Bruselas exige a Rajoy que cambie los Presupuestos de 2016 porque incumplen el déficit exigido por la UE

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La Comisión Europea sopesa acelerar las multas contra el Gobierno español por endeudarse más de lo exigido. Bruselas calcula que España tendrá este año un déficit del 4,6% y uno del 3,5% en 2016. 

La Comisión Europea pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy la semana que viene que introduzca recortes extra durante la fase final de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Bruselas considera que las cuentas públicas españolas incumplen las recomendaciones de la UE y que no permitirán alcanzar los objetivos pactados de reducción del déficit público.

Si Rajoy decide ignorar este aviso, disuelve las Cámaras y se presenta a las elecciones con el actual proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo comunitario sopesa proponer ya en noviembre sanciones para España por déficit excesivo, según ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo. Las sanciones podrían alcanzar un máximo del 0,2% del PIB. Es decir, unos 2.000 millones de euros.

“La Comisión publicará la semana que viene una opinión muy crítica con los Presupuestos españoles de 2016 e invitará al Gobierno y al Parlamento a hacer modificaciones”, ha señalado el alto funcionario. “No estamos satisfechos porque no se ajustan a las recomendaciones” de la UE para corregir el desfase presupuestario, ha agregado.

Tras evaluar el proyecto español de cuentas públicas, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que las previsiones económicas que maneja el Gobierno de Rajoy son “demasiado optimistas”. Esta euforia excesiva afecta no sólo a los datos de crecimiento sino también a las previsiones de ingresos, mientras que los gastos están infravalorados.

UE

Las dudas de Bruselas afectan ya al actual ejercicio 2015. Calcula que el déficit público se situará este año entre el 4,5%-4,6% del PIB, en lugar del 4,2% que el Gobierno español ha acordado con sus socios europeos. El Ejecutivo comunitario acaba de revisar al alza su previsión de crecimiento para España. La sitúa en el 3% del PIB, dos décimas más de lo que había calculado en primavera. Pero ni con esta mejora se podrán cumplir los objetivos presupuestarios. La cifra de la Comisión sigue siendo en todo caso más pesimista que el 3,3% que el Ministerio de Hacienda utilizó como base para elaborar los Presupuestos.

Además, el déficit de España en 2014 se ha revisado al alza del 5,8% al 5,9% (incluyendo las ayudas a la banca). Al empeorar el punto de partida, se complica lograr la meta de 2015.

Sin ajustes adicionales en el proyecto de cuentas públicas, en 2016 el desvío presupuestario respecto a la meta pactada con la UE será mucho mayor: el déficit llegará al 3,5%, en lugar del 2,8% exigido, según la estimación de Bruselas. Precisamente 2016 es el año en el que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a corregir el déficit excesivo. Es decir, a situarlo por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España se encuentra sujeta al procedimiento sancionador de la UE por déficit excesivo desde 2009 y ya se ha beneficiado de varias prórrogas de la UE para corregirlo.

Los Presupuestos de 2016 se están tramitando en estos momentos en el Senado, cuyo pleno tiene previsto aprobarlos en la semana del 13 al 15 de octubre. La ratificación final en el Congreso está prevista para la semana del 19 al 23 de octubre.

El Ejecutivo comunitario ha mantenido intensos contactos con el ministerio de Economía durante las últimas semanas para elaborar su dictamen. Por lo que le ha comunicado el Gobierno español, no tiene ninguna esperanza de que vaya a seguir sus recomendaciones y corregir los Presupuestos. De hecho, desde el ministerio de Economía han asegurado a EL ESPAÑOL que para cumplir el objetivo de déficit de este año “no hay ningún problema”. “En cuanto al año que viene, los Presupuestos son prudentes, como en años anteriores, y siempre hemos cumplido”, añaden.

Ante esta negativa, Bruselas se prepara ya para los próximos pasos, que tiene previsto dar durante el mes de noviembre. El problema que se le plantea es que para entonces las Cámaras estarán ya disueltas y el Gobierno estará en funciones. 

Dos son los escenarios que maneja Bruselas. En primer lugar, la Comisión podría pedir multas inmediatas contra España por desoír las recomendaciones de la UE. Un paso que hasta ahora no se ha atrevido a dar, ni siquiera contra Francia, pese a que amagó con ello el año pasado. La otra opción es dirigir un ultimátum al Gobierno que salta de las urnas en diciembre para que “corrija de inmediato” los Presupuestos de 2016.

La evaluación que hace Bruselas de las cuentas públicas nacionales tiene su origen en las nuevas normas de control y vigilancia presupuestaria que entraron en vigor hace dos años para mejorar la coordinación entre los países de la eurozona y prevenir futuras crisis de deuda como la que estuvo a punto de destruir la moneda única en 2012.

Según el procedimiento normal, los estados miembros tienen de plazo cada año hasta el 15 de octubre para remitir a Bruselas su proyecto de Presupuestos. La Comisión los examina y publica su opinión sobre todos ellos durante el mes de noviembre, antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales. Puede pedir cambios si considera que incumplen el Pacto de Estabilidad, aunque no tiene poder para imponerlos. Sí puede proponer sanciones para los infractores. El procedimiento se ha adelantado en el caso de España por la pretensión del Gobierno de Rajoy de aprobar los Presupuestos antes de las elecciones.

Si en 2014 Italia y sobre todo Francia fueron los peores alumnos en este ejercicio presupuestario, este año el expediente más conflictivo en Bruselas es el del presupuesto español.

Los demás partidos han criticado por electoralista la presentación temprana de los Presupuestos de 2016 por el Gobierno de Rajoy y la imposición de esas cuentas públicas al ejecutivo que salga de las urnas en diciembre. Los presupuestos prevén una subida del sueldo de los funcionarios, un aumento del gasto en pensiones y una subida de las becas, de las ayudas al cine y de las subvenciones al fomento del empleo. Además, el Ministerio de Hacienda adelantó al mes de julio de este año la rebaja del IRPF y tiene previsto devolver en los próximos meses la paga extra que se les congeló a los funcionarios en 2012.

El cuento de los 16.000 millones y sus consecuencias

Francisco de la Torre Díaz, inspector de Hacienda y responsable del programa fiscal de Ciudadanos, enumera las falacias de una hipotética independencia de Cataluña. 

Esta campaña catalana ha tenido varios candidatos haciendo literalmente el indio: “coleta morada”, alias Pablo Iglesias diciendo que “Pequeño Pujol” votaba con “gran jefe plasma” “amnistía fiscal”. Ésta era la respuesta al lenguaje “indio” de Àrtur Mas y su petición de “butifarra” al electorado, es decir corte de mangas. Como era previsible, el nivel de las declaraciones fue bajando, y por ejemplo, la “musa estelada” del separatismo, Karmele Marchante pidió que se “quemen los bancos” que ponían en cuestión la soberanía catalana. Nadie en su sano juicio se tomaría esto en serio. Lo peor es que algunos economistas cercanos a la lista de Mas sí han pretendido que se les tome en serio con el resultado fiscal de la secesión, los famosos 16.000 millones, con los que el más conocido de ellos Xavier Sala i Martín, seguía insistiendo en el diario El País hace unos días.

