La trituradora de Convergència destruyó contratos y planos de la empresa de las comisiones del 3%

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

El ex tesorero Daniel Osácar. / EFE / Marta Pérez

Los agentes han logrado reconstruir estos documentos, que demuestran la vinculación entre los hombres que controlan las finanzas de Convergència (Andreu Viloca y Daniel Osácar) y la constructora de la familia Sumarroca, acusada de pagar una mordida del 3% al partido catalán a cambio de contratos públicos.

Los tesoreros de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) trituraron contratos, presupuestos y planos de la constructora Teyco momentos antes de la llegada de la Guardia Civil. Los agentes han logrado reconstruir estos documentos, que demuestran la vinculación entre los hombres que controlan las finanzas de Convergència -Andreu Viloca y Daniel Osácar- y la constructora de la familia Sumarroca, acusada de pagar una mordida del 3% al partido catalán a cambio de contratos públicos.

El 28 de agosto, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción lanzaron la segunda fase de la Operación Petrum. Registraron la sede de CatDem, fundación de Convergència y presunta receptora de las mordidas. Pero también la vivienda del ex tesorero convergente Daniel Osácar y el despacho de su sucesor en el cargo, Andreu Viloca. Tal y como reveló EL ESPAÑOL, los gestores financieros de Convergència disponían allí de una trituradora de documentos. Al abrir la máquina durante el registro, los agentes encontraron restos de documentos recién destruidos y decidieron precintar la basura. Una observación preliminar sirvió para confirmar in situ que entre los restos de papeles había documentos con el logotipo de Teyco.

En ese mismo instante, los tesoreros del partido aseguraron que los documentos destruidos eran simples tarjetas de visita de Teyco. Pero un análisis más exhaustivo de los investigadores ha demostrado que Osácar y Viloca mentían. Al reconstruir los documentos con un proceso basado en la composición de cada tipo de papel, la Guardia Civil ha confirmado que se trataba de presupuestos y documentación sobre obras y contratos públicos de la constructora de la familia Sumarroca, fundadora de Convergència junto a la familia Pujol.

Para los agentes, los documentos no constituyen una prueba definitiva que acredite el pago de comisiones al partido pero sí son un indicios de la estrecha vinculación entre ambos. Por lo que los tesoreros tendrán que explicar ante el juez por qué tenían en su poder, por ejemplo, una fotografía del terreno donde Teyco había conseguido un importante contrato público, que nada tiene que ver con su labor al frente de las finanzas del partido catalán.

Más problemas

La destrucción de documentos no fue el único problema que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción se encontraron a la hora de investigar las finanzas de CatDem y Convergéncia. De hecho, la operación lanzada el pasado 28 de agosto estuvo parada durante varias horas -con el consiguiente riesgo de destrucción de pruebas- porque el decanato de los juzgados de Barcelona se negó a enviar un funcionario en labores de asistencia.

Según la legislación vigente, un secretario judicial tiene que estar presente en cada registro para dar fe de que todo sucede conforme a la legalidad. Como el juzgado de El Vendrell, encargado del caso, autorizó la entrada y registro en la sede de CatDem y en la vivienda de Daniel Osácar, el decanato barcelonés destinó a la operación dos secretarios judiciales. Pero al llegar a la sede de la fundación agentes y fiscales se encontraron con que la información contable se guardaba en realidad en la sede de Convergència.

En torno a las 11 y media de la mañana los fiscales solicitaron otro secretario judicial para empezar a registrar a la sede del que fuera el partido de Jordi Pujol. Ese secretario judicial nunca llegó. Sólo cinco horas después, cuando concluyó el registro en la sede de CatDem, la comisión se desplazó al despacho que Andreu Viloca ocupaba en Convergència. Cuando llegaron, los abogados del partido habían preparado ya toda la información contable y la colocaron debidamente ordenada en otra sala.

También en EL ESPAÑOL: 

El polvorín de Torredembarra

8284

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

Este pueblo de 15.000 habitantes es el centro de la trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Este pueblo de 15.000 habitantes se ha convertido en la punta del iceberg de una trama que apunta a la financiación ilegal de Convergència. Vecinos y concejales describen el mandato del alcalde Daniel Masagué, que según el sumario usó el consistorio para enriquecerse, financiar al partido y lanzar su carrera como diputado al Parlament.

Una de las primeras cosas que se ven al llegar al centro de Torredembarra es una oficina electoral medio vacía. Dentro sólo se observan un par de sillas destartaladas frente a un escritorio. Encima de la mesa hay una impresora y una pequeña señera, lo único que se mantiene en pie. En la cristalera se puede leer el nombre de Daniel Masagué, el ex alcalde del pueblo imputado por delitos de malversación, cohecho, blanqueo y organización criminal. La estampa describe perfectamente lo que es hoy en día Torredembarra: Masagué ya no está en la alcaldía pero aún se perciben los escombros de su mandato.

La historia de Torredembarra es la de cualquier caso de corrupción y caciquismo en el que las luchas internas lo hacen saltar todo por los aires. Pero va mucho más allá. Lo que en un principio parecía un simple alcalde corrupto fue el origen de una investigación que sigue en pie y que ha supuesto detenciones de ediles y alcaldes, ha salpicado a pesos pesados de Convergència y ha ocasionado registros en varias empresas y en las sedes del partido y de su fundación CatDem, a través de la cual la Justicia cree que se canalizaban las comisiones por adjudicaciones de la obra pública del ayuntamiento y de la Generalitat.

La denuncia de dos ediles y de un empleado dio las primeras pistas para tirar del hilo y constatar que no se trataba de un problema de ámbito municipal.

8305
La oficina electoral del ex alcalde Masagué. / ALBERTO GAMAZO

Reportaje gráfico: Alberto Gamazo

El sumario muestra un municipio en el que se sobornaba a ediles de todos los colores, en el que circulaban sobres con billetes, se cobraban comisiones, se favorecía a empresas vinculadas con Convergència y se adjudicaban contratos millonarios de manera irregular.

La mayor parte del caso permanece bajo secreto de sumario. Pero las escuchas telefónicas que han trascendido hasta la fecha muestran a un alcalde que durante seis años controló a su antojo un consistorio con un presupuesto que ronda los 20 millones de euros. Las actas de los plenos revelan un ayuntamiento crispado y fraccionado con enfrentamientos constantes, con la sombra de la corrupción planeando sobre las votaciones y con intervenciones de la policía para calmar los ánimos en alguna ocasión.

“Este pueblo es un polvorín”, explica Montserrat Gassull, que durante años fue concejala de ERC y que fue la primera en denunciar las presuntas corruptelas.

A través de su abogado, Masagué ha declinado dar su versión de los hechos para este reportaje.

El origen de las denuncias

El 28 de agosto la precampaña catalana se vio sacudida por una gran operación de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a varios ayuntamientos que habían estado en manos de CiU y a la sede del partido y de su fundación. También registraron el domicilio del ex tesorero del partido, Daniel Osácar. La operación era un nuevo capítulo de una investigación que ha llevado a la Guardia Civil a registrar y detener a ediles, alcaldes y empresarios próximos a CiU en un intento de desenmascarar la presunta financiación ilegal del partido y las comisiones del 3% que se cobraban por adjudicar obra pública de la Generalitat.

Las fuerzas soberanistas interpretaron la operación como un episodio más de la guerra sucia del Estado. Pero el origen de la operación se encuentra en una denuncia que interpuso en junio de 2012 Montserrat Gassull, que en aquella época aún era concejal de ERC. Tanto la cúpula de ERC como la de Convergència fueron advertidas por Gassull y por el presidente del comité local de Convergència, Jordi Guasch. “ERC me apoyó en un principio y luego me dejó sola”, explica ahora la concejal.

Gassull (54 años) empezó a reunir documentación en 2011. Al año siguiente presentó seis denuncias de las cuales se archivaron tres. Las denuncias, a las que también se sumó Enric Granjel, edil del PSC, se referían a tres asuntos: el alquiler de un local en condiciones ruinosas por 6.000 euros al mes, el sobrecoste de más de un millón de euros de un aparcamiento adjudicado a la constructora Teyco y el pago de decenas de miles de euros a Efial, una consultora próxima a Convergència que también se ha visto salpicada en otros casos de corrupción municipal.

“Llevaba desde 2011 advirtiendo a los ediles que no votaran ciertas cosas en los plenos y que estaban prevaricando”, recuerda Gassull.

8296
La concejala Gasull. / ALBERTO GAMAZO

El impulso que necesitaba la investigación no llegaría hasta octubre de 2013. Rachid el-Ghzaoui, que trabajó durante 23 años en la panificadora del alcalde Masagué, estaba enfadado y con ganas de hablar. Masagué le había despedido sin ofrecerle ninguna indemnización después de dos décadas.

Durante ese tiempo, El-Ghzaoui fue el hombre de confianza del alcalde, según explican habitantes del pueblo. “Le había salvado de muchos marrones”, explica un vecino que prefiere no dar su nombre. “No era un simple empleado: le hacía recados y le solucionaba problemas”.

El-Ghzaoui explicó entonces a Gassull que durante años vio circular sobres con decenas de miles de euros en billetes de 500. Acudieron a la Guardia Civil y declararon juntos. La Fiscalía empezó a atar cabos y estrechó el cerco sobre el alcalde. El-Ghzaoui, que ahora reside en Inglaterra con su familia, ha preferido no hacer ningún comentario para este reportaje.

La ‘omertà’ de ERC y CDC

En febrero de 2013 el juez inició la instrucción y preguntó al PSC y a ERC si querían personarse en el proceso. Los socialistas dijeron que sí pero ERC reculó. “Me dijeron que yo ya había hecho lo que tocaba y que dejáramos actuar a la justicia”, recuerda Gassull.

Eduard Rovira (ERC), actual alcalde del municipio, argumenta que su partido no se personó porque ya lo había hecho el PSC y porque en ese momento la formación pasaba por malos momentos de tesorería. Afirma además que Gassull no quiso el respaldo del partido cuando fue a presentar las primeras denuncias.

En paralelo a las denuncias, Gassull, que mantenía un enfrentamiento abierto con Masagué desde años atrás, empezó a emplear su cuenta de Twitter para denunciar las irregularidades en el ayuntamiento. El alcalde la denunció entonces por injurias y fueron llamados a un acto de conciliación en el juzgado de paz. Gassull acudió con una abogada del partido. Pero la conciliación fracasó y la querella por injurias pasó a la jurisdicción civil.

La dirección de ERC dijo entonces a Gassull que aquello era un tema personal y que no la defendería más. “El caso de las injurias era una batalla personal entre dos egos, no tenía nada que ver con el partido ni tenía contenido político”, argumenta ahora Rovira, el alcalde de ERC. “Gassull empleó un tono políticamente incorrecto y muy agresivo. No compartíamos esos mensajes”.

