Luces y sombras de la reforma del Tribunal Constitucional

Un Estado de Derecho tiene la obligación de acatar y hacer cumplir las leyes, por encima de las vías de hecho y conforme al espíritu de la Constitución. La reforma que acaba de aprobar el Congreso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parece adecuada en el fondo pero completamente inadecuada en cuanto a sus formas, las cuales, en el Derecho, no sólo son necesarias sino fundamentales.

6014724364_d53ca681b5_oEl Partido Popular pretende corregir por la vía legislativa un problema que no sólo es jurídico sino que, sobre todo, es político. La reforma plantea que sea el propio Tribunal Constitucional el encargado de ejecutar sus resoluciones, lo que, de manera preliminar, excede de las competencias constitucionales del referido órgano.

Por un lado, el Gobierno del PP quiere que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tengan título ejecutivo, un aspecto que puede considerarse sobreentendido toda vez que el incumplimiento de las decisiones del TC podría dar lugar a delitos de desobediencia o prevaricación.

La modificación prevé la imposición por parte del Tribunal Constitucional de multas coercitivas y la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Incluso el TC podría imponer “las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento” de sus resoluciones sin oír a las partes en casos de “especial trascendencia constitucional”. De mantenerse la norma en esos términos tras su tramitación parlamentaria, se vulneraría flagrantemente el derecho a ser oído antes de ser sancionados. La posibilidad de imponer sanciones que no se detallan genera, de hecho, inseguridad jurídica.

Contraria al Derecho europeo

De salir adelante la reforma, no sólo sería aparentemente contraria a la Constitución sino también al Derecho europeo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de las partes a ser oídas equitativamente.

En Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, la Corte Suprema (órgano supremo en ambos países) no es la encargada de ejecutar sus propias sentencias sino que esa función recae en los tribunales inferiores, así como en el gobierno. De la misma manera, en Francia la obligación de velar por que las resoluciones del Consejo Constitucional se cumplan no es de éste sino del poder ejecutivo.

No parece que la reforma que se plantea en España sea la más adecuada para velar por el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico y, además, presenta ciertos tintes totalitarios.
Es correcto que el Estado se proteja de aquellos que lo quieran romper, pero el fin no justifica los medios. El Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, determinando si una norma es conforme o no a ella. Desvirtuar su cometido podría ser un error. El legislador podría buscar otro órgano del Estado ejecutor de sus resoluciones, como podrían ser bien los Tribunales Superiores de Justicia, bien el Tribunal Supremo cuando se trate de aforados.

Juan Gonzalo Ospina es letrado y presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid

Marcha atrás en la Ley Torquemada

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Los agentes encubiertos no podrán hacer uso libremente de material ilícito en sus pesquisas en internet. El Senado pule uno de los puntos más polémicos de la futura norma.

 

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Imagen de un centro de datos. (Reuters)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado (PDF), el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido.

A tres meses de las elecciones generales, y gracias a una enmienda transaccional en la Cámara Alta, el texto de la reforma llega con un refuerzo de las garantías procesales, sobre todo en lo que toca a las investigaciones en las que se utilizan nuevas tecnologías (agentes encubiertos online, troyanos policiales de vigilancia, etc.).

Esta norma fija, por primera vez de forma exhaustiva, bajo qué criterios se pueden intervenir comunicaciones electrónicas y utilizar nuevas herramientas digitales, siempre con autorización judicial.

En la última versión del texto se ha restringido la amplitud con la que se había redactado el precepto inicial, que decía literalmente: “El agente encubierto electrónico podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos, siendo posible en tal caso el análisis de los algoritmos asociados a dichos archivos”.

Al ser tan amplio, dicho precepto podría haber abarcado cualquier tipo de comportamiento en la Red, como por ejemplo el intercambio de material pedófilo, y existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

“Autorización especifica”

Ahora, la enmienda introduce en la redacción del articulo 282 bis 6 la obligación de que exista “una autorización especifica” para que dicho agente encubierto pueda intercambiar material ilícito en internet.

De forma más amplia, la reforma -que no en vano se refiere a “la regulación de las medidas de investigación tecnológica”- obligará a los agentes a detallar al juez qué datos se persigue recabar, mediante qué instrumentos y qué duración tendrá la medida.

Según el abogado Carlos Sánchez Almeida, “hay que congratularse por este cambio introducido por el Senado, en la medida que la exigencia de autorización judicial específica para compartir archivos ilícitos aumenta las garantías procesales y evita la posibilidad de delitos provocados”. “No obstante”, añade dicho letrado especializado en internet y nuevas tecnologías, “la reforma en su conjunto es muy dura en materia de delitos informáticos, que se equiparan procesalmente a los casos de terrorismo y delincuencia organizada”.

Otros puntos polémicos de esta ley

Detención incomunicada (art. 509): Se mantiene la posibilidad de que el juez decrete prisión incomunicada durante un máximo de cinco días, prorrogables a otros cinco (en total, 10) “cuando se trata de causas por delitos de terrorismo o delincuencia organizada”. Éstos últimos, según la norma, son los “cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas”.

Instalación de troyanos (art. 588 septies a): Se habilita el uso de programas espías para registrar de forma remota ordenadores o sistemas informáticos. Se podrá utilizar este tipo de herramienta, naturalmente sin conocimiento del afectado, en investigaciones de delitos de terrorismo -el Código Penal considera como “terrorismo” filtraciones o difusión de consignas en internet-, contra menores, contra la Constitución y cualquier delito cometido “a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación”.

Instalación de dispositivos de localización (art. 588 quiquies b): La norma prevé habilitar a los agentes para colocar dispositivos secretos de localización sin autorización judicial previa, pero siempre que “concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación”. Después se establece un plazo máximo de 24 horas para que el juez ratifique o acuerde el cese de la medida.

Las ‘penas de telediario’ (art. 520 1): Una de las disposiciones más mediáticas de la reforma de esta ley contempla adoptar las “medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen” de los afectados tanto en el momento de su detención como en traslados ulteriores. Se trata de evitar imágenes como las del cogotazo a Rodrigo Rato o la detención de Isabel Pantoja, por poner dos casos recientes con gran impacto en la opinión pública. Tras su paso por el Senado, el texto queda muy matizado al incluir “el respeto al derecho fundamental a la libertad de información”, por lo que es probable que sigamos viendo imágenes de personajes públicos acompañados por los agentes.

También en EL ESPAÑOL: Las ‘leyes mordaza’ ya están aquí

Nos toman por besugos filósofos

Besugos

Empecemos el curso compartiendo ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos. La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política…

Ilustración: Javier Muñoz

Empecemos el curso compartiendo ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos. La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp.es/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política.

Hemos entrado en la actualizada página oficial del partido gobernante. Ahí está en la parte superior izquierda el nuevo logo podemizado, con el charrán en el lugar de la gaviota y la expresión “populares” a la derecha. Su problema es que han podido cambiar de emblema pero no borrar sus huellas. Tiempo al tiempo, que pronto habrá un movimiento para que los partidos puedan acogerse al derecho al olvido en Internet.

Acerquémonos entre tanto a las fauces del Leviatán barbado. Lo primero que vemos es una foto que muestra al entonces mano derecha de Rajoy y hoy embajador en Londres, Federico Trillo, marchando apresurado con aire de quien no puede perder ni un minuto para entregar el candente dossier que lleva en la zurda. Le escoltan dos palafreneros de los grupos del Congreso y Senado y un agente de seguridad. Luego avistamos el título -“El PP recurre la Ley del Aborto”- y bien destacada la fecha: 1 de junio de 2010. Ayer como quien dice.

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Ilustración: JAVIER MUÑOZ

Que los pusilánimes den la vuelta a la chalupa porque ahora toca franquear las fauces del rorcual y adentrarse como Jonás en el corazón de las tinieblas. El río que nos lleva, en medio de una manada de refulgentes peces rosáceos de ojos saltones, es la versión oficial, con estructura de crónica periodística, de la que fue una de las principales iniciativas del PP durante la pasada legislatura. Arponeros, tensad las cuerdas que os sujetan a la quilla. Vais a necesitarlas para dominar vuestras arcadas.

