Más de 60 tomos, 105 declaraciones y 300 horas de escuchas: guía para no perderse en la trama Púnica

Granados

¿Cómo arranca la investigación? ¿Cuáles son las principales líneas abiertas? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Cómo funcionaban? ¿Hay más imputados de relevancia? ¿Cómo operaban? ¿Qué consecuencias ha tenido el desmantelamiento de esta red? ¿En qué momento está la investigación? Lea esta guía básica para no perderse en la Operación Púnica.

¿Cómo arranca la investigación?

La Operación Púnica nace oficialmente el 24 de diciembre de 2013, cuando la Fiscalía suiza alerta a la española de un posible delito de blanqueo de dinero, cometido presuntamente por el empresario David Marjaliza y el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Suiza alerta de que ambos fueron poseedores de varias cuentas bancarias en el país helvético y el caso -al ser un presunto delito cometido en suelo extranjero- pasa a la Audiencia Nacional.

La llegada de la documentación suiza supuso la apertura de las Diligencias de Investigación nº2/2014 de la Fiscalía Anticorrupción, que el 1 de febrero de 2014 confía las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son sus agentes quienes bautizan la investigación como Operación Púnica, en referencia al apellido en latín del principal imputado, Granados. Sin embargo, en la Audiencia Nacional el caso recibe el nombre de Diligencias Previas nº 85/2014 y, tras pasar a reparto, recae el 13 de junio de 2014 en manos del juez Eloy Velasco, que lo declara secreto.

El 27 de octubre de 2014, casi un año después del inicio de las investigaciones,  la Guardia Civil realiza las primeras detenciones. Los agentes arrestan en Madrid, León, Valencia y Murcia a 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción a nivel local y regional. Los implicados supuestamente adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones ilegales que después eran blanqueadas a través de un entramado societario. Se calcula que, en solo dos años, la trama se hizo con adjudicaciones valoradas en 260 millones de euros.

A día de hoy,  ya hay un centenar de implicados en la causa, que sigue abierta.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación?

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los agentes investigan el presunto amaño de concursos públicos para beneficiar a empresas privadas. La Guardia Civil estima en 260 millones de euros el posible beneficio para los empresarios implicados. Como principal beneficiada, los informes policiales colocan a la empresa gala Cofely, especializada en programas de eficiencia energética. Según la tesis policial, la multinacional pudo captar hasta 160 millones de euros en contratos amañados, tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos y provinciales.

El segundo gran bloque trata de esclarecer si altos responsables de la Comunidad de Madrid utilizaron empresas intermediarias -principalmente la tecnológica Indra- para abonar servicios personales o del Partido Popular de Madrid. Este segundo bloque es mucho menor en cuantía que el primero, y se basa en testimonios como el del empresario Alejandro de Pedro y el ex jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Los dos declararon ante el juez que Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó a la multinacional Indra abonar 130.000 euros a tres empresas distintas por servicios que en realidad pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

¿Quiénes son los cabecillas?

Francisco Granados. Quien fuera ‘número dos’ en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la dirigía Esperanza Aguirre sigue en prisión incondicional desde el 27 de octubre. Dejó la política ocho meses antes, cuando se supo que disponía de una cuenta en Suiza que ascendía a 1,5 millones de euros. Al ex alcalde de Valdemoro y ex consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño se le coloca en el epicentro de la trama como el ‘cerebroque tejió la red corrupta.

David Marjaliza. El empresario es amigo de Francisco Granados desde la infancia y consiguió adjudicaciones millonarias de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde. Encabeza un complejo entramado empresarial dedicado a un amplio abanico de sectores de negocio, la mayor parte de ellos vinculados a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. 

¿Hay otros imputados de relevancia?

Salvador Victoria. Es el cargo público con más responsabilidad implicado en la trama. El ex consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura fue citado por el juez en calidad de imputado para declarar por supuestos delitos de corrupción. El político dimitió tras su implicación y se negó a declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte como medida cautelar para que no abandone el país. Se le imputan cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Lucía Figar. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid contrató los servicios de EICO para mejorar su imagen en Internet y la Policía cree que se pagó con dinero público. Aunque permanece imputada, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra ella. Dimitió el mismo día que Salvador Victoria para no perjudicar la investidura de Cristina Cifuentes, que dependía de Ciudadanos para poder ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alejandro de Pedro. Es el director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), encargada de gestionar perfiles de políticos en Internet y de crear páginas web propagandísticas sobre su gestión. Con sede en Valencia, el implicado, en libertad sin cargos, ha hecho trabajos para Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas; para la Diputación de León y altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Figar y Victoria. También parece que tenía una gran influencia en Génova y confesó que hizo trabajos de reputación para Ana Botella por mediación de Eduardo Zaplana.

Alcaldes. Los servicios de reputación que ofrecía Alejandro de Pedro con dos empresas, Eico y Madiva, supuestamente se pagaban con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en procedimientos supuestamente corruptos. De momento, hay seis alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle); el secretario del Instituto de Turismo de la región de Murcia; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Altos directivos. En el listado de imputados en esta trama corrupta figura el nombre del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González y un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, Ramiro Cid. En la primera fase de la operación fueron detenidos cuatro altos cargos de Cofely: su director general en España, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, aunque el asunto parece que va más arriba. Su director general de Servicios, Xavier Susan Mir, también está imputado. Al administrador único de otra empresa implicada en la red, Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, se le impuso la mayor de las fianzas para eludir la prisión: 300.000 euros.

¿Cómo trabajaba la Púnica?

En líneas generales, Granados y Marjaliza utilizaban su influencia para conseguir comisiones por diferentes frentes, todos cercanos a la política. La trama facilitaba contratos públicos a empresarios afines a través de tres cauces distintos: reputación online, eficiencia energética y actividades musicales.

La compañía a la que más contratos públicos le llovió gracias a su afinidad con los cabecillas de Púnica fue la francesa Cofely, que se hizo con muchos de los contratos de eficiencia energética que ofertaban municipios de la Comunidad de Madrid. Hay funcionarios de algunas localidades investigadas que han confesado ante el juez Velasco que recibían órdenes de la multinacional energética para confeccionar el pliego de condiciones de la adjudicación pública a imagen y semejanza de sus condiciones. Por eso ninguna otra gran compañía conseguía arrebatarle ni un solo contrato.

El empresario Alejandro de Pedro es el propietario de dos de las empresas investigadas por la trama: Eico y Madiva. Las entidades, que compartían la misma sede en Valencia, trabajaban para mejorar a través de Internet la imagen de los candidatos populares las semanas previas a las elecciones municipales. También se crearon páginas web zombis con noticias positivas de sus clientes para contrarrestar las noticias negativas y perfiles en Twitter falsos para hacer propaganda a sus clientes. Se sabe que el valenciano trabajó para altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria y Lucía Figar, y otros destacados miembros del PP de la Comunidad Valenciana, como Juan Cotino. De Pedro ayudó también a otros candidatos populares de la región a posicionarse en la red de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Además, confesó ante el juez que Indra le pagó 10.000 euros en metálico por un trabajo hecho a la Comunidad de Madrid.

En León, el juez Velasco sospecha que el que fuera presidente de la Diputación, Marcos Martínez, intentó amañar contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de ganar influencia en Génova. Su intención era hacerse con el control del PP de León. Durante el interrogatorio, el popular reconoce tratos directos con Alejandro de Pedro pero, sin embargo, asegura que fue su predecesora, la fallecida Isabel Carrasco, quien lo introdujo en la Diputación leonesa.

El juez también detuvo en el marco de esta operación a José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) por participar, junto a De Pedro, en la estrategia de mejorar la reputación de altos cargos públicos.

¿Ha tenido el caso consecuencias políticas?

Tras las detenciones llegaron las dimisiones. Los seis alcaldes de la Comunidad de Madrid detenidos dejaron sus puestos al frente de sus respectivos ayuntamientos: Parla (PSOE), Collado Villalba (PP), Casarrubielos (PP), Valdemoro (PP), Torrejón de Velasco (PP) y Serranillo del Valle (PP).

