El PSOE ataca a Fernández Díaz por el “escándalo” de los SMS a Bárcenas

Antonio Hernando

El PSOE redobla la presión contra Jorge Fernández Díaz. Para el portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando, es un “escándalo” que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya enviado SMS de ánimo a Luis Bárcenas cuando ya estaba ya siendo investigado, según reconoció el propio extesorero y publica este jueves EL ESPAÑOL

Los socialistas redoblan la presión contra Jorge Fernández Díaz. Para su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, es un “escándalo” que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya enviado SMS de ánimo a Luis Bárcenas cuando ya estaba ya siendo investigado, según reconoció el propio extesorero y publica este jueves EL ESPAÑOL.

Hernando considera “un escándalo que el ministro del Interior hubiese mandado mensajes al señor Bárcenas. Si es el ministro de Interior el que está haciendo esas cosas, que es el que dirige la Policía y la Guardia Civil, estamos ante una situación muy grave de cara a la seguridad, que tiene que ser la de todos los españoles y no solamente de los amigos del ministro”, ha dicho ante la Fiscalía General del Estado al ser preguntado por este periódico y otros medios.

Jorge Fernández Díaz, que mantuvo un encuentro en la sede del Ministerio con Rodrigo Rato  -ex vicepresidente del Gobierno e imputado por el caso Bankia- comparecerá este viernes en el Congreso para dar explicaciones sobre contenido y la oportunidad de la cita. Sin embargo, lo conocido hasta ahora merece para el PSOE una denuncia contra el ministro ante la Fiscalía. El partido de Pedro Sánchez pretende judicializar así el caso al apreciar indicios de tres delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. El escrito reclama la declaración en sede judicial del propio ministro, de Rato y de funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

“Ni un minuto más como ministro”

En su redoblada presión al Gobierno, el PSOE ha considerado que Fernández Díaz “no debería de permanecer ni un minuto más al frente del Ministerio”, tanto si se confirma que incurrió en alguno de esos tres delitos como si arropó a Bárcenas en el momento en el que se investigaba su fortuna en Suiza.

“La corrupción es una prioridad política, social y es inaceptable” como para que Fernández Díaz se permita mandar SMS “a un corrupto”, algo que debería llevar a Mariano Rajoy a destituirlo “inmediatamente”, ha asegurado.

El Ministerio del Interior no ha tardado en reaccionar y ha amenazado con acciones legales por “denuncia falsa, injurias y calumnias”, según informa EFE. 

El PSOE no confía en las explicaciones que puede dar Fernández Díaz. Según recordó Hernando, el presidente del Gobierno advirtió el lunes de que de esa comparecencia no debe esperarse “nada particular”.

Las grabaciones de la Púnica: “Salvador Victoria me echó la bronca porque Indra no pagaba”

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El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. En su segunda declaración judicial señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid. Escuche algunos fragmentos de su declaración.

En la imagen, Salvador Victoria e Ignacio González.

El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. Y relató ante el juez Eloy Velasco con todo lujo de detalles el ‘modus operandi’ que utilizaba la Comunidad de Madrid para pagar a empresarios vinculados con el Partido Popular a través de terceros. En su segunda declaración judicial -ocurrida el pasado 13 de febrero y a cuyo audio ha tenido acceso EL ESPAÑOL- Martínez Nicolás señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

 

Según el testimonio del declarante,  Salvador Victoria le ordenó en junio de 2014 que llamase a Indra para que abonase 20.000  euros al empresario Alejandro de Pedro; le diera otros 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y entregase 90.000 más a “un tal Juanjo”, todavía sin identificar.

Dinero en sobres

Al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones le consta que la tecnológica abonó el dinero que dijo Victoria a De Pedro. Sin embargo, José Martínez no puede confirmar si los otros dos empresarios apuntados en la contabilidad B de la Comunidad de Madrid recibieron el dinero de la tecnológica. “El pálpito que tengo es que a Indra no le gustó esto. Salta la operación y paran. Es una especulación”, reconoció el ingeniero al juez.

Según la versión que mantiene el ex jefe informático de Madrid, en septiembre aún no se había efectuado ningún pago y Salvador Victoria se enfadó. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle que Indra todavía no había abonado las facturas a uno de los conseguidores de la trama, Alejandro de Pedro. “Me echó la bronca. Me dijo que Indra aún no había pagado y que Alejandro de Pedro le llamaba todos los días”.

En el transcurso de aquella reunión, Victoria telefoneó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, “no para presionar, sino para quejarse” del retraso de los pagos. Tras el encuentro, el ex directivo de ICM se puso en contacto con Santiago Roura, director general de Indra, para hacerle llegar el cabreo monumental de la mano derecha de Ignacio González. “Mi jefe está enfadado”, le dijo. Las presiones surgieron efecto. Una semana después, Alejandro de Pedro le comunicó vía mensaje “que ya había cobrado y que había que ir a por lo que falta”.

En busca de “El Molécula”

En la declaración, Martínez reconoce al juez que Roura le pidió “en algún momento” el teléfono del segundo empresario al que había que pagar la factura, Miguel Ángel de la Fuente, consejero delegado de Demométrica. “Yo se lo pedí a Salvador Victoria, le dijo a su secretaria que me lo diera y yo se lo facilité a Roura”. También le pidió el contacto de una tercera persona, “el molécula. Pensé que era Alejandro de Pedro. Y aquí termina la historia”, apunta al magistrado.