El primer párrafo anuncia la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional y concreta la impugnación de “ocho preceptos” -no uno, ni dos… ¡ocho!- de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Gobierno de Zapatero. El segundo párrafo especifica que “entre esos preceptos se halla el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre” porque “la vida del no nacido… queda absolutamente desprotegida”. El tercer párrafo añade que esto “resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que todos tienen derecho a la vida”.

Tras un cuarto, quinto y sexto párrafo dedicados a aspectos menos nucleares del conflicto -incluido el derecho de las menores a abortar sin conocimiento de sus padres- llegamos, contened todos el aliento, al tremendo párrafo séptimo en el que la prosa administrativa nos arroja frente al único absoluto de la condición humana: “Una importante novedad es que se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad cuya tramitación se pide que sea preferente”. ¿Por qué tan drástica demanda? “Porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable”.

Sí, lo han leído bien, aquí no hay eufemismos que valgan: según el PP, es decir según Mariano Rajoy Brey, de lo que se trata no es de la interrupción, obstaculización o resolución de un proceso biológico incompleto sino de la “eliminación” -zis zas, fuera, uno menos, descanse en paz, aquí yace, RIP, los tuyos no te olvidan- de “vidas humanas”. No se habla del nasciturus, ni del feto, ni del óvulo fecundado, ni de ninguna categoría presuntamente intermedia o pretendidamente ambigua. No, no… “vidas” tan “humanas” como la del niño de la isla de Bodrum. Así de claro. Y el plural no se refiere ni a dos, ni a tres, ni a cien, ni a mil… sino a diez decenas de miles al año. Casi medio millón por legislatura. Quinientos mil cadáveres extraídos del mar de nuestro sistema sanitario. O sea que Auschwitz se hizo carne y habitó entre nosotros.

Pido perdón si alguien se siente ofendido, en unas u otras convicciones, por mis expresiones literarias. No banalizo nada. No es mi opinión la que emito. Ni tampoco la que cuenta en este conflicto de suma negativa en el que se elige entre dos males. Sólo me atrevería a decir con Isaiah Berlin que del fuste torcido de la humanidad es difícil que salga nada derecho. Y a lo más que puedo llegar es a la inevitabilidad de legislar de forma ponderada. Pero ni yo ni ninguno de ustedes ganó las elecciones con mayoría absoluta el 20 de noviembre de 2011. La única opinión que a efectos prácticos cuenta es la de quien sí lo hizo. O sea la del susodicho Rajoy Brey. Y ya la conocemos: “eliminación” en masa de “vidas humanas”. Ergo…

Si tan perentorio era que el TC ejerciera de ángel bíblico interponiendo su mano cada vez que el escalpelo del cirujano fuera a acuchillar a uno de esos cientos de miles de desvalidos, sería inexorable que encontráramos en la referencia del primer Consejo de Ministros de diciembre de 2011 la remisión a las Cortes, por el procedimiento de urgencia, de un proyecto de ley que derogara al menos los ocho artículos recurridos. Pero, ¡ah, no!, aquel día no fue posible porque había que subir los impuestos.

Bueno, estará entonces entre los acuerdos del segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto Consejo de Ministros de ese omnipotente Gobierno con ideas tan claras… Y resulta que tampoco, tal vez porque al democristiano Arenas le venía mal que se aplicara el programa de su partido cuando estaba en pleno intento de engatusar a los andaluces enarbolando el de sus adversarios.

El vértigo, el “horror vacui”, el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de “vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación. Ni siquiera cuando su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón le presentó un proyecto de ley que no era una futesa. Al final para todo lo que ha dado de sí la mayoría absoluta del PP es para que, reformilla de tapadillo mediante, las menores de edad sólo puedan contribuir a esa “eliminación” masiva de “vidas humanas” tras comunicarlo a sus progenitores. El sarcasmo no es mío sino del legislador.

El vértigo, el ‘horror vacui’, el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de “vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación

El otro día me encontré con Zapatero y le comenté que, si yo fuera él, tan pronto como Rajoy disolviera las Cortes escribiría un artículo titulado “Gracias, Mariano, estás perdonado”. La primera parte incluiría la relación de los controvertidos preceptos legales aprobados durante sus dos mandatos que permanecen intactos o apenas maquillados tras la mayoría absoluta popular. Y la segunda, el catálogo de denuestos que esas iniciativas merecieron por parte de Rajoy y su equipo, empezando, claro, por lo de la “eliminación” masiva de “vidas humanas”. Zapatero me miró perplejo, como si el nefelibata fuera yo, y vino a decirme que la complejidad de la España real se abre camino cuando uno gobierna.

Pongamos que al cinismo universal se le llame ahora así; demos por hecho -de lo contrario sería cómplice consciente de una monstruosidad- que Rajoy ya no piensa que medio millón de abortos, fruto de una ley de plazos, equivalga a la “eliminación” de medio millón de “vidas humanas”; y asumamos que sólo un hombre excepcional, en el extremo opuesto del orden zoológico, sería capaz de rectificar o al menos matizar públicamente categorizaciones tan insoslayables. Pero convengamos también en que el mínimo minimorum de coherencia exigible para no merecer que te arrojen huevos podridos por la calle o te embadurnen con brea y recubran con plumas de gallina, hubiera requerido la discreta retirada del bendito recurso ante el Constitucional.

Porque, al no haber ocurrido ni eso ni lo contrario para que los refulgentes peces rosáceos de ojos saltones no se escabullan ni hacia Vox ni hacia Ciudadanos, llevamos casi cuatro años instalados en la repulsiva contradicción de que el PP de Rajoy pide a los magistrados que detengan urgentemente la matanza de inocentes, mientras el Gobierno de Rajoy se rasca la entrepierna pasmado de que una parte importantísima de sus votantes siga viendo en esos procedimientos quirúrgicos legales la misma matanza de inocentes que ellos veían y describían sólo cinco años atrás. Y no me siento capaz de dictaminar con cuál de los dos Rajoy está la razón ética o la verdad científica, pero de lo que no me cabe duda es de que su coexistencia es desalmadamente obscena.

¿A alguien le sorprende que los magistrados del Tribunal Constitucional sigan aplazando ad calendas graecas la deliberación sobre tan urgentísimo y sanguinoliento recurso, correspondido por sus promotores con cuatro años de antiséptica pasividad en el poder? ¿A alguien le sorprende que tanto los jueces cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2010 como los jueces cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2015 se sientan instrumentalizados en el altar del más zafio utilitarismo electoralista? ¿A alguien le sorprende que este precedente pese sobre sus togas cuando se dan cuenta de que con la reforma, también urgentísima, de la ley del propio TC, con Albiol ahora en el papel de Trillo, Rajoy pretende repetir la jugada con otra fruslería de nada como la unidad de España?

Si el principio de separación de poderes figura entre las primeras Obsesiones de EL ESPAÑOL no es sólo para proteger su independencia sino principalmente para estimular su responsabilidad. Los jueces juzgan, los parlamentos legislan, los gobiernos gobiernan. Es cierto que a los tribunales les corresponde también ejecutar sus sentencias y que la especial jurisdicción del Constitucional le sitúa en un cierto limbo sin resortes directos de autoridad. Pero el desafío separatista es ante todo político y es al ejecutivo al que le corresponde hacerle frente con su rica panoplia de armas jurídicas y su monopolio legal del uso de la fuerza.

Tras cuatro años cruzado de brazos, esta respuesta de Rajoy al filo de la campana, consistente en que los magistrados puedan multar o suspender a quien les desobedezca, resultaría ridícula si no escondiera mucho más. Alguien empeñado, como dice Guerra, en dar “un golpe de Estado a cámara lenta”, no va a pensárselo dos veces ni por el riesgo de tener que pagar “entre tres mil y treinta mil euros” ni por el de tener que ceder el cargo al siguiente -o más bien al precedente- de la lista.

La destitución de alguien como Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter interino, tal y como ocurrió en octubre del 34. Algo que ya tenía que haberse hecho cuando el año pasado se llevó a cabo la consulta prohibida por el TC o a la vista de que, como acaba de recordar Rafael Hernández -este dechado de sindéresis que tanto nos hace añorar a su colombroño intelectual Floriández-, la Generalitat sigue costeando el fantasmagórico Consejo para la Transición Nacional, declarado anticonstitucional.

