El senador imputado de Bildu sobre Hipercor: “La policía se negó a desalojar”

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Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio.

Iñaki Goioaga ejerció durante años como abogado de varios presos de ETA e ingresó en prisión en 2009 acusado de ayudar a fugarse a dos presos de la banda en un plan disparatado que incluía un helicóptero y pretendía llegar a Portugal. Ni siquiera pasó dos años en la cárcel. Salió después de pagar una fianza de 60.000 euros y fue elegido senador por designación autonómica en enero de 2013.

El Supremo anunció este miércoles que abrirá una causa contra Goioaga a petición de la Audiencia Nacional, cuyo juez Eloy Velasco llegó a la conclusión de que aprovechaba su condición de abogado para mantener controlados a los presos de ETA y difundir sus consignas en prisión.

No se trata de una acusación nueva. José Miguel Latasa Getaria –que ayudó a su colega Kubati a asesinar a la ex etarra Yoyes en 1986 y luego fue expulsado de ETA por buscar la reinserción ocho años después– la formuló en esta entrada de su blog Arabatik:

Desde que entré en la cárcel ya me pusieron al día que era él, el abogado de Gestoras que mandaba en el colectivo. Después, con el tiempo, ya fui viéndolo con mis ojos que este elemento era quien movía los hilos entre los presos y ETA. El venía con las órdenes concretas, quien, al menos conmigo, Kubati y alguno más decía cuándo había que hacer huelga de hambre ; plante o las dos cosas y se permitía , incluso en el ínterin, decirnos que tenía esa noche sidrería. Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal.

Hoy Goioaga es senador y sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Así cabe explicar la exposición razonada que el juez Eloy Velasco envió desde la Audiencia Nacional al alto tribunal, que ahora abre una causa que podría desembocar en su imputación por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de terrorismo, blanco de capitales y fraude a la Seguridad Social.

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio y sobre el que escribimos aquí.

Se trataba de glosar la obra Las guerras correctas, que retrata la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González en los tiempos de la ofensiva judicial para esclarecer los crímenes de los GAL. Acompañaban al senador el periodista Pedro J. Ramírez y la jurista Manuela Carmena, que por entonces no había anunciado su candidatura a la alcaldía de Madrid.

La impunidad fue uno de los asuntos clave del coloquio, que se puede ver entero aquí. La impunidad de los GAL y la de muchos crímenes de ETA que quedaron por esclarecer.

Los tres invitados criticaron el enjuague que propició los indultos de Rafael Vera y José Barrionuevo. Pero Goioaga se desmarcó de los demás al hablar del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 21 personas el 19 de junio de 1987. “Fue un resultado terrible y no deseado”, dijo el senador de Bildu. “Se fue a hacer un desalojo dos horas antes de que estallaran los coches bomba y el director y el comisario Francisco Álvarez se negaron y dijeron que era una falsa alarma. Se podría haber evitado. Quién colocó el coche bomba está claro. Pero la verdad es amplia y tiene muchos parámetros”.

Las palabras del senador suscitaron estupor entre los presentes. “¡No, si será culpa de las víctimas!”, gritó desde la quinta fila David Moreno, que se definió como una persona que “cree en la democracia” en su presentación. “La verdad no tiene muchos parámetros sino muchas excusas. Excusas para matar a niños y a embarazadas como hizo ETA”.

Sobre el escenario retomó el asunto Pedro J. Ramírez, que matiza las palabras de otro espectador: “Aquel día ETA no envió el coche bomba para matar a la gente de Hipercor. Pero expresó tal desprecio por las personas estaban en Hipercor que arriesgó sus vidas dejándolas al albur de una situación límite que ellos mismos habían creado. Responsabilizar luego al mal funcionamiento de las autoridades es una vileza. La responsabilidad es de ETA y de nadie más”.

“Jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo”, dijo Goioaga al hablar de la violencia policial en el País Vasco. “Ahora los condenados por terrorismo no pueden ser maestros. Pero sí pueden el violador, el pederasta, el pedófilo y el de la violencia de género. ¡Eso es no creer en la reinserción!”.

Hubo otro espectador que le reprochó al senador sus palabras sobre el atentado de Barcelona: “Cuando un tipo llega a Hipercor y deja un coche cargado de explosivos, no viene a regalar bombones”. La respuesta fue muy similar:

ETA hizo autocrítica con el tema de Hipercor. Fue la primera vez en que yo vi a dos personas pedir perdón a los familiares. En Hipercor está condenado el Estado y eso fue un error. Cualquier daño es inadmisible. Otra cuestión es qué se produce y habrá que ver las causas. El que efectúa el daño quizá es porque no tenía otras salidas. Yo me alegro de que seas español. El problema es que los planteamientos de españolidad no se imponen y la pregunta es si hay o no la suficiente libertad para que todas las opciones se puedan expresar con claridad. Sentimos la necesidad de una segunda Transición y de la depuración de los cuerpos franquistas. En 1975 me detuvo la Brigada Político-Social y dos años después me detuvieron los mismos policías, que me dijeron que se habían convertido en demócratas. Es fundamental el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño y el problema es que el Estado no reconoce el daño y tampoco la existencia de víctimas. Colocan árboles con el nombre de su familiar fallecido y la Guardia Civil los arranca. En esos parámetros no hay resolución posible de un conflicto que no se reconoce que existe y que ha generado mucho sufrimiento en el Euskal Herria y en el Estado español. 

“Esta mujer asesinó a mi padre”

combo_etaFrancisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta asesina de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir”.

La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

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La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

Francisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta responsable de la muerte de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir. Ella marcó la vida de toda mi familia”.

Francisco José López Aguilar.

Francisco José López Aguilar parpadeó un par de veces, incrédulo, al ver la noticia de la desarticulación de la cúpula de ETA que anunciaba ayer la televisión: “David Pla e Iratxe Sorzabal”, repetían los informativos. Los nombres corresponden a los dos terroristas que, según anunciaron fuentes de la lucha antiterrorista, dirigían los restos de la banda desde Francia. Algunos miembros del Ejecutivo se apresuraron a suponer el golpe definitivo a la organización. Para Francisco José, la trascendencia de la operación iba todavía más allá: “Ella [Sorzabal] marcó la vida de toda mi familia. Todo cambió para nosotros cuando su comando mató a mi padre”.

