Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña

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Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha interpuesto contra leyes estatales en la legislatura que está a punto de concluir. El proceso soberanista, con el intento de crear estructuras de estado propias y con la permanente reclamación de competencias, está en el núcleo de la batalla que se libra en el Tribunal Constitucional, convertido en el principal valladar del secesionismo.

No hay otra comunidad autónoma que protagonice tantos procesos ante el Tribunal Constitucional como Cataluña. La aspiración a ampliar su capacidad de autogobierno primero y el plan soberanista planteado por Artur Mas y sus socios después han desembocado en la existencia de 64 procesos constitucionales desde que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno. Esa cifra incluye recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña contra leyes del Estado, recursos del Gobierno central contra normas autonómicas y conflictos de competencia.

En lo que va de año, el Tribunal Constitucional ha abierto 14 procesos que implican a Cataluña y al Gobierno de Rajoy. Entre ellos se encuentran cuatro asuntos clave en los que, según el Ejecutivo central, la Generalitat quiere fijar las bases jurídicas para asumir las funciones del Estado en el caso de un proceso unilateral de secesión del territorio de Cataluña.

Rápidas suspensiones cautelares

Esos cuatro procesos han sido promovidos por el Gobierno y admitidos a trámite con celeridad por el Tribunal Constitucional, lo que ha conllevado la suspensión automática de las normas catalanas cuestionadas.

El TC tardó apenas 11 días en admitir el conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra el decreto catalán 16/2015, de 24 de febrero, que creó el Comisionado para la Transición Nacional. La función de este órgano es el “impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del proceso de Transición Nacional y el seguimiento de las estructuras de estado”. El conflicto de competencias fue interpuesto el 26 de junio y admitido a trámite por el Constitucional 11 días después.

El 15 de junio el Gobierno presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas 2/2015 y 3/2015. Ambos fueron admitidos a trámite en sólo 10 días. Esos recursos impugnan aspectos determinantes del proceso soberanista: la elaboración de un plan director con la finalidad de hacer posible la “Administración Tributaria de Cataluña”; el inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña; el catálogo de infraestructuras estratégicas que garanticen el funcionamiento y suministro de agua, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios de información; la Agencia Catalana de la Protección Social y el plan director para los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario. Según las cuentas pactadas entre Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya, 11,5 millones de euros presupuestados para 2015 tienen como destino la creación de estos planes y estructuras.

En una nueva vuelta de tuerca, el Parlament aprobó el 12 de junio la Ley 9/2015, que permite la integración en la Agencia Tributaria de Cataluña (creada en 2007 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) de funcionarios de otras Administraciones Públicas pero siempre que tengan destino definitivo en Cataluña. Es decir, excluyendo a los del resto de España. La ley fue recurrida de inmediato por Rajoy y ha dado lugar a un proceso abierto por el TC el pasado día 10.

Unos meses antes, el 6 de marzo, el Gobierno central decidió llevar al Constitucional la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Esta norma considera a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, otra de las obsesiones de los nacionalistas. El tribunal admitió a trámite el recurso el 14 de abril y dejó en suspenso la ley hasta que dicte sentencia.

El 25 de febrero, el Pleno del TC declaró inconstitucionales tanto la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 como la ley autonómica que le sirvió de cobertura. Fue un fallo unánime que acogió, en lo sustancial, los argumentos de la Abogacía del Estado sobre lo que Cataluña llamó consulta no referendaria y que era, en realidad, un referéndum para debatir la secesión de Cataluña al margen de las vías que la Constitución establece para su reforma, según sentenció el Constitucional.

El conflicto educativo

Varios de los procesos iniciados en 2014 inciden en otro asunto especialmente relevante para los dirigentes de la Generalitat: el catalán y la educación. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, fijó el mínimo de horas que un alumno debe estudiar en castellano. Tanto el Parlament como el Govern la impugnaron ante el TC al considerar que atenta contra el modelo educativo catalán y la inmersión lingüística.