La destitución de alguien como Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter interino, tal y como ocurrió en octubre del 34

Como en el caso del aborto, el estafermo con mayoría absoluta ha optado, sin embargo, por transferir la responsabilidad de gestionar una situación límite a los magistrados del alto tribunal. Eso le permite justificar su parálisis en la expectativa de una acometida institucional ajena. Y mantener abiertas todas las opciones como el monigote giraldilla que despliega a la vez la maza y el escudo.

Qué más podía querer el aprendiz de golpista que una iniciativa de dudosa constitucionalidad, atufadoramente oportunista y palmariamente divisiva de los partidos no separatistas, para alimentar su desbarre. Ahí le tienen, hablando nada menos que de la Inquisición para camuflar la mangancia organizada del 3%. La torpe cobardía gubernamental le ha permitido así acercar de nuevo el ascua de la falta de calidad democrática de las leyes vigentes a la sardina de su delirio secesionista.

Como entre ballenas y clupeidas cabe algún término medio, la situación recuerda una estampa pintoresca del Bilbao de 1915 -tendremos que volver sobre ese año para hablar de Dato y de Cambó-, recogida en las páginas de El Pueblo Vasco. Sucedió al caer la tarde cuando el guardia urbano Pablo Sáez abordó junto al Cafe del Norte al vendedor de besugos Lorenzo Hernández, conminándole a cesar en su actividad, de acuerdo con “el artículo 31, párrafo tercero, apartado 16 de las ordenanzas municipales que prohíbe terminantemente la expedición de besugos con luz artificial”. El vendedor rehusó obedecer al guardia, dando grandes voces y “manifestando a la autoridad que los besugos se imponían a toda disposición emanada del municipio”. El lance derivó en tumulto y el tumulto en gresca, en medio de “un corro de curiosos y desocupados que no bajaría seguramente de 300 a 400”.

No es tanto el conflicto entre el derecho a decidir de los besugos y un rígido marco legal, reforzado por un precepto arbitrario, lo que llama mi atención, sino la descripción y coda final del gacetillero: “Y mientras se desarrollaban tales acontecimientos los besugos, rígidos, yacentes sobre la banasta, parecían mirar con sus ojos opacos a los actores de este suceso, en el cual se veían envueltos por no haber sido capaces de escapar a las arteras redes de los hombres… Los besugos son siempre unos filósofos”.

Philosophia perennis, que diría Leibnitz. Anteayer Soraya salió en sus teles reprochando al PSOE que utilizara “frases fáciles para problemas difíciles” -¡se refería a la crisis de la inmigración!- y pronto comenzará la pesca milagrosa. Una vez que las “arteras redes” hayan hecho su cosecha el 27-S en Cataluña, asistiremos a su despliegue en toda España y la manada de refulgentes peces rosáceos de ojos saltones será conducida de nuevo hacia el vientre de la bestia. Nada sería tan coherente como que se confirmara la fecha del 20 de diciembre, apuntada por Rajoy para las elecciones generales, pues pocos platos han adquirido la tradición navideña del besugo al horno. Y habrá que tener los “ojos” muy “opacos” o sentirse muy “filósofo” para respaldar a quien pretende hacerte cómplice no ya de un asesinato en masa o de un alarde de truculencia demagógica, sino de ambas cosas a la vez.

 

Una proposición inconsistente e incoherente

635769814260555968w El autor rechaza la reforma que acaba de plantear el PP en el Congreso de los Diputados para dotar al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora. Según Gómez de Liaño estamos ante una iniciativa innecesaria y equivocada porque, de ser aprobada tal modificación legislativa, se ahondaría en la politización del Alto Tribunal/ Foto: EFE

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La ejecución de una sentencia es el epílogo del drama, el último acto del rito. ‘Ite missa est. Ite iudicatum est’.

(Piero Calamandrei. ‘Processo e Democrazia’).

El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva no se limita a obtener una resolución dictada por un tribunal independiente que dé respuesta a la pretensión planteada, sino que se extiende a la plena eficacia de lo mandado en la sentencia.

Este preámbulo, al igual que la cita del gran jurista florentino, uno de los padres de la Constitución italiana de 1948, y los dos adjetivos aplicados al título del presente artículo, viene a cuento de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de reformar la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que, en palabras de la Exposición de Motivos de la proposición, responde a “la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar” el cumplimiento de las resoluciones de sus decisiones, lo que “obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real”.

Se trata de un proyecto legislativo que, aparte de algunas voces elogiosas, empezando por las del propio Gobierno, en boca de la señora vicepresidenta, y las de un par de colectivos judiciales, ha merecido críticas tan severas como la de ser un “disparate” -Felipe González dixit-, tratarse de una “chapuza” propia de la “extrema derecha” -comentario de Pedro Sánchez, líder del PSOE-, consistir en una reforma ad hoc con nombres y apellidos, o que la innovación tiene toda la pinta de ser un atajo electoralista del PP que coloca al supremo intérprete de la Constitución en una situación comprometida.

Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos utilizados por quienes se oponen a la reforma son bastante certeros y sus discrepancias de criterio están justificadas. Es más. La impresión generalizada, en la que se incluyen expertos y profanos en la materia, es que los populares no pretenden defender exclusivamente una posición jurídica.

Expresiones tan torpes como la de “se ha terminado la broma”, pronunciada por el candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 27-S, borran cualquier apariencia de juridicidad. Por cierto, una presencia, la del señor García Albiol, en el trámite de registrar la proposición que resultaba fuera de lugar y que recuerda aquello que Cela decía de que en España es difícil que cada cual sepa estar en el sitio exacto que le corresponde en el momento justo.

Se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un río revuelto para pescadores oportunistas

Nada hay más estrafalario que un político, sea parlamentario o no, erigido en jurista de prestigio o con hechuras de profeta, supuesto este último que se agudiza cuando el mesías, que encima apunta maneras de leguleyo, resulta un lírico partidario de “leyes de emergencia”, también llamadas “para salir del paso” o para dar gusto a clamores populares. Con actitudes como éstas se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un guiñol y también en un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas.

¿A estas alturas alguien puede ignorar que la función de los tribunales consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? ¿No dice la Constitución (artículo 118) y otras leyes (artículo 17 Ley Orgánica del Poder Judicial) que es obligado respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones que han ganado firmeza y sean ejecutables? ¿No habíamos quedado en que el incumplimiento de una resolución judicial puede ser constitutivo de los delitos de desobediencia y/o prevaricación (artículos 410 y 404 del Código Penal)?

Aunque a la vista está que todavía quedan indecisos, parece evidente que a la primera pregunta corresponde el no y al resto, un . Rotundamente: nadie puede, legítimamente, negarse a cumplir lo ordenado por un tribunal sin merecer el dedo apuntador del Ministerio Fiscal. Distinto es que el ciudadano medio piense que el poder judicial en España tiene un perfil muy bajo, cosa que atribuye a determinados responsables políticos o parapolíticos que padecen de un infinito complejo de superioridad respecto a los hombres de leyes a los que consideran ruedas del auténtico poder y minúsculos rodamientos fáciles de engrasar.

No cabe duda de que desde hace años vivimos un preocupante proceso de inflación legislativa, o, mejor dicho, de hipertrofia legislativa. Hoy se fabrican leyes por el mero afán de producir y de la cadena de montaje salen productos que no resuelven los problemas de la manera más adecuada. Lo expresaba muy bien el profesor García de Enterría cuando hablaba de una sociedad inundada por una marea incontenible de leyes y reglamentos. O sea, lo que Ortega y Gasset denunciaba cuando hablaba del mal de una “legislación incontinente” y lamentaba que la legislación en los últimos tiempos se hubiera convertido en “una ametralladora que dispara sin cesar”.

Además de inconsistente y de incoherente, la reforma es imprudente. Lo digo por la alta velocidad imprimida a la proposición a través del procedimiento de urgencia, lo que implica, al tratarse de una Ley Orgánica, preterir los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Sabido es que la vida de las instituciones se desenvuelve entre aciertos y errores, pero lo que uno no se imagina es que llegada la hora de escribir su historia, algunos amanuenses estén empeñados en hacerlo a golpe de dislate.