Las dos personas con más relevancia pública que dimitieron tras el escándalo fueron Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos consejeros de la Comunidad de Madrid durante la legislatura pasada. Su imputación saltó en plena negociación de la investidura de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pidió sus cabezas a cambio de permitir que el PP se hiciera con la presidencia de la región.

También dimitieron tras su imputación el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; el consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

¿En qué momento está la investigación?

David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía rebajar su pena si colabora con la Justicia. El empresario habría revelado ante el juez Eloy Velasco el nombre de más municipios que amañaron contratos con la red. El empresario también habría dado el nombre de los políticos que habrían colaborado con la trama y que, hasta ahora, aún están al margen de la Operación. En una de sus declaraciones, Marjaliza involucró a tres aforados de la Comunidad de Madrid: Jaime González Taboada, consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes; Bartolomé González, número 11 en la misma candidatura; y Eva Borox, la número 3 en la lista regional por Ciudadanos.

De momento, las 105 declaraciones que el juez Eloy Velasco ha recopilado en la Audiencia Nacional conforman ya un sumario de 60 tomos y 300 horas de grabaciones. Las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, han logrado obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de cualquier tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama.

A corto plazo, se espera que el juez levante el secreto de sumario de los pinchazos telefónicos de los principales imputados en la causa y escuchar de su propia voz cómo amañaban las adjudicaciones públicas.

Además, en EL ESPAÑOL:

Las 19 incógnitas que la comparecencia de Fernández Díaz no despejó

Fernández Díaz

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento. Dio algunas respuestas, pero son más las incógnitas. 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sometió al escutrinio de la Cámara Baja en una comparecencia para rendir cuentas sobre la reunión que mantuvo con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el 29 de julio en su despacho oficial. “Era mi deber atenderlo. Se reunió conmigo por su seguridad personal”, repitió durante su larga comparecencia sin ningún arrepentimiento.

EL ESPAÑOL diseñó este jueves una lista con las preguntas que el máximo mandatario del departamento de Interior debía responder para esclarecer el encuentro y sus implicaciones. Sin embargo, cuatro horas de comparecencia no bastaron para despejar todas las dudas que despertó una reunión que -de creer a Fernández Díaz- el propio presidente del Gobierno descubrió a través de la prensa.

El ministro se limitó a reconocer que Rodrigo Rato se puso en contacto con él entre el 9 y el 20 de julio, que a la reunión en la sede del Ministerio él mismo llegó tarde y que su jefe de gabinete participó, pero sólo al principio. Fue Rato quien solicitó el encuentro, según la versión del ministro, porque “estaba preocupado por la posibilidad de que le retirasen la seguridad” y por las amenazas en forma de tuit que recibieron él y su entorno. Finalmente, el titular de Interior se escudó en que Rato está en peligro para no dar más explicaciones a la ciudadanía.

Balance comparecencia

A continuación figuran las cuestiones que el ministro dejó sin responder. De las 35 planteadas inicialmente, más de la mitad quedaron sin aclarar: 19 en total.

  1. ¿Hay constancia de la llegada de Rato al Ministerio en el registro de entrada?
  2. ¿Alguien del PP sabía que iba a producirse ese encuentro? ¿Quién o quiénes?
  3. ¿Contó el ministro cómo fue la reunión a alguien? ¿A quién?
  4. ¿Ha recibido el ministro en su despacho a otros amigos para abordar sus problemas?
  5. ¿Pidió Rato al ministro que hiciera llegar a la AET o a Cristóbal Montoro su versión sobre el origen de su patrimonio?
  6. ¿Qué consecuencias tuvo el encuentro?
  7. ¿Por qué aseguró el Ministerio en su comunicado que Jorge Fernández Díaz no tiene ninguna relación con la investigación cuando es la Guardia Civil, bajo su mando, la que actúa como policía judicial?
  8. ¿Le comentó Rato si él o su familia habían interpuesto alguna denuncia por las amenazas a su familiar?
  9. ¿Por qué Interior tardó casi tres días en tratar de explicar los hechos si todo estaba tan claro, según la versión del ministro?
  10. ¿Se ha planteado el ministro llevar a cabo alguna actuación judicial contra Rato por asegurar que sí hablaron de su caso?
  11. ¿Tiene Fernández Díaz relación con Luis Bárcenas en la actualidad?
  12. ¿Mandó el ministro del Interior mensajes de apoyo a Luis Bárcenas, tal como ha asegurado el extesorero del PP?
  13. ¿Quién ordenó el dispositivo de vigilancia a Luis Bárcenas y sus familiares antes de que el extesorero entrara en prisión?
  14. ¿Hizo alguna gestión el ministro del Interior para identificar a los autores y responsables de este operativo de vigilancia a Bárcenas?
  15. Si la dimisión del exministro Bermejo estaba motivada por irse de cacería con un imputado, ¿debería el ministro presentar su renuncia?
  16. ¿Ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno para contactar en su nombre con imputados por corrupción?
  17. ¿Ha participado en alguna reunión con el presidente del Gobierno para decidir la estrategia del PP sobre los casos de corrupción?
  18. ¿Se han tratado casos de corrupción como Gürtel, Púnica o el caso Bankia en reuniones del Gobierno?
  19. ¿Ha consultado con Soraya Sáenz de Santamaría o su jefa de gabinete la estrategia del Gobierno en relación a casos de corrupción que afectan al PP?

Con información de Antonio Delgado, Patricia López, Pablo Romero y Joaquín Vera.

Además, en EL ESPAÑOL:

La UCO investiga a un alto cargo de Madrid por filtrar información a la Púnica a cambio de trabajo

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Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, filtraba a David Marjaliza las adjudicaciones públicas que la Comunidad de Madrid iba a sacar a concurso para que se presentarse Cofely, la multinacional energética acusada también de pertenecer a la trama. A cambio de esta información privilegiada, el funcionario de la Comunidad de Madrid pedía a los cabecillas de la Púnica que le garantizasen un puesto de trabajo por si el PP perdía las elecciones el 24 de mayo. 

La Guardia Civil investiga a un funcionario de la Comunidad de Madrid por filtrar información privilegiada a la trama Púnica y centra sus miras en la consejería de Justicia y Presidencia, controlada por Francisco Granados durante dos legislaturas (2004 – 2011). Según  la tesis de los investigadores, fue la ‘mano derecha’ de Esperanza Aguirre, en prisión preventiva desde el 27 de octubre, quien benefició a las empresas de su socio y testaferro, David Marjaliza, también encarcelado. Granados abandonó la política cuando se descubrió que había tenido una cuenta en Suiza, pero mantuvo intacta la relación con determinados funcionarios de la administración autonómica para que empresas de su entorno más íntimo siguieran beneficiándose de contratos públicos. Solo en los últimos dos años, el Ejecutivo madrileño que entonces presidía Ignacio González adjudicó a la empresa energética Cofely, en el epicentro de la trama, contratos valorados en 3,4 millones de euros.

El sumario de la Operación Púnica recoge una llamada entre el empresario Marjaliza y  Francisco de la Orden Gómez, ex subdirector de Infraestructuras Judiciales, dependiente directamente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.  En la conversación, realizada el 5 de agosto de 2014, el funcionario muestra su temor ante un previsible cambio político en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid y deja entrever que, de confirmarse la salida del PP de la institución, las empresas de la trama se quedarían sin negocio. La conversación que ambos mantuvieron es la siguiente:

F. O. G.: Va a haber un derribo por liquidación.

D. M. V.: Claro, todo el mundo piensa que se va a perder y que va a haber lío.

F. O. G.: Claro, y entonces todo el mundo va a barrer. Por eso te decía que sería interesante en algún sitio donde efectivamente pudiéramos estar.