Los 16.000 millones de “expolio fiscal”,”déficit de la balazanza fiscal” o “dividendo fiscal de la Independencia” de Cataluña (llámenlo como prefieran) no son una falacia, sino varias falacias en una. En primer lugar, este importe está calculado para el año 2010, cuando hay datos posteriores. La incapacidad de encontrar datos de algunos está siendo sorprendente. Por ejemplo, los economistas secesionistas sistemáticamente se utilizan datos de la Seguridad Social de los años 1995-2011, como si fuesen los últimos disponibles. Pueden ver un par de ejemplos aquí y aquí.

Sorprendentemente, o no tanto, 2011 fue el último año bueno en las cuentas de la Seguridad Social, con un déficit del 0,1%, y los años 1999-2009 estas cuentas tuvieron, todos los años, superávit. Claro, a partir de aquí llegan afirmaciones “curiosas” como que en una Cataluña independiente se podrían incrementar las pensiones un 10%. Lo que no se incluye en las explicaciones es el plano de Ikea para montar la máquina del tiempo separatista (TM) y volver a 2007.

En segundo lugar, una balanza sirve para orientarnos pero no mide los efectos de las decisiones de ruptura. Por ejemplo, la balanza comercial de España con China es claramente deficitaria, es decir le vendemos a China mucho menos de lo que le compramos. Sin embargo, si prohibiésemos el comercio con China, España no sería más rica sino más pobre. Esto es algo parecido a lo que le ocurriría a Cataluña con la segura salida de la Unión Europea y del Euro; que no es algo que diga yo sino Merkel, Cameron, la Comisión Europea, y cualquiera que se haya leído los Tratados.

Incluso prescindiendo de todo esto, la mayor falacia es que la Generalitat dispondría de 16.000 millones de euros para gastar al día siguiente de la secesión. En primer término, sí que hay un superávit en el sistema de financiación, pero sólo ascendió en 2013 según datos recientes de la propia Generalitat a 1.688 millones de euros. Recordemos que el sistema de financiación absorbe el 54% de la recaudación de impuestos del Estado. Esto quiere decir que el Estado recaudó en Cataluña de esta parte de los impuestos 17.362 millones de euros, de los que 15.674 quedaron para financiar a la Generalitat. Para seguir, la Generalitat cerró el ejercicio 2014 con un déficit de 5.152 millones de euros, el triple de su superávit en el sistema de financiación.

A esto hay que añadirle el problema más grave: las pensiones. En Cataluña, la Seguridad Social recaudó por cotizaciones sociales en 2014 14.495 millones de euros. En cambio, el gasto en pensiones contributivas en Cataluña ascendió a 19.973 millones. Esto supone un déficit de 5.478 millones de euros, que supuestamente una Generalitat independiente debería cubrir con impuestos; por lo menos si quiere garantizar que los pensionistas siguen cobrando su pensión. Naturalmente, hay una solución, bueno dos, una es la ya comentada de la máquina del tiempo para volver a 2007.

La otra solución es más brillante, como corresponde al conseller de Economía de la Generalitat, el profesor Mas-Colell. La solución consiste en que ” los catalanes que han cotizado “durante décadas” tienen “derecho” a cobrar las pensiones, ya que se trata de un “contrato individual” entre ellos y España, una “obligación legal” que se podría reclamar ante los tribunales internacionales”. Si no le ha quedado claro, o si no se lo puede creer, se lo traduzco: La Seguridad Social España tendría que pagar las pensiones de los catalanes, aunque las cotizaciones las cobraría la nueva Seguridad Social catalana.

Si usted tiene nociones básicas de cómo funciona la Seguridad Social verá que algo falla: esencialmente que las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones actuales. Esto significaría que la Seguridad Social Española que ya tiene un importante déficit, estaría simplemente quebrada, y que los pensionistas catalanes no podrían cobrar; salvo que los dirigentes separatistas recapacitasen y decidiesen pagar las pensiones con las cotizaciones de los trabajadores y las empresas catalanas. Pero claro, esto lleva a un déficit abultado.

Estos números, si se pagan las pensiones, que no son un ejercicio de simulación teórico, sino simplemente sumar los datos oficiales de la Generalitat y la Seguridad Social, dejan un déficit de 8.942 millones de euros antes de construir una réplica de la Administración del Estado. Esto habría que hacerlo con el 46% de los impuestos estatales recaudados en Cataluña, los no incluidos en el sistema de financiación, y no serían bastantes.

El principal problema es que estos impuestos, y todos los demás, hay que cobrarlos. Sin embargo, Cataluña no dispone de una Hacienda que pueda hacerlo, dado que “no dispone de bases de datos”, ni de “una organización de medios personales y materiales” que le permita controlar las obligaciones tributarias de los catalanes. Esto no sólo es mi opinión, ni la de cualquiera que conozca la Hacienda Catalana, que también, sino el diagnóstico del Consell Asessor per la Transició Nacional de la Generalitat de Cataluña, en su segundo informe (página 88).

En fin, no sólo no hay 16.000 millones teóricos en caja, sino déficit, es que, además, no hay capacidad práctica para cobrar los impuestos. Esto lleva a un déficit fuera de control.

¿Qué le ocurre a un Estado que tiene un déficit descontrolado? Que si puede recurre a su propio banco central y emite moneda para cubrir el déficit. Si no puede, porque el Banco Central está fuera de su control, tendrá que subir sustancialmente impuestos a los que ya pagan, y efectuar drásticos recortes. La primera es contra la que alertaron las entidades financieras en su comunicado, y que dio lugar, a los pocos días a las declaraciones del Gobernador del Banco de España, señalando que podía haber un “corralito” en Cataluña.

¿Todo esto lleva a un corralito? No, porque nadie se termina de creer que esto acabe pasando. El problema es que el mero hecho de que se plantee origina temor. Esto, como se confirme en las elecciones, será un problema real, porque los mercados financieros lo descontarán. España no quería salir del euro en 2012 ni quería impagar la deuda, como amenaza Àrtur Mas, pero la existencia de esa eventualidad, ínfimamente probable, como se demostró luego, llevó la prima a más de 600 puntos. Esto significó el corte de financiación de muchos proyectos con consecuencias muy graves sobre el consumo, la inversión y el empleo, sobre la economía real.

Las opciones separatistas, bien apostando directamente por la salida del euro, como las CUP, bien proponiendo políticas que necesariamente lo implican como la lista de Mas, están comprando boletos en la rifa de una crisis financiera.

En fin, el domingo los catalanes tienen la palabra; tienen que elegir entre los que hacen el indio, los que proponen viajes a Ítaca, viajes a ninguna parte, y los que creen que las ventajas de estar juntos son muy superiores a las falacias y a la fantasía, aunque sólo sea porque son reales. En cualquier caso, su voto importa más que nunca, por razones sociales y económicas, aunque muchos no se lo terminen de creer. Las consecuencias nos acabarán afectando a todos, a ellos los primeros.

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Francisco de la Torre Díaz es Inspector de Hacienda, autor de “¿Hacienda somos todos? y responsable del programa fiscal de Ciudadanos.

