10 meses, 10 historias, 10.534 suscriptores

_DPZ1191

Nuestro blog arrancó el sábado 10 de enero en torno a las 11 de la noche con el primer artículo de Pedro J. Ramírez en EL ESPAÑOL. Unas horas antes del inicio de nuestro lanzamiento, recuperamos aquí algunas de las mejores historias que hemos publicado durante estos 10 meses. 

Nuestro blog arrancó el sábado 10 de enero en torno a las 11 de la noche con el primer artículo de Pedro J. Ramírez en EL ESPAÑOL. Unas horas antes del inicio de nuestro lanzamiento, recuperamos aquí 10 textos representativos de los que hemos publicado durante estos 10 meses.

[su_spacer size=”60″]

1.- Demos vida a EL ESPAÑOL, cambiemos España

Por PEDRO J. RAMÍREZ

EL ESPAÑOL proporcionará a los ciudadanos todas las informaciones que los poderosos esconden bajo siete llaves y todas las interpretaciones, explicaciones y opiniones que les ayuden a decidir su destino dentro de la ley. Queremos publicar un periódico útil en todos los sentidos del término y para ello emplearemos los formatos más innovadores en los dispositivos móviles que acompañan a cada español en su vida cotidiana.

quijote2

[su_spacer size=”60″]

2.-  El ‘gigapan’ de la marcha de Podemos

Por 93METROS

Más de 100.000 personas vieron la panorámica gigante de la concentración organizada por Podemos que la productora 93 Metros elaboró para ‘El Español’ en la Puerta del Sol.

Captura de pantalla 2015-10-02 a las 12.48.38

[su_spacer size=”60″]

3.- Anticorrupción no vio motivos para actuar contra Rato

Por MARÍA PERAL

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llevó a los fiscales de Madrid su investigación contra Rodrigo Rato después de que la Fiscalía Especial Anticorrupción considerara que esas indagaciones estaban “muy verdes” y era necesario profundizar en las sospechas delictivas antes de actuar.

Rato

[su_spacer size=”60″]

4.- El espontáneo

Por JORDI PÉREZ COLOMÉ

Hasta hace 15 meses Pablo Echenique era un físico con un cuerpo frágil y una mente de superdotado. Hoy es también el candidato de Podemos a la presidencia de Aragón. Este perfil es el fruto de la conversación con él y con dos docenas de personas de su entorno, que desvelan su éxito con las chicas, su humor gamberro y sus días como ‘heavy’ y entrenador.

1051

[su_spacer size=”60″]

5.- El guardián de los mapas

Por MARÍA RAMÍREZ

Sergio Álvarez Leiva tiene 29 años y lleva una compañía estadounidense desde Chamberí. No acabó Informática. Pero con 23 años le diseñaba mapas a Google, a la ONU o a la NASA. Ahora, 100.000 usuarios hacen mapas con su empresa CartoDB, que el año pasado recaudó siete millones de dólares. El mayor atractivo de su aventura es su mayor riesgo: compite en el mercado global.

leiva1

[su_spacer size=”60″]

6.- “Voy a morir, pero espero que sea rápido”

Por DAVID LÓPEZ FRÍAS

El terremoto del 25 de abril en Nepal dejó más de 8.000 muertos. Fue una de las peores catástrofes naturales de los últimos años. El español Pol Ferrús hacía una travesía a pie por las montañas del norte del país, cerca del Tíbet. Salvó varias veces la vida de milagro.

image2

[su_spacer size=”60″]

7.- Las bolas del estafermo 

Por PEDRO J. RAMÍREZ

Sólo el baldón que supondría convertirse en el primer presidente de la democracia incapaz de repetir mandato, el horizonte de pasar a la historia no como un malvado o un inepto sino simplemente como un piernas, como un babieca o como un gil, sólo ese prurito de casino provinciano frente al qué dirán a la hora del chamelo le ancla en el empecinamiento de imponer su candidatura. 