D. M. V.: Vale, vuelvo a decírselo. Yo le veré mañana o pasado. Antes de que se vaya que él también… (se corta la llamada).

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogen que, “a juicio policial y considerando el conjunto de las llamadas se deduce que, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, existen previsiones de descalabro electoral de tal modo que habría cargos públicos buscando rentabilizar  el tiempo que le quedaría en la administración o tratando de buscar alguna alternativa profesional anterior”.

Reunión en San Bernardo

Los agentes de la UCO monitorizaron durante semanas las llamadas entre Marjaliza y este funcionario de la Comunidad de Madrid. “Necesito hacerte una pregunta in person y prefiero mirarte a los ojos”, le dijo Marjaliza el 12 de agosto. Una semana después, Francisco de la Orden vuelve a llamar al empresario de Valdemoro y le muestra la página 80 de un Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. “La página hace mención a un contrato de instalación de luminarias y equipos de ahorro de energía en municipios de menos de mil habitantes, por valor de 1.328.209 euros, que se enmarca en el sector de negocio de Cofely”, detalla la Guardia Civil en sus informes.

Dos días después de este cruce de llamadas, empresario y funcionario quedan en la madrileña Glorieta de San Bernardo. Fue visto y no visto. Cinco minutos que quedaron grabados por un equipo de vigilancia de la UCO, como atestiguan estas dos imágenes:

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Una semana después, el 3 de septiembre de 2014, Marjaliza recibe otra llamada del trabajador público. En ella, el socio de Francisco Granados confirma que Cofely se va a presentar a un concurso recomendado por el funcionario. “Vale, vale, dime quién es porque nuestro amigo ya está avisado” confirma el empleado de la Comunidad de Madrid, que también le adelanta que la administración va a sacar otros cuatro millones de euros en contratos más pequeños. “Se van a sacar a gestión directa. Lo que pasa es que son cuantías más pequeñas, de 700, 800 […] Hay unos tres o cuatro preparados ahí. Ahí sí que el que hablamos el otro día no tiene nada que ver”, detalla.

Enchufe

Poco después y, según recogen los informes policiales, el empresario hace una petición directa a Marjaliza: “Y escucha, ya por último una cosa. Yo te hago de vez en cuando esta pregunta, pero es que te la tengo que hacer porque es que si no tengo que buscar cualquier otra solución porque no puedo seguir donde estoy […] Entonces David, la pregunta que te hago es muy clara y muy directa y no quiero ponerte a ti en ningún compromiso ni a nadie. Yo lo único que quiero saber es si el que vas a poner todavía puede mover algún hilo para que a mí me puedan mover de ahí”. La respuesta de Marjaliza fue fría: “Yo, en mi opinión como persona física, yo creo que no.  Ahora, otra cosa es que hable con él y me diga que en algún lado específico sí.  Pero yo creo que ahora mismo está todo demasiado denostado y demasiado tirado como para empezar a pedir favores”.

A juicio de los investigadores, “a través de esta llamada se constata que el funcionario, de un lado facilita cierta información sobre contratación pública y del otro, le pide un favor de tal modo que cada conducta se puede interpretar como contrapunto de la otra. Aluden a una tercera persona que supuestamente podría influir en dichos contratos y a un amigo en común”.  Un interrogante que sigue abierto y que todavía investiga la Audiencia Nacional.

 

Swat: la empresa a la que Indra debía pagar 90.000 euros por Púnica está vinculada a Gürtel

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Swat, una compañía que se coordinó con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso, aparece en la Operación Púnica. El ex consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, declaró ante el juez que Salvador Victoria le presionó para que Indra abonase 90.000 euros a esta empresa por trabajos que en realidad se hicieron a altos cargos del PP de Madrid. 

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Salvador Victoria, ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, junto con el ex presidente Ignacio González.

José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), fue la persona que describió ante el juez Eloy Velasco las presiones que el ex consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ejercía para que Indra pagase al menos a tres firmas de la trama Púnica. Una de las empresas, la de Alejandro de Pedro, cobró 20.000 euros en b. Pero el caso estalló y todo apunta a que la tecnológica dejó sin abonar los otros dos recibos que le exigía Victoria: 20.000 euros más para Demométrica, contratada previamente por Sanidad para hacer un escuálido informe con 53 clases de alimentos distintos; y 90.000 euros para Swat SL, una consultora que en el pasado estuvo coordinada con Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso.

Miguel Ángel de la Fuente, dueño de Demométrica, contó al juez Velasco que su empresa diseña desde 2012 encuestas de intención de voto para el PP de Madrid. Sin embargo, el encargo nunca procedía de Génova. Era Swat, la compañía que saltó a la opinión pública cuando estalló el caso Gürtel, la que contrataba sus servicios. Según la investigación que abrió el magistrado Antonio Pedreira, esta empresa daba instrucciones detalladas al Ayuntamiento de Majadahonda sobre cómo debían fragmentarse contratos para poder repartir adjudicaciones a dedo sin tener que convocar un concurso público.

Ante el interrogatorio del juez Velasco, De la Fuente confesó en sede judicial que mantuvo contacto con altos dirigentes del Partido Popular de Madrid. “Hablábamos con Francisco Granados, que era el secretario general del partido y, después, tuvimos relación con Borja Sarasola”. El ex consejero de Medio Ambiente, que iba en el puesto número 12 en las listas de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid, fue llamado a declarar por el juez el 26 de mayo, solo 48 horas después de que se celebrasen las elecciones que dio la victoria a la popular gracias al apoyo de Ciudadanos y su compromiso a que ningún imputado por corrupción ocuparía un escaño en el Parlamento regional.

La citación estaba convocada para el 15 de junio, pero fue desconvocada días después de que Sarasola fuera elegido diputado y, por tanto, pasara a ser aforado. El propio Sarasola renunció a su escaño voluntariamente a principios de julio, por lo que perdía su condición de aforado. Desde entonces, Velasco no ha solicitado todavía su comparecencia.

El juez quiso saber también si Salvador Victoria intermedió en la confección de las encuestas de intención de voto que Swat encargaba a Demométrica. De la Fuente respondió que tuvo una única reunión con el ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, a petición del político. “Me llamó al despacho un día. Quería saber cómo iban los resultados de la encuesta, pero me tuve que callar, porque no tenía por qué saberlo”, confesó en su declaración.

La sombra de la corrupción persigue a esta compañía dirigida por Juan Miguel Madoz desde hace quince años. José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, remitió unos correos electrónicos al entonces instructor del caso, Antonio Pedreira, en los que se demostraba que entre Swat y la trama había una perfecta coordinación, como describió en su día el diario Público. En los emails, fechados en 2001, uno de los directivos de la empresa indicaba las empresas que debían recibir una determinada adjudicación a la jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Carmen Rodríguez, mujer de Correa.

El ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, José Martínez Nicolás, confesó ante el juez de la Operación Púnica que en septiembre Indra no había pagado ni un solo euro a ninguna de las tres empresas apuntadas por Salvador Victoria. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle el impago de Indra. Días después, Alejandro de Pedro le anunció vía WhatsApp que una parte de la deuda había sido saldada.

Las croquetas de la Púnica

croquetasFotos de croquetas, salchichas, albóndigas, pepinos y arroz a la cubana. Ese es el único contenido del informe elaborado por la empresa Demométrica el pasado año para el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato a la cabeza. Según sus propios datos, cinco personas -dos funcionarios y tres empleados de la firma- fueron necesarios para hacer semejante trabajo. Ahora, la empresa ha sido señalada como una de las compañías que debía cobrar de Indra en la trama Púnica. Vea en el interior las 58 páginas del ‘menú’.  

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La firma Demométrica -del empresario Miguel Angel de la Fuente- fue contratada por el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato a la cabeza, para hacer un informe cuyo único contenido son platos y raciones de croquetas, salchichas, macarrones y tortilla de patatas. 53 clases diferentes de alimentos retratadas por un equipo de cinco personas: dos funcionarios y tres trabajadores de la empresa.

