Así declararon su independencia los últimos países europeos

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La llamada Vía Báltica, que recorrió el espacio entre Tallin y Vilnius. / UNESCO

La mayoría celebraron referéndums, pero en otros no se consultó a la población. Hay declaraciones unilaterales de independencia pero también procedimientos pactados. Lo que todos tienen en común es que son el fruto de la crisis y la descomposición de la Unión Soviética y Yugoslavia.

Muchas son las diferencias entre los procesos de independencia de los países europeos más recientes. En algunos casos hubo grandes manifestaciones ciudadanas y en otros el apoyo popular fue más bajo.

La mayoría de estos países celebraron referéndums, pero en otros no se consultó a la población. Hay declaraciones unilaterales de independencia pero también procedimientos pactados. Lo que todos tienen en común es que son el fruto de la crisis y la descomposición de regímenes totalitarios comunistas construidos artificialmente. En concreto, la Unión Soviética y Yugoslavia. A continuación examino cinco casos. 

La Vía Báltica

Estonia, Letonia y Lituania fueron anexionadas por la Unión Soviética en 1940 gracias a un pacto con la Alemania nazi. A finales de los 80, resurgieron con fuerza los movimientos nacionalistas en las tres repúblicas bálticas aprovechando la apertura política y económica de la perestroika de Mijaíl Gorbachov.

Su manifestación más espectacular fue la denominada Vía Báltica, que tuvo lugar el 23 de agosto de 1989. Cientos de miles de personas (entre medio millón y dos millones según diferentes versiones) formaron una cadena humana de 600 kilómetros de longitud que unió las tres capitales: desde Tallin hasta Vilnius pasando por Riga. Los manifestantes reclamaban independizarse de la URSS justo cuando se cumplían 50 años del pacto secreto entre soviéticos y nazis. La idea de la Vía Báltica fue imitada por los independentistas catalanes en la Diada de 2013.

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Tras las primeras elecciones democráticas a principios de 1990, el Parlamento de Lituania abrió el camino al ser el primero en declarar la independencia el 11 de marzo de ese año. Le siguieron poco después los parlamentos de Estonia y Letonia. Los tres países organizaron después referéndums en los que el  ganó por aplastante mayoría.

La reacción inicial de Moscú fue considerar esas declaraciones ilegales e imponer un bloqueo económico.

A principios de 1991 tropas soviéticas llegaron a ocupar la torre de la televisión lituana en Vilnius en un ataque en el que murieron 14 personas. Pero el golpe de estado contra Gorbachov en agosto de 1991 precipitó la salida de las repúblicas bálticas y la disolución de la Unión Soviética. Sus líderes reconocieron la independencia de Estonia, Letonia y Lituania en septiembre de ese año unos días después de que lo hicieran Estados Unidos y varios países europeos.

El divorcio de terciopelo

En Checoslovaquia, un país creado a finales de la I Guerra Mundial, las tensiones separatistas se agudizaron inmediatamente después de la caída del régimen comunista en 1989. Los checos se quejaban de tener que financiar a sus vecinos pobres. Los eslovacos éstos recelaban de la centralización de todo el poder en Praga y reclamaban más autonomía. Pero la ruptura fue una decisión política. En ninguna de las dos partes había una mayoría a favor de la independencia según las encuestas y no se convocó ningún referéndum para conocer la opinión de los ciudadanos.

Los acontecimientos se precipitaron después de las elecciones de junio de 1992. El conservador Vaclav Klaus se convirtió en primer ministro de Chequia mientras que el nacionalista Vladimir Meciar logró la victoria en Eslovaquia.

El Parlamento eslovaco declaró la independencia el 17 de julio y sólo seis días más tarde Klaus y Meciar pactaron en una reunión en Bratislava dividir Checoslovaquia de mutuo acuerdo sin que se produjera ningún incidente, de forma pacífica y ordenada. En noviembre el Parlamento checoslovaco aprobó la disolución del país. El 31 de diciembre de 1992 se consumó este “divorcio de terciopelo” y República Checa y Eslovaquia fueron admitidos en la ONU como estados separados en enero de 1993.

Eslovenia y el principio del fin

Las réplicas de la caída del telón de acero alcanzaron también a Yugoslavia: una entidad federal cuyo origen se remontaba a 1918 y que había nacido de la desintegración del imperio austrohúngaro.

El principio del fin de Yugoslavia empezó en Eslovenia con la celebración de las primeras elecciones libres en primavera de 1990. El Gobierno elegido convocó un referéndum sobre la independencia el 23 de diciembre de ese mismo año. El 94,8% de los votantes apoyó el con una participación que superó el 90% del censo. El 25 de junio de 1991, el Parlamento esloveno declaró unilateralmente la independencia de forma simultánea al parlamento de Croacia, que también había celebrado previamente su propia consulta.

Inmediatamente después, el Ejército yugoslavo, dominado por los serbios, lanzó una ofensiva para controlar los pasos fronterizos de Eslovenia. Pero las fuerzas armadas eslovenas lograron rápidamente la victoria en lo que se conoce como la Guerra de los Diez Días.

Los enfrentamientos bélicos se trasladaron después a Croacia y a Bosnia Herzegovina. La comunidad internacional dudó a la hora de reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia por temor a agravar el conflicto. Uno de los primeros países en hacerlo fue Alemania en diciembre de 1991. Estados Unidos le siguió en abril de 1992, año en el que Eslovenia accedió a Naciones Unidas.

Un referéndum tutelado por la UE

Al final de las guerras de los Balcanes, Yugoslavia quedó reducida a Serbia y Montenegro. Pese a que los montenegrinos ya pensaban en la independencia desde finales de los 90, la Unión Europea, que temía un nuevo conflicto en la región, actuó como mediadora para mantener la unión entre las dos repúblicas.

No obstante, la carta constitucional de la nueva federación de Serbia y Montenegro, que entró en vigor a principios de 2003, ya preveía la posibilidad que cualquiera de las dos repúblicas se independizara si lo deseaba pero sólo después de un plazo de tres años. La decisión de romper tenía que aprobarse en una consulta.

Montenegro convocó su referéndum el 21 de mayo de 2006. Pero las reglas del juego las fijó de nuevo Bruselas. La UE sólo reconocería la independencia si votaba más del 50% del censo y si el obtenía más del 55% de los votos. Un umbral considerado excesivo por el Gobierno montenegrino, que trató de cambiarlo sin éxito. Finalmente, el ganó con un 55,5% de los sufragios. El Parlamento montenegrino declaró el 3 de junio de 2006 la independencia, que no fue contestada por Serbia y obtuvo el reconocimiento inmediato de la comunidad internacional. 

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Una muchedumbre celebra la independencia de Kosovo con banderas albanesas. / Shkumbin Saneja / FLICKR

El limbo de Kosovo

Después del referéndum de Montenegro, quedaba por resolver en los Balcanes el estatuto de Kosovo. Esta provincia serbia de mayoría albanesa se había convertido de hecho en un protectorado de Naciones Unidas desde la intervención de la OTAN en 1999 para frenar los ataques de las fuerzas armadas yugoslavas y serbias contra los separatistas kosovares. Después de varios años de negociaciones infructuosas, el Parlamento kosovar declaró unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008.

La secesión fue reconocida de inmediato por Estados Unidos y por las grandes potencias europeas. Se opuso Serbia con el apoyo de Rusia, que avisó de que el reconocimiento impulsaría a los movimientos separatistas en todo el mundo.

La independencia kosovar dividió a la comunidad internacional y también a la Unión Europea. Todavía hoy hay cinco estados miembros –España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia– que no reconocen a Kosovo.

Tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy han alegado que el problema es que se trató de una decisión unilateral y no pactada con Serbia. El resultado es que Kosovo sigue en un limbo jurídico. No ha podido entrar en Naciones Unidas y no ha obtenido aún el estatus de candidato a la adhesión a la UE. Serbia llevó el caso al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que en 2010 dictaminó que la independencia de Kosovo no vulnera el derecho internacional. Kosovo y Serbia alcanzaron un primer acuerdo de buena vecindad en 2013 auspiciado por la UE.

Catalonia explained in 21 cards

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On September 27, Catalans will go to the polls to vote in an election that will be decisive for the future of Catalonia. These 21 cards aim to explain the intricacies of the so-called ‘Catalan problem’.

Translation: Julia Tena

Illustration: Javier Muñoz

Video: Catalonia explained to non Catalans

On September 27, Catalans will go to the polls to vote in an election that will be decisive for the future of Catalonia. These 21 cards aim to explain the intricacies of the so-called ‘Catalan problem’.

Translation: Julia Tena

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When did the Catalonian independence process begin?

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Celebración de la Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

By Pol Pareja

Although there isn’t a clear moment that marks the beginning of the Catalan independence movement, one of its most significant landmarks was the July 2010 protest over the Constitutional Court’s decision to strike down part of the 2006 autonomy statute, which gave the regional government greater powers and more financial autonomy.

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According to official figures, more than a million people participated in the protest under the slogan Som una Nació. Nosaltres decidim: We are a nation. We decide. The leader of the march was socialist José Montilla, then president of the Generalitat.

Another important milestone took place a year before. On September 2009, Catalonia’s first “independence consultation” vote took place in the town of Areyns de Munt (a town of 8.600 citizens). From September 2009 until April 2011, hundreds of Catalan towns (including Barcelona) organised similar consultations. In total, 833.599 Catalans participated in these referendums.

Some people believe that the Catalan independence movement was born after a protest on September 11, 2012. Under the slogan Catalunya, nou Estat d’Europa (Catalonia, new state of Europe), hundreds of thousands of Catalans went out in the streets to celebrate la Diada (Catalonia’s National Day) and ask for independence. This march took place nine days before Mariano Rajoy’s government rejected the application of a fiscal system in Catalonia that would have granted the region more autonomy; similar to the current fiscal system used in the Basque country and the government of Navarre.

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Who has supported the Catalan independence movement in the past?

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Retrato de Francesc Macià elaborado en Camagüey (Cuba).

By Pol Pareja

 

In 1918, Federació Nacionalista Catalana de Francesc Macià was the first party that overtly supported independence to win a seat in the Catalan parliament. The party won two seats in each of the elections between 1919 and 1923.

During this time, the Catalan nationalist vote was absorbed by a party that didn’t support independence: La Lliga Regionalista de Francesc Cambó. This faction won 14 seats in 1919 and 1920 and 20 seats in 1923.

During The Second Spanish Republic, Esquerra Republicana (ERC) was the hegemonic party in Catalonia. It easily won five elections between 1931 and 1936. Two of Catalonia’s presidents during this time, both from Esquerra Republicana, supported independence.

The first one was Francesc Macià. In April 1931, he proclaimed a “Catalan Republic within the Iberian Federation”, but was forced to settle for partial autonomy within the new Spanish Republic.

https://www.youtube.com/watch?v=sUu_7zqjBV8

 

Macià was succeeded by Lluís Companys. In October 1934, Companys took advantage of the tension derived from the worker’s revolution in Asturias to proclaim a “Catalan State within the Spanish Federal Republic”. The Government declared a state of war, Companys was imprisoned and the autonomic Government was suspended. However, Companys was re-elected as president of Catalonia in 1936 after the victory of the Frente Popular, a left-wing coalition that included Esquerra Republicana.

After Spain’s transition to democracy, support for independence has been mixed. Esquerra Republicana has oscillated between the five seats that it won in 1984 and the 23 that it obtained in 2003. In the 2012 elections, Esquerra Republicana and two other parties that support independence, CiU and CUP, obtained a total of 74 seats (68 seats are required for an absolute majority).

Parliament seats

Since June 2005, Spain’s Centre for Sociological Research (CIS) has polled Catalans several times on the issue of independence in Catalonia. In June 2005, 13.6% of those surveyed said they wanted “an independent state”. In March 2015, the last available survey, this number had increased to 39.1%. The most supportive moment for independence came in February 2013: 48.5% of those surveyed were in favour of an independent state.
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Why does a part of Catalonia want to be independent?

By Pol Pareja

Although there are many reasons why Catalans want to be independent, we can broadly categorize them into two main arguments.