Arponero-Estafermo-finalex

[su_spacer size=”60″]

8.- Los cinco gráficos que Rajoy no quiere que veas

Por KIKO LLANERAS, PATRICIA LÓPEZ, EDUARDO SUÁREZ, JULIA TENA Y MARTÍN GONZÁLEZ

Mariano Rajoy presentó el 31 de julio ocho gráficos para demostrar hasta qué punto la economía había mejorado durante su mandato. La mayoría estaban mal dibujados, omitían detalles relevantes o destacaban datos erróneos. A continuación presentamos los datos del presidente bien presentados, acompañados de contexto y despojados de la propaganda oficial.

grafico-gastosocial-paro1

[su_spacer size=”60″]

9.- Anticorrupción descubre al ex tesorero de CiU destruyendo pruebas con una trituradora

Por ESTEBAN URREIZTIETA

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

635789907250046702w

[su_spacer size=”60″]

10.- El libro negro del periodismo en Cataluña

Por JORDI PÉREZ COLOMÉ

Ante casos flagrantes, la prensa catalana no ha clamado; ante casos dudosos, no ha insistido; ante casos ignorados, no ha rebuscado. Esta serie aborda la historia del periodismo en Cataluña desde la llegada al poder de Jordi Pujol a través de 80 entrevistas con directores, redactores, presentadores y jefes de comunicación.

Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

1041333_1

Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

1041333_1

El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

¿Quién es el misterioso ‘Sr. Marway’ al que Oleguer pagó 6,2 millones?

 ¿Por qué exigió Oleguer Pujol el pago de una comisión de 6,2 millones a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos?

La investigación judicial en torno a las multimillonarias operaciones inmobiliarias lideradas por Oleguer Pujol se concentra ahora, más de un año después del inicio de las pesquisas, en un fleco aparentemente menor y casi insignificante si se compara con las grandes magnitudes investigadas. En el marco de una de las mayores compraventas llevadas a cabo durante la historia reciente de España, el foco de Hacienda y Anticorrupción se fija sorprendentemente en un pago de comisiones aislado de 6,2 millones enclavado en la mastodóntica adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander por nada menos que 2.040 millones de euros.

A falta de despejar la gran incógnita sobre la que pivotan las indagaciones judiciales (cuánto dinero de origen ilícito pudo llegar a introducir el hijo pequeño del ex presidente autonómico catalán en sus compraventas), se interpone un nuevo interrogante. ¿Por qué exigió Oleguer el pago de esa comisión a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata realmente de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos? Y, sobre todo, ¿quién se oculta detrás de la misteriosa Marway?

Tras disponer de indicios de que el entramado de Oleguer se puede deshilachar definitivamente por esta pequeña parte del todo, la Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que envíe cuanto antes una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” del pago.

Tal y como desveló este miércoles EL ESPAÑOL, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha presentado un escrito en el que explica que esta compra millonaria, realizada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Agrega que figuran como administradores oficiales tres ciudadanos holandeses y que la compañía “durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 sólo ha tenido un empleado”. Es decir, es muy probable que la empresa sea una mera tapadera.

Tal y como detalla la ONIF en relación a Marway, “se desconoce quiénes son sus socios, por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los tres administradores holandeses, por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda ha propuesto al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esa cuenta. El fisco se interesa por los movimientos que superen los 20.000 euros y quiere conocer el ordenante, el beneficiario y las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos.

Por último, exige los “movimientos de las cuentas bancarias” abiertas por Marway, BV en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y pide que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esas cuentas.

Esta nueva diligencia marca una línea divisoria entre las figuras de Oleguer Pujol y su ya ex socio Luis Iglesias, de quien los investigadores sospechan que permaneció ajeno a las irregularidades que éste cometió.

Hacienda busca en Holanda 6,2 millones en comisiones de Oleguer Pujol

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

Este pago se enmarca en la adquisición de las 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros que investigar la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal. Por ahora se desconoce el destino de estos fondos, que fueron desviados por orden del hijo menor del ex president. Anticorrupción sospecha que Pujol Ferrusola pudo introducir fondos procedentes de la corrupción política en esta y alguna otra operación.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) recuerda en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que esta compra millonaria, materializada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Tres ciudadanos holandeses figuran como administradores oficiales de esta entidad, que “sólo ha tenido un empleado” durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Según la ONIF, se desconoce quiénes son los socios de esa empresa “por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los referidos administradores holandeses por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda propone al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de la mismas”. Solicita todos los movimientos de más de 20.000 euros junto con la identificación del “ordenante y beneficiario” y“las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos”. Por último exige los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por Marway, BV “en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de las mismas”.

