación, como acto necesario, en su uso y las consecuencias que tiene.
La Píldora del Día Después (PDD) o Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) es la denominación comúnmente utilizada para un reducido grupo de medicamentos hormonales sistémicos (anticonceptivos de emergencia femeninos orales –grupo terapéutico G03AC03 ) que se dispensan desde 2009 en nuestro país de forma libre en oficinas de farmacia, sin necesidad de prescripción facultativa y sin estar financiados por el Sistema Nacional de Salud.

Se trata de un medicamento compuesto por el progestágeno Levonorgestrol (1500 mcg), con una potencia como progestágeno diez veces mayor que la progesterona y que es utilizado como método anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales por vía vaginal sin protección o ante el fallo de otro anticonceptivo.

La dosis utilizada de Levonorgestrol en anticoncepción de emergencia (1,5 mg) es mil veces mayor a la dosis que se prescribe como anticonceptivo de uso oral de forma habitual y que no es de emergencia.

Su mecanismo de acción no es único y no se conoce con precisión. Lo que sí se acepta como demostrado es que puede actuar tanto antes de la fecundación como tras haberse producido ésta debido a que es capaz de provocar tanto la inhibición o el retraso de la ovulación como cambios endometriales y en la movilidad de las trompas que dificultan la implantación. Esto significa que su efecto puede manifestarse en un retraso de la ovulación, con lo cual no se produciría el encuentro del espermatozoide con el óvulo de la mujer y, por tanto, no se produciría fecundación. En este caso el efecto es antifecundación, no abortivo.

Respecto a los otros dos efectos, el aumento de la motilidad de las trompas y los cambios en el endometrio del útero, hay que aceptar que es posible un efecto abortivo. Esto ocurriría en el caso de que el espermatozoide hubiera fecundado el óvulo, produciéndose como consecuencia el cigoto que, de implantarse adecuadamente, iniciaría su fase de desarrollo embrionario.

Por tanto, es factible concluir que este producto farmacéutico puede actuar tanto en el período ‘prefecundación’ -fundamentalmente, inhibiendo o retrasando la ovulación pero también alterando la secreción del moco cervical, lo que dificulta la penetración del espermatozoide en el útero- como en el período ‘postfecundación’, en cuyo caso podría actuar tanto por inhibición directa de la implantación (alteración estructural y bioquímica del endometrio) como por alteración de la movilidad de las trompas, lo que dificulta el transporte del cigoto al útero.

Como todo medicamento, su uso no está exento de riesgos y efectos secundarios. Tanto el prospecto del fármaco como distintos informes de agencias reguladoras dan instrucciones precisas de su “posología y forma de administración”, de sus “efectos adversos”, “interacciones con otros fármacos”, “contraindicaciones” y “advertencias y precauciones de empleo”. Los efectos adversos que se describen son múltiples y su aparición varía desde los muy frecuentes (nauseas 17%, mareos 10%, dolor de cabeza 14%, dolor en la parte baja del abdomen 14% , manchado o sangrado menstrual tras la toma 31%, hipersensibilidad mamaria 11%, etcétera) hasta los graves y de frecuencia desconocida, como el infarto cerebral.

A modo de ejemplo, se puede señalar que en la ficha técnica de la PDD se advierte de que no se recomienda su uso en mujeres menores de 16 años ya que los datos disponibles son muy limitados. Asimismo, la administración reiterada dentro de un ciclo menstrual está desaconsejada debido a un aumento excesivo de hormonas en la mujer y a la posibilidad de alteraciones importantes en el ciclo menstrual.

Los estudios científicos disponibles sobre la seguridad de la PDD no han valorado los efectos a largo plazo de la toma repetida de la píldora por adolescentes y mujeres en edades tempranas.

Como se desprende de lo explicado anteriormente, es comprensible que un profesional sanitario conocedor de esos datos pueda esgrimir su negativa a dispensar el producto por dos razones. Una de ellas podríamos denominarla ‘objeción de ciencia’ si considera que no puede controlar los efectos negativos que la píldora pudiera tener para la mujer a la que da el fármaco por razones de edad, de uso continuado o frecuente, estado de salud, existencia de otras patologías. Y, desde luego, existe base científica para que pueda alegar la objeción de conciencia ante la eventualidad de que la dispensación constituya un acto necesario en el proceso de absorción-fecundación-aborto, aunque esto se quede habitualmente en un hecho imposible de probar.

