La Fiscalía del Supremo pedirá anular la sentencia absolutoria del Prestige

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La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

Foto: Efe

Foto: EFE

La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

En una vista señalada para mañana, martes, la Fiscalía instará la devolución de la causa a la Audiencia de A Coruña con la pretensión de que condene al capitán del Prestige por un delito medioambiental. El buque se hundió en las costas gallegas en noviembre de 2002, provocando una auténtica marea negra que afectó a casi 2.000 kilómetros de costa española y francesa. El vertido de la carga causó una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de fuel vertido como por la extensión de la zona afectada.

El máximo responsable del petrolero, Apostolos Mangouras, fue condenado por los jueces gallegos exclusivamente por un delito de desobediencia por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco después de que se produjese la primera fuga de fuel, el día 13 de noviembre del citado año.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la conducta de Mangouras fue mucho más grave, hasta el punto de constituir un delito medioambiental. El fiscal defenderá en la vista que era plenamente consciente de que la nave no reunía los requisitos necesarios para transportar las 64.000 toneladas de fuel-oil cargado.

Según fuentes jurídicas consultadas por el EL ESPAÑOL, la Fiscalía del Supremo considera que el tribunal que juzgó el asunto en 2013 no tuvo en cuenta pruebas relevantes que ponen de manifiesto que el capitán no debió transportar tales toneladas de petroleo en un buque que no reunía condiciones.

Hay varios documentos que, para el Ministerio Fiscal, son claves para poder condenar a Mangouras y que la Audiencia no analizó. En la sentencia gallega no se tuvo en cuenta la inspección interna que se llevó a cabo semanas antes de que el barco zarpara desde la ciudad rusa de San Petersburgo, con parada en Letonia. El informe de la inspección recogía varias deficiencias.

La Fiscalía se queja de que el tribunal tampoco tuvo en cuenta el testimonio de otro capitán que tuvo el Prestige, Stratos Kostazos, sustituido por Mangouras después de negarse a llevar el buque. En el juicio, Koztazos reconoció que la nave estaba “condenada” por todas las deficiencias que acarreaba debidas a su antigüedad, como la corrosión de los tanques que transportaban el fuel.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitará al alto tribunal que, a la vista de los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, Mangouras sea condenado por un delito medioambiental sin tener que devolver el asunto al tribunal gallego para que redacte de nuevo la resolución.

Batalla por la indemnización

La Fiscalía y el abogado del Estado consideran que, con la condena del capitán de origen griego, se abriría la posibilidad de exigir cerca de 4.000 millones de euros en indemnizaciones tanto en beneficio del Estado como para compensar los notables daños causados por el vertido a ciertos sectores, como el pesquero. Hubo denuncias de más de 1.500 damnificados.

De prosperar la tesis del fiscal y del defensor del Estado, las aseguradoras del buque serían las que tendrían que hacerse cargo del pago de esas indemnizaciones.

Los magistrados que juzgaron el caso en A Coruña entendieron que no se había podido demostrar que los acusados quisieran hundir el buque ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas. Llegaron a la conclusión de que no actuaron dolosamente (esto es, de forma intencionada) y que su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave. Cerraron, así, la vía de las indemnizaciones.

Junto a Mangouras, para quien se llegó a pedir doce años de prisión, también fueron acusados otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas, así como José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Finisterre (A Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Se trataba de un barco de un solo casco construido en Japón 26 años antes de la catástrofe. En virtud de la legislación internacional sobre doble casco, adoptada por la Unión Europea, este buque hubiera debido dejar de navegar en marzo de 2005 y, por tanto, estaba cerca de terminar su ciclo de vida útil cuando naufragó.

Iguala sigue sin respuestas un año después

guerrero2La desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, el año pasado sigue siendo un oscuro misterio. Después de que la fiscalía los diera por muertos, un nuevo informe otorga nuevas vías para mantenerlo abierto. Un año. Y México todavía no tiene respuestas.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de magisterio desaparecieron del municipio de Iguala, en el estado suroccidental de Guerrero, para no volver a ser vistos. La tragedia se ha convertido en un escándalo a gran escala que toca a sicarios, policías y políticos y ha llevado a la detención de un centenar de personas.

En las últimas semanas, el caso ha dado un giro de 180 grados después de que un informe de peritos independientes pusiera en entredicho la versión de la fiscalía de que los estudiantes fueron cremados en un basurero, así como otros aspectos de la investigación oficial.

México se ha movilizado durante este año para pedir justicia en la calle y en las redes sociales bajo lemas como “Ya me cansé”. No han faltado los disturbios. Y hay una gran manifestación estudiantil convocada para este fin de semana en Iguala. Mientras, los padres de los desaparecidos, que se niegan a desistir, se reunieron el jueves con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para exigirle que encuentre por fin a sus hijos.

Estas son las claves de un caso complejo y lleno de incógnitas que estremece y agita al país de habla hispana más poblado del mundo.

La versión de la fiscalía

Estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -una institución educativa de origen revolucionario- llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 tras desviarse de su ruta original a Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero. Su propósito era recabar fondos y hacerse con autobuses para viajar a México DF para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968, en la que el Gobierno arremetió contra manifestantes pacíficos.

En Iguala, los estudiantes tomaron por la fuerza varios autobuses y estalló una reyerta con la policía municipal, una extensión del narco, según la Procuraduría General de la República -la fiscalía federal- . La policía abrió fuego. Hubo muertos y heridos y 43 estudiantes fueron secuestrados.

Agentes de policía entregaron a los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos. Fueron transportados hacinados a un basurero en la localidad vecina de Cocula. Allí, los sicarios ejecutaron a aquellos que no habían muerto asfixiados y luego quemaron los cuerpos en una gran hoguera. Los sicarios metieron los restos en bolsas de basura y las arrojaron al río.

Los presuntos autores intelectuales del crimen, el alcalde de Iguala y su mujer, vinculados al narcotráfico, fueron detenidos en noviembre del año pasado. Unos dos meses más tarde, en enero de este año, las autoridades mexicanas dieron por muertos a los 43 “normalistas” -estudiantes de la escuela normal- desaparecidos. El Gobierno intentó pasar página.

La fiscalía encontró restos en el río San Juan y en el basurero de Cocula. De estos, se ha podido identificar a dos estudiantes. Uno de ellos es Mora Venancio, que fue identificado el año pasado. El segundo es Jhosivani Guerrero de la Cruz, que fue identificado la semana pasada, después de la publicación de un informe peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aparte de los restos, la versión de la fiscalía se sostiene fundamentalmente en testimonios de los detenidos, si bien varios de estos han denunciado torturas.

El informe independiente

Pero hace unas tres semanas, expertos independientes de la CIDH presentaron un informe que cuestiona que los estudiantes fueran quemados en el vertedero de Cocula y subraya numerosas inconsistencias en los testimonios de los implicados.

