No caerá esa breva

 

BuenaVengo explicando desde hace meses -escribe Ramírez- el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya.

Ilustración: Javier Muñoz

Seguimos con la antología del humor en la prensa catalana. Hace tres domingos homenajeé al ¡Cu-Cut!, hace dos me ocupé de L’Esquella de la Torratxa y el pasado de El Be Negre. Hoy toca entrar por La Vanguardia. Escribía el miércoles Enric Juliana con su perspicacia habitual: “Artur Mas ha sido llamado a declarar el próximo día 15 de octubre, fecha del 75 aniversario del fusilamiento de Lluis Companys en el castillo de Montjuic. Quien fijó la fecha lo ha investido”.

Puesto que en el párrafo anterior hablaba Juliana de que “la estrategia de la Moncloa” es presentar al “independentismo, vencido por la flema, la templanza y la firmeza de Mariano Rajoy … camino de los tribunales”, era evidente que trataba de sugerir que el Gobierno funciona como la carabina de Ambrosio: al tratar de perseguir a Mas de un modo tan tosco, lo está resucitando tras una cosecha electoral tan magra que en definitiva le obliga a compartir los 62 escaños de 2010 con muchos de sus rivales de entonces.

Esa interpretación había sido esbozada ya en el apunte del director de ese mismo día pues Màrius Carol subrayaba con razón que las “explicaciones” del ministro de Justicia Rafael Catalá sobre el retraso de la citación para “no interferir” en las elecciones “son de las que chirrían en el oído”. Y todo quedaba luego apuntalado cuando el propio editorial del diario advertía que las palabras del ministro habían supuesto “una manera, acaso involuntaria, de admitir que los ritmos de la justicia son influenciables”.

O sea que, en definitiva, la perfidia política del gobierno central al perseguir en los tribunales la desobediencia del presidente de la Generalitat cuando llevó a cabo la consulta prohibida por el TC, quedaba compensada por la chapuza de la elección de la fecha perfecta para alimentar su victimismo. Justicia poética, podría decirse, que restaura la posición de superioridad moral del paladín de la patria catalana de modo que hasta los iconoclastas de la CUP se vean obligados a respaldar su investidura.

la higuera estafermo

Ilustración: Javier Muñoz

Todo muy bien trabado pero, como digo, para la antología del humor. Y una vez más fue María Peral quien con precisión quirúrgica aportó en el Blog de EL ESPAÑOL el dato clave que da rienda suelta a las carcajadas y a alguna que otra salpicadura de saliva irreverente a modo de condecoración sobre la farsa: resulta que “quien fijó la fecha” y por lo tanto “ha investido” a Mas -o al menos pretende hacerlo activando la profecía autocumplida- no fue otro que el juez instructor Joan Manel Abril, elegido miembro del Tribunal Superior de Justicia por el llamado “turno autonómico”, en fecha tan reciente como 2012. “Fuentes del CGPJ -advierte Peral- recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Abril venía inequívocamente de CiU”. O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana.

Ojo, que este levantamiento del velo de la impostura no implica absolución alguna para el estólido Estafermo que se cree un valiente don Tancredo haciendo garbosos estatuarios ante los más aviesos astados. Porque Rajoy y sólo Rajoy es el culpable de que al cabo de cuatro años de mayoría absoluta del PP siga en vigor el ignominioso artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a los parlamentos autonómicos designar entre “juristas de reconocido prestigio” a la mitad de los integrantes de la Sala Penal y Civil del correspondiente Tribunal Superior de Justicia. O sea el culpable de la perpetuación del inicuo onanismo jurisdiccional por la cual los aforados de cada comunidad autónoma eligen entre sus amiguetes a los jueces que tendrán que juzgarles cuando hagan de las suyas.

Esa era una de las nefandas artimañas con las que Guerra trató de enterrar a Montesquieu que iban a quedar desmanteladas por la reforma del Poder Judicial prometida por el programa electoral del PP. Así lo disponía el proyecto de ley de Gallardón, zancadilleado por Rajoy en persona en el mismo umbral del índice rojo que incluye los asuntos a aprobar por el Consejo de Ministros. Aquel proyecto de ley, anhelado vademécum de la despolitización de la Justicia, fue bloqueado por el presidente cuando vio el sesgo que empezaban a tomar los casos de corrupción que afectaban al PP. Si Gallardón hubiera dimitido entonces, y no cuando lo hizo, sería hoy el hombre providencial hacia el que se dirigirían todas las miradas de la derecha española.

O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana

A diferencia de lo que puede alegar con la bajada de impuestos que por arte de birlibirloque se trastocó en subida, ningún requerimiento presupuestario le impedía cumplir esa promesa ancilar, pero Rajoy prefirió engañar a sus electores con tal de blindar a sus dependientes, consciente de que sólo de ellos dependería a su vez él, en la eventualidad de que se destapara la fosa séptica de sus sobresueldos, mensajes de móvil y simulaciones de indemnizaciones en diferido.

“David habría durado dos horas en el 10 de Downing Street si se hubiera descubierto algo parecido”, me contaba no hace mucho un antiguo colaborador de Cameron. Pero en España los aforados cerraron filas, el ministro del Interior se rebozó en el fango que para eso lo puso el jefe, Pablo Ruz se volvió a Móstoles y serán los afines Enrique López -que nada desearía tanto como ver pasar delante de él este cáliz- y Concha Espejel quienes juzguen el caso, si el pleno de la Sala no lo impide. Todo sigue tan del revés como con Filesa, los GAL, los Pujol o los ERE. Son los políticos quienes controlan a los jueces a través del CGPJ y no a la inversa.

Y ahí yace por lo tanto el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección, recibiendo aviso de Aznar tras aviso de Aznar, a la espera de que llegue el milagro de la Navidad.

Ni siquiera la extravagancia de llamarnos a votar entre la paga extra y la lotería es fruto de un plan premeditado o de una evaluación táctica. Sólo el resultado de la inercia de la inacción, del dejarse llevar hasta el final, estirando la legislatura hasta la última fecha posible con el pretexto de los presupuestos y la tramitación del aguinaldo que evita un coste fiscal de 40.000 millones a la banca.

“Ahora está claro que lo que le hubiera convenido a Rajoy, habría sido convocar las generales a la vez que las catalanas”, me decía esta semana un alto dirigente de un partido nacional. “Pero para dar un paso así se requería audacia política”. Y, claro, esperar algo parecido a la audacia de este fósil del paleolítico inferior era como buscar mariposas azules en el mar. (Papallones blaves damunt la mar, que cantaba Pau Riba).

Ahí yace el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección

Vengo explicando desde hace meses el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya. Esperaba incluso que el triunfo de los independentistas catalanes en su plebiscito, avalado mediáticamente por el ministro de Asuntos Exteriores, precipitara los acontecimientos y diera lugar a un acto de autoridad -tan meramente reactivo como los remolinos del estafermo- que le presentara como garante y depositario de la estabilidad constitucional.

Pero ya sabemos que no caerá esa breva porque como ocurre en el Evangelio de San Lucas cuando entra Jesús en Jericó, ha habido un hombre valiente que como Zaqueo ha tomado la iniciativa y se ha encaramado resuelto a la higuera para ir al encuentro del destino. O mucho me equivoco o esa noche electoral en la que Rivera, Arrimadas y su pléyade de jóvenes sin tacha ni pasado, hijos todos de la libertad, coreaban “Ca-ta-lu-ña es Es-pa-ña” mientras afeaban la corrupción del “tres per cent” a Mas y sus compañeros de viaje, ha calado tan hondamente en el corazón de tantos a los que les gustaría ser como ellos, que la suerte del 20-D ya está echada.

“No me gustaría estar en el pellejo de Mariano”, explicaba el martes por la noche a un grupo de amigos uno de los dirigentes históricos que llegaron al PP procedentes de UCD. “Él ya sabe que está perdido porque por primera vez en la historia nos ha ganado una fuerza no nacionalista de centro derecha. Y nos ha ganado por goleada. En cuanto eso empiecen a reflejarlo los sondeos, la dinámica será imparable. Teniendo en cuenta sobre todo que el PP está ya destruido como partido. No veo la más mínima posibilidad de que sigamos gobernando. Por eso digo que no me gustaría estar en su piel. Debe ser muy duro tener la sensación de que no vas a ser capaz de cumplir la misión que te encomendaron”.

“¿Y tú cuánto hace que no hablas con Rajoy?”, le preguntó uno de los presentes. La respuesta fue la misma que daría cualquier otro.

 

 

 

 

Luces y sombras de la reforma del Tribunal Constitucional

Un Estado de Derecho tiene la obligación de acatar y hacer cumplir las leyes, por encima de las vías de hecho y conforme al espíritu de la Constitución. La reforma que acaba de aprobar el Congreso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parece adecuada en el fondo pero completamente inadecuada en cuanto a sus formas, las cuales, en el Derecho, no sólo son necesarias sino fundamentales.

6014724364_d53ca681b5_oEl Partido Popular pretende corregir por la vía legislativa un problema que no sólo es jurídico sino que, sobre todo, es político. La reforma plantea que sea el propio Tribunal Constitucional el encargado de ejecutar sus resoluciones, lo que, de manera preliminar, excede de las competencias constitucionales del referido órgano.

Por un lado, el Gobierno del PP quiere que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tengan título ejecutivo, un aspecto que puede considerarse sobreentendido toda vez que el incumplimiento de las decisiones del TC podría dar lugar a delitos de desobediencia o prevaricación.

La modificación prevé la imposición por parte del Tribunal Constitucional de multas coercitivas y la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Incluso el TC podría imponer “las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento” de sus resoluciones sin oír a las partes en casos de “especial trascendencia constitucional”. De mantenerse la norma en esos términos tras su tramitación parlamentaria, se vulneraría flagrantemente el derecho a ser oído antes de ser sancionados. La posibilidad de imponer sanciones que no se detallan genera, de hecho, inseguridad jurídica.

Contraria al Derecho europeo

De salir adelante la reforma, no sólo sería aparentemente contraria a la Constitución sino también al Derecho europeo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de las partes a ser oídas equitativamente.

En Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, la Corte Suprema (órgano supremo en ambos países) no es la encargada de ejecutar sus propias sentencias sino que esa función recae en los tribunales inferiores, así como en el gobierno. De la misma manera, en Francia la obligación de velar por que las resoluciones del Consejo Constitucional se cumplan no es de éste sino del poder ejecutivo.

