Los nueve requisitos que hay que cumplir para poder crear clubes de marihuana, según el Supremo

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El Tribunal Supremo ha puesto orden respecto a la criminalización de las sociedades cannábicas, impunes para algunas Audiencias provinciales pero penadas por otras. Una sentencia del pleno de los magistrados de la Sala Segunda fija los requisitos para que la actividad de esos clubes o asociaciones no sea considerada delictiva. 

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El 16 de junio de 2014, los tres responsables y dos miembros de la sociedad cannábica Ebers, de Bilbao, respiraron aliviados: la Audiencia Provincial de Vizcaya les absolvió del delito de tráfico de drogas por el que el fiscal les había sentado en el banquillo. El proceso contra ellos arrancó en noviembre de 2011, cuando el local de la asociación fue registrado por la Policía Municipal. Los agentes encontraron 4.750 gramos de marihuana y 800 euros en una caja registradora.

El alivio ha durado poco. El Tribunal Supremo ha acordado imponerles penas de tres a ocho meses de prisión al estimar un recurso interpuesto por la Fiscalía, que sostuvo que los cinco acusados incurrieron en un delito de tráfico de drogas. Esta infracción penal sanciona con cárcel a quienes lleven a cabo “actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” (artículo 368 del Código Penal).

10 toneladas al semestre

Los fiscales impugnaron ante el Supremo el fallo absolutorio alegando que, a la vista del alto número de socios del club -290- y de las cantidades asignadas a cada uno en los “contratos de previsión de consumo” que firmaban al hacerse miembros, “se está ante el manejo y distribución de un total de 10,4 toneladas de cannabis cada seis meses”, un cantidad que, a juicio del Ministerio Público, está “muy lejos” de lo que puede considerarse un mero autoconsumo compartido.

La legislación penal española no castiga el consumo de drogas (ni siquiera si es en grupo), pero sí toda actividad que lo promueva. La clave está en lo que los juristas denominan “alteridad”, que es la que justifica la intervención del Código Penal: consiste en que se facilite o promueva el consumo por parte de otras personas.

Para identificar ese factor de alteridad del que depende, en definitiva, la apreciación de si hay o no delito en la actividad de una sociedad cannábica, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija unos parámetros que, advierte, dependerán de la singularidad de cada caso. Pero servirán para proporcionar seguridad jurídica en una materia en la que las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo criterios discrepantes.

Las condiciones para que se aprecie que el autoconsumo compartido no es delictivo son:

• Que la sociedad esté constituida por usuarios habituales de marihuana o adictos que se agrupan para consumir esa sustancia. La sentencia explica que “con esta limitación se pretende evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros, que es precisamente la conducta que sanciona el delito, salvo los que ya fuesen consumidores habituales”.

• Que el consumo se produzca en un lugar cerrado para “evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente agrupados”.

• Que la cantidad de cannabis que se maneje sea “reducida o insignificante” o, en otras palabras, la cantidad “mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”.

• Que la reunión congregue a un “reducido grupo de adictos” para que pueda considerarse que se trata de un “acto íntimo sin trascendencia pública”.

• Que las personas asociadas sean “identificables y determinadas”, entre otras cosas para que pueda garantizarse que son consumidores habituales de marihuana o adictos.

• Que se trate de un consumo inmediato, sin que el cannabis salga del local ni haya riesgo de que se proporcione a terceros.

• Que se excluya el almacenamiento masivo de marihuana, “que es un germen del peligro [de tráfico de drogas] que quiere desterrar el legislador”.

• Que el club no esté abierto a un número indiscriminado de socios.

• Que los responsables de la asociación tengan capacidad de control sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores.

De qué son responsables los directivos

La sentencia explica la condena a los responsables del club Ebers así: “Por supuesto que a los directivos de la asociación no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de que un socio haya hecho entrega a persona no consumidora de parte de la sustancia o por que la venda, traicionando sus obligaciones asociativas. Pero sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a doscientas noventa personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse”.

Los dos miembros de la sociedad condenados fueron encontrados el día del registro “efectuando labores de preparación y envasado de bolsas” de marihuana. Durante el juicio también quedó acreditado que la Policía había hallado “en las inmediaciones” del local a seis personas con distintas cantidades de marihuana en su poder. La droga procedía de los cultivos interiores del club, atendidos por un jardinero contratado al efecto.

La Sala Penal del Supremo, que se ha reunido en pleno para tratar este asunto, señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. Lo segundo, dice, es “muy diferente” y “estira la doctrina del consumo compartido hasta romper sus costuras”.

“No puede convertirse una asociación cannábica en una suerte de cooperativa de distribución”, zanja la sentencia, redactada por el magistrado Antonio del Moral.

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido,  Joaquín Giménez y la única magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, han suscrito votos discrepantes. Consideran que el fallo del caso de la sociedad Ebers debió ser absolutorio al existir en los acusados un error invencible sobre la conciencia de ilicitud de su actividad. Además, echan de menos que el alto Tribunal no haya determinado “con mayor precisión” los límites de la apreciación del delito cuando hay cultivo y consumo compartido de cannabis. Creen que la opción de remitir la concreción de esos límites al análisis de las circunstancias de cada caso no proporciona suficiente seguridad jurídica.

Luces y sombras de la reforma del Tribunal Constitucional

Un Estado de Derecho tiene la obligación de acatar y hacer cumplir las leyes, por encima de las vías de hecho y conforme al espíritu de la Constitución. La reforma que acaba de aprobar el Congreso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parece adecuada en el fondo pero completamente inadecuada en cuanto a sus formas, las cuales, en el Derecho, no sólo son necesarias sino fundamentales.

6014724364_d53ca681b5_oEl Partido Popular pretende corregir por la vía legislativa un problema que no sólo es jurídico sino que, sobre todo, es político. La reforma plantea que sea el propio Tribunal Constitucional el encargado de ejecutar sus resoluciones, lo que, de manera preliminar, excede de las competencias constitucionales del referido órgano.

Por un lado, el Gobierno del PP quiere que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tengan título ejecutivo, un aspecto que puede considerarse sobreentendido toda vez que el incumplimiento de las decisiones del TC podría dar lugar a delitos de desobediencia o prevaricación.

