Luces y sombras de la reforma del Tribunal Constitucional

Un Estado de Derecho tiene la obligación de acatar y hacer cumplir las leyes, por encima de las vías de hecho y conforme al espíritu de la Constitución. La reforma que acaba de aprobar el Congreso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parece adecuada en el fondo pero completamente inadecuada en cuanto a sus formas, las cuales, en el Derecho, no sólo son necesarias sino fundamentales.

6014724364_d53ca681b5_oEl Partido Popular pretende corregir por la vía legislativa un problema que no sólo es jurídico sino que, sobre todo, es político. La reforma plantea que sea el propio Tribunal Constitucional el encargado de ejecutar sus resoluciones, lo que, de manera preliminar, excede de las competencias constitucionales del referido órgano.

Por un lado, el Gobierno del PP quiere que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tengan título ejecutivo, un aspecto que puede considerarse sobreentendido toda vez que el incumplimiento de las decisiones del TC podría dar lugar a delitos de desobediencia o prevaricación.

La modificación prevé la imposición por parte del Tribunal Constitucional de multas coercitivas y la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Incluso el TC podría imponer “las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento” de sus resoluciones sin oír a las partes en casos de “especial trascendencia constitucional”. De mantenerse la norma en esos términos tras su tramitación parlamentaria, se vulneraría flagrantemente el derecho a ser oído antes de ser sancionados. La posibilidad de imponer sanciones que no se detallan genera, de hecho, inseguridad jurídica.

Contraria al Derecho europeo

De salir adelante la reforma, no sólo sería aparentemente contraria a la Constitución sino también al Derecho europeo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de las partes a ser oídas equitativamente.

En Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, la Corte Suprema (órgano supremo en ambos países) no es la encargada de ejecutar sus propias sentencias sino que esa función recae en los tribunales inferiores, así como en el gobierno. De la misma manera, en Francia la obligación de velar por que las resoluciones del Consejo Constitucional se cumplan no es de éste sino del poder ejecutivo.

No parece que la reforma que se plantea en España sea la más adecuada para velar por el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico y, además, presenta ciertos tintes totalitarios.
Es correcto que el Estado se proteja de aquellos que lo quieran romper, pero el fin no justifica los medios. El Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, determinando si una norma es conforme o no a ella. Desvirtuar su cometido podría ser un error. El legislador podría buscar otro órgano del Estado ejecutor de sus resoluciones, como podrían ser bien los Tribunales Superiores de Justicia, bien el Tribunal Supremo cuando se trate de aforados.

Juan Gonzalo Ospina es letrado y presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid

Cataluña entre dos extremos

Supporters of secessionist group Junts Pel Si (Together for Yes) react after polls closed in a regional parliamentary election in Barcelona, Spain, September 27, 2015.  Separatists have won a clear majority of seats in Catalonia's parliament, an exit poll showed on Sunday, in an election that could set the region on a collision course with Spain's central government over independence.     REUTERS/Andrea Comas

REUTERS / Andrea Comas

La dinámica actual no terminará pronto. Al menos hasta el 20 de diciembre el independentismo tiene todos los incentivos posibles para continuar forzando la legalidad y poniendo a prueba al Gobierno central.

Anoche, al principio del Passeig del Born, ante el espectacular edificio reformado que alberga el museo-homenaje a la construcción nacional de Cataluña, cientos de personas gritaron “in-inde-independencia” hasta quedarse sin voz. Aún estando allí como observador, resultaba difícil no sentir dentro de uno el impulso de unirse al clamor. Cuando Raül Romeva subió al estrado y, con la autoridad y el aplomo que da estar detrás de un atril, empezó a corear “la veu d’un poble” con todos los asistentes, la atracción de pasar a formar parte del “poble” era casi irresistible. Pero la misma escena vista después, a través de la pantalla del móvil, en YouTube, se apreciaba de manera completamente distinta. La atracción se diluía hasta desaparecer. Y aquello solo tenía el aspecto de lo que era: un mitin.

A unos pocos kilómetros de allí, en una sala más bien blanca, más bien luminosa y con una moqueta más bien moderna, toda alma viviente que cabía en ella gritaba “Cataluña es España” ante un estrado níveo coronado por el logo naranja de Ciudadanos. La acústica hacía que la voz rebotase en los oídos y en el interior de la cabeza de manera vibrante. De nuevo, ser uno con la masa era una tentación difícil de esquivar. El atril, la sala, los gritos vibrantes y la moqueta estaban en el Hotel Barceló Sants. Justo sobre la estación del mismo nombre, donde sale el AVE para Madrid.

Al llegar al vestíbulo de esa estación hacia las diez de la noche me encontré con un nutrido y variado grupo de personas con carpetas y acreditaciones azules. Era la pequeña división de militantes que el PP había traído a las elecciones. Esperando al tren que les devolvería al centro de la Península. Ninguno parecía exultante. Algunos estaban cariacontecidos. Hoy, muchos de los dirigentes de Ciudadanos, que ahora es un partido estatal a pesar de sus orígenes catalanes, bajarán de sus habitaciones y, en pocos minutos, tomarán o habrán tomado la misma dirección. Llevándose una parte de las voces consigo.

Entre estos dos extremos anoche cabía Cataluña entera.

La salida del callejón

Llegué a Barcelona en la medianoche del jueves. Yo venía fresco y con ganas: hacía meses que no pisaba la ciudad, en la cual no nací ni crecí pero sí viví y trabajé dos veces en mi vida, la segunda hasta septiembre de 2011. Pero Barcelona me recibió más agotada que entusiasmada.

En las siguientes 72 horas recorrí todo el espacio entre aquellos dos extremos. Fue un periplo dialéctico, tejido a través de todas las discusiones que había dejado de mantener en mi ausencia y que por fin podía recuperar. Al principio me dediqué con devoción a la tarea. Pero no me costó demasiado comprender el agotamiento al que se sometía la ciudad. Hablase con quien hablase, la conversación siempre acababa en el mismo lugar.

Había entre mis interlocutores y yo una serie de premisas compartidas, que ellos llevaban repasando una y otra vez desde hacía meses, años incluso. La primera era que, ahora mismo, el independentismo no sumaba una mayoría absoluta de individuos dispuestos a votar por él. La segunda consistía en asumir que la mayoría relativa era lo suficientemente importante como para requerir algún tipo de respuesta por parte del resto de España. La tercera, que ahora mismo no existe la salida no negociada al conflicto. Es decir: que en cualquier caso iba a haber una mesa y personas hablando en torno a ella en algún momento del futuro próximo. Fuere para discutir un referéndum, una reforma constitucional, un cambio en el modelo de financiación o un proceso de secesión irreversible, la alternativa unilateral quedaba siempre totalmente descartada.

Cabe aclarar que la mayoría de las personas con las que venía hablando eran politólogos, economistas o sociólogos. Por tanto, independientemente de sus preferencias personales comprendían perfectamente que la esencia de cualquier estado consiste en el monopolio de la violencia, la capacidad para recaudar sus propios impuestos sobre una población dispuesta a pagarlos y el reconocimiento internacional. A una hipotética Cataluña separada de España de manera no negociada no le esperaba ninguna de las tres cosas, al menos no con menos del 50% de sus ciudadanos dispuestos a ello y ningún tipo de represión violenta desde Madrid.