Pujol Jr. ocultó 1,2 millones de comisiones en Delaware

diploma

– Hacienda descubre que compró Avanti Alliance LLC en el paraíso fiscal americano e inyectó los fondos a través de una de las sociedades que utilizaba para cobrar los 5% en España

– Desvió el dinero para “crear una empresa de envío de dinero entre EEUU y México”

  • Hacienda descubre que compró Avanti Alliance LLC en el paraíso fiscal americano e inyectó los fondos a través de una de las sociedades que utilizaba para cobrar los 5% en España
  • Desvió el dinero para “crear una empresa de envío de dinero” entre EEUU y México

Jordi Pujol Ferrusola también posee una sociedad instrumental en el estado norteamericano de Delaware, considerado paraíso fiscal. La Agencia Tributaria española ha detectado la existencia de Avanti Alliance LLC, entidad en la que el hijo mayor del ex presidente autonómico catalán participa a través de su empresa española Iniciatives, Marketing i Inversions, S.A., y en la que ha inyectado al menos 1,2 millones de euros que proceden del cobro de comisiones.

Esta empresa de Delaware fue adquirida por Pujol Jr. para poner en marcha, tal y como él señala en sus propios planes de negocio, la “creación e implantación de tarjetas para el envío de dinero entre países, principalmente entre Estados Unidos y México”, aunque formalmente estaba controlada por dos ciudadanos estadounidenses.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya ha acreditado que Pujol Ferrusola introdujo “1.265.776,75 euros” en Avanti Alliance entre los ejercicios 2006 y 2009. Los investigadores siguen el rastro de este dinero al considerar que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas en Cataluña.

En este sentido, Hacienda se ha dirigido a las autoridades norteamericanas para requerirles cuanta información dispongan de esta nueva empresa, desconocida hasta la fecha, para determinar si fue empleada para blanquear fondos de origen ilícito. La Agencia Tributaria ha señalando en sus comunicaciones que alberga “serias dudas en relación a la veracidad de las cuentas declaradas por Iniciatives, Marketing i Inversions”.

Esta empresa española está participada al 50% por Jordi Pujol Ferrusola y por su esposa Mercé Gironés y ha sido una de las plataformas empleadas por el hijo mayor del histórico líder nacionalista para cobrar supuestos sobornos de manos de grandes contratistas de la Generalitat. No en vano, la Audiencia Nacional ya ha cuantificado en más de 8 millones de euros la cifra percibida por Pujol Ferrusola mediante esta y otras empresas instrumentales de manos de grandes constructoras y empresas de servicios con importantes contratos en Cataluña. En todos estos casos los pagos se camuflaron según la versión de los investigadores en forma de supuestas asesorías empresariales de las que no existe rastro documental alguno. Tanto el juez José de la Mata como la Fiscalía Anticorrupción consideran que se trata de trabajos ficticios que camuflan dádivas ilegales.

Una de las muestras más representativas de este modus operandi fue desvelado precisamente ayer por EL ESPAÑOL y tiene como protagonistas a los miembros de la familia Sumarroca, fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). A través de su empresa EMTE esta saga abonó 132.800 euros a Pujol Jr en concepto de un “5%” de comisión que dejaron anotado de su puño y letra en un post­it que encabeza el contrato suscrito entre ambas partes. De tal manera que, si la cifra de comisiones establecida para CDC ascendía al ya célebre 3%, la familia Pujol se reservaba para sí misma una tarifa todavía más alta.