The pragmatic argument is that Catalonia will be better off, both politically and economically, if it separates from Spain. The more sentimental reason people use to support independence is the belief that Catalonia is a nation that should be able to govern itself.


catalan government budget

One of the main economic arguments concerns Catalonia’s fiscal deficit, or the difference between the money it pays to Madrid and the money it gets back. In June 2015 the Catalan government said this deficit was 15 .000 million euros, while the central government said it was 8.455 million euros. Some people believe that without this deficit the government of Catalonia could have avoided some of the cuts it has had to implement over the last few years. They also believe that Catalonia has been discriminated against for political reasons when it comes to state funding (an example they use is the late arrival of the high speed train AVE to Barcelona).

Catalonia's expenditure

 

Other people argue that Catalonia should be independent because The Spanish Constitution of 1978 can’t allow more autonomy to Catalonia. According to the latest polls, 63% of Catalans believe that they have “an insufficient level of autonomy”. The Constitutional Court’s decision to strike down part of the 2006 autonomy statute has also been used as an example of why autonomy is no longer the answer.

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Catalan nationalists also defend independence as the best (or only way) to preserve the Catalan language in education. The deep political and institutional crisis that has engulfed Spain over the past years has also been used as a reason to “leave Spain” and “start all over again” in a “new country”.
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What is the right to decide?

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Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

By Pol Pareja

The “right to decide” is the expression that nationalists use to ask for a referendum over Catalonia’s independence. According to the polls, 74% of Catalans were in favour of holding a referendum in 2012.

The Spanish Constitution authorizes only the state to hold a referendum. In January 2014, the Spanish parliament rejected a proposal by Catalonia’s regional assembly to hold a referendum on independence. The parties that voted against the proposal were PP, PSOE, UPyD, UPN and Foro Asturias. The parties that voted in favour were CiU, PNV, ERC, ICV and Grupo Mixto.

The most prevalent criticism against holding a referendum is that “the right to decide” or the right to self-determination is not mentioned within the Spanish Constitution. However, nationalists claim that a referendum is supported by the vast majority of Catalans, and therefore it must be addressed in political terms. They also argue that the right to self-determination has been recognized as a human right by the UN.

The referendum of Scotland in 2014 and Quebec’s consultations in 1980 and 1995 are also used by nationalists as a reason to hold a referendum in Catalonia. This option was also not contemplated in the constitutions of these countries, but it was made possible after many political deals and, in the case of the United Kingdom, because there isn’t a written Constitution that can limit the actions of Parliament.

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After the referendum of 1995, in which the people of Quebec voted against sovereignty by a small margin, the Canadian Parliament passed the Clarity Act. This law allows any region of the country to separate if a clear majority of people are in favour of it. The document also states that a territorial division should be made between regions that want to stay in Canada and regions that want to be independent.

In the case of a referendum, the Canadian House of Commons has the last word in two key aspects: First, whether the question of the consultation is sufficiently clear, and second, whether a clear majority has been reached.
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What is “the third way”?

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By Albert Olaya

The “third way” is a series of political initiatives that grant more autonomy to Catalonia. This course of action was particularly popular after regional head Artur Mas was re-elected in 2012 and promised to hold a referendum on secession from Spain in 2014.

PSC and Unió Democrática came up with a number of proposals in line with this “third way”. PSC proposed to reform the Spanish Constitution and asked the state to agree on a sovereignty consultation and to grant more autonomy to Catalonia in areas such as health, language and education. Unió Democrática also asked the state to hold a referendum and to recognize Catalonia’s special status in the Spanish Constitution.

Catalan pro-independence forces have always been critical of this “third way”. They believe that a constitutional reform and an agreement with the State on a referendum is impossible, since both PP and PSOE would have to support it, as well as three fifths of the Senate and the House of Commons.  

So far the “third way” has had significant support in Catalonia. According to a 2013 El País poll, 40% of Catalans would be in favour of this option if a referendum took place. Although this alternative has been pushed aside in the forthcoming election, PSC is still in favour of this “third way”. A new proposal by the Socialists’ Party of Catalonia, backed by PSOE, asks for the recognition of Catalonia’s special status in the Spanish Constitution, giving up a sovereignty consultation.
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The election of September 27 is the third Catalan election in only five years. Why?

By Pol Pareja

Catalans have been called to the polls three times since the election of November 28, 2010. In the 2010 election CiU won 62 seats and put an end to seven years of tripartite formed by PSC , ERC and ICV . In their electoral program, CiU did not yet defend the independence of Catalonia. They asked for their own tax system and the “right to decide on the measures of self-government that the people of Catalonia demand and need.”

On September 2012, some 1.5m people participated in Catalonia’s annual independence rally in Barcelona. On September 20, Prime Minister Mariano Rajoy rebuffed Artur Mas’ request for greater fiscal independence, and Mas called early regional elections for November 25, 2012.

In this election CiU presented an electoral program arguing that Catalonia should have its own state, and promised to make a consultation “in accordance with the law” on whether Catalans wanted to separate from Spain. The early elections, however, did not benefit CiU, which went from 62 to 50 seats when their aim was to achieve an absolute majority. ERC absorbed the independents’ vote and went from 10 to 21 members of parliament. CiU has ruled in a minority ever since through a “stability pact “with ERC, which promised to support Mas as long as a consultation on independence took place in 2014.

After Congress’ refusal to allow a legal referendum in Catalonia, Mas decided to convene another election for September 27 2015, and described as a “plebiscitarian election”. The pro-independence movement (with the exception of the anti-capitalist CUP) has coalesced into a single list of candidates that includes candidates from CDC and ERC, as well as civil organizations that support independence, former members of other parties, and people that until now had not been involved in politics.
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Why have several historical Catalan parties broken up?

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By Íñigo Zulet

The sovereignty debate has caused friction in some of Catalonia’s oldest parties. The hardest hit have been CiU and PSC.

CiU

CiU was a federation created in 1978 and dissolved in June 2015, formed by the Democratic Convergence of Catalonia (CDC) and the Democratic Union of Catalonia (UDC). The different approach taken by the two parties regarding independence has ended up dissolving this coalition.

The crisis began in the sixteenth CDC conference, held in March 2012, when the party decided to include the achievement of a “home state” as a political objective. At first, UDC gave in to this demand and included the concept of “home state” in their 2012 electoral program. However, after the 2012 election UDC became increasingly uncomfortable with its partners’ discourse. In June 2015 UDC held an internal consultation, and the party base voted against adopting CDC’s political objectives and called instead for an agreed referendum with the state  on independence. In the end, the three counsellors that UDC had in Mas’ executive left and the federation broke down.

 

PSC

After the Constitutional Court in Madrid stroke down part of the 2006 autonomy statute in 2010, some critical voices within the PSC began to ask for independence. In 2012, as the debate over the right to choose intensified, tension within the party escalated. The first member to leave -in October 2012- was Ernest Maragall. Maragall then founded a new party, Nova Esquerra Catalana, a left wing project that clearly favoured independence.

The breakdown of PSC took place on January 16, 2014. That day, three of its members (Marina Geli, Nuria Ventura and Joan Ignasi Elena) broke party discipline and voted in favour of asking Congress to transfer powers to the Catalan Government in order to hold a referendum on independence. Six months later, Joan Ignasi Elena created a party called Avancem, a socialist party that favours independence. Another former member of PSC, Toni Montín, started the association Socialisme, Catalunya i Llibertat, (Socialism, Catalonia and Freedom), a platform that now supports the Junts pel Sí coalition.
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Why hasn’t there been a referendum yet?

By David López Frías

 

According to Article 149 of the Spanish Constitution, only the state can authorize a referendum.

The Constitution allows three types of referendum: consultative (article 92), in case of constitutional reform (articles 167 and 168), and to revise the autonomy statute (articles 151 and 152). A referendum over the independence of Catalonia would fall into the first category. However, the article specifies that “political decisions of special importance may be referred to a consultative referendum of all citizens”.

Therefore the Constitution does not contemplate the possibility of holding a consultation where only a limited number of people can participate.

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What is a “plebiscitarian election”?

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By David López Frías

A plebiscite is a referendum: the voter answers yes or no to a specific question. In an election, voters are required to vote for parties, candidates or programs. The second difference between an election and a plebiscite lies in the result: In referendums what counts are the votes, while in elections you count seats.

Artur Mas’ first proposal was to call for a referendum on Catalan independence. This referendum was allowed under a law that had been approved by the Catalan government called the “Consultation Act”. However Spain’s Constitutional Court ruled in February that both the law and the referendum were unconstitutional.

The Catalan president then decided to hold regional elections as if they were a plebiscite: depending on the party that voters give their vote to, they’ll be demonstrating their support or their rejection to Catalonia’s separation from Spain.

Spanish’s Election Law (LOREG) does not contemplate the possibility of a “plebiscitarian election”, since this concept does not exist in the Spanish legal system. Therefore the plebiscitarian aspect of this election is only interpretative.


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What can the Spanish state do to avoid Catalonia’s independence?

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By Íñigo Zulet

Once all diplomatic means are exhausted, the Spanish state has several ways to stop Catalonia from becoming independent. In an extreme scenario, the state could apply article 155 of the Spanish Constitution. This article allows the central Government to take over the regional Government’s capabilities, and could be applied if Catalonia does not fulfil ” its obligations under the Constitution” or acts in a manner that severely threatens “Spain’s general interests”.

The article states that the Government should first approach the Catalan president. Only if the President does not change his attitude can the Senate, if the proposal obtains an absolute majority, adopt the necessary means to force him to fulfil his obligations.

The state also has the option to declare a state of emergency, as contemplated under Article 116 of the Constitution and regulated by Organic Law 4/1981, which was passed after the coup d’etat of February 23, 1981. The law establishes that a state of emergency should only be applied when “the situation cannot be settled by any other means”.

Before reaching this scenario, the Government can resort to judicial or constitutional means, for example by challenging the election or by applying the Penal Code, which in its Title XXI regulates crimes against the Constitution, including rebellion.

The legislative branch can also reform the Constitutional Court. In fact, despite opposition from all other parties, the Popular Party Parliamentary Group has introduced a bill to reform the Constitutional Court in order to allow this body to fine and even suspend ruling officials who do not comply with its judgments and resolutions. This reform is being processed and is expected to pass Congress on September 29.
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What is the Catalan National Assembly?

By Albert Olaya

 

In 2009, a group of politicians led by Catalan architect Pere Pugès decided to create a citizen-based independence movement. The challenge was to unite the different factions that favoured independence but were historically divided by ideological and economic differences. After years of debate, the Catalan National Assembly (ANC) was finally born in April 2011.

On March 2012, the ANC held its constituent assembly at a rally at the Palau Sant Jordi in Barcelona. The Articles of Association were approved and their main political objective was established: to hold a referendum on independence by 2014. The entity then had about 300 regional assemblies and was supported by a number of well-known Catalan personalities.

In April 2012, the ANC appointed linguist and activist Carme Forcadell as president of the association. Under her leadership, this entity organised some of the largest demonstrations in the history of Catalonia, such as the “Catalunya nou Estat d’Europa” rally of 2012 and the “Concert for Freedom” at Camp Nou in June 2013.

The ANC has 34,000 affiliated supporters, more than 40,000 supporters who do not pay fees but cooperate with the entity voluntarily, and about 600 regional assemblies in Catalonia. It plays a key role as spokesman for the Catalan pro-independence movement.  Convergència and Esquerra Republicana don’t usually act without its approval.

Forcadell resigned as president on May 2015 and is now the number two candidate in the Junts pel Sí ticket for September 27.
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What is the Advisory Council for the National Transition (CATN)?

By Albert Olaya

The Advisory Council for the National Transition is a body that the Catalan government created in 2013 in order to advise the government on the best ways to achieve independence. It is presided by Carles Viver Pi-Sunyer, who used to be a justice at Spain’s Constitutional Court. The council has another 13 members, including well-known personalities such as Economic professor Germà Bel and journalist Pilar Rahola.

In 2014, CATN published a book outlining the steps the Government of Catalonia should follow to seize independence. This book explains how to hold a referendum on independence, how to internationalize the conflict, and which state structures should be created in order to prepare Catalonia for secession.

In order to coordinate and implement CATN‘s proposals before September 27, the Government created The Commissioner for National Transition on February 2015. The person in charge of this entity is also Carles Viver Pi-Sunyer. This second organ is suspended until the end of the year, since the Constitutional Court is currently processing the state’s claim that this council creates a conflict of jurisdiction.
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Who will be president after September 27?