No parece que la reforma que se plantea en España sea la más adecuada para velar por el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico y, además, presenta ciertos tintes totalitarios.
Es correcto que el Estado se proteja de aquellos que lo quieran romper, pero el fin no justifica los medios. El Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, determinando si una norma es conforme o no a ella. Desvirtuar su cometido podría ser un error. El legislador podría buscar otro órgano del Estado ejecutor de sus resoluciones, como podrían ser bien los Tribunales Superiores de Justicia, bien el Tribunal Supremo cuando se trate de aforados.

Juan Gonzalo Ospina es letrado y presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid

El viaje a ninguna parte

viaje2ok¿Cómo hemos podido llegar a la tesitura actual cuando el independentismo dentro de un Estado que ha cedido ya gran parte de su soberanía a la Unión Europea, para adaptarse a las reglas y tamaños de la era de la globalización, resulta un anacronismo ridículo y sin sentido? 

Ilustración: Javier Muñoz

Puesto que tras la lectura del “libro negro” de Jordi Pérez Colomé el género periodístico que merece ser tomado más en serio en Cataluña es el humorístico, y como no hay dos sin tres, sigamos el viaje que iniciamos con el ¡Cu-Cut!, continuamos con L’Esquella de la Torratxa y hoy nos lleva a recalar en El Be Negre -a la vez la oveja negra y el bien negro-, brillantísimo semanario satírico afín a Acció Catalana, el partido de los intelectuales nacionalistas durante la Segunda República.

Detengámonos en concreto en la portada del número del 4 de enero del 34 -diez meses antes de la declaración de independencia de octubre- y fijémonos en el chiste incrustado en la quinta y sexta columnas, dedicadas al nuevo gobierno de la Generalitat que se formó tras la muerte de Maciá. El ujier del palacio de la plaza de San Jaime recibe a Companys con una pregunta: “Ja es bé catalanista, senyor Companys?”. Y el nuevo presidente le responde: “Més que no era mariner quan vaig ésser ministre”.

be2Obsérvese que lo que el funcionario pregunta no es si el nuevo líder de Esquerra se ha hecho  “separatista” o ni siquiera “nacionalista”, sino tan sólo si es ya lo suficientemente “catalanista” como para entrar por esa puerta. Y que Companys le contesta que “más o menos como era marinero cuando fui ministro”, aludiendo a que durante el verano anterior, en el tercer gobierno presidido por Azaña, había ocupado la cartera de Marina.

Sin esa reticencia generalizada que rodeaba al político logrero y oportunista, comparado siempre en desventaja con el padre de la patria difunto, no se comprende bien su delirio del 6 de Octubre al proclamar el “Estado catalán dentro de la -inexistente- República Federal Española”. Sus pretextos eran tan nimios como que el nuevo gobierno de Lerroux incluía tres ministros “involucionistas” de la CEDA y que el TC de entonces había tumbado la Ley de Contratos de Cultivo. Algo equivalente a la mala relación de estos años con el PP y a la frustración por la sentencia del Estatut.

Poca cosa desde una visión amplia. Por eso hay que centrarse en el factor humano. De hecho las primeras palabras que Companys masculla más que pronuncia tras la arenga del balcón, al volver al salón de Sant Jordi, parecen la continuación del chiste: “Ja està fet! Ja veurem com acabarà! A veure si ara també direu que no soc catalanista!”.

Con ese “a ver si ahora también diréis que no soy catalanista” parece estar midiéndose cada día Mas desde que inició la huida hacia adelante para separarse tanto de la fétida sombra de Pujol como de la memoria de aquel muchacho ambicioso y desideologizado a quien en el colegio Aula todos llamaban Arturo. Igual que Companys trataba de emanciparse del legado de Maciá y del recuerdo del abogadillo laboralista al que los compañeros de UGT llamaban Luis.

Podríamos continuar con el paralelismo preguntándonos si el papel de Dencás que se escapó por la alcantarilla, abandonando en su huida una barba postiza, lo desempeñará esta vez Quico Homs o algún gerifalte de la ANC. Pero más que en los comparsas, el mimetismo está en el ambiente. Y de nuevo la portada de El Be Negre nos lo explica todo al mostrarnos, en fecha tan próxima ya al cataclismo como el 19 de septiembre, a dos visitantes del Observatorio Astronómico del Tibidabo, atónitos ante el gran telescopio que apunta a un cielo cuatribarrado en el que brilla, solitaria, la estrella independentista: “Com ha crescut aquesta estrella en poc temps!”.

be1¡Sí, cómo había crecido, cómo ha crecido ahora, esa estrella en poco tiempo y de la misma manera! Hoy como entonces las instituciones del Estado, emanadas de un Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes, sirven de palanca política y catalizador emocional de un nuevo intento de destruir a ese Estado. Y ahí está la sonrisa de Mas en el balcón del ayuntamiento, idéntica a la del Nou Camp el día del himno, regodeándose de nuevo ante la humillación de un símbolo de la legalidad de la que proceden sus poderes. Solo un gobierno de cabestros políticos como el que tenemos en Madrid ha podido consentir que lleguemos a este punto.

“Tot plegat semblava un somni…”, escribió en sus memorias el gran jurista Amadeu Hurtado al describir los sucesos del 6 de octubre. Sí, todo junto -el balcón, la arenga, el bando, la independencia…- parecía un sueño que enseguida se trocó en pesadilla cuando Lerroux declaró el estado de guerra y el general Batet desplegó unos cientos de hombres para sofocar la sublevación. “Señor ministro, acuéstese, duerma y descanse”, le dijo al titular de Defensa Diego Hidalgo. “Ordene que le llamen a las ocho… A esa hora todo habrá terminado”.

Y así fue una vez que los escamots que defendían la Generalitat salieron despavoridos. “A estos, una zurra en el culo y a dormir”, escribió el comunista Rafael Vidiella en el número de noviembre de la revista Leviatan. Pocos días después Companys daba por hecho que sería condenado a la pena capital: “Es que si no me la piden, me estafan”, le dijo a su abogado Ossorio y Gallardo.

Solo un gobierno de cabestros políticos como el que tenemos en Madrid ha podido consentir que lleguemos a este punto

Ahora también toca frotarse los ojos con incredulidad al repasar el itinerario surrealista que nos ha colocado ante unas elecciones en las que los sondeos pronostican el triunfo rotundo de quienes amenazan con declarar igualmente la independencia por las bravas: aquel “aprobaré el Estatuto que venga de Cataluña”, desmentido lógicamente por la flagrante inconstitucionalidad del texto; aquella absurda demora de cuatro años del TC para llegar a las conclusiones obvias; aquella requisitoria de Pacto Fiscal de Mas bajo amenaza secesionista; esas Diadas multitudinarias, orquestadas desde la Generalitat con las pautas de los regímenes totalitarios; ese referéndum ilegal, celebrado en abierto desafío a la resolución del Constitucional, ante la pasividad de Rajoy; esta nueva convocatoria electoral en la que los que dicen “no” a la legalidad democrática para separarse de ella, se declaran “juntos por el sí”; esta patética campaña en la que la mentira ha sido la verdad y el odio, el amor…

En efecto, “tot plegat sembla un somni”. ¿Cómo hemos podido llegar a la tesitura actual cuando el independentismo dentro de un Estado que ha cedido ya gran parte de su soberanía a la Unión Europea, para adaptarse a las reglas y tamaños de la era de la globalización, resulta un anacronismo ridículo y sin sentido? Sólo la catadura y circunstancia de los actores lo explica. Mas ha resultado ser un frívolo aventurero sin escrúpulos que ha huido así de rendir cuentas sobre la corrupción maremágnum del clan Pujol y la quiebra técnica de la Comunidad Autónoma que ha presidido. El iluminado Junqueras y el trilero Romeva han resultado ser sus perfectos compañeros de viaje y los fanáticos supremacistas de la ANC y Omnium, su fuerza de choque.

Viaje a ninguna parteIlustración: Javier Muñoz

Pero más dañina que su etiología es la de quienes están enfrente. Unos reprochan a Rajoy que no haya blandido ninguna zanahoria, otros que no haya hecho asomar al menos la punta de algún palo. Lo cierto y terrible es que la derrota electoral de las propuestas constitucionales que su mayoría absoluta le obligaba a liderar lleva camino de producirse después de cuatro años de incomparecencia y dos semanas de confusión con goles clamorosos en propia puerta.

Y es que al cabo de toda una legislatura meramente contemplativa, sin iniciativa política alguna, sesteando de manera crónica con el pretexto de no alimentar la espiral soberanista, el jefe del Gobierno y el ridículo pavo real que tiene como ministro de Exteriores han dado un grotesco bandazo, aceptando durante la campaña jugar el partido en el terreno de sus adversarios. Eso es lo que ha ocurrido cuando Rajoy se ha puesto a divagar sobre si los catalanes perderían o no la nacionalidad española -lo que para ZP era “discutido y discutible” parece para él ignorado e ignorable-, dando la misma lacia imagen que aquella noche en Veo 7 cuando me dijo que no entendía su escritura. Eso es lo que ha ocurrido cuando el PP se ha dirigido en un video exclusivamente en catalán -toma inmersión- a una comunidad bilingüe.  Y sobre todo eso es lo que ha ocurrido cuando el gallo Margallo no sólo se ha avenido a debatir con Junqueras, máximo aspirante a presidir la soñada República Catalana, como si la tele de Godó fuera el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que ha sido capaz de plantear el símil argelino, regalándole a su rival el argumento de que Cataluña es un territorio pendiente de descolonizar. ¡Mare de Déu!

La noche anterior a la declaración unilateral de independencia Azaña, que había pasado a la oposición y se encontraba en Barcelona, advirtió al conseller de Justicia Lluhí de lo que podría ocurrirles: “No sabrían ustedes qué hacer con su victoria… Todos los resortes del Estado funcionarían de manera automática… No durarían ni dos horas”. A eso es a lo que sin duda se refería el otro día el exquisito Xavier Corberó cuando auguraba a María Marañón que “esto terminará mal a nada que vaya bien”.