De acuerdo con el informe, “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira [una gran hoguera] para la cremación de inclusive un solo cuerpo”. Por ejemplo, el fuego, según la versión oficial, estuvo activo unas 15 horas. Pero los cálculos del grupo de expertos indican que cremar a 43 personas requiere que las llamas estén encendidas alrededor de 60 horas.

Uno de los supuestos participantes en la cremación declaró que se utilizaron entre 10 y 15 neumáticos para la hoguera y el resto se completó con madera. Pero la cantidad de madera necesaria para completar ese número de neumáticos y cremar un solo cuerpo es de unos 700 kilos, según el informe. De hecho, para cremar tantos cuerpos se necesitarían unas 30 toneladas de madera. El informe indica que no hay evidencia de que semejante carga de combustible hubiera estado disponible en las cercanías del basurero. Por otro lado, no hay daños generalizados en la vegetación y la basura, daños que una hoguera de esas condiciones hubiera provocado.

Los restos encontrados señalan que al menos uno de los estudiantes fue incinerado. Pero “este informe muestra la imposibilidad de que el basurero de Cocula, en las circunstancias y tiempos señalados en el expediente, sea dicho escenario”.

Por otro lado, el texto sugiere que un quinto autobús puede ser un elemento central del caso. La hipótesis sostiene que en ese autobús había drogas o dinero y que eso desencadenó las represalias: “El resto de explicaciones posibles, como confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil”.

El informe dice además que no sólo hubo policías municipales implicados en la tragedia, sino que el Ejército y la Policía Federal presenciaron los ataques. Los expertos han pedido hablar con los militares destinados en Iguala.

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Familiares de los desaparecidos no han parado de manifestarse exigiendo una investigación a fondo de la tragedia.

Un Gobierno criticado

Un sondeo trimestral divulgado a principios de este mes revela que la popularidad del presidente Peña Nieto ha caído a un 35%, su peor nivel desde que está en el poder, informa la edición mexicana de El Economista. “El momento de Peña Nieto, el momento de México, que se estaba viviendo hasta hace un año atrás de repente fue sacudido primero por los hechos de Iguala y luego por la crisis económica”, explica Carlos Malamud, experto en América Latina del Real Instituto Elcano. “Pero los crímenes de Iguala tuvieron un impacto político muy fuerte sobre la estabilidad y gobernabilidad del país”.

Muchos han criticado la actuación del Gobierno federal en la gestión de la crisis de las desapariciones. Las autoridades federales tardaron en hacerse cargo de la situación y tomar las riendas de la investigación porque el Gobierno consideraba que era competencia de los poderes municipales o estatales, dice Malamud.

“La actuación del Gobierno ha sido tardía y por ello pareciera que siempre ha estado un paso atrás en la atención a las víctimas”, afirma María Elena Morera, activista por los derechos de las víctimas, en correo electrónico desde México. “El informe del grupo de expertos de la CIDH nos deja en claro justamente el atraso que tuvo la autoridad federal para investigar (…). Fue un error de tiempo y fue omisión en partes clave de la investigación que se quedó a nivel de los dichos de criminales y no en la plena comprobación científica del suceso”.

La ONU ha criticado al Gobierno mexicano por la gestión de las desapariciones. Human Rights Watch también ha apremiado a las autoridades a actuar y ha señalado deficiencias en su investigación.

Las familias hablan de crimen por parte del Estado federal. “De alguna manera aquí lo que está en discusión es si, como denuncian los familiares de las víctimas esto fue un crimen de Estado, con grandes responsabilidades en el Gobierno federal -cosa que evidentemente no ha sido así- o si, como estiman muchos observadores independientes, se trata de un crimen interesado por autoridades locales vinculadas a narcotraficantes con algunas complicidades o negligencias por autoridades o bien estatales o bien federales”, opina Malamud. “Pero de ahí a considerarlo como un crimen de Estado hay un largo recorrido”.

¿Y ahora qué?

A día de hoy, no hay una explicación sólida que justifique la virulencia de la represalia contra los estudiantes de magisterio. El líder de los Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias dijo en su testimonio que sospechaban que los estudiantes eran miembros de la banda rival Los Rojos. La hipótesis del autobús del grupo de expertos intenta arrojar un poco de luz sobre el caso. “El informe es un buen avance; sin embargo, está aún incompleto y por ello es justo que los investigadores lo completen,” dice Morera.

“El informe deja también cabos sueltos, que dificultan una clara resolución del caso”, afirma Malamud, en referencia a aspectos como la teoría del quinto autobús que, considera, constituirán el foco de las investigaciones en los próximos meses.

Ante esa incertidumbre, los familiares de los 43 estudiantes se han reunido este jueves con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para presentarle ocho peticiones, entre ellas la creación de un cuerpo exclusivo que investigue los hechos. Nieto ha asegurado que el caso sigue abierto, a pesar de que la fiscalía le hubiera dado carpetazo a principios de año, y que “estamos del mismo lado”.

Entre otras cosas, su Ejecutivo ha ofrecido seguir las recomendaciones del grupo de expertos independientes y crear una fiscalía para desaparecidos. También ha propuesto crear un grupo de peritos del más alto nivel e invitar al doctor José Torero -que hizo el peritaje del vertedero para el grupo de expertos- para volver a revisar el basurero.

Pujol Jr denuncia el robo de decenas de miles de euros en joyas

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Un robo ha destapado que el matrimonio formado por Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès atesoraba decenas de miles de euros en joyas y relojes en su domicilio.

También en EL ESPAÑOL:

Un robo ha destapado que el matrimonio formado por Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès atesoraba decenas de miles de euros en joyas y relojes de alta gama en su domicilio. El hijo mayor del ex presidente autonómico catalán y su esposa denunciaron el siniestro hace dos años y han puesto en manos de la compañía aseguradora las facturas de los objetos de valor que supuestamente fueron sustraídos en su vivienda barcelonesa.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la documentación remitida por el matrimonio a una céntrica correduría de Barcelona. Allí figura, por citar uno de los ejemplos más significativos, un reloj de la marca Audemars Piguet, valorado entonces en 13.800 euros y hoy en 17.700. Se trata concretamente del modelo Royal Oak de 41 milímetros automático con esfera de plata y brazalete de acero, que fue adquirido personalmente por Pujol Ferrusola en la conocida joyería Rabat del Paseo de Gracia.

Esta pieza es una de las más significativas de la colección del matrimonio pero no es la única. Mercè Gironès informó a la aseguradora de que le habían desaparecido dos modelos de relojes de la marca Cartier. Para documentar de qué modelos exactos se trata, se dirigió a El Corte Inglés de la Avenida Diagonal donde solicitó un presupuesto de ambos simulando que se disponía a adquirirlos.

Los grandes almacenes le hicieron llegar la información sobre el primer reloj solicitado: un Tank Française de acero mediano valorado en 3.870 euros. También le remitieron el otro modelo requerido: de nuevo un Tank Française, esta vez en tamaño grande y automático. Su precio, 4.600 euros.