El juez Velasco, que intentó averiguar sin éxito a través de la declaración del informático “por qué tenía que pagar Indra” esos servicios, le dijo que fue el propio Santiago Roura quien declaró en sede judicial “haber sufrido presiones por su parte para que hiciera pagos a Alejandro de Pedro” pero que le “era imposible. Él lo quería contratar, pero no pagarle”. Una declaración “falsa”, según Martínez Nicolás, que dijo al magistrado que el trabajador de Indra “está mintiendo”.

Reunión entre Indra e Ignacio González

Martínez Nicolás apuntó también otro matiz: el presidente de Indra, Javier Monzón, se reunió “meses atrás” con Ignacio González, aunque no deja claro si el máximo mandatario de la tecnológica autorizó a la Comunidad de Madrid a que su empresa sirviera para pagar en B la mejora de la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El informático describió durante unos minutos al juez la estrecha relación que tradicionalmente mantienen las compañías con las administraciones públicas. “Es bastante normal que las empresas apoyen a la Comunidad de Madrid en eventos y actos”. Según Martínez Nicolás, los únicos intermediarios del Ejecutivo madrileño con Indra y los empresarios involucrados son él mismo y Salvador Victoria, a quien el juez ya ha retirado el pasaporte tras imputarle los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Marjaliza involucra en Púnica a dos aforados de las filas de Cifuentes y uno de Ciudadanos

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Cristina Cifuentes (PP) tendrá que afrontar los efectos de la operación Púnica entre sus filas. David Marjaliza, pieza central en el entramado de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, ha involucrado a Jaime González Taboada, Bartolomé González y Eva Borox. El primero es consejero de Administración Local, el segundo es diputado popular y la tercera es parlamentaria de Ciudadanos, el partido que aupó a Cifuentes al poder.

En la imagen, González Taboada, el día de su toma de posesión. Cifuentes, al fondo.

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González Taboada el día de su toma de posesión. Cifuentes, al fondo.

David Marjaliza, que permanece en prisión desde que salió a la luz la operación Púnica el pasado octubre, ha relatado al juez instructor Eloy Velasco el modo de actuar y las personas supuestamente implicadas en una red de corrupción extendida por numerosos municipios madrileños y en la propia Comunidad, dedicada a lucrarse con actuaciones urbanísticas y contratos públicos amañados.

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Granados y Marjaliza / Foto: Interviú

La decisión de confesar los hechos y colaborar con la Justicia tomada por Marjaliza ha supuesto una ampliación de la ‘nómina’ de políticos del Gobierno regional involucrados en la trama. A los nombres de los ex consejeros de Esperanza Aguirre Francisco Granados -también en prisión desde hace casi nueve meses- , Salvador Victoria y Lucía Figar se une ahora el de Jaime González Taboada, ex director general de Cooperación con la Administración Local, número 3 de la lista de Cifuentes en las elecciones del pasado junio y nombrado por la nueva presidenta de Madrid consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.

Junto a González Taboada, Marjaliza ha mencionado a dos actuales diputados autonómicos: Bartolomé González, número 11 de la candidatura del PP, y Eva Borox, número 3 de la lista de Ciudadanos, la formación que prestó sus 17 escaños a Cifuentes para lograr el Gobierno regional.

Aforados

Los tres nuevos afectados por la operación Púnica tienen fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, único competente para imputarles. Fuentes de la investigación señalan que las manifestaciones de Marjaliza se están comprobando porque “no podemos enviar las actuaciones al TSJM con la sola declaración de un coimputado”.

Cristina Cifuentes afirmó el 10 de junio que “hay un compromiso de todos los diputados del PP” de dejar el acta si son imputados por corrupción. “No va a haber diputados imputados pertenecientes al Grupo Popular”, aseveró. De confirmarse, la implicación de González Taboada en la operación Púnica puede tener, por tanto, consecuencias en la composición del Gobierno regional y del grupo del PP en la Asamblea. Pero si Jaime González Taboada o Bartolomé González decidieran conservar el acta y pasar el grupo mixto, Cifuentes perdería la mayoría absoluta, que tiene por un solo escaño.

La confesión de Marjaliza puede ser una bomba política de efecto retardado. Los investigadores aseguran que el empresario, muy afectado por su situación de encarcelamiento, “no se dedicó a especular” ante el juez de la Audiencia Nacional sino que realizó una declaración “muy trabajada, muy reflexionada”. A cambio ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción una sustancial rebaja de la pena que fuentes jurídicas sitúan en torno a los 5 años de prisión. Una disminución muy cualificada si se tiene en cuenta el catálogo de imputaciones provisionales que pesan sobre él: delitos fiscales, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias, organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación, fraude.

Las fuentes citadas indicaron que Marjaliza ha implicado a González Taboada en un “reparto” de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, consejero de Presidencia desde 2004, ostentaba la presidencia de Arpegio.

Según David Marjaliza, las obras programadas se repartían en tres lotes y sus adjudicaciones eran amañadas para obtener comisiones ilícitas. Un lote iba para determinados funcionarios, otro para Taboada y el tercero para él y Granados. El ‘modus operandi’ consistía en la apertura irregular de las plicas para conocer el orden de valoración de las empresas que acudían a la licitación. La empresa que, tras ser contactada, aceptaba pagar comisiones era situada en primer lugar aunque su oferta no fuera la más ventajosa para la Administración y a ella se adjudicaba la obra en cuestión.