Mas ha resultado ser un frívolo aventurero sin escrúpulos que ha huido así de rendir cuentas sobre la corrupción maremágnum del clan Pujol y la quiebra técnica de la Comunidad Autónoma que ha presidido

 

Lluhí replicó a Azaña que lo que se avecinaba era “una demostración pacífica” y que “todo pasaría de manera alegre y sin choques”. También le desveló sus cartas: “Luego cederemos unos y otros. Aquí tendremos que ceder… en Madrid también cederán y todo pasará en paz”. O sea lo mismo que sotto voce repite hoy el entorno de Mas.

Los hechos dieron la razón a Azaña. En sus memorias de aquellos años, certeramente tituladas La pequeña historia de España pues durante toda la Segunda República la grandeza brilló por su ausencia, Lerroux presenta el pulso con Companys como una cuestión de testosterona: “Pudo inmortalizarse él, si hubiese tenido…lo que le falta. O pude inmortalizarle yo, si me hubiese faltado lo que me sobra”. Cambó, opuesto al balconazo, rebaja varios grados la dimensión del conflicto: “No fou més que una gran criaturada”, escribirá a los pocos meses.

Pues ahí vamos: de chiquillada en chiquillada hacia la gamberrada final. Pero si en aquel momento convulso en el que hasta fallaban los teléfonos, funcionaron los “automatismos del Estado”, esta vez -con cada escena televisada en directo- ocurriría lo mismo, con la diferencia de que, en lugar del estado de guerra, se aplicaría el artículo 155 de la Constitución y en lugar de un par de tanquetas, bastaría con mandar a la Generalitat la nota de prensa de la Unión Europea respaldando nuestro orden constitucional.

A ese guión es al que debería haberse ceñido el Gobierno en lugar de fantasear sobre “corralitos”, tasas de paro y una Liga sin el Barça. Nada de eso sucederá porque la guerra de Troya no tendrá lugar. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar sin que se dinamiten los puentes. Ni siquiera Rajoy podría aceptar una declaración de independencia -o sea la destrucción de España- sin suspender de inmediato la autonomía de Cataluña, con el respaldo abrumador de la opinión pública y la comunidad internacional. Una UE cargada de corsos, bretones, bávaros y lapadanos no va a admitir jamás un precedente que la corroería  mediante el efecto contagio desde su flanco sur.

He aquí la única certeza: sea cual sea el resultado de este domingo, el independentismo catalán está inmerso en un viaje a ninguna parte, condenado a eternizarse como aquellos interminables trayectos de los renqueantes tranvías de la Barcelona de hace un siglo, en los que, según las bromas de L’Esquella de la Torratxa, de los mayores sólo quedaba el esqueleto, a los jóvenes les crecían luengas barbas, los conejos se reproducían por doquier y hasta el más pequeño cactus se hacía gigantesco, pero nunca se llegaba al destino deseado.

Lee la serie ‘Espejos de Cataluña’:

El rey de los ‘castells’ / El decano de la Boqueria / La sobretituladora del Liceu / El retratista de la Rambla / El exportador de cava

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‘El libro negro del periodismo en Cataluña’

 1. ‘La corrupción‘ / 2. ‘La comunidad‘ / 3. ‘La prensa amiga’ / 4. ‘El pozo’ / 5. ‘La tele de la mitad’ / 6. ‘La opinión dependiente’

 

 

Nada más (y nada menos) que unas elecciones autonómicas

El 27-S no es un plebiscito por mucho que se empeñen Artur Mas y los independentistas. Sin embargo, cuanto más apoyo logren las fuerzas constitucionales más claramente verá frustrado el secesionismo su proyecto de ruptura.

El 27-S no es un plebiscito por mucho que se empeñen Artur Mas y los independentistas. Sin embargo, cuanto más apoyo logren las fuerzas constitucionales más claramente verá frustrado el secesionismo su proyecto de ruptura.

La cita que este domingo tienen los catalanes con las urnas servirá única y exclusivamente para decidir quién obtendrá el mandato para gobernar en la Generalitat la próxima legislatura. Eso y no otra cosa se decide en unas elecciones autonómicas. Todo lo demás son fantasías. Ahora bien, existe una gran diferencia entre que ganen quienes tratan por todos los medios de saltarse la legalidad a que lo hagan quienes respetan el marco constitucional.

Los partidarios de romper España por las bravas, obviando las leyes, tienen el control de los resortes del poder en Cataluña. Eso les ha permitido movilizar a todos sus simpatizantes, tal y como ha quedado de manifiesto en las últimas celebraciones de la Diada. El dato de que Artur Mas ha convocado tres elecciones en cinco años, además de ser la prueba del fracaso de su proyecto político, habla a las claras del escenario de tensión que ha pretendido y logrado instalar en la sociedad catalana. Ese es el clima que le convenía a su plan rupturista.

Así las cosas, ningún separatista se quedará en casa el domingo. Creen que es la gran oportunidad para lograr su objetivo. Y no es aventurado asegurar que no tendrán otra coyuntura más favorable para tratar de hacer valer su posición.

Hay argumentos de sobra para rebatir a los independentistas. De entrada, es un movimiento que brota de la insolidaridad. Los partidarios de la secesión revisten sus intenciones con conceptos vagos como “dignidad” o “derecho a decidir”, pero de lo que se trata en el fondo es de que la comunidad más próspera de España se quede con todos sus recursos para utilizarlos en su propio beneficio. Por completar la caricatura, lejos de ser una rebelión de opresores contra oprimidos es una insurrección de ricos contra pobres. ¿Solicitarían la independencia si el PIB de Cataluña estuviera a la cola del país, o entonces primarían valores tan elevados como el de la igualdad y la fraternidad?

Hay, sobre todo, razones históricas y sociales que son las que han configurado una situación de hecho. Como dijo Julián Marías, “nada hay más anticatalán que el intento de despojar a Cataluña de sus raíces, de sus hermandades”. Nadie ha impuesto que Cataluña sea España. Todos los españoles, también los catalanes, hemos constituido un Estado de Derecho con unas normas que son garantía de nuestros derechos a la par que establecen nuestras obligaciones.

Sin embargo, todos los motivos que pueden aducirse en pro de la unidad y la convivencia han sido y son despreciados por los independentistas. Incluso los de orden pragmático, como los perjuicios que para la economía tendría una hipotética secesión.

Precisamente la habilidad que han tenido los separatistas ha sido la de que la campaña se haya jugado en su terreno, con unos políticos que, para defender la unidad, han dado pábulo a la idea de que la independencia unilateral de una parte de su territorio es una posibilidad real. Esa torpeza encontró su máxima expresión en el debate que el ministro de Asuntos Exteriores mantuvo, de igual a igual, con uno de los líderes del movimiento secesionista. Los independentistas no podían encontrar mayor reconocimiento a sus aspiraciones por parte del Estado que pretenden destruir.

El Gobierno y el PP han contribuido a la ceremonia de la confusión en la que se crece el soberanismo, ora dando a entender que el Estado desamparará a los catalanes si el batiburrillo por la independencia consuma sus amenazas, ora intentando traspasar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de pararle los pies al presidente de la Generalitat.

El primer partido de la oposición, el PSOE, parece no haber aprendido nada del pasado y ha seguido jugando al juego de las equidistancias. Su ingenuidad le ha llevado a tratar de seducir a los separatistas con nuevas concesiones bajo el manto de un confuso federalismo.

A la izquierda del PSOE, ICV y Podemos, unidos en la plataforma Catalunya Sí que es Pot, aún bailan la yenka: lo mismo afirman que no quieren que Cataluña se independice que se adhieren al “derecho a decidir” que lo facilita.

Tampoco los independentistas de Junts pel sí tienen de qué presumir. Han articulado su campaña en torno a mentiras, manipulaciones, ocultaciones y medias verdades. Sus candidatos han mentido sistemáticamente acerca de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y hasta deportivas que tendría una declaración unilateral de independencia. Afirmaciones como que en una Cataluña independiente no habría corrupción y la gente sería más feliz son tan ridículas que se califican por sí solas.

Llegados a este punto, es muy importante que este domingo acudan a votar aquellos catalanes que no tienen intención de dejar de ser españoles; no porque peligre su condición de tales, sino para que quienes pretenden romper la legalidad ni siquiera tengan la oportunidad de intentarlo. Cuanto más apoyo obtengan las fuerzas constitucionales más claramente verán frustradas los independentistas sus vanas intenciones de imponer el trágala a todos los catalanes y al resto de los españoles.

Pero que nadie se lleve a engaño. El 27-S no es un plebiscito. Sólo se han convocado unas elecciones autonómicas. Y la misma ley y el mismo Estado que han permitido que se celebren en tiempo y forma, garantizan que sus resultados -sean cuales sean- sirvan exclusivamente para aquello para lo que están concebidas.

Grünenthal, que ingresó 466 millones en 4 años, no indemnizará a las 305 víctimas españolas de la talidomida

Las 305 víctimas españolas de la talidomida vieron ayer esfumarse la esperanza de que la Grünenthal Pharma S. A., la filial española de los laboratorios alemanes Grünenthal GmbH, les indemnice por los severos daños incurables causados por el fármaco. El Tribunal Supremo ha confirmado, por 8 votos frente a 1, la prescripción del derecho a reclamar. La farmacéutica, que ha ingresado en los últimos cuatro años 466 millones de euros por sus ventas en España, sí ha indemnizado, en cambio, a los afectados alemanes. 

En la imagen, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

GRA033 MADRID, 23/09/2015.- El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, hoy ante el Tribunal Supremo, donde se celebra la vista del recurso de las víctimas del medicamento Talidomida contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló sus indemnizaciones. EFE/Mariscal
El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

La Sala Civil del Tribunal Supremo acordó este miércoles desestimar el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) contra la sentencia dictada el pasado octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró prescrita la acción de responsabilidad civil emprendida por los afectados contra Grünenthal Pharma S.A. Ha sido un fallo contundente: 8 votos en contra del recurso de Avite y sólo uno a favor, emitido por el magistrado Francico Arroyo.

Los recurrentes contaban con el apoyo de la Fiscalía. El fiscal de Sala José María Paz escribió en su informe favorable a las víctimas que el hecho de que Grünenthal “pidiera perdón en el año 2012, reconociendo su culpa pero no queriendo indemnizar por su conducta, nos parece un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad”.