A lo largo del año pasado, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña recurrieron otras normas estatales por no respetar las competencias autonómicas, como la ley de sostenibilidad de la Administración Local, la de garantía de la unidad de mercado y los planes de racionalización energéticos.

Desglosando el número de procesos de inconstitucionalidad, Cataluña fue la comunidad autónoma más afectada en 2014. Sobre ella hubo 19 procesos, un 34% del total que admitió el TC (56). Le siguieron Andalucía, con 10 asuntos y Canarias con 5.

2014

En 2013, una iniciativa con la que el Parlament inauguró el año, la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, dio lugar a un proceso constitucional que el TC zanjó en marzo de 2014. También por unanimidad, el Constitucional dejó claro que “en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

Además, 2013 supuso el punto de partida para otros procesos referidos al ámbito educativo. En febrero de ese año, el TC admitió tres recursos de Cataluña contra normas estatales que establecieron las enseñanzas comunes de la educación infantil, las bases de la formación profesional y el gasto público en educación.

En 2013 fue, de nuevo, Cataluña la comunidad autónoma que se vio implicada en más procesos constitucionales, con 22. Después, Canarias (10), País Vasco (9), Navarra (8) y Andalucía (6).

2013

Cuando Artur Mas planteó en septiembre de 2012 a Mariano Rajoy un nuevo pacto fiscal que planteaba equiparar el escenario fiscal catalán al del País Vasco, el presidente del Gobierno lo rechazó por inconstitucional. Tras aquel (des)encuentro en La Moncloa, el líder catalán dejó entrever el inicio del conflicto en los tribunales que estaría por venir a lo largo de la legislatura: según su criterio, Cataluña tenía un futuro “luminoso y brillante” frente al “gris” que ofrecía el presidente del Gobierno central y para ello tendrían que reclamar nuevas competencias ante el Constitucional.

Sin embargo, fueron el presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Defensor del Pueblo los primeros en cuestionar la corrección constitucional de algunas normas procedentes de Cataluña. En concreto, las leyes en materia audiovisual, de urbanismo y de horarios comerciales.

2012

En 2012, coincidiendo con el primer año de legislatura de Mariano Rajoy, Cataluña ya encabezó la relación de comunidades autónomas litigantes con nueve asuntos. Impugnó las medidas de racionalización del gasto en Educación y Sanidad, así como el decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que, entre otras medidas, eliminó la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos.

Nos toman por besugos filósofos

Besugos

Empecemos el curso compartiendo ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos. La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política…

Ilustración: Javier Muñoz

Empecemos el curso compartiendo ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos. La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp.es/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política.

Hemos entrado en la actualizada página oficial del partido gobernante. Ahí está en la parte superior izquierda el nuevo logo podemizado, con el charrán en el lugar de la gaviota y la expresión “populares” a la derecha. Su problema es que han podido cambiar de emblema pero no borrar sus huellas. Tiempo al tiempo, que pronto habrá un movimiento para que los partidos puedan acogerse al derecho al olvido en Internet.

Acerquémonos entre tanto a las fauces del Leviatán barbado. Lo primero que vemos es una foto que muestra al entonces mano derecha de Rajoy y hoy embajador en Londres, Federico Trillo, marchando apresurado con aire de quien no puede perder ni un minuto para entregar el candente dossier que lleva en la zurda. Le escoltan dos palafreneros de los grupos del Congreso y Senado y un agente de seguridad. Luego avistamos el título -“El PP recurre la Ley del Aborto”- y bien destacada la fecha: 1 de junio de 2010. Ayer como quien dice.

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Ilustración: JAVIER MUÑOZ

Que los pusilánimes den la vuelta a la chalupa porque ahora toca franquear las fauces del rorcual y adentrarse como Jonás en el corazón de las tinieblas. El río que nos lleva, en medio de una manada de refulgentes peces rosáceos de ojos saltones, es la versión oficial, con estructura de crónica periodística, de la que fue una de las principales iniciativas del PP durante la pasada legislatura. Arponeros, tensad las cuerdas que os sujetan a la quilla. Vais a necesitarlas para dominar vuestras arcadas.