Acaso el PP quiera imponer ahora una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo antes

Ante la iniciativa y los comentarios que ha provocado, es de temer que algo grave pueda estar pasando en el partido del Gobierno. Después de dar vueltas a esta nueva vena legislativa, se me ocurre si acaso el PP no querrá imponer una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo cuando las circunstancias lo demandaban. Esto que acabo de apuntar precisaría de mayor explicación, pero como la mesura merma las ganas de hacerlo, baste con dejar anotado el supuesto no lejano en que ante la resistencia a acatar una decisión del propio Tribunal Constitucional, poco o casi nada se hizo para corregir el desatino, consecuencia de una estrábica, reactiva e inútil pasión nacionalista que roza el ridículo.

Dicho con los debidos respetos, a mí me parece que bajo esa reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, lo que subyace es una sutil y cínica voluntad de que las naturales potestades del Tribunal Constitucional necesiten de la tutela del Gobierno y un descarado propósito de dejar en entredicho, una vez más, la neutralidad del órgano, olvidando que la misión del Alto Tribunal es regular lo que resulta adecuado a la Constitución y lo que se opone a ella. De ahí que no sea extraño que cuando a los ciudadanos se les pregunta por él, la mayoría opine que es un órgano que se mueve empujado por los torpes émbolos de la peor política y un recinto donde se respiran espesos vientos partidistas.

Si se trata de reforzar la autoridad de la cosa juzgada implícita en las decisiones del Tribunal Constitucional, las medidas o remedios a adoptar deben llevarse a cabo por las Cortes Generales con calma, sin sobresaltos, utilizando exclusivamente la razón jurídica en el sentido que Hobbes decía, como perfeccionamiento de la conciencia humana; es decir, con habilidad técnica y sentido común. Y con el mayor acuerdo posible, pues resulta evidente que caben diferentes enfoques técnicos que es necesario reconducir con estrategia de consenso y no con voluntad de enfrentamiento.

“Enséñame un código y te diré quien manda”, suele decirse. Pues no. No es eso.

Mariano Rajoy busca el ‘gordo’ de la reelección el 20-D

Rajoy“Saque usted ese titular: lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones en España”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reveló durante una entrevista este jueves con el periodista Carlos Herrera la fecha que maneja el Ejecutivo para celebrar las próximas elecciones generales, la fecha tope que marca la ley electoral. Es el penúltimo domingo del año. Dos días antes del sorteo del Gordo de la Navidad./ Foto: EFE

Rajoy
Foto: EFE

“Saque usted ese titular: lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones en España”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reveló durante una entrevista este jueves con el periodista Carlos Herrera la fecha que maneja el Ejecutivo para celebrar las próximas elecciones generales, la fecha tope que marca la ley electoral. Es el penúltimo domingo del año. Dos días antes del sorteo del Gordo de la Navidad. Tradicionalmente, siempre se han convocado a los españoles para acudir a las urnas en otoño o en primavera, pero jamás se ha retrasado hasta el 20 de diciembre una cita electoral. ¿Cuánto se beneficia el Partido Popular de convocar unas elecciones generales en unas fechas tan próximas a Navidad?

En Génova, el cuartel general de los populares, han planeado exprimir la legislatura hasta la última gota para consolidar la recuperación económica y tener más margen para poder subir algún punto en intención de voto. Las encuestas vaticinan que el votante popular va reconciliándose cada mes un poco más con sus gobernantes, por lo que atrasar las elecciones supone depositar más confianza en el electorado. El politólogo Pablo Simón considera que poner esta fecha para abrir las urnas es una cuestión de estrategia básica, que poco o nada tiene que ver con la fiebre de las compras navideñas que atrapa a todos los españoles durante el mes de diciembre.

Rajoy quiere resurgir

“Cuando el ciclo económico está favor, hay que retrasar las elecciones todo lo posible. Si Rajoy pudiera celebrar las elecciones en marzo del año que viene, las retrasaría hasta entonces”, matiza. En la misma línea se muestra el consultor Emilio Serrano, que cree que el PP retrasa la cita electoral para dejar “atados los Presupuestos Generales del Estado. Si los populares no consiguen la llave de la gobernabilidad durante la próxima legislatura, los nuevos gobernantes no tendrán más remedio que gobernar durante un año con esos presupuestos aprobados ahora”.

Rajoy quiere resurgir de sus cenizas tras el descalabro del 24-M y aprovechará la recta final de la legislatura para vender su proyecto de estabilidad económica con la aprobación de los primeros Presupuestos de la recuperación económica. Es el as que se guarda bajo la manga para meter el miedo al electorado de que, si vienen los otros, la estabilidad económica volverá a tambalearse y España podría correr la misma suerte que Grecia.

El PP se ha guardado otra jugada maestra para dinamitar la campaña electoral catalana: la proposición de ley de reforma urgente del Tribunal Constitucional que el PP ha presentado esta semana y que permitirá multar a gobernantes y funcionarios que no cumplan sus sentencias y resoluciones. Una medida pensada para abortar una hipotética independencia de Cataluña tras los comicios del 27-S.

El consultor de comunicación Emilio Serrano apunta hacia estas dos claves para justificar la decisión del presidente del Gobierno de apurar al máximo el fin de la legislatura. “Que en Navidad se crea más empleo estacional y que el gasto se dispara por las compras navideñas es un hecho, pero es un dato irrelevante para conseguir votos”, añade. “Aprobar los PGE, reformar el TC y presumir de buenos datos económicos” son hechos que, a su juicio, beneficiarían al Partido Popular de cara a las elecciones.

El reparto de canales de televisión

Rajoy juega a su favor con otra baza: repartir los cuatro canales de televisión que ahora mismo mantiene en vilo al sector audiovisual. Una Comisión dependiente del Ministerio de Industria evalúa en estos momentos las nueve ofertas que hay encima de la mesa y, a partir del 9 de octubre, podrá tomar una decisión. Con esta herramienta, el presidente se asegura que los medios de comunicación pendientes de la resolución mantengan una posición menos combativa durante la campaña electoral con la esperanza de ser los elegidos.

A la espera de que Mariano Rajoy convoque definitivamente las elecciones, los expertos de comunicación consultados por este diario restan importancia a los que vaticinan que el PP retrasa las elecciones para beneficiarse del espíritu navideño. “Que los funcionarios cobren en diciembre la paga extra se notará en el consumo, y el PP intentará jugar esa baza. Pero no tendrá efecto sobre el voto”, comenta Simón, que sí encuentra otra diferencia en que las elecciones generales coincidan con la Navidad.

“Tradicionalmente, el PP desconfía de las campañas electorales. Los partidos de izquierdas siempre se han movido mejor durante los quince días que dura la campaña, así que si coincide con la precampaña navideña el PP puede jugar a la distorsión con sus votantes. ¿Tendría un efecto sobre el voto? No podría decir si positivo o negativo”, añade.

El Gobierno reforma “manu militari” el islam en España

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El Gobierno quiere poner orden en las filas de los musulmanes de España y  reformará “manu militari” las relaciones del islam con el Estado. El ministro Catalá impondrá a los musulmanes, vía Real Decreto, unos nuevos estatutos y creará la figura de Presidente de la Comisión Islámica. Justicia insiste en la necesidad “urgente” de contar con un interlocutor representativo para estudiar y aplicar medidas que aborten la radicalización, especialmente de los más jóvenes. Profesores de derecho eclesiástico tachan la iniciativa de inconstitucional.

Lea el Proyecto de Real Decreto

En la imagen Ryad Tatari, de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y Mounir Benjelloun, de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas.

 

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Ryad Tatari, de la Unión de Comunidades Islámicas de España, y Mounir Benjelloun, de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas.

El Gobierno español quiere poner orden en las filas del 1,8 millones de musulmanes –casi el 4% de la población–residentes en España. Considera que su representación ante el Estado no funciona y se dispone a legislar para, asegura, poder contar con un interlocutor válido con el que, por ejemplo, estudiar y poner en práctica iniciativas que impidan la radicalización, especialmente de los más jóvenes.