Según Rovira, algunos de los tuits no se referían a casos de corrupción sino a otros aspectos personales del alcalde como por ejemplo sus implantes de pelo. Explica además que el distanciamiento de Gassull de ERC no tiene nada que ver con el escándalo sino con unas primarias en las que intentó sin éxito hacerse con el control de la formación en la localidad. Gassull niega esta versión y asegura que se sintió abandonada por el partido sin motivo aparente.

8282
ALBERTO GAMAZO

Entre 2012 y 2014 Gassull remitió varias cartas al presidente Mas y a la cúpula de ERC para avisar de lo que estaba sucediendo en Torredembarra. Nunca recibió respuesta.

Escribió a Marc Sanglas, secretario de acción municipal de ERC, que admitió después que había recibido la carta. En un acto celebrado en Tarragona interpeló a Oriol Junqueras, a quien conocía desde antes de que fuera el presidente del partido. “En Barcelona sois muy amigos de CiU, pero que sepas que lo que pasa aquí es muy grave”, asegura que le dijo. “Cada municipio debe hacer lo que crea”, le respondió Junqueras, siempre según la versión de Gassull.

Rovira reconoce que en la cúpula de ERC se hablaba del caso pero no asume ningún error. “Una carta de un edil con acusaciones, sin ningún tipo de prueba jurídica, no constituye algo tan relevante”.

Otra batalla interna, esta vez en CiU, motivó los avisos a la cúpula convergente en julio de 2013. Jordi Guasch, en aquel momento presidente del comité local de CiU y enfrentado también con Masagué por el control del partido, escribió una carta a Lluís Coromines, secretario general adjunto del partido. Advertía de lo que sucedía, pero tampoco recibió ninguna respuesta.

Desde entonces Guasch (36 años) se ha dado de baja en el partido y se muestra muy decepcionado. Es independentista desde que tiene uso de razón y forma parte de una familia convergente de toda la vida. Su madre ha sido edil del partido, uno de sus primos fundó la sección local de CiU y tiene un primo que también es concejal del partido en un pueblo vecino.

“Yo ya sé que un partido no es una ONG”, dice. “Lo que nunca imaginé es que era la Mafia siciliana”. Tiene muchas ganas de contar cosas pero dice que no hablará hasta que no pasen las elecciones y se levante el secreto de sumario. Como Gassull, lamenta que se les esté usando para hacer daño al proceso de independencia en Cataluña. “El 27-S votaré a la CUP”, explica. “Si lo supiese mi abuela…”.

A todos los consultados les sorprende el apoyo que la cúpula de CiU ha prestado a Masagué desde su detención. Ni siquiera lleva una década en política y no es un peso pesado del partido, pero ha tenido el apoyo incondicional de figuras tan importantes como Felip Puig. “Es un buen amigo al que conozco desde hace años”, dijo Puig de Masagué cuando lo encarcelaron.

Tampoco entienden por qué Masagué tardó casi dos semanas en dimitir a pesar de estar en la cárcel imputado por varios delitos. Todos los concejales con los que he hablado, además, aseguran que el partido le paga la defensa. Un aspecto que una portavoz de Convergència no ha querido confirmar ni desmentir. El abogado de Masagué es Javier Melero, el letrado de confianza del partido.

8264
ALBERTO GAMAZO

Sin estrenos. El teatro Auditori de Torredembarra, en el que se han gastado cuatro millones de euros, permanece abandonado desde 2010 pese a estar casi acabado.

Una carrera fulgurante

Masagué tuvo una carrera meteórica dentro de CiU. Este empresario del sector panadero accedió a la alcaldía del pueblo en 2008, cuando solo llevaba dos o tres años militando en el partido. En poco tiempo, sin embargo, se prodigaba en mariscadas y comidas con la cúpula del partido y alardeaba de sus lazos de amistad con Oriol Pujol y Felip Puig.

Media docena de ediles, vecinos y militantes de distintos partidos rememoran las copiosas comidas de Masagué y Pujol en el restaurante Les Palmeres, que se encuentra en el paseo marítimo del pueblo. Recuerdan cómo el alcalde alardeaba de su amistad con un sector de la cúpula de CDC.

Masagué ya no tiene responsabilidades públicas. Pero en el pueblo se percibe cierto miedo cuando se pregunta por él. La gente que lo trató lo describe como una persona obsesiva y paranoica, mentirosa, de trato difícil, que intentaba controlarlo todo y siempre miraba hacia los lados cuando iba por la calle. “Era muy desconfiado”, describe el actual alcalde del municipio. “Es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene ningún límite ético ni moral”, asegura Gassull.

Un miembro de Convergència que lo conoce bien y que sólo accede a hablar si no se publica su nombre recuerda cómo Masagué ponía a los concejales de su partido a espiarse entre ellos. También desvela su fijación por la magia negra y su insistencia en que había espíritus en el Ayuntamiento. “Cuando llegué a la alcaldía me encontré una factura de un santero que vino a limpiar el edificio”, explica Enric Granjel (PSC), su inmediato sucesor en el cargo después de que lo encarcelaran.

Este miembro de Convergència describe el punto de inflexión en la ascendencia de Masagué en el partido. Fue en 2010, cuando al alcalde se le puso entre ceja y ceja ser diputado en el Parlament. Fue entonces cuando empezaron las comidas con Felip Puig y Oriol Pujol y cuando en el municipio desembarcó Jaume Vila Fontcuberta, un ex diputado de CiU que asumió el cargo de coordinador de urbanismo.

“Firmaba todo lo que el alcalde le pedía”, coinciden Gassull, Granjel y Rovira.

En una cena ante cientos de militantes durante la campaña de las municipales de 2011, Masagué explicó que entró en política porque su empresa se le había quedado pequeña. “Masagué tenía mentalidad de empresario, no de político”, prosigue Granjel. “No le gustaba tener que seguir con el protocolo establecido para la contratación pública”.

Los ediles consultados describen cómo trató de articular un ayuntamiento paralelo para poder adjudicar las obras públicas a su antojo. Nombró interventora a Esther Agulló, que hasta entonces era su secretaria personal. Puenteaba los informes adversos del secretario municipal Rafael Orihuel mediante estudios externos, muchos de ellos de la consultora Efial. La dirección nacional de Convergència le mandó al pueblo a Jaume Vila Fontcuberta como responsable de urbanismo. Masagué duplicó la remuneración por asistir a los plenos de 800 a 1.600 euros.

En el sumario aparece una conversación entre Masagué y Toni Martos, responsable de Efial, que ilustra la poca querencia del alcalde por seguir los procedimientos establecidos. “Quedaremos en el pabellón deportivo. Haremos la reunión ahí (…) el tema está en que no pase por el secretario, el tema clave es ése”, le dice Masagué a Martos.

8244
ALBERTO GAMAZO

Un aparcamiento fantasma. Fue adjudicado a la empresa Teyco por 2,5 millones, pero tuvo un sobrecoste del 40%. Se cerró en agosto de 2014 porque no era rentable. Aún no se sabe qué uso se le dará.

La punta del iceberg

Quienes conocen de cerca la investigación aseguran que lo que ha trascendido hasta ahora es sólo la punta del iceberg. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y está a punto de terminar. Según una fuente que ha leído el sumario, el caso podría generar un cisma en la política catalana porque el modus operandi se repetía en diversos municipios controlados por Convergència.

Hay varias líneas de investigación en Torredembarra. Están los presuntos pagos al alcalde por parte de Teyco, la empresa familiar del constructor y cofundador de CiU Carles Sumarroca. También los contratos con la empresa Efial a cambio de informes a medida, los sobornos a diversos ediles a cambio de votos favorables y un contrato de entre 15 y 17 millones con la empresa Sorea relacionado con la gestión del agua en el municipio.

“Con el tema de Sorea se ha hecho lo que se ha querido. El 4% o el 5% se ha ido dónde se ha querido y aquí ni Dios respira”, le dice un empresario imputado a la teniente de alcalde Paquita Falguera, de Unió, en una de las grabaciones. Sorea es una filial del grupo Agbar, que ha sido el mayor donante de la fundación de Convergència durante los últimos años, según publicó el pasado martes el diario El País.  

El libro negro del periodismo en Cataluña (III): La prensa amiga

Pujol lee el ‘Avui’ en su casa. A su derecha, Marta Ferrusola. / SIGFRID CASALS / GETTY

Jordi Pujol apuntaló con dinero público cabeceras como el ‘Avui’ y llegó a escribir de su puño y letra las preguntas y las respuestas de sus entrevistas. Ni ‘El Periódico’ ni ‘La Vanguardia’ rompieron ese control sobre los medios, que se perpetuó durante los años del tripartito catalán.

Este miércoles, el cuarto capítulo: ‘El pozo con fondo’ 

Lee aquí los dos primeros:

 1. ‘La corrupción‘ / 2. ‘La comunidad

Jordi Pujol apuntaló con dinero público cabeceras como el ‘Avui’ y llegó a escribir de su puño y letra las preguntas y las respuestas de sus entrevistas. Ni ‘El Periódico’ ni ‘La Vanguardia’ rompieron ese control sobre los medios, que se perpetuó durante los años del tripartito catalán.

Los periodistas Andreu Farràs, de El Periódico, y Salvador Sabrià, del Diari de Barcelona, salieron de un ascensor en un hotel de Montevideo en 1988 y se encontraron al presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, el empresario Josep Maria Figueras. Los tres formaban parte de una gran comitiva que acompañaba a Jordi Pujol por América del Sur. Figueras les dejó caer que Uruguay no merecía la pena: “Se ha de tener mucho valor para invertir aquí”, les dijo.

Los dos periodistas incluyeron las declaraciones en sus crónicas. No estaban en el titular ni al principio. Farràs lo daba en el octavo párrafo aunque estaba también en un destacado. Sabrià lo daba en los dos últimos párrafos. El día en que salieron los textos, la jefa de prensa de Pujol, Eva Algarra, llamó a Farràs: “[El secretario de Presidencia] Lluís [Prenafeta] quiere hablar contigo”. Prenafeta esperaba en la recepción del hotel donde se hospedaban, ya en la siguiente etapa del viaje, en la ciudad brasileña de São Paulo.

Era el primer viaje de Ramon Pedrós, nuevo jefe de prensa de Pujol, que iba a sustituir a Algarra. En su libro La volta al món amb Jordi Pujol (Planeta, 2002), Pedrós describe así la escena: “Con la cara encendida y a gritos, Prenafeta gesticulaba mientras el periodista [Andreu Farràs] intentaba protegerse del vendaval, aguantando estoicamente la diatriba, bajando la cabeza”.

La escena tiene mérito porque Prenafeta es muy bajito. El secretario acusaba al periodista de inventarse las declaraciones. Mientras duraba la escena, apareció Figueras, el empresario. Farràs le pidió a Prenafeta que le preguntara. Pedrós reproduce lo que respondió Figueras: “Yo a este señor no lo conozco de nada. No lo he visto en mi vida”. Farràs se defiende aún hoy: “Era la palabra de dos [Sabrià y Farràs] contra uno”. Le pregunté a Farràs si ya en Barcelona se quejó ante su jefe de sección, Antoni Ribas, o ante su director, Antonio Franco. No lo recuerda. “Tampoco hubiera servido de mucho”, añade.