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Bartolomé González y Esperanza Aguirre.

Confesión de la secretaria

El diputado Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares, ha sido mencionado por Marjaliza en sus declaraciones judiciales en relación a la supuesta actividad ilegal de la mercantil Cofely España de pago de comisiones a alcaldes y concejales a cambio de la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

A través de David Marjaliza, que actuaba de intermediario entre Cofely y los Ayuntamientos, la primera ofrecía a los municipios un plan de ahorro de energía eléctrica. Los regidores que accedían eran retribuidos con un soborno que el propio Marjaliza adelantaba en ocasiones utilizando el dinero B que generaban sus empresas de construcción. Esas cantidades le eran devueltas posteriormente ‘inflando’ facturas que emitían sociedades conchabadas con Marjaliza con las que Cofely subcontrataba la obra civil del plan de eficiencia energética.

Según manifesto Marjaliza al juez Velasco, Bartolomé González recibió -supuestamente- 60.000 euros de Cofely por adjudicarle un contrato de esas características. El dinero se habría pagado en metálico por Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha de Marjaliza. Esta imputada acaba de salir de la cárcel después de que Velasco haya modificado su situación de prisión incondicional por prisión bajo fianza de 40.000 euros.

Previamente, Ramírez había prestado declaración judicial confirmando las manifestaciones de Marjaliza. La secretaria admitió que un documento que le fue intervenido en un registro, en el que aparecen unas iniciales y unas cantidades, refleja los nombres de los Ayuntamientos sobornados y las comisiones pagadas.

Según fuentes de la investigación, la excarcelación de Ramírez forma parte del pacto con la Fiscalía Anticorrupción. La secretaria ha seguido los pasos de su ex jefe.

En su larga comparecencia ante Eloy Velasco, Marjaliza también implicó a la ex concejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera.

El empresario manifestó que entregó a Borox 30.000 euros como parte de una estrategia clientelista, para tenerla a favor de Francisco Granados.

También dijo que compró al marido de Borox un décimo de la Lotería propiedad de Olmo y que había resultado premiado con 100.000 euros. Marjaliza afirmó que le dio por él 120.000 euros que quería ‘blanquear’.

Cuando estalló la operación Púnica en octubre de 2014, la web de Ciudadanos Valdemoro se hizo eco de unas declaraciones de Eva Borox en las que mostraba su “indignación y repulsa por la trama de corrupción política del Ayuntamiento” y celebraba que “haya salido a la luz una trama que llevamos muchos años sufriendo y denunciando”.

Además, en EL ESPAÑOL:

Ciudadanos tiene la llave de Murcia

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El partido de Albert Rivera tendrá en sus manos el destino del ‘popular’ Pedro Antonio Sánchez, cuyo partido ha gobernado la región desde hace dos décadas. 

El partido de Albert Rivera tendrá en sus manos el destino del ‘popular’ Pedro Antonio Sánchez, cuyo partido ha gobernado la región desde hace dos décadas. 


 

El Partido Popular gobierna en Murcia desde 1995. Antes de que llegara al poder José María Aznar. Si las elecciones arrojaran el resultado que indica la última encuesta de CEMOP (la firma que el CIS reconoce como el instituto de referencia en la región), el PP seguiría siendo la fuerza más votada con alrededor del 35% de los votos y lograría entre 18 y 20 escaños en la Asamblea regional. Pero estaría lejos de los 33 actuales y se quedaría entre tres y cinco escaños por debajo del umbral de la mayoría absoluta, que se sitúa en 23 escaños.

Los sondeos indican que Ciudadanos y el PSOE se encuentran un empate técnico, con un 21% y 11 escaños cada uno. Podemos irrumpiría en la Asamblea con cinco escaños y el 14%. Izquierda Unida perdería el único diputado que tiene y UPyD seguiría fuera.

Los murcianos no suelen conocer los nombres de los candidatos regionales y municipales de los partidos nuevos o minoritarios. Importa sobre todo la marca nacional. Cientos de personas hicieron cola para ver a Pablo Iglesias, los más fieles se agolparon para hacerse seflies en las dos visitas de Mariano Rajoy los de UPyD se pusieron nerviosos porque venía Rosa Díez y le regalaron una rosa rosa.

La marca nacional de UPyD perjudica las aspiraciones en Murcia, dice Encarna Hernández, candidata municipal de la formación magenta en Molina de Segura y portadora de la flor: “Nos vamos a salvar en los pueblos donde la gente nos conoce. Es muy triste que cuatro años de trabajo se pierdan por eso”.

Tanto ella como el candidato a la presidencia de la Región, César Nebot, insisten en que votar UPyD no es tirar el voto. “El Gangnam Style fue una moda y ahora nadie lo baila, ¿verdad?”, dice Nebot en referencia a Ciudadanos. “Pues no dejaría la política sanitaria en manos de quien inventó el Gangnam Style“.

“Teledirigidos por el IBEX”

Rosa Díez insistió molesta durante el turno de preguntas que no contemplaba otro resultado que la victoria este domingo y argumentó que la culpa de la caída de UPyD en las encuestas “manipuladas” la tenía Ciudadanos, al que acusó de estar “teledirigido por el IBEX-35”.

“Cada uno tendrá sus motivos”, aseguró el candidato de Ciudadanos, Miguel Sánchez López, que pasó cuatro años en la delegación de UPyD en la localidad de Caravaca antes de afiliarse al partido de Albert Rivera. Ocurrió a finales de 2014 y le acompañaron unos 140 compañeros, motivados por un desacuerdo con la dirección estatal.