 

El TC ampara a un farmacéutico que por motivos de conciencia no quería vender la píldora abortiva

Captura de pantalla 2015-07-06 a la(s) 16.52.14El Tribunal Constitucional ha revocado la decisión de la Junta de Andalucía de sancionar con una multa de 3.300 euros a un farmacéutico de Sevilla que alegó motivos de objeción de conciencia para no contar en su establecimiento con la llamada ‘píldora del día después’.

El Tribunal Constitucional ha revocado la decisión de la Junta de Andalucía de sancionar con una multa de 3.300 euros a un farmacéutico de Sevilla que alegó motivos de objeción de conciencia para no contar en su establecimiento con la llamada ‘píldora del día después’. Se trata de un producto cuyo principio activo es el levonorgestrel, que tiene efectos abortivos. Está incluido en la lista mínima de medicamentos de los que deben disponer obligatoriamente las farmacias de la comunidad andaluza.

En esa relación se encuentran también los preservativos, de los que tampoco disponía el farmacéutico sancionado. Fue precisamente una denuncia de una persona que quiso comprar profilácticos la que desencadenó el expediente administrativo contra el farmacéutico, dado que los inspectores comprobaron que no sólo faltaban preservativos sino también la píldora del día después.

La sanción que le impuso la Administración autonómica fue confirmada por los tribunales andaluces. En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, el Pleno del Constitucional la ha anulado ahora, en contra del criterio del fiscal y por mayoría. Los magistrados propuestos por el PSOE han formulado votos discrepantes.

Sentencia pionera

Es la primera vez que el guardián de la Constitución se pronuncia sobre la objeción de conciencia de los farmacéuticos (sí lo ha hecho sobre los médicos). El TC ha considerado que la negativa del demandante a disponer de la píldora postcoital está amparada por el artículo 16 de la Norma Fundamental -que protege la libertad ideológica de los ciudadanos- a la vista de las concretas circunstancias del caso.

El tribunal ha dado una particular importancia al hecho acreditado de que el profesional sancionado había formalizado por escrito ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla su condición de objetor de conciencia. Según él, disponer como profesional farmacéutico de la píldora del día después contrariaba sus convicciones éticas sobre el derecho a la vida.

El TC ha observado que la sanción no derivó estrictamente de su negativa a dispensar el medicamento a alguien que se lo hubiera solicitado sino de haber incumplido el deber de contar con el mínimo de existencias establecido normativamente. En el procedimiento no se constató riesgo alguno de que la dispensación de la ‘píldora del día después’ se viera obstaculizada porque sí la almacenaban otras oficinas de farmacia cercanas.

Andalucía, sin norma específica

A diferencia de otras comunidades, Andalucía carece de una regulación específica de rango legal sobre la objeción de conciencia de los profesionales farmacéuticos, pero ese derecho sí está expresamente reconocido como “básico”en los estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, que fueron aprobados en 2008 por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

De esta forma, señala el Constitucional, el demandante actuó bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho cuyo reconocimiento estatutario no ha sido objetado por la Administración.

En cambio, la no existencia de preservativos en esa farmacia ha merecido una respuesta distinta porque, a diferencia de lo que sucede con la píldora postcoital, el TC no aprecia un conflicto de conciencia con relevancia constitucional en el hecho de no disponer de esos productos. El tribunal ha acordado devolver el procedimiento a la Junta de Andalucía para que decida sobre si la falta de preservativos debe ser sancionada.

Lo que tienes que saber del sistema D’Hondt

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El autor, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, explica las claves del método electoral D’Hondt y rechaza la crítica de que no garantiza la proporcionalidad en las circunscripciones más pequeñas. Arnaldo sostiene que es una fórmula válida ante el nuevo escenario político español con el surgimiento de fuerzas emergentes porque, en contra de lo que se afirma, no asegura el bipartidismo.

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El autor, catedrático de Derecho Constitucional de la Rey Juan Carlos, explica las claves del método electoral D’Hondt y rechaza la crítica de que no garantiza la proporcionalidad en las circunscripciones pequeñas. Dice que es una fórmula válida ante el nuevo escenario político español con el surgimiento de fuerzas emergentes porque, en contra de lo que se afirma, no asegura el bipartidismo.


