Un sistema proporcional habría dejado al independentismo catalán sin mayoría absoluta

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Ciudadanos propuso este martes un sistema electoral más proporcional para Cataluña. Aquí calculamos qué habría ocurrido en las elecciones del domingo con tres sistemas alternativos. 

Artur Mas convocó las últimas elecciones el 3 de agosto. En la disposición que publicó el Diari Oficial invocaba “la disposición transitoria cuarta del Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979”. El texto jurídico que regula la conversión de votos en escaños en las elecciones catalanas en 2015 fue aprobado durante la Transición.

La aprobación de una ley electoral que derogue esa disposición necesita el voto de dos tercios del Parlament: 90 diputados. Nunca ha habido un consenso suficiente. Los diputados más necesarios (los del partido tradicionalmente mayoritario en Cataluña, Convergència) nunca lo han visto claro.

El Estatut vigente dice que el sistema electoral “debe asegurar la representación adecuada de todas las zonas del territorio de Cataluña”. En términos demográficos, Cataluña es lo que se conoce como una macrocefalia: está dominada por Barcelona y su área metropolitana, donde vive el 75% de los catalanes.

El sistema electoral actual cumple una parte de ese mandato del Estatut: “Asegura la representación de todas las zonas del territorio”. La pregunta es si es la “adecuada”.

Escaños caros, escaños baratos

En las elecciones del domingo, un escaño en Lleida costó 13.816 votos y en Barcelona, 34.658. Son los dos extremos: un voto en Lleida vale 2,5 veces más que en Barcelona. Los escaños en Girona y Tarragona costaron cerca de 22.000 votos.

Los partidos nacionalistas suelen tener mejores resultados fuera de Barcelona. De ahí que Convergència esté cómoda con este sistema. Los partidos de izquierdas o nacionales preferirían ir hacia un sistema más proporcional. Es decir, un sistema en el que el voto de cualquier persona valga lo mismo (o casi) en todo el territorio, incluida Barcelona. Esto tendría una desventaja: la atención durante la legislatura a zonas menos pobladas podría ser menor porque luego el castigo electoral sería imperceptible.

Durante el Gobierno tripartito de PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya, el Parlament creó una comisión de expertos apadrinados por los distintos partidos para preparar una nueva ley electoral. En 2007 publicaron su informe. Hemos contactado con cinco de los seis miembros de aquella comisión. Sólo han accedido a hablar dos: el presidente Josep M. Colomer y el vocal Josep Maria Reniu. Agustí Bosch y Jaume Magre han preferido no comentar nada. Joan Botella estaba ocupado. Proponían un sistema basado en las veguerías: unas divisiones geográficas catalanas de origen medieval. En Cataluña hay siete veguerías que sustituirían como circunscripciones electorales a las cuatro provincias actuales. En 2009, Colomer convirtió aquel proyecto en un borrador de ley electoral; la única vez en 35 años que se ha estado tan cerca. Pero no se aprobó.

El modelo mejora la relación entre el número de habitantes de una región y el número de diputados que tiene asociados. Lo hace asignando más escaños a las veguerías de Barcelona pero conservando cierto sobrepeso en el resto de regiones menos pobladas. De nuevo el objetivo es asegurar esa “representación adecuada” del territorio. Ese sobrepeso es particularmente fuerte en dos veguerías: Aran (Lleida) y las tierras del Ebro (Tarragona).

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Y sin embargo con los resultados de 2015 este modelo alternativo no mejora la proporcionalidad. Es decir, la relación entre los votos a un partido y los escaños que obtiene. Lo que hace es introducir un sesgo mayoritario que beneficia a los partidos más votados, especialmente en las regiones menos pobladas.

Un miembro de esa comisión, Josep Maria Reniu, dice que es inútil valorar un sistema electoral nuevo “con la calculadora en la mano” porque el comportamiento del votante sería distinto.

A continuación hemos tomado los resultados de las elecciones del 27 de septiembre y hemos asignado los escaños con tres repartos alternativos: el de las veguerías, un reparto por provincias pero más proporcional que el actual y un distrito único. Las veguerías, según Reniu, son “el mejor sistema teórico para una realidad política concreta”. Pero quienes prefieran un sistema más proporcional no lo verán tan claro.

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La segunda alternativa es parecida a la propuesta que hizo el PSC en el último debate para reformar la ley en mayo de 2015: usar las cuatro provincias actuales pero asignando a cada una un número de escaños proporcional a su población. Ahora mismo Barcelona tiene 85 escaños. Esta alternativa le asignaría 101.

La tercera propuesta es la proporción pura: un voto vale lo mismo en cualquier rincón del territorio. Madrid o La Rioja tienen sistemas de circunscripción única. En esta simulación hemos eliminado también la barrera del 3% de votos para entrar. Sin esa barrera, además de Unió, habría entrado en el Parlament el partido animalista PACMA.

El distrito único evidencia el dilema entre personas y territorios. Da todo el peso a las personas (por eso es proporcional) y ninguno a los territorios. Pero si queremos que un sistema electoral represente también la singularidad de cada región, la única forma de hacerlo es restar proporcionalidad al reparto porque las regiones no tienen la misma población. Es decir, los votos de algunas personas contarán menos para que los votos de los otras regiones valgan más.

La tabla siguiente muestra la desproporción entre los votos que recibe un partido y el número de diputados que habría obtenido con cada propuesta de reparto. De nuevo es una simulación con los votos de las elecciones del domingo pasado.

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Con el sistema actual, los partidos más votados tienen una ligera sobrerrepresentación: Junts pel Sí ha obtenido el 39,5% de los votos y con eso logra el 46% de los diputados. El efecto no es demasiado acusado. El reparto con el sistema de las veguerías exagera ese efecto: JxSí hubiese logrado un 48% de los diputados con los mismos votos. Ocurre así porque dos veguerías son muy pequeñas —Arán reparte sólo tres escaños y Tierras del Ebro sólo cinco—, lo que provoca a menudo un efecto que favorece a los partidos con más apoyo en esos lugares. Con los votos de 2015 habría sido exactamente así y Junts pel Sí habría logrado los ocho diputados de esas dos regiones. Como era previsible, la segunda alternativa mejora la proporcionalidad. Lo mismo que el reparto por distrito único, que ajusta las proporciones de votos a las de escaños.