El candidato acababa de anular una entrevista con Popular TV. El motivo es que era un canal próximo a la Universidad Católica de Murcia (UCAM), cuyo presidente José Luis Mendoza dijo en Onda Cero: “No quiero ni pensar que no gane el Partido Popular. […] Si se forma un tripartito con Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista, yo creo que sería la ruina de Murcia, la ruina total de nuestra región”. Mendoza despotricó contra el aborto, la prostitución y la legalización de las drogas y advirtió sobre la invasión de Europa “por el islam” y el “comportamiento cobarde” del Gobierno de Mariano Rajoy.

En el PP, los asistentes a los primeros actos de la precampaña percibieron la ausencia del azul y la gaviota. También durante la visita de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que estuvo en Murcia para encontrarse con los grandes empresarios de la región.

Unos días antes, hubo un debate sin preguntas entre los seis candidatos a la presidencia  regional. No lo organizaba un medio sino UCOMUR, una unión de cooperativas que luego ha patrocinado publirreportajes electorales en el diario La Verdad de Murcia.

El debate se celebró durante la tarde en que detuvieron a Rodrigo Rato. Al darse la noticia en la sala, hubo euforia, jaleo y aplausos. El candidato popular, Pedro Antonio Sánchez, sacó enseguida el argumentario oficial y defendió que “el Estado de Derecho funciona igual para todos”.

No lo ven igual los militantes de Podemos, que hicieron el mitin más grande de la campaña en la región. Miles de personas arroparon a Pablo Iglesias el 15 de mayo en el céntrico Parque de Fofó. Había gente en las azoteas y en las vallas para escuchar las arengas del líder.

Iglesias dijo que el PP estaba sacando otra vez a los zombies: Una expresión que hacía referencia a Aznar, al que llegó a comparar con Darth Vader. “No se puede gobernar para todos […] y resulta que los de abajo somos mayoría”, dijo Iglesias antes de añadir que aspiraban a ser “los carteros de la gente” y no “los mayordomos de los ricos”.

¿Prevaricación?

Podemos ha presentado una querella contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) por prevaricación en la gestión del caso del auditorio de Puerto Lumbreras, donde era alcalde el candidato popular Pedro Antonio Sánchez. Podemos alega que sus señorías devolvieron el asunto a un juzgado de instrucción ordinario para evitar que Sánchez -aforado y por lo tanto imputable por el TSJRM- fuera imputado de nuevo en plena campaña.

Antes de entrar en el mitin de Pablo Iglesias, su candidato en Murcia, Óscar Urralburu, sacó una foto del auditorio aún sin terminar. Esa misma foto se ve también en la sede regional del PSOE, dónde el candidato Rafael González Tovar dice que hay olor a cambio por la corrupción «generalizada en la cúpula» del PP.

“El Partido Popular es un partido muy honrado”, dice el líder socialista. “Pero su cúpula ha cometido delitos y nosotros los hemos denunciado. El Partido Popular está lleno de buena gente que además no comparte posiciones de delitos ni posiciones de corrupción». Explica que los jueces siguen rechazando las querellas presentadas “o porque las denuncias no se pueden sustanciar o porque el cohecho es difícil de explicar” pero que “los casos están todos vivos”.

El plasma

 

Los periodistas no pudieron preguntar a Mariano Rajoy en ninguno de sus dos actos en Murcia y el PP de la región se negó varias veces a concederme una entrevista con sus dirigentes Pedro Antonio Sánchez, José Ballesta, Ramón Luis Valcárcel o Miguel Ángel Cámara.

El primer acto de Rajoy se celebró en un pabellón pequeño al lado del parque donde miles de personas harían cola para ver a Pablo Iglesias. Rajoy reunió a unos 500 fieles y no mencionó a Rodrigo Rato ni habló de la corrupción en general. El segundo acto se celebró en una sala anexa al Auditorio Victor Villegas y congregó a unas 300 personas.

En ambos actos se les ofreció a los periodistas seguir el acto a través de una pantalla de plasma y la mayoría aceptó.

PSOE, UPyD, Podemos e Izquierda Unida firmaron un pacto que fue noticia nacional. Ellos lo presentaron como un acuerdo “para la regeneración”. El entorno de Pedro Antonio Sánchez lo presentó como un acuerdo “anti-PP”. Miguel Sánchez López, candidato de Ciudadanos, negó que hubieran recibido oferta alguna por parte del PP a cambio de no firmarlo: “Rotundamente no. Ciudadanos no hace pactos por sillones”.

Si las encuestas aciertan, el papel de Ciudadanos (que hace seis mese apenas tenía presencia en Murcia y ahora dice tener unos 1.400 afiliados), sería clave. Si se abstuvieran o llegaran a un pacto con los populares, el PP podría seguir gobernando. Si se unieran finalmente a los otros cuatro partidos, el PP dejaría el Gobierno por primera vez en dos décadas.

El candidato formula su propuesta con estas palabras: “¿A ti te parece que es igual que te gobierne una persona que empezó en el partido con 15 o 16 años, fue concejal de su pueblo y luego acabó como director general, consejero o presidente sin haber cotizado nunca nada fuera de la política o alguien que es profesor de universidad, médico, ingeniero o abogado?”.

