Choque de “conciencias” entre una víctima de ETA y la presidenta Barkos

635787129909444245wMaría José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, se enfrentó a la política foral: “No llamáis al terrorismo por su nombre”. Barkos le contestó en privado: “Que sepas que tengo la conciencia muy tranquila”.“Yo más -respondió María José-, te aseguro que duermo muy tranquila todas las noches”. Las dos se despidieron con frialdad.

En la imagen, Uxue Barkos, presidenta de Navarra, saluda a María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, en el homenaje que se le rindió al guardia civil asesinado por ETA en Leitza. Ivan Aguinaga / EFE

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Uxue Barkos, presidenta de Navarra, saluda a María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro, en el homenaje que se le rindió al guardia civil asesinado por ETA en Leitza. Ivan Aguinaga / EFE

Apenas han salido los primeros rayos del alba cuando María José Rama enfila, con su coche, el camino para salir de Gijón. Con ella viajan Carlos y Cristina, sus hijos mellizos de 19 años, y un pensamiento que no la abandona desde hace trece años: “¿Por qué a Juan Carlos? ¿Por qué tuvieron que matarle a él?”. Por delante, casi 400 kilómetros y cuatro horas de viaje. El destino es un talud de granito ubicado a las afueras de Leitza, municipio ubicado en el norte de Navarra; el mismo lugar en el que un comando de ETA acabó con la vida de su marido -“y también con la mía”, apunta la mujer-, en un crimen que todavía queda por resolver.

“Todos los años, siempre que se aproxima el 24 de septiembre, se me va revolviendo algo por dentro”, apunta la viuda. En su casa, todo recuerda al agente asesinado: un cuadro con el retrato de su marido reina en la pared principal del salón; en su cuarto, sigue intacta la urna con las cenizas de las que se despide cada noche. “Volver a Leitza me cuesta una barbaridad”, reconoce María José. Tanto, que en el último homenaje se despidió para siempre del pueblo. “No volveré. Las esperanzas se agotan y las ganas de seguir pidiendo justicia van mermando”, indicó, con lágrimas en los ojos.

Hace tres días, cuando la telefoneó el grupo de vecinos que organiza el homenaje en recuerdo a Beiro, la viuda estaba segura de no querer regresar al lugar que le “abre de nuevo una herida que nunca se ha cerrado”. Pero estos insistieron en que volviese. Ella, dubitativa, les preguntó a Carlos y Cristina, sus hijos. “Claro que vamos, mamá”, le dijeron estos.

María José Rama rompe así la promesa de no volver jamás.

Volver al lugar del crimen

Silvestre Zubitur, el único concejal de UPN en un pueblo en el que alrededor del 80% de los habitantes votan a EH Bildu, encabeza la comitiva de vecinos que la recibe sin palabras y con un impetuoso abrazo. Ellos saben que, para María José, va a ser un acto especialmente difícil, todavía más que en años anteriores; porque en esta ocasión tendrá delante a Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra, a quien acusa de “cinismo” por “no llamar al terrorismo por su nombre”.

La viuda y la política se encuentran en la puerta de la iglesia de San Miguel, de Leitza. En ese momento, María José no sabe qué decir. Se conforma con saludar y entrar al templo.

Después, al concluir la ceremonia, María José emprende el camino que más difícil se le hace, el que le conduce hasta el lugar del crimen y donde se celebra el homenaje; hasta aquel talud ubicado en la carretera que conduce a la localidad guipuzcoana de Berastegi, donde, cada 24 de septiembre, los vecinos colocan la placa en recuerdo a Juan Carlos Beiro.

Al ver el lugar, la viuda reproduce mentalmente los últimos pasos de su marido, desde donde estacionó el Patrol de la Benemérita acompañado de cuatro compañeros, hasta el talud donde colgaba una pancarta bomba en la que, en euskera, se podía leer: “Guardia Civil, mátalo aquí”. Ella nunca presenció aquel caminar, pero, a fuerza de imaginarlo año tras año, la imagen se le dibuja sin esfuerzo en la cabeza. Después, el momento en el que los terroristas accionaron el detonador y a ella le “apagaron la vida”. Los otros cuatro agentes, aunque heridos, sobrevivieron al atentado.

Todos esos recuerdos todavía se le arremolinan cuando por fin la invitan a dirigirse al micrófono; en su mano, un par de folios arrugados en los que ha plasmado el discurso que más le ha costado escribir desde que asesinaran a su marido. Lo lee del tirón, sin despegar los ojos del papel. Siente incredulidad cuando pregunta al Ejecutivo foral, representado por Uxue Barkos y la consejera portavoz, Ana Ollo, “cómo es posible que personas que no llaman al terrorismo por su nombre pretendan honrar la memoria de una víctima”. Después, es la tristeza la que toma las riendas de la alocución: “Las personas que deben ser su ejemplo en la vida [en la de sus hijos] son las coherentes con sus valores -reflexiona-. Su padre lo era. Y yo lo seguiré siendo por mis hijos y por él”.