El origen de nuestro actual sistema electoral no se encuentra en la Constitución, sino en el decreto-ley de normas electorales de 1977, que permitió la celebración de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de ese año. Su contenido pasó directamente a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 porque la Constitución no lo alteró lo más mínimo. Imperó el principio de conservación en torno a una cuestión central del funcionamiento del Estado democrático, sobre la que se daba el más amplio consenso no solamente entre los dos grandes partidos estatales (UCD y PSOE, en aquel momento) sino también entre las dos fuerzas nacionalistas (CiU y PNV).

El contenido del sistema electoral está constituido por los siguientes elementos en relación con el Congreso de los Diputados:

  • La provincia como circunscripción electoral.
  • La distribución de los escaños con un mínimo provincial de dos y el resto -hasta los 350- en función de la población de cada provincia.
  • Las listas cerradas y bloqueadas.
  • La barrera electoral del 3%, de manera que quedan excluidos del reparto de escaños los partidos que no alcanzan ese mínimo porcentaje de votos.
  • La fórmula inventada a finales del siglo XIX por un matemático belga llamado Víctor D’Hondt que se conoce por su nombre.

Todas las leyes autonómicas han copiado estos elementos estructurales con leves matizaciones. En Asturias y Murcia, la provincia se divide en varios distritos. En los archipiélagos, la isla es la circunscripción, pero en el resto se mantiene como tal la provincia.

En algunas comunidades se eleva la barrera electoral -por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que la establece incluso a nivel regional- y en otras, como Canarias, se establece una doble barrera, insular y autonómica. En algunas comunidades, en fin, se determina el número de diputados y se distribuye de forma fija (Extremadura, Cataluña o País Vasco) y en otras es variable en razón de la población. Pero todas las leyes electorales autonómicas, sin excepción, hacen suya como fórmula repartidora de los escaños el método D’Hondt o de los mayores cocientes.

Un modelo extendido en Europa

El éxito de este método no se acaba ahí, pues es el mismo para el reparto de los escaños del Parlamento Europeo, pero también para las elecciones locales. Concluimos, así, que es una fórmula universalizada para todas las elecciones políticas españolas, incluidas las de territorios históricos y cabildos y consejos insulares. Un aplastante triunfo que se debe, aparte del principio de conservación de lo ya conocido y experimentado, al consenso en torno al mismo (y a la falta de consenso para su modificación), a su neutralidad operativa y a su eficacia para reflejar el pluralismo político y social existente. Ello queda demostrado por el hecho de que ha permitido tanto la alternancia como la formación de gobiernos estables.

Hay muchas fórmulas ideadas, pero la de D’Hondt es la más extendida entre los países europeos (Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Portugal, Suiza, entre otros). ¿En qué consiste? En un reparto de escaños basado en el principio de proporcionalidad. Los puestos no se los llevan los partidos que más votos obtienen (fórmula mayoritaria) sino que se distribuyen en función del número de votos obtenido por cada uno. No existe, obviamente, una exacta o matemática proporción sino una aproximación a la proporción, de forma que el grado de proporcionalidad está en función del método mismo, del número de escaños a repartir, del tamaño de las circunscripciones y del porcentaje de barrera o tope electoral.

Los resultados que ofrece el método D’Hondt son parecidos a los de la llamada fórmula de la media más elevada o de Dietz, pero se consiguen por un procedimiento diferente. En efecto, el número total de los votos obtenidos en cada circunscripción por cada formación política se divide por 1, por 2, por 3, por 4 y así tantas otras divisiones como escaños deben cubrirse (por ejemplo, hasta 36 en las elecciones al Congreso de los Diputados por Madrid, o hasta 129 en las elecciones a la Asamblea madrileña, o hasta 57 en las elecciones al Ayuntamiento de la capital).

De esta forma se obtienen los cocientes correspondientes a cada uno de los partidos políticos y esos cocientes se ordenan de mayor a menor, esto es, en orden decreciente. Los escaños corresponden a los cocientes mayores hasta agotar el último de los escaños a reparto.

En este enlace hay un ejemplo práctico de la aplicación de la fórmula D’Hondt:

http://elecciones.mir.es/generales2008/i_visita8.html

Prima a los grandes partidos

Decía la exposición de motivos del decreto-ley de 1977 que el método D’Hondt “supone un poderoso corrector al excesivo fraccionamiento de la representación parlamentaria” o, lo que es lo mismo, comporta una prima para los partidos grandes, un plus que algunos politólogos han cuantificado en el entorno del 8% al 10%.