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La pareja envió a la aseguradora también al menos otras dos facturas de artículos de la firma Bulgari adquiridos en la tienda del número 74 del Paseo de Gracia y valorados cada uno de ellos en 900 euros. Cada uno tenía su correspondiente número de serie y ambos habrían sido adquiridos, según la documentación, en vísperas de las navidades de 2005.

PUJOL JR. BUENO

El rastro del dinero

Hasta el momento ha quedado acreditado que Pujol Jr ha blanqueado las comisiones que ha cobrado de manos de grandes contratistas de la Generalitat catalana en inversiones en medio mundo diseminadas en negocios tan dispares como puertos, minas o grandes operaciones inmobiliarias en Argentina, Brasil, Turquía, Irak, Etiopía o Gabón.

Pero también que ha destinado buena parte de los más de ocho millones de euros que ha percibido a través de sus sociedades instrumentales -Project Marketing Cat e Iniciatives, Marketing i Inversions- por la prestación de asesorías que se han demostrado falsas en artículos de lujo. En este sentido, célebre es ya su colección de coches deportivos clásicos, integrada por una docena de Lamborghini, Ferrari y Porsche y tasada por la Agencia Tributaria en 1,6 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción y Hacienda ya han documentado que Pujol Ferrusola declaró haber pagado precios irrisorios por ellos y apuntan a que utilizó abundante dinero negro de origen desconocido en estas operaciones. Por lo tanto, la investigación que se sigue contra él por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal no sólo se extiende ya a su ingente parque móvil sino a los innumerables artículos de lujo adquiridos durante los últimos años por el vástago del histórico líder nacionalista catalán con cargo a las comisiones que, tal y como demostró hace unos días este periódico, alcanzaban el 5%. Una tarifa superior a la ya conocida del 3% entregada por grandes contratistas públicos como la familia Sumarroca a Convergència Democrática de Cataluña (CDC).

También en EL ESPAÑOL:

El detenido por el caso de la peregrina cambió una fuerte cantidad de dólares tras la desaparición

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M.A.M.B, detenido hoy en Asturias por la desaparición de la ciudadana estadounidense Denise Thiem, cambió 70.000 dólares en efectivo en una sucursal bancaria de la zona días después de que la chica desapareciera.  Thiem desapareció el pasado 6 de abril mientras realizaba el Camino de Santiago. Desde entonces, más de 300 agentes han participado en su búsqueda. 

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M.A.M.B, detenido hoy en Asturias por la desaparición de la ciudadana estadounidense Denise Thiem, cambió una importante cantidad de dólares en efectivo en una sucursal bancaria de la zona días después de que la chica desapareciera.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la sucursal bancaria que recibió la petición alertó -tal y como marca la normativa vigente- al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que realizó el informe perceptivo. En un primer momento y según fuentes del caso, los agentes especializados en delincuencia financiera consideraron la transferencia sospechosa de un presunto delito de narcotráfico. Sin embargo, tiempo después sirvió a los agentes de la Guardia Civil para fijar sus sospechas en el ahora detenido.

Según las mismas fuentes, M.A.M.B residía en una pequeña finca rural cercana a la ruta del Camino de Santiago seguida por la ciudadana estadounidense. Incluso estaba desde hace meses en el punto de mira de los investigadores, que llegaron a entrevistarse con él. Las alarmas saltaron cuando el hombre pasó a estar ilocalizable la semana pasada. Las primeras pesquisas apuntaban a que el sospechoso pudiera haber escapado a Portugal al sentirse cercado por los agentes. Sin embargo, ha sido finalmente detenido en suelo español y ahora se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

La estadounidense Denise Thiem desapareció el pasado 6 de abril, mientras realizaba el Camino de Santiago. Desde entonces, más de 300 agentes han participado en su búsqueda.

El porqué de un verano inusitadamente sangriento

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El día 15 de septiembre se celebrará en la localidad de Tordesillas el controvertido Toro de la Vega. Este polémico ‘torneo’ tendrá lugar tras uno de los veranos más dramáticos para los festejos taurinos de los últimos 15 años: 13 personas han perdido la vida en estas fiestas populares desde el mes de junio.

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Este verano de 2015 ha sido uno de los más negros para los festejos taurinos. En el espacio de tres meses, 13 personas han perdido la vida en estos eventos populares, la cifra más alta en lo que va de siglo. De estas muertes, cinco tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana, dos en Castilla y León y dos en la Comunidad de Navarra.

EL ESPAÑOL ha hablado con ganaderos de distintas regiones de España, al igual que con expertos taurinos y anti taurinos, que analizan las razones por las que los festejos de 2015 han sido inusualmente sangrientos.

1/Los toros de los festejos son ahora más peligrosos

Según un artículo de The Economist publicado a finales de agosto, una teoría sin probar que podría explicar el aumento de muertes en festejos taurinos este año es el descenso del toreo tradicional en plazas de toros. “Al declinar el toreo de las plazas de toros, los ganaderos están proveyendo reses más grandes y peligrosas a los festejos populares”, escribe la revista semanal.

Los datos del Ministerio de Cultura muestran que el número de corridas de toros ha descendido a nivel nacional en los últimos años: en 2010 se celebraron 611 corridas de toros, mientras que en 2014 este número fue 398. Sin embargo, Vicente Noveroles, Presidente de las Peñas de Toros en la Calle de la Comunidad Valenciana, discrepa con la afirmación de The Economist “ya que el toro de la plaza de toros es el mismo toro que el del festejo”.

“Los toros de la plaza son más grandes, más despampanantes y más agresivos a la vista, pero son igual de agresivos que los que se utilizan en los festejos”, afirma Noveroles.

La ganadería Cebada Gago es una de las proveedoras de toros de Villaseca de la Sagra (Castilla La Mancha) y de Blanca (Murcia), dos de las poblaciones donde los festejos taurinos se han cobrado vidas este verano. El representante de la ganadería afirma en conversación telefónica que “los toros que van a festejos populares y van a plazas de toros son del mismo origen”.

“Los toros se crían igual y pasan por el mismo proceso de selección”, afirma el representante. “En principio los toros siempre se seleccionan para la lidia. A los festejos van animales con defectos, ya que para la lidia tienen que pasar un test veterinario. Estos defectos pueden ser una punta rota, un bultito, falta de peso, o que sea mayor de 5 años. Pero que sea mayor de 5 años no quiere decir que sea más peligroso. De hecho al ser mayor pierde cualidades físicas”.

La Ganadería Hermanos Camionero, una de las proveedoras del ayuntamiento de Peñafiel, donde también ha fallecido un hombre en estos festejos taurinos, declara que “hasta que no se cata un toro no se sabe cómo de peligroso va a ser”.

José Enrique Zaldivar, veterinario y Presidente de AVATMA (Asociación de Veterinarios  Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal) tampoco cree que el declive del toreo tradicional sea el causante de las muertes en los festejos. “La peligrosidad del toro es bastante impredecible. No son más peligrosos los toros de la plaza de toros que los de los festejos,” dice el veterinario.