Los sucesos a los que se refiere este joven navarro de 32 años se remiten a 1995. Su padre, Eduardo López Moreno, era miembro de la Policía Nacional destinado en el cuartel de Etxalar, municipio ubicado el norte de la Comunidad Foral y que hace frontera con Francia; un enclave estratégico para evitar el paso de etarras de un país a otro.

El policía, natural de Montilla (Córdoba), había establecido su residencia en el pueblo de Bera, que lindaba con Etxalar. Los vecinos conocían a Eduardo López Moreno y a su familia -estaba casado y tenía tres hijos- por su participación en actos culturales y deportivos. Todos ellos vivían, en definitiva, una vida tranquila, algo de lo que no podían presumir todos los compañeros de profesión del policía.

Con todo, Francisco José López recuerda algunos episodios que, cuando apenas era un niño, no terminaba de comprender: “En algunas ocasiones se vivían momentos violentos en el pueblo -apunta-. Nos quemaron el coche un año antes de que mataran a mi padre. Siempre he asumido cuál era su profesión y que vivíamos en un pueblo complicado”.

El asesinato tuvo lugar el 19 de abril de 1995. Ese día, el policía Eduardo López Moreno había planeado entrar en el cuartel abandonado de la Guardia Civil en Endarlatsa. Según había comentado, su propósito era recoger algunos materiales del edificio desvencijado para utilizarlos en labores de carpintería. Sin saberlo, se dirigía al mismo lugar en el que un comando de ETA había colocado un artefacto compuesto por cinco kilos de amerital. El propósito de los terroristas, previsiblemente, era que la bomba estallase al paso de algún agente de la Benemérita que todavía rondaba el enclave.

“A veces sueño con el momento en el que mi padre entra en el cuartel”, reflexiona Francisco José. “Imagino que soy yo el que entra y que es a mí a quien le explota la bomba”. La detonación alcanzó de pleno al agente y murió en el instante. Los agentes que inspeccionaron el escenario reconocieron la identidad de la víctima gracias a la alianza de boda que encontraron en la estancia.

Un crimen que cayó en el olvido

El mismo día en el que explotaba el artefacto contra Eduardo López Moreno, ETA protagonizaba en Madrid otro episodio que se llevó todas las portadas de los periódicos: el presidente del Gobierno, José María Aznar, era víctima de un atentado de la banda terrorista que pretendía acabar con su vida. En esta ocasión, los terroristas hicieron estallar otra bomba con treinta kilos de amosal al paso del coche del político. La deflagración, que provocó el derrumbe de una casa cercana y que acabó con la vida de su inquilina -Margarita González Mansilla-, no pudo con el blindaje del vehículo. Sus tres ocupantes -Aznar, el conductor y un escolta- resultaron ilesos.

El intento de asesinato del presidente del Gobierno relegó a un segundo plano el crimen de Endarlatsa; un olvido que la familia de Eduardo López Moreno también cree que se produjo desde las instituciones. “Enterramos a mi padre en Córdoba y nos dimos cuenta de que no podíamos volver a Bera -recuerda Francisco José-. Mi madre aguantó hasta junio para no tener que cambiarnos de colegio a punto de terminar el curso. Después nos fuimos a Montilla y tratamos de empezar una nueva vida”.

Con el paso de los años, Francisco José lamenta que nunca se les haya informado sobre cualquier avance en la investigación sobre el caso de su padre: “La primera vez que oí hablar del comando Ibarla fue por la televisión. Lo relacionaban con el asesinato y comencé a investigar por Internet quiénes estaban detrás del atentado. Guardé muchos recortes y artículos, y todas las informaciones apuntaban al comando Ibarla”. Efectivamente, fuentes de la lucha antiterrorista atribuyeron el atentado a este grupo, del que formaba parte Iratxe Sorzabal, ayer detenida en la localidad francesa Saint-Étienne-de-Baigorry. En la operación también fueron arrestados David Pla -con quien Sorzabal constituía la cúpula del aparato político de la banda- y Ramón Sagarzazu, antiguo jefe del aparato internacional, además de una cuarta persona, Pantxo Lopez, acusada de dar apoyo a los terroristas.

“Esta mujer asesinó a mi padre -reflexiona Francisco José-. Ahora espero que cumpla lo que tiene que cumplir. Las circunstancias del atentado fueron un poco extrañas porque no fueron a por él, como hicieron con otras víctimas. Por eso no sé si tendrán pruebas que relacionen a Sorzabal con este crimen o en qué quedará el juicio”.

Diccionario satírico burlesco (X)

La letra M protagoniza la décima entrega del diccionario de Anna Grau, con nombres propios como los de Maragall, Miquel Roca o Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, “flagelo de homosexuales y abortistas, pesadilla de las feministas”.   

Maragall

Vaya por delante que mucho le quisimos incluso los que jamás le votamos. Que casi todos lloramos al enterarnos de que padecía Alzheimer. ¿Cómo explicar su tierno encanto, sus tenaces hechuras de Peter Pan? Rompeolas del milagro olímpico y del milagro todavía más señalado, y más de Fátima, de que el socialismo llegara jamás a gobernar directamente en Cataluña, que es muy suya, va Maragall y la caga (perdón: en ocasiones el prurito de precisión arrasa con el de estilo) dejándose liar por los de ERC y por el espejismo de un NeoEstatut que, vamos a decirlo todo, pretendía nada menos que refundar España. Que darle sopas con honda y lecciones de Historia y de Modernidad. Así, en mayúsculas, ¿qué pasa? Es probable que Cataluña nunca se cure de esta obsesión suya por amejorar España, por sacarla de un lodo que sólo los catalanes huelen y ven. A favor del personaje: su cabal nobleza irredenta, su buena fe desarmante, su sincero deseo de arreglarlo todo, para siempre a ser posible. En plena aventura estatutaria Maragall se vino a Madrid, al Desfile de la Hispanidad, y nadie se lo agradeció. Ah, y, dicho sea de paso, fue de los pocos presidentes autonómicos, por no decir el único, que resistió los avances de un tal Iñaki Urdangarin sin darle jamás un contrato público. Al césar lo que es del césar, intratable pueblo de cabreros: ¿qué pasa, que os gustan más las cabras al frente de la presidencia de la Generalitat?