El domingo por la noche, Murcia tendrá la repuesta.

En el feudo de ‘Paco Placas’

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Con apenas 3.000 habitantes, Vall d’Alba tiene una piscina climatizada, una ermita, dos casas rurales, una plaza de toros y un bulevar. Todo se construyó con dinero público gracias a las conexiones del alcalde Francisco Martínez, mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón. 

Con apenas 3.000 habitantes, Vall d’Alba tiene una piscina climatizada, una ermita, dos casas rurales, una plaza de toros y un bulevar. Todo se construyó con dinero público por las conexiones del alcalde Francisco Martínez, mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón. El municipio es un reflejo de los peores problemas de la Comunidad Valenciana.


Doblan la esquina tres reinas de las fiestas, dos guardias civiles tocados con el tricornio de gala y una banda de música que interpreta un pasodoble. En medio de la comitiva está el alcalde, Francisco Martínez, que se aproxima con el cortejo a una cinta que alguien ha tendido de lado a lado de la avenida. Al fondo, completa la escena una exposición de tractores relucientes. Todos sonríen y cortan la cinta. Queda inaugurada la feria agrícola.

La escena ocurre el 17 de abril en Vall d’Alba: un pueblo de 3.000 habitantes a 28 kilómetros de Castellón de la Plana. El alcalde Martínez gobierna desde 1991 y este año no se presenta a la reelección. Fue elegido en las listas del PP y puede presumir de haber inaugurado muchas más infraestructuras que sus colegas de los alrededores.

Destaca una plaza de toros tan grande que caben dos tercios de los habitantes del municipio. Pero hay muchas cosas más. Casi todas construidas con fondos aportados por administraciones gobernadas por su partido: la Generalitat valenciana y la Diputación de Castellón.

La oposición socialista acusa al alcalde de conseguir ese trato de favor gracias a su influencia política: durante dos décadas fue vicepresidente de la institución provincial y mano derecha de su presidente, Carlos Fabra, encarcelado desde diciembre por fraude fiscal.

El PSOE local acusa también al alcalde Martínez de un incremento sospechoso de su patrimonio, de prácticas clientelares para ganar votos y de construir infraestructuras imposibles de mantener. A las críticas de sus rivales políticos se suman sus problemas con la Justicia. El mismo día en que se inaugura la feria agrícola, la Audiencia Provincial confirma que el regidor y sus dos hijos serán juzgados por tráfico de influencias, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación.

19 inmuebles

La investigación comenzó tras una denuncia del partido Compromís, que acusó a Martínez de ser el dueño de los terrenos en los que se iba a construir la depuradora de un pueblo cercano: Borriol. Sus tierras iban a ser expropiadas en condiciones muy ventajosas. El alcalde iba a cobrar “casi seis veces más” de lo que se suele cobrar en otras expropiaciones, según Silverio Tena, portavoz local de Compromís.

No es el único problema judicial del alcalde Martínez. El PSOE local ha facilitado a la fiscalía información sobre un sospechoso aumento de su patrimonio en sus años como regidor. El portavoz socialista, Fernando Grande, afirma que sólo en Vall d’Alba tiene a su nombre 19 inmuebles y un millón de metros cuadrados en fincas rústicas y urbanas. “Entre ellos”, explica Grande, “al menos 80.000 metros cuadrados en el polígono donde está previsto construir un complejo de golf”. El alcalde los adquirió antes de su recalificación.


Todas las cifras de Vall d’Alba


Como consecuencia de su procesamiento, Martínez fue destituido hace un año de su puesto en la Diputación de Castellón. El presidente, Javier Moliner, quería sacudirse la imagen de corrupción que le dejó en herencia su antecesor, Carlos Fabra, cuyo mandato estuvo marcado por el nepotismo y la inauguración de un aeropuerto que todavía hoy sigue sin vuelos regulares pero conserva una estatua gigante inspirada en su figura.

Moliner ha anunciado una apuesta por la transparencia para mejorar la imagen de la institución. Pero su servicio de prensa no ha respondido a ninguna de las preguntas que le he formulado sobre el trato de favor a los municipios del PP durante los últimos 20 años. La institución tampoco ha explicado qué criterios se usaron para elegir a Vall d’Alba como destinatario de un gran número de inversiones. Los responsables del ayuntamiento tampoco han querido responder.

En el altar mayor

En Vall d’Alba nadie niega que la gestión de Martínez ha beneficiado al municipio, que concentra la mayoría de las instalaciones y servicios de la zona. Tal fue el frenesí inaugurador del alcalde durante dos décadas que le llamaban Paco Placas. El apodo hace referencia a decenas de placas conmemorativas que llenan el pueblo. Están en el interior de las rotondas, en las calles, en las paredes de las obras y en pequeños monolitos a las afueras. Conmemoran la construcción de infraestructuras, pero también otros actos cotidianos de la gestión municipal.

En casi todas las inscripciones se puede leer el nombre de Carlos Fabra y en todas el del alcalde. Su rostro está en todas partes. También en la inmensa mayoría de las fotografías del boletín informativo que edita el Ayuntamiento: con los jubilados, con los jóvenes, con los tractores, con los deportistas, con otros políticos, en la romería…

El cuadro que preside el altar mayor.
El cuadro que preside el altar mayor.

El culto a la imagen del alcalde llegó a su cénit con la construcción de una ermita en una ladera de la localidad. El templo está consagrado a San Cristóbal. Pero el altar mayor sólo tiene un cuadro con varias personas en una procesión. En el centro del lienzo se reconocen claramente los rasgos del alcalde en un señor moreno y con bigote que mira al espectador.