2/Los toros que ‘repiten’ en los encierros

Miguel Reta, ganadero de Navarra y dueño de la ganadería Reta de Casta Navarra, explica que en algunas comunidades está permitido “alquilar un toro y devolverlo”. “Esto se hace en algunas regiones de Cantabria, Rioja, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña”, asegura el ganadero.

“En mi ganadería se tiene en cuenta la localidad a dónde va el toro. Nosotros no mandaríamos un toro muy resabido a un festejo popular en una localidad pequeña”, declara Reta.

Fernando Sánchez Arjona, copropietario de la ganadería Sánchez-Arjona y notario de Madrid, afirma que “menos en el Levante y en Navarra el reglamento de las comunidades obliga la muerte del toro tras el festejo”.

José Enrique Zaldivar afirma que los toros tienen mucha capacidad para aprender, por lo que “reutilizar un toro hace que el festejo sea mucho más peligroso. Un claro ejemplo es el famoso Toro Ratón. Cuanta más gente mataba y hería más subía su demanda en los festejos”.

“Podría ser una explicación a las muertes que han sucedido este verano, aunque habría que ver las circunstancias de cada caso”, especula.

EL ESPAÑOL ha contactado a varios de los ayuntamientos donde los festejos taurinos han terminado en tragedia este año para averiguar si las ganaderías que abastecieron toros para las fiestas tienen como costumbre volver a utilizar estos animales. Villaseca de la Sagra compró toros de las ganaderías Fuente Ymbro, Cebada Gago y Saltillo para los festejos de calle. Las tres han confirmado que los toros no se vuelven a utilizar, ya que una vez vendido un toro no vuelve a la ganadería, y a menos que haya sido perdonado debe ir a un matadero.

El ayuntamiento de Blanca utilizó las ganaderías Cebada Gago y Torrestrella para los encierros de este verano. La ganadería Torrestrella afirma que tampoco vuelven a usar los toros una vez vendidos para un festejo.

El ayuntamiento de Peñafiel, en Castilla y León, solicitó los servicios de las ganaderías Hermanos Caminero y Sánchez Herrero. La representante de Hermanos Caminero afirma que “tal y como manda la legislación de Castilla y León, no se vuelven a admitir ni vender toros que han salido de la ganadería”.

El ayuntamiento de Pedreguer, en la Comunidad Valenciana, utilizó toros para los festejos de ganaderías especializadas en lidiar en las calles: La Paloma, Benavent, Els Coves, Crespo e Ifach. Todas estas ganaderías han confirmado que los toros que proveen son “toros de alquiler”, por lo que son devueltos a las ganaderías tras los festejos. El propietario de la ganadería Benavent afirma que “en la comunidad Valenciana los toros que se mandan a los festejos suelen ser de alquiler, por lo que se vuelven a utilizar en otros festejos”.

Según Sánchez Arjona, “en un encierro podrían ser más peligrosos los toros que se han usado antes, aunque no creo que sea un factor decisivo. Es uno de los argumentos que han utilizado las comunidades que han prohibido esta práctica, aunque no está demostrado que esto aumente la peligrosidad del toro”.

“En mi opinión, influye más la naturaleza del toro que si ha estado antes en un encierro”, declara Arjona.

Vicente Noveroles afirma que en la Comunidad Valenciana “volver a usar los toros se lleva haciendo desde siempre. Esto no explica por qué han aumentado las muertes en los festejos taurinos este año”, concluye.

3/El aumento de los festejos populares

Nacho Lloret, empresario de la plaza de Toros de Alicante, explica que ha habido un crecimiento importante de este tipo de celebraciones. “Los costes de producción que tienen las novilladas o encerradas hace que estos eventos sean sustituidos por festejos de toro en la calle”, explica.

Los datos del Ministerio de Cultura corroboran esta afirmación. En 2013 se celebraron 13.815 festejos populares en España, mientras que en 2014 se celebraron 15.848.

Lloret afirma que para muchos ganaderos, los festejos populares se han convertido en la única posibilidad de vender toros. “Imagínate que un ganadero en 2007 cría 100 animales. En 2013/2014 ve que el número de encierros en plaza de toros ha descendido y se ve con dos opciones: o mandar los toros al matadero o destinarlos a los festejos populares”.

“Si hay más festejos taurinos que antes, es normal que el peligro sea mayor”, dice el empresario.

En la Comunidad Valenciana, la región con más muertos este año, el número de festejos también ha aumentado. Según el Ministerio de Cultura, en 2014 se celebraron 7.866 fiestas de este tipo, mientras que en 2013 fueron 6.139.  La Valenciana es la autonomía donde más festejos populares se celebraron en España en 2014, seguida por Castilla y León.

“¿Por qué ha habido más muertos en la Comunidad Valenciana? Por la naturaleza del festejo. En cada comunidad hay festejos distintos. Madrid tiene más encierros en plaza de toros, en Valencia es tradición la suelta de toro en la calle. Obviamente la suelta de toro en la calle es más peligrosa”, dice Nacho Lloret.

“Es importante tener en cuenta que el número de festejos populares ha aumentado estos últimos años, especialmente en la Comunidad Valenciana”, dice Sánchez Arjona. “Esta podría ser una posible explicación al incremento de muertes este año”.

El veterinario José Enrique Zaldivar también considera que la causa de las muertes de este año “es una mezcla de factores, en las que pueden incluirse el aumento de festejos y utilizar toros que ya tienen experiencia en festejos”.

4/El azar

Vicente Royuela, economista de la Universidad de Barcelona, afirma que “la principal razón por la que ha aumentado el número de fallecidos este año es el azar, ya que la evolución del número de fallecidos es muy errática”.

José Enrique Zaldivar declara que “no ha habido un aumento exponencial entre 2014 y 2015”. “La tauromaquia se cuestiona más, por lo que la prensa le presta más atención y eso hace pensar que ha habido un número desmedido de muertes”, dice el Presidente de AVATMA.

Leonardo Anselmi, portavoz de Prou!, la organización que logró la abolición de las corridas de toros en Cataluña, también afirma que el aumento de muertes es simplemente “fortuito”. “Realmente no ha habido más accidentes este año, solo que las personas no han sobrevivido”, asegura.

Según la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en la Comunidad Valenciana ha habido dos muertos menos que el año pasado. “No hablamos, por tanto, de un repunte significativo, sino de una estadística que oscila a lo largo de los años”, declaran en un comunicado oficial.

“Los estudios de la Policía Autonómica de la Comunidad Valenciana apuntan que la concurrencia media en festejos populares asciende a 5.000 personas por celebración, con 1.000 participantes y 4.000 espectadores. En 2014 se dieron 7.886 celebraciones de este tipo. La tasa de mortalidad sería, por tanto, del 0,00006%”, argumenta el informe.