La mujer termina el discurso pidiendo justicia para su familia y para las de las trescientas que han perdido a un ser querido en crímenes de ETA todavía sin resolver. “¡Viva la Guardia Civil!”, concluye, con voz quebrada.

“Conciencia tranquila”

María José Rama agradece en ese momento los abrazos de los vecinos de Leitza, que no consiguen arrancarla de esa soledad que nunca la abandona. “Pensé que si hasta entonces no había muerto nadie de pena, yo iba a ser la primera”, admitiría en una entrevista publicada en el libro Relatos de Plomo. Historia del terrorismo en Navarra.

Todavía con lágrimas en las mejillas, uno de los organizadores se acerca a la placa homenaje con un destornillador y la retira. “Por lo que puedan hacerle por la noche -explica-. Ahora toca guardarla hasta el año que viene”. Mientras tanto, la presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, camina hacia la viuda y, llevándola a un apartado, le dice: “Que sepas que tengo la conciencia muy tranquila”. “Yo más -responde María José-, te aseguro que duermo muy tranquila todas las noches”. Las dos se despiden con frialdad.

Son las dos y media de la tarde y ese puñado de vecinos que ha organizado el acto se lleva a María José, a Carlos y a Cristina a un txoko para comer. El ambiente es distendido y no faltan bromas y chanzas. Después excusándose, la viuda se despide: “Tenemos que volver a Gijón. Ya sabéis, son 400 kilómetros”. Los demás se lo permiten a cambio de que vuelva el año que viene. “Ya veremos”, responde ella.

Los rayos del sol se esconden cuando la mujer y los hijos de Juan Carlos Beiro entran en Gijón. María José mira a su hija Cristina y en ella ve “los labios carnosos, la barbilla y el pelo negro” del agente asesinado; en su hijo Carlos, “gestos idénticos a su padre”, que no comprende “de dónde han salido, porque era muy pequeño cuando lo mataron”. De nuevo, le vuelven los miedos y se pregunta si la memoria de Juan Carlos caerá en el olvido: “Te destrozan la vida, hay un antes y un después: un antes que escogiste, que lo quisiste, y un después que te impusieron y que no se parece en nada. Ahora sólo pido justicia”.

La irregular atención sanitaria al extranjero en situación ilegal

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El ministro de Sanidad busca un acuerdo para devolver a los extranjeros en situación irregular la asistencia sanitaria primaria, tres años después de que el mismo Gobierno -con Ana Mato como titular de la cartera- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo. Esta norma no gusta ni a los miembros del propio Partido Popular, como demuestran los anuncios de deserción en varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por ‘populares’. 

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Imagen: Moeh Atitar

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) busca un acuerdo para devolver a los inmigrantes irregulares la asistencia sanitaria. Lo hace tres años después de que el mismo Gobierno -aunque con Ana Mato a la cabeza- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo (RD 16/2012). Se trata de una norma que parece no satisfacer ni a los miembros del propio Partido Popular como demuestran los anuncios de ‘deserción’ desde el inicio, que se han multiplicado desde las elecciones autonómicas. El último, el del gobierno madrileño presidido por Cristina Cifuentes.

El penúltimo intento de enmienda de la situación se produjo esta semana. Sanidad presentó a las comunidades autónomas un acuerdo para armonizar la atención social y sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Lo que el secretario de Estado de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, ha propuesto a los representantes de las consejerías es que los extranjeros en situación irregular y sin recursos acrediten una residencia de seis meses en España para poder tener acceso a una atención similar al resto de la población, aunque con una importante diferencia: para acudir al médico, se les dará un documento acreditativo previo a su inclusión en una base de datos “a la que se pueda acceder desde todos los centros sanitarios”.

Así, la situación actual es, como mínimo, indefinida. La pregunta que surge es cómo y por qué se ha llegado hasta aquí.

cobertura-sanitaria1. El Gobierno publica el Real Decreto-Ley 16/2012.

El 20 de abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Era una propuesta del Ministerio de Sanidad presidido entonces por Ana Mato.