Para ello creará la figura de Presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano de representación de los musulmanes ante el Estado, y eliminará los dos cargos de secretarios generales que hay en la actualidad. A partir de ahora el presidente será el único interlocutor para “dirigir y coordinar” las relaciones de los musulmanes españoles con la administración.

El presidente dispondrá de amplios poderes y será elegido por una comisión permanente compuesta por 25 miembros. El Real Decreto que ha elaborado el Ministerio de Justicia impondrá así unos nuevos estatutos a la CIE que, asegura, “reflejan la nueva realidad” y favorecerán “su papel de representante de todos los musulmanes residentes en España”. 

La intención del Ejecutivo, de reformar “manu militari” sus relaciones con el islam en España, ha desatado una gran polémica en el seno de las comunidades islámicas y entre expertos en derecho eclesiástico. “¿Se atrevería el Gobierno a decir a la Conferencia Episcopal cómo debe designar a sus obispos?”, se pregunta sorprendido Juan Ferreiro, catedrático de derecho eclesiástico de la Universidad de A Coruña. “Pues eso es lo que un Estado aconfesional como el español quiere imponer a los musulmanes”, recalca. “¡Es intervencionismo!”.

“Es grave porque supone una injerencia inconstitucional en la organización de las confesiones religiosas”, sostiene José María Contreras, profesor de derecho eclesiástico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. “Viola, por un lado, el principio de laicidad del Estado y, por otro, los derechos de libertad religiosa y asociación sin que la causa para hacerlo sea legítima ni proporcional”, añade.

 

El ministro de Justicia Rafael Catalá.

Desde el Ministerio de Justicia se insiste, sin embargo, en que es constitucional y que se ha tomado tal iniciativa a petición de numerosas comunidades islámicas hartas del bloqueo que, desde hace más de dos décadas, impide el desarrollo del Acuerdo que en 1992 el Estado suscribió con los representantes musulmanes y que les otorga amplios derechos.

El ministro de Justicia Rafael Catalá ha convocado, el 16 de septiembre, a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR), en la que participan las principales confesiones religiosas, para informarle del Real Decreto que reorganiza por completo la CIE. A continuación Catalá elevará el decreto, en principio antes de finales de septiembre, al Consejo de Ministros.

Tatari versus Benjelloun

Dos congregaciones regentan ahora la CIE cuya estructura es bicéfala. La mayoritaria es la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), que dirige desde hace casi un cuarto de siglo el imán Ryad Tatari, español de origen sirio. El Ministerio del Interior le coloca “en la órbita de los Hermanos Musulmanes”, el movimiento fundado en 1928 por el egipcio Hassan el Banna para renovar el islam y luchar pacíficamente contra la influencia de Occidente. Tatari niega cualquier relación con ese movimiento.

La minoritaria es la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), que encabeza desde hace seis años Mounir Benjelloun, español de origen marroquí, apoyado por un nutrido grupo de conversos españoles. El Ministerio de Justicia vincula a Benjelloun con Justicia y Espiritualidad (JyE), el movimiento islamista no violento de oposición a la monarquía marroquí. Benjelloun no niega que comparte su filosofía, pero desmiente cualquier relación orgánica con sus correligionarios en Marruecos.

“Esta estructura bicéfala unida a la falta de entendimiento entre ambas federaciones (UCIDE y FEERI) ha impedido a la Comisión Islámica de España situarse como órgano representativo del islam e interlocutor eficaz ante el Estado para el seguimiento del Acuerdo de 1992”, señala el preámbulo del Real Decreto. El Acuerdo, que tiene rango de ley, apenas se ha desarrollado lo que perjudica a los musulmanes.

El bloqueo de la Comisión Islámica de España, a causa de la animadversión entre sus dos secretarios generales actuales, Tatari y Benjelloun, reviste ahora más gravedad, según fuentes cercanas a Catalá. “El Estado”, insisten, “necesita urgentemente un interlocutor musulmán representativo para estudiar y aplicar medidas que aborten la radicalización” y otras muchas relacionadas con la enseñanza del islam en los colegios, la formación de los imanes…

“Es una intervención autoritaria”

Benjelloun ha puesto el grito en el cielo mientras que Tatari se declara “en principio favorable” a la resolución de Catalá porque “es un mal menor que pondra algo de orden”. “Es una intervención autoritaria en los asuntos internos de los musulmanes de España”, denunció en cambio Benjelloun al teléfono. “Es totalmente inaceptable”, prosiguió. Anuncia que convocará manifestaciones ante Justicia y acudirá a los tribunales para impugnar el decreto. Éste “aumentará la desconfianza hacia el Estado y fomentará la radicalización”, vaticina.

Benjelloun sospecha además que, en el fondo, se trata de una maniobra para colocar a Tatari, su eterno rival, al frente de la Comisión Islámica porque siempre se ha mostrado menos reivindicativo a la hora de exigir que se pongan en práctica los derechos de los musulmanes recogidos en el Acuerdo de 1992.

A lo largo de los últimos años las autoridades de Rabat han reprochado a las españolas subvencionar a la FEERI de Benjelloun para llevar a cabo sus actividades en España, mientras que en Marruecos los islamistas de Justicia y Espiritualidad son un movimiento ilegal aunque tolerado en algunas ocasiones. “Vosotros ayudáis a los mismos que nosotros perseguimos aquí”, es una queja repetida con frecuencia por responsables marroquíes ante sus interlocutores españoles.

En 2011, Justicia ya promulgó un Real Decreto para obligar a la Comisión Islámica de España a abrir la puerta a comunidades religiosas que deseaban ingresar en ella. Aun así UCIDE y FEERI siguen siendo, cuatro años después, hegemónicas, y también antagónicas, en el seno de la institución que representa a los musulmanes ante el Estado.

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Lea el proyecto de Real Decreto

 

¿Castigar o no la prostitución? 4 razones en contra y 4 a favor

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La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado una pregunta casi tan vieja como el oficio más antiguo del mundo. ¿Es la prostitución un crimen que debería ser penalizado?

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado una pregunta casi tan vieja como el oficio más antiguo del mundo. ¿Es la prostitución un delito que debería ser penalizado?

El comité directivo de Amnistía ha aprobado este martes adoptar la despenalización de la prostitución como su postura oficial. Durante las últimas semanas esta propuesta ha suscitado una batalla de declaraciones por parte de numerosas organizaciones, trabajadores sexuales y hasta celebridades cómo Emma Thompson o Meryl Streep.

Para elaborar este documento, Amnistía ha entrevistado a trabajadores sexuales de cinco países y se ampara en investigaciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Su conclusión es que criminalizar el trabajo sexual aumenta la probabilidad de discriminación, acoso y violencia de las personas que se dedican a estas actividades. Por lo tanto, a partir de ahora Amnistía defenderá formalmente descriminalizar la prostitución, siempre que sea entre adultos y consentida.

EL ESPAÑOL ha hablado con organizaciones y plataformas activas en el debate, que defienden desde considerar la prostitución un crimen bajo cualquier circunstancia hasta despenalizar la actividad de todos los participantes de la industria del sexo, incluyendo clientes y proxenetas.

4 argumentos en contra de castigar la prostitución

Descriminalizar la industria del sexo protege a los trabajadores sexuales

Más de 800 personas, entre las que se incluyen numerosos trabajadores sexuales, académicos y miembros de instituciones de derechos humanos han firmado una carta iniciada por el Comité Internacional sobre los derechos de los trabajadores sexuales en Europa (ICRSE) apoyando la iniciativa de Amnistía “de proteger a los trabajadores sexuales de la violencia y discriminación”.

La organización Red Global de proyectos de trabajadores sexuales (NSWP) también ha comenzado una petición en Change.org a favor de la despenalización de la prostitución, firmada por 10.073 personas.

El coordinador del ICRSE y trabajador sexual desde hace diez años Luca Stevenson afirma que descriminalizar el trabajo sexual sería beneficioso para los trabajadores sexuales. “El trabajo sexual no es violento de por naturaleza, pero existe mucha violencia en la industria”, asegura. Para Stevenson, “el gran nivel de violencia y abuso es culpa de la criminalización del negocio del sexo y del estigma que tiene”.