Una ley basada en el informe de aquella comisión no sólo cambiaría el reparto de escaños. También propiciaría otros cambios. Por ejemplo, que los votantes pudiesen reordenar los miembros de una lista con el sistema de listas cerradas pero no bloqueadas. El fracaso del borrador de la ley en 2009 se debió sobre todo a esta cuestión: “En realidad ni CiU ni PSC la querían porque los dos querían mantener las listas cerradas”, dice Colomer. Otras novedades de aquella propuesta eran reducir el coste de votar o regular los gastos de campañas.

Es un debate complejo. No hay una solución para dilemas como el que afronta la proporcionalidad con la representación territorial. Además Convergència tiene pocos incentivos para variar una ley que le beneficia y que está basada en el sistema que rige el resto de España. En general, un partido en el poder tiene pocos incentivos a cambiar las reglas si esas reglas son precisamente las que le llevaron al poder. Es más fácil que una ley electoral se reforme si un partido pequeño lo pone como condición para entrar en una coalición de gobierno.

Lo que tienes que saber del sistema D’Hondt

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El autor, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, explica las claves del método electoral D’Hondt y rechaza la crítica de que no garantiza la proporcionalidad en las circunscripciones más pequeñas. Arnaldo sostiene que es una fórmula válida ante el nuevo escenario político español con el surgimiento de fuerzas emergentes porque, en contra de lo que se afirma, no asegura el bipartidismo.

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El autor, catedrático de Derecho Constitucional de la Rey Juan Carlos, explica las claves del método electoral D’Hondt y rechaza la crítica de que no garantiza la proporcionalidad en las circunscripciones pequeñas. Dice que es una fórmula válida ante el nuevo escenario político español con el surgimiento de fuerzas emergentes porque, en contra de lo que se afirma, no asegura el bipartidismo.


El origen de nuestro actual sistema electoral no se encuentra en la Constitución, sino en el decreto-ley de normas electorales de 1977, que permitió la celebración de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de ese año. Su contenido pasó directamente a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 porque la Constitución no lo alteró lo más mínimo. Imperó el principio de conservación en torno a una cuestión central del funcionamiento del Estado democrático, sobre la que se daba el más amplio consenso no solamente entre los dos grandes partidos estatales (UCD y PSOE, en aquel momento) sino también entre las dos fuerzas nacionalistas (CiU y PNV).

El contenido del sistema electoral está constituido por los siguientes elementos en relación con el Congreso de los Diputados:

  • La provincia como circunscripción electoral.
  • La distribución de los escaños con un mínimo provincial de dos y el resto -hasta los 350- en función de la población de cada provincia.
  • Las listas cerradas y bloqueadas.
  • La barrera electoral del 3%, de manera que quedan excluidos del reparto de escaños los partidos que no alcanzan ese mínimo porcentaje de votos.
  • La fórmula inventada a finales del siglo XIX por un matemático belga llamado Víctor D’Hondt que se conoce por su nombre.

Todas las leyes autonómicas han copiado estos elementos estructurales con leves matizaciones. En Asturias y Murcia, la provincia se divide en varios distritos. En los archipiélagos, la isla es la circunscripción, pero en el resto se mantiene como tal la provincia.

En algunas comunidades se eleva la barrera electoral -por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que la establece incluso a nivel regional- y en otras, como Canarias, se establece una doble barrera, insular y autonómica. En algunas comunidades, en fin, se determina el número de diputados y se distribuye de forma fija (Extremadura, Cataluña o País Vasco) y en otras es variable en razón de la población. Pero todas las leyes electorales autonómicas, sin excepción, hacen suya como fórmula repartidora de los escaños el método D’Hondt o de los mayores cocientes.

Un modelo extendido en Europa

El éxito de este método no se acaba ahí, pues es el mismo para el reparto de los escaños del Parlamento Europeo, pero también para las elecciones locales. Concluimos, así, que es una fórmula universalizada para todas las elecciones políticas españolas, incluidas las de territorios históricos y cabildos y consejos insulares. Un aplastante triunfo que se debe, aparte del principio de conservación de lo ya conocido y experimentado, al consenso en torno al mismo (y a la falta de consenso para su modificación), a su neutralidad operativa y a su eficacia para reflejar el pluralismo político y social existente. Ello queda demostrado por el hecho de que ha permitido tanto la alternancia como la formación de gobiernos estables.

Hay muchas fórmulas ideadas, pero la de D’Hondt es la más extendida entre los países europeos (Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Portugal, Suiza, entre otros). ¿En qué consiste? En un reparto de escaños basado en el principio de proporcionalidad. Los puestos no se los llevan los partidos que más votos obtienen (fórmula mayoritaria) sino que se distribuyen en función del número de votos obtenido por cada uno. No existe, obviamente, una exacta o matemática proporción sino una aproximación a la proporción, de forma que el grado de proporcionalidad está en función del método mismo, del número de escaños a repartir, del tamaño de las circunscripciones y del porcentaje de barrera o tope electoral.

Los resultados que ofrece el método D’Hondt son parecidos a los de la llamada fórmula de la media más elevada o de Dietz, pero se consiguen por un procedimiento diferente. En efecto, el número total de los votos obtenidos en cada circunscripción por cada formación política se divide por 1, por 2, por 3, por 4 y así tantas otras divisiones como escaños deben cubrirse (por ejemplo, hasta 36 en las elecciones al Congreso de los Diputados por Madrid, o hasta 129 en las elecciones a la Asamblea madrileña, o hasta 57 en las elecciones al Ayuntamiento de la capital).

De esta forma se obtienen los cocientes correspondientes a cada uno de los partidos políticos y esos cocientes se ordenan de mayor a menor, esto es, en orden decreciente. Los escaños corresponden a los cocientes mayores hasta agotar el último de los escaños a reparto.

En este enlace hay un ejemplo práctico de la aplicación de la fórmula D’Hondt:

http://elecciones.mir.es/generales2008/i_visita8.html

Prima a los grandes partidos

Decía la exposición de motivos del decreto-ley de 1977 que el método D’Hondt “supone un poderoso corrector al excesivo fraccionamiento de la representación parlamentaria” o, lo que es lo mismo, comporta una prima para los partidos grandes, un plus que algunos politólogos han cuantificado en el entorno del 8% al 10%.