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Artur Mas, Raül Romeva y Oriol Junqueras en un acto de Junts pel Sí. / JUNTS PEL SÍ

By Íñigo Zulet

All polls published so far predict that the Junts pel Sí (JxSí) coalition will win the election on September 27. Most polls, with the exception of El Punt Avui, predict that the pro-independence movement will win but won’t achieve an absolute majority.

 

average votes

These figures suggest two possible scenarios: The first possibility, although it is also the least likely, is that Artur Mas’ coalition will get an absolute majority of 68 MPs or more. In this context, Mas would repeat mandate without needing to reach any political deals. The second most likely scenario is that the Junts pel Sí coalition will need an agreement with the pro-independence CUP to govern, although this party has already stated that it will not support Mas’ candidacy.

Although it is likely that Mas will be the next president, electoral prospects are not the only thing that matters. Candidates are also important: Parties such as CUP or Sí que es Pot could reach an agreement with Junts pel Sí if Mas backed down and the leader of the electoral list, Raül Romeva, became the candidate for President of Catalonia.
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What will the pro-independence movement do next?

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By Albert Olaya

Junts pel Sí will launch the process of independence if it obtains an absolute majority in the Catalan parliament. There are two possible scenarios: Either the party obtains 68 MPs or more or it can reach an agreement with pro-independence CUP.

The first step on the route to independence would be to approve a statement in Parliament informing Spanish and international institutions that the independence process has begun. Junts pel Sí is planning to start negotiating the terms of independence with the Spanish government after the election. If the state refuses to negotiate, the independence coalition will declare unilateral independence. Catalan institutions would no longer recognize Spanish law, and the outcome would be unpredictable.

If the state recognizes the referendum, Catalonia would remain a part of Spain until the new government’s state structures are established and Catalonia has sufficient international support. This process could last several months. During that time, the Catalonian government would continue operating as always, and Catalan society would be asked to propose the basis for a new Constitution through a process of citizen participation, although the details of this process have not yet been explained.

Once the new state structures are ready, Parliament will proclaim Catalonia’s independence. When will this happen? According to Europa Press, Convergència Democrática and Esquerra Republicana have privately agreed that the process should take six to eight months, but neither party has made this public. Immediately after proclaiming independence, the Catalan Parliament would approve the “Legal transitory law” in order to avoid any legal loopholes, and the “Law of the constitutional process” in order to begin the process of drafting the new constitution.

After these two laws are approved, the Catalan government would call for a parliamentary election, which should take place 18 months after September 27. It is impossible to know which parties would stand in these elections, but if there were another pro-independence majority, Catalans would be asked to approve and ratify Catalonia’s new constitution.
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Can an independent Catalonia remain in the European Union?

By Juan Sanhermelando

No. An independent Catalonia would automatically be left out of the European Union and would have to request new membership in order to be readmitted. Catalonia’s admission into the European Union would have to be unanimously supported by all member states, which means that any of them, including Spain, could veto the procedure.

The European Union has been clear on this point: “If part of the territory of a Member State ceases to be part of that State to become a new independent state, the treaties would no longer apply in that territory. In other words, a new independent state would, by the fact of its independence, become a third country with respect to the EU, and the Treaties would no longer apply on its territory.”

This is the EU’s position, according to a statement by former president of the European Council Hermann Van Rompuy in 2013. Former president of the European Commission José Manuel Durão Barroso also expressed this same view to member of the European Parliament Ramon Tremosa.

The European Union treaties also state that the EU must “respect the essential functions of the States, as well as ensuring their territorial integrity.” That is the reason why Angela Merkel stated that respect for “territorial integrity” and “compliance with national and international law” were crucial when she was asked about Catalonia’s independence on September 1.

The former European Union’s legal services director goes even further and claims that a unilateral declaration of independence from Catalonia could never be recognized by any member state of the European Union.

However, pro-independence leaders such as Artur Mas have said that existing legislation does not cover Catalonia’s situation and therefore remain confident that European leaders will be “pragmatic” and allow Catalonia to remain in the European Union.
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Would an independent Catalonia keep the Euro as its currency?

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By David López Frías

The Euro is the currency used by 19 member states of the European Union.

There are two types of countries that do not belong to the European Union but still use the Euro as their official currency. The first group is composed by four micro nations: Andorra, Monaco, San Marino and The Vatican. The second group are the former Yugoslavian republics of Kosovo and Montenegro.

These four micro nations have a “monetary agreement” with the European Union. In 1999, Kosovo and Montenegro adopted a foreign currency, as ordered by the United Nations. This body’s aim was to keep these two countries away from Serbian economic influence.  In the beginning, they used the German mark, and after its disappearance they adopted the Euro. Nowadays both Kosovo and Montenegro use the Euro as their official currency, but they do not belong to the European Union and have to buy this currency through the mediation of commercial banks.

Each country has the power to unilaterally choose the official currency of its own territory. If Catalonia becomes independent, it could keep using the Euro, but it would use it as a foreign currency, and Catalonia wouldn’t have a say in European economic institutions.

Furthermore, Catalonia would be detached from the European Central Bank, and its financial institutions would not longer be part of the banking union.
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What does Catalonia need to be recognized as a member of the United Nations?

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By David López Frías

Catalonia would need the recommendation of nine of the 15 members of the Security Council in order to become a member of the United Nations. Any of the five permanent members (United States, Russia, France, China and the United Kingdom) could put an end to this process.

If Catalonia secures the support of the Security Council, the next step would be to ask for the General Assembly’s approval. In order to become a member, Catalonia would need the support of two thirds of this body. If the process fails, Catalonia can still request to become an observer state. This is the status Palestine has at the moment, and it would give Catalonia the right to participate in the General Assembly meetings -although Catalonia would not be able to vote or become a member of the Security Council.

Spain’s Foreign Ministry has produced a report ruling out this possibility. According to the document, “no constitution in the world considers the possibility of secession” and recalls that self-determination only applies to “people under colonial domination, annexation by conquest, foreign domination or occupation, or people oppressed by massive and flagrant human rights violations”.

Kosovo has been recognized as a state by more than a hundred countries. However, it has not secured the support of the two thirds of the General Assembly required to become a member of the United Nations. Some countries still maintain a hostile stance towards this new state due to its unilateral declaration of independence.

On the other side, South Sudan’s secession was agreed to by Sudan. Six months after its declaration of independence in July 2011, South Sudan gained international recognition and became a full member of the United Nations.
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If Catalonia became independent, what would the consequences for Spain be?

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By Rubén J. Lapetra

Markets do not like surprises. An independent Catalonia would generate an increased financial risk for Spain, since the state is the main creditor to Catalonia’s debt and its local entities through the Regional Liquidity Fund (€64.000 million in total).  

Indirect debt (the debt that corresponds to Catalonia for participating in the current administrative framework and its GDP economic weight), would add another €180,000 million.

Most investors agree: secession would increase investment risks. Prime risk would soar substantially as investors’ demands increase in a country that is about to change its laws and redefine its borders.

Without Catalonia, Spain would lose 20 percent of its economic power and also 16 percent of its current population –a crucial factor when it comes to member state representation in the EU. Secession, however, would have a lesser impact on Spain than on Catalonia because Spain is already part of all international institutions.  
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Where will Barça and Espanyol play if Catalonia achieves independence?

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By David López Frías

La Liga (LFP) is an association integrated by the 42 clubs that participate in the two Spanish professional divisions: 20 teams in First Division and 22 in Second Division. For the 2015-16 season, Catalonia will have five clubs: FC Barcelona, Espanyol, Girona, Llagostera and Gimnàstic de Tarragona.

Only LFP could expel one of its members. However, and even though the LFP has its own jurisdiction, the LFP is part of the Spanish Football Federation (RFEF), an independent institution whose responsibilities involve “controlling the official competitions statewide”.

The LFP cannot make unilateral decisions about which teams can partake in the Spanish league. The RFEF does not have the ability to expel the Catalan teams from the LFP, but it could ban them from competing in the Spanish tournament. Both institutions depend on the Consejo Superior de Deportes (CSD), the institution that would have the final decision on which clubs could participate in the Spanish leagues.

The LFP has talked about the risks Catalonia’s independence would cause. The LFP’s president, Javier Tebas, mentioned in a Spanish radio show “ that the problem is a legal issue” and that the Catalan teams wouldn’t be able to play in La Liga “because the Sports Act includes an additional provision which states that the only non-Spanish state that can participate in La Liga is Andorra”.

Thus, the Spanish Parliament would have to amend the law in order to allow the Catalan teams to continue playing football in the Spanish league. Otherwise, they would have to create their own league.

There is another option for these football clubs: another country could allow them to play in their league. There was speculation a few years ago about Catalan clubs joining the French league. UEFA, however, could hamper this scenario since they can ban clubs from participating in any European club competitions if the team switches federations or plays in a different country outside its own.

Barça and Espanyol are part of the RFEF, so if they switched to a different federation they would not be able to participate in the Champions League or the Europa League. According to Article 51 of the UEFA statutes, Catalonia would need UEFA’s authorization in order to play in these competitions, as well as Spain’s approval.

RFEF does not usually allow this change. There are very few exceptions: Andorra, (which is part of the Spanish league since before the Andorran Football Federation was founded), Swansea or Cardiff (which chose not to join the league of Wales when it was created in 1992) and Monaco (which does not have its own federation and is therefore part of France’s).

UEFA has not yet allowed football associations to integrate in order to unify leagues. This body stopped initiatives such as the integration of Scottish teams (Celtic and Rangers) in the English Premier League, the creation of an Atlantic championship with Dutch clubs, Belgian, Scottish and Scandinavians, or the reinstatement of the Soviet tournament with teams from Russia, Belarus and the Ukraine.
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Can Catalans retain their Spanish nationality in an independent Catalonia?

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By Íñigo Zulet

Most pro-independence forces such as CDC, ERC or ANC are in favour of dual nationality. The Constitution also states that “a Spanish person cannot be deprived of his or her nationality”. Therefore, it is likely that Catalans would retain their Spanish nationality in an independent Catalonia.

However, this does not necessarily mean that Catalans would have dual nationality. The Spanish Civil code establishes that in case of dual nationality the Spanish nationality should always prevail if law or international treaties do not recognize the second one.  In other words, if the state did not recognize Catalonia’s independence, Catalans could not use their Catalan nationality in Spain, or in any other countries that did not recognize the Catalan state. Catalans could only use their Spanish nationality when travelling to other countries.

If Catalonia became independent, there would be a number of choices: A dual nationality model (Catalan and Spanish), the subordination of one of the nationalities, or the free choice of each Catalan between the two of them.
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Would an independent Catalonia allow a consultation in the Val d’Aran?

By Íñigo Zulet

The Val d’Aran is a valley in the Pyrenees Mountains, in the northwestern part of the province of Lleida, Catalonia. It is part of Catalonia through a special self-government regime. The Catalonian independence movement has opened a debate among the Aranese about their future and their relationship with Catalonia and Spain. The Aranese people have stated that they want to hold their own referendum.

Catalonia’s president Artur Mas has already said that he will not forbid a consultation in the Val d’Aran. ERC has also stated that they are in favour of recognizing the right to self-determination of this territory.

The Val d’Aran has had a distinctive identity throughout history for a number of reasons. First, it is linguistically different from the rest of Spain: Catalan, Spanish and Aranese coexist as the main languages of the valley. The territory’s autonomy dates back to the Middle Ages, when in 1313 King James II of Aragon granted the valley with its own institutions and a number of special privileges. This special scheme was abolished in the early 19th century due to the centralizing policy of the State. In 1990, the autonomy of the Val d’Aran was restored and its historical rights were re-established.
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El problema catalán en 21 preguntas y respuestas

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Los catalanes están llamados a votar el 27 de septiembre en unas elecciones que marcarán el futuro de Cataluña. A continuación explicamos el problema catalán en 21 fichas que aspiran a resolver las dudas que plantea el proceso soberanista catalán.