Pye Jackobsson es la presidenta de NSWP, vive en Suecia y es una trabajadora sexual desde hace 27 años. “La única mala experiencia que he tenido en la industria del sexo fue hace muchos años en Grecia (antes de que Grecia legalizase la prostitución)”, afirma. “Me contrataron para un trabajo de diez días en un club, y los dueños me encerraron en un apartamento que había encima del local. Si el trabajo sexual fuese reconocido como cualquier otra profesión habría podido ir a la Policía y hubiese habido una respuesta legal. Como la prostitución era un crimen, no dije nada”.

Criminalizar a los clientes no es suficiente

El conocido como modelo nórdico, aplicado con matices en Suecia, Noruega, Islandia, Canadá e Irlanda del Norte, es considerado por muchos cómo el mejor para regular la prostitución, ya que criminaliza a clientes y terceras personas que participan en la industria del sexo, como burdeles y proxenetas, pero no a los que la ejercen.

Sin embargo coordinador de ICRSE Luca Stevenson afirma que cuando ser cliente es un crimen hay menos demanda, por lo que los trabajadores sexuales tienen que trabajar más horas y en condiciones menos seguras. “Criminalizar la fuente de ingresos hace más probable la violencia”, concluye.

Pye Jackobsson también está en contra del modelo nórdico. “Yo soy de Suecia, y puedo decirte que este modelo no funciona. La Policía vigila los apartamentos de los trabajadores sexuales y muchas veces no hace distinción entre el que compra y el que vende el sexo. Los trabajadores sexuales no confían en los agentes y no acuden a ellos si están en peligro”, asegura.

Un recurso contra el tráfico sexual

Luca Stevenson considera que de todos los países que ha legalizado la prostitución, Nueva Zelanda es el único que realmente ha descriminalizado la industria del sexo. “En Nueva Zelanda no existen pruebas concluyentes de que haya aumentado el tráfico de personas”, declara Luca Stevenson. “En Noruega se ha alcanzado un número récord de víctimas de tráfico en los últimos años, pero en este país los clientes son criminalizados, lo que puede reforzar la explotación de los trabajadores sexuales ya que siguen teniendo que esconderse”.

El coordinador de ICRSE añade que en aquellos países donde la prostitución es legal (Alemania, Países Bajos) es más fácil identificar el número de trabajadores sexuales que están siendo explotadas, lo que puede crear la ilusión de que el tráfico ha aumentado.

La prostitución: un trabajo como cualquier otro

Jacobsson afirma que ella ejerce como trabajadora sexual porque quiere. “Respeto las experiencias de todo el mundo y entiendo que hay trabajadores sexuales que no han tenido buenas experiencias. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que la prostitución debería ser un crimen desde un punto de vista ideológico. Yo te estoy hablando de mi vida. Ellos piensan que saben que es lo mejor para nosotros, pero eso es condescendiente y ofensivo”.

Stevenson cree que “el trabajo sexual suele estar relacionado con la pobreza, la desigualdad y la opresión, por lo que minorías, inmigrantes y mujeres forman la mayor parte de los trabajadores sexuales.”. Pero eso no significa que estas personas no tengan capacidad de decisión, añade el coordinador.

4 argumentos a favor de castigar la prostitución

 La industria del sexo es violenta por naturaleza

En las últimas semanas, más de 400 personas de distintas organizaciones feministas y de derechos humanos han firmado una carta de la organización Coalición contra el tráfico de mujeres (CATW en inglés) en la que piden que Amnistía no adopte una política que “se posiciona a favor de los compradores de sexo, proxenetas y otros explotadores en vez de con los explotados”. El texto ha sido apoyado por actrices como Meryl Streep, Emma Thompson y Anne Hathaway.

La institución también ha iniciado una petición de Change.org en contra de la descriminalización del negocio del sexo, que en el momento de publicar este artículo ya tiene 8.769 firmantes.

Taina Bien-Aime, directora ejecutiva de CATW, afirma que el sexo a cambio de dinero siempre es un acto de violencia, aun cuando es consensual.

“La industria del sexo es causa y consecuencia de la desigualdad de género”, afirma Bien-Aime. “No todas las mujeres que participan están siendo explotadas, pero la prostitución siempre es violenta y discriminatoria de por sí. Este negocio significa que un hombre tiene el derecho a comprar un acto sexual, y realizar sus fantasías más oscuras con otro ser humano. Mientras una mujer pueda ser comprada por un servicio sexual nunca habrá verdadera igualdad”.

Asunción Miura, la representante de CATW en España, considera que ejercer la prostitución genera muchos efectos secundarios, como por ejemplo el daño psicológico. “La mujer que participa en este negocio es una víctima”, defiende.

Castigar, pero al cliente

Según la directora de CATW el modelo nórdico es el único posible para regular la prostitución, ya que el que mejor protege las mujeres que venden su cuerpo. “Los resultados en los países donde se ha aplicado este modelo (por ejemplo en Suecia) han sido muy positivos”, afirma.

Taina Bien-Aime añade que “los seres humanos que se compran y venden en el comercio sexual, que son en su mayoría mujeres, no deben ser criminalizados”. Sin embargo, CATW está a favor de castigar a clientes, burdeles y proxenetas. “La responsabilidad penal la tienen los explotadores, no los explotados”, asegura.

Luchando contra la prostitución se lucha contra la trata

Asunción Miura declara que “hay trata porque hay prostitución”. “La trata es la globalización de la prostitución”, dice. “Tienen las mismas raíces, y las razones por las que existen los dos fenómenos son los mismos”.

“Amnistía dice que la prostitución y el tráfico sexual son fenómenos distintos, pero están unidos intrínsecamente”, explica la directora ejecutiva de CATW. “Es imposible evitar el tráfico sexual sin abordar el mercado del sexo comercial”.

Taina Bien-Aime asegura que la legalización de la prostitución tiene efectos catastróficos. “El crecimiento legal de burdeles en Alemania ha provocado un aumento en el tráfico sexual. También en los Países Bajos”, afirma.

Una realidad basada en eufemismos

La directora de CATW se niega a usar el término “trabajador sexual” para referirse a las personas que ejercen la prostitución. “Nosotros preferimos llamarlas ‘mujeres en prostitución’”, explica. “El término ‘trabajador sexual’ es un invento de la industria del sexo para ocultar el daño que hace e intentar compararlo con cualquier otro trabajo normal”.

Bein-Aime se basa en datos de SPACE International, una organización que representa a “supervivientes de la industria del sexo”, para afirmar que la mayor parte de mujeres en prostitución son objeto de violencia física y mental.

Asunción Miura afirma que “nadie ejerce la prostitución porque quiere”.

“La prostitución no es una opción si no hay ninguna otra opción”, dice Ben-Aime. “El consentimiento no legitima la industria del sexo”.

 

Foto: Flickr/Surlzar

El Tribunal Supremo acuerda tramitar una demanda que cuestiona a su presidente

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite la demanda presentada por cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión, promovida por el presidente, Carlos Lesmes (en la foto), de no renovar la Comisión Permanente, el núcleo de poder del CGPJ.

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El Tribunal Supremo tramitará una demanda que afecta a su presidente, Carlos Lesmes, como máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Después de cuatro meses de debate, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado la insólita decisión de admitir a trámite el recurso promovido por cuatro vocales del CGPJ contra el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente.

Este órgano se ha convertido en el núcleo de poder del Consejo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por el PP en junio de 2013. Presidida por Lesmes, sólo cinco de los 20 vocales forman parte de la Comisión Permanente, que ha sumado a sus tradicionales competencias ejecutivas la función de la desaparecida Comisión de Calificación (proponer los nombramientos para cargos judiciales), además de supervisar la actividad de la Inspección y del promotor de la acción disciplinaria (el instructor de los expedientes contra los jueces).

Únicamente esos cinco vocales -que en un futuro próximo serán siete, tras otra reforma que acaba de ser aprobada- tienen dedicación exclusiva en el CGPJ. Los demás simultanean el cargo en el Consejo con su profesión jurídica o judicial, lo que les impide no ya participar sino incluso estar al corriente de la actividad cotidiana de la institución.

