La policía sospecha que otras firmas de inversión callaron por miedo a represalias de la CNMV

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama de corrupción que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la imagen). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de los ahora investigados por miedo al desprestigio profesional.

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de la trama por miedo al desprestigio profesional.

En esta línea, el informe remitido por los agentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica que “el daño reputacional que puede inflingir la CNMV es tan grave o más que las propias sanciones, ya que el mercado financiero se basa en la confianza y la reputación”. A juicio de los investigadores, “la CNMV, al difundir meramente que una entidad está siendo inspeccionada por prácticas irregulares, condena de facto a la entidad y a sus responsables en el mercado nacional e internacional”.

La propuesta de investigación presentada por la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se centra, tal y como confirmó ayer la propia CNMV en un comunicado, en dos expedientes concretos de dos gestoras financieras, llamadas Vetusta Wealth Managers y Dracon Partners.

Según confirma el regulador, ambas firmas sufrieron sendas investigaciones por parte de la CNMV, pero con seis años de diferencia. Pese al salto temporal y, según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la UDEF han encontrado los mismos patrones en sus procedimientos sancionadores, coincidencias que les hacen pensar que los expedientes de ambas se fraguaron de forma similar y contraviniendo la normativa.

Como ejemplo, los propietarios de las dos gestoras fueron acusados de actuar como testaferros de terceras personas. En el caso de Vetusta, el presunto propietario era un notario de Dublín. En el de Dracon Partners, un empresario español sancionado con anterioridad por el regulador. Ninguna de las dos acusaciones se confirmó, pero ambas fueron filtradas a la prensa y con ello, los responsables de las entidades quedaron marcados para operar en cualquier mercado financiero, tal  y como refleja el informe de la UDEF.

Pacto y sanción

En un primer momento fueron los gestores de Dracon Partners quienes denunciaron presiones de la CNMV a la Policía Nacional. Los responsables de esta Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) aseguraron ya en 2012 -tres años antes de ser sancionados en firme- que varios funcionarios de la CNMV les presionaban para que entregaran su licencia financiera de forma voluntaria. Según su denuncia, ampliada en varias ocasiones desde entonces, Dracon tenía que dejar de operar en España. Si aquello no sucedía, sus gestores sufrirían las consecuencias de un procedimiento sancionador, que ha culminado de forma definitiva en 2015.

El pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la sanción impuesta a Dracon Partners: 1,25 millones de euros para la empresa y otros 625.000 euros para su administradora. El argumento de la CNMV fue que la sociedad y sus gestores cometieron “infracciones muy graves” por incumplir la ley en la relación con sus clientes y por delegar en terceros su servicio de captación. Los investigadores han solicitado ahora este expediente a la CNMV ante la sospecha de que se sustanció utilizando argumentos falsos.

Pese a las denuncias aportadas por Dracon Partners desde 2012, la investigación policial entró en una nueva fase en febrero de este año cuando los gestores de Vetusta hicieron llegar también la suya a la Policía Nacional. En resumen, los administradores de la gestora denuncian una situación muy similar a la vivida por Dracon, pero con seis años de distancia y una diferencia sustancial: en lugar de litigar, los responsables de Vetusta entregaron la licencia de forma voluntaria a la CNMV. Por su parte, el organismo regulador archivó el expediente y dejó sin efecto las sanciones, tal y como refleja el siguiente documento:

Hace dos semanas, la Policía Nacional solicitó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los dos expedientes. Su objetivo es analizarlos en busca de irregularidades. Además, los agentes investigan el patrimonio de varios funcionarios bajo sospecha y recaban testimonios de terceros, testigos que fueron durante años empleados de la CNMV. Su intención es confirmar si las actuaciones sancionadoras son irregulares, si se hicieron por mala praxis de los funcionarios o si vinieron motivadas por presuntos pagos o sobornos de terceros. Ahora, se esfuerzan también por localizar a más víctimas y por esclarecer si alguna de ellas, por miedo, guarda silencio.

 

La Policía investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV bajo sospecha de corrupción

 

La Policía Nacional investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que autorizó además a los agentes a solicitar varios expedientes sancionadores a la institución presidida por Elvira Rodríguez (en la imagen).