Marta Ferrusola

Això és una dona para unos. Para otros, lady Macbeth. Para ser justos, probablemente la verdad -que no la virtud- esté en el término medio. Cargó a Jordi Pujol de hijos y de mala conciencia católica, apostólica y romana por no ocuparse de ellos. Hasta bien entrados los años 80, Pujol seguía creyendo que la cocina de su casa funcionaba con leña. ¿Cómo no iba a creerse también que los deportivos de lujo que conducía su primogénito le habían tocado en una rifa de la parroquia? Nadie que haya intentado decirle al expresident en su cara lo que su familia estaba haciendo ha vivido (políticamente) para contarlo. Pujol mandaba en Cataluña pero Ferrusola mandaba en casa y sin soltar nunca el látigo. Terror de los consellers adúlteros o divorciados, flagelo de homosexuales y abortistas, pesadilla de las feministas, azote de inmigrantes y de presidentes de la Generalitat llamados Montilla y nacidos en Córdoba, cabeza de Medusa para los peluqueros… Costó Dios y ayuda y algún que otro patinazo conyugal desasirla de su moño gótico y modernizar imperceptiblemente su estética. Que no sus ideas. Valida y valedora de todo lo turbio y siniestro que ha tenido mando en plaza y en la Generalitat. Escandalosa jardinera del Barça, del World Trade Center y de los jardines de Aranjuez no, porque no se le pusieron a tiro. Precoz instigadora de pitadas al himno y a la bandera ya en el verano olímpico. Lo más intrigante que hay en ella es cierta ingenuidad a prueba de bomba. Cierta incapacidad sincera de admitir que el mundo pueda no ser como ella a machamartillo cree. Cierta noche que su hijo Oleguer no durmió en casa sino en el cuartelillo de la Guardia Civil, que le había detenido por forzar la entrada en una conocida escuela de inglés de Barcelona para darse el lote con su entonces novia, cuando la Benemérita llamó a la mañana siguiente para informar, tuvieron que informar a Marta, que es quien les cogió el teléfono. “Imposible”, les contestó, rotunda. De ahí no la han sacado todavía.

Miquel Iceta

Es de los últimos mohicanos que le quedan al PSC, de los últimos socialistas catalanes que no se volvieron locos con el tripartit, l’Estatut y el dret a decidir. Éste todavía entiende que él cobra por ponerse enfrente del nacionalismo y el independentismo, no encima ni debajo. Que la Constitución no es el Kamasutra. Su inmediato antecesor en el liderazgo del partido, Pere Navarro, fue abofeteado en plan Gilda en plena comunión en una iglesia de Terrassa. La bofetada no partió de Glenn Ford ni de ningún peligrosísimo elemento antisistema sino de la anciana suegra de un militante de CiU de cierto peso en Sant Cugat del Vallès. La abuela fue a entregarse a los Mossos para no hundir en el ridículo la carrera política de su yerno, sólo la de Pere Navarro. En el PSC se dieron cuenta de que había que reaccionar y recurrieron a Iceta. Es inteligente, distingue el aparato del partido del mando a distancia de la tele, es incluso valeroso en lo político y en lo personal. Otra cosa es que carezca de carisma y que, como cierto adminículo de higiene íntima femenina, le ha tocado estar en el mejor lugar (es un decir), en el peor momento.

Miquel Roca

Uno de los personajes más interesantes, más sobrevalorados y a la vez más incomprendidos de la política y la sociedad catalanas. De joven trató de ser socialista, como su amigo y socio (entonces) de bufete Narcís Serra, pero no le quisieron. Se hizo entonces del joven partido de Jordi Pujol, representando durante muchos años su ala amable, más abierta al mundo e incluso a Madrid. Ya entonces era un hombre de fuertes contrastes. De puertas afuera era brillante, fino, moderno, el más progre de CiU. Y padre de la Constitución además. De puertas para adentro su culto a la personalidad y su obsesión por la lealtad no quedaban tan lejos de Stalin. Con el tiempo y una crisis de los misiles en el partido provocada porque él quería ser ministro en Madrid, y el marido de Marta Ferrusola no quería que lo fuese, se vio que la paranoia de Roca no era del todo inexplicable. Una descripción detallada de lo que le hicieron entonces excede el libro de estilo de esta santa casa. Era cuestión de tiempo que nuestro hombre se refugiara en la abogacía de alta costura, donde su carrerón de Emma Bovary de la política coge un desvío hacia el ansiado final feliz. Hoy en día es venerado anciano de la tribu y defensor a ultranza y de confianza de la infanta Cristina (el Estado es español pero no tonto).

Mossos d’Esquadra

¿Los perros de la guerra contra el top manta? Es broma pero no tanto. La contemporánea policía autonómica catalana nació con muchas esperanzas y pretensiones, y con unas alpargatas de gala muy bonitas, pero nos ha llevado de decepción en decepción. Para lo mucho que cobran y gastan son poco o nada sutiles en la investigación, en el interrogatorio de sospechosos y hasta en el control de alborotos en discotecas. Hay quien no les quiere de escoltas porque no se fía de su discreción. Tampoco son extremadamente populares por colaborar con otras fuerzas de seguridad. Lo que se dice una alhaja de cuerpo. ¿Podrían evolucionar con el tiempo a Fuerza de Misión Imposible catalana, tan, tan, tan, tatatán? Miquel Sellarès, un veterano independentista que físicamente no recuerda demasiado a Tom Cruise, pero que acaso comparte algo de su espíritu, intentó con ahínco crear unos servicios secretos de la Generalitat pero le tiraron los papeles a la cabeza. ¿Quizás ahora mismo alguien los está rebuscando en las papeleras del Palau?

El juez exculpa al comisario imputado por revelar información al ‘pequeño Nicolás’

nico2El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’.

 

COhwmS5WsAAaxR7El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’. Después de tomarle declaración, el instructor considera que no hay circunstancias objetivas para seguir el proceso contra él.

En un auto al que ha tenido acceso El Español, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, señala que de las declaraciones de los testigos ni ninguna otra prueba “permiten colegir que el imputado ejecutara acto de un inequívoco contenido incriminatorio”. La decisión del juez contradice la versión de Asuntos Internos, que apuntó al comisario como la persona que habría ayudado al joven impostor a obtener datos de ciertos vehículos.