Tras recibir el requerimiento de información en relación con la empresa Avanti Alliance, Estados Unidos ya ha procedido a contestar a la Hacienda española. Ha interrogado a los dos representantes americanos de Avanti Alliance, Al Vitolo y Tom Settineri, y ambos han explicado que el objeto oficial de esta empresa consistía en “la comercialización de un producto consistente en una tarjeta de crédito/débito concebida para que fuera usada por ciudadanos sin cuentas bancarias”. Asimismo, han precisado que Avanti se encuentra vinculada con otra sociedad, también radicada en Delaware, y denominada CJJ Investment Corporation.

Pese al ambicioso diseño inicial, las autoridades americanas señalan que “a finales de 2008 o principios de 2009 los bancos retiraron el apoyo financiero y pusieron fin al negocio”, provocando la bancarrota de la empresa. Pese a ello, Pujol Ferrusola dejó constar en su documentación interna que llevó a cabo viajes a Nueva York “para mantener reuniones” relacionadas con este proyecto así como a Houston para reunirse con “Gustavo de la Garza, presidente de Marcatel, quinta operadora mexicana, para la implantación de las tarjetas en México”, dejando claro que su intención pasaba por inyectar todavía más dinero de comisiones si el supuesto proyecto salía adelante.

La Fiscalía Anticorrupción desvincula la investigación a Rato del ‘caso Bankia’

 

RODRIGO RATO SALIENDO DETENIDO DE SU VIVIENDA DE MADRID 16/04/2015 MADRID

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que debe entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

En la imagen, Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE 

Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que va a entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

Fuentes fiscales aseguran que la causa que se sigue contra el ex vicepresidente del Ejecutivo de Aznar, ex ministro de Economía y ex director del FMI por supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales por ocultar parte de su patrimonio en el extranjero no tiene ninguna conexión con el ‘caso Bankia’. En estas diligencias Rato también tiene la condición de imputado como máximo responsable del presunto falseamiento de las cuentas de la entidad durante el proceso de salida a Bolsa. Es decir, el único nexo de unión es el propio Rato, pero no los hechos.

Todavía está por ver que Andreu sea el instructor que investigue el ‘caso Rato’ después de que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal se haya inhibido. Este magistrado considera que su Juzgado no es competente para investigar los hechos al existir indicios de un delito de blanqueo de capitales cometido en el extranjero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 podría quedarse con el caso si, de acuerdo con las normas de reparto, se entiende que el ‘caso Bankia’ es un antecedente de suficiente entidad como para que el asunto pueda considerarse conexo. Hasta que se resuelva la inhibición, la causa sigue estando en manos de Serrano-Arnal.

Anticorrupción solicitó que la causa se enviara a la Audiencia Nacional después de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviara un informe en el que aquilataba el delito de blanqueo y, por tanto, la competencia dejaba de ser de los Juzgados de Instrucción de Madrid, situados en la Plaza de Castilla. Serrano-Artal se inhibió ya a favor de la Audiencia Nacional en cuanto el asunto recayó en su Juzgado. Sin embargo, en aquella ocasión la Fiscalía valoró que el delito de blanqueo estaba todavía en un estado demasiado embrionario como para determinar la competencia de la Audiencia Naciona.

Fuentes de la investigación explican que el juez de Madrid estaba poniendo ciertas trabas a las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que ve con temor que, si el caso queda en manos de este magistrado, el asunto no prospere con celeridad.

La Fiscalía tiene el foco centrado en la sociedad Kradonara, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad de Rato. La ONIF la considera una “estructura opaca” dirigida por el ex presidente de Bankia.

Rato busca la nulidad

Mientras se decide qué órgano judicial se encarga del proceso y, en última instancia, quién toma la decisión de sentar o no en el banquillo al  ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), el imputado intenta lograr la nulidad del caso. Su tesis principal es que su detención, así como la entrada y registro en su domicilio y despacho, fue desproporcionada. Si un tribunal le diera la razón, podría acabar diluyéndose el proceso ya que todos los documentos intervenidos quedarían anulados, según fuentes del caso.

Tras la detención de Rato, la causa se rebajó después de que la Audiencia Provincial de Madrid retirara el delito de alzamiento de bienes que inicialmente había sido incorporado por la Fiscalía. La razón fue que no se le podía imputar a Rato ese supuesto delito, basado en que habría ocultado su patrimonio para no hacer frente a las fianzas impuestas en el ‘caso Bankia’, porque esas fianzas ya habían sido depositadas.