Ilustraciones: Javier Muñoz

Los catalanes están llamados a votar el 27 de septiembre en unas elecciones que marcarán el futuro de Cataluña. A continuación explicamos el problema catalán en 21 fichas que aspiran a resolver las dudas que plantea el proceso soberanista catalán.

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¿Cuándo empezó el proceso de independencia de Cataluña?

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Celebración de la Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

por Pol Pareja

No hay un momento exacto para situar el inicio del proceso de independencia. Una opción es fijarlo en la manifestación de julio de 2010 en protesta por los recortes que el Tribunal Constitucional aplicó sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que los catalanes aprobaron en referéndum en 2006.

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A la marcha fueron más de un millón de personas según la Guardia Urbana de Barcelona y su lema fue Som una Nació. Nosaltres decidimSomos una Nación. Nosotros decidimos. En cabeza iba el socialista José Montilla, entonces president de la Generalitat.

Un año antes, en septiembre de 2009, se celebró la primera “consulta” sobre la independencia de Cataluña en el municipio de Arenys de Munt (8.600 habitantes). Desde esa fecha hasta abril de 2011 organizaron sus propias votaciones sobre la independencia cientos de municipios catalanes, incluido Barcelona. En total participaron 833.599 catalanes.

Otros consideran que el pistoletazo de salida del proceso fue la manifestación celebrada el 11 de septiembre de 2012. Bajo el lema Catalunya, nou Estat d’Europa (Cataluña, nuevo estado de Europa), cientos de miles de catalanes salieron a la calle para celebrar la Diada y reclamar la independencia. La manifestación se celebró nueve días antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy rechazara aplicar en Cataluña un nuevo sistema fiscal similar al concierto económico vasco y navarro.
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¿Cuál ha sido el apoyo histórico del independentismo en Cataluña?

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Retrato de Francesc Macià elaborado en Camagüey (Cuba).

por Pol Pareja

La primera vez que una formación abiertamente independentista obtuvo su primer escaño fue en 1918. Aquella formación fue la Federació Nacionalista Catalana de Francesc Macià. En cada una de las elecciones siguientes (1919, 1920 y 1923), el partido obtuvo dos escaños. Durante esa época el voto nacionalista catalán lo absorbía una formación no independentista: la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que obtuvo 14 escaños en 1919 y 1920 y 20 escaños en 1923.

Durante la II República, Esquerra Republicana (ERC) fue un partido hegemónico en Cataluña. Ganó holgadamente en Cataluña cinco elecciones entre 1931 y 1936. El dominio de ERC en las urnas permitió que durante la II República se sucedieran dos presidentes independentistas.

El primero fue Francesc Macià, que se adelantó unas horas a la proclamación de la II República: en abril de 1931 anunció la “República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica”. El Gobierno provisional republicano, no obstante, rebajó las pretensiones de Macià y ambas partes llegaron al acuerdo de restablecer la Generalitat.

https://www.youtube.com/watch?v=sUu_7zqjBV8

A Macià le sucedió en 1933 Lluís Companys, también de ERC. Companys proclamó el “Estado catalán dentro de la República Federal Española” en octubre de 1934, aprovechando la tensión derivada de la revolución obrera de Asturias. El Ejecutivo declaró el estado de guerra, Companys fue encarcelado y el Gobierno autónomo fue suspendido. En 1936, Companys asumió nuevamente el Gobierno de la Generalitat después de que se impusiera en las elecciones el Frente Popular, del que formaba parte ERC.

Con la llegada de la Transición, el apoyo a las fuerzas soberanistas ha ido variando a lo largo de las 10 elecciones autonómicas. ERC, tradicionalmente el único partido independentista, ha oscilado entre los cinco diputados que obtuvo en 1984 y los 23 que consiguió en 2003. En las elecciones de 2012, había otras dos fuerzas soberanistas, CiU y la CUP, que junto a Esquerra sumaron 74 diputados (la mayoría absoluta está en 68).

independencia_Cataluña

Desde junio de 2005, el Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS catalán) pregunta qué tipo de estado debería ser Cataluña. En junio de 2005, un 13,6% de los encuestados respondieron “un estado independiente”. En marzo de 2015, última encuesta disponible, esa cifra había aumentado hasta el 39,1%. El momento con más partidarios de la independencia, según esta encuesta, fue febrero de 2013: el 48,5% respondieron a favor de un estado independiente.
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¿Por qué una parte de Cataluña se quiere independizar?

por Pol Pareja

Hay tantos motivos para defender la independencia como tipos de soberanistas. Podrían resumirse en dos perfiles: los pragmáticos y los sentimentales. Los pragmáticos quieren la independencia porque creen que, económica o políticamente, será más beneficiosa para ellos. Los sentimentales suman a estos motivos la creencia de que Cataluña es una nación que debe gobernarse sin injerencias.

presupuesto total

Uno de los principales argumentos económicos es el déficit fiscal entre Cataluña y España. Es la diferencia entre lo que la comunidad autónoma aporta al Estado y lo que recibe. La Generalitat de Cataluña cifró en junio este déficit en 15.000 millones de euros mientras que el Gobierno central lo fijó entonces en 8.455 millones. Los soberanistas argumentan que sin este déficit la Generalitat podría haberse ahorrado los recortes de los últimos años: 7.700 millones entre 2009 y 2013 y 3.700 millones previstos entre 2014 y 2017. También creen que se ha discriminado a Cataluña por motivos políticos en algunas inversiones estatales que no se han llegado a hacer o que se han retrasado como la llegada del AVE a Barcelona, el Corredor Mediterráneo o la reforma del Aeropuerto del Prat.

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Otro argumento independentista es que la España autonómica de la Constitución de 1978 no acepta las demandas de más autogobierno para Cataluña. Según la última encuesta del CEO, un 63% de los catalanes cree que Cataluña tiene un nivel de autonomía “insuficiente”. El recorte que ejerció el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de 2006 se ha usado como ejemplo de que el autogobierno de los catalanes ya ha tocado techo.

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Los nacionalistas catalanes también defienden la independencia como la mejor (o la única) manera de que Cataluña pueda blindar sus competencias en materia de lengua y de educación para preservar el catalán. La crisis institucional española, con escándalos en casi todos los estamentos (desde la Corona hasta el Poder Judicial) también se ha usado como un motivo más para abandonar España y “empezar de cero” en “un país nuevo”.
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¿Qué es el derecho a decidir?

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Diada de 2014. / JUAN GARCÍA

por Pol Pareja

El “derecho a decidir” es la expresión que los nacionalistas usan para resumir la demanda de un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Según el CEO, el 74% de los catalanes eran partidarios de esta consulta en 2012.

La Constitución española atribuye sólo al Estado la competencia para convocar un referéndum. En enero de 2014 el Parlament aprobó una petición al Congreso para que le cediera la competencia para convocarlo. Pero esa solicitud fue rechazada por la Cámara Baja con 299 votos en contra y 47 a favor. Votaron en contra PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias. Los votos a favor fueron de CiU, PNV, ERC, ICV y el resto del Grupo Mixto.

La crítica más común es que el llamado “derecho a decidir” o el derecho a la autodeterminación no figura en la Constitución española ni en casi ninguna ley fundamental del mundo. Los independentistas defienden en cambio que es una demanda mayoritaria que debe abordarse en términos políticos y que el derecho a la autodeterminación está recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU.

Los soberanistas recuerdan los casos en los que una parte de un país ha votado sobre su independencia. Los principales ejemplos son el referéndum escocés del 18 de septiembre de 2014 o los celebrados en Quebec en 1980 y 1995. Estos referéndums tampoco estaban contemplados expresamente en la Constitución. Pero su celebración fue posible por los acuerdos políticos y en el caso del Reino Unido porque no existe una Constitución escrita que limite la acción del Parlamento. En Canadá se reguló el derecho a la secesión después de la votación de 1995, en la que el no se impuso al por el estrecho margen del 1,16%.

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El Parlamento canadiense aprobó entonces la llamada Ley de Claridad, que permite que una zona del país se separe de Canadá si en un referéndum con una “pregunta clara” hay una “mayoría clara” a favor de la secesión. También prevé la opción de que determinadas zonas quieran seguir formando parte de Canadá. En ese caso se debería prever una posible división del territorio entre zonas canadienses y zonas independientes.

La Cámara de los Comunes de Canadá tiene la última palabra en dos aspectos esenciales: decide si la pregunta del referéndum es suficientemente concreta y tiene la facultad de determinar qué entiende por “mayoría clara”. La ley no determina qué mayoría debe votar a favor de la secesión para iniciar los trámites de separación, pero sí establece que debe ser una mayoría reforzada, entendiendo que un 51% de los votos no es suficiente.
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¿Qué es (o qué era) la tercera vía?

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por Albert Olaya

Son una serie de iniciativas políticas para pedir más autonomía para Cataluña pero sin contemplar la secesión. El debate de la tercera vía cogió fuerza en 2012, cuando Artur Mas prometió una consulta soberanista y la posterior independencia de Cataluña.

PSC y Unió Democrática fueron los partidos que concretaron más sus propuestas. Los socialistas plantearon reformar la Constitución hacia una España federal, pactar una consulta soberanista con el Estado y lograr competencias exclusivas para Cataluña como Sanidad, Lengua o Educación. La propuesta de los democristianos, liderada por Duran i Lleida, consistía en un acuerdo bilateral entre el Estado y Cataluña para acordar una consulta, un pacto fiscal y el reconocimiento de la singularidad catalana añadiendo sólo algunos puntos en la Constitución.

Las fuerzas independentistas siempre han sido críticas con una posible tercera vía. Entienden que es inviable un acuerdo con el Gobierno español o una reforma de la Constitución para dar un encaje singular a Cataluña porque sería necesario el apoyo del PP y del PSOE, la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado y la aceptación del Rey.

Hasta ahora la tercera vía ha tenido un apoyo significativo en Cataluña. Según una encuesta en El País publicada en 2013, esta opción sería respaldada por el 40% de los catalanes en un referéndum soberanista. Aunque este debate se ha diluido por las elecciones del 27S, el PSC sigue apostando por una tercer vía. La nueva propuesta de los socialistas catalanes, respaldada también por el PSOE, es añadir la singularidad de Cataluña a la Constitución renunciando a la consulta soberanista.
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Las elecciones del 27S son las terceras desde 2010 ¿Por qué?

por Pol Pareja

A los catalanes se les ha llamado a las urnas tres veces desde las elecciones del 28 de noviembre de 2010. Entonces CiU obtuvo 62 escaños y puso punto y final a siete años del tripartito formado por PSC, ERC e ICV. En el programa electoral de esas elecciones, CiU todavía no defendía la independencia de Cataluña. Los nacionalistas apostaban por un sistema fiscal propio y por el “derecho a decidir para conseguir las cotas de autogobierno que el pueblo de Cataluña reclama y necesita”.

El 20 de septiembre de 2012, días después de la masiva manifestación independentista, Artur Mas se reunió con Mariano Rajoy para reclamar un régimen fiscal específico para Cataluña. Ante la negativa del presidente, Mas convocó elecciones anticipadas el 25 de noviembre de 2012.

CiU se presentó entonces con un programa que defendía que Cataluña tuviera un estado propio y se comprometió a realizar una consulta “de acuerdo con la legalidad” para preguntar a los catalanes si querían separarse de España. El adelanto electoral, sin embargo, no benefició a CiU, que pasó de 62 a 50 escaños cuando su objetivo era alcanzar la mayoría absoluta. ERC, en cambio, absorbió el voto soberanista y pasó de 10 a 21 diputados. CiU ha gobernado en minoría desde entonces gracias a un “pacto de estabilidad” con ERC, que se comprometió a apoyar a Mas siempre y cuando se convocara una consulta sobre la independencia durante 2014.

Ante la negativa del Congreso a permitir un referéndum legal en Cataluña, Mas decidió convocar otras elecciones para el 27 de septiembre de 2015 y las calificó como “plebiscitarias”. El proyecto soberanista (con la excepción de los anticapitalistas de la CUP) se ha aglutinado en torno a una lista única que reúne candidatos de CDC y ERC junto a miembros de las entidades civiles que han apoyado la independencia -ANC y Òmnium Cultural-, ex miembros de otros partidos y personas que hasta ahora no habían participado en política.
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¿Por qué se han fragmentado varios partidos históricos de Cataluña?