El magistrado había imputado a Barrado por un delito de revelación de secretos por haber entregado supuestamente al ‘pequeño Nicolás’ información de matrículas de coches, titularidades y domicilios, a través de la aplicación “Objetos”. Sin embargo, Barrado negó haber facilitado información al joven.

Su versión de los hechos fue que el jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central, Eugenio Pereiro, le habría comentado que la Policía Municipal había pedido información sobre si algún agente habría consultado datos de una matrícula sospechosa. Al tratarse de una petición oficial, en el marco de colaboración entre los dos cuerpos policiales, Barrado habría autorizado a un inspector jefe para que entrara con su clave y comprobara lo requerido por la Policía Municipal, una vez que el acceso a la base de datos deja rastro.

Las explicaciones, para Zamarriego, “resultan creíbles y asumibles” y han sido “corroboradas” por varios testigos, entre ellos el propio Pereiro, y, por tanto, la causa contra el funcionario policial debe quedar archivada.

El comisario Barrado, en la actualidad destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), fue imputado después de que Asuntos Internos remitiera un informe al Juzgado señalándole como la persona que habría facilitado datos de dos matrículas al principal imputado de la causa, –Francisco Nicolás Gómez Iglesias- resultando además que una de ellas pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia.

Tras conocer el informe de Asuntos Internos, que investiga las prácticas delictivas o disciplinarias de los agentes de Policía, Barrado remitió una carta a sus mandos superiores acusando al comisario de la unidad que le investigaba, Marcelino Martín Blas, por su “falta de rigor”.

En la causa, conocida como ‘caso Nicolas’, el joven está imputado por los delitos de falsedad documental y estafa por, entre otras cosas, hacerse pasar por asesor del Gobierno, por elaborar informes con el membrete de Presidencia o intentar estafar a empresarios.

The desnudas

EEUU DESNUDO:NY078. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 19/08/2015.- Una mujer semidesnuda es vista hoy, miércoles 18 de agosto de 2015, en Times Square, Nueva York (Estados Unidos). Las mujeres se llaman a sí mismas "Desnudas" y posan por fotografías a cambio de propinas. EFE/JASON SZENES

Desde el verano del 2013, The desnudas, como son conocidas, proliferan por la zona de Times Square, en el corazón de la capital neoyorquina. Son mujeres jóvenes, fundamentalmente latinas, que con un escueto tanga y los pechos pintados de colores patrióticos se ofrecen a posar con los turistas a cambio de una propina. Este verano la cosa ha ido a más por la supuesta agresividad con la que reclaman el dinero.

En la imagen, una “desnuda” en Times Square el pasado 18 de agosto. EFE/JASON SZENES 

Una “desnuda” en Times Square el pasado 18 de agosto. Posan a cambio de propinas. EFE/JASON SZENES

En Taxi Driver, Robert de Niro interpreta a un veterano del Vietnam que -ante su insomnio crónico- consigue una plaza de taxista. Nueva York es el escenario de su progresivo envilecimiento moral, en el que será testigo directo del vertiginoso descenso de la sociedad hacia los abismos de la miseria y la depravación. Un fresco urbano, el de Times Square (TS), repleto de camellos, chulos, putas y luces de neón se abre al espectador en una Nueva York, años ‘70, gris, corrompida e infestada de gentes de mal vivir.

Desde el verano del 2013, proliferan por la zona mujeres jóvenes, fundamentalmente latinas, que con un escueto tanga y los pechos pintados de colores patrióticos, se ofrecen a posar con los turistas a cambio de una propina.

Tampoco es que las desnudas -como las llaman en NY- hagan su agosto, pues trabajando entre 10-12 horas diarias, sus ingresos medios por jornada rondan los 300 dólares. En septiembre, cuando empieza a refrescar, se vuelven a Miami.

Pero este verano la cosa ha ido a más y la polémica suscitada en los medios a raíz de las quejas -que se amontonan en la policía- por la supuesta agresividad con la que reclaman el dinero, ha despertado la atención de los políticos, lo que no quita para que a los turistas les siga fascinando la destreza de estas mujeres para guardar las propinas -sin ropa ni bolsillos- en su desnudo cuerpo.

La mitad de las denuncias procede de los que se consideran ofendidos por las desnudas y la otra mitad, de quienes se incomodan porque las mujeres los atosiguen o los toquen, manchando sus trajes.

El malquerido alcalde Di Blasio

La degradación urbana que reflejaba Taxi Driver dejaba al descubierto el lado más oscuro de NY, que Scorsese eligió porque representaba el desorden en el que vivía el personaje encarnado por De Niro.

Años después, ese TS caótico, peculiar e indiscutible icono que sigue atrayendo a los turistas es, de nuevo, un lugar inseguro, alejado del tiempo en que el sheriff Giuliani limpió la ciudad.

El malquerido alcalde de NY, Di Blasio, no quiere que mendigos agresivos intimiden a los turistas, que bastantes tasas pagan ya como para encima ser víctimas de estos artistas. Así que ha puesto en marcha una task force  (funcionarios, políticos locales y empresarios) para buscar soluciones y, entretanto, 100 efectivos policiales empezarán a patrullar la zona en octubre.

Y es que en NY no faltan leyes que regulan la mendicidad, prohíben dormir en las calles, defecar o copular en lugares públicos, por no hablar de los perros sin licencia. Pero cada vez se cumplen menos.

Más que las desnudas, lo que realmente preocupa a la policía de NY es que TS se haya convertido en el centro de reunión de personajes disfrazados (desde superhéroes hasta iconos de Disney) cuyo aumento está provocando altercados y detenciones. Solo cuentan con el apoyo de quienes defienden que pasar el día disfrazado a cambio de unos pocos dólares es un medio de trabajo.

Hace tiempo que NY dejó de ser el referente mundial para convertirse en una ciudad desbordada por el crimen violento, la pobreza, la discriminación racial, el ruido, la contaminación, la suciedad y la corrupción a todos los niveles; una ciudad en la que escasean las escuelas, el empleo y la justicia para todos y donde la gente orina en la calle. Así que no les falta razón a quienes piden al alcalde que limpien el metro -cada vez más sucio, ruidoso y peligroso- y dejen a las desnudas en paz.