Era una vez aceptadas estas tres premisas cuando se llegaba al auténtico punto muerto, al callejón sin salida que provoca el agotamiento. ¿Cuál sería la forma de esa negociación? ¿Cómo se iniciaría, quién daría el primer paso, en qué términos? Era entonces cuando nos embrollábamos en elucubraciones destinadas a reconciliar posturas aparentemente irreconciliables

La Cataluña que está entre el mitin del Passeig del Born y los gritos sobre la Estació de Sants se encuentra también en el siguiente gráfico. La imagen encierra a España de la misma manera. En él se representa la distribución de preferencias en torno al modelo de Estado que quieren los catalanes para España, y el que quieren el resto de españoles para su país, incluyendo en él al país de los otros. La diferencia entre ambos colectivos no es opuesta, pero sí desalentadora.

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Que nadie dude de que de aquí al 20 de diciembre todos los partidos van a aprovecharse de estas diferencias para jugar en corto. Pero lo que importa es que la mesa de negociación, ahora vacía, les espera al final del camino. Paciente.

Una mesa de negociación es un instrumento curioso. Nos hace entender que las preferencias de los individuos no son tan sencillas como parecían un segundo antes de sentarse en ellas. Tomemos un ejemplo sencillo. Un matrimonio. Ella le dice a él que se quiere divorciar, que no está dispuesta a aceptar el actual reparto de trabajo doméstico, según el cual él solo friega los platos una vez por semana y ella se encarga de limpieza, niños, cuentas y compras. Él, lógicamente, tiene una preferencia muy fuerte por mantener su tiempo libre de todas esas tareas. Sin embargo, probablemente también albergue un interés bastante importante por mantener su matrimonio. Ante la expresión por parte de ella de que el coste de las horas adicionales de trabajo supera al coste de romper la relación, tal vez él decida que no sería tan mala idea dedicar más horas a las labores del hogar. Las preferencias no han cambiado exactamente, pero el resultado es distinto gracias a que se ha abierto un proceso de negociación explícito. Gracias a la mesa.

El callejón sin salida del que nos afanábamos en salir en las conversaciones mis interlocutores y yo era precisamente qué pasaría si tal proceso se abriese. Nos preguntábamos, para empezar, si el independentismo era irreversible. Acabamos de vivir la campaña más intensa de la historia reciente de Cataluña. Es normal que, desde fuera, los independentistas parezcan un bloque cerrado, cohesionado. Los intentos que la oposición ha hecho de subrayar las diferencias, casi las contradicciones, ideológicas entre sus integrantes no han surtido demasiado efecto. Debate tras debate, tertulia tras tertulia, el “cómo os vais a poner de acuerdo con X” se estrellaba contra un muro inquebrantable construido con unos ladrillos bien simples: “lo primero es establecer el marco para poder discutir entre nosotros”. Pero todas las campañas tocan a su fin. Y la verdad es que el campo secesionista no es tan homogéneo como pudiese parecer.

Catalanes por convencer

Alguien en el Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS catalán) tuvo la fantástica idea de ofrecer tres y no dos opciones ante la pregunta que hacen en sus barómetros periódicos: si usted se considera independentista. En lugar de reducir las alternativas a sí o no, obligan a quien responde a especificar si se trata de un independentista “de toda la vida” o sólo “desde los últimos tiempos”. Gracias a esta distinción podemos apreciar que entre estos últimos los motivos de tipo, digamos, instrumental, son mucho más habituales. Es decir: cuando son interpelados sobre sus razones para la secesión, la cuestión identitaria es citada con mucha menos frecuencia entre los recién incorporados a la causa, que suelen preferir argumentos de conveniencia o de proyecto de futuro. Eso significa que pueden ser convencidos si llega una oferta lo suficientemente interesante y creíble, que les lleve a pensar que tal vez es más conveniente para Cataluña, más provechoso, permanecer dentro de España.

La primera cuestión es quién representa a estos independentistas que podrían ser socios de un pacto. Cuando Oriol Amat, número siete en la lista de Junts pel Si en Barcelona, aceptaba la otra noche en una radio alemana que estaban no solo dispuestos sino incluso interesados en volver a poner sobre la mesa el Estatut de 2006, en realidad se estaba señalando a sí mismo como interlocutor. Probablemente de manera no intencionada, y desde luego no con el acuerdo del resto de su partido. Pero así era. Cuando Mas acaba cualquier intervención memorable con una coletilla que llama a la “concordia” y al “entendimiento” con el resto de España durante el proceso, como hizo incluso en su discurso de victoria la noche electoral, está abriendo una rendijita por donde pueda colarse algo de luz. El fantasma de la negociación planea sobre (al menos una parte de) Junts pel Sí. Pero para que pase a ser una realidad es necesario que haya algo sobre la mesa.

Ésta es la segunda cuestión: quién y cómo tiene la capacidad para hacer una oferta sólida, interesante y creíble de autogobierno desde Madrid hacia Cataluña. Llegados a este punto, uno puede repasar (como hice yo en mis incontables discusiones) el abanico de posibles candidatos y ordenarlos de mayor a menor disposición para la negociación: Podemos, PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular. Lo dramático es que el último de esta lista posee ahora mismo el Gobierno de la nación, y todo parece indicar que se mantendrá con más de un 25% del voto después del 20 de diciembre. Se trata por tanto de un partido que incluso aunque pierda el Ejecutivo desde 2016, es muy probable que lo vuelva a ganar en algún momento del futuro. Esto significa que cualquier oferta necesita el apoyo del PP para que sea creíble en la mesa de negociación. Si no, nada garantiza que se mantenga con la siguiente mayoría conservadora y centralista.

Llegará más temprano que tarde un momento en el cual el Partido Popular deberá elegir entre romper España… y romper España. Por un lado, si escoge subirse al barco de la reforma y de la negociación política, sus votantes con preferencias más fuertes y extremas sobre un modelo de Estado centralista lo verán como una traición, y pensarán que el PP acabará por romper España al ceder ante el nacionalismo periférico. Por otro, si elige mantener una postura inflexible ante el independentismo, estará poniendo al Estado en riesgo de ruptura ante los ojos de los más moderados, que entienden que no es posible mantener el matrimonio sin ceder un poco para evitar un divorcio en el largo plazo.