Para los críticos, el método D’Hondt produce efectos mayoritarios o de beneficio a los grandes y medianos, en perjuicio de los terceros partidos. Y se ponen ejemplos de desproporción entre votos y número de escaños obtenidos por los partidos minoritarios a nivel nacional. En las últimas elecciones generales, Izquierda Plural obtuvo el 6,92% de los votos y 11 escaños; UPyD, con el 4,7%, 5 escaños. Por contra, CiU, con el 4,17%, alcanzó 16 escaños y PNV, con el 1,33%, logró 5 escaños. En cuanto a las dos formaciones mayoritarias, el PP, con el 44,62%, consiguió 186 escaños y el PSOE, con el 28,73%, 110 diputados.

Las objeciones a la fórmula electoral D’Hondt se ha centrado no en sus deficiencias matemáticas para alcanzar la ansiada proporcionalidad sino en la combinación de la misma con circunscripciones reducidas -que son, al menos, la mitad de las españolas- porque se favorece a los partidos más votados en cada una de ellas. El maestro alemán Dieter Nohlen sentó esta interpretación al principio de los 80 y todos los sociólogos electorales la han repetido desde entonces.

Conforme a esta tesis, en todas las circunscripciones que eligen menos de 6-7 diputados no habría una real proporcionalidad sino una mera línea tendencial hacia ella. Los dos grandes partidos se repartirían los escaños en disputa, con prácticamente nulas posibilidades para los terceros o cuartos partidos.

Claro está, en esta valoración no se tienen en cuenta variables como la tendencia a la concentración del voto (frente a la dispersión) o el recurso al voto útil (frente al voto ideológico) o la propia implantación de los formaciones grandes en todo el territorio (frente a la falta de homogeneidad de otros). Los efectos del sistema electoral y, en concreto, el de la potenciación del bipartidismo no derivan sin más de la fórmula D’Hondt, sino de un conjunto de factores psicológicos condicionantes del comportamiento electoral y de otros que podemos calificar de estructurales, consecuencia de la propia organización de los partidos.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha sancionado la constitucionalidad de las impurezas de nuestro sistema electoral al señalar que no se pretende “establecer un sistema puro de proporcionalidad sino una orientación o criterio tendencial, porque siempre su puesta en marcha quedará modulada o corregida por múltiples factores del sistema”, como acabamos de argumentar con otras palabras. En definitiva, la relativa desproporcionalidad es perfectamente legítima desde el punto de vista constitucional, que sólo vedaría “diferencias excesivas no razonablemente justificadas” porque serían discriminatorias. Recordemos las palabras del profesor Montero: “Todos los sistemas electorales dan lugar a efectos desproporcionales, la cuestión es de grado”.

Bipartidismo

La gran pregunta que se nos abre ante el nuevo escenario político español es si el aserto de que la fórmula D’Hondt no produce efectos proporcionales salvo en la mitad de las circunscripciones -las que eligen más de 6 ó 7 escaños- es sostenible. A los dos partidos mayoritarios de centro-derecha y de centro-izquierda se suman otras dos formaciones de ámbito también nacional, además de los distintos grupos nacionalistas que concentran su representación en sus territorios.

Pues bien, desde el punto y hora en que pueden darse porcentajes de voto similares -entre el 20% y el 30%- para, cuando menos, tres partidos, puede producirse el efecto de que los tres tengan representación en una circunscripción que solamente reparta tres, cuatro o cinco escaños. O dicho de otra manera, la fórmula D’Hondt no es garante del bipartidismo.

Es cierto que los partidos con menos de un 15% de los votos van a tener mucho más difícil el acceso al “botín” denominado escaño en esas circunscripciones de pequeño tamaño, salvo que todas las formaciones concurrentes tengan entre el 25% y el 15%, en cuyo caso sí accederían. En conclusión, podemos ver perfectamente que los terceros y cuartos partidos entren en distritos de pequeño y mediano tamaño, lo que demuestra que la fórmula D’Hondt no produce por sí efectos mayoritarios sino que ello está en función del grado de concentración o dispersión del voto.

21 reflexiones a vuelapluma sobre las elecciones andaluzas

Andalucía

Ni en Argentina he oído a los ciudadanos hablar tan mal de su gobierno como en Andalucía. Y eso es mucho decir. Pero en Andalucía seguirá gobernando el PSOE cuatro años más al igual que en Argentina seguirá gobernando el peronismo.

Andalucía

1. Decía ayer el editorial del diario El Mundo que “lo importante es que Díaz impulse desde hoy el cambio que los andaluces le demandan”. ¡Fino análisis político, vive Dios! Si esta es la manera que tienen los andaluces de demandar “cambio” a Susana Díaz, mejor no andar por España cuando les dé por pedir “inmovilismo”. Lo mismo resucitan el garrote vil. ¡O el cóctel de gambas!

2. Las elecciones las ha ganado el Partido Regional Nacionalista Andaluz, más conocido por su seudónimo de “el PSOE”. Tanto tiempo llevan gobernando Andalucía (y lo que te rondaré morena) que ya no se sabe si son un partido o un coxis. Es decir, un órgano vestigial. El resto de una cola prehistórica que dejó de resultarnos útil hace decenas de miles de años. Y que sin embargo ahí sigue, inasequible al desaliento y a la selección natural.

3. Casi no lo recuerdan ya ni los estudiantes de derecho más aplicados, pero la primera Constitución española, y en términos relativos históricos la más moderna y liberal de todas ellas, fue promulgada en Cádiz en 1812. No es verídico pero sí verosímil pensar que en algún momento indeterminado entre 1812 y 1978 los alienígenas reemplazaron a los andaluces originales por una especie completamente diferente. Los motivos de esta extraña pero entrañable raza para seguir votando al PSOE elección tras elección se me escapan, pero no pueden ser buenos.

4. El mejor chiste leído en las redes sobre las elecciones andaluzas: “Si los andaluces fueran dinosaurios, votarían al meteorito”. Y es que lo de los andaluces no es obcecación: es resiliencia. Hay bacterias congeladas en el permafrost de las regiones glaciares con menos aguante que el andaluz medio.

5. Intento imaginar qué debería hacer el PSOE para que los andaluces dejaran de votarle y solo me viene a la cabeza el cuadro del pintor británico del siglo XIX John Martin La destrucción de Sodoma y Gomorra. Si se fijan bien, ahí en el extremo izquierdo, a punto de ser engullido por la lava, puede verse a un andaluz chillando: “¡No me arrepiento! ¡Volvería a hacerlo una y mil veces!”.