El Supremo, sin embargo, ha confirmado el criterio de la Audiencia de que los afectados debieron reclamar mucho antes, en concreto antes de que transcurriera el plazo legal de un año desde que cada uno de ellos alcanzó la mayoría de edad. Los magistrados han estimado que los daños que las víctimas de la talidomida padecen quedaron determinados al nacer. Conocían, por tanto, el alcance de sus secuelas, que son permanentes y están consolidadas, por lo que debieron reclamar como máximo dentro de los 365 días siguientes a cumplir los 18 años.

Al no haber presentado una inicial demanda de conciliación hasta junio de 2011 y una posterior reclamación conjunta en el Juzgado en febrero de 2012, la acción de responsabilidad civil se ha considerado prescrita. La prescripción extingue el derecho a ser indemnizados al no haber sido ejercido en el plazo fijado por la ley, que en este caso era de un año.

El contraste con los afectados alemanes

A salvo de lo que pueda ocurrir con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional anunciado de inmediato por Ignacio Martínez, abogado de Avite, las víctimas españolas de la talidomida no van a ser indemnizadas con un solo euro por Grünenthal Pharma. Según sus propias cifras, la filial española del grupo alemán Grünenthal GmbH ingresó por ventas en los últimos cuatro años 466 millones de euros, de los que 109 millones corresponden a 2014. En todo el mundo, la cifra más reciente de ventas corresponde al año 2012 y asciende a 973 millones de euros.

Avite asegura que durante las negociaciones celebradas antes de la presentación de la demanda Grünenthal ofreció una indemnización de 120.000 euros para el conjunto de las 305 víctimas españolas. Una cuantía “ridícula” si se tiene en cuenta que los laboratorios han destinado a los afectados alemanes unos 500 millones, afirma.

El procedimiento judicial ofrece otros motivos de agravio. El medicamento, utilizado para el tratamiento de las náuseas y vómitos de las mujeres embarazadas, fue retirado por Grünenthal en Alemania en diciembre de 1961, pero no lo hizo en España hasta mayo de 1962. La sentencia dictada en noviembre de 2013 por la jueza de la primera instancia, Gemma Fernández, afirmaba que los primeros casos de afectados por la ingesta de talidomida en España ya habían empezado a evidenciarse en el primer trimestre de 1960 y señalaba que “conociendo los efectos nocivos del medicamento que ya estaba en el mercado y su gravedad se optó por no ponerlo en conocimiento de los profesionales médicos [españoles] y por informar parcialmente a los colaboradores externos, que son, precisamente, los que tratan con los médicos y farmacéuticos en el proceso de distribución y venta para el consumo”.

La talidomida tenía efectos teratogénicos (producía malformaciones en el feto) y fue el origen de polineuritis en muchos bebés nacidos de madres que la tomaron durante la gestación. Las malformaciones afectaban fundamentalmente al acortamiento de los brazos y antebrazos, aunque también se produjeron alteraciones en otros órganos, incluidos los internos. “La demandada ni siquiera niega este presupuesto básico”, indicó respecto a Grünenthal la sentencia de la primera instancia, revocada por la Audiencia de Madrid en lo referido a la prescripción.

La tesis del Juzgado de Primera Instancia, que rechazó la prescripción, ha sido apoyada por un solo magistrado de la Sala Civil del Supremo. Arroyo, que ha anunciado que plasmará sus argumentos en un voto discrepante, considera que la decisión de la mayoría se aparta de la doctrina de la Sala, que en numerosos precedentes ha establecido que el plazo de prescripción debe empezar a computarse a partir de la declaración -judicial o administrativa- de incapacidad del afectado. En el caso de la talidomida, el real decreto 1006/2010, de 5 de agosto, puede ser considerado una declaración administrativa de incapacidad ya que reconoció oficialmente a las víctimas de la enfermedad y estableció la concesión de ayudas de la Administración (un pago único de entre 30.000 y 100.000 euros). Desde esa perspectiva, la demanda de conciliación de las víctimas (junio de 2011) no habría prescrito.

La compañía ha declinado valorar la decisión del Supremo “hasta recibir la sentencia oficialmente”. En un comunicado de prensa, la empresa ha reiterado que, “con independencia de la resolución”, ya existen “medios satisfactoriamente establecidos” para que todos aquellos afectados por un producto que contuviese talidomida de Grünenthal, o de su distribuidor local en España, puedan beneficiarse de ayudas económicas.

En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, un portavoz de la compañía afirma que los afectados españoles por el fármaco pueden recibir “hasta 7.000 euros mensuales” a través de las dos fundaciones habilitadas para gestionar sus ayudas, la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal, ambas en Alemania.

Sin embargo, Avite asegura que sólo uno de los más de 300 afectados españoles que pertenecen a la asociación es pensionista de una de las fundaciones alemanas, ya que del resto “se han rechazado las solicitudes con las excusas más arbitrarias”. La sentencia de la Audiencia de Madrid alude a cinco víctimas españolas que reciben la pensión de la fundación alemana, cuatro de las cuales no pertenecen a Avite.

Respecto a su culpabilidad, la empresa la reconoce: “Lo hemos hecho públicamente y hemos pedido perdón”. Sin embargo, apunta a un dato que reconocen también las propias víctimas: Medinsa, la representante del laboratorio en aquella época, comercializaba cuatro de los siete medicamentos que contenían el principio activo talidomida. Otros tres los vendían los laboratorios U.C.B. Pevya (hoy UCB Pharma) y Farmacobiológicos Nessa. “El porqué no se piden indemnizaciones a estas empresas además de a Grünenthal es algo que habría que preguntar a las víctimas”, concluye el portavoz del laboratorio en España.

Diccionario satírico burlesco (XIV)

La penúltima entrega del glosario de Anna Grau discurre entre la V de Vanguardia (La), el diario de la familia Godó, y la Z de ZP, el presidente que destapó la caja de los truenos al comprometerse a aceptar el Estatuto que le enviara Pasqual Maraggall, extremo que no fue posible. 

Vanguardia, La

A la vez más y menos que el gran periódico catalán. Lo mejor y lo peor. Alfa y omega de la prensa. Leyenda con luces y sombras, algunas que quitan el hipo. Tuvo que ser un director andaluz, Modesto Sánchez Ortiz, quien catapultara lo que inicialmente era un diario de avisos del puerto de Barcelona a algo digno de figurar en la cartelería histórica del modernismo. Cuando la dirigía Gaziel La Vanguardia fue incautada y reconvertida en órgano oficial de la Generalitat. Los propietarios originales, los Godó, no volvieron a serlo hasta la victoria de Franco. Impertérritos aguantaron entonces que les dirigiera el invento lo mismo Luis de Galinsoga que Manuel Aznar -abuelo de José María-, que les cambiaran el nombre de la cabecera y hasta que les obligaran a saltarse retroactivamente ediciones. ¿Se repite la historia, del derecho o del revés? A día de hoy nadie se incauta directamente de nada, no está bien visto, pero bueno, hay subvención o no la hay. De ahí el súbito y sorprendente entusiasmo de esos mismos Godó por lanzar una edición en catalán y hasta un editorial conjunto con todos los demás periódicos del vecindario. Hubo un tiempo en que se afirmaba que para entender la apasionante complejidad de Cataluña había que leer La Vanguardia. Empieza a ser más verdad al revés: si no eres catalán muy acérrimo, La Vanguardia aburrrrrre….¿volvemos a ser el diario de avisos del puerto?

World Trade Center

El de Barcelona, el de Barcelona, no el otro… aunque está cerca de ser declarado zona tan catastrófica como en su día lo fue el de Nueva York. Hablamos de un parque empresarial emblemático junto al frente marítimo, precioso y con firma arquitectónica ilustre. Una especie de Museo Guggenheim de Bilbao, pero en Barcelona y dedicado a la empresa y no al arte. A no ser que se considere un arte perder dinero. Tantos miles de metros de oficinas, de servicios, de hoteles, inaugurado todo con la mejor buena voluntad en 1999, y ahora boqueando, luchando por sobrevivir y por dejar de ser un monumento a la desinversión. Y a la pérdida de esperanza financiera en una ciudad que presumió de ser locomotora económica de toda España.

Xènius

El más famoso de los nombres de guerra de Eugeni D’Ors, uno de esos complicados personajazos catalanes que la patria tiene problemas para encajar en su panteón porque por un lado era eminentísimo, el padre del noucentisme, y por el otro… ¡se pasó con armas, bagajes y convicciones al franquismo! Es una jugada que se repite suficientes veces a lo largo de la atormentada historia intelectual catalana como para hacerse una, quizás, alarmante pregunta. La misma que en plan retórico lanzó Jordi Pujol en uno de sus mitines en los 90: “¡Hay gente más lista, más brillante que nosotros! ¡Pero nadie ama a Cataluña como nosotros!”. ¿Por qué será?

Yoda (Pujol)

“El tamaño no importa. Veme a mí. ¿Por mi tamaño me juzgas? ¿Hmm? Hmm. Pues hacerlo no deberías. Pues mi aliada es la Fuerza, y una poderosa aliada es”. Son palabras que en el episodio quinto de la saga Star Wars (El Imperio Contraataca) oye Luke Skywalker de la boca de Yoda, ese pequeño pero dicharachero jedi de increíble parecido físico con Jordi Pujol. La broma ha sido constante y recurrente desde que se estrenó esa película. Quien esto firma casi se come una vez las escaleras del Casino de Madrid al vislumbrar cómo unos periodistas de Telecinco tomaban planos de Pujol blandiendo feliz una espada de luz de juguete. Quien fue molt honorable ha sabido siempre sacar un inteligente partido de su limitada apostura y estatura. Durante muchos años eso le valió para sugerir subliminalmente, o no tanto, que él era un pobre David rodeado de Goliats. A los que se iba comiendo uno tras otro como cocos de un videojuego. Nada más hace falta recordar la espectacular conversión a la Fuerza de aquellos que una vez gritaron “Pujol, enano, habla castellano”. Dicho esto, en las distancias cortas Yoda-Pujol no ha carecido nunca de una sorprendente capacidad de seducción. Marta Ferrusola (a la que se atribuye la ascensión en política del único personaje más bajito que Pujol, el conseguidor Lluís Prenafeta, posteriormente procesado y mandado a Alcalá Meco junto a Macià Alavedra, bien es verdad que en virtud de un sumario instruido por Baltasar Garzón…) se plantó una vez en el programa de radio de Odette Pinto para exigir que cesaran ciertos rumores de amoríos extraconyugales porque, de ser cierto todo lo que se contaba, su marido sería “un Superman”.