En el agotamiento

No son pocos los independentistas que cuentan con que el PP se mantendrá en la última casilla. De hecho, una parte muy importante del cierre de filas en torno a la idea de secesión hoy se corresponde con la desconfianza, si no directamente la desesperación, respecto a qué hará el PP de ahora en adelante. Un “pierda toda esperanza” flota en el ambiente. De hecho, estoy seguro de que la mayoría de independentistas que lean los párrafos anteriores (incluso de los instrumentales) lo harán arqueando una ceja, preguntándose por qué dedico tantas palabras a hablar de una posibilidad que no parece real ahora mismo en lugar de aquello a lo que se han dedicado los medios en las últimas tres semanas de una manera un tanto desconcertante: si Cataluña se queda en la UE o no, si la ciudadanía española se pierde o no, si los bancos se van o no ante una secesión unilateral. Este debate es en parte artificial, o lo es en el medio plazo, en tanto que no se cumplen los requisitos para que la Generalitat pueda llevar adelante una secesión unilateral: como enunciaba más arriba, una mayoría abrumadora que permita montar estructuras de estado reales y reconocimiento internacional. Pero es normal que el independentista arquee la ceja: al fin y al cabo, en el pasado reciente poco o nada le indica que debe tener esperanza alguna. Por qué ahora.

Este es el agotamiento que se ha instalado de manera implícita en el debate,  y que ha conseguido invadir también mi ánimo en las últimas horas. La mala noticia es que la dinámica actual no terminará pronto. Al menos hasta el 20 de diciembre el independentismo tiene todos los incentivos posibles para continuar forzando la legalidad y poniendo a prueba al Gobierno central. Éste, por su lado, no tiene por qué moverse ni un ápice de su posición cuando su objetivo es maximizar la cantidad de votos recibidos en las siguientes elecciones. Pero llega un momento en el que las opciones se reducen, el largo plazo nos alcanza y nos exige tomar decisiones. Y serán el independentista instrumental que arqueaba la ceja al leer este texto o el ambiguo defensor del statu quo que se sonreía pensando en la posibilidad de que la discusión con la Generalitat fuese más allá de la firme exigencia del cumplimiento de la ley, quienes impongan tal exigencia. Por una razón sencilla: los (altísimos) costes de la incertidumbre no van a ser asumidos eternamente. La mayoría de nosotros no trabajamos ni vivimos para mantenernos en una lucha permanente. No estamos dispuestos a esperar para siempre a que algo pase.

Después de salir de Sants pasé un momento por el Born, donde esperaba que aún resonase “la veu d’un poble”. Pero no fue así. Era la una de la madrugada. A primera vista, allá no quedaba apenas nada. Mientras paseaba con un amigo nos encontramos con agentes de seguridad, limpiadores del Ayuntamiento, taxistas, cámaras de televisión, policías locales que recogían con paciencia y pero sin pasión lo que el mitín había dejado a su paso. A esa hora, pensé, en la sala de blanco luminoso con moqueta moderna alguien estaría desmontando el escenario, recogiendo papeles y botellines de cerveza, pensando quizás en a qué hora le tocaba empezar el siguiente turno de trabajo, quizás en qué iba a ser de su pensión o del futuro de sus hijos, tal vez esperanzado, tal vez algo asustado. Todos, probablemente, dudosos ante lo que viene. En el vacío dejado por los extremos en éxtasis, allí emergía de nuevo: Cataluña entera. Trabajando. Esperando.

Por qué Zapatero no ha participado en la campaña catalana

Zapatero

Está apagado o fuera de cobertura o, lo que es lo mismo, “dolido” y viajando con la nueva ONG que preside, lejos de la trascendental campaña electoral catalana. Pero los problemas de agenda no son el único motivo de su ausencia.

Fue ante una muchedumbre y en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Acompañando sus palabras de versos en catalán de Miquel Martí i Pol y al lado de Pasquall Maragall, José Luis Rodríguez Zapatero pronunció la frase:

“Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”.

Era noviembre de 2003, a tres días de las elecciones que alumbrarían el tripartito de PSC, ERC e ICV. Zapatero proponía, como hoy Pablo Iglesias, echar a Artur Mas, que se presentaba por primera vez como cabeza de lista, y a CiU de la Generalitat que la hoy extinta coalición ocupó durante más de dos décadas. Era, según él, el paso previo a desalojar del Gobierno meses después al PP y a Mariano Rajoy, que sería el candidato a La Moncloa.

Hoy, Zapatero está apagado o fuera de cobertura o, más bien, decepcionado y viajando con la ONG internacional Instituto de Diplomacia Cultural, con sede en Berlín. A diferencia de Felipe González, el último jefe del Ejecutivo socialista no ha participado en la campaña electoral catalana. Fuentes de su entorno explican que fue invitado por Miquel Iceta, el líder del PSC, pero no aceptó la oferta argumentando problemas de agenda. Sin embargo, en la decisión ha pesado mucho la imagen actual del expresidente, que se siente “dolido” y decepcionado por lo que considera una manipulación de su gestión.

“Zapatero puso de acuerdo a todos, también los nacionalistas de CiU y a ERC, para un nuevo estatuto que podría haber resuelto el problema para los próximos 20 o 30 años”, razonan estas fuentes. El recurso ante el Constitucional y su fallo, envuelto en la polémica, frustraron esa esperanza que tanto aplaudía Maragall en el Palau Sant Jordi. La sentencia de 2010 es considerada a menudo como el punto de inflexión tras el que el independentismo dejó de ser residual para convertirse en relevante en la sociedad catalana. Y Zapatero, al que le incomoda que le reproduzcan su frase, es considerado “como parte del problema, cuando en realidad lo fue de la solución”, agumentan sus próximos. Por si fuera poco, la inversión en Cataluña de los Gobiernos de Zapatero “fue altísima, al contrario que la del PP”, señalan, algo que no se está teniendo en cuenta.

Una mala relación con Ferraz

La relación del expresidente con Pedro Sánchez es un factor adicional que explica su insólito silencio. El actual líder del PSOE está desplegando una intensa actividad en Cataluña, en la que muchos ven un intento por fabricar una imagen de presidenciable que se vería contaminada por la presencia de sus antecesores en las riendas del partido.

Sánchez se ha desmarcado de la reforma de la Constitución que abanderó Zapatero en el verano de 2010, a pesar de que entonces votó a favor. Desde Ferraz, se reprocha al expresidente su cercanía a rivales internos como Eduardo Madina o recientemente Juan Segovia, el candidato a liderar el PSOE en Madrid que perdió en primarias frente a Sara Hernández, preferida por Sánchez.

Alfredo Pérez Rubalcaba tampoco ha estado en la campaña al serle imposible participar en la fecha que le propusieron, según confirman desde el PSC. En cualquier caso, fuentes cercanas a Rubalcaba y Zapatero destacan que, en caso de haber existido un gran interés por la presencia de ambos, no habrían faltado a la cita. “Cuando se quiere, se puede”, resumen. Desde la Ejecutiva de Ferraz, en cambio, se descarga en el PSC la responsabilidad de invitar a los que han sido primeros espadas del socialismo español, a pesar de que estaban llamados a compartir escenario con el actual líder del partido.

Estas ausencias contrastan con la gran presencia que ha tenido González en la campaña, compartiendo mitin este miércoles con Sánchez e Iceta y manteniendo una intensa presencia en medios de comunicación, incluyendo una polémica entrevista en la que consideró a Cataluña como nación y un artículo en el que pedía a los votantes que no se entregasen al independentismo.