Todo lo que debes saber sobre el futuro de las pensiones de una Cataluña independiente

GRA602. MANRESA (BARCELONA), 18/09/2015.- Artur Mas, president de la Generalitat y número 4 de la candidatura de 'Junts pel Sí' (c), durante el acto de campaña celebrado hoy en la plaza de Sant Domènec de Manresa . EFE/ Quique García

Uno de los temas que más preocupan a los contribuyentes catalanes y españoles es el futuro de sus pensiones. El debate mezcla cuestiones económicas y jurídicas con proclamas políticas. EL ESPAÑOL arroja un poco de luz a la polémica.

Una de las preocupaciones principales de los contribuyentes catalanes y españoles es conocer cuál será el futuro de sus pensiones. El debate público ha mezclado cuestiones económicas y jurídicas con proclamas políticos. Es necesario aportar algo de luz con la regulación vigente.

¿Qué cambiaría en las pensiones catalanas en una Cataluña independiente?

Para comprender los cambios a los que se enfrentaría el sistema de pensiones catalán hay que comprender cómo funciona actualmente en España. El modelo español es de reparto. Esto es, las cotizaciones de los trabajadores sirven para financiar todos los gastos de la Seguridad Social. De este modo, los cotizantes pagan año a año las pensiones salvo una parte concreta que se sufraga a través de los Presupuestos. Es decir, que se financia por medio de los impuestos o del déficit público.

Los años en los que hay superávit, el excedente se acumula en el Fondo de Reserva, popularmente conocido como la hucha de las pensiones. En el año 2011 llegó a acumular un saldo de 66.815 millones de euros. Pero entonces llegaron los años de déficit, que se pagaron también con esta caja. En julio se conoció que el montante ahorrado está ya por debajo de los 40.000 millones de euros.

Este sistema de reparto sería el que adoptaría también Cataluña después de la independencia, por lo que el cambio respecto a la situación actual sería limitado. El cambio sería mucho mayor si se pasara de un sistema de reparto a uno de capitalización.

¿En qué consiste un modelo de capitalización? Es un sistema similar a un plan de pensiones: cada trabajador va acumulando su propia hucha durante su vida laboral y esa hucha se emplea luego para pagar su jubilación, muy común en los países latinoamericanos, como Chile o México. También existe el modelo mixto, que mezcla los dos sistemas, empleado especialmente en el norte y este de Europa, como en Suecia, Rusia, Bulgaria o Rumanía. Con el modelo de reparto (que es el mayoritario en el mundo), si Cataluña se independiza y asume su propia Seguridad Social, la contribución de sus trabajadores se destinaría a cubrir los gastos de su Seguridad Social, entre ellos el pago de las pensiones de sus mayores, un escenario similar al actual.

¿Qué pasaría con el Fondo de Reserva?

Éste es uno de los aspectos clave, ya que la hucha de las pensiones es la que garantiza actualmente el pago de las pensiones en España y por extensión en Cataluña. Desde el año 2011 los gastos de la Seguridad Social están por encima de los ingresos por cotizaciones, lo que provoca que el sistema incurra en un déficit cada año que hay que pagar. El Estado cubre este agujero con el Fondo de Reserva. Cataluña también incurre en déficit anual, por lo que también necesitaría disponer de su parte de la hucha. ¿Se puede romper?

La propuesta que ha lanzado el Consejo Asesor para la Transición Nacional, un órgano creado por la Generalitat para preparar el camino a la independencia, dispone que el nuevo estado catalán independiente tendría que negociar con España para romper la hucha y repartir el ahorro. Su escenario base en estas conversaciones para repartir activos y pasivos sería que Cataluña se quedase con “la parte del Fondo que se dotó con los superávits de la Seguridad Social de Cataluña”. La segunda opción que plantea, que es “más conservadora”, es la de realizar el reparto en función de la población, lo que supondría que a Cataluña le correspondería algo más de un 16% del ahorro actual, esto es, en torno a 6.500 millones de euros.

Sin embargo, la hucha única está protegida por la legislación española, que determina que el sistema de pensiones es de reparto y solidario, por lo que no puede partirse. ¿Qué significa “solidario”? Que cada región, al igual que cada generación, aporta al sistema de forma solidaria, por lo que no puede reclamar una parte mayor de lo que le corresponde. Al igual que la generación del baby boom no puede reclamar una parte mayor de la que le corresponde por haber contribuido más a la Seguridad Social, una región tampoco puede hacerlo. De este modo, la regulación actual determina que una Cataluña independiente no tendría acceso a la hucha de las pensiones.

pensiones

¿Qué pasaría con los catalanes que han cotizado en España?

La normativa también es taxativa en este punto: España tiene que cubrir la pensión de todos sus nacionales. En otras palabras: los catalanes recibirán su pensión del sistema estatal, ya que no puede retirarse la nacionalidad española a ningún ciudadano. ¿O sí se puede? Éste es uno de los debates más calientes de los últimos días, pero se escapa al marco puramente económico para entrar a depender del marco legal. En principio, todos los catalanes que hayan cotizado en España tendrán que recibir su pensión de las arcas públicas españolas. Artur Mas ya ha explicado que hasta que no se produzca un traslado total de las competencias España tendrá que seguir pagando las jubilaciones.

¿Y si los catalanes pierden la nacionalidad española?

Si los catalanes perdiesen la nacionalidad española tras la independencia, algo que actualmente no contempla la legislación, pasarían a tener el mismo tratamiento que los extranjeros. En este caso, hay que distinguir dos tipos de foráneos en función de si su país tiene firmado un acuerdo bilateral con la Seguridad Social española o si no lo tiene.

En el grupo de países que tienen firmado un pacto con España se encuentran todos los miembros de la Unión Europea, los estados latinoamericanos y el resto de principales economías desarrolladas. Este convenio entre los países supone que, a la hora de pagar las pensiones, cada estado aporta a la pensión una parte proporcional al periodo en que el cotizante contribuyó en cada uno de ellos.

El segundo grupo está formado por los países que no tienen un acuerdo bilateral con España. En estos casos, la cotización se perdería, ya se trate de un nacional que fuese a trabajar a otra región o de un extranjero que llegase a España.

En definitiva, sería necesario que las dos autoridades negociasen para alcanzar un acuerdo. “Lo lógico, por analogía con los tratados que ahora hay con otros países, sería que la pensión de un trabajador que ha cotizado en varios territorios la paguen a escote esos territorios en proporción a lo que el trabajador haya cotizado en cada uno de ellos, y que el trabajador mantenga sus derechos independientemente de donde elija vivir cuando se jubile”, explica Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC.

¿Es sostenible el sistema catalán de pensiones?

La respuesta es diferente en el corto o en el largo plazo. A corto plazo, el sistema de pensiones catalán es deficitario, por lo que podría tener un problema si tuviese que pagar sus pensiones.