6. Lo de UPyD es graciosísimo.

7. Podemos se ha quedado con la cifra de escaños que le auguraban las peores encuestas. Sus 590.011 votantes habrían sido interpretados como un éxito avasallador en manos de cualquier otro que no fuera Pablo Iglesias, pero de él sus acólitos esperan milagros. Como la dictadura del proletariado para pasado mañana, por ejemplo. La cara de Teresa Rodríguez la noche del domingo era un holocausto y no se entiende muy bien por qué.

8. Que nadie desprecie, por cierto, el tirón de Iglesias entre los nihilistas de derechas. No me extrañaría nada que una parte quizá no muy importante, pero sí sintomática, de los votos que va a perder el PP en las próximas generales se los llevara Podemos. Aquí lo que algunos pretenden es que el sistema nacido de la Constitución del 78 reviente: la ideología del dinamitero es lo de menos.

9. IU es la viva imagen de la irrelevancia. Las razones de los 273.927 votantes de Maíllo para votarle a él y no al macho alfa de la manada izquierdista Pablo Iglesias son 100% incomprensibles. Nostalgia o melancolía, probablemente.

10. Definitivamente, en España hay tres comunidades que operan con una lógica política independiente de la del resto del país: Cataluña, País Vasco y Andalucía. Nací en la primera de ellas y vivo en la última, pero algún día seré un español normal.

11. No puedo evitarlo: aparece Juan Manuel Moreno Bonilla por la tele y me suena automáticamente en la cabeza el Adagio para cuerdas de Samuel Barber.

12. Para resiliencia, la del bipartidismo. Ochenta escaños de ciento nueve. El 73%: casi nada. El bipartidismo español está como el manchego de las noticias, el que recibió seis puñaladas en el bar y siguió tomándose cervezas con los amigos porque él “se recupera pronto”. Y Rajoy y Pedro Sánchez, a verlas venir. A estos dos les rebanan la cabeza y siguen pidiendo bravas con lenguaje de signos, como si tal cosa.

13. El sistema electoral español es una tortura de realismo para los románticos y una pesadilla de lenta digestión para los impacientes, pero para los románticos impacientes debe de ser una maldición gitana. Y de las pegajosas.

14. Leo en la portada del Vogue español de enero el titular El nuevo culo XXL. ¿Está aquí para quedarse? Es lo mismo que me pregunto yo de Ciudadanos.

15. Dice Gabriel Albiac en ABC que no cree en la posibilidad de que Susana Díaz recurra a Ciudadanos porque los de Rivera son gente decente. Estoy de acuerdo. Como canta La Bien Querida, muchas «eses de amor con las caderas» va a tener que hacer el PSOE para camelarse a Ciudadanos. Porque Rivera tiene una oportunidad de oro para comerse a medio PP, a todo UPyD y buena parte del PSOE más centrista en las próximas generales a poco que acierte con su política de alianzas. Que lea a Maquiavelo.

16. Los interventores de un colegio electoral de Ubrique abrieron durante el recuento electoral de la noche del domingo un sobre que contenía dos hermosas rodajas de chorizo. Hay fotos que lo prueban. Deduzco que el voto, tras sesudas deliberaciones, se repartió a pachas entre PP y PSOE, así que el recuento final debería haber sido en realidad 1.409.041,5 para PSOE y 1.064.167,5 para PP. Muy fan de los medios votos metafóricos: deberían aceptarse como válidos.

17. Solo lo habré recomendado unos pocos cientos de veces en mis artículos, así que lo hago una vez más: The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies, de Bryan Caplan. Es decir “El mito del votante racional: Por qué las democracias escogen malas políticas”. Ahí está explicada Andalucía entera.

18. Pero no seamos demagogos. En las elecciones autonómicas andaluzas de 2004, el PSOE obtuvo 2.260.545 votos. En las de 2008, 2.148.328. En 2012, 1.570.833. En 2015, 1.409.042. En porcentajes de votos, 50,36%, 48,41%, 40,66% y 35,43%. El PSOE ha perdido en once años a casi uno de cada tres votantes. La sangría es atroz. Ponen buena cara porque han ganado, pero en diez años más estarán en números rojos.

19. Ni en Argentina he oído a los ciudadanos hablar tan mal de su gobierno como en Andalucía. Y eso es mucho decir. Pero en Andalucía seguirá gobernando el PSOE cuatro años más al igual que en Argentina seguirá gobernando el peronismo gane quien gane las próximas elecciones. El socialismo andaluz es tan solo una forma ligeramente más sofisticada de peronismo.

20. Como decía Enric González en su artículo del domingo en el diario El Mundo, en Andalucía se vive muy bien. Con “satisfacción”, escribía. Y eso es verdad. Pero también es verdad que Andalucía es un infierno para todos aquellos ciudadanos que aún viven la política con ilusión. Aquellos pocos que depositan su voto con la esperanza de que algo cambie en su comunidad. Para bien, se entiende. Hay que acordarse más de ellos. ¿Qué culpa tendrán los pobres?

21. Cuando los andaluces despertaron, el 34% de paro todavía estaba allí.

Susana Díaz, obligada a pactar con PP o con Podemos para gobernar

Sondeo electoral Andalucía

El estudio de Jaime Miquel y Asociados para EL ESPAÑOL augura una victoria del PSOE en las elecciones andaluzas con 1.147.458 votos. Una cifra que supondría el 30,6% de los votos válidos y otorgaría a los socialistas 40 escaños en el Parlamento andaluz pero que sin embargo dejaría a Susana Díaz en una situación muy complicada para formar gobierno.

Sondeo Andalucía

El estudio de Jaime Miquel y Asociados para EL ESPAÑOL augura una victoria del PSOE en las elecciones andaluzas con 1.147.458 votos. Una cifra que supondría el 30,6% de los votos válidos y otorgaría a los socialistas 40 escaños en el Parlamento andaluz. El Partido Popular lograría tres puntos menos con 1.043.229 votos válidos y 36 escaños. Podemos sacaría hasta 22 escaños con un 18,9% de los votos. Casi el doble que Izquierda Unida, que apenas lograría 10 escaños y un 9,7% de los votos. UPyD entraría en el Parlamento con un escaño y 151.508 sufragios y Ciudadanos y el Partido Andalucista se quedarían fuera con algo menos de 100.000 votos en esta elección.

Esta estimación se calcula teniendo en cuenta los antecedentes electorales y las encuestas publicadas en Andalucía y en toda España sobre la base de una participación mínima equivalente a la de las autonómicas de 2012. Aquí puedes ver nuestros datos y más detalles sobre nuestro método.