El exiguo informe fue elaborado por la misma empresa señalada ahora como candidata a los cobros irregulares gestionados presuntamente por Salvador Victoria. En su declaración ante el juez, el ex jefe de informática de la Comunidad de Madrid-José Martínez Nicolás- mantuvo que Indra debía abonar 20.000 euros en facturas adeudadas realmente por servicios al Partido Popular de Madrid.

Según la información de su propia web, Demométrica, especializada en investigación de mercados, ha trabajado para importantes clientes públicos como el Gobierno de Canarias y más de cincuenta ayuntamientos nacionales. El responsable de la sociedad, Miguel Angel de la Fuente, que declaró como testigo ante la Audiencia Nacional, aseguró ante el juez que su empresa no cobró un solo euro de Indra y que fue finalmente el Partido Popular quien abonó la deuda de 120.000 euros que tenía con ellos.

Además de sus contratos con la Comunidad de Madrid -en 2014 Demométrica recibió por ejemplo el encargo del Servicio Madrileño de Salud para elaborar un estudio sobre obesidad infantil- la firma realizó durante meses encuestas de intención de voto para el Partido Popular en la capital. En la red, quedan rastros también de sus trabajos para otras administraciones. Informes como el  “atlas fotográfico” de comida elaborado el año pasado para el Ministerio de Sanidad. El estudio se limita a fotografiar de forma sistemática 53 clases de comida. Y según su glosario, para ello fueron necesarias cinco personas: dos funcionarios de la Agencia de Seguridad Alimentaria y tres trabajadores de la empresa.

 

Las grabaciones de la Púnica: “Salvador Victoria me echó la bronca porque Indra no pagaba”

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El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. En su segunda declaración judicial señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid. Escuche algunos fragmentos de su declaración.

En la imagen, Salvador Victoria e Ignacio González.

El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. Y relató ante el juez Eloy Velasco con todo lujo de detalles el ‘modus operandi’ que utilizaba la Comunidad de Madrid para pagar a empresarios vinculados con el Partido Popular a través de terceros. En su segunda declaración judicial -ocurrida el pasado 13 de febrero y a cuyo audio ha tenido acceso EL ESPAÑOL- Martínez Nicolás señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

 

Según el testimonio del declarante,  Salvador Victoria le ordenó en junio de 2014 que llamase a Indra para que abonase 20.000  euros al empresario Alejandro de Pedro; le diera otros 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y entregase 90.000 más a “un tal Juanjo”, todavía sin identificar.

Dinero en sobres

Al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones le consta que la tecnológica abonó el dinero que dijo Victoria a De Pedro. Sin embargo, José Martínez no puede confirmar si los otros dos empresarios apuntados en la contabilidad B de la Comunidad de Madrid recibieron el dinero de la tecnológica. “El pálpito que tengo es que a Indra no le gustó esto. Salta la operación y paran. Es una especulación”, reconoció el ingeniero al juez.

Según la versión que mantiene el ex jefe informático de Madrid, en septiembre aún no se había efectuado ningún pago y Salvador Victoria se enfadó. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle que Indra todavía no había abonado las facturas a uno de los conseguidores de la trama, Alejandro de Pedro. “Me echó la bronca. Me dijo que Indra aún no había pagado y que Alejandro de Pedro le llamaba todos los días”.

En el transcurso de aquella reunión, Victoria telefoneó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, “no para presionar, sino para quejarse” del retraso de los pagos. Tras el encuentro, el ex directivo de ICM se puso en contacto con Santiago Roura, director general de Indra, para hacerle llegar el cabreo monumental de la mano derecha de Ignacio González. “Mi jefe está enfadado”, le dijo. Las presiones surgieron efecto. Una semana después, Alejandro de Pedro le comunicó vía mensaje “que ya había cobrado y que había que ir a por lo que falta”.

En busca de “El Molécula”

En la declaración, Martínez reconoce al juez que Roura le pidió “en algún momento” el teléfono del segundo empresario al que había que pagar la factura, Miguel Ángel de la Fuente, consejero delegado de Demométrica. “Yo se lo pedí a Salvador Victoria, le dijo a su secretaria que me lo diera y yo se lo facilité a Roura”. También le pidió el contacto de una tercera persona, “el molécula. Pensé que era Alejandro de Pedro. Y aquí termina la historia”, apunta al magistrado.

El juez Velasco, que intentó averiguar sin éxito a través de la declaración del informático “por qué tenía que pagar Indra” esos servicios, le dijo que fue el propio Santiago Roura quien declaró en sede judicial “haber sufrido presiones por su parte para que hiciera pagos a Alejandro de Pedro” pero que le “era imposible. Él lo quería contratar, pero no pagarle”. Una declaración “falsa”, según Martínez Nicolás, que dijo al magistrado que el trabajador de Indra “está mintiendo”.

Reunión entre Indra e Ignacio González

Martínez Nicolás apuntó también otro matiz: el presidente de Indra, Javier Monzón, se reunió “meses atrás” con Ignacio González, aunque no deja claro si el máximo mandatario de la tecnológica autorizó a la Comunidad de Madrid a que su empresa sirviera para pagar en B la mejora de la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El informático describió durante unos minutos al juez la estrecha relación que tradicionalmente mantienen las compañías con las administraciones públicas. “Es bastante normal que las empresas apoyen a la Comunidad de Madrid en eventos y actos”. Según Martínez Nicolás, los únicos intermediarios del Ejecutivo madrileño con Indra y los empresarios involucrados son él mismo y Salvador Victoria, a quien el juez ya ha retirado el pasaporte tras imputarle los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Las extrañas maniobras del consejero de Cristina Cifuentes

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Jaime González Taboada, consejero de la Comunidad de Madrid se presentó “por sorpresa” en un Comité Ejecutivo del PP de Hoyo de Manzanares, convocado para discutir por qué no se concedió un contrato de dudosa legalidad a una empresa vinculada a Púnica. El alcalde le defiende: “Vino como representante legal de Génova”. Sin embargo, cuatro miembros presentes en el Comité alegan que les quiso convencer de que “la eficiencia energética es buena para el pueblo”.

En la imagen, Jaime González Taboada el día de su toma de posesión.

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González Taboada el día de su toma de posesión. Al fondo, la presidenta Cifuentes y la consejera Hidalgo.

La Operación Púnica ha desvelado que tras muchos contratos de gestión de eficiencia energética municipal se escondía una auténtica trama de corrupción perfectamente orquestada entre políticos y empresarios para conseguir adjudicaciones a cambio de comisiones.

En Hoyo de Manzanares, una localidad situada al noroeste de Madrid donde el PP gozaba de mayoría absoluta en la legislatura pasada, se votó en contra de la clasificación que daba como vencedor a Dalkia, una empresa vinculada a Cofely, la compañía señalada como el ‘cerebro’ de la trama. El municipio se libró de aquella adjudicación gracias al voto díscolo de un concejal popular, que se estudió previamente las condiciones presentadas por la empresa y encontró numerosas irregularidades en la forma que querían adjudicar un megacontrato de 4,7 millones de euros para quince años.

Tres semanas después de que se celebrase el Pleno que tumbó las intenciones del Ejecutivo local, el alcalde José Ramón Regueiras convocó un Comité Ejecutivo para analizar el voto en contra del concejal Álvaro González del Castillo. La sorpresa de la tarde fue la aparición en aquella reunión del ahora consejero de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación con la Administración Local de la región, junto con su mano derecha, David Santos Baeza y una tercera persona.

Cuatro de los diecinueve miembros del Comité Ejecutivo presentes en aquella reunión, José García Blanco (ex alcalde del municipio), Javier de Orduña, Mariluz Martínez y Álvaro González del Castillo, aseguran a EL ESPAÑOL que el actual consejero de Medio Ambiente de Cristina Cifuentes les quería convencer “de que la eficiencia energética es buena para el pueblo”.