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Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

La Policía Nacional investiga el patrimonio de varios altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concretamente cinco, sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió las diligencias de investigación 45/2015 tras recibir un extenso informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Con el visto bueno de la Fiscalía, los agentes analizan ahora las cuentas, las viviendas, los vehículos y los depósitos bancarios de estos responsables de la CNMV. El objetivo es localizar una discrepancia entre sus ingresos oficiales y su patrimonio real; un enriquecimiento ilícito procedente de una fuente no declarada que avale la tesis del soborno. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al procedimiento, la medida es de especial interés para la causa, ya que de su resultado depende en gran medida que la investigación avanzada por la UDEF pase a una segunda fase con una denuncia formal de la Fiscalía.

A por los expedientes

El 27 de julio, la Policía Nacional se presentó en la sede de la CNMV y solicitó a su presidenta Elvira Rodríguez varios expedientes sancionadores abiertos por el organismo. El objetivo de la pesquisa es conocer de primera mano las distintas decisiones que se tomaron para retirar varias licencias, los informes técnicos que las avalaron y los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente firmaron las sanciones.

Estas y otras medidas, aprobadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, surgieron a consecuencia de una “propuesta de investigación” presentada por la UDEF antes de verano. El informe, de 178 páginas y siete anexos, se sustenta en las denuncias presentadas por varios afectados, declaraciones de testigos y el testimonio de ex trabajadores de la CNMV que confirmarían la manipulación de los expedientes sancionadores.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la denuncia policial pone el foco sobre cinco funcionarios concretos que forman o formaron parte de la plantilla de la CNMV. Cinco funcionarios relacionados con el departamento de inspección de entidades, el organismo que se encarga de fiscalizar tanto a las agencias de inversión como a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

El escrito presentado por la Policía Nacional ante la Fiscalía para dar pie a estas pesquisas explica que los funcionarios bajo sospecha pudieron cometer delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. La investigación patrimonial iniciada ahora se centra en confirmar o desmentir si alguno de los señalados se enriqueció de forma ilícita. Pero no arrojará luz sobre otras sospechas como la falsedad documental o las amenazas, basadas de forma indiciaria en la documentación y los testimonios recabados por la UDEF.

 

 

 

La policía investiga la existencia de una trama corrupta en el seno de la CNMV

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La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo -presidido por la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la foto)- encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

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Elvira Rodríguez con Cristobal Montero y Luis de Guindos.

La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido ya a la Fiscalía un extenso informe, a cuyo contenido ha tenido acceso EL ESPAÑOL, donde detalla las supuestas actividades delictivas de la red, que se dedicaría a la extorsión y estaría integrada por varios funcionarios de alto nivel contratados desde hace años por el organismo público.

La “propuesta de investigación”, elaborada por la Policía Judicial dispone de 178 páginas y está sustentada en los testimonios de ex trabajadores de la propia CNMV así como en declaraciones de testigos y denuncias de varios afectados por las maniobras de esta red.

Las diligencias policiales constan además de siete anexos documentales y ponen el foco sobre cinco cargos del órgano regulador. Los investigados están -o han estado hasta su marcha de la CNMV- adscritos a uno de los departamentos más sensibles para el mercado financiero español: la supervisión de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) y las agencias de valores. Esto es, las firmas utilizadas por miles de grandes y pequeños inversores para canalizar su dinero.

Nuevas diligencias

El informe policial, rubricado hace ahora casi un mes, fue remitido para su estudio directamente desde la Comisaría General de la Policía Judicial al Ministerio Público para que determine si existe una base delictiva sólida para que la investigación prospere. Este procedimiento fue registrado por la Fiscalía con el número de diligencias 45/2015. 

Desde entonces el fiscal de la Audiencia Nacional que ha asumido las pesquisas ha solicitado a la CNMV, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez, la remisión de varios expedientes sancionadores citados en el informe de la Policía Judicial para comprobar si de alguna forma fueron manipulados. A juicio de los investigadores, los integrantes de la presunta trama pudieron incurrir con su conducta en delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada; un reguero de delitos que la fiscalía de la Audiencia Nacional se esfuerza en confirmar de forma indiciaria antes de presentar o no su denuncia y trasladar el caso a un juzgado de instrucción.

Discreción

La investigación del caso se desarrolla desde hace meses en un absoluto secreto. Una discreción obligada tanto por las exigencias propias de cualquier investigación policial como por la sensibilidad estratégica de la institución investigada. En los últimos años, la CNMV se ha visto cuestionada en decisiones como la aprobación de las emisiones de acciones preferentes por parte de las cajas de ahorros -que afectó a 700.000  inversores minoritarios-, y criticada por su falta de control frente a escándalos como el del caso Gowex, la empresa cotizada que estalló el pasado año tras falsear sus beneficios cuatro años consecutivos.