Tres palizas distintas y un solo odio verdadero

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Agresiones físicas al grito de ‘fascista’, ‘maricones’ o ‘puto sin techo’ a una dirigente de Vox, una pareja homosexual y un indigente, respectivamente, en menos de 24 horas con “el odio al diferente” como eje común. Esta brutalidad hace saltar las alarmas entre asociaciones y colectivos que reclaman “aunar fuerzas” para luchar contra los delitos de odio: “El problema es mayor de lo que estamos viendo, esto sólo es la punta de un iceberg que va a demandar medidas integrales”.

En la imagen, Inma Sequí, la dirigente de Vox brutalmente agredida.

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Inma Sequí, la dirigente de Vox brutalmente agredida.

Por “fascista”.

Una patada por la espalda al grito de “fascista de los cojones” sirvió para tirarla al suelo. Una vez noqueada, mientras que uno de los tres agresores le propinaba una ristra de puñetazos en el pómulo y en la boca, el otro le agarraba del cuello y un tercero la desafió con un “a ver si ahora eres tan valiente”.

La agredida es Inma Sequí, dirigente de Vox en Cuenca, y como resultado de la paliza que recibió el martes, contusiones abdominales, medio pómulo roto, un esguince de muñeca y el labio destrozado: “Pero sin puntos”, parece excusarse la dirigente política a EL ESPAÑOL.

Por “maricones de mierda”.

Horas antes de la agresión a Sequí, en la Feria de Almería, una pareja de homosexuales sufrió “una agresión brutal” -según señala el colectivo Colegas Almería- a la salida de una caseta.

En esta ocasión, los agresores utilizaron el “maricón de mierda” para acompañar los puñetazos y patadas que hicieron que uno de los agredidos acabará con “la mandíbula rota, uno de los brazos fracturados, además de dientes rotos y contusiones”, según recoge el parte médico.

Por “puto sintecho”.

“Me hicieron una encerrona, me vi rodeado, me pegaron y me quedé ciego después de escuchar ‘Mátalo, dale en la cabeza al puto sintecho”, relata Marcos, un indigente de 36 años que pasa las noches a la intemperie en Granada.

Los causantes en este caso eran dos jóvenes de 20 y 23 años que ya han sido detenidos y otros cuatro menores que también ha sido identificados.

Tres palizas, tres agredidos, tres motivos

Tres palizas, tres agredidos y tres motivos en distintos puntos de la geografía que según explican las víctimas -o los colectivos que dicen representarlos- tienen su germen “en el discurso del odio al diferente”. Y en apenas 24 horas.

Lo analiza para EL ESPAÑOL la presidenta de la Comisión de delitos de odio del colegio de abogados de Málaga, Charo Alises: “No se ataca sólo a una persona, sino que el ataque va dirigido a una comunidad que piensa igual que el vejado. Es un mensaje para intentar callar a todo el colectivo”.

“Callar”. Algo que no han conseguido con Sequí, quien, sin que le tiemble la voz a pesar de sus 18 años, dice en declaraciones telefónicas no tener ningún miedo porque va a seguir “luchando por las ideas en las que cree”, las del argumentario del partido creado por Santiago Abascal.

“Siempre he debatido, siempre he defendido mis ideas y lo voy a seguir haciendo. No me van a amedrentar”, argumenta después de la paliza que considera “premeditada” y que iba dirigida, a su juicio, a todos sus compañeros. “Aunque prefiero que me haya pasado a mí que a ellos”, asegura al mismo tiempo que aprovecha -ha seguido la actualidad entre entrevistas-  para condenar las otras dos agresiones en Almería y Granada.

1.285 delitos de odio en 2014

Los tres incidentes, que se han producido con un lapso de 24 horas, se enmarcan en las categorías que el Ministerio del Interior está recopilando desde hace dos años como “delitos de odio contra la ideología, orientación sexual y situación de pobreza”, respectivamente; en 2014 fueron 1285, entre los que también se incluyen aquellos que tienen cuestión de raza, religión o discapacidad.

Por ello, los colectivos y observatorios consultados, piden al unísono “aunar fuerzas” para luchar contra los delitos de odio “en un momento en el que la confrontación política y social está a la orden del día”. Son palabras de la abogada especialista en vulnerabilidad y derechos humanos Violeta Assiego, quien añade que en estos momentos “en los que el nivel de violencia es especialmente llamativo, hay una ausencia de valores que en otros tiempos estaban presentes como son el diálogo y la integración”.

Para la letrada, estos tres casos, no tienen tanto que ver con un tema de “tomarse la justicia por tu mano”, sino con “la intolerancia”, con el mandar mensajes que creen distinguir “lo bueno de lo malo” a través de una brutal violencia.

Un hecho que, a su juicio, debe hacer saltar las alarmas “ya que no tenemos constancia de lo que realmente está sucediendo porque sólo denuncian aquellas personas que se sienten amparadas por la sociedad”.

Los argumentos de Assiego están respaldados en un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en el que se señala que entre un 10 y un 40 por ciento de las víctimas de delitos motivados por sentimiento de odio no denuncian su caso por “miedo” o porque “creen que nada va a cambiar”.

En el caso de agresiones contra el colectivo LGTB (Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) el handicap radica en “la visibilidad”, ya que el hecho de denunciarlas supone “poner sobre la mesa tu orientación sexual”, por lo que muchas agresiones “caen en saco roto” -explican desde los colectivos-: “Los datos de Interior sólo hacen un recuento de las denuncias, no de la realidad”, se quejan.

Rubén López, portavoz de Arcopoli, advierte que “tener que identificarse” a la hora de interponer una denuncia por homofobia supone para la víctima conectar con su pasado. “En muchas ocasiones, marcado por el maricón o bollera del colegio. Es desvelar tu intimidad más íntima”.

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Marcos, el sintecho agredido en Granada.

Más allá van desde el Observatorio de delitos de odio contra personas sin hogar ‘Hatento’. Según su coordinadora técnica, Maribel Ramos, los ataques a los sintecho no se dirigen hacia una vulnerabilidad “que forma parte de la identidad de una persona”, como puede ser el caso de los homosexuales o el pertenecer a una raza concreta. “No tener hogar puede ser algo transitorio, no algo que te acompaña toda la vida”, aclara.

De este modo, Assiego manifiesta que “el problema es mucho mayor de lo que estamos viendo. A medida que se denuncia se irá viendo la realidad, la punta de un iceberg que va a demandar medidas integrales”.

De momento, con la reforma del Código penal que entró en vigor el pasado 1 de julio, a estas agresiones les sería aplicado el artículo 510 -sustancialmente modificado-, que endurece las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes fomenten, promuevan o inciten al odio contra una persona o grupo por motivos ideológicos, de orientación sexual o discapacidad.

La norma no recoge ninguna referencia a la situación de pobreza o exclusión social, como sí hace Interior en sus estadísticas, por lo que asociaciones como Hatento reclaman un cambio “urgente” que permita incluir este agravante.