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por Íñigo Zulet

El debate soberanista ha abierto fracturas dentro de los partidos catalanes. Los más perjudicados han sido CiU y PSC.

La división de CiU

CiU fue una federación creada en 1978 y disuelta en junio de 2015. La formaban Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Unió Democràtica de Catalunya (UDC). La distinta postura que han tomado los dos partidos respecto a la independencia ha acabado dinamitando el proyecto y ha propiciado que en las elecciones del 27S cada uno vaya por libre.

La crisis empezó durante el XVI congreso de CDC, que se celebró en marzo de 2012. Los convergentes se fijaron como objetivo político la consecución de un “estado propio” para Cataluña. El partido ya no estaba en el catalanismo sino en el independentismo. Ahí comenzaron las discrepancias con Unió, partidaria de la confederación.

En un primer momento, Unió cedió respecto a Convergència y CiU incluyó el concepto de estado propio en el programa electoral de 2012, pero tras las elecciones de 2012, UDC se fue mostrando cada vez más incómoda con la deriva independentista de su socio. En junio de 2015, tras convocarse anticipadas para el 27-S, Unió celebró una consulta interna entre sus militantes para posicionarse sobre el plan soberanista de Artur Mas. Las bases del partido, por un margen muy estrecho, renunciaron a la hoja de ruta independentista de Convergència y avalaron la tesis de Josep Antoni Duran i Lleida, partidario de hacer un referéndum pactado con el Gobierno central. Al final los tres consejeros que Unió tenía en el Ejecutivo de Mas abandonaron y la federación se rompió.

El caso del PSC

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2010, empezaron a nacer sectores críticos dentro del PSC que pedían un giro del partido hacia el soberanismo. En 2012, con el debate en Cataluña sobre el derecho a decir, se acentuó la tensión entre los miembros de la formación. El primero en abandonar -en octubre de 2012- fue el entonces diputado Ernest Maragall, que integraba el ala catalanista de los socialistas y había criticado la línea moderada del líder del PSC, Pere Navarro. Maragall fundó entonces un nuevo partido, Nova Esquerra Catalana, un proyecto de izquierdas y claramente independentista.

La ruptura del PSC se escenificó el 16 de enero de 2014. Ese día, tres diputados socialistas (Marina Geli, Núria Ventura y Joan Ignasi Elena) rompieron la disciplina de voto del partido y votaron a favor de pedir al Congreso la transferencia de competencias para que la Generalitat pudiera convocar una consulta independentista. Seis meses después, Elena creó una escisión del PSC llamada Avancem, de ideología socialista y soberanista. Otro ex diputado de la formación, Toni Comín, impulsó la asociación Socialisme, Catalunya i Llibertat, plataforma que ahora apoya a la lista Junts pel Sí.
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¿Por qué no ha habido un referéndum de independencia en Cataluña?

por David López Frías

Según el artículo 149 de la Constitución española, autorizar un referéndum es una competencia exclusiva del Estado.

La Constitución contempla tres tipos de referéndum: el consultivo (artículo 92), el de la reforma constitucional (artículos 167 y 168) y el de la reforma del estatuto de autonomía (artículos 151 y 152). El caso de la consulta sobre la independencia de Cataluña estaría enmarcado dentro del primer grupo. Sin embargo, el artículo dice lo siguiente. “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.

La Constitución no contempla, por tanto, la posibilidad de preguntar sólo a un número limitado de electores salvo en el caso de la reforma de un estatuto de autonomía. 

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La última consulta vinculante celebrada en Cataluña fue la relativa a la aprobación del Estatuto de Autonomía el 10 de mayo de 2006.
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¿Qué son unas elecciones plebiscitarias?

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por David López Frías

A efectos electorales, un plebiscito es un referéndum: el elector responde no a una pregunta concreta. En unas elecciones, en cambio, se vota a partidos, programas o candidatos.

La segunda diferencia entre unas elecciones y un referéndum radica en la valoración del resultado: en el referéndum se cuentan votos y en las elecciones, escaños. La primera propuesta de Artur Mas fue la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El referéndum estaba contemplado en una Ley de Consultas aprobada por el propio Gobierno catalán. El Tribunal Constitucional tumbó ambas propuestas: la convocatoria de referéndum y la ley autonómica en la que se amparaba. El alto tribunal sentenció que quedaba fuera de la competencia autonómica formular consultas.

El presidente catalán optó entonces por la fórmula de convocar unas elecciones autonómicas (el único proceso que tiene potestad de convocar) y revestirlas de un carácter plebiscitario: en función del partido al que entregue su voto el elector, estará dando apoyo o no al proceso soberanista.

La Ley Electoral General (LOREG) de España no contempla la figura de unas elecciones plebiscitarias: no existe en el ordenamiento jurídico español. Esta fórmula es jurídicamente nula porque la LOREG afecta a Cataluña, que no dispone de una ley electoral propia.

El carácter plebiscitario de estos comicios sólo es una interpretación porque ni existe esa figura en España ni el decreto de convocatoria hace referencia expresa a que se trate de un plebiscito.
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¿Qué puede hacer el Estado para evitar la independencia de Cataluña?

estado vs indepe

por Íñigo Zulet

Una vez agotadas las vías de negociación, el Gobierno central dispone de distintos medios para frenar la independencia de Cataluña. En una situación límite, podría aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central asumir durante un tiempo el control del Gobierno autonómico. Este artículo se podría aplicar si Cataluña no cumpliera “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o si actuara de forma que atentara gravemente contra el “interés general de España”.

El artículo explica que el Gobierno debería apercibir primero al presidente catalán. Sólo si no cambiara de actitud, podría recurrir al Senado, que debería aprobar por mayoría absoluta las medidas necesarias para obligarle a cumplir a la fuerza sus obligaciones y proteger el interés general.

El Ejecutivo tendría otra opción: declarar los estados de alarma, excepción o sitio previstos en el artículo 116 de la Constitución y regulados por la ley orgánica 4/1981 que se aprobó después del golpe de Estado del 23-F. La ley establece que los estados de alarma, excepción o sitio sólo deben aplicarse cuando la situación “no pueda resolverse por otros medios”.

Antes de llegar a este escenario, el Gobierno podría recurrir por la vía judicial o constitucional en caso de que la Generalitat incumpliera la ley. Por ejemplo, podría impugnar las elecciones si se detectaran irregularidades o aplicar el Código Penal, que en su título XXI regula los delitos contra la Constitución, entre ellos el de rebelión.

Además de recurrir al Tribunal Constitucional, el poder legislativo también puede reformarlo. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular, con toda la oposición en contra, ha presentado una proposición de ley de reforma del TC para permitir a este órgano multar e incluso suspender a los funcionarios gobernantes que no cumplan sus sentencias y sus resoluciones. La reforma se está tramitando y está previsto que el Congreso la apruebe el 29 de septiembre.
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¿Qué es la Asamblea Nacional Catalana?

por Albert Olaya

Un grupo de políticos catalanes liderados por el arquitecto Pere Pugès ideó en 2009 un proyecto para formar un movimiento independentista de base ciudadana. El reto era unir a los sectores soberanistas enfrentados históricamente por diferencias ideológicas, sobre todo económicas. El debate se extendió durante meses hasta el nacimiento de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) el 30 de abril de 2011.

Durante el primer mandato de Artur Mas el 10 de marzo del 2012, la ANC celebró su asamblea constituyente en un acto multitudinario en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Se aprobaron los estatutos de la entidad y se puso como objetivo principal la celebración de un referéndum independentista para 2014. La entidad ya contaba entonces con cerca de 300 asambleas territoriales y con el apoyo de figuras catalanas como el cantautor Lluís Llach, el catedrático Ferran Requejo o el actor Joel Joan.

La ANC nombró presidenta en abril de 2012 a la lingüista y activista Carme Forcadell. Bajo su mandato, la entidad organizó algunas de las manifestaciones más grandes de la Historia de Cataluña: la marcha Catalunya nou Estat d’Europa de la Diada de 2012, el Concierto por la Libertad en el Camp Nou en junio de 2013, la Vía Catalana durante la Diada del mismo año o la V durante la Diada del 2014.

La ANC tiene más de 34.000 socios con su cuota al día, más de 40.000 colaboradores y simpatizantes que no pagan cuota pero colaboran con la entidad voluntariamente y cerca de 600 asambleas territoriales en Cataluña. La entidad tiene un papel clave como portavoz de la masa social catalana favorable a la independencia. Convergència y Esquerra Republicana no suelen dar pasos en el proceso sin su aprobación y de hecho la hoja de ruta secesionista pactada entre los dos partidos cuenta también con la firma de la entidad.

Forcadell dejó el cargo en mayo de 2015 en manos del profesor Jordi Sànchez. Forcadell es hoy la número dos de la lista unitaria para las elecciones del 27S.

Más información sobre la ANC: ‘Los guardianes del proceso’
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¿Qué es el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN)?

por Albert Olaya

Es un órgano del Departamento de Presidencia de la Generalitat que asesora al Gobierno catalán para lograr la independencia con las máximas garantías de éxito. El Ejecutivo de Artur Mas lo creó en 2013 y está presidido por Carles Viver Pi-Sunyer, jurista y ex magistrado del Tribunal Constitucional (1992-2001). El consejo tiene 13 miembros más: entre ellos, el catedrático en economía Germà Bel, el catedrático en derecho Ferran Requejo o la periodista y escritora Pilar Rahola.

El CATN publicó en 2014 el libro blanco de la independencia donde analiza los pasos que debería seguir la Generalitat para lograrla. Por ejemplo, cómo organizar un referéndum independentista, cómo internacionalizar el conflicto o qué “estructuras de Estado” se deberían crear en Cataluña para la secesión: una Hacienda, una administración tributaria, un poder judicial o el suministro de energía y agua.

Con el fin de coordinar e implementar las propuestas del CATN antes del 27S, la Generalitat creó en febrero de 2015 el Comisionado para la Transición Nacional. Su responsable es también Carles Viver Pi-Sunyer. Este segundo órgano está en suspensión cautelar hasta fin de año. El Tribunal Constitucional aceptó a trámite la petición del Gobierno español donde alegaba que el Comisionado constituye un conflicto de competencias.
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¿Quién será presidente después del 27-S?

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Artur Mas, Raül Romeva y Oriol Junqueras en un acto de Junts pel Sí. / JUNTS PEL SÍ

por Íñigo Zulet

Todos los sondeos acerca del resultado electoral del 27-S publicados hasta la fecha dan como vencedora a la lista de Artur Mas y Oriol Junqueras -Junts pel Sí (JxSí)-, si bien difieren en el número de escaños asignados. La mayoría de las encuestas, salvo la publicada por El Punt Avui, auguran que la candidatura independentista se impondría pero sin alcanzar la mayoría absoluta. 

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La demoscopia, por tanto, deja dos posibles escenarios. En el primero y menos probable, la lista de Artur Mas conseguiría la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña al obtener 68 diputados o más. En este contexto, Mas repetiría mandato sin la ayuda de otras fuerzas políticas. La segunda, más previsible y que también daría el gobierno a Junts pel Sí, sería la de un pacto entre esta lista y la CUP, aunque esta formación ya ha avisado que no investirá a Artur Mas. Sin embargo, aunque no le apoyara en una primera vuelta, la CUP podría abstenerse en segunda votación, momento en el que la lista de Más tan sólo necesitaría mayoría simple para formar gobierno.

Pese a que lo más probable es que Mas sea el próximo presidente, las perspectivas electorales no son lo único que se debe tener en cuenta. El candidato a quien se presta apoyo también importa: formaciones como la CUP o incluso Sí que es Pot podrían llegar a pactos con Junts pel Sí si su cabeza de lista, Raül Romeva, fuera el verdadero candidato y Mas diera un paso atrás. De hecho, la CUP se desmarcó de la lista unitaria porque incluía a políticos.
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¿Cuál es la hoja de ruta de los independentistas?

plan de ruta

por Albert Olaya

Junts pel Sí pondrá en marcha el proceso de independencia si obtiene una mayoría en el próximo Parlament. Hay dos escenarios posibles: que la lista obtenga 68 diputados o más (mayoría absoluta) o que reciba el apoyo parlamentario de la CUP, la otra lista independentista que se presenta.