Prenafeta no guardó rencor a Farràs, que fue unos años después el jefe de Política de El Observador, el diario que el hombre de confianza de Pujol impulsó en 1990 para dar una visión en castellano de Cataluña y competir con La Vanguardia. Alfons Quintà, que había sido el primer director de TV3, fue el escogido para dirigirlo. En su primera entrevista con Quintà, Farràs le preguntó si Prenafeta estaba detrás del proyecto. Quintà le juró que no, dice Farràs. El Observador duró apenas tres años, pero prueba que Prenafeta no tenía manías para escoger a sus aliados.

En otro viaje de Pujol por el cono Sur unos años después, en 1997, aparecieron dos de sus hijos en la comitiva: Pere y Marta. En la crónica de cierre del viaje en La Vanguardia, el título es un regalo: Pujol acaba su viaje al Cono Sur ‘abrumado’ por el trato recibido. El subtítulo, aún más: La visita del president, un hito en la proyección de la Generalitat. Pero las últimas cinco líneas, sin ni siquiera ser un párrafo aparte, eran sobre los dos hijos, que habían salido ya en otros periódicos: “Respecto a la presencia de dos hijos (Marta y Pere) del matrimonio Pujol en distintas etapas del viaje, el president se mostró dispuesto a contestar en el Parlament una pregunta de Esquerra pese a que va dirigida al conseller de la Presidéncia, Xavier Trias”. En la dirección de La Vanguardia recuerdan el enfado del presidente como si fuera la bomba atómica.

Captura de pantalla 2015-09-13 a la(s) 12.17.24Crónica final del viaje de final de Pujol por el Cono Sur en diciembre de 1997. 

Pujol, periodista

Un diario de Girona había publicado una entrevista a Pujol. El president quería que La Vanguardia reprodujera las mejores frases y llamó a Lluís Foix, que permaneció en cargos directivos de La Vanguardia entre 1982 y 2000. Foix pidió a un redactor que preparara dos columnas. Al día siguiente, el president llamó para quejarse porque no le había gustado el titular. Era una entrevista sobre valores y Pujol insistía con los valores: “Presidente”, le dijo Foix, “me has hablado muchas veces de valores, pero primero son las conductas”.

“Nunca más me habló de valores”, recuerda Foix.

A Pujol le obsesionaban los titulares y las fotos, según Foix. Despreciaba en cambio los editoriales. “¡No los lee nadie!”, le dijo un día a Foix cuando le contó que iban escribir un editorial sobre un asunto que le interesaba. El president sabía jugar con la autoridad. En otra llamada a Foix le dijo: “¿Verdad que tú no mandas sobre los chistus [chistes en catalán es acudits; ‘chistus’ es un barbarismo]?”. “Era una manera de decirme que tenía poca autoridad”, dice Foix. “Quería que no tocáramos a su familia en los chistes”.  

El nivel de implicación y conocimiento de Pujol en la redacción era ridículamente exagerado. Alguna vez había pedido a Foix que pusieran “una ladilla”. Un “ladillo” es un título que sirve para romper una columna de texto.

El momento quizá más célebre del Pujol periodista fue la entrevista que mandó a La Vanguardia ya hecha. “¿Sabes quién es la persona que mejor me hace las entrevistas?”, preguntó a Foix el president. Foix esperaba que dijera algún periodista de La Vanguardia. “¡Yo!”, dijo Pujol.

A principios de 1990, cumplió y mandó una entrevista ya terminada. Arcadi Espada popularizó aquel episodio con un artículo en el Diari de Barcelona: Jordi Pujol, redactor jefe de Cataluña. Tapia y Foix discutieron qué hacer y optaron por publicarla. Para firmarla, recordaron una fórmula que usaba Le Monde:Declaraciones del presidente de la Generalitat recogidas por ‘La Vanguardia. Pujol usaba el recurso de preguntarse a sí mismo a menudo. Esos textos acabaron otras veces, según su jefe de prensa Ramon Pedrós, en otros periódicos o agencias.

Captura de pantalla 2015-09-13 a la(s) 12.20.32Aquí arriba, la autoentrevista que Pujol publicó en las páginas 11 y 12 de ‘La Vanguardia’ del 7 de enero de 1990. Aquí debajo, la nota al pie que idearon Tapia y Foix.

Captura de pantalla 2015-09-13 a la(s) 12.26.59Las ruedas de prensa eran otra especialidad de Pujol. Tenía dos trucos. El primero era repartir preguntas. Pedrós debía colocar entre los periodistas los temas que Pujol quería explicar: “Quería que pasara las preguntas mientras él empezaba. Era muy duro. Sólo alguna vez logré que esperara un poco antes de empezar para que diera las preguntas. Lo pedía más a amigos que a medios: ‘Ya sabéis cómo es’, les decía”. Había periodistas que se prestaban más. Andreu Farràs era uno de los que pasó por esas ruedas de prensa: “Sabías que Pujol colocaba preguntas pero no sabías cuáles. Algunas veces se pasaba: una vez le preguntaron por los sellos de la Generalitat”.

El segundo truco de Pujol era evitar responder a lo que no quería. Había una frase típica: “Això no toca. El presidente imponía su ley: “Eso quería decir que el poder político fijaba la agenda de lo que toca y no. No tenía gracia, pero nos reíamos”, dice Rafael Jorba, ex subdirector de La Vanguardia.

Pujol tenía un alto concepto de sí mismo. En 1990, el secretario de Estado más importante de la segunda mitad del siglo XX, Henry Kissinger, estuvo en Barcelona. Fue de visita a la Generalitat, donde charló con Pujol, que le contó el papel de Cataluña. La charla se alargó y Pujol, animado, pidió que dieran a Kissinger dos conferencias suyas sobre otros países traducidas al inglés, una sobre los Balcanes. El president parecía creer que su punto de vista sobre la política internacional iba a interesar a uno de los mayores expertos del mundo.

Captura de pantalla 2015-09-13 a la(s) 13.51.05Las correcciones de Jordi Pujol a una entrevista que había pedido revisar.

‘O Foix o Convergència’

Lluís Foix fue nombrado director de La Vanguardia en 1982. Entre 1974 y 1982 fue corresponsal en Londres y en Washington. Cuando volvió a la redacción de Barcelona, el editor Javier Godó, que acababa de hacerse con el mando, creyó que era el momento de nombrar a su primer director. El paso de Foix por Londres y Washington debía ser una garantía. Fue lo contrario. Enseguida le acusaron de tener una concepción demasiado norteamericana del oficio. A la vuelta de un viaje de Madrid, Miquel Roca se encontró con un periodista de La Vanguardia en la capital. En la charla, Roca dijo: “Para La Vanguardia es o Foix o Convergència”. Foix fue destituido poco tiempo después.

El conde nombró director entonces a Paco Noy y director adjunto a Manuel Ibáñez Escofet, que era el hombre de Pujol en la redacción y no se escondía. En 1990 El Periódico publicó un documento que circulaba por la Generalitat sobre la “recatalanización del país”. En el apartado de medios, un epígrafe decía: “Asuntos fundamentales. Introducir a gente nacionalista con una elevada profesionalidad y gran cualificación técnica entre los lugares clave de los medios de comunicación”. Ibáñez Escofet pudo ser uno de ellos.

Después de su destitución, Foix siguió como subdirector “no operativo”, tal como le llamaban, en la sección de Internacional. Aquellos fueron los años más difíciles para Pujol, con la querella de Banca Catalana. La Vanguardia estuvo a su servicio.

Pero incluso para el conde de Godó había un límite: La Vanguardia no era, en el fondo, el periódico de la Generalitat. La Vanguardia estaba cerca de las clases medias catalanas, que tendían hacia Convergència pero eran plurales. Aun así el diario podía simpatizar con Pujol  y hasta sacar partido económico de su Gobierno: La Vanguardia fue uno de los beneficiarios del dinero procedente de la empresa Casinos, que gestionaba los locales de juego en Cataluña y desvió dinero a CiU y a otras instituciones a finales de los años 80, según denunció en 1990 su director financiero Jaume Sentís.

Captura de pantalla 2015-09-13 a la(s) 12.37.43

Antes de las elecciones generales de 1986, La Vanguardia publicó un sondeo con una empresa nueva, Line Staff. Se presentaba Miquel Roca con un partido de centro: el Partido Reformista Democrático (PRD). La encuesta de El País auguraba al PRD entre uno y dos diputados en el Congreso. La Vanguardia decía que iban a obtener entre ocho y 12 escaños.

Al final el PRD no sacó ningún escaño. No es algo que el propietario del periódico pudiera encajar bien. La Vanguardia volvió a su firma demoscópica habitual: el Instituto Opina. Durante los años 90 y los primeros años del siglo XXI, sin embargo, La Vanguardia publicó algunos sondeos de Line Staff. Pero ya no eran encargados por el diario sino encuestas “a las que La Vanguardia había tenido acceso”. Es decir, encuestas que les habían pasado.

En 2002 El País publicó una información titulada El Gobierno de Pujol ha pagado encuestas a Line Staff a un precio que triplica el del mercado. El periodista, Pere Rusiñol, escribía: “Line Staff ha estado varias veces en el ojo del huracán político por las estrechas relaciones que mantiene con CiU y el Gobierno catalán”.

‘Hay que llevarse bien con Pujol’

En Madrid mandaba Felipe González. Joan Tapia, que había vuelto al periódico después de haber sido asesor del ministro de Economía Miguel Boyer, podía ser un recambio para Noy. Godó pudo pensar que no estaría mal cobijarse bajo la sombra del otro gran poder en España y dijo un día en un acto público que Tapia podría ser un buen director.

El encargo del conde para Joan Tapia era claro. “Javier Godó quería hacer un diario moderado y plural”, dice ahora Tapia. “Me nombra director no para ir contra la Generalitat (porque me dice claramente que hay que llevarse bien con Pujol). Pero quiere defender a la empresa: ésta es nuestra casa, no la suya”. Godó creó ese año el equipo de investigación formado por Eduardo Martín de Pozuelo y Jordi Bordas. Era otro modo de asustar a Convergència.

La Vanguardia se tomó su venganza con Prenafeta. El equipo de investigación publicó en 1990 varias páginas dedicadas al papel que tenía Prenafeta en el consejo de administración de una empresa, Iberia de Seguros. Al cabo de unos meses, Prenafeta dimitió pero no olvidó. En sus memorias, responsabiliza de su final político a La Vanguardia: “La querella que me puso el fiscal jefe de Cataluña, señor Jiménez Villarejo, se basó en las 21 páginas que La Vanguardia me dedicó, en muy pocas semanas, para intentar demostrar que yo actuaba en una sociedad de seguros”.

Martín de Pozuelo recuerda que vieron entrar “de casualidad” un día que estaban en la barcelonesa Casa Batlló a Prenafeta en un consejo de administración. Preguntaron al portero y ataron cabos. 