1. Terremoto político desde 2008.

El mapa político andaluz ha sufrido una transformación profunda desde 2008. El PSOE retrocede más de un millón de votos y 16 escaños. El PP cede 690.000 votos y 10 escaños. El ciclo electoral que formaron las municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008 reflejó los valores máximos del bipartidismo en España. IU se mantiene en un umbral de voto similar al que obtuvo en aquella convocatoria de 2008 aunque con cuatro escaños más por el batacazo del PP y PSOE. Podemos, en cambio, irrumpe de la nada con más de 700.000 votos y 22 escaños doblando la posición de IU y pisándole los talones al PSOE y al PP.

2. El fin del bipartidismo.

Hay una lucha entre el PSOE y el PP por ser la lista más votada y eso debería elevar la participación al menos cinco puntos más. Pero esa pugna está muy lejos de la de las elecciones del 2008. Entonces ambos partidos rozaron los cuatro millones de votos y los 103 escaños. Hoy rondan apenas dos millones y 77 escaños. El bipartidismo llegó a representar en Andalucía el 86,9% de los votos válidos en 2008. Hoy sólo supone un 58,4% pero está por encima de lo que el CIS dibuja para España: un 49,7% de votos válidos para el PP y el PSOE.

3. Por qué el PP lo tiene muy difícil.

En contra del PP juegan las candidaturas de Ciudadanos y UPyD, cuyos votos se anulan al no formar una candidatura única. UPyD lograría un diputado por Málaga y cuenta con un considerable despliegue territorial en Andalucía que Ciudadanos no tiene. Aun así, los dos partidos sumarán por separado casi 250.000 votos que no irán a parar al PP.

4. Los problemas del PSOE.

En su contra del PSOE juega el auge arrollador de Podemos, que podría lograr un 18,9% de intención de voto y que tiene margen para progresar aún más a costa del partido en el Gobierno andaluz. Aunque quizá, según se tense la campaña y el debate se centre en el PP y el PSOE, los socialistas podrían frenar ese avance.

5. El destino de UPyD, Ciudadanos y PA.

Tanto UPyD como Ciudadanos se anulan. El partido de Rosa Díez consigue representación por Málaga y está cerca de conseguirla en Sevilla. Pero la tendencia al alza de Ciudadanos y su líder Albert Rivera no beneficia a UPyD. Estas elecciones darán la medida del alcance del desencuentro de estos dos partidos y de la posibilidad de que alguno de los dos puedan llegar un día a reemplazar al PP. El Partido Andalucista, por su parte, está muy lejos de volver al Parlamento andaluz. Entre los tres partidos sumarán casi 350.000 votos y sólo uno tendrá representación: el escaño por Málaga de UPyD.

6. Lo que ocurrirá después.

Nuestra estimación augura que la suma de PSOE e IU no lograría la mayoría absoluta. Se quedaría a cinco escaños de los 55 necesarios y no sería viable la fórmula de gobierno que ha funcionado desde 2012 y que ha desencadenado este adelanto electoral. El PSOE en solitario podría perseguir la abstención de IU y Podemos, que deberán medir muy bien sus pasos para no hipotecar su estrategia en este año electoral.

Entre el PP y el PSOE hay una diferencia de 100.000 votos. No es descabellado un escenario en el que el PP sea el partido más votado. Sucedió en 2012 y entonces no existía Podemos. ¿Ayudará Podemos a Susana Díaz en la investidura para que no gobierne Juan Manuel Moreno? Por ahora no lo sabemos. Nuestra estimación sí indica que el PSOE ganará a Podemos en Andalucía. Pero el resultado actuará como un factor promocional para las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo.

7. La abstención, la gran olvidada.

Esta estimación contempla los números antes de que empiece la campaña. Si las elecciones se celebraran el primer día de febrero, se abstendrían casi dos millones y medio de votantes: unos 750.000 electores más que en 2008 y cerca de un 40% de la población. Un dato aún más significativo que el de la irrupción de Podemos en el Parlamento andaluz. Esa estimación de abstención irá mermando según avance la campaña por la pugna entre el PSOE y el PP por quedar primeros, por el auge de Podemos, por la tendencia al alza de Ciudadanos y por la presencia de UPyD. Al menos votarán unas 300.000 personas que hoy por hoy no lo tienen previsto y la participación rozará el 70%.

8. El efecto de la legislación electoral.

El PSOE perdió 600.000 votos y sólo nueve diputados en 2012 con respecto a las elecciones del 2008. El mal resultado del PP y el pacto con IU enmascararon este batacazo. Perder 600.000 votos le costó sólo nueve diputados. En cambio, Podemos obtendría ahora 22 escaños con 700.000. Son los efectos de una legislación electoral que hay que tener en cuenta para analizar cualquier proceso electoral. Ahora sucederá lo mismo. Susana Díaz perderá 400.000 votos y sólo siete diputados mientras que IU sacará casi los mismos votos que pierde Díaz y ganará 10 escaños. Provincias como Sevilla y Málaga están subrepresentadas en beneficio de Jaén, Almería o Córdoba. Con una distribución más proporcional de los escaños según la población, UPyD consolidaría sus escaños en Sevilla y Málaga.

9. Andalucía, clave para mayo.

Andalucía es un lugar electoralmente complicado. Más complejo que Cataluña desde el punto de vista electoral y con una influencia muy grande sobre el territorio español. El PSOE ha sido hasta ahora el partido hegemónico. Pero esta vez la irrupción de Podemos perfilará la campaña de las elecciones municipales y autonómicas y condicionará cualquier escenario poselectoral. Nuestra estimación refleja el fin del bipartidismo. La distancia en número de escaños será mínima entre el PSOE y el PP porque Podemos irrumpe con fuerza y disputa la primera plaza. En otras palabras, nadie tendrá mayoría absoluta. Sólo nos quedaría por despejar una hipótesis remota: que Podemos pierda fuelle y el PSOE se sitúe en torno a los 45 escaños. En ese caso, los 10 diputados de IU serían suficientes para reeditar un acuerdo como el actual.

El Manifiesto del Ateneo

“Nosotros somos nuestra patria”: el texto que establece las bases de lo que será la línea editorial de EL ESPAÑOL.