El primer paso de la hoja de ruta será aprobar una declaración en el Parlamento que informaría a las instituciones españolas, europeas e internacionales de que arranca el proceso de independencia. Junts pel Sí contempla empezar a negociar los términos de la secesión con el Gobierno español. Según la lista, pasivos como la deuda pública española serían un factor clave para que España se aviniera a pactar la separación. Si el Estado bloqueara entonces el autogobierno de Cataluña, el plan de la candidatura pasa por declarar la independencia unilateral automáticamente. Las instituciones catalanas ya no reconocerían la legalidad española y el escenario sería impredecible.

Si el Estado se mantuviera al margen, Cataluña seguiría dentro de España hasta que el nuevo Gobierno independentista pusiera a punto las “estructuras de estado” y tuviera apoyos internacionales suficientes. Este proceso podría durar varios meses. Durante ese tiempo, la Generalitat seguiría gestionando las competencias autonómicas actuales y en paralelo la sociedad catalana sería la encargada de proponer las bases de la nueva Constitución mediante un proceso de participación ciudadana con un mecanismo que aún no se ha explicado.

Una vez que las “estructuras de estado” estuvieran listas, el Parlament proclamaría la independencia de Cataluña. ¿Cuándo sucedería esto? Según Europa Press, Convergència Democrática y Esquerra Republicana habrían pactado que la declaración podría tener lugar en los primeros seis y ocho meses de legislatura, pero la candidatura no lo aclara. Inmediatamente después de proclamar la independencia, el Parlamento aprobaría la “Ley de transitoriedad jurídica” para evitar vacíos legales y una “Ley del proceso constituyente” para redactar la Constitución catalana.

Si se llegara a este punto, el Gobierno catalán convocaría unas elecciones parlamentarias constituyentes, que deberían celebrarse 18 meses después del 27 de septiembre. Es decir, antes de marzo de 2017. Es imposible saber qué partidos se presentarían a esas elecciones. Pero si volviera a haber una mayoría independentista, el último paso que contempla la candidatura es aprobar el texto final de la Constitución y organizar un referéndum para ratificarla.
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¿Podrá seguir Cataluña en la UE si se independiza?

por Juan Sanhermelando

No. Cataluña quedará automáticamente fuera de la UE si se independiza y tendrá que solicitar la adhesión si quiere volver al club comunitario. El ingreso de Cataluña tendría que ser respaldado por unanimidad por los estados miembros, lo que significa que cualquiera de ellos, incluido España, podría vetarlo.

Esta es la respuesta invariable que han dado los diferentes líderes de las instituciones de la UE desde que se inicio el proceso independentista y que también se aplicó al caso de Escocia durante el referéndum del año pasado: “Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los tratados ya no serían aplicables en dicho territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los tratados dejarían de ser aplicables en su territorio”.

Esa posición se puede encontrar en este comunicado publicado en 2013 por el ex presidente del Consejo Europeo Hermann Van Rompuy. También en esta respuesta del ex presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso al eurodiputado convergente Ramón Tremosa.

Además, los tratados establecen que la UE “respetará las funciones esenciales del Estado, sobre todo las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial” (artículo 4, apartado 2 del Tratado de la UE). De ahí que Angela Merkel pidiera el pasado 1 de septiembre, al ser preguntada por el proceso independentista en Cataluña, respeto a la “integridad territorial” y a la “legalidad nacional e internacional”.

El ex director de los servicios jurídicos de la UE va un paso más allá y sostiene que una declaración unilateral de independencia de Cataluña no podría ser reconocida nunca por ningún estado miembro al no respetar este principio. 

Sin embargo, los líderes independentistas, empezando por Artur Mas, alegan que casos como el de Cataluña no están previstos en los tratados y sostienen que los dirigentes europeos actuarán con pragmatismo y dejarán que los catalanes sigan en la UE después de la independencia porque ya cumplen todos los requisitos y tienen derechos de ciudadanía comunitaria adquiridos.
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Una Cataluña independiente, ¿quedaría fuera del euro?

euro

por David López Frías

El euro es la moneda utilizada por 19 países miembros de la Unión Europea.

Hay dos grupos de países que utilizan el euro como moneda oficial sin formar parte de la Eurozona. El primer grupo es el conformado por cuatro micronaciones: Andorra, Mónaco, San Marino y El Vaticano. El segundo es el de las ex repúblicas yugoslavas de Kosovo y Montenegro.

Las micronaciones tienen “un acuerdo monetario con la UE”. Kosovo y Montenegro adoptaron en 1999 una moneda extranjera por mandato de la administración de Naciones Unidas. La intención era alejar a estos dos países de la influencia económica serbia. Al principio usaron el marco alemán y con su desaparición adoptaron el euro. Hoy tanto Kosovo como Montenegro usan el euro de facto pero no forman parte de la UE y se ven obligados a comprar la moneda por mediación de bancos comerciales.

Cada país tiene la potestad de elegir de forma unilateral cuál es la moneda oficial de su territorio. Si Cataluña se independiza, podría seguir usando el euro de forma oficial pero como moneda extranjera y sin ningún poder de decisión en los estamentos económicos europeos.

Por otra parte, Cataluña quedaría desvinculada del Banco Central Europeo, por lo que sus entidades financieras no estarían dentro de la unión bancaria. Eso supondría quedar fuera de las líneas de crédito, de las ayudas y de posibles rescates como el de Grecia.
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¿Qué necesita Cataluña para ser reconocida como país en la ONU?

catalunya reconocida

por David López Frías

Para ser miembro de la ONU, Cataluña necesitaría en primer lugar que nueve de los 15 miembros del Consejo de Seguridad recomendaran su admisión. El veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, Francia, China y Reino Unido) frenaría esa recomendación.

Si Cataluña lograra la aprobación del Consejo de Seguridad, el siguiente paso consistiría en solicitar la aprobación de dos tercios de la Asamblea General de la ONU, que se compone de 193 miembros. Si no la lograra, podría solicitar su admisión como estado observador. Es el estatus que tiene ahora Palestina y le daría derecho a participar en las sesiones de la Asamblea General pero no a votar ni a ser miembro del Consejo de Seguridad.

El Ministerio de Exteriores de España ha elaborado un informe en el que descarta incluso esa posibilidad. Dice que “en ninguna constitución del mundo se contempla la posibilidad de secesión de un territorio” y recuerda que los supuestos para declarar la autodeterminación de un estado sólo se aplican “a los pueblos sometidos a dominación colonial, anexión por conquista, dominación extranjera u ocupación y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos”.

Existen casos de estados que han sido reconocidos por más de cien países pero que no pueden ser miembros de la ONU. En esa situación se encuentra Kosovo, que no ha alcanzado el reconocimiento de estos dos tercios de la Asamblea General. Algunos países aún mantienen una posición hostil hacia este nuevo estado por su declaración de independencia unilateral.

El caso opuesto es el de Sudán del Sur. Su separación de Sudán fue pactada, por lo que no ha encontrado problemas para ser reconocido por la comunidad internacional. Seis meses después de su declaración de independencia en julio de 2011, ya era miembro de pleno derecho en la ONU.
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¿Qué consecuencias tendría para España una Cataluña independiente?

espana sin 2

por Rubén J. Lapetra

A los mercados no les gustan los procesos inesperados. Una hipotética independencia de Cataluña generaría un incremento del riesgo financiero para España porque el Estado es el principal acreedor de la deuda de la Generalitat y de los entes locales catalanes a través del Fondo de Liquidez Autonómica (64.000 millones de euros).

La deuda indirecta, la que correspondería a Cataluña por su participación en el actual marco estatal y por su peso económico en el PIB, sumaría otros 180.000 millones.

La mayoría de los inversores están de acuerdo: una secesión haría aumentar los riesgos para la inversión. La prima de riesgo subiría de forma sustancial porque se dispararían las exigencias de los inversores para invertir en un país cuyas fronteras y cuyas leyes están a punto de cambiar.

Sin Cataluña, España perdería una quinta parte de su peso económico (20%) y un 16% en población: un factor esencial en la representatividad de los estados en la Unión Europea. La secesión catalana tendría menos consecuencias para España porque forma parte como socio de pleno derecho de todas las instituciones internacionales.
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¿Dónde jugarían el Barça y el Espanyol?

fc barcelona liga

por David López Frías

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) es una asociación integrada por los 42 clubes de fútbol que participan en las competiciones profesionales españolas: 20 de Primera División y 22 de Segunda División A. En la temporada 2015-16, Cataluña contará con cinco miembros: Barça, Espanyol, Girona, Llagostera y Gimnàstic de Tarragona.

Sólo la propia LFP podría expulsar a alguno de sus miembros. Sin embargo, y aunque posee personalidad jurídica propia, la LFP forma parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que es un organismo independiente cuyas competencias consisten en “controlar las competiciones oficiales de ámbito estatal”, según dicen sus estatutos. Ambas entidades se coordinan para organizar el Campeonato Nacional de Liga. La RFEF, por ejemplo, es la que se encarga de la designación de los árbitros.

La LFP no podría tomar decisiones de forma unilateral con respecto a los equipos que pueden jugar la liga española. La RFEF, por su parte, no podría expulsar a los equipos catalanes de la LFP, pero sí podría vetarlos y oponerse a que disputaran el campeonato español. Ambas instituciones dependen del Consejo Superior de Deportes (CSD), que sería el estamento que tendría la última palabra con respecto a los clubes que podrían jugar la competición nacional.

La propia LFP ha advertido de los riesgos que conlleva una hipotética independencia. Su presidente, Javier Tebas, declaró al programa “Al primer toque” de Onda Cero que el problema reside en una cuestión de legalidad y que los equipos catalanes no podrían jugar la Liga porque: “la Ley del Deporte recoge en una disposición adicional que solamente hay un estado no español que puede jugar la Liga o competiciones oficiales españolas y es Andorra”.

Así, para que los equipos catalanes de fútbol pudiesen disputar la Liga, el Parlamento español debería modificar la ley. En caso contrario, los equipos catalanes deberían crear su propia liga.

Existe otra opción para los clubes de Cataluña: que otro país les permita jugar en su campeonato. Se especuló hace unos años con que podrían unirse a la Liga francesa. Aquí la traba sería la UEFA, que no autoriza que ningún club dispute competiciones europeas si cambia de federación o juega en otro país distinto al suyo.

Barça y Espanyol forman parte de la RFEF, por lo que un cambio de federación les condenaría a no disputar la Liga de Campeones ni la Europa League. Según el artículo 51 del estatuto de la UEFA, para permitirles jugar dichas competiciones se requeriría la autorización de la propia UEFA, así como el acuerdo de las dos federaciones: la catalana y la española. Esto significa que la RFEF tendría derecho de veto. Existen muy pocas excepciones, y en todos los casos se trata de clubes con derechos históricos adquiridos: Andorra, (que está en la liga española desde antes de que se fundase la Federació d’Andorra), el Swansea o el Cardiff (que decidieron no unirse a la liga de Gales cuando se creó en 1992) o el Mónaco (que no tiene federación propia y forma parte de la francesa).

La UEFA tampoco ha permitido hasta ahora que las federaciones de fútbol se asocien con otras para unificar ligas. El máximo organismo del fútbol continental ya frenó iniciativas como la integración de los equipos escoceses (Celtic y Rangers) en la Premier League inglesa, la creación de un campeonato atlántico con clubes holandeses, belgas, escoceses y escandinavos o la recuperación del torneo soviético con equipos rusos, bielorrusos y ucranianos.
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En una Cataluña independiente, ¿un catalán conservaría la nacionalidad española?

nacionalidad doble

por Íñigo Zulet

La mayoría de las fuerzas independentistas como CDC, ERC o la ANC se decantan por la fórmula de la doble nacionalidad y la Constitución dice que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. Por lo tanto lo más probable es que en una Cataluña independiente los catalanes pudieran conservar la nacionalidad española.

Pero eso no implica que tuvieran estrictamente doble nacionalidad: la catalana y la española. El Código Civil establece que prevalecerá siempre la española si se ostenta otra nacionalidad no prevista en la ley vigente o en los tratados internacionales. Es decir, que mientras el Estado no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes no podrían usar la nacionalidad catalana en España ni en los demás países que tampoco reconocieran al nuevo estado catalán. A los catalanes sólo les valdría la nacionalidad española para moverse por otros países.