ZP

Todavía no se sabe con absoluta seguridad qué fue primero, si el huevo o la gallina; si José Luis Rodríguez Zapatero o Pasqual Maragall, dos personajes, sépase de una vez, que jamás han tenido ni la más mínima química personal. Ni siquiera esa famosa noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona en que el primero prometió dar apoyo al Estatut que el segundo le mandara, así se lo mandara dentro de un cucurucho de churros y con abundante azúcar glasé para disimular. ¿Quién calentó la boca a quién? Todavía hoy se echan los unos a los otros el Estatut de marras a la cabeza y nadie admite tener ninguna culpa de nada: ni los que metieron una pata ni los que metieron la otra. Cataluña salió innecesariamente humillada y escocida, España salió hasta los mismísimos de los catalanes. El Tribunal Constitucional salió como un ogro. Y en cuanto al PP, que Dios se lo pague con muchos florianos y bárcenas. Tanta acumulación de mal karma tampoco puede ser porque sí.

El uso que hace el PP de las Cortes y el artículo 155

El autor critica la decisión del PP de apurar la legislatura, hecho que relaciona con el desafío independentista. Su tesis es que los populares estarían garantizándose el control del Parlamento para, llegado el momento, imponer a su particular entender el artículo 155 de la Constitución. Este es el artículo que faculta al Ejecutivo para instar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus obligaciones.

El lunes, día 14, la Mesa del Congreso de los Diputados (es decir, el Partido Popular que en ella tiene mayoría absoluta) tomó una decisión que pocos esperaban: anunció un calendario de plenos que llega hasta el 29 de octubre. Para entender qué tiene de sorprendente y qué intenciones puede esconder, repasemos primero las normas que rigen la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras parlamentarias.

Los artículos 68 y 69 de la Constitución indican que el mandato de los diputados y senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la cámara. Esta facultad de disolver, decretada por el Rey, corresponde al presidente del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros, según el artículo 115 de la Carta Magna. El citado artículo 68 (para el Congreso, nada se indica para el Senado) establece que las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato, y que el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija plazos precisos dentro de esas horquillas que admite la Constitución. En concreto, su artículo 42 establece que las elecciones se celebrarán 54 días después de publicada su convocatoria, ya se trate de elecciones por disolución anticipada o por expiración del mandato. Como además, para este último caso, precisa que el decreto de convocatoria deberá publicarse 24 días antes de expirar el mandato de los parlamentarios, son 30 días los que transcurrirían exactamente entre el fin del mandato y las elecciones.

En Grecia o Reino Unido se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones; en España es imposible

Las disposiciones de la LOREG sobre recursos electorales y proclamación de candidatos prentenden ser garantistas pero son innecesariamente lentas puesto que imponen al menos 17 días tras las elecciones hasta la constitución de las nuevas cámaras, a los que se añade unos diez días (Reglamento del Congreso) para elegir un nuevo presidente del gobierno. En total, dos meses con el ejecutivo en funciones y casi tres con las cámaras disueltas si se disolvieron anticipadamente, lo que contrasta con Grecia o Reino Unido (por utilizar ejemplos recientes entre muchos países) donde se puede formar un gobierno en uno o dos días tras las elecciones, y no suele pasar de una semana aunque tengan que negociarse coaliciones.

Tras todo esto, ¿qué tiene de particular la decisión de la Mesa del Congreso? Pues que, hasta ahora, todas las elecciones de la Democracia se han producido tras una disolución anticipada de las cámaras, que implica la interrupción del mandato de los parlamentarios en el momento en que se publica la convocatoria electoral. Sin embargo, si como ya ha anunciado, Mariano Rajoy mantiene que las elecciones serán el 20 de diciembre, esta fecha será la más tardía posible ya que corresponde a justo 30 días después del 20 de noviembre en que se cumplen cuatro años desde las anteriores elecciones y se agota pues el mandato de los parlamentarios. La consecuencia es que, aunque el decreto de convocatoria se publicará necesariamente el 27 de octubre, las Cortes Generales seguirán en pleno funcionamiento hasta el 20 de noviembre.

Ante el órdago independentista catalán, estos 24 días ganados pueden ser decisivos por ejemplo si tuviera que aplicarse el artículo 155 de la Constitución referente a la adopción de medidas en el caso de que una comunidad autónoma no respete sus obligaciones constitucionales. Se trata de una facultad que tiene el Gobierno siempre que obtenga el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, pero no de su diputación permanente, ya que no se encuentra recogida entre las que el artículo 78 de la Constitución atribuye a este órgano que permanece cuando se disuelve la cámara.

Si el 27-S gana el independentismo, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20-N

Dado que la constitución del parlamento catalán se producirá a mediados de octubre (aún no se ha establecido, pero la fecha límite según su normativa es el 17), si hubiera una mayoría independentista, sus primeras acciones se concretarían probablemente antes de final de ese mes. En ese caso, puede resultar decisivo que las Cortes Generales no se disuelvan hasta el 20 de noviembre (frente por ejemplo el 20 de octubre si las elecciones hubieran de ser el 13 de diciembre).

Artur Mas anuncia sin reparos que se propone engañar al Estado. Estas declaraciones por parte del máximo representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma deberían movilizar tanto a la fiscalía -que desde el 9-N juega a moverse lo más lento posible sin caerse (aunque ya lo hizo Torres-Dulce)- como al Gobierno. En su lugar, el Partido Popular aporta también desprestigio a la Constitución esquivando el debate político sobre la aplicación del artículo 155 (tan democrático y constitucional como todos los demás), alterando irresponsablemente los equilibrios entre poderes del Estado cambiando deprisa y en el último momento la Ley del Tribunal Constitucional, mientras que apurando el mandato de las Cortes se guarda cartas inéditas desde 1978 que merecerían un esfuerzo de transparencia y pedagogía ante los votantes. Parafraseando el “golpe de estado a cámara lenta” (con el que acertadamente acusa Alfonso Guerra a Artur Mas y sus cómplices), no será un golpe de estado por omisión el que logre frenarlo. Los españoles necesitan y merecen un gobierno que sea capaz de unir y convencer con la mejor política, pero antes que nada que recuerde que su deber de “guardar y hacer guardar la Constitución” exige algo más que registrar recursos ante los tribunales.

Catalonia explained in 21 cards

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On September 27, Catalans will go to the polls to vote in an election that will be decisive for the future of Catalonia. These 21 cards aim to explain the intricacies of the so-called ‘Catalan problem’.

Translation: Julia Tena

Illustration: Javier Muñoz

Video: Catalonia explained to non Catalans

On September 27, Catalans will go to the polls to vote in an election that will be decisive for the future of Catalonia. These 21 cards aim to explain the intricacies of the so-called ‘Catalan problem’.

Translation: Julia Tena

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When did the Catalonian independence process begin?

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Celebración de la Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

By Pol Pareja

Although there isn’t a clear moment that marks the beginning of the Catalan independence movement, one of its most significant landmarks was the July 2010 protest over the Constitutional Court’s decision to strike down part of the 2006 autonomy statute, which gave the regional government greater powers and more financial autonomy.

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According to official figures, more than a million people participated in the protest under the slogan Som una Nació. Nosaltres decidim: We are a nation. We decide. The leader of the march was socialist José Montilla, then president of the Generalitat.

Another important milestone took place a year before. On September 2009, Catalonia’s first “independence consultation” vote took place in the town of Areyns de Munt (a town of 8.600 citizens). From September 2009 until April 2011, hundreds of Catalan towns (including Barcelona) organised similar consultations. In total, 833.599 Catalans participated in these referendums.

Some people believe that the Catalan independence movement was born after a protest on September 11, 2012. Under the slogan Catalunya, nou Estat d’Europa (Catalonia, new state of Europe), hundreds of thousands of Catalans went out in the streets to celebrate la Diada (Catalonia’s National Day) and ask for independence. This march took place nine days before Mariano Rajoy’s government rejected the application of a fiscal system in Catalonia that would have granted the region more autonomy; similar to the current fiscal system used in the Basque country and the government of Navarre.

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Who has supported the Catalan independence movement in the past?

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Retrato de Francesc Macià elaborado en Camagüey (Cuba).

By Pol Pareja

 

In 1918, Federació Nacionalista Catalana de Francesc Macià was the first party that overtly supported independence to win a seat in the Catalan parliament. The party won two seats in each of the elections between 1919 and 1923.

During this time, the Catalan nationalist vote was absorbed by a party that didn’t support independence: La Lliga Regionalista de Francesc Cambó. This faction won 14 seats in 1919 and 1920 and 20 seats in 1923.

During The Second Spanish Republic, Esquerra Republicana (ERC) was the hegemonic party in Catalonia. It easily won five elections between 1931 and 1936. Two of Catalonia’s presidents during this time, both from Esquerra Republicana, supported independence.

The first one was Francesc Macià. In April 1931, he proclaimed a “Catalan Republic within the Iberian Federation”, but was forced to settle for partial autonomy within the new Spanish Republic.

https://www.youtube.com/watch?v=sUu_7zqjBV8

 

Macià was succeeded by Lluís Companys. In October 1934, Companys took advantage of the tension derived from the worker’s revolution in Asturias to proclaim a “Catalan State within the Spanish Federal Republic”. The Government declared a state of war, Companys was imprisoned and the autonomic Government was suspended. However, Companys was re-elected as president of Catalonia in 1936 after the victory of the Frente Popular, a left-wing coalition that included Esquerra Republicana.

After Spain’s transition to democracy, support for independence has been mixed. Esquerra Republicana has oscillated between the five seats that it won in 1984 and the 23 that it obtained in 2003. In the 2012 elections, Esquerra Republicana and two other parties that support independence, CiU and CUP, obtained a total of 74 seats (68 seats are required for an absolute majority).