La ley, a favor de dejar de ver la desnudez como algo inmoral. Estas mujeres tienen de su lado el derecho desde que -hace 20 años- el TSJ del Estado consideró legal llevar los pechos al aire en NY. Pero el alcalde insiste en que no son artistas creativas sino mendigas cuyos agresivos intentos por sacarles el dinero a los turistas deben ser regulados.

Ellas ya han reaccionado, tachando la medida de injusta, además de suponer un despilfarro de recursos: ‘nos quieren criminalizar cuando no estamos haciendo nada malo y hay problemas mayores en la ciudad’.

¿Mendicidad o arte urbano?

Algunos ven aquí un trato discriminatorio porque, si bien la ley del Estado de NY limita la posibilidad de que las mujeres trabajen en top less (en público, con propósitos comerciales), no existe normativa similar para los hombres. Buen ejemplo de ello es el Cowboy Desnudo que, con guitarra, sombrero y botas, actúa en calzoncillos y es todo un icono de la zona.

Tampoco la policía contempla detener a las mujeres por indecencia pues se podrían defender aduciendo que son artistas urbanas. La raya que marca la intervención es el robo, el asalto que no está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, mientras los críticos sostienen que considerar la vulgar mendicidad como ‘expresión artística’ es risible.

Habrá que ver cómo nuestras alcaldesas nacionales afrontan la cuestión de las desnudas que, a no tardar, tendremos en las plazas y calles de Madrid y Barcelona, posando para los turistas de provincias que no van a desaprovechar la ocasión de retratarse con la maciza envuelta en los colores de la bandera de turno.

Los personajes disfrazados -gente pacífica que se contenta con la propina ocasional- llevan tiempo en nuestro asfalto, sin indicios conocidos de violencia. Parecen, aquí, improbables episodios como el de NY donde la policía arrestó a un individuo disfrazado de Olaf -un personaje de ‘Frozen’- después de que una mujer lo acusara de rechazar su propina de un dólar, exigiendo que le diese veinte.

La policía sospecha que otras firmas de inversión callaron por miedo a represalias de la CNMV

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama de corrupción que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la imagen). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de los ahora investigados por miedo al desprestigio profesional.

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de la trama por miedo al desprestigio profesional.

En esta línea, el informe remitido por los agentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica que “el daño reputacional que puede inflingir la CNMV es tan grave o más que las propias sanciones, ya que el mercado financiero se basa en la confianza y la reputación”. A juicio de los investigadores, “la CNMV, al difundir meramente que una entidad está siendo inspeccionada por prácticas irregulares, condena de facto a la entidad y a sus responsables en el mercado nacional e internacional”.

La propuesta de investigación presentada por la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se centra, tal y como confirmó ayer la propia CNMV en un comunicado, en dos expedientes concretos de dos gestoras financieras, llamadas Vetusta Wealth Managers y Dracon Partners.

Según confirma el regulador, ambas firmas sufrieron sendas investigaciones por parte de la CNMV, pero con seis años de diferencia. Pese al salto temporal y, según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la UDEF han encontrado los mismos patrones en sus procedimientos sancionadores, coincidencias que les hacen pensar que los expedientes de ambas se fraguaron de forma similar y contraviniendo la normativa.

Como ejemplo, los propietarios de las dos gestoras fueron acusados de actuar como testaferros de terceras personas. En el caso de Vetusta, el presunto propietario era un notario de Dublín. En el de Dracon Partners, un empresario español sancionado con anterioridad por el regulador. Ninguna de las dos acusaciones se confirmó, pero ambas fueron filtradas a la prensa y con ello, los responsables de las entidades quedaron marcados para operar en cualquier mercado financiero, tal  y como refleja el informe de la UDEF.

Pacto y sanción

En un primer momento fueron los gestores de Dracon Partners quienes denunciaron presiones de la CNMV a la Policía Nacional. Los responsables de esta Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) aseguraron ya en 2012 -tres años antes de ser sancionados en firme- que varios funcionarios de la CNMV les presionaban para que entregaran su licencia financiera de forma voluntaria. Según su denuncia, ampliada en varias ocasiones desde entonces, Dracon tenía que dejar de operar en España. Si aquello no sucedía, sus gestores sufrirían las consecuencias de un procedimiento sancionador, que ha culminado de forma definitiva en 2015.

El pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la sanción impuesta a Dracon Partners: 1,25 millones de euros para la empresa y otros 625.000 euros para su administradora. El argumento de la CNMV fue que la sociedad y sus gestores cometieron “infracciones muy graves” por incumplir la ley en la relación con sus clientes y por delegar en terceros su servicio de captación. Los investigadores han solicitado ahora este expediente a la CNMV ante la sospecha de que se sustanció utilizando argumentos falsos.

Pese a las denuncias aportadas por Dracon Partners desde 2012, la investigación policial entró en una nueva fase en febrero de este año cuando los gestores de Vetusta hicieron llegar también la suya a la Policía Nacional. En resumen, los administradores de la gestora denuncian una situación muy similar a la vivida por Dracon, pero con seis años de distancia y una diferencia sustancial: en lugar de litigar, los responsables de Vetusta entregaron la licencia de forma voluntaria a la CNMV. Por su parte, el organismo regulador archivó el expediente y dejó sin efecto las sanciones, tal y como refleja el siguiente documento:

Hace dos semanas, la Policía Nacional solicitó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los dos expedientes. Su objetivo es analizarlos en busca de irregularidades. Además, los agentes investigan el patrimonio de varios funcionarios bajo sospecha y recaban testimonios de terceros, testigos que fueron durante años empleados de la CNMV. Su intención es confirmar si las actuaciones sancionadoras son irregulares, si se hicieron por mala praxis de los funcionarios o si vinieron motivadas por presuntos pagos o sobornos de terceros. Ahora, se esfuerzan también por localizar a más víctimas y por esclarecer si alguna de ellas, por miedo, guarda silencio.

 

La Policía investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV bajo sospecha de corrupción

 

La Policía Nacional investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que autorizó además a los agentes a solicitar varios expedientes sancionadores a la institución presidida por Elvira Rodríguez (en la imagen).