Toros, sauna y palmeras

La ermita es una de las obras que impulsó Martínez. También inventó una romería anual para darle uso. Durante su mandato se construyeron también la plaza de toros, dos hoteles rurales con sus respectivas piscinas, un albergue juvenil, varias pistas de pádel y un gimnasio. Todo de titularidad pública.

El pueblo alberga el centro de salud de referencia de la comarca y una piscina climatizada que está casi terminada y que incluirá una sauna y varias pistas de tenis. También tiene un instituto de educación secundaria a pesar de que el pueblo vecino tiene otro y lo iguala en población.

El municipio fue el elegido para albergar una de las cinco comisarías de la policía autonómica que hay en toda la Comunidad Valenciana. Es la única situada en una localidad pequeña: las otras cuatro están en las grandes ciudades de la región.

La localidad tiene también una planta de tratamiento de estiércol y un polígono industrial de 2,5 millones de metros cuadrados, dos casas de la cultura de varias plantas cada una y un museo etnológico. Además, hay un bulevar cuajado de palmeras que empieza en la plaza de toros y termina enfrente de la puerta de la casa del alcalde.

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El problema es que las obras son imposibles de mantener. La planta y el albergue están cerrados. Gran parte del polígono industrial está sin edificar. El museo y uno de los centros culturales sólo abren algunos días al año. La piscina climatizada lleva cinco años en construcción.

La oposición critica el sobrecoste en las obras. Pero sobre todo teme el momento en el que se abrirán. “Todo esto va a ser una hipoteca para el próximo gobierno local sea del signo que sea”, dice el socialista Grande. ” No lo podremos mantener”.

Elegido por aclamación

“Yo no tengo queja. Mis hijos no tienen que salir de Vall d’Alba para ir al instituto ni al médico. Puedes ir a preguntar a los pueblos de al lado. Ellos sí que querrían que nuestro alcalde les hubiera tocado a ellos”. Lo dice la propietaria de un bar desde el otro lado de la barra. No quiere decir su nombre. También prefiere no darlo un ciudadano de origen rumano que lleva 14 años viviendo en el municipio: “¿Corrupción? No es mi asunto. Yo sé que el alcalde se ha portado muy bien con los extranjeros. Cuando no tenemos trabajo, nos lo busca”.

Son dos ejemplos del apoyo que el regidor recibe de sus vecinos, que le votan en masa desde hace dos décadas. En los comicios de 2011, logró el 71% de los votos. Un porcentaje mucho mayor del que el PP sacaba en los pueblos cercanos y en toda la provincia de Castellón.

La oposición asegura que Martínez compró el apoyo de sus vecinos convirtiendo su pueblo en un receptor privilegiado de obras y servicios. El diagnóstico lo comparten los dirigentes de los pueblos cercanos. El regidor de uno de ellos, miembro también del PP, lo resume así: “Ha sido buen alcalde para su localidad. Pero a los pueblos de alrededor nos tenía que haber pasado más ayudas. Por estar donde estaba, tenía información privilegiada y acceso a directores generales. A mí también me hubiera gustado tener todo eso”.

Un alcalde en 20 placas

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La socialista María Teresa Sidro, que fue alcaldesa de otro pueblo cercano en los años 90, resume el funcionamiento de la política comarcal: “Martínez tenía poder y los demás pueblos, a callar, gobernara quien gobernara”.

El trato de favor a Vall d’Alba es el ejemplo más llamativo de un fenómeno más amplio. Según el PSOE, los municipios gobernados por el PP recibieron el 95% de los fondos disponibles en partidas extraordinarias otorgadas por la Diputación. En las partidas ordinarias no es posible la discriminación porque la ley obliga a repartirlos según unos criterios objetivos.

Al preguntar por esta cifra, la Diputación ni la confirma ni la desmiente. El PP gobierna en un 74% de los municipios de la provincia de Castellón.

La resaca

El alcalde Martínez forma parte de un elenco de políticos que gestionaron la Comunidad Valenciana a base de grandes obras entre finales de los años 90 y principios de esta década.

Mientras el alcalde de Vall d’Alba construía su plaza de toros, Francisco Camps gastaba en infraestructuras y grandes eventos un mínimo de 2.600 millones de euros, según un cálculo de la Sindicatura de Comptes, el tribunal de cuentas autonómico.

Muchos escándalos han estallado en la Comunidad Valenciana en los últimos años. El más mediático es el caso Gürtel pero hay más.

En Alicante, el caso Brugal implicó a la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. En Castellón, Carlos Fabra protagonizó titulares durante varios años. El escándalo más reciente afecta a Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, que ha sido suspendido de militancia al hacerse públicas unas grabaciones en las que se le escucha contando billetes o burlándose de sus propios votantes por haber creído sus promesas electorales.

Los desafíos

Alberto Fabra, actual presidente autonómico, ha renegado de la gestión de su predecesor y ha eliminado a casi todos los imputados del grupo popular en las Cortes valencianas. Su mayor problema, sin embargo, es la gestión de la deuda y la crisis económica. La Generalitat debe una cantidad equivalente al 37,6% de su PIB. Un porcentaje que la convierte en el territorio más endeudado de España.