Para los críticos, el método D’Hondt produce efectos mayoritarios o de beneficio a los grandes y medianos, en perjuicio de los terceros partidos. Y se ponen ejemplos de desproporción entre votos y número de escaños obtenidos por los partidos minoritarios a nivel nacional. En las últimas elecciones generales, Izquierda Plural obtuvo el 6,92% de los votos y 11 escaños; UPyD, con el 4,7%, 5 escaños. Por contra, CiU, con el 4,17%, alcanzó 16 escaños y PNV, con el 1,33%, logró 5 escaños. En cuanto a las dos formaciones mayoritarias, el PP, con el 44,62%, consiguió 186 escaños y el PSOE, con el 28,73%, 110 diputados.

Las objeciones a la fórmula electoral D’Hondt se ha centrado no en sus deficiencias matemáticas para alcanzar la ansiada proporcionalidad sino en la combinación de la misma con circunscripciones reducidas -que son, al menos, la mitad de las españolas- porque se favorece a los partidos más votados en cada una de ellas. El maestro alemán Dieter Nohlen sentó esta interpretación al principio de los 80 y todos los sociólogos electorales la han repetido desde entonces.

Conforme a esta tesis, en todas las circunscripciones que eligen menos de 6-7 diputados no habría una real proporcionalidad sino una mera línea tendencial hacia ella. Los dos grandes partidos se repartirían los escaños en disputa, con prácticamente nulas posibilidades para los terceros o cuartos partidos.

Claro está, en esta valoración no se tienen en cuenta variables como la tendencia a la concentración del voto (frente a la dispersión) o el recurso al voto útil (frente al voto ideológico) o la propia implantación de los formaciones grandes en todo el territorio (frente a la falta de homogeneidad de otros). Los efectos del sistema electoral y, en concreto, el de la potenciación del bipartidismo no derivan sin más de la fórmula D’Hondt, sino de un conjunto de factores psicológicos condicionantes del comportamiento electoral y de otros que podemos calificar de estructurales, consecuencia de la propia organización de los partidos.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha sancionado la constitucionalidad de las impurezas de nuestro sistema electoral al señalar que no se pretende “establecer un sistema puro de proporcionalidad sino una orientación o criterio tendencial, porque siempre su puesta en marcha quedará modulada o corregida por múltiples factores del sistema”, como acabamos de argumentar con otras palabras. En definitiva, la relativa desproporcionalidad es perfectamente legítima desde el punto de vista constitucional, que sólo vedaría “diferencias excesivas no razonablemente justificadas” porque serían discriminatorias. Recordemos las palabras del profesor Montero: “Todos los sistemas electorales dan lugar a efectos desproporcionales, la cuestión es de grado”.

Bipartidismo

La gran pregunta que se nos abre ante el nuevo escenario político español es si el aserto de que la fórmula D’Hondt no produce efectos proporcionales salvo en la mitad de las circunscripciones -las que eligen más de 6 ó 7 escaños- es sostenible. A los dos partidos mayoritarios de centro-derecha y de centro-izquierda se suman otras dos formaciones de ámbito también nacional, además de los distintos grupos nacionalistas que concentran su representación en sus territorios.

Pues bien, desde el punto y hora en que pueden darse porcentajes de voto similares -entre el 20% y el 30%- para, cuando menos, tres partidos, puede producirse el efecto de que los tres tengan representación en una circunscripción que solamente reparta tres, cuatro o cinco escaños. O dicho de otra manera, la fórmula D’Hondt no es garante del bipartidismo.

Es cierto que los partidos con menos de un 15% de los votos van a tener mucho más difícil el acceso al “botín” denominado escaño en esas circunscripciones de pequeño tamaño, salvo que todas las formaciones concurrentes tengan entre el 25% y el 15%, en cuyo caso sí accederían. En conclusión, podemos ver perfectamente que los terceros y cuartos partidos entren en distritos de pequeño y mediano tamaño, lo que demuestra que la fórmula D’Hondt no produce por sí efectos mayoritarios sino que ello está en función del grado de concentración o dispersión del voto.