Vuelvo al Ateneo ya como socio de la “docta casa”. Si Azaña habló en su famoso discurso de 1930 de las tres generaciones del Ateneo refiriéndose a la de los Alcalá Galiano y Martínez de la Rosa, a la de los Castelar y Juan Valera y a la suya propia, con Ortega y Unamuno entre sus puntales, pronto podemos identificar a otras tres generaciones y yo me sentiré muy honrado de haberme incorporado a la sexta.

Conste mi agradecimiento a estos tres grandes columnistas que me han acompañado hoy. Por lo que han dicho aquí pero sobre todo por lo que han dejado escrito a lo largo de los años. Gistau, Jabois y Ussía encarnan la mejor tradición del periodismo literario español: la de la excelencia en la escritura. En sus textos reverbera la prosa de Azorín y de Ruano, de Bonafoux y Fernández Flórez, de Camba y de Umbral… He tenido la suerte de haber contado en El Mundo con Gistau y Jabois -dos centauros del desierto con cabeza de literato, cascos de reportero y corazón indomable- y la desdicha de no haberlo conseguido con Ussía, pero a cambio me ha elegido para presentar su nueva entrega de la saga de Sotoancho. El lunes habrá pues partido de vuelta en el Palace.

Umbral prologó el primer volumen de mi antología de Cartas del Director publicado en 2005 cuando se cumplieron 25 desde mi nombramiento al frente de Diario 16. Este segundo volumen recoge textos publicados durante nueve años más hasta mi destitución como director de El Mundo en enero de este año. La selección atañe pues a los años de Zapatero y Rajoy en la Moncloa aunque no los abarque por completo.

Si se titula Contra Unos y Otros no es tan sólo porque mi obra refleje la función adversativa consustancial al periodismo; no es tan sólo porque yo siempre me haya sentido, al modo de Montaigne, “gibelino entre los güelfos y güelfo entre los gibelinos”; no es tan sólo porque el perro guardián tenga que ejercer su labor de vigilancia, gobierne quien gobierne.

No, si se titula Contra Unos y Otros es porque durante este concreto periodo de tiempo, como le escribía Larra a su director Andrés Borrego el año anterior a su suicidio, “constantemente he formado en las filas de la oposición. No habiendo un solo ministerio que haya acertado con nuestro remedio, me he creído obligado a decírselo así claramente a todos”.

Es cierto que si nos atenemos a la reacción personal de Zapatero y Rajoy frente a esas críticas, me ha tocado vivir una gran paradoja.

Un líder de izquierdas, al que no respaldé casi nunca y al que critiqué con gran dureza casi siempre, dio un ejemplo de tolerancia y fair play, aceptando las reconvenciones más severas como parte de la normalidad democrática, manteniendo conmigo una buena relación personal, rayana a veces en la intimidad, a sabiendas de que siempre me tendría enfrente en asuntos clave.

En cambio un líder de centro-derecha, para el que pedí tres veces el voto y al que acogí con claras muestras de apoyo, rompió todos los puentes, que él mismo había tendido con interesado ahínco durante su larga travesía del desierto, en cuanto llegó al poder y recibió mis primeras críticas; y se lanzó ferozmente a mi yugular, en cuanto vio comprometida su supervivencia política por sus SMS de apoyo a Bárcenas, publicados en la portada del periódico. De hecho fue él y no yo quien quedó retratado para siempre cuando me coceó en aquel bochornoso pleno del 1 de agosto de 2013.

Pero que mi relación personal con Zapatero fuera excelente y con Rajoy haya devenido de mal en peor, hasta simas sólo habitadas hasta ahora por el señor X, no es algo que concierna demasiado a los ciudadanos, ni siquiera a mis lectores, pues este volumen es la prueba de que a la hora de escribir lo que cuentan son los hechos de quien gobierna y no si intenta matarte a besos o a base de puñaladas traperas.

Durante esta última década de la vida de España he estado Contra Unos y Otros -he sido muy crítico con los gobiernos del PSOE y con los del PP-, porque ni unos ni otros han mejorado ni la calidad de nuestra democracia ni los fundamentos de nuestra economía. Por el contrario han sido años, siguen siéndolo, de decadencia y retroceso.

No digo que todo lo hayan hecho mal. Zapatero amplió los derechos de las minorías y Rajoy hizo una razonable reforma laboral. Pero en conjunto han creado más problemas de los que han resuelto y han provocado que las esperanzas e ilusiones de una sociedad que comenzó vigorosamente el siglo XXI se hayan trocado en decepciones y frustraciones.

Nunca he disparado al bulto. Todas mis críticas han tenido fundamento y han sido expuestas razonadamente.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de impulsar la economía, crear empleo digno de tal nombre y ofrecer oportunidades en España a la gran mayoría de los jóvenes.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han reformado la administración, renunciado a ningún privilegio y recortado el gasto público lo suficiente como para permitir respirar y desarrollarse a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, al sector privado, a los profesionales, a las clases medias en suma.

He estado Contra Unos y Otros porque unos y otros han preferido hacer el ajuste crujiendo a impuestos a los españoles de hoy e hipotecando el futuro de los españoles de mañana con sus déficits desmesurados, con su vertiginoso y temerario endeudamiento público.

He estado Contra Unos y Otros porque unos y otros se han plegado a los intereses de ese autonombrado Gobierno en la sombra que bajo la denominación de Consejo de la Competitividad ha sustituido a los oscuros poderes fácticos del pasado y ejerce como inquietante grupo de presión para decidir el futuro de la política, de la economía y de los medios de comunicación.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han tratado con la dignidad que merecían a las víctimas del terrorismo etarra, asumiendo sin pestañear e incluso fomentando la excarcelación de los más infames asesinos y la legalización de la rama política de la propia banda terrorista sin que mediara antes ni su disolución, ni la entrega de las armas, ni el arrepentimiento, ni la petición de perdón, ni nada de nada.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros, han movido un dedo, se han molestado un ápice, han puesto absolutamente nada de su parte para impulsar el esclarecimiento de todas las lagunas, incógnitas, errores fácticos y falsedades moleculares que contiene la sentencia del 11-M, la mayor masacre terrorista cometida nunca en España, el acontecimiento que interrumpió nuestro auge y extravió nuestro rumbo.