Su obsesión por aprobar en un futuro Pleno aquella adjudicación llegó a tal punto que, según las mismas fuentes, el consejero se llevó una carpeta con la documentación sobre la polémica adjudicación “para que los servicios jurídicos del Partido Popular realicen un informe y se demuestre la legalidad” del archivo presentado. González Taboada se comprometió a devolver aquel documento que validara la legalidad del contrato de eficiencia energética en dos semanas. Justo cuando cumplía el plazo, se produjeron las primeras detenciones por la Operación Púnica. “Nunca lo envió”, recalcan.

Taboada se comprometió a diseñar “una encuesta”

El testimonio del alcalde José Ramón Regueiras, presente también en ese Comité Ejecutivo, dista radicalmente de lo que denuncian sus compañeros. Según la versión que narra el primer mandatario municipal a este diario, González Taboada estuvo presente como “representante legal de Génova”, pero “en ningún caso” intermedió en la tensa discusión que el Comité mantuvo por el voto en contra del concejal popular al megacontrato de eficiencia energética que se quería conceder a Dalkia.

Sí reconoce que el actual consejero, a quien el empresario David Marjaliza implicó ante el juez Eloy Velasco en Púnica, se comprometió en el Comité a “encargar una encuesta política y de intención de voto en el municipio”. Otra coincidencia más entre el polémico contrato de Hoyo del Manzanares y la trama de corrupción que ya implica a un centenar de personas.

En una resolución fechada el 23 de abril, el juez Eloy Velasco considera “probado” que para lograr la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética la empresa Cofely se comprometía a realizar “encuestas de opinión para las autoridades municipales” que se  “disfrazaban” como sondeos sobre “gestión energética” para pagar comisiones a sus cargos públicos. González Taboada, sin embargo, nunca regresó a Hoyo del Manzanares para hacer el sondeo que prometió.

El contrato de Dalkia es idéntico al que se adjudicó en 2012 a Cofely en Torrejón de Velasco, cuyo alcalde fue detenido. Por la gestión de los suministros energéticos públicos y el mantenimiento de las instalaciones municipales de alumbrado público, este municipio madrileño pagará casi 5 millones durante 15 años. Ambas compañías, Dalkia y Cofely, son clientes de Mecano Consulting, SL, la empresa que se encargó de clasificar y valorar a las empresas aspirantes al contrato en Hoyo de Manzanares.

Los antecedentes de la Operación Púnica convergen precisamente en esta compañía, especializada también en el abastecimiento de electricidad. Al menos cuatro de los implicados en la trama de corrupción trabajaban para esta firma antes de servir a Cofely. Constantino Álvarez de la Cueva, director comercial de Cofely cuando fue detenido el 27 de octubre, ocupó anteriormente el puesto de director general en Dalkia. Pedro García Pérez, exdirector de Mercado Público de Cofely, llegó a ser apoderado de Dalkia. José Fidel Saura y José Antonio Alonso, también detenidos en la macrooperación, también coincidieron en una etapa anterior en Dalkia, la empresa que no consiguió por los pelos el contrato de Hoyo.

El expediente es “similar” a Púnica

El 27 de octubre, el día que los agentes arrestaron a Francisco Granados y parte de sus colaboradores más próximos, el concejal díscolo de Hoyo de Manzanares envió un correo electrónico al alcalde para pedirle explicaciones sobre cómo había llegado aquel contrato de dudosa credibilidad hasta Hoyo de Manzanares.

“Ante los gravísimos acontecimientos sucedidos hoy (…) y la vista de las grandes similitudes con el que se ha pretendido llevar adelante en Hoyo (cuantía, duración, textos…), quisiera que me informaras cómo ha llegado el señor Javier Rubio de Miguel a nuestro Ayuntamiento”, la persona que diseñó la documentación sobre eficiencia energética “sin ser ingeniero”. En su respuesta, el alcalde reconocía que el expediente “es similar” al que diseñaba la trama que había enviado a la cárcel al ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, “pero nada más”, se excusaba en aquel texto.

El concejal que votó en contra de aquel contrato describe a este diario las “enormes coincidencias” que encontró cuando se destapó la trama y el contrato que se quería aprobar en el Pleno en contra de su voluntad. Lo que se presentaba como una forma de ahorrar en los recibos de la luz municipales -que pagan los vecinos- se convertía en el lucro de empresas que conseguían la adjudicación y políticos que en muchos casos deseaban aprovechar su paso por la gestión pública para labrar una fortuna.

González del Castillo cuestionó en público que Dalkia quedó finalmente como la empresa finalista gracias a la “elevada puntuación” que se le dio en el criterio subjetivo. En el objetivo ganó por goleada Gas Natural, que se personó en el Ayuntamiento de Hoyo del Manzanares para revisar los pliegos que daban vencedor a la empresa de la competencia. De hecho, el concejal rebelde se ofreció a González Taboada para exponer en Génova, el cuartel general de los populares, sus razones para votar en contra. “No me llamó nunca”, añade.

Una vez que los pliegos llegaron al Pleno y la adjudicación se tumbó, el entonces director de operaciones de Dalkia, Cristóbal Sánchez, quiso convocar una reunión privada con el edil díscolo para hablar sobre el sentido de su voto. El edil declinó la invitación porque le parecía poco adecuado que una empresa en fase de adjudicación quiera presuntamente influir “presentando su empresa”. La Alcaldía tampoco se pronunció.

Polémica en el Pleno de Hoyo

En el Orden del Día del Pleno del día 25 de septiembre había un punto que correspondía a votar la clasificación de las empresas presentadas para obtener este contrato. Sin embargo, la polémica surge cuando se señala que resulta poco ético que una empresa (Mecano Consulting, SL) de la mejor valoración a Dalkia cuando ha sido su cliente. Se cuestiona que no se haya pedido a un organismo independiente como el Colegio de Ingenieros.

Hay otras incógnitas que quedaron en el aire y que expuso Manuel Morote, de Foro Popular. Se trata de la duda sobre la capacidad técnica de la asesoría fiscal Francisco Javier Rubio, que cobra una factura de 14.000 euros para realizar una auditoría energética, y que posteriormente certifica la colaboración de Mecano Consulting para constatar la supervisión de un ingeniero especializado. Otra pieza que no encaja.

La última polémica en Hoyo de Manzanares se produjo cuando el Comité Electoral Local eligió a Fernando Salgado Otero como candidato del PP a las elecciones del 24 de mayo y el Comité Electoral Regional impuso que siguiera Ramón Regueiras. Una decisión que provocó que miembros del Comité Ejecutivo y afiliados dimitiesen en algunos casos y se diesen de baja en otros.

Cien negritos

Cien negritos se fueron a cenar; el Faraón Aznar renunció al poder, se asfixió bajo el manto de armiño de su gloria y quedaron noventa y nueve…

Ilustración: Javier Muñoz

Cien negritos se fueron a cenar; el Faraón Aznar renunció al poder, se asfixió bajo el manto de armiño de su gloria y quedaron noventa y nueve.

Noventa y nueve negritos estuvieron despiertos hasta muy tarde; Jaime Mayor se quedó dormido y entonces quedaron noventa y ocho.

Noventa y ocho negritos viajaron por el mundo; Rodrigo Rato decidió anidar en Washington y quedaron noventa y siete.

Noventa y siete negritos cortaron leña; Álvarez Cascos se partió en dos y quedaron noventa y seis.

Noventa y seis negritos jugaron con una colmena; una abeja le picó a Juanjo Lucas y quedaron noventa y cinco.

Noventa y cinco negritos estudiaron Diplomacia; Federico Trillo se hizo embajador y quedaron noventa y cuatro.

Noventa y cuatro negritos fueron al mar;  un arenque rojo se tragó a Manolo Pizarro y quedaron noventa y tres.

Noventa y tres negritos pasearon por el zoo; un gran oso atacó a Eduardo Zaplana y quedaron noventa y dos.

Noventa y dos negritos se sentaron al sol; Ángel Acebes se tostó demasiado y sólo quedaron noventa y uno.

