“Esta mujer asesinó a mi padre”

combo_etaFrancisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta asesina de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir”.

La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

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La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

Francisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta responsable de la muerte de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir. Ella marcó la vida de toda mi familia”.

Francisco José López Aguilar.

Francisco José López Aguilar parpadeó un par de veces, incrédulo, al ver la noticia de la desarticulación de la cúpula de ETA que anunciaba ayer la televisión: “David Pla e Iratxe Sorzabal”, repetían los informativos. Los nombres corresponden a los dos terroristas que, según anunciaron fuentes de la lucha antiterrorista, dirigían los restos de la banda desde Francia. Algunos miembros del Ejecutivo se apresuraron a suponer el golpe definitivo a la organización. Para Francisco José, la trascendencia de la operación iba todavía más allá: “Ella [Sorzabal] marcó la vida de toda mi familia. Todo cambió para nosotros cuando su comando mató a mi padre”.

Los sucesos a los que se refiere este joven navarro de 32 años se remiten a 1995. Su padre, Eduardo López Moreno, era miembro de la Policía Nacional destinado en el cuartel de Etxalar, municipio ubicado el norte de la Comunidad Foral y que hace frontera con Francia; un enclave estratégico para evitar el paso de etarras de un país a otro.

El policía, natural de Montilla (Córdoba), había establecido su residencia en el pueblo de Bera, que lindaba con Etxalar. Los vecinos conocían a Eduardo López Moreno y a su familia -estaba casado y tenía tres hijos- por su participación en actos culturales y deportivos. Todos ellos vivían, en definitiva, una vida tranquila, algo de lo que no podían presumir todos los compañeros de profesión del policía.

Con todo, Francisco José López recuerda algunos episodios que, cuando apenas era un niño, no terminaba de comprender: “En algunas ocasiones se vivían momentos violentos en el pueblo -apunta-. Nos quemaron el coche un año antes de que mataran a mi padre. Siempre he asumido cuál era su profesión y que vivíamos en un pueblo complicado”.

El asesinato tuvo lugar el 19 de abril de 1995. Ese día, el policía Eduardo López Moreno había planeado entrar en el cuartel abandonado de la Guardia Civil en Endarlatsa. Según había comentado, su propósito era recoger algunos materiales del edificio desvencijado para utilizarlos en labores de carpintería. Sin saberlo, se dirigía al mismo lugar en el que un comando de ETA había colocado un artefacto compuesto por cinco kilos de amerital. El propósito de los terroristas, previsiblemente, era que la bomba estallase al paso de algún agente de la Benemérita que todavía rondaba el enclave.

“A veces sueño con el momento en el que mi padre entra en el cuartel”, reflexiona Francisco José. “Imagino que soy yo el que entra y que es a mí a quien le explota la bomba”. La detonación alcanzó de pleno al agente y murió en el instante. Los agentes que inspeccionaron el escenario reconocieron la identidad de la víctima gracias a la alianza de boda que encontraron en la estancia.

Un crimen que cayó en el olvido

El mismo día en el que explotaba el artefacto contra Eduardo López Moreno, ETA protagonizaba en Madrid otro episodio que se llevó todas las portadas de los periódicos: el presidente del Gobierno, José María Aznar, era víctima de un atentado de la banda terrorista que pretendía acabar con su vida. En esta ocasión, los terroristas hicieron estallar otra bomba con treinta kilos de amosal al paso del coche del político. La deflagración, que provocó el derrumbe de una casa cercana y que acabó con la vida de su inquilina -Margarita González Mansilla-, no pudo con el blindaje del vehículo. Sus tres ocupantes -Aznar, el conductor y un escolta- resultaron ilesos.

El intento de asesinato del presidente del Gobierno relegó a un segundo plano el crimen de Endarlatsa; un olvido que la familia de Eduardo López Moreno también cree que se produjo desde las instituciones. “Enterramos a mi padre en Córdoba y nos dimos cuenta de que no podíamos volver a Bera -recuerda Francisco José-. Mi madre aguantó hasta junio para no tener que cambiarnos de colegio a punto de terminar el curso. Después nos fuimos a Montilla y tratamos de empezar una nueva vida”.