Al cierre de 2014, el gasto en pensiones de Cataluña superó a los ingresos de la seguridad social en 4.544 millones de euros y sólo las comunidades autónomas de Madrid y Baleares consiguieron superávit en el balance de ingresos y gastos al cierre del ejercicio. Cataluña no podría cubrir este desfase con la hucha de las pensiones, por lo que tendría que cargarlo a cuenta de sus Presupuestos y cubrirlo con impuestos o déficit. La otra opción sería reducir la cuantía de los pagos. La asociación antinacionalista Societat Civil Catalana ha aprovechado esa eventualidad para decir que los pensionistas catalanes cobrarían entre un 6,7% y un 16,9% menos.

En cuanto a la sostenibilidad a largo plazo la respuesta es tajante: es difícil que sea sostenible, exactamente igual que el sistema español. Cataluña se vería obligada a adoptar un sistema de reparto, ya que al nacer desde cero las contribuciones se tendrían que emplear en pagar las pensiones. De este modo, tendría que lidiar con el mismo problema de España y que es inherente a los sistemas de reparto: la demografía. A medida que la generación del baby boom va envejeciendo, que la natalidad baja y que la esperanza de vida se va alargando, quedan menos contribuyentes para sufragar los pagos a un número creciente de jubilados. Cuando la pirámide poblacional se convierte en un rectángulo, todo sistema de reparto tiene un grave problema.

La propuesta del Consejo Asesor para la Transición Nacional reconoce que será necesario financiar una parte de las pensiones con los Presupuestos. En cualquier caso, una Cataluña independiente tendría que afrontar el problema de la demografía, igual que tiene que hacerlo España. A partir de ahí, a muy largo plazo cualquier situación es posible. Dependerá, en gran medida, de cómo se gestione.

A la UE le da igual quién gane las elecciones en Grecia

sipaSea quien sea el vencedor, la política económica no podrá cambiar. Cualquier nuevo gobierno en Grecia tendrá que aplicar sí o sí los ajustes y reformas comprometidos a cambio del tercer rescate “No habrá una gran renegociación política del rescate”, avisa el Eurogrupo, aunque unos resultados muy fracturados retrasarían y aumentarían su coste.

sipaEsta vez, a la Unión Europea le resulta indiferente quién gane las elecciones del domingo en Grecia. Sea quien sea el vencedor, la política económica no podrá cambiar. Cualquier nuevo gobierno tendrá que aplicar sí o sí los ajustes y reformas comprometidos a cambio del tercer rescate de 86.000 millones de euros que se aprobó en agosto, según la consigna que se repite en Bruselas.

A diferencia del nerviosismo y los sobresaltos de las últimas dos elecciones griegas y del referéndum de julio, los líderes europeos afrontan con tranquilidad esta nueva convocatoria electoral. Los principales partidos con opciones de entrar en el Gobierno apoyaron en el Parlamento heleno el tercer rescate. Un rescate que negoció y firmó el ex primer ministro y líder de Syriza Alexis Tsipras, que acabó capitulando a las exigencias de la UE pese a haber ganado las elecciones de enero con un programa antiausteridad y que exigía el fin de la troika.

“Querría que el programa [de rescate] que hemos acordado sea respetado por cualquier gobierno griego. El de antes, el de ahora y el próximo”, dijo el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su reciente discurso sobre el estado de la Unión ante la Eurocámara. El luxemburgués lanzó un aviso contra cualquier tentación de cuestionar los recortes. “Si esta vez las reglas acordadas en común no se respetan, la reacción de la UE y de la eurozona será diferente”, apuntó en una velada referencia a una posible salida de Grecia del euro, que Alemania ya puso sobre la mesa en las negociaciones de julio.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, ha admitido que “la situación política en Grecia no está clara porque hay unas elecciones y hay que esperar al resultado”. “La única garantía que tenemos, y creo que es muy importante, es que el programa fue acordado por una vasta mayoría en Parlamento griego. Eso nos da confianza, sea cual sea el resultado”, dijo Dijsselbloem tras la última reunión de ministros de Economía de la eurozona celebrada el pasado fin de semana en Luxemburgo, en la que se abordó la situación griega.

“No habrá una gran renegociación política del programa. No creo que sea posible ni necesario”, aseguró el presidente del Eurogrupo. Sí que hay margen para ajustar el contenido de reformas concretas que no están detalladas en el rescate, por ejemplo la laboral, según el ejemplo que puso Dijssebloem. También el ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha resaltado que la UE no aceptará “ningún tipo de modificación” en las condiciones exigidas a cambio del tercer rescate.  “El programa es el programa, independientemente del color político del Gobierno”, afirma.

Temor a resultados muy fracturados

Lo que más preocupa en Bruselas es un resultado poco claro que dificulte la formación de gobierno o incluso obligue a repetir los comicios, como ya ocurrió en 2012, y vuelva a retrasar las reformas y aumentar el coste del rescate. La Comisión Europea ha seguido trabajando con el Gobierno en funciones en la puesta en marcha de las medidas que ya aprobó el Parlamento heleno y ya ha elaborado una lista de deberes urgentes para septiembre y octubre, que incluye:

●      aprobar el presupuesto de 2016

●      completar la reforma de las pensiones

●      poner en marcha una administración tributaria independiente

●      recapitalizar la banca, muy dañada por la fuga de depósitos y el corralito.

El Banco Central Europeo (BCE) está realizando tests de estrés a los cuatro principales bancos helenos y publicará las necesidades de capital a finales de octubre. El fondo de rescate (MEDE) ha reservado ya 10.000 millones de euros para los bancos y el programa contempla otros 15.000 millones si fueran necesarios. La recapitalización “se hará lo antes posible por la simple razón de que la recuperación económica empieza a menudo, también en el caso de Grecia, con la recuperación de los bancos”, ha dicho Dijsselbloem.

También está en juego un posible alivio de la deuda griega, que podría negociarse a partir de octubre, y que sigue chocando con la resistencia de Alemania. Pero ahora es más probable que nunca que haya un acuerdo porque el Fondo Monetario Internacional pide una reestructuración de la deuda como condición previa para participar en el tercer rescate.

“Creo que la implicación del FMI es una necesidad para los Estados miembros y para Grecia. Soy bastante optimista”, ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. El Eurogrupo ha acordado que no aceptará una quita en el valor nominal de la deuda helena, es decir, que no se perdonará a Atenas parte de lo que debe. Así que las alternativas son ampliar el periodo en el que Grecia no tenga que pagar nada, alargar los plazos de devolución y reducir los tipos de interés.

Cincuenta sombras de Mas

ALBERT GEA / REUTERS

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y responsable del programa fiscal de Ciudadanos, recurre a los números para desmentir la visión idílica que de una hipotética Cataluña independiente ofrecen los partidarios de la secesión.

“Le vamos a dar sexo a Mas, le vamos a dar látigo…”. Aunque la frase parece sacada de la novela Cincuenta sombras de Grey, en realidad la pronunció hace unos días Pablo Iglesias, líder de Podemos. Parece que en una campaña como la de las catalanas, completamente fuera de la realidad, Iglesias pretendía, por lo menos, que las fantasías fueran para adultos. Eso no siempre se aprecia debidamente y otro intelectual, el cantautor Lluís Llach, número uno por Girona de la lista de Mas, salió en defensa de su jefe y recomendó a Iglesias que arreglase sus problemas sexuales en el psicólogo.