El Gobierno regional asegura que las causas principales de la deuda son la crisis y la injusta financiación autonómica. Este último factor ha generado el 88% de la cantidad total, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), un órgano que depende de la Generalitat.

La oposición socialista no comparte ese diagnóstico. Indica que los años de expansión económica fueron una oportunidad para reducir la deuda y que los gobiernos del PP hicieron justo lo contrario.

El dinero fácil de la burbuja tampoco sirvió para igualar la calidad de vida de los valencianos al resto de los españoles. El gasto por habitante en servicios públicos no llegó a la media nacional ni siquiera en los años de esplendor como se puede observar en este informe del IVIE.

La deuda, la economía y la corrupción serán los grandes retos del próximo Gobierno autonómico. Unos retos que Carlos Fabra mirará desde la cárcel, Francisco Camps desde su retiro de la política y el alcalde Martínez, quizá desde el banquillo. A los valldalbenses, al menos, siempre les quedarán la plaza de toros, la piscina climatizada, la ermita, la sauna y el bulevar.

El fiscal acusa a Imbroda de ‘despreciar la ley’

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El presidente de Melilla no se ha librado aún del proceso que se sigue contra él en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La decisión del juez Francisco Monterde de archivar -en un tiempo récord y sin practicar otra diligencia que la declaración autoexculpatoria del propio aforado- la causa abierta al político del PP por un presunto delito de prevaricación ha sido contestada por la Fiscalía del Supremo, que ha interpuesto un contundente recurso.

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El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, no se ha librado aún del proceso que se sigue contra él en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La decisión del juez Francisco Monterde de archivar -en un tiempo récord y sin practicar otra diligencia que la declaración autoexculpatoria del propio aforado- la causa abierta al político del PP por un presunto delito de prevaricación ha sido contestada por la Fiscalía del Supremo, que ha interpuesto un contundente recurso con el que intenta lograr que siga su curso la investigación abierta a Imbroda por hechos que el Ministerio Público considera “de una gravedad indudable” y que presentan “perfiles inequívocamente delictivos”. “El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer de dinero público es absoluto”, afirma.

Monterde cerró el pasado día 6 la causa contra el presidente de Melilla por las irregularidades detectadas en la contratación de un abogado externo para atender una serie de reclamaciones laborales, pese a la existencia de un gabinete jurídico en la Administración de la ciudad autónoma. El instructor tomó esa decisión el mismo día en que el fiscal presentaba un escrito oponiéndose al archivo, solicitado por Imbroda nada más prestar declaración el 11 de marzo.

El sobreseimiento del proceso -apenas dos meses después de que el Supremo admitiera la exposición razonada del juez de Melilla Emilio Lamo de Espinosa- se ha producido sin que la acción popular, ejercida por la Asociación Libre de Abogados y Manos Limpias, haya podido intervenir. Pese a que la personación de ambas organizaciones fue aceptada por la Sala el 9 de marzo, Monterde ha cerrado la causa sin haberles fijado la fianza, de manera que la acusación popular no ha podido participar en la declaración del imputado, proponer diligencias o formular alegaciones sobre la petición de archivo.

Para Imbroda era esencial la celeridad en la clausura de un proceso que no fue obstáculo para que el PP le volviera a designar candidato a la presidencia de la ciudad autónoma en las elecciones del próximo mes. El presidente de Melilla, que convocó una rueda de prensa para celebrar el archivo, asegura que Rajoy le llamó la pasada semana “para felicitarle”.

El recurso de la Fiscalía del Supremo adquiere en este contexto la máxima importancia para los intereses de Imbroda y del PP. El escrito del fiscal Salvador Viada comienza recordando que los Juzgados de Melilla tramitan en este momento varios procedimientos que ponen de manifiesto que la contratación de abogados externos por parte de la Administración de la ciudad se realiza “de manera sistemática” incurriendo en “graves irregularidades”.

Esa práctica no sólo afecta a letrados. “El presente caso”, relata el fiscal, “no es más que uno de los investigados en varios Juzgados, de manera que tan solo tres de los diez miembros del Consejo de Gobierno de la ciudad no están implicados en procedimientos judiciales. En los Juzgados se investigan causas relacionadas con contratos irregulares concedidos a empresas de seguridad, de concesión de licencias de submarinismo, de financiación a la prensa local, relacionadas con el campo de golf, además de la contratación de abogados externos”.

Omisión de información

Por lo que se refiere a la causa elevada al Supremo al aparecer implicado Imbroda, la Fiscalía considera que los hechos “son claros”. El 15 de mayo de 2014, la policía judicial informa al magistrado Lamo de Espinosa que ha analizado la contratación del abogado Juan Jesús Olivares conforme a la documentación enviada por la Administración de la ciudad autónoma, que se limitaba a tres contratos. “Pero cuando la Guardia Civil solicita la relación de operaciones con terceros de todos los letrados externos que han sido designados por el Consejo de Gobierno de 2002 a 2012, aparece que el citado letrado fue contratado en numerosas ocasiones”, señala el recurso.

La investigación realizada en Melilla reveló que Olivares cobró de la ciudad autónoma 340.362,50 euros, más 18.030 euros de provisión de fondos que no constaban en la documentación recibida por la Guardia Civil. La designación del abogado en un conjunto de procedimientos laborales se hizo mediante un poder notarial otorgado por Imbroda sin seguir “ninguno de los trámites en la contratación exigidos por la normativa administrativa: ni por el órgano competente, sin informe de la necesidad de la prestación del servicio jurídico, sin informe sobre las razones por las cuales el mismo no podía ser prestado por los abogados de la ciudad autónoma, sin expediente alguno de contratación ni objeciones algunas a los pagos”.