En una hipotética independencia de Cataluña se abrirían varias posibilidades sobre la nacionalidad de los catalanes: un modelo de doble nacionalidad (catalana y española), la subordinación de una de las nacionalidades o la elección libre de cada catalán entre las dos.
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¿Permitiría una Cataluña independiente una consulta en Arán?

por Íñigo Zulet

El Valle de Arán es una comarca pirenaica de Lérida y forma parte de Cataluña bajo un régimen de autogobierno especial. El proceso independentista catalán ha abierto un debate entre los araneses sobre su futuro y su relación con respecto a España y Cataluña. Entre las reivindicaciones nacionalistas del pueblo aranés está convocar un referéndum propio.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya reconoció que no impediría una consulta si el valle decidiera impulsarla para decidir su futuro en Cataluña. Por su parte, ERC también se muestra partidario de reconocer el derecho a la autodeterminación del territorio de Arán.

Arán ha tenido una identidad particular a lo largo de la Historia por varios motivos. En primer lugar, goza de una singularidad lingüística porque en el valle conviven el castellano, el catalán y el aranés, un dialecto occitano. La autonomía del territorio se remonta a la Edad Media, cuando en 1313 el rey Jaime II de Aragón concedió al valle instituciones propias y un conjunto de privilegios forales denominados Era Querimònia a cambio del pago de un tributo. Ese régimen especial se suprimió a principios del siglo XIX a raíz de la política centralizadora del Estado. Después de varios intentos, la autonomía aranesa se restauró en 1990 con la Ley 16/1990, que restableció parte de los derechos históricos del Valle de Arán.
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¿Castigar o no la prostitución? 4 razones en contra y 4 a favor

prostitucion

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado una pregunta casi tan vieja como el oficio más antiguo del mundo. ¿Es la prostitución un crimen que debería ser penalizado?

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha planteado una pregunta casi tan vieja como el oficio más antiguo del mundo. ¿Es la prostitución un delito que debería ser penalizado?

El comité directivo de Amnistía ha aprobado este martes adoptar la despenalización de la prostitución como su postura oficial. Durante las últimas semanas esta propuesta ha suscitado una batalla de declaraciones por parte de numerosas organizaciones, trabajadores sexuales y hasta celebridades cómo Emma Thompson o Meryl Streep.

Para elaborar este documento, Amnistía ha entrevistado a trabajadores sexuales de cinco países y se ampara en investigaciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Su conclusión es que criminalizar el trabajo sexual aumenta la probabilidad de discriminación, acoso y violencia de las personas que se dedican a estas actividades. Por lo tanto, a partir de ahora Amnistía defenderá formalmente descriminalizar la prostitución, siempre que sea entre adultos y consentida.

EL ESPAÑOL ha hablado con organizaciones y plataformas activas en el debate, que defienden desde considerar la prostitución un crimen bajo cualquier circunstancia hasta despenalizar la actividad de todos los participantes de la industria del sexo, incluyendo clientes y proxenetas.

4 argumentos en contra de castigar la prostitución

Descriminalizar la industria del sexo protege a los trabajadores sexuales

Más de 800 personas, entre las que se incluyen numerosos trabajadores sexuales, académicos y miembros de instituciones de derechos humanos han firmado una carta iniciada por el Comité Internacional sobre los derechos de los trabajadores sexuales en Europa (ICRSE) apoyando la iniciativa de Amnistía “de proteger a los trabajadores sexuales de la violencia y discriminación”.

La organización Red Global de proyectos de trabajadores sexuales (NSWP) también ha comenzado una petición en Change.org a favor de la despenalización de la prostitución, firmada por 10.073 personas.

El coordinador del ICRSE y trabajador sexual desde hace diez años Luca Stevenson afirma que descriminalizar el trabajo sexual sería beneficioso para los trabajadores sexuales. “El trabajo sexual no es violento de por naturaleza, pero existe mucha violencia en la industria”, asegura. Para Stevenson, “el gran nivel de violencia y abuso es culpa de la criminalización del negocio del sexo y del estigma que tiene”.

Pye Jackobsson es la presidenta de NSWP, vive en Suecia y es una trabajadora sexual desde hace 27 años. “La única mala experiencia que he tenido en la industria del sexo fue hace muchos años en Grecia (antes de que Grecia legalizase la prostitución)”, afirma. “Me contrataron para un trabajo de diez días en un club, y los dueños me encerraron en un apartamento que había encima del local. Si el trabajo sexual fuese reconocido como cualquier otra profesión habría podido ir a la Policía y hubiese habido una respuesta legal. Como la prostitución era un crimen, no dije nada”.

Criminalizar a los clientes no es suficiente

El conocido como modelo nórdico, aplicado con matices en Suecia, Noruega, Islandia, Canadá e Irlanda del Norte, es considerado por muchos cómo el mejor para regular la prostitución, ya que criminaliza a clientes y terceras personas que participan en la industria del sexo, como burdeles y proxenetas, pero no a los que la ejercen.

Sin embargo coordinador de ICRSE Luca Stevenson afirma que cuando ser cliente es un crimen hay menos demanda, por lo que los trabajadores sexuales tienen que trabajar más horas y en condiciones menos seguras. “Criminalizar la fuente de ingresos hace más probable la violencia”, concluye.

Pye Jackobsson también está en contra del modelo nórdico. “Yo soy de Suecia, y puedo decirte que este modelo no funciona. La Policía vigila los apartamentos de los trabajadores sexuales y muchas veces no hace distinción entre el que compra y el que vende el sexo. Los trabajadores sexuales no confían en los agentes y no acuden a ellos si están en peligro”, asegura.

Un recurso contra el tráfico sexual

Luca Stevenson considera que de todos los países que ha legalizado la prostitución, Nueva Zelanda es el único que realmente ha descriminalizado la industria del sexo. “En Nueva Zelanda no existen pruebas concluyentes de que haya aumentado el tráfico de personas”, declara Luca Stevenson. “En Noruega se ha alcanzado un número récord de víctimas de tráfico en los últimos años, pero en este país los clientes son criminalizados, lo que puede reforzar la explotación de los trabajadores sexuales ya que siguen teniendo que esconderse”.

El coordinador de ICRSE añade que en aquellos países donde la prostitución es legal (Alemania, Países Bajos) es más fácil identificar el número de trabajadores sexuales que están siendo explotadas, lo que puede crear la ilusión de que el tráfico ha aumentado.

La prostitución: un trabajo como cualquier otro

Jacobsson afirma que ella ejerce como trabajadora sexual porque quiere. “Respeto las experiencias de todo el mundo y entiendo que hay trabajadores sexuales que no han tenido buenas experiencias. Sin embargo, hay muchas personas que piensan que la prostitución debería ser un crimen desde un punto de vista ideológico. Yo te estoy hablando de mi vida. Ellos piensan que saben que es lo mejor para nosotros, pero eso es condescendiente y ofensivo”.

Stevenson cree que “el trabajo sexual suele estar relacionado con la pobreza, la desigualdad y la opresión, por lo que minorías, inmigrantes y mujeres forman la mayor parte de los trabajadores sexuales.”. Pero eso no significa que estas personas no tengan capacidad de decisión, añade el coordinador.

4 argumentos a favor de castigar la prostitución

 La industria del sexo es violenta por naturaleza

En las últimas semanas, más de 400 personas de distintas organizaciones feministas y de derechos humanos han firmado una carta de la organización Coalición contra el tráfico de mujeres (CATW en inglés) en la que piden que Amnistía no adopte una política que “se posiciona a favor de los compradores de sexo, proxenetas y otros explotadores en vez de con los explotados”. El texto ha sido apoyado por actrices como Meryl Streep, Emma Thompson y Anne Hathaway.

La institución también ha iniciado una petición de Change.org en contra de la descriminalización del negocio del sexo, que en el momento de publicar este artículo ya tiene 8.769 firmantes.

Taina Bien-Aime, directora ejecutiva de CATW, afirma que el sexo a cambio de dinero siempre es un acto de violencia, aun cuando es consensual.

“La industria del sexo es causa y consecuencia de la desigualdad de género”, afirma Bien-Aime. “No todas las mujeres que participan están siendo explotadas, pero la prostitución siempre es violenta y discriminatoria de por sí. Este negocio significa que un hombre tiene el derecho a comprar un acto sexual, y realizar sus fantasías más oscuras con otro ser humano. Mientras una mujer pueda ser comprada por un servicio sexual nunca habrá verdadera igualdad”.

Asunción Miura, la representante de CATW en España, considera que ejercer la prostitución genera muchos efectos secundarios, como por ejemplo el daño psicológico. “La mujer que participa en este negocio es una víctima”, defiende.

Castigar, pero al cliente

Según la directora de CATW el modelo nórdico es el único posible para regular la prostitución, ya que el que mejor protege las mujeres que venden su cuerpo. “Los resultados en los países donde se ha aplicado este modelo (por ejemplo en Suecia) han sido muy positivos”, afirma.

Taina Bien-Aime añade que “los seres humanos que se compran y venden en el comercio sexual, que son en su mayoría mujeres, no deben ser criminalizados”. Sin embargo, CATW está a favor de castigar a clientes, burdeles y proxenetas. “La responsabilidad penal la tienen los explotadores, no los explotados”, asegura.

Luchando contra la prostitución se lucha contra la trata

Asunción Miura declara que “hay trata porque hay prostitución”. “La trata es la globalización de la prostitución”, dice. “Tienen las mismas raíces, y las razones por las que existen los dos fenómenos son los mismos”.

“Amnistía dice que la prostitución y el tráfico sexual son fenómenos distintos, pero están unidos intrínsecamente”, explica la directora ejecutiva de CATW. “Es imposible evitar el tráfico sexual sin abordar el mercado del sexo comercial”.

Taina Bien-Aime asegura que la legalización de la prostitución tiene efectos catastróficos. “El crecimiento legal de burdeles en Alemania ha provocado un aumento en el tráfico sexual. También en los Países Bajos”, afirma.

Una realidad basada en eufemismos

La directora de CATW se niega a usar el término “trabajador sexual” para referirse a las personas que ejercen la prostitución. “Nosotros preferimos llamarlas ‘mujeres en prostitución’”, explica. “El término ‘trabajador sexual’ es un invento de la industria del sexo para ocultar el daño que hace e intentar compararlo con cualquier otro trabajo normal”.

Bein-Aime se basa en datos de SPACE International, una organización que representa a “supervivientes de la industria del sexo”, para afirmar que la mayor parte de mujeres en prostitución son objeto de violencia física y mental.

Asunción Miura afirma que “nadie ejerce la prostitución porque quiere”.

“La prostitución no es una opción si no hay ninguna otra opción”, dice Ben-Aime. “El consentimiento no legitima la industria del sexo”.

 

Foto: Flickr/Surlzar

Ángela González, 12 años pidiendo justicia… sin suerte

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En enero de 2014 la ONU condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género. El organismo considera que se cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González (en la foto), un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre.  Este lunes Women’s Link ha recibido de Justicia la desestimación de un recurso de revisión en el que argumenta que no otorgarán a Ángela ninguna indemnización ni reparación económica. 

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Imagen de Ángela González.

El sistema de justicia español le falló a Ángela. Así lo afirma el grupo internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que llevó su caso a las Naciones Unidas. Esta organización (y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas) consideran que el Estado español cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González, un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre, quien luego se suicidó.

Ángela estuvo litigando durante ocho años para conseguir que el Gobierno admitiese su parte de responsabilidad en el crimen. Sin embargo, ningún tribunal español quiso reconocer que el asesinato de Andrea había sido evitable. En 2011, Ángela contactó con Women’s Link Worldwide y la organización de derechos humanos denunció a España ante las Naciones Unidas. En una decisión sin precedentes, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género en agosto de 2014. El comité también solicitó que España implementase acciones proactivas que evitasen que el caso de Ángela pudiese suceder otra vez.