Con el paso de los años, Francisco José lamenta que nunca se les haya informado sobre cualquier avance en la investigación sobre el caso de su padre: “La primera vez que oí hablar del comando Ibarla fue por la televisión. Lo relacionaban con el asesinato y comencé a investigar por Internet quiénes estaban detrás del atentado. Guardé muchos recortes y artículos, y todas las informaciones apuntaban al comando Ibarla”. Efectivamente, fuentes de la lucha antiterrorista atribuyeron el atentado a este grupo, del que formaba parte Iratxe Sorzabal, ayer detenida en la localidad francesa Saint-Étienne-de-Baigorry. En la operación también fueron arrestados David Pla -con quien Sorzabal constituía la cúpula del aparato político de la banda- y Ramón Sagarzazu, antiguo jefe del aparato internacional, además de una cuarta persona, Pantxo Lopez, acusada de dar apoyo a los terroristas.

“Esta mujer asesinó a mi padre -reflexiona Francisco José-. Ahora espero que cumpla lo que tiene que cumplir. Las circunstancias del atentado fueron un poco extrañas porque no fueron a por él, como hicieron con otras víctimas. Por eso no sé si tendrán pruebas que relacionen a Sorzabal con este crimen o en qué quedará el juicio”.

La trituradora de Convergència destruyó contratos y planos de la empresa de las comisiones del 3%

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

El ex tesorero Daniel Osácar. / EFE / Marta Pérez

Los agentes han logrado reconstruir estos documentos, que demuestran la vinculación entre los hombres que controlan las finanzas de Convergència (Andreu Viloca y Daniel Osácar) y la constructora de la familia Sumarroca, acusada de pagar una mordida del 3% al partido catalán a cambio de contratos públicos.

Los tesoreros de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) trituraron contratos, presupuestos y planos de la constructora Teyco momentos antes de la llegada de la Guardia Civil. Los agentes han logrado reconstruir estos documentos, que demuestran la vinculación entre los hombres que controlan las finanzas de Convergència -Andreu Viloca y Daniel Osácar- y la constructora de la familia Sumarroca, acusada de pagar una mordida del 3% al partido catalán a cambio de contratos públicos.

El 28 de agosto, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción lanzaron la segunda fase de la Operación Petrum. Registraron la sede de CatDem, fundación de Convergència y presunta receptora de las mordidas. Pero también la vivienda del ex tesorero convergente Daniel Osácar y el despacho de su sucesor en el cargo, Andreu Viloca. Tal y como reveló EL ESPAÑOL, los gestores financieros de Convergència disponían allí de una trituradora de documentos. Al abrir la máquina durante el registro, los agentes encontraron restos de documentos recién destruidos y decidieron precintar la basura. Una observación preliminar sirvió para confirmar in situ que entre los restos de papeles había documentos con el logotipo de Teyco.

En ese mismo instante, los tesoreros del partido aseguraron que los documentos destruidos eran simples tarjetas de visita de Teyco. Pero un análisis más exhaustivo de los investigadores ha demostrado que Osácar y Viloca mentían. Al reconstruir los documentos con un proceso basado en la composición de cada tipo de papel, la Guardia Civil ha confirmado que se trataba de presupuestos y documentación sobre obras y contratos públicos de la constructora de la familia Sumarroca, fundadora de Convergència junto a la familia Pujol.

Para los agentes, los documentos no constituyen una prueba definitiva que acredite el pago de comisiones al partido pero sí son un indicios de la estrecha vinculación entre ambos. Por lo que los tesoreros tendrán que explicar ante el juez por qué tenían en su poder, por ejemplo, una fotografía del terreno donde Teyco había conseguido un importante contrato público, que nada tiene que ver con su labor al frente de las finanzas del partido catalán.

Más problemas

La destrucción de documentos no fue el único problema que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción se encontraron a la hora de investigar las finanzas de CatDem y Convergéncia. De hecho, la operación lanzada el pasado 28 de agosto estuvo parada durante varias horas -con el consiguiente riesgo de destrucción de pruebas- porque el decanato de los juzgados de Barcelona se negó a enviar un funcionario en labores de asistencia.