Sin embargo, la detención y el envío a prisión del presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, administrador único de la sociedad Albisa Inversiones, al intentar salir de España, ha dado un espaldarazo a la causa, que podría dar un giro de 180 grados con el cambio de instructor.

La jueza que pidió a Hacienda todos los nombres de la ‘lista Falciani’ renuncia ahora a ella

HSBC

El paso atrás de Purificación Elisa Romero ha causado malestar en el sindicato de técnicos de Hacienda. Su decisión exonera al Gobierno de hacer pública la lista de defraudadores.

La jueza Purificación Elisa Romero Paredes, que el pasado 6 de abril pidió a Hacienda los nombres de las 659 personas de la ‘lista Falciani’ a las que la Agencia Tributaria alertó para que regularizaran su situación con el fisco en lugar de abrirles una inspección, ha cambiado de opinión y en una providencia fechada el 1 de junio renuncia a esta prueba. La decisión exonera al Gobierno de hacer pública la lista de defraudadores.

La resolución ha causado sorpresa y malestar en el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que se querelló contra Carlos Cervantes y María Dolores Bustamante, ex directores de los departamentos de Inspección y de Gestión, respectivamente, de la Agencia Tributaria, que tomaron en última instancia el acuerdo.

En su declaración como imputados, el pasado 23 de abril, ambos manifestaron que no se formalizó un expediente administrativo previo a la decisión ni se redactó un acta, sino que simplemente analizaron la información que les remitió el agregado financiero de la embajada de Francia (junio de 2010) y la forma en que se había obtenido (había sido sustraída por el ingeniero informático Hervè Falciani del HSBC de Ginebra), y concluyeron que lo más eficaz era pedir a los defraudadores que regularizaran su situación voluntariamente en lugar de abrirles un procedimiento de inspección, que podría haber llevado a algunos a la cárcel.

“Fue una decisión muy pensada y muy meditada”, dijo Carlos Cervantes en su declaración ante la jueza, “y respondió a un análisis muy profundo”. “Todo se trató verbalmente”, manifestó Bustamante en su comparecencia. Ambos reconocieron que no pusieron los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal ni recabaron un informe previo a la Abogacía del Estado sobre la decisión que pensaban adoptar.

‘Debilidad absoluta de pruebas’

Los dos altos cargos pusieron en duda ante la magistrada la fiabilidad de la ‘lista Falciani’, y Cervantes llegó a afirmar que descartó abrir procedimientos de inspección “por la debilidad absoluta de las pruebas que nos habían llegado”.

“La información era inviable para poder sustentar un procedimiento de inspección con garantías de éxito, además de que sabíamos su origen ilícito”, afirmo Cervantes, quien puntualizó: “Había salido en todos los periódicos que Suiza había protestado de forma enérgica ante Francia y había exigido la devolución de la información que a las autoridades francesas les había facilitado el señor Falciani”.

El entonces director del departamento de Inspección de la Agencia Tributaria aprovechó su comparecencia para descalificar sin ambages al exempleado del HSBC. “La información no era original del banco; el señor Falciani, como informático que era, obtuvo, robó, sustrajo, exclusivamente ficheros informáticos que intentó conectar entre sí. No había ninguna documentación, soporte de esos datos”. Y añadió una última razón para justificar que no ordenase la apertura de inspecciones: “La absoluta imposibilidad de contrastar la información”.

No hubo inspección, sí ‘requerimientos’

Descartada la inspección, la Agencia Tributaria giró requerimientos a los integrantes de la ‘lista Falciani’ para que regularizaran su situación con el fisco. Es aquí donde el propio Carlos Cervantes reconoce, pese a la descalificación previa de la información facilitada por Francia, que “la información base era globalmente buena” porque centenares de contribuyentes optaron por ponerse al día con Hacienda.