Parliament seats

Since June 2005, Spain’s Centre for Sociological Research (CIS) has polled Catalans several times on the issue of independence in Catalonia. In June 2005, 13.6% of those surveyed said they wanted “an independent state”. In March 2015, the last available survey, this number had increased to 39.1%. The most supportive moment for independence came in February 2013: 48.5% of those surveyed were in favour of an independent state.
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Why does a part of Catalonia want to be independent?

By Pol Pareja

Although there are many reasons why Catalans want to be independent, we can broadly categorize them into two main arguments.

The pragmatic argument is that Catalonia will be better off, both politically and economically, if it separates from Spain. The more sentimental reason people use to support independence is the belief that Catalonia is a nation that should be able to govern itself.


catalan government budget

One of the main economic arguments concerns Catalonia’s fiscal deficit, or the difference between the money it pays to Madrid and the money it gets back. In June 2015 the Catalan government said this deficit was 15 .000 million euros, while the central government said it was 8.455 million euros. Some people believe that without this deficit the government of Catalonia could have avoided some of the cuts it has had to implement over the last few years. They also believe that Catalonia has been discriminated against for political reasons when it comes to state funding (an example they use is the late arrival of the high speed train AVE to Barcelona).

Catalonia's expenditure

 

Other people argue that Catalonia should be independent because The Spanish Constitution of 1978 can’t allow more autonomy to Catalonia. According to the latest polls, 63% of Catalans believe that they have “an insufficient level of autonomy”. The Constitutional Court’s decision to strike down part of the 2006 autonomy statute has also been used as an example of why autonomy is no longer the answer.

relationship spain catalonia

 

Catalan nationalists also defend independence as the best (or only way) to preserve the Catalan language in education. The deep political and institutional crisis that has engulfed Spain over the past years has also been used as a reason to “leave Spain” and “start all over again” in a “new country”.
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What is the right to decide?

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Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

By Pol Pareja

The “right to decide” is the expression that nationalists use to ask for a referendum over Catalonia’s independence. According to the polls, 74% of Catalans were in favour of holding a referendum in 2012.

The Spanish Constitution authorizes only the state to hold a referendum. In January 2014, the Spanish parliament rejected a proposal by Catalonia’s regional assembly to hold a referendum on independence. The parties that voted against the proposal were PP, PSOE, UPyD, UPN and Foro Asturias. The parties that voted in favour were CiU, PNV, ERC, ICV and Grupo Mixto.

The most prevalent criticism against holding a referendum is that “the right to decide” or the right to self-determination is not mentioned within the Spanish Constitution. However, nationalists claim that a referendum is supported by the vast majority of Catalans, and therefore it must be addressed in political terms. They also argue that the right to self-determination has been recognized as a human right by the UN.

The referendum of Scotland in 2014 and Quebec’s consultations in 1980 and 1995 are also used by nationalists as a reason to hold a referendum in Catalonia. This option was also not contemplated in the constitutions of these countries, but it was made possible after many political deals and, in the case of the United Kingdom, because there isn’t a written Constitution that can limit the actions of Parliament.

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After the referendum of 1995, in which the people of Quebec voted against sovereignty by a small margin, the Canadian Parliament passed the Clarity Act. This law allows any region of the country to separate if a clear majority of people are in favour of it. The document also states that a territorial division should be made between regions that want to stay in Canada and regions that want to be independent.

In the case of a referendum, the Canadian House of Commons has the last word in two key aspects: First, whether the question of the consultation is sufficiently clear, and second, whether a clear majority has been reached.
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What is “the third way”?

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By Albert Olaya

The “third way” is a series of political initiatives that grant more autonomy to Catalonia. This course of action was particularly popular after regional head Artur Mas was re-elected in 2012 and promised to hold a referendum on secession from Spain in 2014.

PSC and Unió Democrática came up with a number of proposals in line with this “third way”. PSC proposed to reform the Spanish Constitution and asked the state to agree on a sovereignty consultation and to grant more autonomy to Catalonia in areas such as health, language and education. Unió Democrática also asked the state to hold a referendum and to recognize Catalonia’s special status in the Spanish Constitution.

Catalan pro-independence forces have always been critical of this “third way”. They believe that a constitutional reform and an agreement with the State on a referendum is impossible, since both PP and PSOE would have to support it, as well as three fifths of the Senate and the House of Commons.  

So far the “third way” has had significant support in Catalonia. According to a 2013 El País poll, 40% of Catalans would be in favour of this option if a referendum took place. Although this alternative has been pushed aside in the forthcoming election, PSC is still in favour of this “third way”. A new proposal by the Socialists’ Party of Catalonia, backed by PSOE, asks for the recognition of Catalonia’s special status in the Spanish Constitution, giving up a sovereignty consultation.
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The election of September 27 is the third Catalan election in only five years. Why?

By Pol Pareja

Catalans have been called to the polls three times since the election of November 28, 2010. In the 2010 election CiU won 62 seats and put an end to seven years of tripartite formed by PSC , ERC and ICV . In their electoral program, CiU did not yet defend the independence of Catalonia. They asked for their own tax system and the “right to decide on the measures of self-government that the people of Catalonia demand and need.”

On September 2012, some 1.5m people participated in Catalonia’s annual independence rally in Barcelona. On September 20, Prime Minister Mariano Rajoy rebuffed Artur Mas’ request for greater fiscal independence, and Mas called early regional elections for November 25, 2012.

In this election CiU presented an electoral program arguing that Catalonia should have its own state, and promised to make a consultation “in accordance with the law” on whether Catalans wanted to separate from Spain. The early elections, however, did not benefit CiU, which went from 62 to 50 seats when their aim was to achieve an absolute majority. ERC absorbed the independents’ vote and went from 10 to 21 members of parliament. CiU has ruled in a minority ever since through a “stability pact “with ERC, which promised to support Mas as long as a consultation on independence took place in 2014.

After Congress’ refusal to allow a legal referendum in Catalonia, Mas decided to convene another election for September 27 2015, and described as a “plebiscitarian election”. The pro-independence movement (with the exception of the anti-capitalist CUP) has coalesced into a single list of candidates that includes candidates from CDC and ERC, as well as civil organizations that support independence, former members of other parties, and people that until now had not been involved in politics.
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Why have several historical Catalan parties broken up?

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By Íñigo Zulet

The sovereignty debate has caused friction in some of Catalonia’s oldest parties. The hardest hit have been CiU and PSC.

CiU

CiU was a federation created in 1978 and dissolved in June 2015, formed by the Democratic Convergence of Catalonia (CDC) and the Democratic Union of Catalonia (UDC). The different approach taken by the two parties regarding independence has ended up dissolving this coalition.

The crisis began in the sixteenth CDC conference, held in March 2012, when the party decided to include the achievement of a “home state” as a political objective. At first, UDC gave in to this demand and included the concept of “home state” in their 2012 electoral program. However, after the 2012 election UDC became increasingly uncomfortable with its partners’ discourse. In June 2015 UDC held an internal consultation, and the party base voted against adopting CDC’s political objectives and called instead for an agreed referendum with the state  on independence. In the end, the three counsellors that UDC had in Mas’ executive left and the federation broke down.

 

PSC

After the Constitutional Court in Madrid stroke down part of the 2006 autonomy statute in 2010, some critical voices within the PSC began to ask for independence. In 2012, as the debate over the right to choose intensified, tension within the party escalated. The first member to leave -in October 2012- was Ernest Maragall. Maragall then founded a new party, Nova Esquerra Catalana, a left wing project that clearly favoured independence.

The breakdown of PSC took place on January 16, 2014. That day, three of its members (Marina Geli, Nuria Ventura and Joan Ignasi Elena) broke party discipline and voted in favour of asking Congress to transfer powers to the Catalan Government in order to hold a referendum on independence. Six months later, Joan Ignasi Elena created a party called Avancem, a socialist party that favours independence. Another former member of PSC, Toni Montín, started the association Socialisme, Catalunya i Llibertat, (Socialism, Catalonia and Freedom), a platform that now supports the Junts pel Sí coalition.
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Why hasn’t there been a referendum yet?

By David López Frías

 

According to Article 149 of the Spanish Constitution, only the state can authorize a referendum.

The Constitution allows three types of referendum: consultative (article 92), in case of constitutional reform (articles 167 and 168), and to revise the autonomy statute (articles 151 and 152). A referendum over the independence of Catalonia would fall into the first category. However, the article specifies that “political decisions of special importance may be referred to a consultative referendum of all citizens”.

Therefore the Constitution does not contemplate the possibility of holding a consultation where only a limited number of people can participate.

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What is a “plebiscitarian election”?

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By David López Frías

A plebiscite is a referendum: the voter answers yes or no to a specific question. In an election, voters are required to vote for parties, candidates or programs. The second difference between an election and a plebiscite lies in the result: In referendums what counts are the votes, while in elections you count seats.

Artur Mas’ first proposal was to call for a referendum on Catalan independence. This referendum was allowed under a law that had been approved by the Catalan government called the “Consultation Act”. However Spain’s Constitutional Court ruled in February that both the law and the referendum were unconstitutional.

The Catalan president then decided to hold regional elections as if they were a plebiscite: depending on the party that voters give their vote to, they’ll be demonstrating their support or their rejection to Catalonia’s separation from Spain.

Spanish’s Election Law (LOREG) does not contemplate the possibility of a “plebiscitarian election”, since this concept does not exist in the Spanish legal system. Therefore the plebiscitarian aspect of this election is only interpretative.


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What can the Spanish state do to avoid Catalonia’s independence?

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By Íñigo Zulet

Once all diplomatic means are exhausted, the Spanish state has several ways to stop Catalonia from becoming independent. In an extreme scenario, the state could apply article 155 of the Spanish Constitution. This article allows the central Government to take over the regional Government’s capabilities, and could be applied if Catalonia does not fulfil ” its obligations under the Constitution” or acts in a manner that severely threatens “Spain’s general interests”.

The article states that the Government should first approach the Catalan president. Only if the President does not change his attitude can the Senate, if the proposal obtains an absolute majority, adopt the necessary means to force him to fulfil his obligations.

The state also has the option to declare a state of emergency, as contemplated under Article 116 of the Constitution and regulated by Organic Law 4/1981, which was passed after the coup d’etat of February 23, 1981. The law establishes that a state of emergency should only be applied when “the situation cannot be settled by any other means”.

Before reaching this scenario, the Government can resort to judicial or constitutional means, for example by challenging the election or by applying the Penal Code, which in its Title XXI regulates crimes against the Constitution, including rebellion.