En el corazón del atentado de Bangkok

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Los terroristas perpetran su ataque junto al santuario hinduista de Erawan, adonde cada día acuden miles de turistas así como tailandeses con graves problemas económicos que piden la ayuda de Brahma, divinidad de la fortuna. El templo está en un hotel donde el autor de este artículo estuvo alojado tan solo hace unos días…

El habitual escalofrío que sientes al enterarte de un atentado terrorista como el acaecido en Bangkok este lunes, en el que por el momento han muerto 22 personas y ha dejado un número de heridos graves similar, se multiplica exponencialmente y te irrita más de lo soportable cuando conoces el lugar de la masacre. Más aún si, como es el caso, descubres atónito mirando la televisión que se ha producido justo al lado del hotel en que acabas de pasar tres días en la capital de Tailandia. No puedes creer que la bomba haya estallado en un punto que estabas recorriendo continuamente solo hace un par de semanas. Y es inevitable, aunque sea egoísta, suspirar durante un segundo porque has tenido suerte. Así de frágil se revela nuestra existencia cuando el terror nos visita.

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Miles de personas visitaban a diario el templo de Erawan, en el corazón de Bangkok.

El santuario hinduista de Erawan se ubica en el Hotel Grand Hyatt Erawan. Cuando llegamos allí, lo primero que nos llamó la atención fue que tantas y tantas personas se concentrasen ante un templo minúsculo como ese que no estaba en nuestro listado de sitios de visita imprescindible. El lugar era un hervidero de turistas y, sobre todo, de peregrinos que se arrodillaban ante la estatua para rezar y presentar sus respetos y sus ofrendas a la divinidad. Ofrendas que consistían básicamente en quemar incienso y colocar flores para evidenciar su fe ante la estatua de Brahma. También nos sorprendió la propia ubicación del lugar de culto religioso, situado en el mismo recinto del hotel. Esta suerte de capilla desentonaba con el paisaje circundante, repleto de edificios rutilantes y enormes centros comerciales (Siam Centre, Siam Paragon o MBK), coronado por la joya de la arquitectura de la ciudad: la pasarela elevada por donde circula el Sky Train o BTS, tren de alta velocidad que recorre la urbe.

Fue un simpático taxista quien nos hizo entender, al día siguiente, la relevancia y la ubicación del pequeño templo de Erawan. Nos explicó que cada jornada son incontables los tailandeses que llegan desde cualquier parte del país para rezar ante esta estatua que representa la buena suerte para los hinduistas. La mayoría de los peregrinos que acuden buscan con su visita salir de sus particulares atolladeros económicos. Pero aún nos quedaba otra duda: ¿por qué se construyó precisamente dentro de un hotel? Y la respuesta, aportada por este mismo hombre, es que en los años 50 se decidió levantar el templo porque se habían producido numerosas desgracias durante la construcción del originario Hotel Erawan. En 1987 ese primer edificio se demolió y tiempo después se creó allí el actual Grand Hyatt Erawan, un cinco estrellas donde nos alojamos por una de esas sonrisas del destino. Resulta tan paradójico como desasosegante pensar que un lugar construido para ahuyentar las tragedias haya mutado en un escenario regado por la sangre y los pedazos de decenas de personas.

Atentado

Supimos también que con el paso de los años las peregrinaciones a Erawan han ido creciendo con la rapidez y la intensidad propias de una ciudad donde casi todo, como los olores, las prisas, los mercados, el tráfico o las simpatías hacia el visitante, es desmesurado. Además, como atestigua la imagen adjunta, tomada por casualidad hace unos días justo en el enclave atacado este lunes, cada día miles de personas transitan en sus vehículos por este cruce de caminos elegido por unos terroristas de momento no identificados. Tipos salvajes sean cuales sean su credo y sus pretensiones. La cercanía de las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido y la consiguiente vigilancia extrema de la Policía hacían pensar que se trataba de una zona segura. Nada más lejos de la realidad.

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Antes de conocer la definitiva contabilidad oficial de cadáveres y heridos, no es exagerado asegurar que la cifra definitiva será importante. No puedo dejar de pensar en que quizás entre las víctimas estén algunos de los trabajadores del Hotel, los vendedores de los puestos cercanos o ese simpático taxista que nos contó la historia del templo. Todos ellos seres inocentes con los que compartimos, aunque fuera durante unos minutos, nuestra visita a Bangkok y nuestra estancia en el Hotel Grand Hyatt Erawan. Pienso, como pensaría cualquiera, que nosotros, mi pareja y yo, hoy también engrosaríamos la fría lista de los muertos si quien apretó el botón hubiera elegido otro momento. Y solo puedo concluir que vivimos en un mundo demasiado injusto, demasiado terrible, demasiado peligroso.

Descartan la participación del compañero de cárcel de Morate en el rapto de Laura y Marina

La Policía Nacional ha descartado que Alexander E, el preso colombiano que compartió condena con Sergio Morante en la prisión de Cuenca, esté relacionado con el crimen de Laura y Marina, las dos jóvenes raptadas y asesinadas la pasada semana en Cuenca. Los agentes han encontrado pruebas de que el joven se encontraba en Alicante en el momento de la desaparición, lo que hace imposible que participara en los hechos.

La Policía Nacional ha descartado que Alexander E, el preso colombiano que compartió condena con Sergio Morante en la prisión de Cuenca, esté relacionado con el crimen de Laura y Marina, las dos jóvenes raptadas y asesinadas la pasada semana en Cuenca. En un primer momento, los investigadores centraron sus pesquisas en él como posible colaborador en el suceso, al confirmar que el preso había recibido un permiso penitenciario durante las fechas en las que desaparecieron las jóvenes. Sin embargo, los agentes han encontrado pruebas de que el joven se encontraba en el momento de la desaparición camino de Alicante, lo que hace imposible que participara en los hechos.

Por otro lado, la principal línea de investigación culminó ayer con la detención en la localidad rumana de Lugoj de Sergio Morate, considerado por los investigadores el autor material del rapto y asesinato de las dos chicas. Morate fue localizado en la región de Timisoara, una zona fronteriza con Hungría. Los agentes investigan ahora si el joven fugado utilizó para esconderse los contactos granjeados en prisión. De hecho, Morate fue arrestado por los agentes rumanos a la salida de la vivienda, en compañía de dos personas, que han quedado también bajo custodia de la Policía de Investigación Criminal rumana. El Ministerio del Interior ultima ahora el traslado del detenido a España, para que preste declaración judicial.

Según ha confirmado el Ministerio del Interior, Morate no opuso resistencia en el momento de su arresto, producido gracias a la cooperación de las policías española y rumana. En el momento de su detención, los forenses ultimaban la autopsia de sus dos víctimas. El principal objetivo es localizar pruebas y rastros biológicos que liguen a Morate de una forma irrefutable con el crimen. La tarea queda dificultada por la utilización de cal viva sobre los cuerpos de las dos jóvenes. Un intento de ocultar huellas que puede ser contraproducente para el principal sospechoso, ya que la policía se afana ahora en probar que la sustancia corrosiva fue comprada por Morate en Cuenca los días anteriores al suceso.