La Comisión Permanente diseñada por Lesmes en enero de 2014, recién constituido el nuevo CGPJ, fue renovada tal cual hace seis meses con el solo cambio de Nuria Abad (propuesta por el PP) por Mercé Pigem (CiU). Esta última dimitió tras ser ser sorprendida en noviembre de 2014 por la Guardia Civil entrando en España desde Andorra con 20.100 euros en efectivo. El resto de los elegidos son dos consejeros propuestos por el PP, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán, y otros dos por el PSOE, Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta.

La propuesta de Lesmes de mantener durante 2015 la misma composición de la Permanente fue la única que se votó en el Pleno del Consejo el pasado 29 de enero y resultó aprobada por 14 votos frente a 7. Cuatro de las vocales discrepantes -Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, propuestas por el PSOE e IU- interpusieron en marzo ante el Tribunal Supremo una demanda, con una posterior ampliación, en la que impugnaban la decisión por defectos formales y por haberse incumplido, a su parecer, la previsión legal que literalmente establece que “se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente”.

Dudas de legitimación

En una resolución ya firmada de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Garzón, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que la ampliación de la demanda, referida a los defectos formales de la decisión del Consejo, fue presentada fuera de plazo. Pero ha aceptado revisar el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente, dejando para el momento de la sentencia los problemas de legitimación de las vocales para impugnar un acuerdo emitido por el órgano del que forman parte.

Fuentes del tribunal indicaron que las dudas de legitimación que plantea el caso han cedido a favor de la tutela judicial porque la decisión del CGPJ de no cambiar la Comisión Permanente afecta a la esfera de derechos e intereses de las consejeras demandantes, incluidas sus retribuciones.

La decisión de la Sección Primera ha coincidido con el proceso de elección del nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cargo para el que ha sido nombrado, con notable controversia, el magistrado Luis María Díez-Picazo. Su antecesor, José Manuel Sieira, y otro aspirante al puesto, Jorge Rodríguez-Zapata, han formado parte del tribunal que ha admitido a trámite la demanda que cuestiona la actuación de Lesmes en el CGPJ. Sieira y Rodríguez-Zapata, no obstante, no tenían la llave de una Sección formada por seis magistrados y que ha resuelto sin formulación de votos discrepantes.

 

 

21.000 voces contra la ‘politización’ y la falta de medios de la Justicia en España

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La Agrupación de Jóvenes Abogados, integrada en el Colegio de Abogados de Madrid y que engloba a 21.000 letrados, presentará este miércoles a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo un informe sobre la situación de la Justicia en España. En él denuncia la “intromisión del Ejecutivo en la Judicatura” a través del control de la elección del Consejo General del Poder Judicial, encargado de los nombramientos de los jueces.

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La Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid busca que el Parlamento Europeo “tome conocimiento” de la situación de la Justicia en España, caracterizada, a su parecer, por la “intromisión flagrante” del Ejecutivo y por una “carencia de medios estructurales” que ralentiza la labor de los jueces y “atenta contra las garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Así consta en el escrito que la organización ha preparado para la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y que será registrado en Bruselas dentro de 48 horas. El presidente de AJA, Juan Gonzalo Ospina, espera que la comisión admita a trámite la queja -“representamos a 21.000 abogados colegiados”, enfatiza- y convoque una audiencia que le permita dirigirse personalmente a los eurodiputados.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede enviar una petición al Parlamento Europeo, de forma individual o en asociación con otros, sobre un asunto relacionado con los ámbitos de actividad de la UE. Puede tratarse de una solicitud particular, una queja, una observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario o un llamamiento para que el Parlamento Europeo tome posición sobre una cuestión concreta. Según figura en la página web de la institución, estas peticiones dan al Parlamento Europeo “la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución”.

Nombramientos judiciales

Lo que AJA pretende es que el Parlamento Europeo “urja” al Gobierno español a revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en particular, el sistema de nombramiento de los cargos discrecionales: magistrados del Tribunal Supremo y presidentes del Tribunales Superiores y Audiencias, las “piezas clave en la arquitectura jurisdiccional del Estado español”.

“Se encuentra muy difundida entre la sociedad española la sospecha de que tales puestos se cubren atendiendo a criterios ajenos al mérito jurídico y muy vinculados a ‘consideraciones espurias’ como la ‘empatía personal’, la ‘afinidad ideológica’ o la ‘adscripción asociativa'”, señala.

A su juicio, el problema radica en que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano encargado de efectuar esos nombramientos, se compone de vocales “elegidos por los grupos políticos”. “Es cierto que los magistrados no son elegidos directamente por los políticos, pero es innegable que existe una profunda y perniciosa influencia de éstos en los nombramientos”, sostiene.

La solución “definitiva” pasa “obligatoriamente” por una reforma legal que “desvincule el gobierno judicial del poder político”. Y ello “requiere simplemente que los miembros del CGPJ sean elegidos democráticamente por y entre los propios jueces”, esto es, que “se vuelva” a la interpretación inicial del artículo 122.3 de la Constitución española (“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”).

Los 12 vocales del CGPJ de origen judicial fueron elegidos por y entre los propios jueces en 1980, cuando se constituyó el órgano de gobierno de la Judicatura. El PSOE modificó la ley en 1985 y entregó al Parlamento la designación de todos los consejeros. Aunque el PP prometió en su último programa electoral reinstaurar la fórmula de 1980, en realidad ha consolidado la elección parlamentaria de los miembros del Consejo.

Es preciso “impedir todo cuanto favorezca la designación de amigos políticos en la Judicatura”, afirma AJA, que considera que debe pensarse en fórmulas novedosas que garanticen que los cargos discrecionales de la Administración de Justicia sean designados “exclusivamente por mérito y capacidad”. Junto a una revalorización del criterio objetivo de antigüedad en la carrera judicial, el escrito propone otros mecanismos consultados con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Entre ellos figura la preselección de candidatos mediante votación (“un juez, un voto”) en el ámbito territorial del cargo al que se opte.

Lentitud e impunidad

Para AJA, otro de los “grandes problemas” de la Justicia española es su “traumática lentitud”, con la “consecuente pérdida de eficacia de la doctrina juriprudencial que, cuando llega, en ocasiones llega tarde, asentando criterios interpretativos de realidades ya inexistentes o diferentes. Todo ello alimenta la inseguridad jurídica y el desconcierto de los ciudadanos, espanta a los inversores y relativiza el fundamento del Estado de Derecho”.

En el caso de la jurisdicción penal, la demora “genera una preocupante alarma social y un cierto sentimiento de impunidad, por cuanto una condena tardía, unida igualmente a un resarcimiento de la víctima (o de la entera sociedad en asuntos de corrupción) en los términos que corresponda, que se produce varios años después de cometido el ilícito refleja un absoluto desinterés del Estado para con sus ciudadanos”.

AJA cree que las principales causas de esta “lamentable imagen” que ofrece la Justicia en España son la carencia de medios, la irregular distribución de las cargas de trabajo por un ineficiente reparto de los asuntos judiciales, la falta de jueces y la necesidad de nuevos juzgados y tribunales que puedan atender las demandas de los ciudadanos.

Junto a ello, el escrito denuncia que se producen “constantes vuelcos al ordenamiento jurídico, inspirados por pactos políticos cuando no por el partido mayoritario en turno, que provocan inflación legislativa, de cuestionable calidad técnica y con un espíritu más atento a intereses coyunturales que a los requerimientos de orden, igualdad y seguridad jurídica del Estado de Derecho”.

“Tal desbocamiento legislativo”, afirma, “afecta irremediablemente a nuestros jueces, que (…) aplican e interpretan cada vez normas diferentes, lo que provoca una progresiva disminución de la eficacia de la jurisprudencia cuyos criterios tardíos, pocas veces uniformes y sostenidos en el tiempo, vienen a solucionar una problemática ya solventada o sustituida por otra de índole distinta”.