Un ejemplo muy claro de que esta campaña está siendo de fantasía más bien infantil son las declaraciones de la número dos y ex presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, Carme Forcadell, que prometía que las abuelas no tendrían que hacer de canguros de sus nietos en una Cataluña independiente. Lo que no aclaraba Forcadell es el estado de las negociaciones con Australia para traer los canguros necesarios.

En fin, todo esto es muy divertido pero no le va a solucionar los problemas a ningún catalán. Es más, parece que puede agravarlos porque gobernar sin ideas y sin programas sólo puede conducir al desastre. La sombra más evidente de la lista en la que Artur Mas se ha emboscado de número cuatro es su ausencia de programa y de ideas. Esto no es una forma de hablar, es literal: la mezcolanza de ex comunistas del PSUC como Romeva, la gente de Esquerra Republicana, independientes y Convergència, no presenta programa y sólo tiene una idea en común: la declaración unilateral de independencia. Eso para gestionar un presupuesto de gasto de más de 23.800 millones de euros, con centenares de colegios, centros de salud o institutos es una receta segura para el desastre.

La segunda gran sombra también pertenece al género del sadomasoquismo: los números del “expolio fiscal”, ahora rebautizado como “dividendo fiscal de la independencia”. Una declaración unilateral de independencia sería muy negativa para el resto de España, pero el estado de hastío con todo este tema es tal que muchos españoles estarían por aprobarla. Sin embargo, los mayores perjudicados serían los propios catalanes.

Hay una lista muy importante de perjuicios para Cataluña: las relaciones comerciales, los problemas financieros por la salida del euro, los aranceles, el restablecimiento de fronteras… Podríamos seguir. Pero según los apóstoles del secesionismo todo se arreglaría porque la Generalitat tendría más recursos.

Esto dista de estar claro pese al jaleo de balanzas fiscales, cuentas públicas territorializadas y otros oscuros cálculos económicos. Veamos. Según los datos de la Generalitat, los contribuyentes de Cataluña aportaron 17.362 millones de euros en 2013. La Generalitat recibió ese año recursos tributarios del modelo de financiación por un importe de 15.674 millones. La diferencia no son los tan cacareados y falsos 16.000 millones, sino sólo 1.688 millones de euros. Es decir, 223 euros por residente en Cataluña o un 7% del Presupuesto de la Generalitat. Aquí se puede acceder a los datos oficiales del gabinete del conseller Mas-Colell.

Estos datos corresponden al 54% de los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria: el 50% de la recaudación del IRPF, el 58% de los impuestos especiales y un 50% del IVA, así como fondos adicionales del Estado procedentes de los demás impuestos. En total, algo más de 93.000 millones de euros repartidos a las comunidades autónomas.

Este modelo, que muchos consideran injusto, es el que Zapatero pactó precisamente con Artur Mas, incorporándolo al Estatuto de Cataluña, y que Rajoy y Montoro se han negado a modificar, pese a la mayoría absoluta del PP.

Después de la ansiada independencia, la Generalitat seguiría con déficit aun ahorrándose la solidaridad interterritorial

¿Por qué esta diferencia? Aunque sea la décima parte de lo publicitado por la Generalitat, no es un dividendo que un Gobierno catalán se pueda gastar en caso de secesión. En primer lugar, porque el déficit de la Generalitat es muy superior: por ejemplo, 3.860 millones en 2013 o 5.152 millones en 2014. Traduciendo, la Generalitat seguiría teniendo déficit, aunque no aportase un euro a la solidaridad interterritorial. No está de más recordar que este déficit lo está financiando el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es decir el Estado, a tipos cercanos a cero. El FLA, a estas alturas, ya ha adquirido más de la mitad de la deuda autonómica.

En segundo lugar, porque el nuevo Estado catalán tendría que cubrir un grave déficit en pensiones. Como ya explicamos en EL ESPAÑOL y en otros medios, hay un grave problema en la Seguridad Social porque las cotizaciones no cubren el importe a pagar por las pensiones y los subsidios.

En 2014 se recaudaron en España por cuotas de Seguridad Social 97.736,17 millones y se pagaron en subsidios y pensiones 111.938 millones. En una Cataluña independiente esas cifras serían peores. Durante décadas, Cataluña ha sido el territorio con menor natalidad. Las bases de cotización de sus trabajadores -ahora jubilados- están entre las más elevadas. En esta situación, si la Generalitat no pudiera destinar ingentes recursos a tapar el agujero, las pensiones no estarían garantizadas en una Cataluña separada de España.

En tercer lugar, queda por ver si el 46% de los impuestos que ahora recauda la Agencia Tributaria en Cataluña y que financia la Administración del Estado serían superiores o no a los que Cataluña tendría que emplear en gastos estatales que ahora no paga como la red de embajadas o el gasto militar. Esto no está claro, pero incluso aunque fuese así no podría compensar todo lo anterior. Lo que sí está claro es que en esa orgía de despilfarro y duplicidades algunos se iban a llevar más del 3%.

Por otra parte, los impuestos hay que recaudarlos, y eso no es fácil ni se improvisa. Mientras se establecen obligaciones de información y sistemas informáticos y se prepara al personal, el fraude se dispara y la recaudación se derrumba. Y ese mientras tanto son varios años. Pretender, como hace el Consell Assessor per a la Transició Nacional de la Generalitat en su informe, que todos los catalanes pagarían voluntariamente aunque no hubiese sistemas de control… forma parte de las fantasías más infantiles o es puro teatro.

La historia del ‘expolio fiscal’ es un mito que estoy dispuesto a discutir con cualquier economista de la lista de Mas

Es una lástima que no haya la más mínima manifestación de ningún alto cargo de la Agencia Tributaria o del Gobierno explicando esto. Por mi parte, estoy dispuesto, al igual que otros miembros del equipo económico de Ciudadanos como Luis Garicano o Toni Roldán, a discutir con cualquier economista de la lista de Mas los aspectos económicos de la ruptura con el resto de España. Los ciudadanos catalanes se merecen una explicación de las consecuencias económicas de los proyectos que se presentan a las elecciones.

Esta historia del “expolio fiscal” o del “dividendo” es un mito y debería llamarse la quimera del oro, igual que la novela de Jack London. Como relata este escritor, miles de mineros perdieron la vida en Alaska buscando un oro que muchas veces no existía. Los pocos que lo encontraron fueron expoliados por todo tipo de pícaros y malhechores.

Todo esto es una metáfora de muchas de las sombras de Mas y su lista: los depósitos en Liechtenstein, las cuentas ocultas en Suiza, el tres per cent, el caso Palau… hasta el padre de la patria Pujol ha confesado haber defraudado a Hacienda. Son decenas de casos de presunta corrupción salpimentados con alguna conversación secreta de alto voltaje sexual grabada con micrófono oculto para que no falte de nada… La súbita conversión al secesionismo de muchos convergentes -incluido su president Artur Mas- ha ido en paralelo a los descubrimientos de casos de corrupción.