La modificación prevé la imposición por parte del Tribunal Constitucional de multas coercitivas y la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Incluso el TC podría imponer “las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento” de sus resoluciones sin oír a las partes en casos de “especial trascendencia constitucional”. De mantenerse la norma en esos términos tras su tramitación parlamentaria, se vulneraría flagrantemente el derecho a ser oído antes de ser sancionados. La posibilidad de imponer sanciones que no se detallan genera, de hecho, inseguridad jurídica.

Contraria al Derecho europeo

De salir adelante la reforma, no sólo sería aparentemente contraria a la Constitución sino también al Derecho europeo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de las partes a ser oídas equitativamente.

En Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, la Corte Suprema (órgano supremo en ambos países) no es la encargada de ejecutar sus propias sentencias sino que esa función recae en los tribunales inferiores, así como en el gobierno. De la misma manera, en Francia la obligación de velar por que las resoluciones del Consejo Constitucional se cumplan no es de éste sino del poder ejecutivo.

No parece que la reforma que se plantea en España sea la más adecuada para velar por el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico y, además, presenta ciertos tintes totalitarios.
Es correcto que el Estado se proteja de aquellos que lo quieran romper, pero el fin no justifica los medios. El Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, determinando si una norma es conforme o no a ella. Desvirtuar su cometido podría ser un error. El legislador podría buscar otro órgano del Estado ejecutor de sus resoluciones, como podrían ser bien los Tribunales Superiores de Justicia, bien el Tribunal Supremo cuando se trate de aforados.

Juan Gonzalo Ospina es letrado y presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid

La Fiscalía del Supremo pedirá anular la sentencia absolutoria del Prestige

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La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

Foto: Efe

Foto: EFE

La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

En una vista señalada para mañana, martes, la Fiscalía instará la devolución de la causa a la Audiencia de A Coruña con la pretensión de que condene al capitán del Prestige por un delito medioambiental. El buque se hundió en las costas gallegas en noviembre de 2002, provocando una auténtica marea negra que afectó a casi 2.000 kilómetros de costa española y francesa. El vertido de la carga causó una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de fuel vertido como por la extensión de la zona afectada.

El máximo responsable del petrolero, Apostolos Mangouras, fue condenado por los jueces gallegos exclusivamente por un delito de desobediencia por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco después de que se produjese la primera fuga de fuel, el día 13 de noviembre del citado año.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la conducta de Mangouras fue mucho más grave, hasta el punto de constituir un delito medioambiental. El fiscal defenderá en la vista que era plenamente consciente de que la nave no reunía los requisitos necesarios para transportar las 64.000 toneladas de fuel-oil cargado.

Según fuentes jurídicas consultadas por el EL ESPAÑOL, la Fiscalía del Supremo considera que el tribunal que juzgó el asunto en 2013 no tuvo en cuenta pruebas relevantes que ponen de manifiesto que el capitán no debió transportar tales toneladas de petroleo en un buque que no reunía condiciones.

Hay varios documentos que, para el Ministerio Fiscal, son claves para poder condenar a Mangouras y que la Audiencia no analizó. En la sentencia gallega no se tuvo en cuenta la inspección interna que se llevó a cabo semanas antes de que el barco zarpara desde la ciudad rusa de San Petersburgo, con parada en Letonia. El informe de la inspección recogía varias deficiencias.

La Fiscalía se queja de que el tribunal tampoco tuvo en cuenta el testimonio de otro capitán que tuvo el Prestige, Stratos Kostazos, sustituido por Mangouras después de negarse a llevar el buque. En el juicio, Koztazos reconoció que la nave estaba “condenada” por todas las deficiencias que acarreaba debidas a su antigüedad, como la corrosión de los tanques que transportaban el fuel.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitará al alto tribunal que, a la vista de los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, Mangouras sea condenado por un delito medioambiental sin tener que devolver el asunto al tribunal gallego para que redacte de nuevo la resolución.

Batalla por la indemnización

La Fiscalía y el abogado del Estado consideran que, con la condena del capitán de origen griego, se abriría la posibilidad de exigir cerca de 4.000 millones de euros en indemnizaciones tanto en beneficio del Estado como para compensar los notables daños causados por el vertido a ciertos sectores, como el pesquero. Hubo denuncias de más de 1.500 damnificados.

De prosperar la tesis del fiscal y del defensor del Estado, las aseguradoras del buque serían las que tendrían que hacerse cargo del pago de esas indemnizaciones.

Los magistrados que juzgaron el caso en A Coruña entendieron que no se había podido demostrar que los acusados quisieran hundir el buque ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas. Llegaron a la conclusión de que no actuaron dolosamente (esto es, de forma intencionada) y que su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave. Cerraron, así, la vía de las indemnizaciones.

Junto a Mangouras, para quien se llegó a pedir doce años de prisión, también fueron acusados otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas, así como José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Finisterre (A Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Se trataba de un barco de un solo casco construido en Japón 26 años antes de la catástrofe. En virtud de la legislación internacional sobre doble casco, adoptada por la Unión Europea, este buque hubiera debido dejar de navegar en marzo de 2005 y, por tanto, estaba cerca de terminar su ciclo de vida útil cuando naufragó.

Grünenthal, que ingresó 466 millones en 4 años, no indemnizará a las 305 víctimas españolas de la talidomida

Las 305 víctimas españolas de la talidomida vieron ayer esfumarse la esperanza de que la Grünenthal Pharma S. A., la filial española de los laboratorios alemanes Grünenthal GmbH, les indemnice por los severos daños incurables causados por el fármaco. El Tribunal Supremo ha confirmado, por 8 votos frente a 1, la prescripción del derecho a reclamar. La farmacéutica, que ha ingresado en los últimos cuatro años 466 millones de euros por sus ventas en España, sí ha indemnizado, en cambio, a los afectados alemanes. 

En la imagen, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

GRA033 MADRID, 23/09/2015.- El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, hoy ante el Tribunal Supremo, donde se celebra la vista del recurso de las víctimas del medicamento Talidomida contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló sus indemnizaciones. EFE/Mariscal
El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

La Sala Civil del Tribunal Supremo acordó este miércoles desestimar el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) contra la sentencia dictada el pasado octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró prescrita la acción de responsabilidad civil emprendida por los afectados contra Grünenthal Pharma S.A. Ha sido un fallo contundente: 8 votos en contra del recurso de Avite y sólo uno a favor, emitido por el magistrado Francico Arroyo.