Noventa y un negritos se conformaron con la versión oficial del 11M; Jaime Ignacio del Burgo se empeñó en buscar la verdad y sólo quedaron noventa.

Noventa negritos se asustaron ante ETA; María San Gil cerró filas con las víctimas, la llamaron loca y sólo quedaron ochenta y nueve.

Ochenta y nueve negritos se postraron ante el jefe; Gabriel Elorriaga escribió un artículo -“no es este, no es este”- y sólo quedaron ochenta y ocho.

Ochenta y ocho negritos aprendieron catalán en la intimidad; Josep Piqué se empeñó en practicarlo y sólo quedaron ochenta y siete.

Ochenta y siete negritos se acercaron a Valencia; Juan Costa ardió en una falla cual ninot y sólo quedaron ochenta y seis.

Ochenta y seis negritos dijeron que sí a todo; Gustavo de Arístegui rechazó el trágala, lo mandaron a la India y sólo quedaron ochenta y cinco.

Ochenta y cinco negritos se olvidaron de pensar; Fernando Maura se marchó a UPyD y sólo quedaron ochenta y cuatro.

Ochenta y cuatro negritos se zamparon un pastel; Paco Correa se dio un atracón de época y sólo quedaron ochenta y tres.

Ochenta y tres negritos trasladaron maletines; a Pablo Crespo le pillaron con el de Galicia y sólo quedaron ochenta y dos.

Ochenta y dos negritos viajaron por Europa; Gerardo Galeote abrió una cuenta en Luxemburgo y sólo quedaron ochenta y uno.

Ochenta y un negritos organizaron eventos deportivos; Alberto López Viejo batió demasiados records y sólo quedaron ochenta.

Ochenta negritos circularon por la carretera; Jesús Sepúlveda se subió a un Jaguar y sólo quedaron setenta y nueve.

arponero cien necritos final

Ilustración: Javier Muñoz

 

Setenta y nueve negritos se lo llevaron crudo; Arturo González Panero rodó como una albóndiga y sólo quedaron setenta y ocho.

Setenta y ocho negritos jugaron al urbanismo; Benjamín Martín Vasco se embauló 300.000 del ala por Arganda y solo quedaron setenta y siete.

Setenta y siete negritos se fueron de compras; a Alfonso Bosch le sorprendieron gastando con identidad falsa y solo quedaron setenta y seis.

Setenta y seis negritos se enredaron en una correa; Jesús Merino se estranguló al intentar zafarse y sólo quedaron setenta y cinco.

Setenta y cinco negritos cobraron sobresueldos; Luis Bárcenas escondió el parné en Suiza, cuando se fue de la lengua lo metieron en el trullo y sólo quedaron setenta y cuatro.

Setenta y cuatro negritos pasaron por la caja B; Álvaro Lapuerta lo visó todo pero, tan mayor como estaba, tuvo un accidente raro y sólo quedaron setenta y tres.

Setenta y tres negritos merodearon cerca del tarro de mermelada; Ángel Sanchís se acercó demasiadas veces y sólo quedaron setenta y dos.

Setenta y dos negritos organizaron actos electorales; Álvaro Pérez, al ver al jefe tan cerca, tropezó con su bigote y sólo quedaron setenta y uno.

Setenta y un negritos fueron a la sastrería; Paco Camps se desentendió de las facturas y sólo quedaron setenta.

Setenta negritos financiaron ilegalmente al partido; a Vicente Rambla lo cogieron en el mercado de naranjas y sólo quedaron sesenta y nueve.

Sesenta y nueve negritos fueron imputados; Victor Campos firmó que era culpable y sólo quedaron sesenta y ocho.

Sesenta y ocho negritos disfrutaron de la huerta; Valcárcel se dio un hartón, se marchó a Estraburgo y sólo quedaron sesenta y siete.

Sesenta y siete negritos pasaron por la cocina; David Serra cayó despanzurrado dentro de la marmita y sólo quedaron sesenta y seis.

Sesenta y seis negritos recibieron al Papa; Pedro García firmó el contrato que convirtió las bendiciones en negocio y sólo quedaron sesenta y cinco.

Sesenta y cinco negritos aceptaron regalos de quien no debían; a Ricardo Costa le lucieron mucho en la muñeca y sólo quedaron sesenta y cuatro.

Sesenta y cuatro negritos ayudaron a que la familia que reza unida permaneciera unida; Juan Cotino se pasó de avemarías –y de testaferros- y sólo quedaron sesenta y tres.

Sesenta y tres negritos contribuyeron a las ONG; Rafael Blasco pensó que la caridad bien entendida empezaba por uno mismo y sólo quedaron sesenta y dos.

Sesenta y dos negritos firmaron contratos irregulares; Milagrosa Martínez se puso un pañuelo de Loewe y sólo quedaron sesenta y uno.

Sesenta y un negritos viajaron de gorrilla; Luis Díaz Alperi cogió una insolación en Creta y sólo quedaron sesenta.

Sesenta negritos se pusieron gafas negras; a Carlos Fabra le tocó demasiadas veces la lotería y sólo quedaron cincuenta y nueve.

Cincuenta y nueve negritos se embarcaron de vacaciones; José Joaquín Ripoll se subió al yate que no debía y sólo quedaron cincuenta y ocho.

Cincuenta y ocho negritos fueron fashion victims; la alcaldesita Sonia Castedo se divirtió en pijama con su protector y protegido y sólo quedaron cincuenta y siete.

Cincuenta y siete negritos pasaron de la política a las cajas; José Luis Olivas dio créditos raros, se emborrachó con ron cubano y sólo quedaron cincuenta y seis.

Cincuenta y seis negritos salieron a cazar; a Serafín Castellano se le disparó el rifle por la culata y sólo quedaron cincuenta y cinco.

Cincuenta y cinco negritos se enamoraron del dinero; Alfonso Rus contó los billetes con luz y sonido y sólo quedaron cincuenta y cuatro.

Cincuenta y cuatro negritos buscaron la trampa de la ley; Jaume Matas se saltó las reglas para contratar discursos, lo mandaron a prisión y sólo quedaron cincuenta y tres.

Cincuenta y tres negritos cometieron irregularidades urbanísticas;  a Eugenio Hidalgo, alcalde de Andratx, se le cayó encima su chalé y sólo quedaron cincuenta y dos.

Cincuenta y dos negritos cobraron comisiones; Antonia Ordinas las escondió en una lata de Cola Cao y cuando tuvo que desenterrarla ante la poli sólo quedaron cincuenta y uno.

Cincuenta y un negritos protegieron a los apandadores; al conseller Cardona le pillaron repartiéndose el botín, le metieron dieciséis años y sólo quedaron cincuenta.

Cincuenta negritos se fueron al prostíbulo; Rodrigo de Santos pagó con la tarjeta municipal y sólo quedaron cuarenta y nueve.

Cuarenta y nueve negritos apoquinaron al instituto Noos;  Pepote Ballester no regateó nada y sólo quedaron cuarenta y ocho.

Cuarenta y ocho negritos tomaron copas de más; Nacho Uriarte estrelló alegre su coche y sólo quedaron cuarenta y siete.

Cuarenta y siete negritos navegaron entre insidias; Daniel Sirera escribió “este partido es una mierda” y sólo quedaron cuarenta y seis.

Cuarenta y seis negritos se hicieron los simpáticos; Montse Nebrera se burló del habla andaluza y sólo quedaron cuarenta y cinco.

Cuarenta y cinco negritos asumieron graves riesgos; Regina Otaola dio la cara en Lizarza, se retiró decepcionada y sólo quedaron cuarenta y cuatro.

Cuarenta y cuatro negritos pidieron debates y primarias;  a Alejo Vidal Quadras le pusieron puente de plata y sólo quedaron cuarenta y tres.

Cuarenta y tres negritos cosecharon fracasos electorales; Antonio Basagoiti asumió con ejemplaridad el suyo y sólo quedaron cuarenta y dos.