Zapatero propone un “esfuerzo común y conjunto” para “hacer que las banderas no separen”, “que la diversidad nos una y que caminemos en el convencimiento del progreso”. Se refiere, en un vídeo que aparece en la web de la ONG que preside desde este verano, a los caminos de la diplomacia internacional.

Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

catalunya reconocida

Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.

Cómo evitar una guerra civil en Cataluña

lesquella2Sólo poniendo en evidencia la esterilidad de todas las trampas éticas, estéticas y dialécticas de esta coalición de salteadores de caminos que pretende apropiarse de lo que nos pertenece a todos los españoles y esclavizar a los discrepantes que queden bajo su yugo, podrá abortarse la guerra civil larvada que se vive en Cataluña.

Ilustración: Javier Muñoz

Me fustiga FJL para que abandone el historicismo porque, por poner el último ejemplo, sólo una porción minúscula de mis lectores había oído hablar del ¡Cu-Cut! antes del pasado fin de semana y lo que les interesa a todos, según él, es que vaya al grano en relación a lo que sucede hoy en Cataluña. Pero como me crezco en el castigo y tengo alma de reincidente esta semana desembocaré nada menos que en L’Esquella de la Torratxa -el cencerro de la torreta-, gran rival del ¡Cu-Cut! en la batalla de la prensa humorística barcelonesa de hace un siglo.

Y es que no encuentro mejor manera de explicar mi receta para invertir el curso autodestructivo y tal vez trágico que ha tomado el contencioso catalán que remitirme a lo que ocurría en 1915. Porque nos sobra Dato y nos falta Cambó. Eso significa que si todo diálogo de envergadura requiere de interlocutores adecuados, ahora mismo brillan por su ausencia en ambos bandos. En un caso por incapacidad del incumbente, en el otro por la cobardía política del llamado de rebote a desempeñar ese papel.

Las grandes crisis miden a los gobernantes y la utilidad de la Historia reside en que siempre se repite. El asesinato de Canalejas y el distanciamiento entre Alfonso XIII y Maura habían colocado al timorato administrador de fincas urbanas Eduardo Dato al frente del Gobierno cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La recién estrenada Mancomunidad de Cataluña reclamaba el establecimiento de las llamadas zonas francas que permitieran capitalizar la neutralidad española estimulando el comercio a través del puerto de Barcelona. Toda España se vería beneficiada pero la oposición de las Cámaras de Comercio y otros estamentos proteccionistas en Castilla o Aragón coadyuvaron al estado natural de Dato: la parálisis por el análisis. La radicalización en Cataluña estaba servida.

“El separatismo grave, el separatismo actual de los catalanes -clamó Cambó, líder de la Lliga- es aquel sentimiento de distanciación, de alejamiento, que de manera suave y persistente va penetrando en nuestros corazones, al ver como casi todos los españoles no catalanes se avienen tranquilamente a estar representados y regidos por un Poder público superpuesto a la vida nacional y que es una síntesis de todas las ineptitudes y de todas las inconsciencias”.

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Ilustración: Javier Muñoz

Eran los mismos registros que había entonado Ortega el año anterior en el Teatro de la Comedia, al denunciar la “vieja política” de los partidos turnantes. “La persistencia en la dirección del Estado de la política que hoy representa el señor Dato -se quejaba Cambó- ha venido a destruir nuestro optimismo, a desvirtuar la acción pacificadora de nuestras campañas, a dar razón a los mayores radicalismos del nacionalismo catalán”.

Para el jefe de la Lliga aquel gobierno, “envanecido con una prosperidad creada a pesar de él”, representaba “un gran cero, un vacío, una inacción”. Hasta el extremo de que su falta de iniciativa transmitía el mensaje letal de que “aquí en España no hay nada que hacer”. ¡Qué estremecedoramente cercano suena todo ello!

Contra ese derrotismo se rebeló Cambó en el célebre “banquete del Tibidabo” -14 de julio de 1915- desde una perspectiva inequívoca: “El dia que nosaltres, els catalans, sentint que una reforma és convenient per al nostre país, no lluitéssim per conseguir-la, seriem uns traidors a Espanya, perquè amb la nostra apatía deixaríem de treballar per a qu’es produís un bé a un troç d’Espanya”. Gritos de “Molt bé!”, “Molt bé!” brotaron de una audiencia constituida por las fuerzas vivas de Cataluña.

Era la misma perspectiva que al año siguiente se plasmaría en el histórico manifiesto Per Catalunya i l’Espanya Gran redactado por Prat de la Riba. Pero antes de que concluyera 1915 a Cambó le tocaría presenciar el gesto melodramático de su gran rival Francesc Maciá al renunciar a su acta de diputado en las Cortes, como protesta a la pasividad de Dato, no en relación a las zonas francas… sino al urgente rearme naval que propugnaba el entonces portavoz de Solidaritat Catalana. Así consta en las memorias del líder de la Lliga: “Maciá es posà en un estat de frenètica excitació i presentà la renuncia de l’acta, dient que no volia ésser diputat d’un Parlament que no es preocupava prou de la defensa i fortalesa militar d’Espanya. Aquest home seria el cap dels separatistes catalans!”.

Con estos antecedentes se comprenderá mi satisfacción tras ver publicado esta semana en nuestro blog un brillante artículo de Ignasi Guardans, nieto de Cambó, con cuyo diagnóstico esencial coincido al cien por cien: “No existe un problema catalán. Existe un grave e inminente problema español, con causas en Cataluña y en España”. Por eso, como él titula, es “tiempo de reinventar España”. Unos ponen el acento en el modelo territorial, otros lo ponemos en las reglas del juego democrático. Se trataría en todo caso de reformar la Constitución -o si se quiere de perfeccionarla o enmendarla- para relanzar la afección de los ciudadanos hacia el sistema político, tal y como ocurrió durante los años de la Santa Transición.

En ese contexto reconstituyente debería fraguarse un nuevo consenso que incluyera al nacionalismo moderado. Pero, como digo, para esa negociación no sirve el estólido Rajoy que mandaba SMS de apoyo a Bárcenas y hace falta alguien que en la Cataluña actual recoja el testigo de Cambó, Prat de la Riba o Tarradellas. Ese debería ser el papel de Duran i Lleida si Unió lograra entrar en el Parlament y terminara sirviendo de refugio a la frustración que se avecina en gran parte del electorado de Convergencia. De ahí que cueste entender lo tarde que ha reaccionado y el propio hecho de que no lidere personalmente la candidatura.

En ese contexto reconstituyente debería fraguarse un nuevo consenso que incluyera al nacionalismo moderado. Para eso no sirve el estólido Rajoy y falta alguien como Cambó.

Es muy elocuente en todo caso que Miquel Roca, antagonista crónico de Unió en el seno de CiU, acabe de significarse por su apoyo público al cabeza de lista Ramón Espadaler. Es fácil entender que alguien como Roca -que en definitiva protagonizó el último intento baldío de modernizar España desde Cataluña- sienta desmoronarse todos sus esquemas cuando ve a quien le sucedió como heredero de Pujol, incrustado entre el ecocomunista Romeva y el republicano Junqueras, dependiendo de los anarquistas de las CUP y bajo la sombra de los trostkistas que trufan la lista de la sucursal catalana de Podemos.