La policía investiga si un preso colombiano ayudó a raptar a las chicas de Cuenca

La Policía Nacional encontró ayer en el cauce del río Huécar los cuerpos sin vida de Marina Okarynska y Laura del Hoyo, las dos jóvenes desaparecidas el Cuenca el pasado jueves. Ambas aparecieron muertas, semicalcinadas y ocultas en una poza. Como principal sospechoso, los agentes siguen buscando a Sergio Morate, ex novio de una de ellas y en paradero desconocido. Además, los investigadores creen que pudo no actuar solo. Por eso interrogaron también a Alexander E., un compañero de prisión colombiano.

Su nombre es Alexander E. y se ha convertido en otra de las piezas del puzzle que terminó con la desaparición y muerte de las jóvenes Marina Okarynska y Laura del Hoyo. Según ha podido confirmar El Español, la Policía Nacional, encargada de la investigación del caso y que encontró ayer en una zona fluvial cercana al río Huécar los cadáveres de las dos jóvenes, se esfuerza ahora en aclarar el papel de este ciudadano colombiano que compartió prisión con el principal sospechoso, Sergio Morate,  en paradero desconocido.

Morate, condenado con anterioridad por un delito de retención ilegal y otro contra la libertad sexual, cumplió año y medio de condena antes de cambiar su imagen y volver a una aparentemente vida normal. Durante su estancia en prisión y según fuentes del caso, el principal sospechoso por la desaparición y muerte de Laura y Marina fraguó una buena relación con Alexander. Ahora, los agentes que investigan el caso estudian el posible papel del presidiario colombiano en el suceso. Por el momento, han constatado el contacto entre ambos tras la desaparición de las jóvenes, ya que Alexander disfrutó de varios días de permiso y visitó la vivienda del principal sospechoso.  Seis días después de su desaparición, los restos de Marina y Laura fueron localizados a media tarde de ayer en un paraje situado a dos kilómetros del municipio de Palomera. Según fuentes del Ministerio del Interior, los dos cuerpos estaban parcialmente calcinados y rociados con cal viva. ¿Con qué objetivo? Dificultar la identificación de las chicas y eliminar posibles pruebas o rastros biológicos.

La desaparición de Laura y Marina se produjo el pasado 5 de agosto, a las 17:00 de la tarde, cuando ambas quedaron para ver a Sergio y recoger algunas cosas de su casa tras una ruptura sentimental. A partir de ahí, nada de supo de ellas. Esa misma noche, su familia pasó por comisaría para denunciar su ausencia. En su vuelta a casa, la madre y la hermana de Laura localizaron el vehículo de Marina estacionado en una calle cercana a la vivienda del principal sospechoso. En su interior, los agentes encontraron el teléfono de Laura, su documentación, sus tarjetas de crédito y una medicación específica que la joven debe tomar a diario.

Un teléfono operativo

Al día siguiente, viernes 6 de agosto, es la familia de Sergio Morate quien denuncia la desaparición del joven. En un primer momento, todo hacía presagiar una desaparición conjunta; un hecho forzoso del que son víctima los tres jóvenes. Pero los agentes comenzaron a dudar. Primero por los antecedentes de rapto de Morate, segundo porque una testigo mantenía haber visto a Sergio a las 11 de la noche del jueves cuando a esa hora, la familia de las chicas estaba ya presentado la denuncia. Y tercero porque según confirman fuentes de la investigación, pese a la ausencia de tráfico en el teléfono de las dos chicas, el terminal de Morate estuvo operativo al menos hasta el medio día del viernes.

Ayer, efectivos de la Policía Científica, de la Policía Judicial de Cuenca y del equipo de Homicidios de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Central de la Policía Judicial -con sede en Madrid- registraron desde las 12 de la mañana la vivienda que la familia de Sergio Morate tiene en la localidad conquense de Palomera. Poco antes, ayudados por la unidad canina y con autorización del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cuenca, peinaron también otra finca familiar en la localidad de Chillarón. Los inmuebles estaban controlados desde hacía días por agentes de paisano, ante la posibilidad de que Morate y su presunto cómplice acudieran allí a refugiarse. El objetivo de los agentes con estos registros era encontrar pruebas de que las jóvenes fueron retenidas en alguna de estas fincas y facilitar así su paradero. Todo cambió a primera hora de la tarde, cuando un trabajador rural localizó los cadáveres de las dos jóvenes y dio la voz de alarma.

Así viven (y mueren) en México los periodistas amenazados

Estados Jodidos mexicanos

Luis Cardona no pudo tener la jubilación que soñaba. Ahora no puede pasar más de dos meses en la misma ciudad. Por seguridad, no tiene un número de teléfono móvil a su nombre. Luis es periodista, mexicano y amenazado por los narcos. Una combinación de alto riesgo.

Luis Cardona no pudo tener la jubilación que soñaba. Ahora no pasa más de dos meses en la misma ciudad. Por seguridad, no tiene un número de teléfono móvil a su nombre. Luis es periodista, mexicano y amenazado por los narcos. Una combinación de alto riesgo.

Comenzó a trabajar cuando tenía 16 años en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Al terminar la carrera, puso en marcha la sede del Diario Juárez en Nuevo Casas Grandes, un pueblo de 60.000 habitantes en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Después, fundó y dirigió otros periódicos en otros estados de México y recibió muchos toques de atención de los narcos por sus informaciones. Tras cumplir los 50, empezó a pensar en la jubilación y volvió a Nuevo Casas Grandes para escribir en el diario que había fundado. 

Luis informó en su periódico 15 secuestros. Hace dos años, el suyo se convirtió en el número 16. No se trataba de raptos de personas adineradas sino de jóvenes que se resistían a trabajar en los campos de marihuana entre Sonora y Chihuahua. “Me pareció muy grave, no podía dejar de lado la situación. Pero no mencioné cárteles o nombres por seguridad. De cualquier forma, me secuestraron. Me decían: ‘Estás calentando la plaza, le tiras al Gobierno y al crimen organizado, ¿no te das cuenta que somos los mismos? Me quedó claro”, explica a EL ESPAÑOL.

Su cautiverio duró menos de una semana y sus secuestradores lo liberaron sin explicarle por qué. Suficiente para cambiarle la vida. Ahora, Luis Cardona dirige Diario19.com, una web nacida para permitirle a él y a otros amenazados seguir escribiendo. Tiene 55 años y lleva siempre consigo un botón de pánico; al apretar la tecla SOS, desde la central del Gobierno a la que está conectado saben dónde está y pueden escuchar todo lo que ocurre a su alrededor. Si se encuentra en peligro, envían soldados a por él.

Luis forma parte de un colectivo muy grande. Cientos de informadores mexicanos son amenazados por sus publicaciones. No todos tienen la suerte de sobrevivir.Periodistas asesinados

Desde el año 2000, 104 periodistas han sido asesinados en México, según los datos de la Procuraduría General del Estado. El periodo más sangriento se vivió durante el mandato de Felipe Calderón, entre el 2007 y 2012, que declaró la guerra al narcotráfico. Durante estos años, 60 reporteros perdieron su vida por informar sobre temas que incomodaban a los poderes del país latinoamericano.