Cuarenta y dos negritos se sintieron traicionados; el heroico Ortega Lara se marchó sin siquiera merecer ser oído en la Moncloa y sólo quedaron cuarenta y uno.

Cuarenta y un negritos denunciaron las promesas incumplidas; Santi Abascal escribió una carta de despedida, fundó Vox y sólo quedaron cuarenta.

Cuarenta negritos fueron envejeciendo; una mañana se murió don Manuel el Fundador y sólo quedaron treinta y nueve.

Treinta y nueve negritos levitaron al ganar por mayoría absoluta; Javier Arenas se pasó de listo, desmovilizó a los suyos y sólo quedaron treinta y ocho.

Treinta y ocho negritos tiraron victoriosos por la calle de en medio; a Ana Mato le atropelló el Jaguar que se le escapó del armario y sólo quedaron treinta y siete.

Treinta y siete negritos aplicaron su programa; a Javier Fernández Lasquetty le atropelló la “marea blanca”, se marchó a Guatemala y sólo quedaron treinta y seis.

Treinta y seis negritos tuvieron mala suerte; a Mercedes de la Merced se la llevó la enfermedad y sólo quedaron treinta y cinco.

Treinta y cinco negritos se creyeron impunes; Miguel Blesa las hizo de todos los colores hasta llegar al black y sólo quedaron treinta y cuatro.

Treinta y cuatro negritos fueron excluidos de la primera fila del poder; González Pons se quedó compuesto y sin ministerio y sólo quedaron treinta y tres.

Treinta y tres negritos prefirieron irse a ganar dinero; Michavila se metió en un buen despacho y sólo quedaron treinta y dos.

Treinta y dos negritos hicieron lo que pudieron en sus cargos; Arias Cañete gestionó bien, patinó en la campaña europea y sólo quedaron treinta y uno.

Treinta y un negritos se indignaron por la amnesia del poder; Consuelo Ordóñez lo dijo alto y claro y sólo quedaron treinta.

Treinta negritos pasearon por la muralla; Santiago Cervera metió la mano en un agujero y sólo quedaron veintinueve.

Veintinueve negritos guardaron secretos inconfesables; a Cristobal Páez le dieron el mejor de los finiquitos y sólo quedaron veintiocho.

Veintiocho negritos sabían más de la cuenta; a José Manuel Molina lo mandaron a Kinshasa y sólo quedaron veintisiete.

Veintisiete negritos salieron a captar apoyos; a Ana Botella se le indigestó una “relaxing cup of coffee in the Plaza Mayor” y sólo quedaron veintiséis.

Veintiséis negritos compraron propiedades; Ignacio González recurrió a un testaferro para camuflar su ático y sólo quedaron veinticinco.

Veinticinco negritos se quedaron colgados de la brocha; Leopoldo González Echenique dimitió por un quítame allá esos 130 millones y sólo quedaron veinticuatro.

Veinticuatro negritos fueron azotados por la ira; a Isabel Carrasco la mataron a tiros y sólo quedaron veintitrés.

Veintitrés negritos recibieron tarjetas de crédito a juego con su alma; Ricardo Romero de Tejada hizo honor a su fama y sólo quedaron veintidós.

Veintidós negritos volvieron a las andadas; a Paco Granados, tanto fue el cántaro a la fuente, le metieron en el trullo y sólo quedaron veintiuno.

Veintiún negritos se hicieron diputados “para tocarse los huevos”; José Miguel Moreno lo reconoció mientras le grababan y sólo quedaron veinte.

Veinte negritos escribieron los versos más tristes esta noche; el gran vate Gallardón se negó a observar la rima y sólo quedaron diecinueve.

Diecinueve negritos buscaron la mayoría absoluta; a Esperanza Aguirre le hicieron la cama desde dentro y, como le faltó un escaño, sólo quedaron dieciocho.

Dieciocho negritos querían perpetuarse en sus poltronas; Rita Barberá tuvo un caloret y sólo quedaron diecisiete.

Diecisiete negritos limpiaron la cloaca;  Alberto Fabra sucumbió en el empeño tras la enésima zancadilla y sólo quedaron dieciséis.

Dieciséis negritos ardieron por amor; Monago, el buen bombero, apagó su fuego en Canarias gratis total y solo quedaron quince.

Quince negritos buscaron remedio en la farmacia; a José Ramón Bauzá le dieron cuchillo de palo y sólo quedaron catorce.

Catorce negritos quedaron encerrados en el ascensor; a León de la Riva se le apareció una Leire turgente y del soponcio solo quedaron trece.

Trece negritos subieron a la Giralda; Jose Ignacio Zoido perdió pie y solo quedaron doce.

Doce negritos se fueron de Carnaval; Teófila Martínez se dio de bruces con la charanga del Kichi y sólo quedaron once.

Once negritos visitaron a la Virgen del Pilar; Luisa Fernanda Rudi se enganchó en el manto y sólo quedaron diez.

Diez negritos se reunieron en una bodega; Pedro Sanz organizó su sucesión -sacrificando a su delfín- y sólo quedaron nueve.

Nueve negritos perdieron la sonrisa; la de Juan Ignacio Diego se la zampó Revilla y sólo quedaron ocho.

Ocho negritos intentaron borrar huellas en Génova; Maria Dolores de las Mentiras resbaló en una simulación de finiquito en diferido y sólo quedaron siete.

Siete negritos dieron la cara para que se la rompieran; a Carlos Floriano le explicaron que el problema de comunicación era él y sólo quedaron seis.

Seis negritos se cayeron al pozo demoscópico; a José Ignacio Wert, cansado de vivir ahí, le mandaron, con alevosía agosteña, de luna de miel a la OCDE y sólo quedaron cinco.

Cinco negritos se arrimaron a la Púnica; Salvador Victoria hizo lo que le mandó su jefe y cuando le pillaron sólo quedaron cuatro.

Cuatro negritos medio pasaban por ahí; Lucía Figar fue imputada por firmar un contrato y sólo quedaron tres.

Tres negritos pidieron otro liderazgo; a Cayetana Álvarez de Toledo, vox clamantis in deserto, le pusieron bola negra y sólo quedaron dos.

Dos negritos se reunieron en Moncloa; a Alicia Sánchez Camacho la convencieron de que bebiera la cicuta pues el desastre catalán era cosa suya y ya sólo quedó uno.

Un negrito se quedó más solo que la una; después de dejar tirados a todos sus amigos, deshacerse de todos sus rivales y desviar a los demás todas sus culpas; doce años después de ser ungido por el dedo errado de Aznar y cosechar dos derrotas; cuatro años después de recibir, dilapidar y traicionar un mandato rotundo de los españoles; dos años después de mentir como un bellaco al parlamento, Mariano Rajoy se ahorcó de su cuarta candidatura a la Moncloa y pronto, de aquel PP refundado en 1990 que aglutinó a todo el centro-derecha y tanto sirvió a la democracia, ya no quedará ninguno.

También en EL ESPAÑOL: 

La Guardia Civil investiga a otro ex alcalde de Alcalá de Henares en la Operación Púnica

Granados

Los informes de la Guardia Civil colocan a Florencio Campos Corona, ex alcalde de Alcalá de Henares entre 1987 y 1995, tras una transferencia de 341.000 euros a las cuentas suizas de David Marjaliza y Francisco Granados (en la imagen). El dinero fue enviado por una sociedad llamada Fundación Algaba. Además, la Audiencia Nacional investiga el papel de otros cinco empresarios que enviaron más de 3 millones de euros a dichas cuentas. 

Francisco Granados, ex presidente de la Comunidad de Madrid, lleva encarcelado nueve meses.

El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjalilza utilizaron una red de fundaciones y empresarios españoles para sacar hasta once millones de euros en dinero negro a Suiza, donde Marjaliza llegó a controlar cinco cuentas corrientes (cuatro en el BNP y otra en el UBS).