He estado Contra Unos y Otros porque unos y otros han incubado, fomentado y protegido la corrupción en su seno, permitiendo por un lado que decenas y decenas, centenares y centenares de políticos en ejercicio se convirtieran en bandoleros y beneficiándose simultáneamente de mecanismos de financiación ilegal que han adulterado una y otra vez el juego democrático. Albarda sobre albarda, oprobio sobre oprobio. Cuantos se beneficiaron en las urnas de ese latrocinio organizado y esas trampas sistematizadas no deberían tener la desvergüenza de volver a comparecer ante ellas.

He estado Contra Unos y Otros porque unos y otros han destruido la independencia del Poder Judicial, interviniendo en los nombramientos o sanciones de los jueces a través de sus comisarios políticos en el CGPJ, destruyendo el principio del juez natural, blindándose desde su condición de aforados frente a las investigaciones por corrupción, manipulando incluso las comisiones de servicio de los jueces para quitarse de encima un instructor incómodo.

He estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de responder con la inteligencia y contundencia política necesaria al desafío separatista, impulsado desde una institución del Estado como la Generalitat de Cataluña. Una institución del Estado que ha puesto medios y recursos públicos al servicio de la destrucción de España ante la apatía, abulia e incluso complicidad del poder central.

Y sobre todo, y en consecuencia, he estado Contra Unos y Otros porque ni los unos ni los otros han sido capaces de ofrecer a los españoles ese “sugestivo proyecto de vida en común” que demandaba Ortega y que hoy necesitamos perentoriamente como cauce y estímulo de nuestro “patriotismo constitucional”.

Vivimos tiempos excepcionales. Todos estos ingredientes conforman una situación crítica para la Nación que deberá canalizarse a través del proceso democrático. En 2015 habrá elecciones municipales y autonómicas, tal vez elecciones catalanas anticipadas y finalmente elecciones generales.

De cara a este año decisivo conviene no confundir los síntomas con la esencia del problema. El auge del otrora larvado separatismo catalán es un síntoma, pero el problema es España. La irrupción de una fuerza política como Podemos que está poniendo en jaque aspectos clave de nuestro modelo de sociedad es un síntoma, pero el problema es España. El problema vuelve a ser España o más concretamente la falta de una política capaz de proporcionar estabilidad y prosperidad a la Nación, capaz de aglutinar y movilizar a los españoles entorno a los valores democráticos, capaz de asentarlos en su “morada vital” que diría Américo Castro, capaz de rentabilizar su “herencia temperamental” que replicaría Sánchez Albornoz.

Fue todo un símbolo, todo un mensaje del destino que Adolfo Suárez, el único líder de la transición que devolvió gran parte del poder acumulado por el Estado durante la dictadura a la sociedad, falleciera el mismo 23 de marzo en que se cumplía el centenario del famoso discurso de Ortega en el teatro de la Comedia: Vieja y nueva política.

Hoy como hace cien años España necesita una nueva política que ponga fin a la vieja política que ha noqueado económica y vitalmente a tantos ciudadanos y ha colocado a la propia Nación contra las cuerdas. Y eso plantea tres preguntas candentes: ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿para qué hacerlo?

Respecto al qué en mi opinión estamos ante una cuestión transideológica, ante un desafío previo al debate entre izquierdas y derechas, pues se trata de cambiar las reglas del juego para que los ciudadanos, tanto si se sienten socialistas como liberales, recuperen el control sobre sus destinos. Se trata de volver a dotar de contenido a los derechos de participación política que desde el inicio de la Transición han venido siendo usurpados de manera paulatina por las cúpulas de los partidos. Ésa es la devolución que necesitamos y reclamamos a la partitocracia, a la cupulocracia, desde este Ateneo, a ras de calle.

Hay que hablar con toda claridad. Es muy difícil, casi imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política. El milagro del arrepentimiento y la redención por las buenas obras siempre es posible. Pero será eso: un milagro, una excepción. La nueva política precisa de nuevos políticos y si fuera necesario de nuevos partidos.

Es muy difícil, casi imposible, que la nueva política pueda brotar de las madrigueras en las que siguen atrincheradas las comadrejas de la vieja política”.

En todo caso éste es el rasero por el debemos medir a quienes concurran a las elecciones: el que esté dispuesto a cambiar la ley electoral, a imponer la democracia interna en los partidos, a devolver la independencia al poder judicial, a renunciar a aforamientos y demás privilegios, a predicar con el ejemplo dando un paso atrás ante la menor sospecha de connivencia con la corrupción, a incluir mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo, ése representará a la nueva política.

El que con los más diversos pretextos eluda pronunciarse rotundamente ante estas cuestiones decisivas, ese representará a la vieja política.

Insisto en que se trata de una cuestión preliminar al debate ideológico. Quienes nos sentimos liberales podemos entendernos con quienes llevan el intervencionismo en la sangre sobre estas reglas del juego. Si González y Suárez, si hasta Fraga y Carrillo pudieron ponerse de acuerdo hace casi 40 años sobre las reglas del juego, no veo ninguna razón para que Albert Rivera no pueda entenderse con Pablo Iglesias, Santi Abascal con Alberto Garzón o un nuevo dirigente que ponga patas arriba la vieja casa del PP con Pedro Sánchez. Eso es lo que pedimos y exigimos a la nueva política: una devolución de poder a los ciudadanos que autentifique y vivifique el proceso democrático.

La segunda gran cuestión es cómo hacerlo y yo, admirador de Tocqueville, historiador de naufragios y desventuras, sigo pensando que el camino de las reformas es mucho más fiable y garantiza mejor los derechos y libertades de las personas que el de las revoluciones. La cuestión es cuál debe ser el calado legislativo de esas reformas y aquí surge el debate sobre la reforma constitucional. ¿Qué hacer con nuestra Carta Magna una vez que la experiencia ha puesto de relieve tanto los enormes aciertos de sus redactores como algunas de sus muy graves equivocaciones?

No hay que tenerle ningún miedo a ese debate. Puesto que todos los principales partidos, menos uno que parece estar en caída libre, proponen cambios en la Constitución es conveniente que las próximas elecciones generales sirvan de cauce a esa discusión y que la próxima legislatura tenga un cariz constituyente o para ser más exactos reconstituyente, en el sentido de que sirva para insuflar un nuevo vigor a un organismo que pese a todos sus achaques sigue estando vivo. Reformar la Constitución, o si se quiere enmendarla, no significa destruirla sino perfeccionarla.