Luis Ortega, la vocación de ser útil desde el Derecho

El prestigioso catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Real Academia Española Santiago Muñoz Machado escribe sobre el juez del Tribunal Constitucional Luis Ortega, fallecido el 15 de abril de 2015 repentinamente en la sede del propio TC tras sufrir un infarto. Ortega, de 62 años, se incorporó al Constitucional en enero de 2011 a propuesta del PSOE.

El prestigioso catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Real Academia Española Santiago Muñoz Machado escribe sobre el juez del Tribunal Constitucional Luis Ortega, fallecido el 15 de abril de 2015 repentinamente en la sede del propio TC tras sufrir un infarto. Ortega, de 62 años, se incorporó al Constitucional en enero de 2011 a propuesta del PSOE.

Estuve con él hace unos días en Toledo, en la Facultad de Derecho, porque me había invitado, como solía hacer, a dictar una conferencia en las jornadas sobre organización territorial del Estado que venía celebrando allí desde hacía muchos años. “¿Cuántos?”, le pregunté. Me dijo que veinticinco, con una sonrisa, y me escandalicé por el vertiginoso paso del tiempo. “Nos estamos haciendo viejos”, comenté. Y entonces soltó esa carcajada tan poderosa y característica de su personalidad porque ni lo era ni se sentía tal, en el límite de los sesenta.

Luis Ignacio Ortega Álvarez. Foto: Tribunal Constitucional.

Luis Ortega había llegado a Toledo con la generación fundadora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Al principio creyó que era un destino pasajero pero se enamoró enseguida del lugar y de sus posibilidades y, aunque tuvo oportunidades de regresar a la Universidad Complutense, donde había estudiado y se formó como profesor en el departamento que había dirigido durante tantos años Eduardo García de Enterría, se enraizó académicamente en Toledo y, poco a poco, fue capaz de poblar colegios y departamentos con profesores formados a su lado y participar en el desarrollo de otras facultades, en la misma comunidad autónoma, en su mayor parte dirigidas actualmente por discípulos de Luis.

Cuando acabó su carrera de Derecho en la Complutense, completó la primera fase de su formación académica en Roma, en las proximidades del profesor M. S. Giannini, uno de los grandes del Derecho Administrativo europeo, en cuya doctrina se empapó y supo traer luego con acierto a nuestras universidades poniéndola disposición, mediante traducciones de lo esencial, de los cultivadores del derecho público en España. La deslumbrante Roma y la obra humanística del profesor Giannini lo marcaron igualmente porque conservó siempre un interés por las creaciones intelectuales de toda clase, la literatura, especialmente la poesía, y las demás artes mayores con las que supo romper la brutalidad de la especialización excesiva, a la que siempre se negó.

Otra manifestación de la versatilidad de Luis Ortega fue su interés por la política, no expresado ni por su integración en la burocracia partidista ni en la lucha por ocupar cargos concretos, sino entendida como preocupación y placer intelectual por el debate sobre las cosas públicas. Tal vez en sus escritos de administrativista aparezca este rasgo de un modo más caracterizado que en cualquiera de nosotros, sus compañeros. Se trataba de la inclinación irresistible por ser útil para orientar a los gobernantes, buscar las mejores soluciones para los problemas del Estado. Tuvo una oportunidad directa de desarrollar esta vocación el largo período de tiempo que sirvió en el gabinete del vicepresidente del gobierno en la primera etapa felipista. Actualmente había llegado al lugar en que todas sus vocaciones podían desarrollarse conjuntamente: debatir sobre los grandes temas de la política, y hacerlo además con método jurídico y con soluciones constitucionales. Ésta era su tarea como magistrado del Tribunal Constitucional, que ha desempeñado con grandísima devoción, hasta esta misma mañana. “¿Qué tal te va, Luis, en el tribunal?”, le dije en aquella ocasión del principio. “¿No te aburres?”, pregunté. “Me lo paso extraordinariamente bien”, me contestó.

Esta mañana ha acabado todo dramáticamente, bruscamente, de forma inesperada. Escribo todavía bajo la conmoción que me ha producido su pérdida, y solo se me ha ocurrido para glosarla coger de mi librería uno de los pequeños libritos en los que recogía sus poemas. El hombre del mar, se llama este. En algún sitio dice: “Sabía que,/ esperando el tiempo,/ el espacio se convertía en ritmo / y que, / discurriendo el espacio, / el tiempo recuperaba / su forma, / a veces transformada / en deseo”.