Seamos honestos y tratemos al lector como adulto: todo esto no sólo pasa en Cataluña. De hecho, esto no habría pasado en Cataluña sin la connivencia de los sucesivos gobiernos españoles del PP y el PSOE. Pensemos, por ejemplo, en el ex fiscal jefe de Cataluña y anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que ha declarado que recibió órdenes de todos los fiscales generales de no investigar a Pujol.

Estas sombras no desaparecerán adentrándose más en la oscuridad del viaje a Ítaca, del viaje a la secesión, del viaje a ninguna parte. Estas sombras sólo desaparecerán con la regeneración. La crisis en Cataluña no es más que el reflejo y la reacción ante la gravísima crisis moral, económica e institucional en toda España. Como señala Albert Rivera, “no habrá una España unida, si no se regenera España”. Para esto, más que látigo y sexo, hacen falta proyecto, ideas claras y decencia. Dejemos la fantasía y el sado-maso para las novelas y el cine y no para la política. Nos irá a todos mucho mejor.

Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda del Estado, autor de ‘¿Hacienda somos todos?’ (Debate) y responsable del programa fiscal de Ciudadanos.

Cuatro gráficos que explican el voto de los pensionistas españoles

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El gasto en pensiones no dejó de crecer durante la crisis y es posible que las elecciones tengan algo que ver. Sabemos que los pensionistas han evitado lo peor de la crisis y que son votantes particulares: participan más y prefieren partidos tradicionales.

También en EL ESPAÑOL:

El gasto en pensiones no dejó de crecer durante la crisis y es posible que las elecciones tengan algo que ver. Sabemos que los pensionistas han evitado lo peor de la crisis y que son votantes particulares: participan más y prefieren partidos tradicionales. El resultado es una brecha generacional que se vislumbra en cuatro gráficos.

1. Un voto más fiel.

Las personas de más edad acuden más a las urnas. Al menos es lo que afirman. En el gráfico muestro los datos de participación en las últimas elecciones de ámbito estatal, las europeas de 2014.unoEl 73% de los mayores de 65 años dijo haber votado en las últimas elecciones europeas. Sólo el 52% de los jóvenes lo hizo. Los datos son inequívocos: a más edad, más participación.

2. Refugio del bipartidismo.

Los mayores de 55 años votan más y prefieren a los partidos tradicionales PSOE y PP. Así lo indican las cifras del CIS.

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En el gráfico de la izquierda hay un dato claro: los votantes de más de 55 años prefieren a los partidos tradicionales y no tienen grandes simpatías por Podemos ni por Ciudadanos.

Ocurre lo mismo con los pensionistas. Comparados con los jóvenes o con la población general, los pensionistas prefieren el bipartidismo tradicional. Un 29% de ellos simpatiza con el PP y un 25% con el PSOE, mientras que sólo un 5% y un 8% simpatiza con Ciudadanos o Podemos.

Su simpatía por los partidos tradicionales pueden explicarse de dos maneras: una interesada (aunque legítima) y otra no. Es posible que los jubilados prefieran al PSOE y el PP porque ambos partidos han protegido sus intereses cuando han gobernado. Pero también puede haber un efecto fidelidad. Es natural que las personas de más edad se sientan cercanas a las formaciones que conocen desde hace décadas. Esto explica por qué cuando un sistema de partidos se transforma, normalmente lo hace a través del voto de gente relativamente joven.

3. Pensiones más altas.

Hemos visto que los mayores de 65 años son un caladero de votos para el PP y el PSOE, precisamente los partidos que han ocupado el gobierno durante la crisis. Eso sugiere que sus intereses como colectivo habrán estado bien representados.

Y efectivamente algunos datos así lo apuntan.

Durante la crisis, el gasto en pensiones no ha parado de aumentar. En parte porque cada vez había más jubilados pero también porque la pensión media ha sido cada vez más generosa. Las pensiones por jubilación se han revalorizado un 10% desde 2009 mientras el gasto medio de los hogares caía un 18%.

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Además, las pensiones por jubilación han subido claramente por encima de otras pensiones. Las de orfandad, por ejemplo, llevan años congeladas.

4. La exclusión es cosa de niños.

La crisis ha disparado la desigualdad entre ricos y pobres. La razón principal no es que las clases medias se hayan empobrecido más que los ricos (aunque ése sea un discurso dominante) sino que la desigualdad creció porque los pobres son cada vez más pobres. Prueba de ello es el aumento de la población en riesgo de exclusión y pobreza.

Pero en esta desigualdad económica se esconde otra: la generacional. Durante la crisis, la pobreza ha sido una amenaza distinta para niños y mayores.

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El porcentaje de niños y jóvenes en riesgo de exclusión creció durante la crisis; pasó del 29% al 36%. En cambio, la exclusión entre los mayores de 65 años se ha reducido drásticamente. La situación hoy es claramente bipolar: la pobreza amenaza al 13% de los mayores pero al 36% de todos los niños.

Durante la crisis, el gasto en pensiones se ha privilegiado respecto a las partidas sociales que sufrían recortes. Pau Mari-Klose, experto en este tema, aporta un dato en este sentido: antes de la crisis, el gasto en pensiones duplicaba al gasto en infancia y hoy en cambio hoy lo triplica.

Detrás de esta brecha está nuestro Estado del Bienestar. El debate de fondo -en el que no entraré- es si nuestras políticas de gasto social han funcionado del todo bien. Muchos expertos creen que no. Creen que las políticas públicas podrían haber reducido la desigualdad, distribuyendo los daños de la recesión y siendo una mejor red de seguridad para los trabajadores precarios o los hijos de familias empobrecidas. Es posible, en definitiva, que nuestro Estado del Bienestar haya protegido más a quien menos lo necesitaba.

El caso de los pensionistas es elocuente porque han sufrido la crisis menos que la mayoría. Los motivos son variados y no necesariamente intencionados. Por ejemplo, el carácter contributivo de las pensiones las hizo crecer de forma casi automática. Pero los datos que vimos al principio sugieren que el cálculo electoral jugaba también a su favor.

Hay dos indicios del poder electoral de los mayores de 65 años. El primero es que los dos grandes partidos coinciden en serles favorables. El segundo, aún más significativo, es la actitud de los partidos nuevos. Aunque ni Podemos ni Ciudadanos tienen a los pensionistas entre sus votantes, ninguno de ellos parece dispuesto a cuestionar sus intereses. Ni siquiera a plantear el dilema presupuestario e inevitable que enfrenta a los mayores con los jóvenes o con las familias en riesgo de exclusión. Son colectivos menos homogéneos y menos organizados pero no menos vulnerables.

También en EL ESPAÑOL:

El tercer órdago de Tsipras

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Para Tsipras es la tercera arriesgada apuesta del año. Las otras dos -las elecciones del 25 de enero y el polémico referéndum del 5 de julio sobre el acuerdo que negociaba en Bruselas- las ganó aunque el resultado no fuera el prometido.

Gráficos: Kiko Llaneras

Alexis Tsipras no ha esperado ni un día. Había dicho que daría nuevos pasos políticos una vez que estuviera cerrado el acuerdo del tercer rescate y que llegara el dinero para cumplir con el pago de 3.200 millones al BCE y así lo ha hecho.