Al final todo dependerá de la correlación de fuerzas que surja de las urnas y del nivel de consenso que se alcance entre ellas. Lo ideal sería que hubiera más de los preceptivos dos tercios del Congreso que respaldaran cambios constitucionales encaminados a mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero ese objetivo también puede conseguirse mediante leyes orgánicas e incluso a través de normas de menor rango. Lo mejor no tiene por qué ser enemigo de lo bueno.

El en otras cosas tan superado y arcaico pero siempre brillante Juan Donoso Cortés tenía razón en 1836 al azotar aquí en el Ateneo tanto a los “escépticos” que consideran que “las reformas son inútiles y lo mejor es ni intentarlas” como a los “puritanos que se proponen curar las llagas de las sociedades moribundas con la virtud de una fórmula, a la manera de los mágicos de las pasadas edades que libraban de los espíritus maléficos a un alma poseída, con la virtud de un conjuro”.

Las reformas políticas, incluida la reforma constitucional, no pueden ser concebidas como un atolondrado fin en sí mismo sino como un instrumento al servicio de unos fines. Por eso la tercera pregunta es la decisiva: ¿Reforma constitucional para qué?

Si alguien me dice que quiere reformar la Constitución -tal y como propuso en 2006 el Consejo de Estado- para blindar las competencias del Estado, cerrar el mapa autonómico y garantizar la lealtad institucional de todos los poderes que emanan de ella, yo estoy a favor de la reforma constitucional.

Si alguien me dice que quiere reformar la Constitución para facilitar el cambio del sistema electoral, para condicionar la financiación pública de los partidos a la elección de sus candidatos por sus afiliados o para blindar al poder judicial frente a las intromisiones de los políticos, o no digamos para garantizar la separación entre el ejecutivo y el legislativo mediante un sistema presidencialista como el norteamericano o el francés, yo no sólo estoy a favor de la reforma constitucional sino que me ofrezco a levantar el pendón de ese banderín de enganche.

Ahora bien si alguien me dice que quiere reformar la Constitución para fragmentar la soberanía nacional y convertir a las comunidades autónomas en imaginarios estados soberanos que acceden a federarse adquiriendo la capacidad de disponer unilateralmente sobre su relación con el Estado para repetir, entre tanto, corregidos y aumentados los disparates de las cajas de ahorros, las televisiones públicas y las embajadas en el extranjero, entonces yo estoy en contra de esa reforma constitucional.

No quiero una reforma constitucional que acomode y de más poder a los territorios, es decir a las corruptas y caciquiles élites políticas que los gobiernan”.

Y no digamos nada si alguien me dice que quiere reformar la Constitución, no ya para reconocer y regular hechos diferenciales como la lengua propia o la insularidad, sino para dotar de mayores derechos políticos a algunos de esos estados federados en función de su capacidad de coacción separatista, sumando al dislate de la fragmentación el de la desigualdad, alegando que de lo que se trata es de “facilitar el encaje” -ésta es la expresión bobalicona de moda- de una parte de España en el resto, como si el Estado fuera el mecano de un aprendiz de brujo… Si es para eso, yo no quiero que se reforme la Constitución. Si es para eso que la Virgencita y las Cortes Generales nos dejen como estamos.

Yo no quiero una reforma constitucional que acomode y de más poder a los territorios, es decir a las corruptas y caciquiles élites políticas que los gobiernan; yo quiero una reforma constitucional que acomode y dé más poder a los ciudadanos.

Hoy por hoy estamos lejos de la acumulación de fuerzas necesaria para alcanzar ese objetivo. La concentración del poder político, económico y mediático ha asfixiado la disidencia en los partidos, ha narcotizado al perro guardián del periodismo y ha entontecido con la esquemática superficialidad del duopolio televisivo a gran parte de la sociedad.

Por eso reitero que es la hora de los Ateneos como foros de debate y de participación cívica. En lugares como éste debe volver a escribirse, como dijera en su día Ruiz Salvador, el “borrador de la Historia de España”.

Y si es la hora de los Ateneos también es la hora de la prensa independiente. “Es imposible que un pueblo que sabe llegue a ser tiranizado”, aseguró en esta misma tribuna el gran líder progresista Joaquín María López.

Los problemas que nos ha creado la tecnología nos los está resolviendo la tecnología. Los gobiernos y sus aliados económicos son capaces de controlar a los medios tradicionales -bautizados por los anglosajones como legacy media, la herencia del pasado- abusando del derrumbe de su modelo de negocio. Pero asisten impotentes al desarrollo del nuevo ágora electrónico, al que cada vez concurren más y mejores proyectos editoriales.

No anticipemos acontecimientos. 2015 será el año más importante de mi carrera periodística. Nunca pensé verme de nuevo en esta tesitura, pero si los dados han rodado así, si éstas son las cartas que me ha deparado la fortuna, ahí estaré desde el 1 de enero, asumiendo por tercera vez el envite, revitalizado por el contacto con mis cada vez más jóvenes compañeros.

Una cosa tengo clara y es que en defensa del derecho a la información de los ciudadanos seguiremos estando contra unos y otros, contra éstos, aquéllos y, por supuesto también contra los de más allá. Todos sabemos que hay quienes se erigen en portaestandartes de la derecha y portaestandartes de la izquierda, quienes se presentan como portavoces de los catalanes y quienes se presentan como portavoces de los andaluces, quienes se erigen en heraldos de la Revolución y quienes explotan el miedo al cambio de los más inmovilistas. ¿Pero quién defiende transversal y desinteresadamente al conjunto de los españoles como votantes, como administrados, como consumidores… como ciudadanos dotados de derechos políticos, económicos y sociales?

Ese es el papel de la prensa plural e independiente. Esa nuestra tarea, nuestra obligación, nuestro desafío. Recordar todos los días a los españoles, mirándoles a la cara desde el ordenador, la tableta o el teléfono móvil, que como bien dijo el presidente de esta casa, y si empecé con Manuel Azaña acabo con Manuel Azaña, “nosotros somos nuestra patria”. Nosotros de uno en uno, pero todos juntos y con conocimiento de causa.

Esa es la España europea y universal en la que creo -sí: europea y universal-, la patria de la inteligencia de la que me siento partícipe, el proyecto común que anhelo contribuir a regenerar… desde la incertidumbre de la libertad.

Muchas gracias a todos. Después de las doce campanadas tendréis noticias mías.


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[Texto de la intervención en el Ateneo de Madrid con motivo de la presentación del libro Contra Unos y Otros. Los años de Zapatero y Rajoy, 2006–2014].