Sin embargo, lo que parecía una victoria tras once años de largas litigaciones ha resultado ser otra desilusión para el equipo de Ángela González. Gema Fernández, la abogada de Women’s Link Worldwide que llevó el caso de Ángela a los tribunales internacionales, afirma en una entrevista para EL ESPAÑOL que en el informe que España ha enviado al comité de la ONU en enero de este año no se cumplen ninguna de las recomendaciones solicitadas por el organismo internacional. Women’s Link ha mandado su propio informe al comité de las Naciones Unidas en las que denuncia esta falta del cumplimiento por parte del Estado español.

“El Gobierno se niega a reconocer a Ángela como una víctima de violación de derechos humanos y no admite su responsabilidad por el grave daño que le ocasionó”, declara la abogada de Ángela. “Tampoco admite que exista un problema estructural en cómo el ordenamiento jurídico español trata el tema de la violencia de género”.

La abogada afirma que en cuestiones de violencia de género España tiene mucho que mejorar. Según el boletín estadístico anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre violencia de género, 53 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2014. De estas 53 mujeres, 17 (el 32%) habían presentado una denuncia por delitos de violencia de género, pero sólo cuatro estaban siendo protegidas cuando fueron asesinadas.

mayoria de las victimas

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) define “orden de protección” cómo una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena la protección de la víctima mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias. Según datos del CPGJ, las órdenes de protección sobre el total de solicitadas han pasado del 72.7% en el primer trimestre de 2009 al 57% en el mismo periodo del año 2015, lo que supone una reducción de 15 puntos.

ordenes de proteccion

La abogada de Women’s Link afirma que un grave fallo estructural en el sistema español es el régimen de visitas cómo en el que Andrea fue asesinada por su padre. Esta medida deriva de una orden de protección u otras medidas cautelares de seguridad y protección. Los datos del CGPJ muestran que el régimen de visitas a hijos de acusados por violencia de género se suspendió tan solo en el 3% de los casos en casi todos los años entre 2007 y 2015 (con la excepción de 2008).

suspension visitas

“En España tenemos el concepto estereotipado de que la violencia es un asunto privado”, dice Gema Fernández. “Todavía conservamos el mito de que una persona puede ser un maltratador y un buen padre, y consideramos que el derecho de un padre a estar con su hijo (o hija) es sacrosanto. Además, no se toman suficientemente en cuenta las opiniones de los hijos. Estos estereotipos influyen en la decisión de los jueces a la hora de suspender el régimen de visitas a los maltratadores y por eso se suspenden tan poco”.

En sus recomendaciones, la ONU pidió que el Estado español tomase medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia fueran tenidos en cuenta en el momento de otorgar derechos de custodia y de visitas. Sin embargo, el Gobierno ha hecho todo lo contrario, afirma Women’s Link. En su comunicado a las Naciones Unidas, esta organización afirma que las medidas adoptadas por el Estado no son suficientes para proteger a las mujeres y a sus hijos.

“No hay ninguna legislación en este momento que cambie este régimen de visitas. De hecho, algunas de las leyes que el Gobierno quiere desarrollar se posicionan totalmente en contra de los consejos del Comité”, dice Fernández. La abogada se refiere al Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental, un proyecto que según denuncia Women’s Link está en contra de las solicitudes que hizo la ONU “al permitir que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de género cuando la autoridad judicial lo considere conveniente para el niño o la niña”.

El Comité de Naciones Unidas también solicitó que el Estado español proporcione formación obligatoria al poder judicial y al personal administrativo para luchar contra los estereotipos de género. Women’s Link afirma en su informe “que el Estado no aporta información sobre cómo va a proporcionar formación obligatoria a jueces y juezas y al personal administrativo”, y que en la formación proporcionada por el estado en su nota no aborda los estereotipos de género. La organización de derechos humanos añade que ahora mismo la formación a jueces y a personal administrativo no es obligatoria ni continua, no se encuentra sujeta a evaluación, cuenta con muy pocas horas lectivas y se brinda a un número muy reducido del personal de la judicatura.

Estado Al Comité CEDAW-Caso Ángela González

En un escrito publicado este marzo, Ángela González escribe: “Los asesinatos por violencia de género siguen siendo invisibles, se olvidan rápido”. Su abogada de Women’s Link afirma que el Estado no informó ni a Ángela ni a Women’s Link sobre las medidas que dice haber adoptado para cumplir las solicitudes de la ONU.

Este lunes 27 de julio Women’s Link recibió del Ministerio de Justicia la desestimación de un recurso extraordinario de revisión interpuesto por las abogadas de Women’s Link. El Ministerio argumenta que no otorgarán ninguna indemnización ni reparación económica a Ángela ya que los Dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes para el Estado español.

“Para Ángela no sólo está en juego la indemnización que el estado se niega a darle”, dice su abogada. “También quiere que cambie la legislación vigente sobre las visitas a sus hijos por parte de maltratadores. Esto va más allá de la reparación que pide al Estado. Es muy importante para Ángela que lo que ella ha sufrido no lo vuelva a sufrir nadie más”.

Ángela y Women’s Link han interpuesto nuevos procedimientos para reclamar la reparación e indemnización que recomienda el Comité de la ONU. “Estamos reclamando la responsabilidad patrimonial al Estado”, dice la abogada de Ángela. “Pediremos al Comité que haga un seguimiento hasta que el Estado cumpla”.

“Llevo 12 años pidiendo justicia”, escribió Ángela tras conocer la respuesta de España a las Naciones Unidas. “Yo también tengo dignidad, sólo espero que me la devuelvan”.

Españolas: Un retrato en 10 cifras

La situación de las mujeres se sigue midiendo a través de las cifras de la discriminación. También en España. Se podrían dar muchas cifras diferentes relativas a muchos ámbitos sociales, laborales, culturales o políticos. Las que se describen a continuación son sólo algunos ejemplos en torno a los cuales construir una imagen de las mujeres españolas.

El 8 de marzo conmemora el avance en los derechos de las mujeres en todo el mundo. En 2015, en Naciones Unidas, se revisarán nuevamente los acuerdos internacionales de la Plataforma de Acción de Beijing (PDF), que se acordaron hace 20 años y siguen pendientes de cumplimiento -e incluso de puesta en marcha- en muchos lugares del mundo.

En España, hace 37 años llegó el reconocimiento expreso del principio de no discriminación por razón de sexo y del derecho a la igualdad en la Constitución Española de 1978. Y hace ocho años que se reguló el principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres a través de una ley, la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, que estaba más cargada de buenas intenciones que de obligaciones concretas pero que pretendía alcanzar mayores cotas de igualdad.

A pesar de todo, la situación de las mujeres se sigue midiendo a través de las cifras de la discriminación. También en España. Se podrían dar muchas cifras diferentes relativas a muchos ámbitos sociales, laborales, culturales o políticos. Las 10 cifras que se describen a continuación son sólo algunos ejemplos en torno a los cuales construir una imagen de las mujeres españolas y las reivindicaciones en cuestiones de igualdad, que seguramente darán contenido a muchas de las informaciones y los actos de este 8 de marzo de 2015.

  • 500 son las mujeres españolas de 16 y 17 años que no podrán abortar sin el permiso de sus progenitores de aprobarse la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva que propone el Partido Popular. Es un pequeñísimo porcentaje de los 108.000 abortos al año que se registran en España. Pero se corresponde con mujeres jóvenes en situaciones de desarraigo y falta de apoyo familiar que seguramente acabaran en situaciones de aborto inseguro.
  • 2.394.173 son las mujeres españolas que se encuentran registradas en febrero de 2015 como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo. Las mujeres son algo más del 53% del total del paro registrado, y en el último año la disminución en el desempleo femenino ha sido de un 3,38%. Una merma tres veces inferior que la experimentada por el desempleo masculino en el mismo periodo (un 9,28%).
  • 6.144,72 euros es la diferencia entre los salarios medios de hombres y mujeres en España, uno de los datos que define lo que conocemos como brecha salarial de género. Según datos de Eurostat, en el conjunto de los sectores de actividad las mujeres europeas ganan de media un 16,5 % menos por hora que los hombres. Esta diferencia se eleva para las mujeres españolas, que ganan un 19,3 % menos por hora. La brecha aumenta casi cinco puntos hasta el 23,93 % si se trata de ganancia anual.
  • 769 son las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003, según datos del Ministerio de Sanidad. Se producen en torno a 130.000 denuncias de delitos de violencia de género al año y el registro de victimas del Ministerio de Justicia tiene identificadas a más de 32.000 mujeres con medidas de protección que son fruto de resoluciones judiciales. Son condenados unos 13.000 hombres anualmente por delitos de violencia de género.
  • 80 es el número de consejeras participantes en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, según el último informe recientemente presentado por la presidenta de la CMNV. Este número de consejeras coloca a España en un discreto 16% de participación de mujeres en los consejos de administración, muy por debajo del 20% de la media Europea y muy lejos del objetivo voluntario del 40% que fijó la Ley de Igualdad para 2015 y que ha sido propuesto a nivel europeo como objetivo para 2020.
  • 32.200 son las mujeres que se acogieron a excedencias laborales para el cuidado de menores o familiares dependientes en el año 2013. Sólo 2.530 hombres hicieron lo mismo. Las responsabilidades y tareas del cuidado doméstico y familiar sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, en ocasiones de forma exclusiva y no compartida con los hombres. Esto pasa a las mujeres una factura en su situación social y laboral en forma de tiempo -las mujeres dedican hasta dos horas diarias más a las tareas del hogar que los hombres- y de desarrollo profesional: una gran parte de los obstáculos para la promoción laboral de las mujeres tienen como causa principal la idea de que familia y responsabilidades laborales son incompatibles para las mujeres.
  • Una sola mujer es rectora de una de las universidades públicas españolas: Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga. A pesar de que las mujeres son más del 50% del alumnado universitario desde hace más de 25 años y aunque han llegado a ser el 40% del profesorado, ocupan sólo el 20% de las cátedras universitarias y encuentran muchas dificultades para poder participar en los equipos de investigación de muchas universidades y centros de investigación.
  • Cuatro ministras son las que se sientan en el Consejo de Ministros del Gobierno de España. La participación de las mujeres en los centros de decisión política sigue siendo minoritaria. Aunque en España se respetó la paridad en el Gobierno entre los años 2004 a 2011, lo cierto es que la participación de las mujeres en los altos cargos de la Administración General del Estado no ha estado nunca por encima del 32%. Sólo tres de los 17 Gobiernos autonómicos tienen una mujer como presidenta y sólo en siete de ellos las mujeres consejeras superan el 40% de participación. Tampoco en el poder legislativo las mujeres han alcanzado niveles paritarios de participación y ello a pesar de tener una reglamentación para garantizar la presencia de al menos el 40% de mujeres en las listas electorales. Hoy las mujeres son el 36% de las diputadas del Congreso.
  • 50 mujeres son las que participan como académicas en alguna de las reales academias españolas, menos del 10% del total. Sólo ocho de ellas participan en la Junta Directiva de estas instituciones y sólo en el caso de la Real Academia de la Historia una mujer (Carmen Iglesias) ocupa el puesto de mayor responsabilidad. Hay reales academias que no tienen a ninguna mujer en sus juntas directivas, y la mayoría de estas instituciones siguen fuertemente masculinizadas incluso en aquellos casos en los que representan ámbitos del saber que se han feminizado durante las últimas décadas. Por ejemplo, en 2014 sólo dos de los 47 miembros de la Academia de Medicina eran mujeres y ninguna está en su junta directiva.
  • 40.606 mujeres estaban federadas en 2013 en las diferentes categorías de fútbol en España. La selección española de fútbol femenino va a participar en el Mundial que se celebrará en Canadá el próximo mes de junio y una de nuestras jugadoras ha sido candidata al Balón de Oro por primera vez en la historia en 2014. A pesar de esto, las jugadoras de fútbol siguen reclamando un marco jurídico laboral decente que aún no existe en España y son más frecuentes y notorias las noticias sobre insultos a mujeres en los estadios de futbol que las relacionadas con los éxitos deportivos de nuestras jugadoras en ésta y en otras disciplinas.

Es un retrato incompleto que podría incluir mucha más información sobre el arte, el cine, la literatura, la salud, la elección de opciones profesionales, el tiempo de ocio, la participación en la pobreza y otros muchos datos. Pero valgan estas 10 cifras como 10 motivos más que suficientes para seguir reivindicando igualdad entre mujeres y hombres en este día internacional de las mujeres.