El primer párrafo anuncia la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional y concreta la impugnación de “ocho preceptos” -no uno, ni dos… ¡ocho!- de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Gobierno de Zapatero. El segundo párrafo especifica que “entre esos preceptos se halla el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre” porque “la vida del no nacido… queda absolutamente desprotegida”. El tercer párrafo añade que esto “resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que todos tienen derecho a la vida”.

Tras un cuarto, quinto y sexto párrafo dedicados a aspectos menos nucleares del conflicto -incluido el derecho de las menores a abortar sin conocimiento de sus padres- llegamos, contened todos el aliento, al tremendo párrafo séptimo en el que la prosa administrativa nos arroja frente al único absoluto de la condición humana: “Una importante novedad es que se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad cuya tramitación se pide que sea preferente”. ¿Por qué tan drástica demanda? “Porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable”.

Sí, lo han leído bien, aquí no hay eufemismos que valgan: según el PP, es decir según Mariano Rajoy Brey, de lo que se trata no es de la interrupción, obstaculización o resolución de un proceso biológico incompleto sino de la “eliminación” -zis zas, fuera, uno menos, descanse en paz, aquí yace, RIP, los tuyos no te olvidan- de “vidas humanas”. No se habla del nasciturus, ni del feto, ni del óvulo fecundado, ni de ninguna categoría presuntamente intermedia o pretendidamente ambigua. No, no… “vidas” tan “humanas” como la del niño de la isla de Bodrum. Así de claro. Y el plural no se refiere ni a dos, ni a tres, ni a cien, ni a mil… sino a diez decenas de miles al año. Casi medio millón por legislatura. Quinientos mil cadáveres extraídos del mar de nuestro sistema sanitario. O sea que Auschwitz se hizo carne y habitó entre nosotros.

Pido perdón si alguien se siente ofendido, en unas u otras convicciones, por mis expresiones literarias. No banalizo nada. No es mi opinión la que emito. Ni tampoco la que cuenta en este conflicto de suma negativa en el que se elige entre dos males. Sólo me atrevería a decir con Isaiah Berlin que del fuste torcido de la humanidad es difícil que salga nada derecho. Y a lo más que puedo llegar es a la inevitabilidad de legislar de forma ponderada. Pero ni yo ni ninguno de ustedes ganó las elecciones con mayoría absoluta el 20 de noviembre de 2011. La única opinión que a efectos prácticos cuenta es la de quien sí lo hizo. O sea la del susodicho Rajoy Brey. Y ya la conocemos: “eliminación” en masa de “vidas humanas”. Ergo…

Si tan perentorio era que el TC ejerciera de ángel bíblico interponiendo su mano cada vez que el escalpelo del cirujano fuera a acuchillar a uno de esos cientos de miles de desvalidos, sería inexorable que encontráramos en la referencia del primer Consejo de Ministros de diciembre de 2011 la remisión a las Cortes, por el procedimiento de urgencia, de un proyecto de ley que derogara al menos los ocho artículos recurridos. Pero, ¡ah, no!, aquel día no fue posible porque había que subir los impuestos.

Bueno, estará entonces entre los acuerdos del segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto Consejo de Ministros de ese omnipotente Gobierno con ideas tan claras… Y resulta que tampoco, tal vez porque al democristiano Arenas le venía mal que se aplicara el programa de su partido cuando estaba en pleno intento de engatusar a los andaluces enarbolando el de sus adversarios.

El vértigo, el “horror vacui”, el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de “vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación. Ni siquiera cuando su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón le presentó un proyecto de ley que no era una futesa. Al final para todo lo que ha dado de sí la mayoría absoluta del PP es para que, reformilla de tapadillo mediante, las menores de edad sólo puedan contribuir a esa “eliminación” masiva de “vidas humanas” tras comunicarlo a sus progenitores. El sarcasmo no es mío sino del legislador.