Según la legislación vigente, un secretario judicial tiene que estar presente en cada registro para dar fe de que todo sucede conforme a la legalidad. Como el juzgado de El Vendrell, encargado del caso, autorizó la entrada y registro en la sede de CatDem y en la vivienda de Daniel Osácar, el decanato barcelonés destinó a la operación dos secretarios judiciales. Pero al llegar a la sede de la fundación agentes y fiscales se encontraron con que la información contable se guardaba en realidad en la sede de Convergència.

En torno a las 11 y media de la mañana los fiscales solicitaron otro secretario judicial para empezar a registrar a la sede del que fuera el partido de Jordi Pujol. Ese secretario judicial nunca llegó. Sólo cinco horas después, cuando concluyó el registro en la sede de CatDem, la comisión se desplazó al despacho que Andreu Viloca ocupaba en Convergència. Cuando llegaron, los abogados del partido habían preparado ya toda la información contable y la colocaron debidamente ordenada en otra sala.

También en EL ESPAÑOL: 

Anticorrupción descubre al ex tesorero de CiU destruyendo pruebas con una trituradora

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, abandona la sede de la calle Córcega registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Daniel Osácar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, que dirigieron la entrada y registro en los inmuebles de Osácar y en la propia sede de CDC ya han ordenado que la documentación que estaba siendo triturada sea recompuesta lo antes posible.

Anticorrupción tiene acreditado que la familia Sumarroca ha venido abonando a CiU un 3% de comisiones de cada obra adjudicada a sus empresas por los ayuntamientos gobernados por los nacionalistas.

Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar la documentación intervenida el pasado mes de julio en el registro del domicilio y las oficinas de Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco e hijo del fundador de CDC, Carles Sumarroca Coixet.

El Ministerio Público puso en marcha este viernes una nueva operación en el marco del denominado ‘caso Torredembarra’, en el que se investiga el pago de al menos 1,43 millones en comisiones al ex alcalde de CiU Daniel Massagué. Esta nueva fase de la investigación se centra en la canalización de dichos fondos hacia el partido y los investigadores, según ha podido saber EL ESPAÑOL, tienen ya acreditado que el enlace ha sido la Fundación Catalanista y Demócrata (Catdem), que está siendo registrada en estos momentos. Asimismo están siendo registrados cuatro ayuntamientos: Sant Celoni, Sant Cugat, Figueres y Lloret de Mar.

Según sostienen fuentes de la investigación, la plataforma empleada para introducir las comisiones en el partido ha venido siendo la fundación de Convergència, que está siendo registrada este viernes. Asimismo, está prevista la entrada y registro en el domicilio de Daniel Osàcar, ex tesorero de CiU.

La familia Sumarroca empleó un entramado de siete sociedades para sobornar al ex primer edil de Torredembarra. Tras detectar dicho entramado, los fiscales que coordinan la operación, Bermejo y Grinda, pusieron en marcha la ‘Operación Petrum’ el pasado 23 de julio. Esta se saldó con la detención de Jordi Sumarroca y con la práctica de ocho registros en los domicilios de los implicados y en la sede de la empresa constructora.

El pago de comisiones se realizó, en una primera fase, a través de dos empresas de Massagué -la panadería Maes Flequers i Pastissers y la inmobiliaria Daloi-. Estos pagos fueron materializados entre diciembre de 2011 y agosto de 2013 a través de una serie de filiales de Teyco: Teycotel BCN, Teycotel Cap Roig, Teycotel Gestió d’Hotels y Castellbell Residencial. Estas operaciones no están respaldadas por ningún soporte documental, lo que ha llevado a los fiscales Anticorrupción a concluir que se trata de comisiones ilegales.

Tras la detención del consejero delegado de Teyco, la empresa hizo un comunicado en el que reconoció la existencia de pagos al alcalde aunque negó tajantemente que encubrieran comisiones ilegales. “Todas las relaciones comerciales con el exalcalde se realizaron en el ámbito profesional privado, de forma transparente, legal y documentada y sin ninguna vinculación con Massagué como alcalde”. Según este mismo comunicado, “Teyco y Massagué acordaron gestionar conjuntamente restaurantes situados en hoteles y el dinero iba destinado a su equipamiento”. “El negocio no salió adelante y ahora es Massagué el que nos debe dinero”, explicaron desde Teyco.