Pero el trato a Prenafeta fue insólito. La noticia de Bordas y Pozuelo salió el 19 de noviembre de 1989. Hasta el 1 de diciembre, La Vanguardia le dedicó cinco piezas más a los chanchullos de Prenafeta con Iberia. La insistencia es un comportamiento poco habitual en La Vanguardia. “Es más bien al contrario: cuando llevas tres días con un tema en portada te dicen que pares”, dice Santiago Tarín, en La Vanguardia desde 1985 y centrado en Tribunales e investigación. Ésta es la teoría de Tarín: “En La Vanguardia desarrollas la técnica del cazador. Te colocas detrás del seto y esperas. Siempre habrá un momento en que podrás darle una perdigonada a alguien. Entonces debes ir con papeles y todo preparado”.

En 1994 dimitieron dos consejeros sucesivos de Obras Públicas del Gobierno de Pujol: Josep Maria Cullell y Jaume Roma. Cullell estaba acusado de presionar a un alcalde para favorecer a su cuñado.

El Mundo publicó a partir del 6 de noviembre de 1994 y durante varios días unas conversaciones telefónicas donde Cullell presionaba al alcalde: Cullell presionó a un alcalde de CiU para que comprara un terreno de su cuñado era el titular de El Mundo.

El domingo 7 de noviembre La Vanguardia publicaba en portada: Cullell se revuelve contra el Ayuntamiento por el caso de la clínica New Teknon. No había ni una palabra de las grabaciones, que sólo salieron el lunes 8 en una pieza diminuta en páginas interiores titulada El Mundo publica otra conversación de CullellEl texto tenía tres frases.

Al día siguiente, José Antich, que entonces estaba en la sección de Política, publicaba una información sobre las intenciones de Pujol: “Las denuncias de tráfico de influencias precipitan la remodelación del Govern”. En periodismo eso se considera “noticia” y no es tan sencillo: requiere llamar al presidente, que se ponga y que lo explique. Son favores difíciles de lograr. Cullell duró 10 días más. Pero La Vanguardia nunca acabó de explicar qué había ocurrido. Las noticias las publicaban otros periódicos.

El 1 de junio de 1995 El Periódico publicaba en exclusiva una querella contra el sucesor de Cullell, Jaume Roma. El titular de El Periódico era suave: Una quiebra salpica al conseller Roma. El titular iba pequeño en portada y la noticia iba en la sección de Economía, no en la de Política. Ni siquiera abría Economía: la noticia principal era La escasez de cereal amenaza al IPC.

Al día siguiente El País titulaba con más claridad Un consejero de la Generalitat acusado de malversación dice que se querellará y La Vanguardia lo hacía así en la página 33, dentro de la sección de Sociedad: Cinco subcontratistas acusan al ICS de adjudicar obras a dedo. En El País las palabras “Jaume Roma” aparecían después de las 10 primeras. En La Vanguardia, “Jaume Roma” salía en la línea 16.

La Vanguardia favorecía a Convergència i Unió porque mandaba y porque era un diario conservador, como el partido. “La Vanguardia es un diario prudente, conservador; más que ideológicamente, es conservador con lo que hay: no se quiere enfrentar a los gobiernos. Nunca es un diario antigubernamental”, dice Tapia. Esa defensa hace que, según Tapia, “las informaciones que hacen daño al pujolismo salgan un poco por casualidad. No son el objetivo pero salen. Podíamos no ser esclavos del régimen pujolista. Pero no era nuestra idea ir en contra. Entre otras cosas porque nadie quería ir”.

Todos los medios tienen tendencias aunque en las mejores cabeceras esa adscripción es a una corriente ideológica (progresista, conservadora, catalanista, cristiana) y no a unas siglas de partido. Los medios en Cataluña, con el Grupo Godó al frente, siempre han recibido ayudas públicas: “Pujol quería medios débiles para que fueran a mendigarle”, dice Tapia. El problema es saber si todas esas ayudas eran subvenciones más o menos regladas o había de otros géneros.

PACO JUNQUERA / GETTY
Pujol de visita en un pueblo de Castilla y León. / PACO JUNQUERA / GETTY

Sostres en Baqueira

En el invierno de 1997 Salvador Sostres trabajaba para La Vanguardia. Hacía una sección pequeña donde recomendaba restaurantes en Barcelona. El redactor jefe de Política, José Antich, le pidió en Navidad si podía ir a hacer unas crónicas a Baqueira Beret, donde pasaban las fiestas el Rey Juan Carlos y el presidente José María Aznar. Antich le dijo a Sostres -que aún no era un columnista célebre- que siguiera a la comitiva de prensa y le fuera contando.

Antich hizo otra cosa: le dio el número de Sostres a Josep Sánchez Llibre, miembro de Unió Democràtica y diputado en el Congreso de los Diputados por CiU, un cargo que todavía ejerce. “Yo estaba subiendo hacia Baqueira y Sánchez Llibre ya me llamó para saber a qué hora llegaba”, dice Sostres. La presencia del político ya no le abandonó en la semana que estuvo en Baqueira: “Menos follar hicimos todo juntos”.

Incluso cuando lograba escabullirse, a Sostres se le aparecía Sánchez Llibre: “La noche de fin de año fui a cenar con unos amigos periodistas a un hotel por allí. Éramos 12 o 13 y cuando fui a pagar, ya estaba pagado”. Después de las 12 campanadas, “la primera llamada del año no fue de mi madre sino de Sánchez Llibre”. El objetivo central eran las crónicas de Sostres: “Él te decía qué tenías que escribir. ‘¿Tienes para apuntar?’, me preguntaba”.

sostres

La Vanguardia publicó cuatro crónicas de Sostres desde Baqueira. En todas salía Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió, aunque no viniera a cuento. En la más breve (dos párrafos) el titular era El Rey, objetivo constante de los fotógrafos. El segundo párrafo empezaba así: “Josep Antoni Duran Lleida fue también protagonista al efectuar sus primeras declaraciones en Baqueira”. El titular de la pieza más larga era sobre una reunión entre Duran y Aznar y el subtítulo era el siguiente: El presidente se reúne con el líder de Unió antes de verse con Pujol.

En la última crónica, Sostres hizo un pequeño homenaje a su anfitrión. Pidió (o alguien pidió) a dos monitores de esquí que puntuaran a sus alumnos: la copa fue para el entonces Príncipe Felipe y dos medallas de oro para Don Juan Carlos y Doña Sofía. Las medallas de plata eran para el secretario de Estado de Hacienda, el ministro Rodrigo Rato, Duran i Lleida y Sánchez Llibre, que era según los monitores “el político más simpático de las pistas y el que sabe elegir con la misma elegancia los forros polares que las corbatas”. En 2013 Sostres escribía: “La prevalencia que por ejemplo tiene Duran en la política catalana, pese a su indemostrada fuerza electoral, tiene mucho que ver con lo bien que le ha tratado siempre La Vanguardia”. Sabía de lo que hablaba.

Así trabaja José Antich

José Antich sustituyó a Joan Tapia en la dirección de La Vanguardia en el año 2000. En 1999, Pujol había ganado por los pelos su último mandato y tenía en el Parlament el apoyo del Partido Popular. En Madrid, Aznar acababa de conseguir la mayoría absoluta. Era un mal momento para un director como Tapia nombrado en los mejores años de Felipe González. En la campaña de las generales de 2000, cuatro periodistas de La Vanguardia fueron a La Moncloa a entrevistar a Aznar. Cuando acabaron, Antich se puso a preguntar al presidente por problemas familiares con una confianza insólita.

Antich sabe por qué lo hicieron director: “Cuando a mí me ficha [de director] el conde, no es porque tuvieran problemas con Convergència, que Tapia y Foix ya tenían bien resueltos. Tenían problemas con el Gobierno del PP”.

A José Antich le precede su fama. Es un maestro en las relaciones humanas y en el difícil arte de engatusar al poder. Así describe Antich su modo de hacer periodismo:

En periodismo no hay un sistema mejor o peor que otro. Debes escoger el sistema en que te mueves cómodamente y puedes preservar tu independencia. La manera en que yo preservo mi independencia no tiene por qué ser la de otro. Conozco a muchos periodistas que creen que la mejor manera de que un político no te contamine es no hablar con él. Yo creo que la mejor manera es estar muy cerca de él, pero a la vez un punto alejado para que cuando estire el brazo no pueda atraparte. Que me pueda rascar pero no atrapar. Es la manera más ventajosa para llevar información a mi medio. Siempre me ha funcionado.

Antich no está cerca (o muy cerca) de un político sólo para hacerle la pelota. Éste es el trato que le propone: “Yo necesito información. Si la tengo el primero, las cosas irán bien. Si la tengo el segundo, las cosas no irán bien. Tendremos problemas. No podremos tener una relación objetiva”.  

La pregunta obvia es si alguna vez se ha manchado por haber estado tan cerca y ha tenido que decir cosas que no quería: “Seguramente sí. No puedo ser objetivo [al hablar] sobre mí mismo. Si eso ha pasado alguna vez, hay que poner en una balanza qué he traído y qué he perdido”. Eso tiene un nombre que el mismo Antich pone a su labor: “He jugado muy al límite”.

La revista Mongolia publicó el libro Papel mojado. Allí se decía que el PP catalán, cuando lo dirigía el hoy ministro Jorge Fernández Díaz, mandaba a menudo sobres con dinero a Antich. En el sumario del caso Pallerols, sale “el periodista Pepe”, que recibía favores de Unió y que muchos identifican con Antich.

¿Por qué no se ha querellado? “No conozco ningún caso de personas que en casos así se hayan querellado y hayan ganado. Traté el tema con el diario. Me dijeron que yo era director de La Vanguardia, que acabaría haciendo más barullo, que no le diera más vueltas”, responde Antich. He hablado con la fuente de Mongolia sobre los sobres del PP. Describe con precisión las peticiones que le llegaban, el modo en que buscaba el dinero y la mujer que hacía de correo hasta la casa de Antich.

Pasqual Maragall y Jordi Pujol se enfrentaron en las elecciones de 1999. Xavier Roig dirigió la campaña electoral de Maragall en 1999 y recuerda muchas dificultades con La Vanguardia: “Yo decía a la dirección de La Vanguardia que los textos de Antich no eran verdad, pero me decían que no se podían meter. Era todo bastante lamentable”.

Desde la dirección del periódico admiten también dificultades con la sección de Política, dirigida por José Antich. Lluís Foix recuerda un día en que había cuatro páginas para Pujol y una para Maragall. En Política quitaron la de Maragall y Foix se impuso para reponerla. “En el 99 yo no marcaba la línea”, dice Antich. “Era otro que me había dado su confianza. Si yo pasaba por ser convergente, él [Joan Tapia] pasaba por ser socialista. La responsabilidad debe ser de quien dirigía, que dejaba hacer. Nunca recibí una indicación de ‘Oye Pepe, quizá nos estamos pasando’”. El director tenía dos opciones: permitir que hiciera su trabajo o destituirle. Permitió que siguiera con su trabajo. Menos de un año después, fue Antich quien sustituyó a Tapia.