El primer ministro griego ha dimitido este jueves abriendo la puerta a las segundas elecciones generales en Grecia en menos de un año, las cuartas desde 2012. “Les pido que me den una respuesta ante este anuncio. Que me enseñen el camino para gobernar este país”, dijo Tsipras en un discurso en la televisión pública. En el eterno retorno en el que se ha convertido la infinita saga griega, que empezó hace más de un lustro, los griegos volverán a votar bajo la mirada de los acreedores internacionales, más exigentes que nunca tras la agotadora aprobación del nuevo rescate.

Para Tsipras es la tercera arriesgada apuesta del año. Las otras dos -las elecciones del 25 de enero y el polémico referéndum del 5 de julio sobre el acuerdo que negociaba en Bruselas- las ganó aunque el resultado no fuera el prometido. En la primera se quedó a un paso de la mayoría absoluta y eligió un partido casi antitético -los nacionalistas Griegos Independientes (ANEL)- como socio de gobierno. En la segunda, pidió y obtuvo el respaldo de más del 61% de los votantes para rechazar un acuerdo definido como inaceptable para acabar firmando poco después un pacto aún más duro.

¿Por qué ahora?

Que Grecia se enfrentaba a la posibilidad de nuevas elecciones en otoño quedó claro tras la aprobación el 12 de agosto del tercer rescate en el Parlamento. Allí se escenificó la primera gran fractura de Syriza: 44 diputados de la formación, liderados por el ya ex ministro Panagiotis Lafazanis, líder de la Plataforma de Izquierdas, rechazaron respaldar el acuerdo, que salió aprobado con los votos de la oposición. El Gobierno se quedó sin mayoría e incluso por debajo de los 120 votos, el mínimo necesario para sobrevivir a una moción de censura. Esta última fue la primera opción que se barajó para volver a cerrar filas. Pero al final el primer ministro ha preferido tirar por la calle de enmedio. Y la razón tiene que ver precisamente con la dificultad de evitar una escisión en su partido y a la vez el desgaste de tener que aprobar durante meses todas las medidas previstas por el nuevo memorándum con los votos de la oposición.

La dimisión le evita a Tsipras el trance de un nuevo debate parlamentario tras los duros intercambios mantenidos con los diputados de su misma bancada en la votación del 12 de agosto y le quita la posibilidad de atacarle públicamente a Lafazanis, que se dispone a formar un nuevo partido a la izquierda de Syriza. Así lo cree Dimitris Sotiropoulos, profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad de Atenas: “Tsipras, cuyo principal objetivo es ahora mantener unido el partido, evita que se reproduzca la imagen de la ruptura en el Parlamento y podrá construir su lista electoral, depurada de los diputados rebeldes”.

¿Qué significa para el país?

La otra razón del timing elegido por el primer ministro es, según Sotiropoulos, que esperar más hubiera significado llegar a las urnas cuando los ciudadanos empezarán a experimentar los primeros efectos de las primeras medidas aprobadas por el nuevo rescate o tras la puesta en marcha de otra de las peticiones más difícil de digerir para su electorado: la reforma de las pensiones prevista para el otoño.

De hecho, la aplicación de los requerimientos del nuevo memorándum se verá afectada por el inevitable retraso que acarreará el nuevo periodo electoral. En octubre se producirá la primera revisión del rescate. “La convocatoria de elecciones significa que el país se quedará parado durante más de un mes. Eso retrasará la recuperación de la actividad económica y la posibilidad de atraer de nuevo a los inversores”, dice Sotiropoulos a EL ESPAÑOL.

¿Qué escenario político se abre?

Los sondeos de intención de voto auguran una nueva victoria de Syriza y un amplio respaldo al primer ministro, pero se antoja difícil que el partido logre la mayoría absoluta que ya se le escapó en las elecciones de enero. Esta vez el voto se podría centrar aún más en la persona de Tsipras, protagonista absoluto del escenario político griego en los últimos meses.

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“La mayoría absoluta no es imposible pero es muy difícil, sostiene Wolfango Piccoli, director de la consultora de análisis de riesgo político Teneo Intelligence. “Sobre todo si tenemos en cuenta que el nuevo partido que surja de la escisión de Syria podría llegar hasta un 3-5% de los votos. Luego está por ver cómo reaccionarán sectores como los pensionistas, que apoyaron a Tsipras en enero”.

Si Syriza vuelve a quedarse sin mayoría, las elecciones dirimirán si al final cumple su giro hacia el centro y hacia su transformación en un nuevo Pasok según Piccoli: “Dependerá del socio que elija: si vuelve a pactar con ANEL o se dirige hacia el centrista To Potami”. Justo el mismo dilema que se planteó después del voto del 25 de enero.

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La ventaja con la que puede contar ahora Tsipras es que el resto de la oposición está muy desgastada. Sobre todo por el resultado del referéndum de julio, en el que los conservadores de Nueva Democracia (ND) y los socialistas del Pasok pidieron el voto para el . ND sigue sin haber elegido un nuevo líder tras la salida de Samarás. “Era el mejor momento para Tsipras”, sentencia Sotiropoulos. “Pero el peor para el resto de los partidos y para el país”.

(Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS)

Unos Presupuestos con anzuelos electorales

rajoySubida del gasto en pensiones, aumento de las becas, de las ayudas al cine o del fomento del empleo. Incluso un incremento de la financiación a Cataluña, que acaba de convocar elecciones de cara al próximo 27 de septiembre. El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) difícil de ejecutar y con múltiples anzuelos con los que pescar votos en las próximas elecciones. Irreales, irrealizables y con fachada de cartón piedra.

Subida del gasto en pensiones, aumento de las becas, de las ayudas al cine o del fomento del empleo. Incluso un incremento de la financiación a Cataluña, que acaba de convocar elecciones de cara al próximo 27 de septiembre. Con aspecto de cartón piedra, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con múltiples anzuelos con los que pescar votos en las próximas elecciones.

Uno de los grandes caladeros electorales a los que pretende acudir el partido en el gobierno son los pensionistas. Con 8,4 millones de votantes se convierte en un colectivo determinante para las próximas citas con las urnas. Pese a la crisis de los últimos años, la pensiones públicas se han mantenido al margen de los recortes. Los continuos mensajes sobre la seguridad de sus políticas económicas y las referencias a lo sucedido en Grecia van en la misma dirección de asegurarse un voto masivo del pensionista.

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Para 2016 experimentarán un aumento del 2,8% (3.800 millones de euros), hasta 135.448 millones, un 20% más que al inicio de la legislatura y un 48% más que en 2007. Esto no se traducirá en revalorizaciones (de apenas el 0,25% para 2016). Su peso en el conjunto de los presupuestos se elevará al 31%, convirtiéndose en la partida a la que hay que destinar más dinero. El Gobierno pasa de puntillas sobre la llamada ‘hucha de las pensiones’ pese a que volverá a extraer más de 6.000 millones en 2016. Desde que Rajoy llegó al poder su nivel ha bajado a la mitad de los 66.000 millones que había en 2011.

¿Bajada de impuestos?