Entre ellos el entonces presidente del Banco de Santander, Emilio Botín. Curiosamente, sólo él figuraba en la ‘lista Falciani’, vinculado a una sociedad radicada en un paraíso fiscal con un saldo de 82 millones de dólares, y sólo a él se le requirió para que regularizase su situación, pese a lo cual otras 11 personas de su familia (cinco hijos, su hermano Jaime y los cinco hijos de éste) presentaron declaraciones complementarias y pagaron 200 millones de euros a Hacienda para evitar ser acusados de delito fiscal. “Un único requerimiento hizo que 12 personas de esa misma familia presentaran declaraciones complementarias”, se jactó Carlos Cervantes ante la jueza.

María Dolores Bustamante añadió en sus 14 folios de declaración que a la falta de solidez de las pruebas aportadas por Falciani se unía la premura de tiempo para evitar que prescribieran las deudas con Hacienda; entre la documentación en su poder había alguna que hacía referencia al año 2005, lo que limitaba hasta el 30 de junio de ese año (2010) el derecho de la Administración para liquidar deudas tributarias.

Recurso

Fernando Llagas, letrado de la acusación, ha recurrido la providencia de la magistrada por su inexplicable marcha atrás. “Si estamos investigando si ante una determinada información varios altos cargos de Hacienda actuaron de manera correcta, será necesario conocer la información que recibieron y qué informes solicitaron -si es que solicitaron alguno- para poder valorar la decisión que tomaron. No basta con que digan que todo fue verbal, porque el hecho cierto es que las autoridades francesas enviaron documentación y un listado de presuntos defraudadores. La causa no puede convertirse en un relato unilateral de los imputados y que la jueza decida en función del mismo”, manifestó Llagas a este diario.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid ha citado a declarar el próximo 14 de septiembre a Juan Manuel Vera Priego, jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en el momento en el que las autoridades francesas entregaron a las españolas la ‘lista Falciani’ de defraudadores, de cuyo análisis fue responsable.

Mucho antes, el próximo 9 de julio, deberán comparecer como testigos Carmen García Amorós y Marcos Álvarez de Suso, subdirectores de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, que participaron en las reuniones en las que se decidió alertar a los defraudadores. Los tres lo harán a petición del Abogado del Estado, Miguel Herranz Díaz, que representa a los querellados, lo que hace prever que avalarán las decisiones de sus superiores.

(Foto: Gyver Chang / Flickr)

Anticorrupción no vio motivos para actuar contra Rato

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llevó a los fiscales de Madrid su investigación contra Rodrigo Rato después de que la Fiscalía Especial Anticorrupción considerara que esas indagaciones estaban “muy verdes” y era necesario profundizar en las sospechas delictivas antes de actuar.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llevó a los fiscales de Madrid su investigación contra Rodrigo Rato después de que la Fiscalía Especial Anticorrupción considerara que esas indagaciones estaban “muy verdes” y era necesario profundizar en las sospechas delictivas antes de actuar.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Público, que no ocultan el malestar que la actuación del organismo integrado en el Departamento de Cristóbal Montoro ha producido en ambas Fiscalías. Anticorrupción desconocía que la ONIF la había ‘puenteado’ para acudir a la Fiscalía de Madrid y ésta no supo hasta ayer de la inicial intervención de la primera.

A partir del próximo lunes será la Fiscalía especial la que se haga cargo del proceso recién turnado al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y los inspectores de la ONIF tendrán que volver a despachar con los hombres de Antonio Salinas. Pero en el camino de ida y vuelta a Anticorrupción de la investigación contra el otrora poderoso vicepresidente del Gobierno de Aznar han ocurrido otros acontecimientos que llevan a las fuentes judiciales consultadas a formular una convicción: “Detrás de esto hay una mano política”, afirman.

Uno de ellos es el hecho de que, de las 705 personas investigadas por Hacienda tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012, Rodrigo Rato ha centrado de manera prioritaria el interés de la ONIF a efectos de que la Fiscalía de Madrid presentara una denuncia judicial contra él. Y lo ha conseguido sólo después de que trascendiera que el nombre del ex director gerente del FMI estaba en esa relación de sospechosos de haber blanqueado patrimonio. No se ha filtrado ninguna otra identidad.