Los recurrentes contaban con el apoyo de la Fiscalía. El fiscal de Sala José María Paz escribió en su informe favorable a las víctimas que el hecho de que Grünenthal “pidiera perdón en el año 2012, reconociendo su culpa pero no queriendo indemnizar por su conducta, nos parece un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad”.

El Supremo, sin embargo, ha confirmado el criterio de la Audiencia de que los afectados debieron reclamar mucho antes, en concreto antes de que transcurriera el plazo legal de un año desde que cada uno de ellos alcanzó la mayoría de edad. Los magistrados han estimado que los daños que las víctimas de la talidomida padecen quedaron determinados al nacer. Conocían, por tanto, el alcance de sus secuelas, que son permanentes y están consolidadas, por lo que debieron reclamar como máximo dentro de los 365 días siguientes a cumplir los 18 años.

Al no haber presentado una inicial demanda de conciliación hasta junio de 2011 y una posterior reclamación conjunta en el Juzgado en febrero de 2012, la acción de responsabilidad civil se ha considerado prescrita. La prescripción extingue el derecho a ser indemnizados al no haber sido ejercido en el plazo fijado por la ley, que en este caso era de un año.

El contraste con los afectados alemanes

A salvo de lo que pueda ocurrir con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional anunciado de inmediato por Ignacio Martínez, abogado de Avite, las víctimas españolas de la talidomida no van a ser indemnizadas con un solo euro por Grünenthal Pharma. Según sus propias cifras, la filial española del grupo alemán Grünenthal GmbH ingresó por ventas en los últimos cuatro años 466 millones de euros, de los que 109 millones corresponden a 2014. En todo el mundo, la cifra más reciente de ventas corresponde al año 2012 y asciende a 973 millones de euros.

Avite asegura que durante las negociaciones celebradas antes de la presentación de la demanda Grünenthal ofreció una indemnización de 120.000 euros para el conjunto de las 305 víctimas españolas. Una cuantía “ridícula” si se tiene en cuenta que los laboratorios han destinado a los afectados alemanes unos 500 millones, afirma.

El procedimiento judicial ofrece otros motivos de agravio. El medicamento, utilizado para el tratamiento de las náuseas y vómitos de las mujeres embarazadas, fue retirado por Grünenthal en Alemania en diciembre de 1961, pero no lo hizo en España hasta mayo de 1962. La sentencia dictada en noviembre de 2013 por la jueza de la primera instancia, Gemma Fernández, afirmaba que los primeros casos de afectados por la ingesta de talidomida en España ya habían empezado a evidenciarse en el primer trimestre de 1960 y señalaba que “conociendo los efectos nocivos del medicamento que ya estaba en el mercado y su gravedad se optó por no ponerlo en conocimiento de los profesionales médicos [españoles] y por informar parcialmente a los colaboradores externos, que son, precisamente, los que tratan con los médicos y farmacéuticos en el proceso de distribución y venta para el consumo”.

La talidomida tenía efectos teratogénicos (producía malformaciones en el feto) y fue el origen de polineuritis en muchos bebés nacidos de madres que la tomaron durante la gestación. Las malformaciones afectaban fundamentalmente al acortamiento de los brazos y antebrazos, aunque también se produjeron alteraciones en otros órganos, incluidos los internos. “La demandada ni siquiera niega este presupuesto básico”, indicó respecto a Grünenthal la sentencia de la primera instancia, revocada por la Audiencia de Madrid en lo referido a la prescripción.

La tesis del Juzgado de Primera Instancia, que rechazó la prescripción, ha sido apoyada por un solo magistrado de la Sala Civil del Supremo. Arroyo, que ha anunciado que plasmará sus argumentos en un voto discrepante, considera que la decisión de la mayoría se aparta de la doctrina de la Sala, que en numerosos precedentes ha establecido que el plazo de prescripción debe empezar a computarse a partir de la declaración -judicial o administrativa- de incapacidad del afectado. En el caso de la talidomida, el real decreto 1006/2010, de 5 de agosto, puede ser considerado una declaración administrativa de incapacidad ya que reconoció oficialmente a las víctimas de la enfermedad y estableció la concesión de ayudas de la Administración (un pago único de entre 30.000 y 100.000 euros). Desde esa perspectiva, la demanda de conciliación de las víctimas (junio de 2011) no habría prescrito.

La compañía ha declinado valorar la decisión del Supremo “hasta recibir la sentencia oficialmente”. En un comunicado de prensa, la empresa ha reiterado que, “con independencia de la resolución”, ya existen “medios satisfactoriamente establecidos” para que todos aquellos afectados por un producto que contuviese talidomida de Grünenthal, o de su distribuidor local en España, puedan beneficiarse de ayudas económicas.

En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, un portavoz de la compañía afirma que los afectados españoles por el fármaco pueden recibir “hasta 7.000 euros mensuales” a través de las dos fundaciones habilitadas para gestionar sus ayudas, la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal, ambas en Alemania.

Sin embargo, Avite asegura que sólo uno de los más de 300 afectados españoles que pertenecen a la asociación es pensionista de una de las fundaciones alemanas, ya que del resto “se han rechazado las solicitudes con las excusas más arbitrarias”. La sentencia de la Audiencia de Madrid alude a cinco víctimas españolas que reciben la pensión de la fundación alemana, cuatro de las cuales no pertenecen a Avite.

Respecto a su culpabilidad, la empresa la reconoce: “Lo hemos hecho públicamente y hemos pedido perdón”. Sin embargo, apunta a un dato que reconocen también las propias víctimas: Medinsa, la representante del laboratorio en aquella época, comercializaba cuatro de los siete medicamentos que contenían el principio activo talidomida. Otros tres los vendían los laboratorios U.C.B. Pevya (hoy UCB Pharma) y Farmacobiológicos Nessa. “El porqué no se piden indemnizaciones a estas empresas además de a Grünenthal es algo que habría que preguntar a las víctimas”, concluye el portavoz del laboratorio en España.

Los Reyes celebran en la ópera la absolución de la familia Ortiz

 

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El padre, la tía y la abuela paterna de Doña Letizia han sido absueltos de un delito de insolvencia punible: Y en cinco meses, los Urdangarín también se sentaran en el banquillo.