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), ambos pudieron contar con la ayuda de Florencio Campos Corona, ex alcalde socialista de Alcalá de Henares entre 1987 y 1995 y al que la Guardia Civil coloca  tras una transferencia de 341.000 euros. Un envío que llegó a las cuentas suizas de Marjaliza realizado a nombre de la Fundación Algaba, una entidad de la que los investigadores no han encontrado rastro alguno en España. 

Según los informes de la Guardia Civil, Marjaliza y Granados desviaron hasta el cantón de Ginebra 6,6 millones de euros (7 millones de francos suizos) en solo cinco años. Un dinero de “origen desconocido” pero con unos remitentes claramente identificados: dos fundaciones benéficas y seis empresarios de distinto ámbito. Empresarios que ahora investiga la Justicia en la parte de las diligencias que por el momento permanece secreta.

Transferencias

Según la documentación enviada a la Audiencia Nacional por Suiza, la Fundación Cotazur, una entidad desconocida hasta el momento, fue una de las principales remisoras de fondos a las cuentas de Granados y Marjaliza. Entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2012, la citada fundación -de la que los investigadores tampoco encuentran rastro en los registros españoles- remitió en total 1.052.000 euros a Ginebra. Los agentes vinculan las transferencias en sus informes al empresario Jesús Roa Baltar, ya fallecido.

Roa Baltar fue durante años uno de los responsables de la firma Obras y Construcciones Industriales (OCISA) y se vio salpicado en los años 90 en el llamado Caso Ollero, que investigaba el presunto pago de comisiones a cambio de la concesión de un tramo de autovía en Granada. Según el informe de la UCO, Roa Baltar fue administrador en España de al menos cinco sociedades. Y ninguna de ellas tiene relación aparente con la trama Púnica.

En el caso de Florencio Campos Corona, los agentes certifican que el ex alcalde de Alcalá de Henares tiene como única trayectoria empresarial su participación en la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares, de la que fue consejero desde 1993. La pasada semana, EL ESPAÑOL ya anunció que el propio Marjaliza había señalado en su confesión ante el juez Eloy Velasco la  participación de otro ex alcalde de la localidad madrileña: Bartolomé González, ahora diputado autonómico con Cristina Cifuentes. Ninguno de los dos ha sido imputado por el momento.

Panamá

En el mismo período (2000-2012), las cuentas suizas de Granados y Marjaliza -que llevan nueve meses en prisión preventiva- recibieron transferencias por valor de 1.285.000 euros desde una nueva compañía: Rockfish Finance Corporation, una sociedad panameña utilizada según la Guardia Civil por el financiero Michael Trevor Langdon, sin antecedentes en España y que fue hasta 2007 director de una sociedad local llamada Estándar Colina Investment (sic). “Los importes totales detallados son de origen desconocido”, explican los informes policiales sobre estas transferencias.

Y no es la única empresa afincada en el caribe. La Guardia Civil investiga también la llegada de dinero panameño por medio de otras dos sociedades: Senator Overseas y Extreme Overseas. Según sus informes, ambas fueron empleadas por el empresario Rodrigo Díez Pichardo para enviar a las cuentas suizas de Marjaliza 1,3 millones de euros.

La lista de empresarios investigados se completa con  otros dos nombres: José Miguel López Gutiérrez y Tristán Domecq de la Maza. El primero es administrador único de la sociedad Turismo Sierra de Gata e ingresó según los agentes de la UCO  609.ooo euros en las cuentas suizas de Granados y Marjaliza. El segundo, diseñador y restaurador, administra cuatro sociedades en España vinculadas a la importación, y el mundo de la hostelería. De su mano llegaron a Suiza 407.000 euros para las empresas de Marjaliza.

Los diputados involucrados por Marjaliza en Púnica se desvinculan de sus acusaciones

Los tres diputados de la Asamblea de Madrid, Jaime González Taboada, Bartolomé González y Eva Borox, presuntamente implicados en la Operación Púnica se desvinculan radicalmente de las acusaciones que ha vertido sobre ellos el empresario David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama junto con el político del partido Popular Francisco Granados.

Los tres diputados de la Asamblea de Madrid presuntamente implicados en la Operación Púnica se desvinculan radicalmente de las acusaciones que ha vertido sobre ellos el empresario David Marjaliza, uno de los cerebros de la trama junto con el político Francisco Granados. Los dos cargos electos del equipo de Cristina Cifuentes, el consejero Jaime González Taboada y el diputado Bartolomé González, niegan cualquier colaboración con el empresario acusado. La ‘número tres’ de Ciudadanos en Madrid, Eva Borox, que fue concejal del PSOE en Valdemoro, también niega cualquier colaboración con una trama que estalló, precisamente, en este municipio madrileño.

El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio se desvincula tanto de los hechos que hasta niega conocer a Marjaliza. “No conozco de nada a este señor”, ha reconocido en un acto público. Tanto Taboada como González están estudiando poner una demanda al empresario de Valdemoro por sus declaraciones. El ex alcalde de Alcalá de Henares, hoy diputado electo, asevera que “nunca” ha firmado un contrato con “ninguna de las empresas implicadas en la trama” y también se plantea demandar a Marjaliza por implicarlo en una trama de corrupción que salpica ya a casi un centenar de implicados.

Pese a que los diputados presuntamente implicados intentan calmar las aguas, parte de la bancada azul y naranja de la Asamblea de Madrid se muestran “conmocionados” con la noticia. Fuentes internas del PP madrileño reconocen en privado a EL ESPAÑOL que “el gran lastre de este partido es la corrupción que, por mucho que se niegue, se entiende que se ha institucionalizado. No vale con desmentirlo. Hay que tomar medidas radicales”. El portavoz adjunto de Ciudadanos en Madrid, Pedro Núñez Morgades, tampoco niega su “preocupación” por las duras acusaciones que Marjaliza volcó ante el juez contra su compañera de partido. Si se confirma su testimonio, se compromete a pedir el acta de la diputada Eva Borox.

La afectada iba a hacer unas declaraciones a lo largo de la mañana de este viernes desde Valdemoro, donde reside, pero finalmente su marido Raúl del Olmo, también implicado en las acusaciones del empresario, la ha excusado afirmando que “está muy afectada por la noticia”. Compañeros de filas de Borox reconocen, en privado, que se ha limitado a negar los hechos pero sin dar demasiadas explicaciones.

José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, declaró a primera hora de esta mañana a este diario que, “si se confirma esta declaración, estamos ante una situación muy comprometida, tanto para el PP como para Ciudadanos”. Para el representante de Pablo Iglesias en la Comunidad, “Marjaliza es el Bárcenas de la Púnica”. Además, critica que Cifuentes diga que “el PP que ella gobierna es el nuevo PP, cuando la realidad que vemos es que la trama Púnica afecta a muchos municipios y va a acabar salpicando a su propio Gobierno”.

Las acusaciones de Marjaliza

Según adelantó este viernes EL ESPAÑOL, Marjaliza implica a González Taboada en un “reparto” de las obras de infraestructura financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Este proyecto, dotado con cientos de millones para la realización de infraestructuras en municipios madrileños, era planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, consejero de Presidencia desde 2004, ostentaba la presidencia de Arpegio.

El diputado Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá de Henares, ha sido mencionado por Marjaliza en sus declaraciones judiciales en relación a la supuesta actividad ilegal de la mercantil Cofely España de pago de comisiones a alcaldes y concejales a cambio de la adjudicación de contratos de eficiencia energética.

En su larga comparecencia ante Eloy Velasco, el empresario implicó a la ex concejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera.
El empresario manifestó que entregó a Borox 30.000 euros como parte de una estrategia clientelista, para tenerla a favor de Francisco Granados. También dijo que compró al marido de Borox un décimo de la Lotería propiedad de Olmo y que había resultado premiado con 100.000 euros. Marjaliza afirmó que le dio por él 120.000 euros que quería ‘blanquear’.