De hecho, es esa filtración la que precipita la intervención de la Fiscalía madrileña. Fuentes del Ministerio Público aseguran que la decisión de presentar la denuncia contra Rato en el Juzgado de Guardia en la mañana del pasado jueves no se toma porque se hubieran detectado movimientos societarios sospechosos realizados por Rato en fechas recientes, como se ha difundido desde el Ministerio de Hacienda. Fue la aparición, primero en Vozpópuli y luego en otros medios, de que Rato estaba siendo investigado por blanqueo de capitales lo que alarma a los responsables de la Fiscalía de Madrid. Temen que esas noticias pongan sobre aviso al investigado y le lleven a destruir pruebas documentales. “Nosotros no íbamos a presentar la denuncia tan pronto. Hubiéramos preferido esperar a que la investigación estuviera más completa·, explican desde la Fiscalía.

Hasta el pasado miércoles, la existencia de una investigación de la ONIF sobre Rato había logrado mantenerse en la reserva. Inspectores antifraude se reunieron hace tres meses con miembros de la Fiscalía de Madrid para informarles de que habían detectado la vinculación de Rato con sociedades opacas en el exterior. Los fiscales les dan -sin saberlo- la misma respuesta que Anticorrupción: “Tenéis que seguir avanzando, no vemos todavía suficientes indicios delictivos”.

Respaldo de Madrigal

Cuando la investigación de la ONIF trasciende públicamente, el fiscal superior, Manuel Moix, y el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, evalúan junto a los fiscales de delitos económicos si con los datos existentes hasta el momento se puede redactar una denuncia. La conclusión es afirmativa y el escrito se elabora entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves. La fiscal general, Consuelo Madrigal, que recibe la primera información a través de un whatsapp, respalda la decisión de sus subordinados y aprueba la petición de un registro urgente en el domicilio de Rodrigo Rato.

De acuerdo con el auto de entrada y registro dictado por el juez de guardia, Enrique de la Hoz, en la vivienda de Rato, situada en el barrio de Salamanca de Madrid, aparecen domiciliadas tres empresas, Rodanman Gestión y Rafi S.L. (ambas relacionadas con el sector inmobiliario), así como Explotación Carabaña, dedicada a la energía.

El juez autorizó el registro de otras tres entidades: el bufete Plazas Abogados; la empresa Kradonara 2001, localizada en Sotogrande (Cádiz) y el despacho madrileño Aurosur. Además, acordó el bloqueo de las cuentas de Rato y de la otra persona contra la que se dirige la denuncia, en la que se mencionan posibles delitos fiscales, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Una detención “innecesaria”

De la Hoz decretó también la detención de Rato “al objeto de poder desarrollar eficazmente las diligencias de entrada y registro”. La resolución señala que esa medida cautelar se adoptaba “de conformidad con lo interesado por el Ministerio Público”, pero ello no sólo no consta por escrito sino que tanto Polo como Moix se manifestaron en contra de la detención del ex ministro por estimarla “completamente innecesaria” y “jurídicamente improcedente”. No había indicios de fuga, Rato no podía ocultar pruebas delante de los agentes de Vigilancia Aduanera que practicaron los registros ni había riesgo de reiteración delictiva, consideraron ambos jefes.

Pese al criterio de sus superiores, uno de los fiscales del caso, Carlos García Berro, se enfrentó a Polo al ser partidario de la detención de Rato e incluso de adoptar otras medidas cautelares contra él, como la retirada del pasaporte.

No hubo lugar: Rato no fue puesto a disposición judicial, sino que volvió a su domicilio pasada la medianoche, cuando terminó la incautación de documentos y archivos. Tras conocer el auto de detención, la Fiscalía pidió por escrito a De la Hoz que la privación de libertad durara sólo el tiempo imprescindible para la práctica de la diligencia. Pero la imagen de Rato detenido fue inevitable una vez que trascendió que se estaba registrando su domicilio. “¿A quién le interesó filtrarlo? Porque ni la Fiscalía ni el Juzgado lo hicimos”, aseguran en ámbitos judiciales.

Foto: Rodrigo Rato junto a Gallardón, Cospedal y Rajoy, en 2011 (Flickr PP)