The legislative branch can also reform the Constitutional Court. In fact, despite opposition from all other parties, the Popular Party Parliamentary Group has introduced a bill to reform the Constitutional Court in order to allow this body to fine and even suspend ruling officials who do not comply with its judgments and resolutions. This reform is being processed and is expected to pass Congress on September 29.
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What is the Catalan National Assembly?

By Albert Olaya

 

In 2009, a group of politicians led by Catalan architect Pere Pugès decided to create a citizen-based independence movement. The challenge was to unite the different factions that favoured independence but were historically divided by ideological and economic differences. After years of debate, the Catalan National Assembly (ANC) was finally born in April 2011.

On March 2012, the ANC held its constituent assembly at a rally at the Palau Sant Jordi in Barcelona. The Articles of Association were approved and their main political objective was established: to hold a referendum on independence by 2014. The entity then had about 300 regional assemblies and was supported by a number of well-known Catalan personalities.

In April 2012, the ANC appointed linguist and activist Carme Forcadell as president of the association. Under her leadership, this entity organised some of the largest demonstrations in the history of Catalonia, such as the “Catalunya nou Estat d’Europa” rally of 2012 and the “Concert for Freedom” at Camp Nou in June 2013.

The ANC has 34,000 affiliated supporters, more than 40,000 supporters who do not pay fees but cooperate with the entity voluntarily, and about 600 regional assemblies in Catalonia. It plays a key role as spokesman for the Catalan pro-independence movement.  Convergència and Esquerra Republicana don’t usually act without its approval.

Forcadell resigned as president on May 2015 and is now the number two candidate in the Junts pel Sí ticket for September 27.
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What is the Advisory Council for the National Transition (CATN)?

By Albert Olaya

The Advisory Council for the National Transition is a body that the Catalan government created in 2013 in order to advise the government on the best ways to achieve independence. It is presided by Carles Viver Pi-Sunyer, who used to be a justice at Spain’s Constitutional Court. The council has another 13 members, including well-known personalities such as Economic professor Germà Bel and journalist Pilar Rahola.

In 2014, CATN published a book outlining the steps the Government of Catalonia should follow to seize independence. This book explains how to hold a referendum on independence, how to internationalize the conflict, and which state structures should be created in order to prepare Catalonia for secession.

In order to coordinate and implement CATN‘s proposals before September 27, the Government created The Commissioner for National Transition on February 2015. The person in charge of this entity is also Carles Viver Pi-Sunyer. This second organ is suspended until the end of the year, since the Constitutional Court is currently processing the state’s claim that this council creates a conflict of jurisdiction.
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Who will be president after September 27?

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Artur Mas, Raül Romeva y Oriol Junqueras en un acto de Junts pel Sí. / JUNTS PEL SÍ

By Íñigo Zulet

All polls published so far predict that the Junts pel Sí (JxSí) coalition will win the election on September 27. Most polls, with the exception of El Punt Avui, predict that the pro-independence movement will win but won’t achieve an absolute majority.

 

average votes

These figures suggest two possible scenarios: The first possibility, although it is also the least likely, is that Artur Mas’ coalition will get an absolute majority of 68 MPs or more. In this context, Mas would repeat mandate without needing to reach any political deals. The second most likely scenario is that the Junts pel Sí coalition will need an agreement with the pro-independence CUP to govern, although this party has already stated that it will not support Mas’ candidacy.

Although it is likely that Mas will be the next president, electoral prospects are not the only thing that matters. Candidates are also important: Parties such as CUP or Sí que es Pot could reach an agreement with Junts pel Sí if Mas backed down and the leader of the electoral list, Raül Romeva, became the candidate for President of Catalonia.
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What will the pro-independence movement do next?

plan de ruta

By Albert Olaya

Junts pel Sí will launch the process of independence if it obtains an absolute majority in the Catalan parliament. There are two possible scenarios: Either the party obtains 68 MPs or more or it can reach an agreement with pro-independence CUP.

The first step on the route to independence would be to approve a statement in Parliament informing Spanish and international institutions that the independence process has begun. Junts pel Sí is planning to start negotiating the terms of independence with the Spanish government after the election. If the state refuses to negotiate, the independence coalition will declare unilateral independence. Catalan institutions would no longer recognize Spanish law, and the outcome would be unpredictable.

If the state recognizes the referendum, Catalonia would remain a part of Spain until the new government’s state structures are established and Catalonia has sufficient international support. This process could last several months. During that time, the Catalonian government would continue operating as always, and Catalan society would be asked to propose the basis for a new Constitution through a process of citizen participation, although the details of this process have not yet been explained.

Once the new state structures are ready, Parliament will proclaim Catalonia’s independence. When will this happen? According to Europa Press, Convergència Democrática and Esquerra Republicana have privately agreed that the process should take six to eight months, but neither party has made this public. Immediately after proclaiming independence, the Catalan Parliament would approve the “Legal transitory law” in order to avoid any legal loopholes, and the “Law of the constitutional process” in order to begin the process of drafting the new constitution.

After these two laws are approved, the Catalan government would call for a parliamentary election, which should take place 18 months after September 27. It is impossible to know which parties would stand in these elections, but if there were another pro-independence majority, Catalans would be asked to approve and ratify Catalonia’s new constitution.
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Can an independent Catalonia remain in the European Union?

By Juan Sanhermelando

No. An independent Catalonia would automatically be left out of the European Union and would have to request new membership in order to be readmitted. Catalonia’s admission into the European Union would have to be unanimously supported by all member states, which means that any of them, including Spain, could veto the procedure.

The European Union has been clear on this point: “If part of the territory of a Member State ceases to be part of that State to become a new independent state, the treaties would no longer apply in that territory. In other words, a new independent state would, by the fact of its independence, become a third country with respect to the EU, and the Treaties would no longer apply on its territory.”

This is the EU’s position, according to a statement by former president of the European Council Hermann Van Rompuy in 2013. Former president of the European Commission José Manuel Durão Barroso also expressed this same view to member of the European Parliament Ramon Tremosa.

The European Union treaties also state that the EU must “respect the essential functions of the States, as well as ensuring their territorial integrity.” That is the reason why Angela Merkel stated that respect for “territorial integrity” and “compliance with national and international law” were crucial when she was asked about Catalonia’s independence on September 1.

The former European Union’s legal services director goes even further and claims that a unilateral declaration of independence from Catalonia could never be recognized by any member state of the European Union.

However, pro-independence leaders such as Artur Mas have said that existing legislation does not cover Catalonia’s situation and therefore remain confident that European leaders will be “pragmatic” and allow Catalonia to remain in the European Union.
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Would an independent Catalonia keep the Euro as its currency?

euro

By David López Frías

The Euro is the currency used by 19 member states of the European Union.

There are two types of countries that do not belong to the European Union but still use the Euro as their official currency. The first group is composed by four micro nations: Andorra, Monaco, San Marino and The Vatican. The second group are the former Yugoslavian republics of Kosovo and Montenegro.

These four micro nations have a “monetary agreement” with the European Union. In 1999, Kosovo and Montenegro adopted a foreign currency, as ordered by the United Nations. This body’s aim was to keep these two countries away from Serbian economic influence.  In the beginning, they used the German mark, and after its disappearance they adopted the Euro. Nowadays both Kosovo and Montenegro use the Euro as their official currency, but they do not belong to the European Union and have to buy this currency through the mediation of commercial banks.

Each country has the power to unilaterally choose the official currency of its own territory. If Catalonia becomes independent, it could keep using the Euro, but it would use it as a foreign currency, and Catalonia wouldn’t have a say in European economic institutions.

Furthermore, Catalonia would be detached from the European Central Bank, and its financial institutions would not longer be part of the banking union.
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What does Catalonia need to be recognized as a member of the United Nations?

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By David López Frías

Catalonia would need the recommendation of nine of the 15 members of the Security Council in order to become a member of the United Nations. Any of the five permanent members (United States, Russia, France, China and the United Kingdom) could put an end to this process.

If Catalonia secures the support of the Security Council, the next step would be to ask for the General Assembly’s approval. In order to become a member, Catalonia would need the support of two thirds of this body. If the process fails, Catalonia can still request to become an observer state. This is the status Palestine has at the moment, and it would give Catalonia the right to participate in the General Assembly meetings -although Catalonia would not be able to vote or become a member of the Security Council.

Spain’s Foreign Ministry has produced a report ruling out this possibility. According to the document, “no constitution in the world considers the possibility of secession” and recalls that self-determination only applies to “people under colonial domination, annexation by conquest, foreign domination or occupation, or people oppressed by massive and flagrant human rights violations”.

Kosovo has been recognized as a state by more than a hundred countries. However, it has not secured the support of the two thirds of the General Assembly required to become a member of the United Nations. Some countries still maintain a hostile stance towards this new state due to its unilateral declaration of independence.

On the other side, South Sudan’s secession was agreed to by Sudan. Six months after its declaration of independence in July 2011, South Sudan gained international recognition and became a full member of the United Nations.
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If Catalonia became independent, what would the consequences for Spain be?

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By Rubén J. Lapetra

Markets do not like surprises. An independent Catalonia would generate an increased financial risk for Spain, since the state is the main creditor to Catalonia’s debt and its local entities through the Regional Liquidity Fund (€64.000 million in total).  

Indirect debt (the debt that corresponds to Catalonia for participating in the current administrative framework and its GDP economic weight), would add another €180,000 million.

Most investors agree: secession would increase investment risks. Prime risk would soar substantially as investors’ demands increase in a country that is about to change its laws and redefine its borders.

Without Catalonia, Spain would lose 20 percent of its economic power and also 16 percent of its current population –a crucial factor when it comes to member state representation in the EU. Secession, however, would have a lesser impact on Spain than on Catalonia because Spain is already part of all international institutions.  
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Where will Barça and Espanyol play if Catalonia achieves independence?

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By David López Frías

La Liga (LFP) is an association integrated by the 42 clubs that participate in the two Spanish professional divisions: 20 teams in First Division and 22 in Second Division. For the 2015-16 season, Catalonia will have five clubs: FC Barcelona, Espanyol, Girona, Llagostera and Gimnàstic de Tarragona.