En términos de la iconografía que hace un siglo reflejaba L’Esquella de la Torratxa es como si el archiburgués señor Esteve de la célebre novela de Rusiñol -representado por el gran dibujante Picarol con sombrero de copa y gafas negras- se aliara con los sindicalistas de la “Rosa de fuego” para reproducir el Corpus de los Segadors. Sólo el soberanismo identitario es capaz de fraguar esta especie de Soviet de Capitalistas y Proletarios que tanto escandaliza a los pocos intelectuales genuinos que quedan alrededor: ¡opresores y oprimidos del mundo uníos bajo el manto estelado de la patria catalana!

Esta vez no tiene por qué correr necesariamente la sangre por la Barceloneta; pero dado que tanto Mas como Romeva ya han anunciado que les bastará contar con la mayoría de los escaños en el Parlament para iniciar un proceso unilateral de independencia, es decir para despojar a los no independentistas de sus derechos como españoles, es obvio que están creando las bases de una guerra civil en Cataluña. Porque es previsible que no todas sus víctimas se rindan.

En estos momentos se trata sólo -¿sólo?- de lo que en certera expresión del profesor Martín Alonso –El Catalanismo del éxito al éxtasis, Editorial El Viejo Topo- es “una guerra civil intramental entre el cerebro lógico y el étnico”. O sea entre la razón y la tribu. Por eso nadie puede permanecer neutral, vayamos o no a mayores, pues bastaría que un sólo compatriota lo reclamara para que toda la fuerza del poder legítimo tuviera la obligación de desplegarse para protegerle.

Según Guardans no veremos “actos burdos contra el Estado de grosera estética batasuna” sino “escenarios de desobediencia civil planificada… entre globos y sonrisas, apelaciones a la dignidad y la democracia, entre niños y familias, hablando en inglés ante las cámaras del mundo”. Pero bajo esas formas edulcoradas en la superficie, la brecha del desgarro social seguirá abriéndose en el interior de la vida cotidiana de Cataluña, tal y como pronosticó Aznar y acaba de denunciar González.

Baste como botón de muestra el mensaje que ha recibido estos días uno de nuestros suscriptores, a través de su círculo profesional, cuando TV3 se ha visto obligada a ofrecer espacios “compensatorios” a los partidos constitucionales, tras su grosero alarde propagandístico de la Diada:  “Segons han dit a TV3, el proper diumenge de 4 a 7 de la tarde, faran el programa que els obliga la Junta Electoral Central amb representants dels partits unionistes. Seria bo que els partidaris del SI no sintonitzem TV3, la nostra, en aquesta franja horària i que, un cop acabada la vomitada dels enemics de Catalunya, tornem a sintonitzar TV3, facin el que facin. Pasa-ho als teus contactes!!!!!!”.

Es lo que propugna la sedicente Assemblea Nacional de Catalunya. Los halcones del “No” a la legalidad constitucional, travestidos en palomas del “Sí” a un orden imaginario, llaman  “unionistas” a los partidarios de dejar las cosas como están desde hace medio milenio; consideran, por costumbre, que la televisión que pagan todos los catalanes con ayuda de Montoro es suya; y se destapan al tildar de “vomitona de los enemigos de Cataluña” los argumentos de sus antagonistas. Este es el odio cainita que urge parar primero en las urnas y después, si es preciso, con todas las armas del derecho.

Sólo poniendo en evidencia la esterilidad de todas las trampas éticas, estéticas y dialécticas de esta coalición de salteadores de caminos que pretende apropiarse de lo que nos pertenece a todos los españoles y esclavizar a los discrepantes que queden bajo su yugo, podrá abortarse la guerra civil larvada que se vive en Cataluña. La Unión Europea y la banca -Fainé ha dado al fin el meritorio paso adelante que la ocasión requería- han aportado luz al que quiera ver. El problema es que, como escribió Orwell,  “si uno alberga una lealtad o un odio nacionalista, ciertos hechos, aunque de algún modo se sepa que son verdaderos, resultan inadmisibles”.

Sólo poniendo en evidencia la esterilidad de todas las trampas de esta coalición de salteadores de caminos, podrá abortarse la guerra civil larvada que se vive en Cataluña

A Mas y sus compañeros de viaje esto no puede salirles gratis. Pero aunque su castigo democrático es condición necesaria, no es condición suficiente. Cuando Ramonet, el hijo idealista del prosaico señor Esteve, le dice que quiere dedicarse a las artes plásticas, el personaje de Rusiñol pronuncia una frase doblemente lapidaria: “Seràs esculptor però jo pagaré el marbre”. Ahí está compendiada toda Cataluña, vista por sí misma.

También la idea distorsionada que muchos catalanes siguen teniendo de su relación con el resto de España. Pero aunque sea imprescindible seguir discutiendo cómo se paga el mármol -o sea revisar el modelo de financiación autonómica-, más importante aún es tener éxito con la escultura.

Eso es lo que nos ha enseñado esta semana un talentoso y esforzado grupo de españoles, liderados por un catalán inconmensurable llamado Pau Gasol: el camino del triunfo compartido. Cuando la Espanya Gran renazca de las cenizas de su actual mediocridad, Cataluña dejará de ser un problema. Porque lo que la gloria -y la prosperidad y el prestigio y el peso en el mundo- ha unido no lo van a separar ni Mas, ni Junqueras, ni Romeva.

Lee la serie ‘El libro negro del periodismo en Cataluña’ 

 1. ‘La corrupción‘ / 2. ‘La comunidad‘ / 3. ‘La prensa amiga’ / 4. ‘El pozo’ / 5. ‘La tele de la mitad’ / 6. La opinión dependiente’

También en EL ESPAÑOL:

Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña

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Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha interpuesto contra leyes estatales en la legislatura que está a punto de concluir. El proceso soberanista, con el intento de crear estructuras de estado propias y con la permanente reclamación de competencias, está en el núcleo de la batalla que se libra en el Tribunal Constitucional, convertido en el principal valladar del secesionismo.

No hay otra comunidad autónoma que protagonice tantos procesos ante el Tribunal Constitucional como Cataluña. La aspiración a ampliar su capacidad de autogobierno primero y el plan soberanista planteado por Artur Mas y sus socios después han desembocado en la existencia de 64 procesos constitucionales desde que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno. Esa cifra incluye recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña contra leyes del Estado, recursos del Gobierno central contra normas autonómicas y conflictos de competencia.

En lo que va de año, el Tribunal Constitucional ha abierto 14 procesos que implican a Cataluña y al Gobierno de Rajoy. Entre ellos se encuentran cuatro asuntos clave en los que, según el Ejecutivo central, la Generalitat quiere fijar las bases jurídicas para asumir las funciones del Estado en el caso de un proceso unilateral de secesión del territorio de Cataluña.

Rápidas suspensiones cautelares

Esos cuatro procesos han sido promovidos por el Gobierno y admitidos a trámite con celeridad por el Tribunal Constitucional, lo que ha conllevado la suspensión automática de las normas catalanas cuestionadas.