En la imagen, los Reyes, este martes, en el Teatro Real de Madrid. EFE

Los Reyes, este martes, en el Teatro Real de Madrid. EFE

El Juzgado número dos de lo Penal de Oviedo ha absuelto de un delito de insolvencia punible al padre, de la Reina Letizia, Jesús Ortiz, la tía, Henar Ortiz y a la abuela María del Carmen Álvarez del Valle. La acusación pedía para ellos, dos años y seis meses de prisión, y multa de 10 euros diarios durante 16 meses. Además, pedía que Henar y Jesús Ortiz no pudieran volver a desempeñar ningún cargo de administradores o apoderados en ninguna empresa.

Una noticia que ha dejado más tranquilos a los Reyes, que esta noche han acudido al Teatro Real a la inauguración de la temporada de ópera, dónde han disfrutado de Roberto Devereux, una tragedia lírica que mezcla intrigas palaciegas y afectos en la corte de la reina Isabel I de Inglaterra. Muy identificada se habrá sentido Doña Letizia cuando la protagonista exclama: “No reino, no vivo”. Termina una pesadilla judicial que atormentaba a la familia paterna de la monarca desde hace tres años,y también a la institución monárquica afectada por cualquier escándalo de alguno de sus miembros, aunque sean parientes lejanos.

Todo empezó en febrero de 2012, cuando la artesana Sandra María Ruiz Vázquez decidió denunciar a Henar Ortiz Decoración S.L y ‘Henarmonía, S.C.’, ambas sociedades respondían por la tienda que la tía Henar abrió en la calle González del Valle en Oviedo en noviembre de 2004, con el apoyo de su madre y su hermano Jesús. El negoció de joyas y bolsos que ella misma diseñaba, no marchó como esperaba y cuatro años más tarde, se vio obligada a echar el cierre con deudas pendientes a la Seguridad Social y sin pagar a algunos proveedores. Este es el caso de Sandra, la denunciante a la que adeuda, con los intereses de demora, más de 30.000 euros, de los que la propia Henar aseguró en el juicio haber abonado ya 15.000 euros. Sin embargo, la demandante aseguró haberse quedado en el paro desde entonces y vivir de ayudas.

Jesús Ortiz se desmarca

Jesús Ortiz y su hermana díscola, Henar no mantienen ninguna relación. Apenas cruzaron la mirada y menos aún palabras durante la vista judicial. A los Ortiz, no les ha gustado el protagonismo mediático que la tía adquirió tras el enlace real y menos aún sus manifestaciones anti monárquicas, que nada benefician a su sobrina. Henar es una defensora pública de un referéndum para que el puebla diga sí o no, a la monarquía.

Pero hubo un tiempo en que la familia estaba unida y efectivamente Jesús ayudó a su hermana a montar el negocio. Tanto es así, que ambos pidieron una hipoteca inversa de la casa de la madre, María del Carmen Álvarez del Valle por importe de 239.000 euros. Un producto bancario para mayores de 65 años, que convierte en dinero el valor patrimonial de la vivienda, sin perder la titularidad. La operación crediticia se realizó con la intención de saldar una deuda de 135.000 euros con Banif. La acusación alegando que la familia de la Reina, lo había hecho para evitar que les fueran embargados los bienes tras la denuncia.

El padre de Doña Letizia declaró que sabía que su hermana tenía problemas económicos pero nunca le detalló las deudas exactas: “la administración la llevaba ella. Me decía: ‘Tranquilo, que lo intento controlar’. A mí me entró el nerviosismo cuando llegó un burofax del Banif recordándome que era avalista de un préstamo a mi hermana”, indicó Jesús Ortiz.

Tal y como lo detalló su bufete de abogados en un comunicado previo al juicio: “la empresa Henar Ortiz Decoradora S.L., de la que Jesús Ortiz fue partícipe con un 10%, “no tiene ninguna deuda” con Sandra Ruiz y añade que “no es ni fue nunca participe o parte” de la compañía Henarmonía S.C. que inicialmente contrajo la deuda. Los abogados admiten que Henar Ortiz Decoradora S.L., propiedad de Jesús Ortiz, “sí contrajo una deuda con Dña. Sandra Ruiz de 5.200,12 euros” pero esta “fue abonada” por el propio padre de la Reina “en calidad de socio de esta sociedad antes de la presentación de la querella que dio origen al juicio”. Versión contradicha por la denunciante que aseguró haber intentado llegar a un acuerdo con ambos antes de ir a juicio, pero no obtuvo respuesta.

Esta resolución judicial le cae como un jarro de agua fría a Sandra, cuyo hermano abogado de profesión ejerce su defensa. Durante el juicio el ministerio fiscal pidió el sobreseimiento de la causa al no encontrar pruebas. Hoy tía Henar, según ella arruinada, aunque con un negocio rural en marcha, celebra la resolución. No sabemos si ha llamado a su hermano Jesús Ortiz, el padre de la Reina, que intenta mantener a ralla a la familia. La pobre abuela Menchu, con bolso de Loewe en el banquillo y la casa hipotecada para salvar a la hija díscola, también cenará más tranquila. Doña Letizia aún no puede respirar tranquila, queda el recurso de apelación, que la acusación tiene diez días para presentar. En el Teatro Real se repite… “No reino, no vivo” .

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Coca-Cola vuelve a Fuenlabrada

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Símbolo de la resistencia de los trabajadores al cierre de varias plantas de Coca-Cola en España, la factoría de Fuenlabrada (Madrid) ya no fabricará refrescos, pero reanuda su actividad como centro logístico de la multinacional. Será la única planta que vuelva a la vida en la nueva ‘Coca-Cola Europa’, que afronta un nuevo proceso de fusión y reestructuración de sus embotelladoras en el Viejo Continente.

Foto: VÍCTOR LERENA/EFE

Un grupo de trabajadores a la entrada de la fabrica de Coca Cola en Fuenlabrada, en la mañana del lunes. / Víctor Lerena/EFE

La planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, propiedad de la empresa española CC Iberian Partners, ha vuelto a abrir hoy sus puertas. De madrugada y bajo la lluvia. Lo hace con un fin muy diferente al que tenía hasta hace poco más de año y medio. Ya no será la principal fábrica de refrescos de la multinacional para el interior de la Península, sino un centro logístico desde el que distribuir sus productos. Tendrá una plantilla significativamente menor, pero para los sindicatos su reapertura es una victoria.

La factoría madrileña se convirtió en el símbolo de la resistencia de los trabajadores en contra de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, inicialmente, a principios de 2014, afectó a 1.200 trabajadores. La cifra de despidos se rebajó hasta 840 personas e incluyó a los empleados de las cuatro plantas españolas que Coca-Cola no consideraba estratégicas, situadas en Madrid, Baleares, Asturias y Alicante.

Tras meses de protestas y actos en contra del cierre, el futuro de la instalación de Fuenlabrada se despejó la pasada primavera. El Tribunal Supremo anuló en mayo el ERE, al entender que la compañía había vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores, e instó a la empresa a readmitirlos. En su opinión, Iberian Partners vulneró los derechos de su plantilla al minimizar el impacto de la huelga incrementando la producción y la distribución desde otras fábricas españolas, para que los consumidores no percibieran la falta de productos como consecuencia del paro.

Pese a la anulación del ERE, no todos los trabajadores despedidos volverán a sus puestos de trabajo. En este año y medio, más de 300 empleados han aceptado las condiciones propuestas por la empresa. Coca-Cola Iberian Partners, además, ha asumido la reapertura de la instalación madrileña pero no la de los otros tres centros de producción clausurados. Quienes trabajaban esas tres fábricas deberán encontrar una alternativa laboral en las otras ocho plantas de refrescos que la compañía mantiene abiertas. A ellas se suman, además, seis manantiales de agua mineral y una envasadora de zumo concentrado.

En el caso de Fuenlabrada, tras la reapertura, sólo volverán a ella 85 trabajadores, los que se dedicaban a labores logísticas antes del cierre. Queda por saber qué ocurrirá con los otros 135 empleados, los que se dedicaban a producir el refresco y que, de nuevo, confían su futuro a los tribunales. En este caso, a la Audiencia Nacional, donde en los próximos días se resolverá si el regreso de los trabajadores diseñado por la empresa es irregular, como aseguran los sindicatos.

Una integración progresiva

La historia de las embotelladoras de Coca-Cola en España está marcada por un continuo proceso de integraciones. La compañía llegó a la Península en 1951 cuando la familia Daurella, la misma que hoy controla Iberian Partners. se hizo con la primera licencia para producir en Cataluña refrescos a partir del concentrado inventado en Atlanta. Se dice que, antes de Daurella, el millonario mallorquín Juan March rechazó ser el licenciatario de Coca-Cola, al no ver futuro al refresco.

En sólo dos décadas, se multiplicaron los licenciatarios regionales de la fórmula, hasta superar los 40. Unas licencias que siempre se ha vinculado a apellidos de renombre: los Gómez Trenor, Víctor Urrutia, Jaime Castellano o las familias Comenge, Mora-Figueroa, Bohórquez, Sáenz de Vicuña y Álvarez de Estrada han estado, o están, ligados a la historia del refresco en España.

En la foto, un trabajador y su pareja celebran la vuelta al trabajo. EFE/Víctor Lerena

En los 90, bajo el auspicio de la multinacional, el número de envasadoras se redujo a 13 y, después, a siete: Casbega, Colebega, Rendelsur, Norbega, Begano, Asturbega y Cobega. Esta última, la de los Daurella. En 2013, desde Atlanta se impulsó la fusión de las siete empresas españolas. Un proceso similar al que ya se había realizado en otros países, con el objetivo de reducir costes y simplificar procesos. Nació, así, Iberian Partners con una facturación de cerca de 3.000 millones de euros.

The Coca-Cola Company buscaba ahorrar pasos e interlocutores en el proceso de producción. El grupo opera en todo el mundo de forma dual. Por un lado, gestiona sus propias filiales que, básicamente, se centran en el márketing, la publicidad y en la gestión de grandes clientes. Por otro, cede la licencia de su receta de refrescos a socios locales por un periodo de tiempo determinado, aunque también tiene sus propias embotelladoras. La fusión de las empresas españolas se planteó como condición indispensable para que la compañía dirigida por Muhtar Kent volviera a ceder su fórmula a sus socios ibéricos.

La nueva Coca Cola Europa cotizada en España

La integración de las siete embotelladoras y el ERE posterior no es el último paso de la integración. Ahora toca hacerlo a escala europea. En agosto, el grupo estadounidense propició la fusión de Coca-Cola Enterprises, que operaba en Reino Unido, Francia, Países Bajos y Escandinavia con sus homólogas de Austria y Alemania (Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG), además de Iberian Partners. El nuevo fabricante de refrescos producirá para 13 países y más de 300 millones de potenciales consumidores. Las ventas consolidadas de la nueva Coca-Cola European Partners alcanzarán los 12.600 millones de dólares (cerca de 11.300 millones de euros) y su Ebitda (resultado bruto de explotación), los 2.100 millones de dólares.

Cotizará en Madrid, Amsterdam y Nueva York, con una valoración que se situará en torno a los 28.000 millones de euros (20.000 millones si se excluye su deuda). Iberian Partners será uno de los accionistas de referencia de la nueva compañía, con el 34% de las títulos, mientras que Coca-Cola Enterprises, que ya cotiza en Nueva York, será el principal socio del nuevo grupo, con el 48% del capital. Aunque Sol Daurella, presidenta de Iberian Partners, ocupará el mismo cargo en la nueva compañía, la toma de decisiones sobre el negocio ibérico ya no se decidirá desde las oficinas en Madrid sino en Londres, donde tendrá la sede el futuro embotellador. Por el momento, no se ha comunicado cómo se conseguirán los ahorros previstos con la nueva integración, que se estiman entre 350 y 370 millones de dólares. El cierre de más plantas planea sobre las fábricas europeas, también las españolas.

El ‘Rudolf Hess’ de Argentina

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La Corte Suprema argentina ha rechazado la excarcelación definitiva del general Luciano Benjamín Menéndez, de 88 años de edad. Durante la dictadura de 1976 a 1983 era el ‘número dos’ entre los jefes de la guerra sucia detrás de Videla y Massera. Menéndez y sus oficiales arrasaron con todo secuestrando, torturando y exterminando a unos 2.500 prisioneros que pasaron por dos campos de la muerte: “La Perla” y “La Ribera”. Ahora lleva camino de convertirse en otro Rudolf Hess.

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Una reciente imagen del general argentino Luciano Benjamín Menéndez.

El general argentino Luciano Benjamín Menéndez (88 años) no conoció al jerarca de la Alemania nazi Rudolf Hess, por obvios motivos de lejanías cronológica y geográfica. Sin embargo su vida se asemeja asombrosamente a la del secretario de Adolf Hitler y parece ir destinada hacia un mismo punto final.

Durante la dictadura argentina, de 1976 a 1983, Menéndez comandó el tercer cuerpo de Ejército en la provincia de Córdoba (centro) con jurisdicción en la mitad norte del país. Era el ‘número dos’ entre los jefes de la guerra sucia contra las guerrillas y opositores políticos, detrás de los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera.

Córdoba era una fuerte plaza industrial y universitaria, por lo que concentraba al activismo sindical y estudiantil de izquierdas.  Menéndez y sus oficiales arrasaron con todo secuestrando, torturando y exterminando a unos 2.500 prisioneros que pasaron por dos campos de la muerte, “La Perla” y “La Ribera”, dentro de la guarnición.

Allí hasta se ideó el accidente de tráfico que en 1978 provocó la muerte al cantante Jorge Cafrune, muy conocido en España en los ’60 y ’70. El músico desafiaba al régimen interpretando canciones prohibidas y los militares se  lo cobraron con un atentado disfrazado de choque en la carretera, según atestiguó la superviviente Graciela Geuna.

Hijo y nieto de generales, Menéndez profesó una ideología ultra nacionalista. Tanta era su exaltación patriotera que en 1978 estuvo a un tris de meter a Argentina en una guerra contra Chile (dictadura de Augusto Pinochet) por unas diferencias territoriales en el atlántico austral. Hasta arengaba a su tropa a “cruzar los Andes y mear champán en el Pacífico”.

No obstante la recuperación de la democracia en 1983 y su jubilación como militar, no impidió que continuara llamando a los argentinos a combatir por aquel conflicto de fronteras. A la salida de un debate en televisión sobre ese asunto,  el público le gritó “asesino”. Entonces Menéndez desenfundó un puñal de comando y se abalanzó contra la gente. Pero los escoltas lo frenaron y evitaron la carnicería.

A la salida de un debate en televisión el público le gritó “asesino”. Entonces Menéndez desenfundó un puñal de comando y se abalanzó contra la gente. / Enrique Rosito (DyN)

El reportero Enrique Rosito, de la agencia Diarios y Noticias (DyN), captó, el 21 de agosto de 1984, ese instante de ira asesina. La foto se publicó en la prensa internacional y ganó el Premio Rey de España. “Si tuvo una reacción así en democracia, ya retirado del Ejército y de paisano, uno no puede siquiera imaginarse lo que habrá sido cuando dominaba Córdoba y se creía un semidiós”.

Secuestros, torturas y matanzas

Con el devenir democrático, el general entorchado que se pavoneaba en desfiles castrenses, convencido de que libraba la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo, ha mutado en un anciano de 88 años, canoso y de ojeras, que hoy por hoy arrastra 12 condenas por secuestros, torturas y matanzas. De las cuales 10 son a cadena perpetua.

Menéndez ostenta el record de castigos en la política de memoria, verdad y justicia que Argentina aplica desde 2003. El país juzga a todos los represores. En total hay unos 600 condenados y 1.100 procesados. El resto de naciones de Latinoamérica, en cambio, los amnistió total o parcialmente.

“Argentina es el primer país que juzga a sus soldados victoriosos que lucharon y vencieron, por orden de sus compatriotas a la subversión marxista, que quiso asaltar el poder”, despotricó en sus alegatos defensivos. Y lamentó que “todo empezó en 1960 cuando Fidel Castro se hizo comunista” y se propuso “someter a Argentina y a los países de Sudamérica en satélites de Rusia”.

Por su avanzada edad y mala salud, el general viene insistiendo ante la justicia que le permita salir definitivamente de la prisión. En Argentina los reos pueden solicitar el pase a la detención domiciliaria a partir de los 70 años. Las recaídas en enfermedades le han facilitado algunas escapadas a clínicas privadas e incluso a su casa, siempre vigilado por guardias. De hecho desde hace unas semanas se encuentra en su vivienda. Pero el miércoles pasado la Corte Suprema argentina le ha negado la excarcelación definitiva.

Así pues, Menéndez volvería a prisión y seguiría los pasos de Rudolf Hess, el secretario de Hitler condenado a cadena perpetua en el juicio de Nüremberg que clamaba por salir de Spandau, penal de la Alemania occidental,  pero fracasó, sobre todo por la oposición de la URSS y el Reino Unido. Murió encerrado allí a los 93 años, en 1987. Menéndez también lo tiene difícil: su ex jefe Videla murió en una celda, a los 87 años, sentado en el retrete.

El juez falla a favor de la ex consejera delegada de Ono en su pulso con Vodafone

portelaHonor y dinero. El pulso judicial entre Vodafone y la ex cúpula directiva de Ono (Rosalía Portela, Carlos Sagasta y José María Castellano) comienza a resolverse. El juicio laboral entre la que fuera consejera delegada de ONO, Rosalía Portela, y Vodafone, actual dueño de la compañía, ha terminado con una victoria rotunda para la primera.

Honor y dinero. El pulso judicial entre Vodafone y la ex cúpula directiva de Ono (Rosalía Portela, Carlos Sagasta y José María Castellano) comienza a resolverse. El juicio laboral entre la que fuera consejera delegada de ONO, Rosalía Portela, y Vodafone, actual dueño de la compañía, ha terminado con una victoria rotunda para la primera.

El juez dictó ayer que su despido en octubre de 2014 fue improcedente y deberá ser indemnizada por la operadora. Es solo el primero de una serie de encuentros en los tribunales entre ambas partes que se esperan en los próximos meses. Por el momento, Vodafone ha perdido ya dos juicios y fue retratada en un acta de Hacienda como conocedora de la situación económica y fiscal de su recién adquirida Ono, auditada entonces por PwC y más tarde reauditada por Deloitte tras la adquisición.