Según explica a El Español la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín, el propio nombre del decreto incluye la supuesta explicación del mismo. “Las razones que se aducen son económicas y enmarcadas en el contexto de la crisis”, comenta. Según el médico de Atención Primaria y economista de la salud Javier Padilla, hay otra razón: “Si un inmigrante irregular tiene derecho a la asistencia sanitaria en España, esta se traslada a cualquier país europeo al que vaya el inmigrante, que luego le facturaría su atención a España”. “No querían cargar con esto y la excusa fue siempre la del ahorro económico, pero sin datos para apoyar la medida”, comenta Padilla. Las autoridades sanitarias cuantificaron la medida en la “desactivación” de 800.000 tarjetas sanitarias.

A efectos prácticos, los extranjeros en situación irregular no podrían recibir atención sanitaria excepto en Urgencias. La excepción eran los niños y las mujeres embarazadas.

Tanto Padilla como Martín apuntan también a un cambio “menos divulgado y más importante” que supuso la entrada en vigor del decreto. “La atención sanitaria pasó de estar considerada como un derecho a estar vinculada al trabajo”, señala Padilla. O, en otras palabras, pasó de asociarse al pago de impuestos a hacerlo a la cotización laboral. Así, sólo las personas que cotizaban y sus beneficiarios tendrían derecho a una atención sanitaria y los que no lo hacían, no. En el caso de los españoles e inmigrantes ‘legales’, esto se solventaría asignando una partida presupuestaria para su atención médica. Para las personas en situación irregular, no. “Se da la tremenda e injusta paradoja de que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos, pero no pueden acceder a la sanidad”, apunta Padilla.

La presidenta de Médicos del Mundo hace un símil con la educación: “Es como si sólo tuvieran derecho a la enseñanza los niños hijos de padres trabajadores; eso es lo que se hizo con la salud con la aprobación de este Real Decreto, impedir que la atención sanitaria sea un derecho universal”.

2. Varias CCAA anuncian que seguirán dando atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados.

Lo que sucedió justo después de la aprobación del Real Decreto es definido por Martín como “un absoluto galimatías”. “Prácticamente todas las comunidades autónomas han ido proporcionando vías alternativas de entrada al sistema, aunque algunas han sido más rígidas y otras más díscolas”, subraya. Andalucía y Asturias anunciaron su rebeldía casi de inmediato y, para Padilla, son las que más han seguido tratando a los extranjeros en situación irregular.

Las medidas, efectivamente, fueron muy variadas. En algunas regiones, se les daba atención a los afectados con unos ingresos menores de una cifra determinada, en otras se les facilitaba la asistencia a atención primaria pero no especializada y en algunas el problema se centraba más en el acceso al medicamento. “Las desigualdades eran abismales”, comenta Martín, que cita un informe (PDF) publicado por Médicos del Mundo con datos sobre la situación dos años después.

Padilla apunta a la diferencia entre el derecho y el acceso. “Aunque algunas regiones bordeaban el problema dando tarjetas especiales, este derecho no llegaba a personas sin dominio del lenguaje o domicilio fijo, por citar sólo dos barreras de acceso”. En la misma línea, Martín apunta a la falta de información “incluso dentro de la misma comunidad”. Las consecuencias, según la ONG que preside: diagnóstico de muchas enfermedades cuando estas ya estaban avanzadas. El ejemplo paradigmático es la tuberculosis, que hasta su diagnóstico puede ser fácilmente transmisible, sobre todo si se vive en condiciones de hacinamiento. “La gente pensaba que no tenía derecho y a eso había que añadirle el miedo habitual que acompaña a este colectivo”. Padilla va más allá: “Ha habido gente que ha fallecido, aunque es muy difícil demostrar la relación causal”.

El médico comenta una medida que se puso en marcha de forma paralela: la creación de un registro de médicos objetores de conciencia que se negaban a desatender al colectivo afectado.

3. Navarra interpone un recurso contra el RD 16/2012 ante el Tribunal Constitucional, que lo admite a trámite.

Casi a la vez que algunas regiones anunciaban su rebeldía en la aplicación del Real Decreto, otras lo hacían por la vía legal. La primera fue Navarra, que interpuso un recurso contra la norma en el mes de julio de 2012. Le siguió Andalucía y Cataluña. Para la presidenta de Médicos del Mundo “cualquier forma de intentar frenar el Real Decreto” era un apoyo, aunque esta medida no estaba tan centrada en la práctica. “Era más por un tema de competencias, por saber si la gestión de la norma correspondía al Gobierno o a las comunidades autónomas”.

4. El ministro Alfonso Alonso anuncia que el Gobierno devolverá a los inmigrantes irregulares la atención primaria.

Durante casi tres años se sucedieron las noticias sobre la aplicación de la normativa, así como sobre las alternativas que ideaban las comunidades y las ONG para que nadie quedara sin asistencia sanitaria. En noviembre de 2014 dimitía Ana Mato y Alfonso Alonso era nombrado nuevo ministro de Sanidad. Apenas cuatro meses después de su nombramiento, abordaba el asunto de la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular y anunciaba que podrían acceder a la Atención Primaria. Una bienvenida a los ambulatorios que pilló por sorpresa a muchos.