No ha faltado la promesa más habitual antes de unas elecciones: la insinuación de una bajada de impuestos en cuanto haya margen presupuestario. El ministro Montoro se apoya aquí en las recientes rebajas del IRPF y señala que el Gobierno apuesta por seguir bajando impuestos. Todo se apoya en la incipiente recuperación económica y la mejora de la recaudación.

Juega en contra de esta idea, sin embargo, la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit fiscal del 2,8% para 2016 y abandonar el celo de Bruselas a las cuentas públicas españolas por superar el protocolo de déficit excesivo. Desde la capital comunitaria ya han advertido a las autoridades españolas que deben revisar y dar su visto bueno a las hojas de presupuesto.

Guiño a Cataluña

Otro de los mensajes contenidos en los presupuestos se dirige a Cataluña, en pleno debate soberanista y a poco más de un mes de las elecciones autonómicas más importantes de su historia. El Gobierno ha elevado un 12% la financiación a la Generalitat, hasta 17.225 millones, el mayor incremento autonómico que la coloca por delante de Andalucía (17.121 millones) y Madrid (12.425 millones). El Gobierno usará Fondo de Suficiencia Global para inyectar otros 747,78 millones a la Generalitat, el 20% del total del fondo.

Cine, cultura y RTVE

Los Presupuestos tiene también un gesto con algunos de los sectores más hostiles con las políticas del Gobierno en los últimos tiempos. A la cabeza, la corporación RTVE. La televisión pública recibirá 331 millones de euros, un 17% más o 50 millones en términos absolutos. El cine recibirá un 54% más fondos, hasta 74 millones, mientras que el sector de la música, danza y teatro obtendrán 143 millones, en línea con el pasado año.

Educación

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Castigada en presupuestos anteriores, la partida de Educación contará para 2016 con 211 millones más, lo que supone una subida del 9,3% respecto al anterior. La Ley Orgánica de Mejora de la Educación (LOMCE) se integrará en el gasto de Secundaria y supone 363 millones, el 80% del mismo. Por su parte, la subida de becas anunciada por Méndez de Vigo fue del 0,2% y alcanza la cifra más alta de la última década (1.472 millones). El número de becarios en educación universitaria, estudios postobligatorios y necesidades especiales se sitúa en los 717.561, la misma cifra que entre 2014 y 2015. La partida en becas es la más importante del programa en Educación, el 59,3% del total.

Empleo y desempleo

grafico 10Pero la variación más destacada que contiene el proyecto de presupuestos es el desplome en las prestaciones por desempleo: un 21%, hasta 19.820 millones de euros. Desde 2011 ha descendido un 35%. Esto ocurre por el menor número de beneficiarios de la prestación, el descenso de población y la progresiva creación de empleo registrada en el último año.

Sin embargo, el número de parados se mantiene por encima de los 5 millones con más de un millón de hogares con todas las personas en situación de desempleo, más que cuando Rajoy llegó a la presidencia. Los Presupuestos evitan ampliar el gasto social para este amplio grupo de población. No es un caladero electoral para el PP.

Sí lo harán con las llamadas políticas activas de empleo, que alcanzarán los 5.214,9 millones de euros, un 10% más que en 2015. Crecen las bonificaciones a la contratación (135 millones de euros), la orientación profesional (129 millones) y la formación profesional para el empleo (117 millones) o el programa Prepara (219 millones de euros), destinado a personas que han agotado todas sus prestaciones.

También en EL ESPAÑOL:

El gasto en pensiones públicas se dispara un 20% en la etapa Rajoy

030815_SorayaRueda4El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Son los últimos de la actual legislatura. Las proyecciones de gasto crecen un 1,4%, hasta 264.217 millones de euros, con especial relevancia de la deuda pública, que supone el 27% del total presupuestado. 

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Son los últimos de la actual legislatura. Las proyecciones de gasto crecen un 1,4%, hasta 264.217 millones de euros, con especial relevancia de la deuda pública, que supone el 27% del total presupuestado. Otras dos partidas destacadas son el pago de las pensiones (alcanza el 31% del total) y los subsidios por desempleo (un 4,54%). Entre las tres suponen cerca de dos tercios (62%) del conjunto de dinero que necesitará el Estado para el año que viene.

También en EL ESPAÑOL:

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Las pensiones son el componente que sigue creciendo pese a que oficialmente es una partida casi congelada. Se revalorizarán un 0,25% en 2016, pero en términos absolutos crecerán un 2,8%, hasta 135.448 millones de euros. Para entenderlo de manera sencilla: 31 de cada 100 euros de las cuentas públicas se irán a pagarlas, el segundo mayor peso presupuestario de su historia solo por detrás del que alcanzaron en 2012 (32%).

La partida destinada a pensiones se ha elevado un 20% desde que en 2011 llegó al poder y un 48% desde 2007. En el mismo periodo, el número de pensiones activas se ha elevado un 11%, hasta 9,3 millones de prestaciones, mientras que la cifra de pensionistas creció  en la misma proporción, hasta 8,4 millones.

Las prestaciones por desempleo registran la mayor caída presupuestaria. De 2015 a 2016, el dinero destinado a los subsidios caerá un 21,6%, hasta 19.820 millones de euros. Esto ocurre por el menor número de beneficiarios de la prestación, el descenso de población y la progresiva creación de empleo registrada en el último año. En concreto, el dinero destinado al pago de la deuda pública (amortizaciones e intereses) ascenderá a 117.792 millones de euros, un 7,6% menos que en 2015. Los intereses en 2016 alcanzará los 33.500 millones de euros, equivalentes a casi el 3% del PIB.

La recaudación, mil y un impuestos

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Según la previsión del Gobierno, los ingresos tributarios totales crecerán un 6,2% respecto a 2015, hasta 193.520 millones de euros. La cifra incorpora las tasas cedidas a las autonomías, ayuntamientos y diputaciones. A ello contribuirá la mejoría de la actividad económica en España, que está creciendo a ritmos superiores al 3% en tasa interanual.

Según el resumen de ingresos de los Presupuestos:

  • La recaudación por IRPF (renta) decrecerá un 1,5%, hasta 39.610 millones de euros, mientras que el segundo tributo en aportación será el IVA (consumo), que cae un 3,6%, hasta 31.334 millones.
  • Por Impuesto de Sociedades (IS) se ingresarán 24.868 millones, un 5,5% más que en 2015 y su nivel más alto desde 2009 cuando se alcanzaron los 30.000 millones.
  • Los impuestos especiales (alcohol, tabaco, combustibles…) superan los 7.900 millones de euros de recaudación. Hay otras partidas fiscales destacadas como la tasa a las primas de seguros (1.457 millones) o los derechos de aduana (1.858 millones).

 

Deuda, desempleo y pensiones absorben el 62% de los Presupuestos

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El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado los últimos Presupuestos Generales del Estado de la actual legislatura. Las proyecciones de gasto crecen un 1,4%, hasta 264.217 millones de euros, con especial relevancia de la deuda pública, que supone el 27% del total presupuestado. Otras dos partidas destacadas son el pago de las pensiones (alcanza el 31% del total) y los subsidios por desempleo (un 4,54%).

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Son los últimos de la actual legislatura.

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