Only LFP could expel one of its members. However, and even though the LFP has its own jurisdiction, the LFP is part of the Spanish Football Federation (RFEF), an independent institution whose responsibilities involve “controlling the official competitions statewide”.

The LFP cannot make unilateral decisions about which teams can partake in the Spanish league. The RFEF does not have the ability to expel the Catalan teams from the LFP, but it could ban them from competing in the Spanish tournament. Both institutions depend on the Consejo Superior de Deportes (CSD), the institution that would have the final decision on which clubs could participate in the Spanish leagues.

The LFP has talked about the risks Catalonia’s independence would cause. The LFP’s president, Javier Tebas, mentioned in a Spanish radio show “ that the problem is a legal issue” and that the Catalan teams wouldn’t be able to play in La Liga “because the Sports Act includes an additional provision which states that the only non-Spanish state that can participate in La Liga is Andorra”.

Thus, the Spanish Parliament would have to amend the law in order to allow the Catalan teams to continue playing football in the Spanish league. Otherwise, they would have to create their own league.

There is another option for these football clubs: another country could allow them to play in their league. There was speculation a few years ago about Catalan clubs joining the French league. UEFA, however, could hamper this scenario since they can ban clubs from participating in any European club competitions if the team switches federations or plays in a different country outside its own.

Barça and Espanyol are part of the RFEF, so if they switched to a different federation they would not be able to participate in the Champions League or the Europa League. According to Article 51 of the UEFA statutes, Catalonia would need UEFA’s authorization in order to play in these competitions, as well as Spain’s approval.

RFEF does not usually allow this change. There are very few exceptions: Andorra, (which is part of the Spanish league since before the Andorran Football Federation was founded), Swansea or Cardiff (which chose not to join the league of Wales when it was created in 1992) and Monaco (which does not have its own federation and is therefore part of France’s).

UEFA has not yet allowed football associations to integrate in order to unify leagues. This body stopped initiatives such as the integration of Scottish teams (Celtic and Rangers) in the English Premier League, the creation of an Atlantic championship with Dutch clubs, Belgian, Scottish and Scandinavians, or the reinstatement of the Soviet tournament with teams from Russia, Belarus and the Ukraine.
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Can Catalans retain their Spanish nationality in an independent Catalonia?

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By Íñigo Zulet

Most pro-independence forces such as CDC, ERC or ANC are in favour of dual nationality. The Constitution also states that “a Spanish person cannot be deprived of his or her nationality”. Therefore, it is likely that Catalans would retain their Spanish nationality in an independent Catalonia.

However, this does not necessarily mean that Catalans would have dual nationality. The Spanish Civil code establishes that in case of dual nationality the Spanish nationality should always prevail if law or international treaties do not recognize the second one.  In other words, if the state did not recognize Catalonia’s independence, Catalans could not use their Catalan nationality in Spain, or in any other countries that did not recognize the Catalan state. Catalans could only use their Spanish nationality when travelling to other countries.

If Catalonia became independent, there would be a number of choices: A dual nationality model (Catalan and Spanish), the subordination of one of the nationalities, or the free choice of each Catalan between the two of them.
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Would an independent Catalonia allow a consultation in the Val d’Aran?

By Íñigo Zulet

The Val d’Aran is a valley in the Pyrenees Mountains, in the northwestern part of the province of Lleida, Catalonia. It is part of Catalonia through a special self-government regime. The Catalonian independence movement has opened a debate among the Aranese about their future and their relationship with Catalonia and Spain. The Aranese people have stated that they want to hold their own referendum.

Catalonia’s president Artur Mas has already said that he will not forbid a consultation in the Val d’Aran. ERC has also stated that they are in favour of recognizing the right to self-determination of this territory.

The Val d’Aran has had a distinctive identity throughout history for a number of reasons. First, it is linguistically different from the rest of Spain: Catalan, Spanish and Aranese coexist as the main languages of the valley. The territory’s autonomy dates back to the Middle Ages, when in 1313 King James II of Aragon granted the valley with its own institutions and a number of special privileges. This special scheme was abolished in the early 19th century due to the centralizing policy of the State. In 1990, the autonomy of the Val d’Aran was restored and its historical rights were re-established.
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Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

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Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.

Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña

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Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha interpuesto contra leyes estatales en la legislatura que está a punto de concluir. El proceso soberanista, con el intento de crear estructuras de estado propias y con la permanente reclamación de competencias, está en el núcleo de la batalla que se libra en el Tribunal Constitucional, convertido en el principal valladar del secesionismo.

No hay otra comunidad autónoma que protagonice tantos procesos ante el Tribunal Constitucional como Cataluña. La aspiración a ampliar su capacidad de autogobierno primero y el plan soberanista planteado por Artur Mas y sus socios después han desembocado en la existencia de 64 procesos constitucionales desde que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno. Esa cifra incluye recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña contra leyes del Estado, recursos del Gobierno central contra normas autonómicas y conflictos de competencia.

En lo que va de año, el Tribunal Constitucional ha abierto 14 procesos que implican a Cataluña y al Gobierno de Rajoy. Entre ellos se encuentran cuatro asuntos clave en los que, según el Ejecutivo central, la Generalitat quiere fijar las bases jurídicas para asumir las funciones del Estado en el caso de un proceso unilateral de secesión del territorio de Cataluña.

Rápidas suspensiones cautelares

Esos cuatro procesos han sido promovidos por el Gobierno y admitidos a trámite con celeridad por el Tribunal Constitucional, lo que ha conllevado la suspensión automática de las normas catalanas cuestionadas.

El TC tardó apenas 11 días en admitir el conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra el decreto catalán 16/2015, de 24 de febrero, que creó el Comisionado para la Transición Nacional. La función de este órgano es el “impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del proceso de Transición Nacional y el seguimiento de las estructuras de estado”. El conflicto de competencias fue interpuesto el 26 de junio y admitido a trámite por el Constitucional 11 días después.

El 15 de junio el Gobierno presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas 2/2015 y 3/2015. Ambos fueron admitidos a trámite en sólo 10 días. Esos recursos impugnan aspectos determinantes del proceso soberanista: la elaboración de un plan director con la finalidad de hacer posible la “Administración Tributaria de Cataluña”; el inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña; el catálogo de infraestructuras estratégicas que garanticen el funcionamiento y suministro de agua, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios de información; la Agencia Catalana de la Protección Social y el plan director para los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario. Según las cuentas pactadas entre Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya, 11,5 millones de euros presupuestados para 2015 tienen como destino la creación de estos planes y estructuras.

En una nueva vuelta de tuerca, el Parlament aprobó el 12 de junio la Ley 9/2015, que permite la integración en la Agencia Tributaria de Cataluña (creada en 2007 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) de funcionarios de otras Administraciones Públicas pero siempre que tengan destino definitivo en Cataluña. Es decir, excluyendo a los del resto de España. La ley fue recurrida de inmediato por Rajoy y ha dado lugar a un proceso abierto por el TC el pasado día 10.

Unos meses antes, el 6 de marzo, el Gobierno central decidió llevar al Constitucional la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Esta norma considera a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, otra de las obsesiones de los nacionalistas. El tribunal admitió a trámite el recurso el 14 de abril y dejó en suspenso la ley hasta que dicte sentencia.

El 25 de febrero, el Pleno del TC declaró inconstitucionales tanto la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 como la ley autonómica que le sirvió de cobertura. Fue un fallo unánime que acogió, en lo sustancial, los argumentos de la Abogacía del Estado sobre lo que Cataluña llamó consulta no referendaria y que era, en realidad, un referéndum para debatir la secesión de Cataluña al margen de las vías que la Constitución establece para su reforma, según sentenció el Constitucional.

El conflicto educativo

Varios de los procesos iniciados en 2014 inciden en otro asunto especialmente relevante para los dirigentes de la Generalitat: el catalán y la educación. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, fijó el mínimo de horas que un alumno debe estudiar en castellano. Tanto el Parlament como el Govern la impugnaron ante el TC al considerar que atenta contra el modelo educativo catalán y la inmersión lingüística.

A lo largo del año pasado, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña recurrieron otras normas estatales por no respetar las competencias autonómicas, como la ley de sostenibilidad de la Administración Local, la de garantía de la unidad de mercado y los planes de racionalización energéticos.

Desglosando el número de procesos de inconstitucionalidad, Cataluña fue la comunidad autónoma más afectada en 2014. Sobre ella hubo 19 procesos, un 34% del total que admitió el TC (56). Le siguieron Andalucía, con 10 asuntos y Canarias con 5.

2014

En 2013, una iniciativa con la que el Parlament inauguró el año, la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, dio lugar a un proceso constitucional que el TC zanjó en marzo de 2014. También por unanimidad, el Constitucional dejó claro que “en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

Además, 2013 supuso el punto de partida para otros procesos referidos al ámbito educativo. En febrero de ese año, el TC admitió tres recursos de Cataluña contra normas estatales que establecieron las enseñanzas comunes de la educación infantil, las bases de la formación profesional y el gasto público en educación.

En 2013 fue, de nuevo, Cataluña la comunidad autónoma que se vio implicada en más procesos constitucionales, con 22. Después, Canarias (10), País Vasco (9), Navarra (8) y Andalucía (6).

2013

Cuando Artur Mas planteó en septiembre de 2012 a Mariano Rajoy un nuevo pacto fiscal que planteaba equiparar el escenario fiscal catalán al del País Vasco, el presidente del Gobierno lo rechazó por inconstitucional. Tras aquel (des)encuentro en La Moncloa, el líder catalán dejó entrever el inicio del conflicto en los tribunales que estaría por venir a lo largo de la legislatura: según su criterio, Cataluña tenía un futuro “luminoso y brillante” frente al “gris” que ofrecía el presidente del Gobierno central y para ello tendrían que reclamar nuevas competencias ante el Constitucional.

Sin embargo, fueron el presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Defensor del Pueblo los primeros en cuestionar la corrección constitucional de algunas normas procedentes de Cataluña. En concreto, las leyes en materia audiovisual, de urbanismo y de horarios comerciales.

2012

En 2012, coincidiendo con el primer año de legislatura de Mariano Rajoy, Cataluña ya encabezó la relación de comunidades autónomas litigantes con nueve asuntos. Impugnó las medidas de racionalización del gasto en Educación y Sanidad, así como el decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que, entre otras medidas, eliminó la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos.