Marcha atrás en la Ley Torquemada

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Los agentes encubiertos no podrán hacer uso libremente de material ilícito en sus pesquisas en internet. El Senado pule uno de los puntos más polémicos de la futura norma.

 

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Imagen de un centro de datos. (Reuters)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado (PDF), el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido.

A tres meses de las elecciones generales, y gracias a una enmienda transaccional en la Cámara Alta, el texto de la reforma llega con un refuerzo de las garantías procesales, sobre todo en lo que toca a las investigaciones en las que se utilizan nuevas tecnologías (agentes encubiertos online, troyanos policiales de vigilancia, etc.).

Esta norma fija, por primera vez de forma exhaustiva, bajo qué criterios se pueden intervenir comunicaciones electrónicas y utilizar nuevas herramientas digitales, siempre con autorización judicial.

En la última versión del texto se ha restringido la amplitud con la que se había redactado el precepto inicial, que decía literalmente: “El agente encubierto electrónico podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos, siendo posible en tal caso el análisis de los algoritmos asociados a dichos archivos”.

Al ser tan amplio, dicho precepto podría haber abarcado cualquier tipo de comportamiento en la Red, como por ejemplo el intercambio de material pedófilo, y existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

“Autorización especifica”

Ahora, la enmienda introduce en la redacción del articulo 282 bis 6 la obligación de que exista “una autorización especifica” para que dicho agente encubierto pueda intercambiar material ilícito en internet.

De forma más amplia, la reforma -que no en vano se refiere a “la regulación de las medidas de investigación tecnológica”- obligará a los agentes a detallar al juez qué datos se persigue recabar, mediante qué instrumentos y qué duración tendrá la medida.

Según el abogado Carlos Sánchez Almeida, “hay que congratularse por este cambio introducido por el Senado, en la medida que la exigencia de autorización judicial específica para compartir archivos ilícitos aumenta las garantías procesales y evita la posibilidad de delitos provocados”. “No obstante”, añade dicho letrado especializado en internet y nuevas tecnologías, “la reforma en su conjunto es muy dura en materia de delitos informáticos, que se equiparan procesalmente a los casos de terrorismo y delincuencia organizada”.

Otros puntos polémicos de esta ley

Detención incomunicada (art. 509): Se mantiene la posibilidad de que el juez decrete prisión incomunicada durante un máximo de cinco días, prorrogables a otros cinco (en total, 10) “cuando se trata de causas por delitos de terrorismo o delincuencia organizada”. Éstos últimos, según la norma, son los “cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas”.

Instalación de troyanos (art. 588 septies a): Se habilita el uso de programas espías para registrar de forma remota ordenadores o sistemas informáticos. Se podrá utilizar este tipo de herramienta, naturalmente sin conocimiento del afectado, en investigaciones de delitos de terrorismo -el Código Penal considera como “terrorismo” filtraciones o difusión de consignas en internet-, contra menores, contra la Constitución y cualquier delito cometido “a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación”.

Instalación de dispositivos de localización (art. 588 quiquies b): La norma prevé habilitar a los agentes para colocar dispositivos secretos de localización sin autorización judicial previa, pero siempre que “concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación”. Después se establece un plazo máximo de 24 horas para que el juez ratifique o acuerde el cese de la medida.

Las ‘penas de telediario’ (art. 520 1): Una de las disposiciones más mediáticas de la reforma de esta ley contempla adoptar las “medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen” de los afectados tanto en el momento de su detención como en traslados ulteriores. Se trata de evitar imágenes como las del cogotazo a Rodrigo Rato o la detención de Isabel Pantoja, por poner dos casos recientes con gran impacto en la opinión pública. Tras su paso por el Senado, el texto queda muy matizado al incluir “el respeto al derecho fundamental a la libertad de información”, por lo que es probable que sigamos viendo imágenes de personajes públicos acompañados por los agentes.

También en EL ESPAÑOL: Las ‘leyes mordaza’ ya están aquí

Empresarios catalanes buscan apoyos en Madrid contra el independentismo

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Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, animan a otros empresarios catalanes a que alcen la voz en contra de la independencia. Los dos catalanes confían en que su ruego se oiga y poder dar la vuelta a las encuestas que vaticinan que el 27S ganarán los partidos a favor de la secesión. “Cataluña adolece de un importante déficit democrático”, alertan en un informe.

El presidente y accionista mayoritario del grupo empresarial Naturhouse, Félix Revuelta, y Josep Ramon Bosch, directivo de una multinacional química suiza, buscan desesperadamente el apoyo de empresarios catalanes de altura y confían en despertar a los catalanes que, por miedo, no quieren salir a votar el 27-S. “El empresariado catalán calla porque tiene miedo a perder subvenciones, ya que el sector público en Cataluña es muy importante”, criticó Revuelta poco después de pedir al Gobierno un poco más de cariño para que se quiera a Cataluña “como al resto de España”.

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De izda. a dcha.: Rafael Arenas, Isabel Fernandez, Josep Ramon Bosch, Jose Domingo y Francesc Moreno. EFE/Juanjo Martín.

Revuelta y Bosch han presentado este jueves en Madrid, a través de la asociación Societat Civil Catalana a la que ambos pertenecen, un informe de más de cien páginas que deja en evidencia la “falta de calidad democrática” de los comicios del 27-S. El empresario de Naturhouse puso su propio ejemplo para alertar de los problemas que traerá una hipotética independencia. “Yo no me quiero ir de Cataluña, pero tengo el 80% del negocio fuera de la región. ¿Qué hago? ¿Pago aranceles en cada uno de los países con los que trabajo? No podría, me tendría que marchar obligatoriamente”.

A dos semanas de las elecciones, Bosch y Revuelta confían en tener tiempo suficiente para poder dar la vuelta a la última encuesta del CIS, que augura que Junts pel Sí logrará la mayoría absoluta con el apoyo de la CUP si los catalanes votasen hoy. “Hay una lectura optimista y otra pesimista de este resultado. La mala es que, si se confirman estos resultados, el proceso independentista va a continuar. La buena noticia es que nos moviliza, nos despierta, a los que no pensamos como ellos”, matizó Bosch.

Estos catalanes que pregonan su amor por España saben cómo conseguir movilizar a ese porcentaje de catalanes que, por miedo, se resisten a salir a votar el 27-S. “Unió Democrática puede ser el gran escondido de las elecciones. Si conseguimos que vote el catalán al que le tiemblan las piernas cuando piensa en la que nos espera con una Cataluña independiente, no damos nada por perdido”, confía Bosch. Dicen que la máquina de márketing que protege a los independentistas es un elefante comparada con la suya, una simple hormiguita. “Necesitamos que Rafa Nadal venga a Barcelona y diga que ama Cataluña” igual que los independentistas utilizan a la actriz y humorista Karmele Marchante, a la que en Madrid se le da un gran crédito pero que en Cataluña vocea que los madrileños son unos ladrones.

Los empresarios confían en que este mensaje cale en lugares del cinturón rojo como Santa Coloma de Gramanet y Hospitalet donde hasta ahora se concentraba el voto socialista. También esperan que el PP de Xavier García Albiol ilusione también a votantes del PP que no creían en Alicia Sánchez Camacho. Pese a este cambio de estrategia del PP, el presidente de Naturhouse ha afeado al Gobierno y a Mariano Rajoy el trato que recibe la región. “Siento mucho decirlo, pero el presidente sólo viene a Cataluña a ver al PP”, concluyó.

¿El Senado a Barcelona?

Los miembros de Societat Civil Catalana ya tienen pensada la fórmula para reconciliar al Ejecutivo con los catalanes. “Se podría descentralizar algún órgano y trasladarlo a Cataluña. Se habló del Senado, no estaría mal”, dejan caer.

En el informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se expone una serie de indicadores que dejan en evidencia que la independencia no sólo son bondades como dicen los independentistas. Según el documento, la independencia provocaría un efecto muy destructivo para Cataluña y para el resto de España de dimensiones todavía incalculables.

Una representación de la Junta Directiva de la entidad ha presentado el informe y ha destacado que “la Generalitat y otras instituciones y autoridades públicas catalanas han dejado de actuar en su condición de autoridades e instituciones españolas, pasando a hacerlo como la protoadministración de un estado catalán, desvinculada del ordenamiento español”. 

Déficit democrático

El informe denuncia el déficit democrático que se produce cuando la Generalitat crea organismos paralelos a los legales, con y sin resonancia mediática. La consulta del 9N supuso un fraude y una desobediencia a la ley. El documento recuerdo también el uso de organismos internacionales para fines partidistas, el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, la discriminación lingüística en las aulas o la demonización de personas o entidades que discrepan de la línea oficial que marca el movimiento secesionista.

“Está claro que una comunidad autónoma no puede actuar con el fin de perjudicar los intereses generales del Estado”, dice el informe. “La consecución de la secesión de una parte del territorio nacional no puede ser considerada, ni siquiera en la más flexible de las interpretaciones, como compatible con dicho interés general”.

Como conclusión, los miembros de la Societat Civil Catalana han tratado de exponer y documentar de manera ordenada algunas razones por las que creen que Cataluña “adolece actualmente de un importante déficit democrático”. El informe se centra en las cuestiones que mejor conocen por haberlas vivido de cerca. “Habremos de profundizar en lo que ocurre hoy y en las raíces históricas” de esta situación.

Más de 100 empleados públicos españoles usaron Ashley Madison desde su puesto de trabajo

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Las direcciones filtradas pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Senado o el Consejo de Seguridad Nacional. Decenas de empleados de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se registraron en el portal de contactos desde la administración.

  • Las direcciones filtradas pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado
  • Decenas de empleados de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se registraron en el portal de contactos desde la administración

Más de 100 funcionarios y empleados públicos españoles utilizaron recursos del Estado para registrarse en Ashley Madison. Este colectivo utilizó una dirección de correo electrónico oficial y la conexión a Internet de la institución pública en la que trabajan para darse de alta en el sitio de contactos. Así lo revela el análisis pormenorizado de la base de datos de 10 gigabytes filtrada por el grupo The Impact Team con la información de cerca de 37 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

La Unidad de Datos de EL ESPAÑOL ha hecho un análisis detallado de las direcciones de correo oficiales asociadas a dominios “.es” y “.cat” para comprobar el uso que se ha hecho de Ashley Madison desde empresas, organismos e instituciones de titularidad pública a nivel estatal, autonómico y local.

Esta página web de contactos no verifica las direcciones de correo electrónico que registran sus usuarios. Pero el análisis de cada cuenta junto con la dirección IP gubernamental que se utilizó en el proceso de alta permite conocer el uso realizado desde las instituciones públicas. Una IP es un conjunto de números que identifica a nivel global cualquier dispositivo conectado a Internet de manera única. Sin tener en consideración esta verificación de la IP, el número de cuentas de correo asociadas a instituciones públicas españolas registradas en Ashley Madison eleva las inscripciones hasta más de 600 perfiles.

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Hay al menos 40 instituciones desde donde se registraron empleados y funcionarios públicos con un correo electrónico oficial y utilizando la conexión a Internet de la administración correspondiente.  En esa lista hay nueve ministerios, nueve comunidades autónomas, cinco diputaciones, más de una docena de ayuntamientos y nueve empresas con una participación pública superior al 50%. Cerca del 95% de los perfiles asociados a estas cuentas dicen ser hombres.

También aparecen otros organismos estratégicos. El Consejo de Seguridad Nacional, creado por Rajoy el 2013 como máximo órgano gestor de la seguridad del Estado, cuenta con cinco perfiles registrados a través de una IP asociada a este organismo. Entre ellos, uno asociado a un correo del Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo encargado de velar por la seguridad de las centrales nucleares españolas.

La institución del Defensor del Pueblo, los Puertos del Estado o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) también están presentes en esta lista. Algunos de sus miembros aparecen registrados en la base de datos de Ashley Madison con su cuenta de correo electrónico y desde la IP de la institución. 

EL ESPAÑOL ha decidido no publicar los datos personales ni cualquier otra información de los empleados y funcionarios públicos por respeto a su intimidad.

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El Ministerio de Defensa es uno de los organismos del Estado con mayor número de usuarios registrados en Ashley Madison con casi una veintena de perfiles. Existen cuentas asociadas a correos electrónicos de los tres ejércitos y de la operativa del propio ministerio que utilizaron su dirección y la conexión de Defensa para este fin. Le sigue el Ministerio de Interior con conexiones desde diferentes departamentos, entre los que destaca la Dirección General de la Policía. Los demás ministerios desde los que se han registrado perfiles en la página de contactos son Empleo, Sanidad, Agricultura, Hacienda, Justicia, Fomento e Industria. Hasta 33 perfiles fueron creados por personal que utilizó los recursos públicos facilitados por estos organismos.

A nivel autonómico destacan la Junta de Andalucía y la Generalitat valenciana con más de una decena de cuentas seguidas de las comunidades de Murcia, Aragón, Navarra, Galicia, Cataluña, Madrid y Ceuta. También destacan ayuntamientos como Madrid, Barcelona, La Coruña o Badajoz así como las diputaciones de provincias como Granada o Valencia. El tipo de tarea que desempeñan algunas de estas personas en sus respectivas administraciones es muy variado. Hay directores de área o departamento pero también funcionarios auxiliares.

En la base de datos filtrada no sólo encontramos organismos oficiales como ministerios o ayuntamientos. También hay una decena de cuentas registradas bajo correos oficiales de empresas públicas como RTVE, Renfe y Adif. Estos perfiles se registraron en Ashley Madison desde la conexión a Internet de la institución y utilizando el correo electrónico del trabajo.

Ligando desde el trabajo

Además del centenar que usaron la red y correo corporativo de un organismo público, al menos 2.600 perfiles de Ashley Madison se han registrado en la página web utilizando otras cuentas de correos desde la conexión a Internet de la institución pública a la que pertenecen.

EL ESPAÑOL ha realizado un ejercicio de búsqueda inversa para localizar en la base de datos filtrada por el grupo The Impact Team los rangos de direcciones de conexión a Internet (IP) de una gran parte de las instituciones públicas españolas. De esta forma, se ha localizado a usuarios que hicieron el proceso de registro en Ashley Madison con direcciones de correo personales (Gmail o Hotmail) pero desde la red de la administración.

Esta cifra no incluye todos los altos cargos, funcionarios o empleados públicos que utilizaron su puesto de trabajo en la administración para navegar por la web de contactos pero permite mostrar una estimación aproximada.

En este grupo de usuarios destacan cerca de 600 perfiles asociados en el proceso de alta a una dirección IP de la Junta de Andalucía, unos 500 perfiles desde la Generalitat catalana, cerca de 300 desde la red de la Generalitat valenciana y unos 130 desde la Comunidad de Madrid. Le siguen 150 perfiles que se conectaron desde la Xunta de Galicia y el mismo número desde el Ministerio de Defensa. Otros ministerios con perfiles registrados desde sus redes son Educación, Sanidad y Agricultura.

El análisis también revela que cerca de 50 usuarios se registraron en Ashley Madison desde direcciones IP que pertenecen a la Dirección General de la Policía. Hay 70 perfiles asociados al Ayuntamiento de Madrid, 34 del Ayuntamiento de Barcelona, 13 perfiles desde el Congreso, 10 desde el Senado y cuatro desde el Consejo del Poder Judicial, entre otros organismos e instituciones.

Políticos con perfiles falsos

Entre las direcciones de correo filtradas por The Impact Team se encuentran algunas de políticos españoles.

Un análisis elaborado por EL ESPAÑOL revela que se trata de una usurpación de sus cuentas oficiales aprovechando que Ashley Madison no dispone de un mecanismo de verificación del correo. Este hecho ha posibilitado que en los últimos días algunas de estas cuentas hayan aparecido en redes sociales como si fueran legítimas.

Entre las más destacadas aparecen cinco cuentas de diputados del Congreso registradas desde Argentina y Perú así como perfiles que se inscribieron simulando una posible cuenta en La Moncloa de los tres últimos presidentes del gobierno: José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.