El caso se remonta a la venta de Ono a Vodafone en julio de 2014 por 7.200 millones de euros, incluida la deuda financiera de 3.400 millones. Tras conocerse la operación, Hacienda abrió un expediente por infracción y fraude en la contabilización del IVA en una serie de clientes -que suponían una facturación de 100 millones, menos del 2% de la actividad de la empresa- y pidió cuentas.

El caso de los bonus millonarios sin pagar

El operador británico, por su parte, dio a entender que le habían engañado y reaccionó despidiendo a Rosalía Portela, al presidente José María Castellano y al director financiero, Carlos Sagasta. Como consecuencia de lo anterior, Vodafone congeló un bonus de más de 70 millones de euros que tenían pactado estos ejecutivos con los anteriores accionistas de Ono. Esa cantidad se corresponde con un plan de incentivos a largo plazo y que Vodafone debía asumir tras la compra, pero que se negó en redondo a pagar alegando una mala gestión de sus directivos y la responsabilidad en el asunto con Hacienda.

Una vez finiquitados los juicios laborales de Portela y Sagasta -que todavía espera el fallo-, en septiembre está previsto que se resuelva el caso de los bonus, además de otra querella contra Vodafone presentada por Portela en la que reclama otros 100 millones de euros por la indefensión y perjuicios ocasionados por el despido.

Se encuentra también pendiente de resolución, aunque tras los primeros juicios la posición de Vodafone ha perdido fuerza. Tanto en el acta de Hacienda que cerró el expediente por irregularidades como en el contencioso laboral se señala que la operadora conocía la situación fiscal de Ono en el momento de su compra.

El equipo directivo comandado por Castellano y Portela llegó a Ono entre finales de 2008 y la primavera de 2009. El estado del grupo de telecomunicaciones era más que delicado: 540 millones de euros en pérdidas, una deuda de 4.600 millones que debía de ser negociada a cara partida con los bancos y un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que resultó en 1.300 despidos.

Los accionistas de Ono pactaron con la nueva dirección un plan de incentivos a largo plazo para que diesen la vuelta al rumbo de la empresa. El accionariado de la operadora de cable estaba controlado hasta la llegada de Vodafone por varios grupos de capital riesgo como Providence Equity Partners, CCMP Capital, Thomas H. Lee Partners y Quadrangle Capital.

Image: Flickr/Esade

‘Derecho al olvido’: no todos podrán salir de Google

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Recientemente, Protección de Datos ha negado el amparo a dos investigados por pertenecer a Gürtel y a ETA, que no podrán salir de Google. El ‘derecho al olvido’, en plena construcción, no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto, como la libertad de información y expresión. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional. 

En octubre de 2014, la Justicia española confirmó, por primera vez, que Google estaba obligado a ocultar informaciones de carácter personal. Fueron muchos los han alertado del peligro que suponía “atacar al mensajero” y compararon las imposiciones a Google con el alzheimer digital, vaticinando que se acabarían destruyendo las hemerotecas.

Avancé entonces que la Justicia estudiaría cada caso concreto, que a veces se obligaría a Google a ocultar los contenidos y que, en ocasiones, se haría lo propio con los medios de comunicación. Y puse ejemplos específicos: la Audiencia Nacional había ordenado a Google excluir una noticia de hace 25 años, pero no se le había obligado a El País a tocar ni una sola coma de la misma noticia.

El derecho al olvido (en plena construcción), no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto (como la libertad de información y expresión).  Así lo ha entendido recientemente la Audiencia Nacional, que ha confirmado una resolución (PDF) de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se le deniega a una persona desaparecer de Google cuando se le vincula con la trama Gürtel.

Según la Audiencia Nacional, no procede reconocer a este ciudadano el ‘derecho al olvido’ porque los hechos que recoge Google continúan teniendo una notable relevancia pública. Se trata de una persona de relevancia pública que sigue imputado que, además, no ha presentado ninguna prueba que acredite que lo que se publica sea falso.

Concluye la Audiencia de forma tajante: “La injerencia en los derechos fundamentales del interesado se encuentra justificada por el interés preponderante de los internautas en tener acceso a la información en una búsqueda que verse sobre el nombre del actor, teniendo la ciudadanía un interés real de conocer dicha información”.

Otro ejemplo

Si hace falta un ejemplo más respecto a las limitaciones del derecho al olvido, conviene dar a conocer otra resolución (PDF) también de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se le deniega a una persona la retirada de informaciones en Google que le vinculaban con ETA.

Dice el texto de la AEPD: “Los datos del reclamante constan en las informaciones publicadas relativas a las detenciones del reclamante y otras personas por casos de kale borroka y delitos de integración en la organización terrorista ETA en febrero de 2012″ y que la detención del reclamante “tuvo lugar como consecuencia de la participación del interesado en campañas de amenazas contra ediles donostiarras del Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra y del Partido Popular Vasco”.

Pues bien, a pesar de que el reclamante aportó un auto de sobreseimiento libre, Google justificó que la información era de relevancia pública y que se estaba estudiando en otro sumario judicial la pertenencia del reclamante a ETA, por lo que la información no era inexacta.

La AEPD, tras analizar las alegaciones del reclamante y de Google, no ha admitido la retirada de contenidos y ha afirmado que “debe considerarse la trascendencia en el número de personas afectadas, así como la relevancia pública y el interés público que han alcanzado los hechos en cuyo contexto se incluyen sus datos”.

No es descartable que con el paso del tiempo, o con la aportación de nuevas pruebas acerca de su inocencia, estas personas puedan ejercer el derecho al olvido, pero hoy no.

(Foto: Mokra / Freeimages)


Luis Gervas de la Pisa es abogado de Salirdeinternet.com y es el responsable del Código del Derecho al Olvido, publicado por el Boletín Oficial del Estado.


También en EL ESPAÑOL:

 

Ángela González, 12 años pidiendo justicia… sin suerte

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En enero de 2014 la ONU condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género. El organismo considera que se cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González (en la foto), un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre.  Este lunes Women’s Link ha recibido de Justicia la desestimación de un recurso de revisión en el que argumenta que no otorgarán a Ángela ninguna indemnización ni reparación económica. 

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Imagen de Ángela González.