El asesinato de Rubén Espinosa, el 1 de agosto en el Distrito Federal, la capital del país, es el último de una larga lista. Pero su muerte a balazos junto a cuatro mujeres ha reavivado el miedo, el coraje y la impotencia de sus compañeros.

“Sabemos quién fue”

“Sabemos quién fue”, escriben en sus pancartas al manifestarse. En las concentraciones que han seguido al asesinato, los compañeros de Rubén han quitado el verde y el rojo a la bandera mexicana. La pintan de negro y la alzan en sus protestas. Juntan sus cámaras para formar un altar. Y gritan: “No se mata la verdad matando periodistas”. Apuntan directamente al Gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte.

Rubén Espinosa salió de Veracruz el pasado 9 de junio, estado en el que vivía y trabajaba. “Tuve que salir por intimidaciones, no por una agresión directa como tal. Por sentido común”, dijo Rubén en una entrevista con Rompeviento, una televisión online. Según explicó, unos días antes de autoexiliarse en el D. F., un par de hombres lo siguieron por las calles de Xalapa, en Veracruz. En la misma entrevista explicó que no presentó una denuncia porque no confiaba en ninguna institución del Estado. Al parecer, los que le seguían no cesaron su búsqueda hasta el D.F. Ahí es donde lo asesinaron.

Rubén no dejó de trabajar a pesar del riesgo de su profesión. Según la revista mexicana Proceso, de la cual era colaborador, se había convertido en un informador incómodo para el Gobierno de Veracruz. Estaba especializado en la cobertura de protestas sociales como la que se refleja en la foto con la que empieza este reportaje, subida por el fotoperiodista a las redes sociales hace menos de un año.

Políticos, redes financieras y narcos

El narco en México es un triunvirato: son políticos, redes financieras y narcotraficantes. Todo estaba controlado por el poder político, desde los años 80 hasta que Vicente Fox llega a la presidencia con el Partido Acción Nacional (PAN), en el año 2000, acabando con más de 70 años de Gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Cuando Fox toma el control, los cárteles dejan de funcionar de manera compacta y empiezan a hacerlo aisladamente. El cártel deja de estar tan regido por el poder político. Toman el mando los grupos criminales. Entonces el narco en México se desbarata”, relata Lolita Bosch, periodista y novelista nacida en Barcelona pero mexicana de adopción. Es ahí cuando el número de muertes comienza su escalada.

En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, toma las riendas del Gobierno. Su mandato es también el inicio de la conocida como guerra al narcotráfico. “Calderón quería controlar la situación, pero no supo”, explica Lolita. El número de muertes se dispara hasta que en 2012 México elige a un nuevo presidente, de nuevo del PRI: Enrique Peña Nieto. “Llegó con la falsa promesa de poner riendas al narco. Esta era la ilusión que teníamos. Pensábamos que si lo habían hecho en los 80 lo sabrían hacer ahora. Pero no, porque el narco ya era otro”, sentencia. Lolita fundó una web junto con 90 personas: periodistas, activistas y académicos para responder a la situación después de la guerra declarada por Calderón. Entre sus proyectos está contar la historia de los asesinatos a periodistas en todo México a través de un libro online.

En la última década, el narco ha tomado el poder del crimen organizado y eso hace que sea más fácil investigarlo, pero también que afloren las relaciones entre las redes financieras y políticas. Se ve de qué manera están tan vinculados los tres poderes fácticos. Cuando eso ocurre, empiezan las matanzas de periodistas. “La investigación pone en riesgo al poder político.

Ese es el verdadero poder de la guerra: poner en evidencia la manera de funcionar con estos tres poderes”, dice la periodista y escritora. El problema de la guerra es el descontrol. Según los periodistas, fue sólo una estrategia de Calderón para reivindicarse como líder, pero no lo logró. El PAN no supo controlar el desorden del poder y de ahí viene el incremento en los asesinatos de periodistas.

Las zonas de la guerra

Chihuahua y Veracruz son los estados de México con más asesinados. Después se encuentran Tamaulipas y Guerrero. Veracruz y Tamaulipas son los estados del Golfo de México. “Lo que ocurre con los periodistas del golfo se explica porque es una entrada más grande de droga. Es, además, un conglomerado de crimen organizado. Trafican con mujeres, con niños, con armas…”, detalla Lolita Bosch.

En el siguiente mapa se muestran las muertes de periodistas desde el año 2000 en el estado en el que se produjeron.

Los medios han organizado redes de protección entre ellos. Los periódicos de Ciudad Juárez (Chihuahua) fueron los primeros en sufrir la delincuencia y compartieron sus técnicas con los diarios de Veracruz, que ahora ayudan a los de estados del sur de México.

“Hoy estar informado en México no es sólo un derecho, es un motivo para salvar tu vida. Las personas necesitan saber quién opera en su ciudad, porque es distinto cómo opera el cártel de Jalisco y su nueva generación a cómo lo hacen los zetas en el Caribe o el cártel de Sinaloa y el de Juárez. Todos necesitan saber qué está pasando en su comunidad para seguir vivos”, explica Lolita. “Pero a los periodistas no nos da tanto miedo el narco como el poder político”, agrega.

“Nosotros hacemos como si el Gobierno no sirviese”

Casi todos los periodistas que han hablado sobre el triunvirato han sido amenazados. Algunos cuentan su historia como estrategia para defenderse. Piensan que haciendo público su caso el que amenaza tomará más precauciones. Otros deciden no decir nada a nadie, ni siquiera denunciar, pues nunca saben de dónde viene esa amenaza. La denuncia puede ser contraproducente.

“A pesar de que mi periodismo no es bueno para el Gobierno, el mismo Estado es el que tiene el deber de proveer seguridad”, cuenta Luis Cardona. “Por eso formo parte del mecanismo de protección federal. No puede cuidarnos una asociación no gubernamental porque no tiene esa capacidad. Ellos tienen bastante dinero, pero lo gastan en libros y en estadísticas. Cada muerto es una estadística para ellos. Sólo el Estado puede protegernos, aunque el mismo Estado es también agresor”, agrega.

Según Lolita Bosch, trabajar por el bien común es trabajar contra el Gobierno. “Si decimos que estamos a favor de la paz, al Gobierno le parece una afrenta”, subraya.

Ahora los periodistas ya no tienen en donde resguardarse. “Antes íbamos al D. F., pero con el asesinato de Rubén nos han dicho no. Ya no tienen en donde colocarse. Ese es el mensaje que le han dado al periodismo independiente”, relata Lolita. El miedo, después del asesinato de Rubén y las cuatro mujeres, es saber quién sigue. “En cualquier momento van a ir por cualquiera de nosotros. Tenemos que ser muy inocentes para decir que no nos va a pasar. Nos puede pasar a cualquiera. Así funciona esta guerra”, lamenta.