El TC tardó apenas 11 días en admitir el conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra el decreto catalán 16/2015, de 24 de febrero, que creó el Comisionado para la Transición Nacional. La función de este órgano es el “impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del proceso de Transición Nacional y el seguimiento de las estructuras de estado”. El conflicto de competencias fue interpuesto el 26 de junio y admitido a trámite por el Constitucional 11 días después.

El 15 de junio el Gobierno presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas 2/2015 y 3/2015. Ambos fueron admitidos a trámite en sólo 10 días. Esos recursos impugnan aspectos determinantes del proceso soberanista: la elaboración de un plan director con la finalidad de hacer posible la “Administración Tributaria de Cataluña”; el inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña; el catálogo de infraestructuras estratégicas que garanticen el funcionamiento y suministro de agua, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios de información; la Agencia Catalana de la Protección Social y el plan director para los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario. Según las cuentas pactadas entre Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya, 11,5 millones de euros presupuestados para 2015 tienen como destino la creación de estos planes y estructuras.

En una nueva vuelta de tuerca, el Parlament aprobó el 12 de junio la Ley 9/2015, que permite la integración en la Agencia Tributaria de Cataluña (creada en 2007 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) de funcionarios de otras Administraciones Públicas pero siempre que tengan destino definitivo en Cataluña. Es decir, excluyendo a los del resto de España. La ley fue recurrida de inmediato por Rajoy y ha dado lugar a un proceso abierto por el TC el pasado día 10.

Unos meses antes, el 6 de marzo, el Gobierno central decidió llevar al Constitucional la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Esta norma considera a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, otra de las obsesiones de los nacionalistas. El tribunal admitió a trámite el recurso el 14 de abril y dejó en suspenso la ley hasta que dicte sentencia.

El 25 de febrero, el Pleno del TC declaró inconstitucionales tanto la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 como la ley autonómica que le sirvió de cobertura. Fue un fallo unánime que acogió, en lo sustancial, los argumentos de la Abogacía del Estado sobre lo que Cataluña llamó consulta no referendaria y que era, en realidad, un referéndum para debatir la secesión de Cataluña al margen de las vías que la Constitución establece para su reforma, según sentenció el Constitucional.

El conflicto educativo

Varios de los procesos iniciados en 2014 inciden en otro asunto especialmente relevante para los dirigentes de la Generalitat: el catalán y la educación. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, fijó el mínimo de horas que un alumno debe estudiar en castellano. Tanto el Parlament como el Govern la impugnaron ante el TC al considerar que atenta contra el modelo educativo catalán y la inmersión lingüística.

A lo largo del año pasado, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña recurrieron otras normas estatales por no respetar las competencias autonómicas, como la ley de sostenibilidad de la Administración Local, la de garantía de la unidad de mercado y los planes de racionalización energéticos.

Desglosando el número de procesos de inconstitucionalidad, Cataluña fue la comunidad autónoma más afectada en 2014. Sobre ella hubo 19 procesos, un 34% del total que admitió el TC (56). Le siguieron Andalucía, con 10 asuntos y Canarias con 5.

2014

En 2013, una iniciativa con la que el Parlament inauguró el año, la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, dio lugar a un proceso constitucional que el TC zanjó en marzo de 2014. También por unanimidad, el Constitucional dejó claro que “en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

Además, 2013 supuso el punto de partida para otros procesos referidos al ámbito educativo. En febrero de ese año, el TC admitió tres recursos de Cataluña contra normas estatales que establecieron las enseñanzas comunes de la educación infantil, las bases de la formación profesional y el gasto público en educación.

En 2013 fue, de nuevo, Cataluña la comunidad autónoma que se vio implicada en más procesos constitucionales, con 22. Después, Canarias (10), País Vasco (9), Navarra (8) y Andalucía (6).

2013

Cuando Artur Mas planteó en septiembre de 2012 a Mariano Rajoy un nuevo pacto fiscal que planteaba equiparar el escenario fiscal catalán al del País Vasco, el presidente del Gobierno lo rechazó por inconstitucional. Tras aquel (des)encuentro en La Moncloa, el líder catalán dejó entrever el inicio del conflicto en los tribunales que estaría por venir a lo largo de la legislatura: según su criterio, Cataluña tenía un futuro “luminoso y brillante” frente al “gris” que ofrecía el presidente del Gobierno central y para ello tendrían que reclamar nuevas competencias ante el Constitucional.

Sin embargo, fueron el presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Defensor del Pueblo los primeros en cuestionar la corrección constitucional de algunas normas procedentes de Cataluña. En concreto, las leyes en materia audiovisual, de urbanismo y de horarios comerciales.

2012

En 2012, coincidiendo con el primer año de legislatura de Mariano Rajoy, Cataluña ya encabezó la relación de comunidades autónomas litigantes con nueve asuntos. Impugnó las medidas de racionalización del gasto en Educación y Sanidad, así como el decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que, entre otras medidas, eliminó la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos.

Tiempo de reinventar España

plan de ruta

Es tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad.

Ilustración: Javier Muñoz

Vemos estos días un súbito despertar de algunos proclamando su amor por Cataluña a los pocos días de unas elecciones que pueden derivar en el mayor envite territorial sufrido por España en más de un siglo. Sin cuestionar su buena fe, son discursos que llegan tarde y llegan mal. Son discursos que apenas están ya a tiempo de influir en la decisión de millones de votantes, convencidos de que con su voto inician un viaje hacia un futuro mejor dentro de una quimérica república catalana que les dará y permitirá todo cuanto España les ha prohibido y denegado desde comienzos del siglo XVIII.

Y sin embargo, aunque esos gestos de credibilidad escasa o nula no convenzan a nadie a estas alturas, no es estéril que empiecen a sonar (¡por fin!) las alarmas de emergencia en las sedes de los principales partidos, en las redacciones de los medios nacionales, en la dirección general de las grandes empresas y entre todos aquellos que conforman la dirección política, social y económica del país. Hace años que todos ellos han ignorado, con negligencia culpable en distinto grado, los repetidos avisos de tsunami que les llegaban desde Cataluña. O, cambiando de imagen, a lo sumo la veían como una de esas epidemias lejanas para la que quizá se envía como asistencia algo de dinero pero que no requiere un plan de acción porque esos virus están en otras tierras y no deberían afectar al bienestar de la propia familia.

Han tardado. Pero ya empiezan a ver que eso es un absurdo, una ensoñación tan alejada de la realidad como la quimera de los independentistas. Éstos sueñan con una república catalana sentada en el Consejo europeo, y no la verán jamás. Y tantos en Madrid y en otros puntos de España, aburridos de la cosa catalana que apenas entienden, han creído que por el solo hecho de ignorarla pasará como una calentura social tras un partido de fútbol. Pronto unos y otros se verán enfrentados a una realidad seria, grave, histórica, que exigirá planes y decisiones para los que no han sabido o no han querido prepararse.