El sistema de justicia español le falló a Ángela. Así lo afirma el grupo internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que llevó su caso a las Naciones Unidas. Esta organización (y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas) consideran que el Estado español cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González, un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre, quien luego se suicidó.

Ángela estuvo litigando durante ocho años para conseguir que el Gobierno admitiese su parte de responsabilidad en el crimen. Sin embargo, ningún tribunal español quiso reconocer que el asesinato de Andrea había sido evitable. En 2011, Ángela contactó con Women’s Link Worldwide y la organización de derechos humanos denunció a España ante las Naciones Unidas. En una decisión sin precedentes, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género en agosto de 2014. El comité también solicitó que España implementase acciones proactivas que evitasen que el caso de Ángela pudiese suceder otra vez.

Sin embargo, lo que parecía una victoria tras once años de largas litigaciones ha resultado ser otra desilusión para el equipo de Ángela González. Gema Fernández, la abogada de Women’s Link Worldwide que llevó el caso de Ángela a los tribunales internacionales, afirma en una entrevista para EL ESPAÑOL que en el informe que España ha enviado al comité de la ONU en enero de este año no se cumplen ninguna de las recomendaciones solicitadas por el organismo internacional. Women’s Link ha mandado su propio informe al comité de las Naciones Unidas en las que denuncia esta falta del cumplimiento por parte del Estado español.

“El Gobierno se niega a reconocer a Ángela como una víctima de violación de derechos humanos y no admite su responsabilidad por el grave daño que le ocasionó”, declara la abogada de Ángela. “Tampoco admite que exista un problema estructural en cómo el ordenamiento jurídico español trata el tema de la violencia de género”.

La abogada afirma que en cuestiones de violencia de género España tiene mucho que mejorar. Según el boletín estadístico anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre violencia de género, 53 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2014. De estas 53 mujeres, 17 (el 32%) habían presentado una denuncia por delitos de violencia de género, pero sólo cuatro estaban siendo protegidas cuando fueron asesinadas.

mayoria de las victimas

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) define “orden de protección” cómo una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena la protección de la víctima mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias. Según datos del CPGJ, las órdenes de protección sobre el total de solicitadas han pasado del 72.7% en el primer trimestre de 2009 al 57% en el mismo periodo del año 2015, lo que supone una reducción de 15 puntos.

ordenes de proteccion

La abogada de Women’s Link afirma que un grave fallo estructural en el sistema español es el régimen de visitas cómo en el que Andrea fue asesinada por su padre. Esta medida deriva de una orden de protección u otras medidas cautelares de seguridad y protección. Los datos del CGPJ muestran que el régimen de visitas a hijos de acusados por violencia de género se suspendió tan solo en el 3% de los casos en casi todos los años entre 2007 y 2015 (con la excepción de 2008).

suspension visitas

“En España tenemos el concepto estereotipado de que la violencia es un asunto privado”, dice Gema Fernández. “Todavía conservamos el mito de que una persona puede ser un maltratador y un buen padre, y consideramos que el derecho de un padre a estar con su hijo (o hija) es sacrosanto. Además, no se toman suficientemente en cuenta las opiniones de los hijos. Estos estereotipos influyen en la decisión de los jueces a la hora de suspender el régimen de visitas a los maltratadores y por eso se suspenden tan poco”.

En sus recomendaciones, la ONU pidió que el Estado español tomase medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia fueran tenidos en cuenta en el momento de otorgar derechos de custodia y de visitas. Sin embargo, el Gobierno ha hecho todo lo contrario, afirma Women’s Link. En su comunicado a las Naciones Unidas, esta organización afirma que las medidas adoptadas por el Estado no son suficientes para proteger a las mujeres y a sus hijos.

“No hay ninguna legislación en este momento que cambie este régimen de visitas. De hecho, algunas de las leyes que el Gobierno quiere desarrollar se posicionan totalmente en contra de los consejos del Comité”, dice Fernández. La abogada se refiere al Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental, un proyecto que según denuncia Women’s Link está en contra de las solicitudes que hizo la ONU “al permitir que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de género cuando la autoridad judicial lo considere conveniente para el niño o la niña”.

El Comité de Naciones Unidas también solicitó que el Estado español proporcione formación obligatoria al poder judicial y al personal administrativo para luchar contra los estereotipos de género. Women’s Link afirma en su informe “que el Estado no aporta información sobre cómo va a proporcionar formación obligatoria a jueces y juezas y al personal administrativo”, y que en la formación proporcionada por el estado en su nota no aborda los estereotipos de género. La organización de derechos humanos añade que ahora mismo la formación a jueces y a personal administrativo no es obligatoria ni continua, no se encuentra sujeta a evaluación, cuenta con muy pocas horas lectivas y se brinda a un número muy reducido del personal de la judicatura.

Estado Al Comité CEDAW-Caso Ángela González

En un escrito publicado este marzo, Ángela González escribe: “Los asesinatos por violencia de género siguen siendo invisibles, se olvidan rápido”. Su abogada de Women’s Link afirma que el Estado no informó ni a Ángela ni a Women’s Link sobre las medidas que dice haber adoptado para cumplir las solicitudes de la ONU.

Este lunes 27 de julio Women’s Link recibió del Ministerio de Justicia la desestimación de un recurso extraordinario de revisión interpuesto por las abogadas de Women’s Link. El Ministerio argumenta que no otorgarán ninguna indemnización ni reparación económica a Ángela ya que los Dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes para el Estado español.

“Para Ángela no sólo está en juego la indemnización que el estado se niega a darle”, dice su abogada. “También quiere que cambie la legislación vigente sobre las visitas a sus hijos por parte de maltratadores. Esto va más allá de la reparación que pide al Estado. Es muy importante para Ángela que lo que ella ha sufrido no lo vuelva a sufrir nadie más”.

Ángela y Women’s Link han interpuesto nuevos procedimientos para reclamar la reparación e indemnización que recomienda el Comité de la ONU. “Estamos reclamando la responsabilidad patrimonial al Estado”, dice la abogada de Ángela. “Pediremos al Comité que haga un seguimiento hasta que el Estado cumpla”.

“Llevo 12 años pidiendo justicia”, escribió Ángela tras conocer la respuesta de España a las Naciones Unidas. “Yo también tengo dignidad, sólo espero que me la devuelvan”.