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Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

La Policía Nacional investiga el patrimonio de varios altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concretamente cinco, sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió las diligencias de investigación 45/2015 tras recibir un extenso informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Con el visto bueno de la Fiscalía, los agentes analizan ahora las cuentas, las viviendas, los vehículos y los depósitos bancarios de estos responsables de la CNMV. El objetivo es localizar una discrepancia entre sus ingresos oficiales y su patrimonio real; un enriquecimiento ilícito procedente de una fuente no declarada que avale la tesis del soborno. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al procedimiento, la medida es de especial interés para la causa, ya que de su resultado depende en gran medida que la investigación avanzada por la UDEF pase a una segunda fase con una denuncia formal de la Fiscalía.

A por los expedientes

El 27 de julio, la Policía Nacional se presentó en la sede de la CNMV y solicitó a su presidenta Elvira Rodríguez varios expedientes sancionadores abiertos por el organismo. El objetivo de la pesquisa es conocer de primera mano las distintas decisiones que se tomaron para retirar varias licencias, los informes técnicos que las avalaron y los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente firmaron las sanciones.

Estas y otras medidas, aprobadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, surgieron a consecuencia de una “propuesta de investigación” presentada por la UDEF antes de verano. El informe, de 178 páginas y siete anexos, se sustenta en las denuncias presentadas por varios afectados, declaraciones de testigos y el testimonio de ex trabajadores de la CNMV que confirmarían la manipulación de los expedientes sancionadores.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la denuncia policial pone el foco sobre cinco funcionarios concretos que forman o formaron parte de la plantilla de la CNMV. Cinco funcionarios relacionados con el departamento de inspección de entidades, el organismo que se encarga de fiscalizar tanto a las agencias de inversión como a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

El escrito presentado por la Policía Nacional ante la Fiscalía para dar pie a estas pesquisas explica que los funcionarios bajo sospecha pudieron cometer delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. La investigación patrimonial iniciada ahora se centra en confirmar o desmentir si alguno de los señalados se enriqueció de forma ilícita. Pero no arrojará luz sobre otras sospechas como la falsedad documental o las amenazas, basadas de forma indiciaria en la documentación y los testimonios recabados por la UDEF.

 

 

 

Descartan la participación del compañero de cárcel de Morate en el rapto de Laura y Marina

La Policía Nacional ha descartado que Alexander E, el preso colombiano que compartió condena con Sergio Morante en la prisión de Cuenca, esté relacionado con el crimen de Laura y Marina, las dos jóvenes raptadas y asesinadas la pasada semana en Cuenca. Los agentes han encontrado pruebas de que el joven se encontraba en Alicante en el momento de la desaparición, lo que hace imposible que participara en los hechos.

La Policía Nacional ha descartado que Alexander E, el preso colombiano que compartió condena con Sergio Morante en la prisión de Cuenca, esté relacionado con el crimen de Laura y Marina, las dos jóvenes raptadas y asesinadas la pasada semana en Cuenca. En un primer momento, los investigadores centraron sus pesquisas en él como posible colaborador en el suceso, al confirmar que el preso había recibido un permiso penitenciario durante las fechas en las que desaparecieron las jóvenes. Sin embargo, los agentes han encontrado pruebas de que el joven se encontraba en el momento de la desaparición camino de Alicante, lo que hace imposible que participara en los hechos.

Por otro lado, la principal línea de investigación culminó ayer con la detención en la localidad rumana de Lugoj de Sergio Morate, considerado por los investigadores el autor material del rapto y asesinato de las dos chicas. Morate fue localizado en la región de Timisoara, una zona fronteriza con Hungría. Los agentes investigan ahora si el joven fugado utilizó para esconderse los contactos granjeados en prisión. De hecho, Morate fue arrestado por los agentes rumanos a la salida de la vivienda, en compañía de dos personas, que han quedado también bajo custodia de la Policía de Investigación Criminal rumana. El Ministerio del Interior ultima ahora el traslado del detenido a España, para que preste declaración judicial.

Según ha confirmado el Ministerio del Interior, Morate no opuso resistencia en el momento de su arresto, producido gracias a la cooperación de las policías española y rumana. En el momento de su detención, los forenses ultimaban la autopsia de sus dos víctimas. El principal objetivo es localizar pruebas y rastros biológicos que liguen a Morate de una forma irrefutable con el crimen. La tarea queda dificultada por la utilización de cal viva sobre los cuerpos de las dos jóvenes. Un intento de ocultar huellas que puede ser contraproducente para el principal sospechoso, ya que la policía se afana ahora en probar que la sustancia corrosiva fue comprada por Morate en Cuenca los días anteriores al suceso.

La policía investiga si un preso colombiano ayudó a raptar a las chicas de Cuenca

La Policía Nacional encontró ayer en el cauce del río Huécar los cuerpos sin vida de Marina Okarynska y Laura del Hoyo, las dos jóvenes desaparecidas el Cuenca el pasado jueves. Ambas aparecieron muertas, semicalcinadas y ocultas en una poza. Como principal sospechoso, los agentes siguen buscando a Sergio Morate, ex novio de una de ellas y en paradero desconocido. Además, los investigadores creen que pudo no actuar solo. Por eso interrogaron también a Alexander E., un compañero de prisión colombiano.

Su nombre es Alexander E. y se ha convertido en otra de las piezas del puzzle que terminó con la desaparición y muerte de las jóvenes Marina Okarynska y Laura del Hoyo. Según ha podido confirmar El Español, la Policía Nacional, encargada de la investigación del caso y que encontró ayer en una zona fluvial cercana al río Huécar los cadáveres de las dos jóvenes, se esfuerza ahora en aclarar el papel de este ciudadano colombiano que compartió prisión con el principal sospechoso, Sergio Morate,  en paradero desconocido.