Porque claro que no veremos esa república catalana desgajada de España. Eso lo sabemos todos los que tenemos los pies en el suelo, incluidos muchos de los que juegan impunemente con la buena fe y la ilusión de miles de conciudadanos catalanes. Pero eso no significa que “no va a pasar nada”. Nos dirigimos sin frenos hacia una profunda crisis constitucional en España. Hacia un conflicto jurídico y político de grandes dimensiones cuyos efectos no quedarán limitados a Cataluña. Va siendo tiempo de despertar. No existe un problema catalán. Existe un grave e inminente problema español, con causas en Cataluña y en España.

Pero dejemos las causas ahora. Determinarlas será tarea de historiadores en unos años. Agravios, recelos, errores, mentiras, intereses torticeros, también algunas decisiones de buena fe tomadas sin reflexión, todo condimentado por la crisis económica. Lo importante ahora no es eso. O mejor dicho: lo importante ahora es no perder ni un minuto en eso. Lo importante es no creer ingenuamente que mirar al pasado y culpar de todo lo que ocurre a Artur Mas, a TV3, a Rajoy, a Zapatero, al Constitucional, a quien cada uno quiera, va a cambiar el presente. El presente y el inmediato futuro son lo que son, cualquiera que sea la forma como hemos llegado hasta aquí. Quien crea que con un par de reales decretos pondrá las cosas “en su sitio” se equivoca. Quien crea que con un par de querellas bien argumentadas pondrá orden se equivoca. Por mucho fundamento que tengan los decretos y mucha razón legal esas querellas. No hay juez ni tribunal en España que pueda resolver por sí solo la que se viene encima.

Los jueces tendrán su papel y algunos deberán tener el coraje de contribuir a moderar los impulsos de los más iluminados y, con la aplicación de la ley, sentar a la mesa negociadora a los que recuperen la prudencia que tuvieron en el pasado. Sin embargo, reducir a al imperio de la ley la solución a la crisis es política y socialmente suicida.

La apuesta frontal de ruptura tiene unas determinadas mayorías cuya dimensión conoceremos pronto. Pero hay en esa tierra catalana (que muchos no independentistas también reconocemos como nación) un malestar mucho más extenso que lleva a una inmensa mayoría social a una cierta complicidad colectiva con el independentismo. Y esa inmensa, incontrolable, mayoría -que va mucho más allá de quienes desean la ruptura inmediata- rechazará de frente cualquier “agresión” española… así como casi cualquier decisión que pueda ser presentada como tal por los voceros de la Cataluña “oprimida”, por válida y justa que pueda ser. A su vez lo que se avecina no son actos burdos contra el estado de grosera estética batasuna (si me permiten la imagen, ya que algunos creen que ése es el precedente). No. Nos acercamos a escenarios de desobediencia civil planificada por profesionales de la comunicación social, de prevaricación colectiva bien planificada, quién sabe si a alguna versión adaptada de “marcha verde” (léase en sentido no necesariamente literal). Todo ello entre globos y sonrisas, apelaciones a la dignidad y la democracia, entre niños y familias, y hablando en inglés ante las cámaras del mundo. Ante eso, descartados los tanques en la avenida Diagonal, ¿cuál es el plan? ¿Mano dura a golpe de querella? ¿Redactadas por docenas contra otros tantos cargos electos? ¿En serio?

Soy el primero en apoyar la defensa de la ley y el Estado de Derecho.  Y también por ese lado habrá que estar preparado, no lo niego. Pero no bastará. Es tiempo de que España se atreva a actualizar su software y a renovar también parte de su hardware. Tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad. Tiempo de separar al independentismo radical (incapaz de aceptar cualquier propuesta) de esos millones de catalanes que sí pueden volver a creer en un proyecto común renovado y respetuoso.  Tiempo de explicar con coraje al resto de España que el cambio no es cesión a un chantaje sino generosidad e inteligencia política. Tiempo de reinventar nuestro país para que vuelva a ser atractivo para quienes integran las diversas identidades colectivas que lo componen.

Ignasi Guardans fue eurodiputado y diputado al Congreso por Barcelona. Es abogado y nieto de Francesc Cambó.

Margallo en estado puro

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Habló José Manuel García-Margallo este jueves en Barcelona de “encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica” y de modificar un sistema de financiación cuyo modelo es “injusto”. En Madrid cayeron chuzos de punta. 

Habló José Manuel García-Margallo este jueves en Barcelona de “encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica” y de modificar un sistema de financiación cuyo modelo es “injusto”. En Madrid cayeron chuzos de punta. En principio, nada nuevo. Desde hace ya casi cuatro años, Margallo es ministro de Asuntos Exteriores a tiempo parcial y nuestro-hombre-en-Cataluña a tiempo completo.

Esta querencia por la cuestión catalana se justifica por una vieja pasión que arrastra desde 1973 (el sistema de financiación en España) y una igualmente antigua e intensa amistad personal, la que mantiene desde la década de los 80 del siglo pasado con Mariano Rajoy. También se debe a una particular forma de ser y de hablar que ha generado un nuevo término en español: “Margallada”.

Llámese pensamiento libre o verso suelto. A raíz de este último ejemplo de un Margallo en estado puro, los extremos del PP ironizaron sobre su pertenencia a Junts pel Sí y sobre su “rescate a los separatistas”. Lo normal. Lo que nunca había ocurrido es el correctivo público al que lo sometió Pablo Casado, el portavoz popular recién salido del horno: “Se trata de una opinión personal”. ¿Globo sonda o boca grande? Lo segundo con poco margen de duda, según conocedores de la política con mayúscula, ésos que sienten poca simpatía por el hecho cierto de que Margallo haya pasado media vida estudiando y escribiendo sobre la materia.

Hace justo un mes que John Müller escribió en El Mundo sobre el proyecto de reforma constitucional que Margallo ha elaborado para Rajoy y que éste guarda en La Moncloa desde el pasado otoño. Según Müller, que ya hablaba de las cosas de Margallo cuando pocos conocían en España a ese oscuro europarlamentario que acabó convertido en ministro, se trata de una “apuesta por un modelo federal sin tapujos” que incluye la reforma fiscal y el respeto al principio de ordinalidad tan caro para el Gobierno catalán. También en el verano concedió entrevistas Margallo a El País y a ABC para ventilar las bondades de su documento. La última, el pasado domingo en Expansión. Ahora le toca el turno a las televisiones: El Cascabel y La Sexta. Habrá más, mucho más, de aquí a diciembre. ¿O no?

“Una cosa es la academia y otra la política”, arguyen los que quisieran haber visto a Margallo más volcado en la condena del líder opositor venezolano Leopoldo López y menos pendiente de la reacción de su propio partido a sus palabras en Barcelona. “Han cambiado las circunstancias”, explican otros en referencia no sólo al comienzo de la campaña catalana sino a un hecho indiscutible que Margallo parece olvidar: que quizá debería tener en cuenta lo que Xavier García Albiol y Jorge Moragas tienen que decir al respecto. El próximo 23 de septiembre, Margallo vuelve a Barcelona. ¿Modulará sus enormes conocimientos sobre la cuestión catalana? Todo parece depender de una conversación que sólo él puede tener.