Los pueblerinos de Maragall

Maragall fue jefe de la oposición en el Parlament hasta 2003. En una entrevista con Manuel Fuentes emitida en Telecinco en 2002, llamó “pueblerinos” a quienes querían estrecharle la mano.

El periodista Manuel Trallero debía hacer una crónica. El director, Antich, y el redactor jefe de Política, Jordi Barbeta, querían que aprovechara el texto para destacar la frase de Maragall. “Era la típica astracanada de Maragall, no le veía el interés”, dice Trallero. “Yo había visto la entrevista, pero les dije que no la había visto para evitar hacerlo”.

Barbeta le dijo que no había ningún problema, que fuera a la redacción y que le volverían a poner el programa en vídeo. Trallero fue, hizo el texto y puso el comentario en el quinto párrafo. “Querían más sangre pero les dije que hicieran lo que quisieran y me fui”, recuerda. En el texto de Trallero aparece destacado el comentario de Maragall. Se nota además que se hizo con prisa porque está lleno de erratas. Trallero se había olvidado el reloj en la sala del vídeo. Cuando volvió, el encargado sacaba la cinta. En la etiqueta ponía “Departament de Presidència”. Era el departamento que entonces dirigía Artur Mas.

Captura de pantalla 2015-09-13 a la(s) 12.51.59

Con Antich de director, otra de las víctimas iniciales fue el equipo de investigación, que fue desmembrado. “Nos dijo que no creía en la investigación”, recuerda Martín de Pozuelo. Ésta es la explicación que da Antich: “Sólo puedes dedicarte a la investigación periodística si te vas a dedicar a fondo. La historia nos demuestra que el 80-90% de lo que llamamos investigación periodística son investigaciones policiales pasadas a periodistas”.

Antich centró su periódico en la política catalana, Barcelona y la economía. “No nos servía descubrir temas de la mafia italiana”, dice Antich. La mafia era uno de los temas que Pozuelo y Bordas habían trabajado en los 90. Pero entonces no era la guerra de Antich. “Los diarios pueden dar varias batallas pero nunca todas las batallas”, concluye.

Sin equipo, Martín de Pozuelo siguió sacando algún tema en profundidad, sobre todo de Franco: “Era mi modo de trabajar; siempre hago un par de llamadas de más”, dice. Pero había poco sobre Cataluña. Los tres grandes trabajos del equipo de investigación, según Pozuelo, habían sido “la mafia en España, los desaparecidos españoles en las dictaduras de Argentina y Chile y los secretos del franquismo [a partir de los archivos sobre España del espionaje norteamericano]”. Era un modo de hacer periodismo, pero de lejos. El motivo para Pozuelo es el carácter de su periódico: “La Vanguardia nunca ha tenido un objetivo político sino periodístico; no tenemos más objetivo que ir informando”, dice.

La alianza de los Pepes

La influencia de Convergència en La Vanguardia ha tenido al menos tres frentes: trasvase de dinero público en metálico, en licencias audiovisuales o en compra de ejemplares; las llamadas constantes y los  periodistas puntuales afines dentro de la redacción. Pero el diario estaba de algún modo bien hecho o los catalanes confiaban en él: ha sido el más vendido en Cataluña durante toda la democracia.

Antich logró que la buena relación con la Generalitat se mantuviera en los años del tripartito. Al menos siete personas de dentro del periódico y de la administración me han dicho que el motivo fue la alianza de Antich con el secretario de organización del PSC, José Zaragoza. Les llamaban “los Pepes”.

El pacto tácito era seguir con las mismas ayudas a cambio de no disparar contra el president. Antich tenía fácil su parte del trato: “La Vanguardia nunca ha estado históricamente en contra de ningún presidente”, dice.

Toni Bolaño –que tuvo un enfrentamiento público con Jordi Barbeta, jefe de Política en años de Antich- recuerda ese buen trato con Montilla: “A veces sacaban un artículo diciendo que Montilla era la pera: alto, rubio y con ojos azules”. Eran elogios exagerados para cumplir. El resto del Gobierno y sus socios en cambio no salían tan bien parados. Tal como ha acabado la historia con la dimisión de Zaragoza por las grabaciones del restaurante La Camarga, no parece que su afán por proteger a su partido haya sido un éxito: “Zaragoza no tiene fama de pardillo ni de dejarse liar. Si una persona logró liarlo una vez, quizá es que se dejó o que le interesaba dejarse liar”, dice Antich en alusión a la dirigente popular Alicia Sánchez-Camacho. 

Antich admite que David Madí, secretario de Comunicación de Artur Mas, les ayudó mucho durante el último Gobierno de Jordi Pujol: “Es posible que la actuación de Madí entonces no fuera neutra”. Madí dice que no recuerda nada raro pero que Antich “puede estar mosqueado con su antigua casa”. Sea como sea, Antich advierte que Madí “dejó la política en 2003 y nuestra posición es mejor hoy que entonces”. Por tanto, dice Antich, “si ponemos el mérito de la gente que ayudó no puede quedar fuera Zaragoza; también nos ayudó mucho”. Esta doble ayuda cristalizó incluso en cenas de Antich con Madí y Zaragoza “cuando aún se hablaban”.

‘El Periódico’ no es el rebelde

El empresario Eloi Martín tenía en 1996 una empresa de informática y otras dos que trabajaban para el Servicio Catalán de Ocupación en cursos de formación y orientación. Un día le mandaron por fax una petición para justificar una cantidad muy alta: “Era muy confuso. La cantidad no se parecía en nada a lo que habíamos hecho”, dice Martín. Cuando llamó para confirmar de qué se trataba, le dijeron que o firmaban o dejaba de trabajar para la Generalitat.

Martín reconoció el fraude y quiso que se publicara. Fue a los dos periódicos principales: La Vanguardia y El Periódico. Explicó su caso en recepción y salieron a recibirle dos personas de cada periódico. Martín no supo los nombres. “Me dijeron que no interesaba, se nos sacaron de encima”, dice. Cuando volvía a casa, vio la redacción de El Mundo. Salió a recibirles Xavier Rius, que aceptó, investigó unos meses y publicó el tema. Fue sólo un destello de lo que años después sería el caso Pallerols de corrupción en cursos subvencionados por la Unión Europea. Dos años después, Martín y Rius creaban eNotícies, el medio digital más rebelde en catalán.

El periodista Rafael Wirth cuenta un caso similar en una entrevista en eldiario.es:

En 1984 investigué el modo extraño como se estaba preparando la creación del Hipódromo de Catalunya. Decían que la empresa que lo quería gestionar, Cirsa, daba dinero a Convergència Democràtica. Estuve trabajando este tema durante un año y encontré irregularidades. Al final, ‘La Vanguardia’ me paró y me dijo que me olvidara del tema. [El consejero] Macià Alavedra los llamó y dijo que estaba metiéndome demasiado en este asunto y le estaba creando problemas.

Los problemas no los ponían sólo los políticos o los directivos de periódicos. Un periodista de La Vanguardia me ha contado este caso. Uso una versión sin atribuir porque coincide en el fondo con otros dos episodios parecidos:

Tengo un grupo de amigos de la infancia. Muchos eran ‘pujolistas’. Un día hace años uno, que tenía una empresa, me dijo: “Me han aconsejado que vaya a ver al hijo de Pujol para que me consiga contactos”. Le dije que no perdiera el tiempo, que le cogerían el dinero y no le darían los contactos, que ya estaba dado. Así fue. Años después, cuando Pujol confesó, me dijo: “Tenías razón, todo eso de las comisiones era verdad”. ¡Después de vivirlo, sólo se lo creyó cuando confesó Pujol!

Pujol en Madrid. Antonio Franco, con barba, es el séptimo periodista por la derecha. / PACO JUNQUERA / GETTY
Pujol en Madrid. Antonio Franco, con barba, es el séptimo periodista por la derecha. / PACO JUNQUERA / GETTY

Si algún periódico catalán podía romper esta ensoñación era El Periódico. Competía en lectores con La Vanguardia y tenía unos números de audiencia formidables. No tenía por qué condescender con el pujolismo ni con otros partidos pero lo hacía. El motivo último era la debilidad empresarial del Grupo Zeta. Su director fundador, Antonio Franco, describe así el papel de El Periódico: “No conseguimos superar las dificultades objetivas para informar mejor, pero conseguimos vivir internamente como si fuéramos libres y haciendo putadas. Pero eran putadas puntuales, no estructurales”.

Una de esas putadas fue el caso del 3% en febrero de 2005, en pleno tripartito. El president Pasqual Maragall dijo en el Parlament a Artur Mas: “Ustedes [Convergència] tienen un problema y ese problema es el 3%”. Se refería a las presuntas comisiones que Convergència cobraba de constructoras que hacían las obras públicas en Cataluña. Maragall lo soltó sin ningún otro dato, sin ninguna prueba y rectificó en el mismo pleno.

El origen de la frase de Maragall fue un editorial de El Periódico que, según Franco, “resumía la impotencia de los eunucos: lo sabemos pero no lo podemos demostrar”. El asunto estaba de actualidad por el agujero en el Carmelo, un barrio popular de Barcelona cuyas casas se habían agrietado durante la construcción de la línea 9 del metro. Así eran los dos párrafos clave:

Han existido defectos en el proceso de construcción [del túnel del Carmel]. Se debe determinar si el ahorro económico en materiales y en elementos de seguridad responde a negligencias profesionales, o a que posibles comisiones ilícitas iniciales o subcontrataciones abusivas han desviado de la obra parte del dinero necesario para efectuarla correctamente.

Llega la hora de investigar, por ejemplo, si todo lo que se dice en Cataluña sobre el destino del 3% del dinero de las obras públicas adjudicadas años atrás ha acabado influyendo en el grosor de los encofrados o en el número de catas de la obra del Carmel. También es la hora de lamentar que la nueva Administración catalana esté tardando tanto tiempo en sentar, de una vez, unas nuevas reglas de juego en las adjudicaciones.

Franco no tenía pruebas de que las comisiones o las adjudicaciones poco transparentes hubieran perjudicado el grosor del túnel. Así que hizo un editorial: “Aprovechamos el Carmelo para explicar a la gente qué significan las comisiones”, dice. Según Franco, no había otra manera de contar aquello si no era en un texto de opinión: “La pretensión era que lo que no se pueda sostener ante un tribunal, no lo voy a publicar. Pero voy a intentar crear el ambiente, el estado de opinión de que esto existe”.

Jordi Corachan era uno de los dos miembros del equipo de investigación de El Periódico. Intentó buscar pero tuvo poca suerte: “Había una omertà. No prosperabas. No hablaba ni Dios”. El director, Antonio Franco, cierra así el argumento: “El Periódico ha hecho lo que ha podido. Pero no había un puto testimonio fiable. Vivimos de los rebotados en los conflictos. Aquí en Cataluña había una cosa fantástica: a los rebotados en los conflictos, si tenían alguna posibilidad de hablar, los indemnizaban correctamente”.  