Morate, condenado con anterioridad por un delito de retención ilegal y otro contra la libertad sexual, cumplió año y medio de condena antes de cambiar su imagen y volver a una aparentemente vida normal. Durante su estancia en prisión y según fuentes del caso, el principal sospechoso por la desaparición y muerte de Laura y Marina fraguó una buena relación con Alexander. Ahora, los agentes que investigan el caso estudian el posible papel del presidiario colombiano en el suceso. Por el momento, han constatado el contacto entre ambos tras la desaparición de las jóvenes, ya que Alexander disfrutó de varios días de permiso y visitó la vivienda del principal sospechoso.  Seis días después de su desaparición, los restos de Marina y Laura fueron localizados a media tarde de ayer en un paraje situado a dos kilómetros del municipio de Palomera. Según fuentes del Ministerio del Interior, los dos cuerpos estaban parcialmente calcinados y rociados con cal viva. ¿Con qué objetivo? Dificultar la identificación de las chicas y eliminar posibles pruebas o rastros biológicos.

La desaparición de Laura y Marina se produjo el pasado 5 de agosto, a las 17:00 de la tarde, cuando ambas quedaron para ver a Sergio y recoger algunas cosas de su casa tras una ruptura sentimental. A partir de ahí, nada de supo de ellas. Esa misma noche, su familia pasó por comisaría para denunciar su ausencia. En su vuelta a casa, la madre y la hermana de Laura localizaron el vehículo de Marina estacionado en una calle cercana a la vivienda del principal sospechoso. En su interior, los agentes encontraron el teléfono de Laura, su documentación, sus tarjetas de crédito y una medicación específica que la joven debe tomar a diario.

Un teléfono operativo

Al día siguiente, viernes 6 de agosto, es la familia de Sergio Morate quien denuncia la desaparición del joven. En un primer momento, todo hacía presagiar una desaparición conjunta; un hecho forzoso del que son víctima los tres jóvenes. Pero los agentes comenzaron a dudar. Primero por los antecedentes de rapto de Morate, segundo porque una testigo mantenía haber visto a Sergio a las 11 de la noche del jueves cuando a esa hora, la familia de las chicas estaba ya presentado la denuncia. Y tercero porque según confirman fuentes de la investigación, pese a la ausencia de tráfico en el teléfono de las dos chicas, el terminal de Morate estuvo operativo al menos hasta el medio día del viernes.

Ayer, efectivos de la Policía Científica, de la Policía Judicial de Cuenca y del equipo de Homicidios de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Central de la Policía Judicial -con sede en Madrid- registraron desde las 12 de la mañana la vivienda que la familia de Sergio Morate tiene en la localidad conquense de Palomera. Poco antes, ayudados por la unidad canina y con autorización del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cuenca, peinaron también otra finca familiar en la localidad de Chillarón. Los inmuebles estaban controlados desde hacía días por agentes de paisano, ante la posibilidad de que Morate y su presunto cómplice acudieran allí a refugiarse. El objetivo de los agentes con estos registros era encontrar pruebas de que las jóvenes fueron retenidas en alguna de estas fincas y facilitar así su paradero. Todo cambió a primera hora de la tarde, cuando un trabajador rural localizó los cadáveres de las dos jóvenes y dio la voz de alarma.

Entre la fe, los negocios y la política

cotinodibujo1Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó, el pasado otoño, a jubilarse como presidente de las Cortes Valencianas. Una jubilación poco decorosa a escasos meses de cumplir 65 años.

Ilustración: Tomás Serrano

Nunca se ha tenido por un político profesional, pese a que en los casi veinticinco últimos años ésa ha sido su principal actividad. Tampoco considera que haya hecho nada irregular, aunque su nombre aparece en varios sumarios de corrupción y ha acabado siendo arrastrado por el caso Gürtel. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó a jubilarse prematuramente como presidente de las Cortes Valencianas el otoño pasado, cuando quedaban sólo ocho meses para que se agotara la legislatura y tres para que cumpliera los 65 años. Un broche poco decoroso para una larga carrera política.

Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei, del que continúa siendo miembro activo; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo, en representación de la UCD de Adolfo Suárez; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política, y de ellos el que más le sigue atrayendo es la agricultura.

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Ilustración: Tomás Serrano

Cotino jamás ha olvidado sus orígenes huertanos. Es un hombre feliz cuando se sube al tractor y recorre sus campos; otrora de naranjos, hoy de caquis. De ahí le viene un carácter llano y afable que le hace ser percibido como alguien cercano. La vieja casa familiar, su alquería de Xirivella, es su refugio y su orgullo. Es habitual verlo en el porche, ejerciendo de anfitrión, mientras cocina a leña una paella o un arroz caldoso para sus invitados. Esa casa ha sido centro de conciliábulos desde principios de los años 90, y en ella ha apadrinado a algunos de los políticos que han hecho carrera en el PP.

 

Ha sido Cotino la persona más cercana al defenestrado Francisco Camps en los últimos tiempos. Le apoyó, al principio, para que derrotase a los seguidores de Eduardo Zaplana y pudiera tener el control absoluto de la organización. Y al final, tras estallar el caso de los trajes, se volcó para que llegara entero al banquillo. Él mismo lo llevó en coche hasta la puerta del Tribunal en la primera sesión del juicio, con el propósito de insuflarle ánimo y que no se derrumbara. Ese apoyo le legitimó, ante un sector del partido, para gestionar los resortes del poder que hasta entonces había manejado Camps. Premeditado o no, se convirtió así en uno de sus herederos frente a alguien que, como Alberto Fabra, había sido impuesto por la dirección nacional para hacer borrón y cuenta nueva.

Entró de lleno en política en 1991 al ser designado por Rita Barberá concejal de Policía y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Era la primera vez que una concejalía unificaba las competencias en materia de seguridad y de ayuda a los desfavorecidos, lo cual habla mucho de la personalidad de Cotino: un hombre conservador, amante del orden, y una persona caritativa, benefactora, con una idea probablemente trasnochada de lo que debe ser ayudar a los demás. En su etapa de concejal y también de conseller del Gobierno valenciano se le ha visto al volante de una furgoneta repartiendo alimentos en asilos y comedores sociales regentados por órdenes religiosas.

Jefe de la Policía con tres ministros

Fue él quien implantó en Valencia la “Policía de barrio” con la idea de que los ciudadanos debían de conocer al agente que prestaba servicio en su calle de la misma manera que conocían a su médico de cabecera. Eso, y la amistad fraguada con Jaime Mayor Oreja cuando ambos coincidieron en el Partido Demócrata Popular antes de integrarse en el PP, le abrieron el camino para ser nombrado director general de la Policía por el primer Gobierno de Aznar. Cotino ha manifestado que ese año, 1996, dejó de ocupar cargos en el consejo de administración de la empresa familiar y vendió la mayoría de sus acciones. Del resto, asegura que se deshizo en 2007, cuando fue nombrado conseller de Bienestar Social.