El vértigo, el ‘horror vacui’, el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de “vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación

El otro día me encontré con Zapatero y le comenté que, si yo fuera él, tan pronto como Rajoy disolviera las Cortes escribiría un artículo titulado “Gracias, Mariano, estás perdonado”. La primera parte incluiría la relación de los controvertidos preceptos legales aprobados durante sus dos mandatos que permanecen intactos o apenas maquillados tras la mayoría absoluta popular. Y la segunda, el catálogo de denuestos que esas iniciativas merecieron por parte de Rajoy y su equipo, empezando, claro, por lo de la “eliminación” masiva de “vidas humanas”. Zapatero me miró perplejo, como si el nefelibata fuera yo, y vino a decirme que la complejidad de la España real se abre camino cuando uno gobierna.

Pongamos que al cinismo universal se le llame ahora así; demos por hecho -de lo contrario sería cómplice consciente de una monstruosidad- que Rajoy ya no piensa que medio millón de abortos, fruto de una ley de plazos, equivalga a la “eliminación” de medio millón de “vidas humanas”; y asumamos que sólo un hombre excepcional, en el extremo opuesto del orden zoológico, sería capaz de rectificar o al menos matizar públicamente categorizaciones tan insoslayables. Pero convengamos también en que el mínimo minimorum de coherencia exigible para no merecer que te arrojen huevos podridos por la calle o te embadurnen con brea y recubran con plumas de gallina, hubiera requerido la discreta retirada del bendito recurso ante el Constitucional.

Porque, al no haber ocurrido ni eso ni lo contrario para que los refulgentes peces rosáceos de ojos saltones no se escabullan ni hacia Vox ni hacia Ciudadanos, llevamos casi cuatro años instalados en la repulsiva contradicción de que el PP de Rajoy pide a los magistrados que detengan urgentemente la matanza de inocentes, mientras el Gobierno de Rajoy se rasca la entrepierna pasmado de que una parte importantísima de sus votantes siga viendo en esos procedimientos quirúrgicos legales la misma matanza de inocentes que ellos veían y describían sólo cinco años atrás. Y no me siento capaz de dictaminar con cuál de los dos Rajoy está la razón ética o la verdad científica, pero de lo que no me cabe duda es de que su coexistencia es desalmadamente obscena.

¿A alguien le sorprende que los magistrados del Tribunal Constitucional sigan aplazando ad calendas graecas la deliberación sobre tan urgentísimo y sanguinoliento recurso, correspondido por sus promotores con cuatro años de antiséptica pasividad en el poder? ¿A alguien le sorprende que tanto los jueces cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2010 como los jueces cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2015 se sientan instrumentalizados en el altar del más zafio utilitarismo electoralista? ¿A alguien le sorprende que este precedente pese sobre sus togas cuando se dan cuenta de que con la reforma, también urgentísima, de la ley del propio TC, con Albiol ahora en el papel de Trillo, Rajoy pretende repetir la jugada con otra fruslería de nada como la unidad de España?

Si el principio de separación de poderes figura entre las primeras Obsesiones de EL ESPAÑOL no es sólo para proteger su independencia sino principalmente para estimular su responsabilidad. Los jueces juzgan, los parlamentos legislan, los gobiernos gobiernan. Es cierto que a los tribunales les corresponde también ejecutar sus sentencias y que la especial jurisdicción del Constitucional le sitúa en un cierto limbo sin resortes directos de autoridad. Pero el desafío separatista es ante todo político y es al ejecutivo al que le corresponde hacerle frente con su rica panoplia de armas jurídicas y su monopolio legal del uso de la fuerza.

Tras cuatro años cruzado de brazos, esta respuesta de Rajoy al filo de la campana, consistente en que los magistrados puedan multar o suspender a quien les desobedezca, resultaría ridícula si no escondiera mucho más. Alguien empeñado, como dice Guerra, en dar “un golpe de Estado a cámara lenta”, no va a pensárselo dos veces ni por el riesgo de tener que pagar “entre tres mil y treinta mil euros” ni por el de tener que ceder el cargo al siguiente -o más bien al precedente- de la lista.