Es una queja habitual entre periodistas catalanes que intentaron saber más de la familia Pujol o de otros casos célebres de corrupción. Pero algo más se podía hacer. En plena crisis del 3%, cuando los periódicos ya hablaban de una “crisis de gobierno”, El Mundo hizo esta portada: CiU recibe desde hace 12 años 5.500 euros al día de forma opaca. El subtítulo decía: Recaudan en Cataluña el 50% más que el PP en toda España. Los dos periodistas que firmaban habían consultado el Tribunal de Cuentas. Era más de lo que se dijo en Cataluña.

La presión política de un periódico no sólo dependía de la búsqueda de nuevas noticias. También del modo en que se trataban. El Periódico solía disimular sus temas más potentes. El abogado chileno de Filesa, Carlos Alberto Van Schouwen, encontró en un periodista de El Periódico, Luis Alberto Fernández Hermana, alguien en quien confiar sus sospechas sobre la financiación ilegal del PSOE.

El Periódico investigó durante semanas. Franco no acababa de fiarse del asunto y no lo sacaban: “Hablábamos con un tipo que no sabíamos quién era [Van Schouwen] y que venía con fotocopias. Yo quería originales. Mis compañeros me decían que yo era un loco peligroso, pero yo les decía que también sabía hacer fotocopias falsas impecables”.

Al final Van Schouwen llevó el material que El Periódico ya había investigado a El Mundo. Cuando El Periódico supo que El Mundo iba a publicarlo, lo sacó el mismo día. Pero la publicación fue distinta. En El Mundo abría el periódico a cinco columnas: Sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales. El Periódico lo sacó por debajo a dos columnas con un titular más discreto: Dos empresas cobran por extraños estudios para financiar el PSOE. Dentro El Mundo dedicaba tres páginas de información. El Periódico sólo una y con este titular: Dos empresas recaudan para el PSOE.

La sensación de importancia no es la misma en ambos casos. Si luego la tele, la radio y otros periódicos no insisten, el tema se apaga. Los casos de corrupción no son fáciles de seguir: entre los presuntos y las conexiones ocultas cuesta saber qué ocurre. Sin el repique de muchos medios, uno solo no llega muy lejos. Aún menos si apenas insiste.

El catalán juega en otra liga

El Periódico fue el primer gran medio en hacer la doble edición castellano-catalán en 1997. Había un hueco para aumentar su audiencia, vender más periódicos y una opción de recibir subvención automática por el catalán. El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y el director de El Periódico, Antonio Franco, fueron a presentarle el proyecto al president.

“Asensio creía que saldría de allí con la Creu de Sant Jordi”, dice Franco, que era más escéptico. Pujol dijo años después al profesor Josep Àngel Guimerà que sus dos grandes logros en los medios para normalizar el catalán fueron la tele y El Periódico en catalán. Pero aquel día Asensio y Franco no hicieron feliz al president: “deberíais dejar de salir en castellano”, les dijo Pujol según Franco. “Entonces me haríais feliz”, añadió. Franco se negó. La relación distante pero necesaria entre Pujol y el Grupo Zeta siguió.

El diario Avui nació el 23 de abril de 1976 con una espectacular campaña de suscriptores y socios antes de salir. Pero enseguida fue mal y se acabó el dinero, sobre todo por tremendos problemas de distribución de los ejemplares. Su primer director, Josep Faulí, se fue rápido por falta de confianza de la propiedad, llena de fieles a Convergència, que aún no gobernaba.

Pujol leyendo un ejemplar de ‘Avui’. A su derecha, su esposa, Marta Ferrusola. / SIGFRID CASALS / GETTY

Jordi Maluquer sustituyó a Faulí. Estuvo cinco años, pero el periódico no se recuperó. Nunca lo hizo. El gerente de El Correo Catalán, José Manuel Novoa, se hizo cargo a principios de los 80 de ambas empresas. El Correo era de Pujol y al Avui siempre le llegaba dinero de algún lugar. Cuando Novoa no tenía, se lo pedía al administrador único, Carles Sumarroca Coixet, hoy imputado en el caso que instruye el juez José de la Mata. Novoa cuenta así cómo se financiaban entonces los periódicos que gestionaba:

‘El Correo’ no se financiaba solo. Necesitaba unos cinco millones de pesetas cada mes. Sumarroca me decía: “Ve a La Caixa y pide un crédito de tanto”. Yo ya sabía, no tenía que preguntar. Iba allí y decía: necesitamos un crédito. “No se preocupe”, me decían. Les enseñaba los balances y les decía: “Deben hacerse unos retoques”, que significaba que eran mentira. El tipo aceptaba y ya. A este nivel todos saben qué papel hacen.

Avui fue perdiendo dinero durante los 90. El president Pujol reconocía en 2009 en una entrevista con el profesor Guimerà que “era un símbolo: una publicación catalana, de lengua y mentalidad” y “por eso lo ayudamos tanto”. La empresa editora de Avui, Premsa Catalana, vivía a expensas de las ayudas externas y del dinero público. Ramon Pedrós, jefe de prensa de Pujol, cuenta que el conseller de Turismo en 1991, Lluís Alegre, tuvo que firmar en un viaje a Holanda unos cuantos cheques que fueron llevados a Barcelona enseguida para que en el Avui pudieran cobrar la nómina. La historia de la empresa editora está llena de intentos de ampliación de capital.

En 2003 el tripartito recién llegado se encontró con el agujero económico de Avui: “Si lo dejábamos morir, qué hubieran dicho los salvapatrias”, se pregunta Jordi Mercader, director entonces de la Oficina de Difusión. Pusieron más dinero y buscaron dos inversores que mantuvieran el periódico a flote sin hacerse cargo de las deudas: Lara, del Grupo Planeta, y Godó. La apuesta de Lara y Godó duró unos años pero en 2009 se lo quitaron de encima. Entonces la Generalitat aún era la propietaria del 20% de la empresa. El tripartito salvó así a un periódico que simpatizaba históricamente con el nacionalismo.

Un diario nuevo

La Vanguardia empezó a publicarse en catalán en 2011. Unos meses antes, en noviembre de 2010, salió otro periódico en catalán que estaba llamado a jugar un gran papel: Ara. Cinco años después, es líder digital y tiene 31.000 suscriptores pero en papel vende apenas 14.000 ejemplares, 10.000 menos que El Punt Avui. Aún no es un diario rentable y tampoco ha cumplido por ahora las expectativas iniciales. Su impulsor fue Oriol Soler, del grupo cooperativista Cultura03. Buscó empresarios y estrellas de la tele que dieran solidez y fama al proyecto.

Soler creía que en la primera década de los años 2000 “era necesaria una plaza para pensar el país que venía: era un momento equivalente al nacimiento de Le Monde después de la II Guerra Mundial o de El País después de la Transición”.

Acertó en que iban a pasar cosas gordas: “Venían grandes cambios en el mundo y era evidente que en Cataluña se movían cosas profundas”. Más allá del espacio social, en la prensa Soler también veía un hueco. Aquí es donde también empieza a verse la falta de éxito de Ara respecto a sus pretensiones: “Nosotros vinimos para competir con El Periódico y La Vanguardia, no con el Avui. Mi tesis era: en Cataluña hay lugar para dos plazas. La plaza del pasado probablemente es La Vanguardia y la plaza del futuro la queríamos ocupar nosotros”. El Periódico debía quedar ya fuera del plano, pero los números de Ara están de momento lejos.

Dos años después de la creación de Ara, Soler salió de la empresa por diferencias empresariales. Cree que el único responsable de su fracaso en Ara es él:

El gran error del ‘Ara’ es editorial, no financiero. Y eran errores míos: el director, no haber dedicado más tiempo. El problema del ‘Ara’ es que nacimos para hacer una cosa que no supimos hacer. No era para llevar el país a la independencia sino para poder hablar tranquilamente sobre el país que queríamos y construir un paradigma de país moderno que seguramente sería independiente, claro. ‘El País’ en su momento nace para dibujar una España nueva y en esta lógica nacía el ‘Ara’ y no supimos hacerlo bien. Si te compras un horno de pan para hacer pan y haces cruasanes, pues no haces pan. El proyecto no funcionará.

El tópico dice que Ara es un periódico de buen rollo, tierno, juvenil, que apenas muerde. ¿Existiría el Ara sin las subvenciones anuales por publicar en catalán? Probablemente sí. Es un diario con una estructura manejable respecto a sus competidores.

Pero Ara no ha aprovechado del todo bien sus primeros años de vida. Sólo sobrevive. Su madurez debería ser contar cosas que alguien -incluso cercano ideológicamente- no quiera oír. He hablado con tres redactores o ex redactores de Ara pero ninguno ha querido que le cite en esta serie. Hay una prevención especial. Da la impresión que Ara no es tierno porque reciba dinero público o no sólo por ese motivo.

Siempre en off the record, un periodista del Ara ha contado cómo ha preferido disimular antes de crujir a miembros de su partido predilecto que le contaban hechos contradictorios. Otro periodista ha tenido que tragarse noticias valientes porque algunos jefes no querían luego recibir llamadas. Son pasos que dejan de darse y luego puede ser difícil remontar. Las noticias no son siempre buenas para el equipo de casa. A largo plazo acaba por notarse. Aunque es más fácil redirigir periódicos con cinco años de vida que con décadas o siglos.

Este miércoles, el cuarto capítulo: ‘El pozo con fondo’ 

Lee aquí los dos primeros:

 1. ‘La corrupción‘ / 2. ‘La comunidad

La campaña del 5%

Si la Policía sorprendiese hoy a Jordi Pujol abriendo la caja fuerte del Banco de España, en mitad de la madrugada, con una media calada en la cabeza y distribuyese las imágenes de la captura, el acontecimiento sería recibido con displicencia en buena parte de Cataluña: “Otro ataque más al procés“. Ya lo dijo Unamuno: una fe sólo se sustituye por otra.

Si la Policía sorprendiese hoy a Jordi Pujol abriendo la caja fuerte del Banco de España, en mitad de la madrugada, con una media calada en la cabeza y distribuyese las imágenes de la captura, el acontecimiento sería recibido con displicencia en buena parte de Cataluña: “Otro ataque más al procés“. Ya lo dijo Unamuno: una fe sólo se sustituye por otra.

Pero que la religión independentista haya alterado la sensibilidad moral de una multitud de ciudadanos no impide, a Dios gracias, que haya personas empeñadas en llegar al fondo de las cosas. Y, a veces, hasta lo consiguen.

Esteban Urreiztieta y Daniel Montero vuelven para alumbrar con pericia bajo las aguas pútridas del oasis catalán. Sabíamos que la tarifa de Convergència era del 3%. Ahora descubrimos que la de los Pujol era del 5%. Una anotación manuscrita en un contrato delata el caché de la familia.

Cuando Pujol se comprometía a dar estabilidad a los gobiernos de Madrit a cambio de que Madrit no metiera sus narices en Cataluña sabía muy bien lo que hacía. Así todo quedaba en casa.