“Las razones habría que pedírselas a ellos, pero nosotros no vimos ningún hilo conductor. Pudo influir un informe (PDF) del Defensor del Pueblo sobre la situación de las urgencias hospitalarias”, comenta Martín.  Para la presidenta de Médicos del Mundo, el anuncio “que no vino acompañado de nuevos pasos”, estaba acompañado de “conceptos peligrosos”. “Parecía que se devolvía la Atención Primaria para evitar colapsar las Urgencias, como si fuera los inmigrantes los que tuvieran la culpa de este colapso”, añade.

“Las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, la Atención Primaria es más efectiva”

“Está claro que las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, y que la Atención Primaria es más coste efectiva. Al final parecía lo que era: que la medida no había servido para ahorrar, porque lo que realmente hubiera ahorrado dinero era lo que no se podía hacer, suprimir la asistencia sanitaria en su totalidad, algo que afortunadamente no permiten los convenios internacionales”, comenta por su parte Padilla.

5. Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria anuncian que darán cobertura sanitaria a inmigrantes.

El mayo de 2015 tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales. A un cambio del panorama político se sucede un aluvión de anuncios de que se prestará atención sanitaria completa a los extranjeros en situación irregular. No es casual. En marzo de este mismo año todos los partidos de la oposicion, salvo Ciudadanos, habían pactado esto en una declaración institucional promovida por Médicos del Mundo. “Hubo un cambio en la balanza de poder y se apuntaron incluso comunidades en las que gobernaba el PP, aunque en minoría”, comenta Padilla, que cree que la reactivación del asunto tiene también que ver con la cercanía de las elecciones generales. “Es un tema que va a sonar”, apunta el médico.

Para Martín, el anuncio es “muy positivo”, aunque lógico dentro del compromiso adquirido por los partidos dos meses antes. “Se puso en marcha”, resume.

6. La Comunidad de Madrid anuncia que dará cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares.

La última suma a esta rebelión masiva la ha protagonizado una figura emblemática del propio Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que gobierna apoyada por Ciudadanos, anunció el pasado 22 de agosto que daría atención sanitaria a este colectivo. Aunque al principio habló de crear un documento especial para los extranjeros en situación irregular, el diario El País filtró un documento que ordenaba la atención inmediata a cualquier persona “con o sin documentación”.

7.  Sanidad propone crear un registro de inmigrantes irregulares para conseguir la atención sanitaria.

El pasado 25 de agosto, el MSSSI anunciaba su intención de devolver la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, pero con una salvedad: lo harían tras inscribirse en un registro de personas en su situación. “De primeras, nos parece peligroso y disuasorio, además de multiplicar la burocracia con la creación del registro y no la eficiencia”, comenta Martín, que se pregunta por qué no volver a la situación anterior al Real Decreto. “Todos los que tenemos tarjeta sanitaria estamos en un registro, que es de la propia tarjeta, no hay necesidad de crear otro y encima excluyente”, añade.

“¿Quién se va a querer apuntar ahí?”, se pregunta por su parte Padilla, que recalca que esta propuesta no regula la atención sanitaria como derecho.

8. Sanidad propone que los inmigrantes lleven seis meses empadronados para recibir asistencia sanitaria.

La última pieza de este puzle (lejos de ser la última) es la propuesta lanzada esta semana por Sanidad a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. La principal novedad es que propone que los extranjeros acrediten una residencia de seis meses para poder recibir asistencia. Además, tendrán que identificarse, aportar “una justificación de no disponer de recursos suficientes”, una “declaración responsable de no tener cobertura sanitaria por ninguna otra vía” y un “documento de que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria”.

Con esta propuesta, Sanidad pretende “que no se genere la obligación para España de atender gratuitamente a personas cuya asistencia ha de ser cubierta por su país de origen” y que “no se pueda exportar el derecho a ser atendido en otro país a cargo del Sistema Nacional de Salud”.

Padilla cree que con esta medida “no se da el paso necesario de volver a considerar la asistencia sanitaria un derecho”, por lo que aboga por la derogación -“quizás no total”- del Real Decreto de la polémica. La presidenta de Médicos del Mundo en España se manifiesta en la misma línea. “El derecho a la salud tiene que ser un derecho humano”, concluye.

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Todos los detalles de la jornada con la opinión de Pedro J. Ramírez, la información de nuestros reporteros y los gráficos de Antonio Delgado, Patricia López y David Domínguez. 

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