Estuvo seis años en Madrid con tres ministros del Interior: Mayor, Rajoy y Acebes. Él mismo solicitó en varias ocasiones que le dejaran volver a Valencia porque quería cuidar de su madre, enferma. Lo nombraron delegado del Gobierno. El cargo le iba como anillo al dedo, pero la derrota del PP en las generales de 2004 forzó su relevo. Fue entonces cuando Camps lo reclamó para el Gobierno valenciano, donde acabó ocupando sucesivamente las carteras de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. Llegó a ser vicepresidente antes de pasar, ya en 2011, a presidir el Parlamento autonómico; el más desprestigiado de la historia, tras haber albergado a una decena de imputados en sus bancos. La acumulación de poder le dio la oportunidad de repartir cargos entre las personas de su entorno y su mano se adivina tras la confección de varias candidaturas de municipios del área metropolitana de Valencia, el territorio que mejor conoce y domina.

La condición de máximo referente del sector cristiano del PP lo convirtió en una de las piezas de caza favoritas para la izquierda, hubiera o no razón para ello. Pero la oposición era incapaz no ya de acabar con la hegemonía, sino de hacer mella siquiera en un partido que parecía eternizarse en el poder. Seguramente fue esa sensación de impunidad, el sentirse intocables, lo que llevó a algunos a confundir la Administración con una finca particular.

La estrella de Cotino empezó a declinar cuando su nombre apareció salpicando las páginas de varios sumarios judiciales, desde Brugal, a Gürtel, pasando por el caso Bárcenas; la prueba, para la oposición, de que él era el denominador común de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Ruz le llamó a declarar como testigo porque su nombre estaba en las notas de Bárcenas. Según el ex tesorero del PP, el 11 de marzo de 2004, día de los atentados islamistas en Madrid, había acudido a la sede del partido en la calle Génova para entregar 200.000 euros en nombre de una empresa administrada por su sobrino. Cotino lo negó tajantemente. Su sobrino Vicente está imputado.

Las residencias de la tercera edad

La denuncia de Esquerra Unida por las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a residencias de la tercera edad que gestiona Sedesa, sociedad de la familia de Cotino, llevó a la Fiscalía a abrir una investigación. El político, que no ha sido imputado por ahora, ha defendido su proceder en este asunto. Alega que vendió en su momento las acciones que tenía y que nunca benefició a la empresa.

El último disgusto en el ámbito judicial se lo llevó el pasado mes de abril, cuando la Fiscalía denunció que Bancaja, en la época en la que estaba controlada por el PP, concedió irregularmente créditos por valor de 35 millones de euros a Share Capital, otra sociedad vinculada a su familia, para comprar inmuebles en Europa del Este.

Entre tanto, han ido haciéndose públicas grabaciones incluidas en los sumarios judiciales en las que se traslada una imagen de Cotino como contacto privilegiado para desbloquear o conseguir contrataciones de la Administración. En una de ellas se escucha a Vicente Cotino asegurar con rotundidad a su interlocutor que su tío mediaría a la hora de lograr favores. El propio Cotino ha tenido que salir a defenderse: “He metido la pata en muchas cosas pero nunca he metido la mano”.

Con todo, han sido dos los casos que han martirizado especialmente a Juan Cotino. El primero tiene que ver con el amaño de los contratos para retransmitir la visita que Benedicto XVI hizo a Valencia en 2006. Aunque es cierto que él no tenía competencias ni en la organización del viaje del Pontífice ni en las contrataciones efectuadas al efecto, hay testigos que confirman que participó en las reuniones clave y que era la persona que “llevaba la batuta”. Más aún: según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Cotino, que siempre ha dicho que se limitó a ser un “voluntario más”, era en realidad el “elemento nuclear” y la persona que “tomaba las decisiones políticas”. El juez lo imputó en noviembre.

El accidente del metro de Valencia

Para Cotino, el otro asunto más doloroso ha sido la acusación de algunas de las víctimas del accidente del metro de Valencia, el fatídico descarrilamiento ocurrido en 2006 en el que murieron 43 personas. Se le ha echado en cara que intentara convencer a los familiares de que desistieran de acudir a los tribunales ofreciéndoles a cambio ayuda económica y puestos de trabajo. Cotino, que era conseller de Agricultura en aquel momento, ha defendido que se limitó a tratar de consolar a las víctimas y a sus familiares en medio de la tragedia, y que ofreció cosas como “un cambio de escolarización de un niño, cuestiones de tipo laboral, de acceso a vivienda o el ingreso en alguna residencia de una persona mayor”, pero siempre llevado por un sentimiento de solidaridad y jamás con la idea de comprar su silencio.

 

 

 

La prueba de que este episodio le dejó completamente noqueado quedó reflejada en su comportamiento ante las cámaras de Salvados, cuando Jordi Évole intentó arrancarle unas valoraciones y fue incapaz de dar la cara, escabullándose en una actitud impropia de un responsable público.

 

 

 

Cotino ha cambiado. Se ha dejado barba, al estilo de Jaime Mayor Oreja, que luce, como éste, completamente blanca. Ha adelgazado, parece que por salud. Dicen que conserva su espíritu jovial, el mismo que le llevó a meter una vaca en una edificio de la Generalitat para protestar contra la política agrícola y ganadera en tiempos del socialista Joan Lerma, o, más recientemente, a colocar bien visible, sobre su mesa de las Cortes, un crucifijo para que presidiese la constitución del Parlamento valenciano, a sabiendas de cómo soliviantaría a la oposición.

Quienes lo conocen ponen la mano en el fuego por él. Aseguran que hasta hoy no ha sido acusado de desviar dinero en su beneficio. Pero si se demuestra que utilizó como testaferros a su hermano y a su sobrino para ocultar fondos de inversión, su imagen quedaría muy tocada. “Nada desear, nada pedir, nada rehusar”, es la máxima de san Francisco de Sales que, según ha confesado, ha intentado que fuera su guía. Pero aquí, la última palabra, la tienen los jueces.