Una proposición inconsistente e incoherente

635769814260555968w El autor rechaza la reforma que acaba de plantear el PP en el Congreso de los Diputados para dotar al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora. Según Gómez de Liaño estamos ante una iniciativa innecesaria y equivocada porque, de ser aprobada tal modificación legislativa, se ahondaría en la politización del Alto Tribunal/ Foto: EFE

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La ejecución de una sentencia es el epílogo del drama, el último acto del rito. ‘Ite missa est. Ite iudicatum est’.

(Piero Calamandrei. ‘Processo e Democrazia’).

El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva no se limita a obtener una resolución dictada por un tribunal independiente que dé respuesta a la pretensión planteada, sino que se extiende a la plena eficacia de lo mandado en la sentencia.

Este preámbulo, al igual que la cita del gran jurista florentino, uno de los padres de la Constitución italiana de 1948, y los dos adjetivos aplicados al título del presente artículo, viene a cuento de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de reformar la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que, en palabras de la Exposición de Motivos de la proposición, responde a “la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar” el cumplimiento de las resoluciones de sus decisiones, lo que “obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real”.

Se trata de un proyecto legislativo que, aparte de algunas voces elogiosas, empezando por las del propio Gobierno, en boca de la señora vicepresidenta, y las de un par de colectivos judiciales, ha merecido críticas tan severas como la de ser un “disparate” -Felipe González dixit-, tratarse de una “chapuza” propia de la “extrema derecha” -comentario de Pedro Sánchez, líder del PSOE-, consistir en una reforma ad hoc con nombres y apellidos, o que la innovación tiene toda la pinta de ser un atajo electoralista del PP que coloca al supremo intérprete de la Constitución en una situación comprometida.

Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos utilizados por quienes se oponen a la reforma son bastante certeros y sus discrepancias de criterio están justificadas. Es más. La impresión generalizada, en la que se incluyen expertos y profanos en la materia, es que los populares no pretenden defender exclusivamente una posición jurídica.

Expresiones tan torpes como la de “se ha terminado la broma”, pronunciada por el candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 27-S, borran cualquier apariencia de juridicidad. Por cierto, una presencia, la del señor García Albiol, en el trámite de registrar la proposición que resultaba fuera de lugar y que recuerda aquello que Cela decía de que en España es difícil que cada cual sepa estar en el sitio exacto que le corresponde en el momento justo.

Se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un río revuelto para pescadores oportunistas

Nada hay más estrafalario que un político, sea parlamentario o no, erigido en jurista de prestigio o con hechuras de profeta, supuesto este último que se agudiza cuando el mesías, que encima apunta maneras de leguleyo, resulta un lírico partidario de “leyes de emergencia”, también llamadas “para salir del paso” o para dar gusto a clamores populares. Con actitudes como éstas se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un guiñol y también en un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas.

¿A estas alturas alguien puede ignorar que la función de los tribunales consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? ¿No dice la Constitución (artículo 118) y otras leyes (artículo 17 Ley Orgánica del Poder Judicial) que es obligado respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones que han ganado firmeza y sean ejecutables? ¿No habíamos quedado en que el incumplimiento de una resolución judicial puede ser constitutivo de los delitos de desobediencia y/o prevaricación (artículos 410 y 404 del Código Penal)?

Aunque a la vista está que todavía quedan indecisos, parece evidente que a la primera pregunta corresponde el no y al resto, un . Rotundamente: nadie puede, legítimamente, negarse a cumplir lo ordenado por un tribunal sin merecer el dedo apuntador del Ministerio Fiscal. Distinto es que el ciudadano medio piense que el poder judicial en España tiene un perfil muy bajo, cosa que atribuye a determinados responsables políticos o parapolíticos que padecen de un infinito complejo de superioridad respecto a los hombres de leyes a los que consideran ruedas del auténtico poder y minúsculos rodamientos fáciles de engrasar.

No cabe duda de que desde hace años vivimos un preocupante proceso de inflación legislativa, o, mejor dicho, de hipertrofia legislativa. Hoy se fabrican leyes por el mero afán de producir y de la cadena de montaje salen productos que no resuelven los problemas de la manera más adecuada. Lo expresaba muy bien el profesor García de Enterría cuando hablaba de una sociedad inundada por una marea incontenible de leyes y reglamentos. O sea, lo que Ortega y Gasset denunciaba cuando hablaba del mal de una “legislación incontinente” y lamentaba que la legislación en los últimos tiempos se hubiera convertido en “una ametralladora que dispara sin cesar”.

Además de inconsistente y de incoherente, la reforma es imprudente. Lo digo por la alta velocidad imprimida a la proposición a través del procedimiento de urgencia, lo que implica, al tratarse de una Ley Orgánica, preterir los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Sabido es que la vida de las instituciones se desenvuelve entre aciertos y errores, pero lo que uno no se imagina es que llegada la hora de escribir su historia, algunos amanuenses estén empeñados en hacerlo a golpe de dislate.

Acaso el PP quiera imponer ahora una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo antes

Ante la iniciativa y los comentarios que ha provocado, es de temer que algo grave pueda estar pasando en el partido del Gobierno. Después de dar vueltas a esta nueva vena legislativa, se me ocurre si acaso el PP no querrá imponer una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo cuando las circunstancias lo demandaban. Esto que acabo de apuntar precisaría de mayor explicación, pero como la mesura merma las ganas de hacerlo, baste con dejar anotado el supuesto no lejano en que ante la resistencia a acatar una decisión del propio Tribunal Constitucional, poco o casi nada se hizo para corregir el desatino, consecuencia de una estrábica, reactiva e inútil pasión nacionalista que roza el ridículo.

Dicho con los debidos respetos, a mí me parece que bajo esa reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, lo que subyace es una sutil y cínica voluntad de que las naturales potestades del Tribunal Constitucional necesiten de la tutela del Gobierno y un descarado propósito de dejar en entredicho, una vez más, la neutralidad del órgano, olvidando que la misión del Alto Tribunal es regular lo que resulta adecuado a la Constitución y lo que se opone a ella. De ahí que no sea extraño que cuando a los ciudadanos se les pregunta por él, la mayoría opine que es un órgano que se mueve empujado por los torpes émbolos de la peor política y un recinto donde se respiran espesos vientos partidistas.

Si se trata de reforzar la autoridad de la cosa juzgada implícita en las decisiones del Tribunal Constitucional, las medidas o remedios a adoptar deben llevarse a cabo por las Cortes Generales con calma, sin sobresaltos, utilizando exclusivamente la razón jurídica en el sentido que Hobbes decía, como perfeccionamiento de la conciencia humana; es decir, con habilidad técnica y sentido común. Y con el mayor acuerdo posible, pues resulta evidente que caben diferentes enfoques técnicos que es necesario reconducir con estrategia de consenso y no con voluntad de enfrentamiento.

“Enséñame un código y te diré quien manda”, suele decirse. Pues no. No es eso.