Carles Sumarroca, cofundador de Convergència, se acostó un día como amigo personal del president y despertó como contratista principal de la Generalitat. Artur Mas mantuvo la tradición.

Poco a poco, y a medida que crecía la prole, se fueron conformando lazos inextricables entre parentela, allegados y colegas que, al igual que en El Padrino, obligan a tener a mano un dramatis personae para no perderse en el enredo.

Es la constructora de este Sumarroca, en fin, la que paga a Jordi Pujol hijo una comisión dos puntos mayor que la que Convergència cobra por sistema -Maragall dixit por unos trabajos que no aparecen. El partido es el partido, pero la familia, don Vito, es la familia.

Como en las pelis de Wall Street, los pagos se realizan en el extranjero y a una empresa tapadera dedicada supuestamente a múltiples servicios; en el caso que nos ocupa, la misma firma que señaló a la Policía la ex novia del agraciado.

Uno de los tantos pellizcos del vástago de los Pujol-Ferrusola es de 585.000 euros por mediar, ¡oh la la!, para conseguir la reforma de las instalaciones de Radio France, en París, de la que nunca se supo. Cabe la posibilidad de que la generosidad de Sumarroca guardara relación con lo hinchados que estuvieran los precios que cobraba por los servicios que prestaba a la Generalitat, que como todo el mundo sabe, gestiona el dinero de los catalanes: de los independentistas y de los que no lo son.

Mañana, coincidiendo con la Diada, comienza la campaña del 27-S. En los dicursos patrióticos a nadie se le atragantará el 5%. Pero, queridos feligreses, haberlo, haylo.

La comisión de Sumarroca a los Pujol no era del 3% sino del 5%

trazo3

– Un documento manuscrito vincula ese porcentaje a los 132.800 euros que los Sumarroca pagaron a Jordi Jr. con la excusa de ayudarles a implantarse en México

– También pagaron 585.000 euros a su empresa en Londres por una supuesta asesoría para hacerse con la reforma de Radio France en París

‘La campaña del 5%’, por Ferrer Molina

  • Un documento manuscrito vincula ese porcentaje a los 132.800 euros que los Sumarroca pagaron a Jordi Jr. con la excusa de ayudarles a implantarse en México
  • También pagaron 585.000 euros a su empresa en Londres por una supuesta asesoría para hacerse con la reforma de Radio France en París

[su_divider top=”no” size=”1″]

La familia Sumarroca pagó comisiones del 3% a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) pero aumentó su tarifa al 5% con la familia Pujol. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato original suscrito el 10 de febrero de 2008 entre los propietarios de la constructora catalana Teyco y Jordi Pujol Ferrusola en cuya parte superior fue incorporado un post-it en el que se anota a mano el porcentaje.

En este contrato firmado entre la saga fundadora de Convergència y Pujol Jr., se establece la obligación de pagar “132.800 euros” a cambio de la prestación de unas supuestas asesorías en México de las que no existe ningún rastro documental. Pero lo más llamativo aparece en el encabezamiento, donde se añadió a posteriori el post-it en el que ambas partes añaden una aclaración.

Este rudimentario anexo establece que los Sumarroca abonarán al hijo del histórico dirigente nacionalista una comisión del “5%” calculada sobre un montante total de “2.655.000 euros”. No se especifica a qué corresponde la cantidad sobre la que se hace el cálculo de la mordida. Pero los investigadores ya han apuntado que todos los cobros de este tipo a Pujol Ferrusola tienen como objeto real las adjudicaciones de obra pública en Cataluña.

El primer pago de comisiones de 132.800 euros fue camuflado detrás de un supuesto contrato de consultoría rubricado entre una de las empresas instrumentales de Pujol Ferrusola (Project Marketing Cat, SL) y la empresa de Servicios e Ingeniería EMTE, que dirige Carles Sumarroca Claverol y que factura anualmente más de 1.300 millones de euros con una plantilla de 8.000 personas. En el documento se incluye además un apartado en el que se dice que el pago se corresponde en gran parte con una serie de gastos de desplazamientos de Pujol Jr. a México.

El contrato al que ha tenido acceso este periódico es el que se quedó el propio Pujol Ferrusola y forma parte de una batería de documentos de este tipo que suman más de ocho millones de euros y que fueron suscritos entre el hijo del histórico dirigente nacionalista y grandes contratistas de la Generalitat catalana.

Comisiones por 585.000 euros

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera ya acreditado que la familia Sumarroca abonó una nueva comisión de 585.000 euros a Pujol Ferrusola por “la posibilidad de obtener la reforma de las instalaciones centrales de Radio France en París”. El magistrado José de la Mata ha descubierto que el pago se hizo a través de la tapadera londinense de la familia Pujol, la sociedad Brantridge, gestionada por el testaferro de origen hindú Herbert Rainford, que ya fue empleada por Pujol Jr. para cobrar comisiones de la constructora FCC.

Esta operación fue pactada por contrato el 15 de junio de 2008 y abonada en cinco pagos de 117.000 euros entre el 15 de febrero de 2009 y el 15 de agosto de 2010. El juez señala que “no se precisa cuáles fueron los servicios prestados”. Por lo elevado del importe, podría constituir otra comisión del 5% para la familia.

La Fiscalía Anticorrupción investiga en estos momentos a la familia Sumarroca al menos en dos procedimientos judiciales diferentes por la misma conducta delictiva: el pago de sobornos a los nacionalistas.

El primer procedimiento está en el Juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona) tras descubrir el pago de comisiones del 3% -en total 343.798 euros- a cambio de la adjudicación de obras públicas en cinco municipios gobernados por los nacionalistas: Lloret, Sant Celoni, Figueras, Torredembarra y Sant Cugat. Este proceso se ha saldado recientemente con la detención de tres miembros de la familia Sumarroca así como con el registro de la propia sede de CDC.

El segundo procedimiento está en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se encuentra imputado Jordi Pujol Ferrusola por delito fiscal y blanqueo de capitales tras haber recibido durante los últimos años pagos millonarios de manos de grandes contratistas del Gobierno catalán a cambio de trabajos fantasma como el descrito anteriormente.

Dinero a cambio de adjudicaciones

Al igual que ocurre con buena parte de los acuerdos suscritos entre Pujol Jr. y otros grandes empresarios catalanes, en esta ocasión se acuerda el pago de una cantidad y se establece como contraprestación oficial la realización de hipotéticas consultorías sobre las que no existe ninguna base documental y a las que la Audiencia Nacional tilda ya de trabajos ficticios que encubren el pago de comisiones ilegales.

En el caso concreto de la familia Sumarroca, sus miembros accedieron a firmar con Project Marketing Cat un acuerdo en el que Pujol Ferrusola se presenta como “consultor que se dedica, entre otras cosas, a prestar servicios de asesoramiento en diversos ámbitos de la gestión y, especialmente, en el relativo a la implantación en el extranjero de empresas españolas”. En esta línea el contrato añade que Pujol Jr. “dispone de conocimientos y experiencia específicas en relación a México, país en el que ha mantenido extensas e intensas relaciones comerciales con diversas empresas e instituciones locales” y agrega que “EMTE tiene interés en iniciar contactos y explorar la posibilidad de implantarse en el mercado mexicano para llevar a cabo una parte de sus actividades, especialmente las que realiza la unidad de negocio de Sistemas y Tecnología”.

El contrato llega a desglosar las partidas a las que se habrían dedicado los 132.800 euros: “121.800 euros corresponden a la dedicación de consultor senior de Pujol Ferrusola”, “8.500 euros a gastos de viajes a México”, “1.500 euros a desplazamientos y gastos de manutención en España” y otros “1.000 euros a gastos auxiliares”. En la documentación interna intervenida por Hacienda a Pujol Ferrusola y que obra en poder de la Audiencia Nacional, no existe ningún indicio de que estos servicios profesionales se llegaran a prestar.

La pista del clan Sumarroca

La Audiencia Nacional resolvió ayer mismo desestimar la petición de sobreseimiento de la familia Sumarroca ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con el siguiente argumento: “Los sucesivos escritos de los imputados, que aportan amplia documentación sobre las actuaciones llevadas a cabo en México de EMTE, de sus directivos y de sus filiales, describen en relación al ‘consultor’ actuaciones como realizar diagnósticos, evaluación de inversores, identificación de clientes, competidores, asesores locales, socios y empleados, definición de estrategias de implantación y despliegue, entre otras, sin que nada de ello ha sido aportado”. Salvo, precisa el juez, “correos electrónicos cuyo objeto era la preparación de un viaje a México”. Por todo ello concluye el instructor que sigue investigando si el contrato entre EMTE y Project Marketing Cat, SL, “fue la cobertura ficticia de los pagos efectivamente realizados”.

Con objeto de esclarecer esta operación, el juez ha emplazado al que fuera responsable de la Expansión Internacional de la familia Sumarroca, Marcelino Oreja Arburúa, para que declare como testigo el próximo 18 de septiembre. También requiere a la familia Sumarroca para que aporte “en el plazo de 10 días” aquellos “documentos e informes a que se refiere el contrato suscrito con la mercantil Project Marketing Cat, SL”.

Anticorrupción descubre al ex tesorero de CiU destruyendo pruebas con una trituradora

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, abandona la sede de la calle Córcega registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, que dirigieron la entrada y registro en los inmuebles de Osácar y en la propia sede de CDC ya han ordenado que la documentación que estaba siendo triturada sea recompuesta lo antes posible.

Anticorrupción tiene acreditado que la familia Sumarroca ha venido abonando a CiU un 3% de comisiones de cada obra adjudicada a sus empresas por los ayuntamientos gobernados por los nacionalistas.

Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar la documentación intervenida el pasado mes de julio en el registro del domicilio y las oficinas de Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco e hijo del fundador de CDC, Carles Sumarroca Coixet.

El Ministerio Público puso en marcha este viernes una nueva operación en el marco del denominado ‘caso Torredembarra’, en el que se investiga el pago de al menos 1,43 millones en comisiones al ex alcalde de CiU Daniel Massagué. Esta nueva fase de la investigación se centra en la canalización de dichos fondos hacia el partido y los investigadores, según ha podido saber EL ESPAÑOL, tienen ya acreditado que el enlace ha sido la Fundación Catalanista y Demócrata (Catdem), que está siendo registrada en estos momentos. Asimismo están siendo registrados cuatro ayuntamientos: Sant Celoni, Sant Cugat, Figueres y Lloret de Mar.

Según sostienen fuentes de la investigación, la plataforma empleada para introducir las comisiones en el partido ha venido siendo la fundación de Convergència, que está siendo registrada este viernes. Asimismo, está prevista la entrada y registro en el domicilio de Daniel Osàcar, ex tesorero de CiU.

La familia Sumarroca empleó un entramado de siete sociedades para sobornar al ex primer edil de Torredembarra. Tras detectar dicho entramado, los fiscales que coordinan la operación, Bermejo y Grinda, pusieron en marcha la ‘Operación Petrum’ el pasado 23 de julio. Esta se saldó con la detención de Jordi Sumarroca y con la práctica de ocho registros en los domicilios de los implicados y en la sede de la empresa constructora.