La destitución de alguien como Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter interino, tal y como ocurrió en octubre del 34. Algo que ya tenía que haberse hecho cuando el año pasado se llevó a cabo la consulta prohibida por el TC o a la vista de que, como acaba de recordar Rafael Hernández -este dechado de sindéresis que tanto nos hace añorar a su colombroño intelectual Floriández-, la Generalitat sigue costeando el fantasmagórico Consejo para la Transición Nacional, declarado anticonstitucional.

La destitución de alguien como Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter interino, tal y como ocurrió en octubre del 34

Como en el caso del aborto, el estafermo con mayoría absoluta ha optado, sin embargo, por transferir la responsabilidad de gestionar una situación límite a los magistrados del alto tribunal. Eso le permite justificar su parálisis en la expectativa de una acometida institucional ajena. Y mantener abiertas todas las opciones como el monigote giraldilla que despliega a la vez la maza y el escudo.

Qué más podía querer el aprendiz de golpista que una iniciativa de dudosa constitucionalidad, atufadoramente oportunista y palmariamente divisiva de los partidos no separatistas, para alimentar su desbarre. Ahí le tienen, hablando nada menos que de la Inquisición para camuflar la mangancia organizada del 3%. La torpe cobardía gubernamental le ha permitido así acercar de nuevo el ascua de la falta de calidad democrática de las leyes vigentes a la sardina de su delirio secesionista.

Como entre ballenas y clupeidas cabe algún término medio, la situación recuerda una estampa pintoresca del Bilbao de 1915 -tendremos que volver sobre ese año para hablar de Dato y de Cambó-, recogida en las páginas de El Pueblo Vasco. Sucedió al caer la tarde cuando el guardia urbano Pablo Sáez abordó junto al Cafe del Norte al vendedor de besugos Lorenzo Hernández, conminándole a cesar en su actividad, de acuerdo con “el artículo 31, párrafo tercero, apartado 16 de las ordenanzas municipales que prohíbe terminantemente la expedición de besugos con luz artificial”. El vendedor rehusó obedecer al guardia, dando grandes voces y “manifestando a la autoridad que los besugos se imponían a toda disposición emanada del municipio”. El lance derivó en tumulto y el tumulto en gresca, en medio de “un corro de curiosos y desocupados que no bajaría seguramente de 300 a 400”.

No es tanto el conflicto entre el derecho a decidir de los besugos y un rígido marco legal, reforzado por un precepto arbitrario, lo que llama mi atención, sino la descripción y coda final del gacetillero: “Y mientras se desarrollaban tales acontecimientos los besugos, rígidos, yacentes sobre la banasta, parecían mirar con sus ojos opacos a los actores de este suceso, en el cual se veían envueltos por no haber sido capaces de escapar a las arteras redes de los hombres… Los besugos son siempre unos filósofos”.

Philosophia perennis, que diría Leibnitz. Anteayer Soraya salió en sus teles reprochando al PSOE que utilizara “frases fáciles para problemas difíciles” -¡se refería a la crisis de la inmigración!- y pronto comenzará la pesca milagrosa. Una vez que las “arteras redes” hayan hecho su cosecha el 27-S en Cataluña, asistiremos a su despliegue en toda España y la manada de refulgentes peces rosáceos de ojos saltones será conducida de nuevo hacia el vientre de la bestia. Nada sería tan coherente como que se confirmara la fecha del 20 de diciembre, apuntada por Rajoy para las elecciones generales, pues pocos platos han adquirido la tradición navideña del besugo al horno. Y habrá que tener los “ojos” muy “opacos” o sentirse muy “filósofo” para respaldar a quien pretende hacerte cómplice no ya de un asesinato en masa o de un alarde de truculencia demagógica, sino de ambas cosas a la vez.