“Así”, añade el fiscal, “se abonan provisiones de fondos solicitadas por el abogado, práctica no autorizada por la normativa administrativa, y todas las cantidades que el letrado solicita mediante decretos del presidente de la ciudad, tras haber sido solicitado el pago por el consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín Cobos. Las facturas del abogado importaron 750.704,93 euros, aunque el letrado condonó la cantidad de 400.345 euros”.

Melilla ¿ciudad sin ley?

El fiscal se pregunta “cómo es posible que se realicen estas prácticas sin que los mecanismos de control de gasto detecten estas anomalías”. La respuesta la encuentra en el hecho de que el gobierno de Melilla se ha acogido a un régimen especial conocido como “fiscalización limitada”, que elimina ciertos controles previos a los gastos. Para que pueda utilizarse, sin embargo, la Administración debe someterse a un conjunto de exigencias, entre ellas que el régimen de fiscalización limitada se acuerde por el Pleno de la Corporación, a propuesta del presidente y previo informe del interventor. Además, los órganos de control interno que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deben emitir un informe escrito para hacer constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de ellas.

En Melilla se aprobó ese régimen especial “sin propuesta del presidente, sin informe del interventor y de espaldas al procedimiento establecido por la Ley”, subraya el fiscal. Es decir, “se eliminan los controles previos (y también los posteriores) y esa eliminación se hace a instancia del imputado al proponer el presupuesto al Pleno de la Corporación”. De esta forma, para el Ministerio Publico “la supresión de las medidas de control ordinarias establecidas por la ley para la aprobación del gasto público y para el examen de la regularidad de la contratación administrativa es responsabilidad directa del aforado”.

Decae así, a juicio de la Fiscalía, uno de los argumentos del archivo decretado por el instructor del Supremo, Francisco Monterde, según el cual Imbroda no tenía “clara conciencia de la ilegalidad” del procedimiento de contratación ya que ningún órgano le avisó de irregularidad alguna.

Ese dinero es de los contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los pagos se realicen conforme a los procedimientos establecidos

“Esta alegación no puede sostenerse”, replica el fiscal, para el que se trata de un típico caso de ignorancia deliberada o buscada por el propio responsable de la situación. El recurso lo explica así: “Claro que no le avisaron, él se encargó de descargar a quien tenía la obligación de avisarle (por cierto, alguien elegido por él mismo). Cuando ordena pagar, el aforado lleva ya varios años de alcalde del Ayuntamiento, sabe perfectamente, o debe saber, cómo debe funcionar una Administración pública, en la que el dinero no se puede manejar como si fuera propio. Ese dinero es de los contribuyentes, que tienen derecho a exigir que los pagos se realicen conforme a los procedimientos establecidos, de manera que se garantice que el dinero no se va a derrochar o no se va a utilizar de manera irregular o ilícita. Por el contrario, aquí es la voluntad del alcalde, soslayando las obligaciones legales y el procedimiento administrativo, la que determina cómo se debe disponer del dinero. Eso si, alegando luego que no sabía ni nadie le advirtió que había nada irregular. En opinión del fiscal (y del juez de instrucción, y de la Guardia Civil, y de la Intervención General de la Administración del Estado), había muchas cosas irregulares, y había una reducción intencionada de controles establecidos por la ley para evitar que esas cosas irregulares se detectaran”.

Argumentos ‘increíbles’

El resto de los argumentos de Monterde son, para el fiscal, “increíbles”. A su parecer, carece de consistencia afirmar que la contratación de letrados externos era de naturaleza civil y dar relevancia al hecho de que Imbroda haya asegurado que él no eligió a Olivares. El Ministerio Público afirma que no se ha investigado quien contactó con este letrado y destaca que, si se considera un dato trascendente, al menos se debería haber tomado declaración al propio abogado.

“En todo caso”, añade el recurso, “lo importante es quién le contrató omitiendo todos los trámites administrativos precisos” y ello apunta a Juan José Imbroda, que fue quien otorgó el poder.

Para el fiscal, si la intervención del presidente de Melilla se hubiera limitado a eso, “podríamos entrar a discutir si [Imbroda] no era más que un eslabón de la maquinaria administrativa. Pero es que no fue así”.

“Por un lado”, afirma, “esa maquinaria se diseñó de manera deliberada para que permitiera actuar al equipo de gobierno con una falta de sujeción al derecho administrativo, a los requisitos legales exigidos para cada acto y para cada contrato, y la implementación de ese diseño es responsabilidad directa del aforado. Pero es que, además, Imbroda intervino de manera decisiva en otras fases del contrato, singularmente en el pago [de las minutas], y también de modo absolutamente ajeno a las exigencias legales”.

“El desprecio por las formas y por el respeto a la ley a la hora de disponer de dinero público es absoluto”, concluye el fiscal.

El cierre del proceso ha causado sorpresa en ámbitos judiciales de Melilla, que encuentran dificultades para investigar las actuaciones del equipo de gobierno de Imbroda. En esos medios se considera que en el Tribunal Supremo no se ha realizado una verdadera instrucción. Si el instructor rechaza la impugnación del fiscal, la última palabra la tendrá la Sala porque el Ministerio Público ya ha anunciado que irá en apelación al tribunal superior.