El pago de comisiones se realizó, en una primera fase, a través de dos empresas de Massagué -la panadería Maes Flequers i Pastissers y la inmobiliaria Daloi-. Estos pagos fueron materializados entre diciembre de 2011 y agosto de 2013 a través de una serie de filiales de Teyco: Teycotel BCN, Teycotel Cap Roig, Teycotel Gestió d’Hotels y Castellbell Residencial. Estas operaciones no están respaldadas por ningún soporte documental, lo que ha llevado a los fiscales Anticorrupción a concluir que se trata de comisiones ilegales.

Tras la detención del consejero delegado de Teyco, la empresa hizo un comunicado en el que reconoció la existencia de pagos al alcalde aunque negó tajantemente que encubrieran comisiones ilegales. “Todas las relaciones comerciales con el exalcalde se realizaron en el ámbito profesional privado, de forma transparente, legal y documentada y sin ninguna vinculación con Massagué como alcalde”. Según este mismo comunicado, “Teyco y Massagué acordaron gestionar conjuntamente restaurantes situados en hoteles y el dinero iba destinado a su equipamiento”. “El negocio no salió adelante y ahora es Massagué el que nos debe dinero”, explicaron desde Teyco.

La policía sospecha que otras firmas de inversión callaron por miedo a represalias de la CNMV

elvira1

La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama de corrupción que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la imagen). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de los ahora investigados por miedo al desprestigio profesional.

elvira1

La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de la trama por miedo al desprestigio profesional.

En esta línea, el informe remitido por los agentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica que “el daño reputacional que puede inflingir la CNMV es tan grave o más que las propias sanciones, ya que el mercado financiero se basa en la confianza y la reputación”. A juicio de los investigadores, “la CNMV, al difundir meramente que una entidad está siendo inspeccionada por prácticas irregulares, condena de facto a la entidad y a sus responsables en el mercado nacional e internacional”.

La propuesta de investigación presentada por la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se centra, tal y como confirmó ayer la propia CNMV en un comunicado, en dos expedientes concretos de dos gestoras financieras, llamadas Vetusta Wealth Managers y Dracon Partners.

Según confirma el regulador, ambas firmas sufrieron sendas investigaciones por parte de la CNMV, pero con seis años de diferencia. Pese al salto temporal y, según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la UDEF han encontrado los mismos patrones en sus procedimientos sancionadores, coincidencias que les hacen pensar que los expedientes de ambas se fraguaron de forma similar y contraviniendo la normativa.

Como ejemplo, los propietarios de las dos gestoras fueron acusados de actuar como testaferros de terceras personas. En el caso de Vetusta, el presunto propietario era un notario de Dublín. En el de Dracon Partners, un empresario español sancionado con anterioridad por el regulador. Ninguna de las dos acusaciones se confirmó, pero ambas fueron filtradas a la prensa y con ello, los responsables de las entidades quedaron marcados para operar en cualquier mercado financiero, tal  y como refleja el informe de la UDEF.

Pacto y sanción

En un primer momento fueron los gestores de Dracon Partners quienes denunciaron presiones de la CNMV a la Policía Nacional. Los responsables de esta Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) aseguraron ya en 2012 -tres años antes de ser sancionados en firme- que varios funcionarios de la CNMV les presionaban para que entregaran su licencia financiera de forma voluntaria. Según su denuncia, ampliada en varias ocasiones desde entonces, Dracon tenía que dejar de operar en España. Si aquello no sucedía, sus gestores sufrirían las consecuencias de un procedimiento sancionador, que ha culminado de forma definitiva en 2015.

El pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la sanción impuesta a Dracon Partners: 1,25 millones de euros para la empresa y otros 625.000 euros para su administradora. El argumento de la CNMV fue que la sociedad y sus gestores cometieron “infracciones muy graves” por incumplir la ley en la relación con sus clientes y por delegar en terceros su servicio de captación. Los investigadores han solicitado ahora este expediente a la CNMV ante la sospecha de que se sustanció utilizando argumentos falsos.

Pese a las denuncias aportadas por Dracon Partners desde 2012, la investigación policial entró en una nueva fase en febrero de este año cuando los gestores de Vetusta hicieron llegar también la suya a la Policía Nacional. En resumen, los administradores de la gestora denuncian una situación muy similar a la vivida por Dracon, pero con seis años de distancia y una diferencia sustancial: en lugar de litigar, los responsables de Vetusta entregaron la licencia de forma voluntaria a la CNMV. Por su parte, el organismo regulador archivó el expediente y dejó sin efecto las sanciones, tal y como refleja el siguiente documento:

Hace dos semanas, la Policía Nacional solicitó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los dos expedientes. Su objetivo es analizarlos en busca de irregularidades. Además, los agentes investigan el patrimonio de varios funcionarios bajo sospecha y recaban testimonios de terceros, testigos que fueron durante años empleados de la CNMV. Su intención es confirmar si las actuaciones sancionadoras son irregulares, si se hicieron por mala praxis de los funcionarios o si vinieron motivadas por presuntos pagos o sobornos de terceros. Ahora, se esfuerzan también por localizar a más víctimas y por esclarecer si alguna de ellas, por miedo, guarda silencio.

 

La Policía investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV bajo sospecha de corrupción

 

La Policía Nacional investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que autorizó además a los agentes a solicitar varios expedientes sancionadores a la institución presidida por Elvira Rodríguez (en la imagen).

elvira1
Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

La Policía Nacional investiga el patrimonio de varios altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concretamente cinco, sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió las diligencias de investigación 45/2015 tras recibir un extenso informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Con el visto bueno de la Fiscalía, los agentes analizan ahora las cuentas, las viviendas, los vehículos y los depósitos bancarios de estos responsables de la CNMV. El objetivo es localizar una discrepancia entre sus ingresos oficiales y su patrimonio real; un enriquecimiento ilícito procedente de una fuente no declarada que avale la tesis del soborno. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al procedimiento, la medida es de especial interés para la causa, ya que de su resultado depende en gran medida que la investigación avanzada por la UDEF pase a una segunda fase con una denuncia formal de la Fiscalía.

A por los expedientes

El 27 de julio, la Policía Nacional se presentó en la sede de la CNMV y solicitó a su presidenta Elvira Rodríguez varios expedientes sancionadores abiertos por el organismo. El objetivo de la pesquisa es conocer de primera mano las distintas decisiones que se tomaron para retirar varias licencias, los informes técnicos que las avalaron y los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente firmaron las sanciones.

Estas y otras medidas, aprobadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, surgieron a consecuencia de una “propuesta de investigación” presentada por la UDEF antes de verano. El informe, de 178 páginas y siete anexos, se sustenta en las denuncias presentadas por varios afectados, declaraciones de testigos y el testimonio de ex trabajadores de la CNMV que confirmarían la manipulación de los expedientes sancionadores.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la denuncia policial pone el foco sobre cinco funcionarios concretos que forman o formaron parte de la plantilla de la CNMV. Cinco funcionarios relacionados con el departamento de inspección de entidades, el organismo que se encarga de fiscalizar tanto a las agencias de inversión como a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

El escrito presentado por la Policía Nacional ante la Fiscalía para dar pie a estas pesquisas explica que los funcionarios bajo sospecha pudieron cometer delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. La investigación patrimonial iniciada ahora se centra en confirmar o desmentir si alguno de los señalados se enriqueció de forma ilícita. Pero no arrojará luz sobre otras sospechas como la falsedad documental o las amenazas, basadas de forma indiciaria en la documentación y los testimonios recabados por la UDEF.

 

 

 

Los Sumarroca ofrecieron 1,5 millones de euros de fianza para evitar la prisión

suma1

Un millón y medio de euros como gesto para evitar la cárcel. Esa fue la oferta que los abogados de la familia Sumarroca pusieron sobre la mesa tras la detención, el pasado 24 de julio, de tres miembros del clan familiar en el marco de la Operación Petrum. No funcionó. El juez consideró que existía riesgo de fuga sobre Jordi Sumarroca (en la foto), hijo del fundador de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y decidió ingresarle en prisión preventiva sin fianza.

suma1
Jordi Sumarroca Claverol.

Un millón y medio de euros a cambio de no ir a prisión. Esa fue la oferta que los abogados de la familia Sumarroca pusieron sobre la mesa tras la detención, el pasado 24 de julio, de tres miembros del clan familiar en el marco de la Operación Petrum. Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco, su prima Susana y el padre de esta, Joaquim Sumarroca, fueron detenidos por la Guardia Civil  y acusados de pagar fuertes comisiones al ex alcalde de Torredembarra (Tarragona). Unas mordidas entregadas según la investigación de la Guardia Civil a cambio de contratos de obra pública.

Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, el clan de los Sumarroca -fundadores junto a la familia Pujol de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC),- abonó en dos años 1,43 millones de euros al entonces primer edil de Torredembarra, Daniel Masagué, ahora detenido. Por eso, los abogados de la familia se ofrecieron a depositar una cuantía similar -millón y medio de euros- a cambio de que los tres acusados no pisaran la cárcel. No funcionó.

El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, encargado del caso, decretó la prisión provisional para Jordi Sumarroca Claverol, hijo del fundador de CDC y máximo responsable de Teyco, la mercantil investigada. Tras más de un año de pesquisas y con una imputación formal sobre sus espaldas, Jordi Sumarroca está acusado de presuntos delitos contra la administración pública, blanqueo de dinero y organización criminal.

Prisión por riesgo de fuga

Tras la segunda fase de la operación, sucedida la pasada semana, la Guardia Civil se centra en confirmar el flujo de dinero entre las empresas de la familia Sumarroca  y dos sociedades del ex alcalde de CiU: una panadería llamada Maes Flequers i Pastissers y una inmobiliaria llamada Daloi. Un dinero que cambió de manos entre diciembre de 2011 y agosto de 2013. A la prisión preventiva decretada para el hijo de Carles Sumarroca se une la retirada de pasaporte para sus dos familiares, Susana y Joaquim Sumarroca, decretada por el juzgado encargado de la instrucción.

En el caso de Jordi Sumarroca, pese a su disposición a ingresar 1,5 millones de euros de fianza, el juez atendió la petición de prisión provisional solicitada por la fiscalía ante un posible riesgo de fuga.

Los tres miembros de la familia Sumarroca detenidos el pasado viernes han pasado a engordar la lista de imputados de la causa, que cuenta ya con el ex alcalde de Torredembarra y otros seis ediles de distinto signo político.

No es la primera vez que la Guardia Civil registra las oficinas de Teyco. El pasado verano, agentes de instituto armado realizaron ya un primer registro en las instalaciones de la empresa mercantil que el clan tiene en Barcelona. Ahora, los registros se han centrado también en la vivienda barcelonesa de Jordi Sumarroca, donde la Guardia Civil se incautó de distinta documentación y realizó una copia de todos los dispositivos informáticos.