Blancanieves y los siete enanitos (bajo el foco de la reforma penal)

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Este 1 de julio ha entrado en vigor la última reforma del Código Penal. Su argumento estrella es la llamada prisión permanente revisable. Pero hay mucho más, sostiene el catedrático acreditado de Derecho Penal Javier Fernández Teruelo. A su juicio, la pretensión del legislador es, como sucedió con las treinta modificaciones anteriores, agravar la respuesta penal para luchar de forma “más eficaz” contra la delincuencia. El autor traslada el último cambio normativo al conocido relato infantil Blancanieves y los siete enanitos, y advierte de que endurecer el castigo no produce una reducción de la delincuencia, al menos de una gran parte de delitos, precisamente los más graves.

 

 

5457746612_5e030fe43f_zFrente al constante endurecimiento de la legislación penal, la sociedad española tiene ampliamente arraigada entre sus creencias la idea de que nuestro modelo punitivo es muy benévolo con los delincuentes. Dicho de otro modo, que tenemos un Código Penal blando o incluso, con expresiones más coloquiales y directas, que la justicia penal es un cachondeo o que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra.

Y resulta que es mentira. No sólo es falso, sino que ocurre justamente lo contrario. Tenemos uno de los modelos penales más duros del mundo civilizado. La ecuación es tan simple como sorprendente: con una de las tasas más bajas de delitos en Europa occidental (20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea e inferior a la de países como Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca o Suecia) tenemos, también en términos porcentuales, el mayor número de personas en prisión, unos 66.000, habiendo superado –por fin- al Reino Unido. Uno de cada 700 habitantes de nuestro país vive en la cárcel.

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Si lo anterior puede resultar sorprendente para el lector es debido a que la percepción de los ciudadanos respecto al volumen de criminalidad soportada se sustenta sobre parámetros completamente ajenos a las tasas reales de delincuencia. Por el contrario, está estrechamente vinculada al formato y volumen de información que recibimos sobre delitos y delincuentes. A título de ejemplo, hoy seguimos evocando graves delitos (agresión sexual seguida de muerte violenta de un menor) que tuvieron lugar hace 6, 7 o más años y cuya comisión es en nuestro país –afortunadamente y pese al elevado volumen de población- excepcional. No ha habido otros hechos posteriores de la misma gravedad que los reemplacen en nuestra memoria.

La dureza de nuestro sistema penal, pese a estar basada en parámetros objetivos, apenas ha calado fuera de ámbitos muy determinados. El pensamiento social mayoritario es justo el contrario y parece incluso aumentar con el paso del tiempo. La severidad de nuestra normativa criminal es un dato difícil de trasladar a los ciudadanos. Intentemos hacerlo de una forma descriptiva. Con un cuento: Blancanieves y los siete enanitos.

Una banda de delincuentes

Sabemos que en este relato hay una madrastra-bruja mala, pero quizá lo que se nos escape es que los protagonistas (tanto los «buenos» como los «malos») conforman un nido de delincuentes. Vamos, que si esta bonita historia fuese juzgada con el Código Penal español vigente desde ayer, todos podrían acabar en la cárcel: no sólo la madrastra, que sin duda lo merece, sino también el cazador bueno, el príncipe azul, los siete enanitos y hasta -quién lo iba a decir- la mismísima Blancanieves. Del primero al último.

Al morir la hermosa reina, la madrastra quedó encargada del cuidado de la joven Blancanieves. Sin embargo, más preocupada de su apariencia física que de realizar buenas acciones, decidió acabar con la vida de Blancanieves cuando el espejo mágico le reveló que su tierna hijastra era la más bella del reino. Para ejecutar este horrible plan decidió llamar a su más fiel cazador, ordenándole que se la llevara a lo más profundo del bosque y la matara. Aquí tendría la madrastra su primer encontronazo con la justicia: su conducta constituye sin duda un acto preparatorio delictivo, en concreto, una proposición para cometer un delito de asesinato (que posteriormente quedaría absorbido por la ejecución del hecho).

El cazador -que era, con diferencia, mucho mejor persona- acabó con la vida de un jabalí para evitar dar muerte a Blancanieves y, dado que la madrastra le había pedido como prueba el corazón de la joven, le sacó ese órgano al animal y se lo entregó a la madrastra. Podría darse el caso de que, pese a no ser el jabalí una especie amenazada, su captura y sacrificio se hubiera producido en un espacio en el que estuviera prohibida «la atracción, persecución, espantamiento, molestia, daño, captura o muerte de animales y la recolección de sus propágulos», comportamiento castigado por uno de nuestros delitos relativos a la protección de la fauna. El cazador sería reo de esta infracción.

Allanamiento de morada para Blancanieves

Blancanieves huyó, vagando durante horas por el bosque hasta que finalmente vio una pequeña cabaña en la que no había nadie. Entró en la misma y durmió una buena siesta. Lo que aparenta ser una inocente acción no es tal, sino un delito de allanamiento de morada, que castiga a quien acceda a casa ajena sin el consentimiento de sus moradores, en este caso, los enanitos.

Cuando éstos llegaron de trabajar toda la noche, sin descanso, en la mina de diamantes -víctimas, por tanto, de un más que evidente delito de explotación laboral- conminaron a la intrusa a realizar todas las tareas domésticas a cambio del alojamiento. Según todos los indicios, Blancanieves no había alcanzado la edad laboral. Así, pues, estamos ante otro delito de explotación laboral consistente en haber impuesto a la joven condiciones de trabajo ilegales. A éste se añadiría ahora un nuevo delito, introducido por la última reforma, por emplear o dar ocupación a una menor de edad que carece de permiso de trabajo.

Pese a los insistentes consejos de los enanitos en orden a las precauciones que debía observar Blancanieves con los desconocidos, la candidez de la joven la llevó a caer en la trampa de la madrastra que, disfrazada de anciana, acudió a la casa del bosque informada por el espejo mágico de la supervivencia de su hijastra. La bruja consiguió que ingiriera la manzana envenenada, lo que provocó a Blancanieves la muerte. Pese a que la posterior resurrección plantea serias dudas sobre si un médico forense certificaría el óbito, la madrastra sería autora de un asesinato alevoso (por uso de veneno y disfraz) y a la vez hiperagravado por ser la víctima –según los conocedores de la historia- una adolescente menor de 16 años.

Prisión permanente para la madrastra

Los enanitos, en vez de proceder a darle ordenada sepultura, decidieron ponerla dentro de una urna de cristal que fue varias veces trasladada e, incluso, abierta. Este trajín con la urna también podría acarrearles problemas legales, si bien probablemente eludirían la justicia penal al haber desaparecido los delitos de inhumaciones ilegales, que castigaban las irregularidades cometidas en la conducción de cadáveres y enterramientos. Pese a ello, no se librarían de las responsabilidades administrativas por ese tipo de conductas.

Pero el delirio delictivo no acaba aquí, pues el joven príncipe besó en los labios a la hermosa princesa estando ésta inconsciente y, por tanto, sin su autorización. Tal acto podría llegar a constituir un delito de abusos sexuales por la falta de consentimiento, el cual, tras la nueva reforma penal, tampoco sería válido al ser la víctima menor de 16 años.

La madrastra, al cometer un delito tan grave como el descrito (asesinato de menor de 16 años) tendría el dudoso honor de estrenar la nueva pena de prisión permanente, cuya primera revisión se produciría (con un cálculo meramente visual de la edad a la que se le impone) no antes de que ésta contase con unos 65 o 70 años de edad.

Las penas de todos los enanitos podrían sumar nada menos que 21 años de prisión por el delito de explotación laboral, a las que se añadirían las del nuevo delito ya citado.

El cazador, en caso de existir el delito contra la fauna, tendría que hacer frente a una pena de prisión de ocho a doce meses.

El príncipe, por los abusos sexuales sobre una menor de 16 años, podría ser condenado a una pena de prisión de entre dos y hasta seis años.

Y la joven Blancanieves, en virtud de la llamada ley penal del menor, tendría que ser sometida a alguna medida, incluido el internamiento, por el allanamiento de morada cometido.

Nos queda el consuelo de que los siete enanitos y el príncipe seguramente acabarían obteniendo algún beneficio penitenciario por un, más que probable, buen comportamiento en prisión.