Iguala sigue sin respuestas un año después

guerrero2La desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, el año pasado sigue siendo un oscuro misterio. Después de que la fiscalía los diera por muertos, un nuevo informe otorga nuevas vías para mantenerlo abierto. Un año. Y México todavía no tiene respuestas.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de magisterio desaparecieron del municipio de Iguala, en el estado suroccidental de Guerrero, para no volver a ser vistos. La tragedia se ha convertido en un escándalo a gran escala que toca a sicarios, policías y políticos y ha llevado a la detención de un centenar de personas.

En las últimas semanas, el caso ha dado un giro de 180 grados después de que un informe de peritos independientes pusiera en entredicho la versión de la fiscalía de que los estudiantes fueron cremados en un basurero, así como otros aspectos de la investigación oficial.

México se ha movilizado durante este año para pedir justicia en la calle y en las redes sociales bajo lemas como “Ya me cansé”. No han faltado los disturbios. Y hay una gran manifestación estudiantil convocada para este fin de semana en Iguala. Mientras, los padres de los desaparecidos, que se niegan a desistir, se reunieron el jueves con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para exigirle que encuentre por fin a sus hijos.

Estas son las claves de un caso complejo y lleno de incógnitas que estremece y agita al país de habla hispana más poblado del mundo.

La versión de la fiscalía

Estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -una institución educativa de origen revolucionario- llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 tras desviarse de su ruta original a Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero. Su propósito era recabar fondos y hacerse con autobuses para viajar a México DF para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968, en la que el Gobierno arremetió contra manifestantes pacíficos.

En Iguala, los estudiantes tomaron por la fuerza varios autobuses y estalló una reyerta con la policía municipal, una extensión del narco, según la Procuraduría General de la República -la fiscalía federal- . La policía abrió fuego. Hubo muertos y heridos y 43 estudiantes fueron secuestrados.

Agentes de policía entregaron a los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos. Fueron transportados hacinados a un basurero en la localidad vecina de Cocula. Allí, los sicarios ejecutaron a aquellos que no habían muerto asfixiados y luego quemaron los cuerpos en una gran hoguera. Los sicarios metieron los restos en bolsas de basura y las arrojaron al río.

Los presuntos autores intelectuales del crimen, el alcalde de Iguala y su mujer, vinculados al narcotráfico, fueron detenidos en noviembre del año pasado. Unos dos meses más tarde, en enero de este año, las autoridades mexicanas dieron por muertos a los 43 “normalistas” -estudiantes de la escuela normal- desaparecidos. El Gobierno intentó pasar página.

La fiscalía encontró restos en el río San Juan y en el basurero de Cocula. De estos, se ha podido identificar a dos estudiantes. Uno de ellos es Mora Venancio, que fue identificado el año pasado. El segundo es Jhosivani Guerrero de la Cruz, que fue identificado la semana pasada, después de la publicación de un informe peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aparte de los restos, la versión de la fiscalía se sostiene fundamentalmente en testimonios de los detenidos, si bien varios de estos han denunciado torturas.

El informe independiente

Pero hace unas tres semanas, expertos independientes de la CIDH presentaron un informe que cuestiona que los estudiantes fueran quemados en el vertedero de Cocula y subraya numerosas inconsistencias en los testimonios de los implicados.

De acuerdo con el informe, “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira [una gran hoguera] para la cremación de inclusive un solo cuerpo”. Por ejemplo, el fuego, según la versión oficial, estuvo activo unas 15 horas. Pero los cálculos del grupo de expertos indican que cremar a 43 personas requiere que las llamas estén encendidas alrededor de 60 horas.

Uno de los supuestos participantes en la cremación declaró que se utilizaron entre 10 y 15 neumáticos para la hoguera y el resto se completó con madera. Pero la cantidad de madera necesaria para completar ese número de neumáticos y cremar un solo cuerpo es de unos 700 kilos, según el informe. De hecho, para cremar tantos cuerpos se necesitarían unas 30 toneladas de madera. El informe indica que no hay evidencia de que semejante carga de combustible hubiera estado disponible en las cercanías del basurero. Por otro lado, no hay daños generalizados en la vegetación y la basura, daños que una hoguera de esas condiciones hubiera provocado.

Los restos encontrados señalan que al menos uno de los estudiantes fue incinerado. Pero “este informe muestra la imposibilidad de que el basurero de Cocula, en las circunstancias y tiempos señalados en el expediente, sea dicho escenario”.

Por otro lado, el texto sugiere que un quinto autobús puede ser un elemento central del caso. La hipótesis sostiene que en ese autobús había drogas o dinero y que eso desencadenó las represalias: “El resto de explicaciones posibles, como confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil”.

El informe dice además que no sólo hubo policías municipales implicados en la tragedia, sino que el Ejército y la Policía Federal presenciaron los ataques. Los expertos han pedido hablar con los militares destinados en Iguala.

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Familiares de los desaparecidos no han parado de manifestarse exigiendo una investigación a fondo de la tragedia.

Un Gobierno criticado

Un sondeo trimestral divulgado a principios de este mes revela que la popularidad del presidente Peña Nieto ha caído a un 35%, su peor nivel desde que está en el poder, informa la edición mexicana de El Economista. “El momento de Peña Nieto, el momento de México, que se estaba viviendo hasta hace un año atrás de repente fue sacudido primero por los hechos de Iguala y luego por la crisis económica”, explica Carlos Malamud, experto en América Latina del Real Instituto Elcano. “Pero los crímenes de Iguala tuvieron un impacto político muy fuerte sobre la estabilidad y gobernabilidad del país”.

Muchos han criticado la actuación del Gobierno federal en la gestión de la crisis de las desapariciones. Las autoridades federales tardaron en hacerse cargo de la situación y tomar las riendas de la investigación porque el Gobierno consideraba que era competencia de los poderes municipales o estatales, dice Malamud.

“La actuación del Gobierno ha sido tardía y por ello pareciera que siempre ha estado un paso atrás en la atención a las víctimas”, afirma María Elena Morera, activista por los derechos de las víctimas, en correo electrónico desde México. “El informe del grupo de expertos de la CIDH nos deja en claro justamente el atraso que tuvo la autoridad federal para investigar (…). Fue un error de tiempo y fue omisión en partes clave de la investigación que se quedó a nivel de los dichos de criminales y no en la plena comprobación científica del suceso”.

La ONU ha criticado al Gobierno mexicano por la gestión de las desapariciones. Human Rights Watch también ha apremiado a las autoridades a actuar y ha señalado deficiencias en su investigación.

Las familias hablan de crimen por parte del Estado federal. “De alguna manera aquí lo que está en discusión es si, como denuncian los familiares de las víctimas esto fue un crimen de Estado, con grandes responsabilidades en el Gobierno federal -cosa que evidentemente no ha sido así- o si, como estiman muchos observadores independientes, se trata de un crimen interesado por autoridades locales vinculadas a narcotraficantes con algunas complicidades o negligencias por autoridades o bien estatales o bien federales”, opina Malamud. “Pero de ahí a considerarlo como un crimen de Estado hay un largo recorrido”.

¿Y ahora qué?

A día de hoy, no hay una explicación sólida que justifique la virulencia de la represalia contra los estudiantes de magisterio. El líder de los Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias dijo en su testimonio que sospechaban que los estudiantes eran miembros de la banda rival Los Rojos. La hipótesis del autobús del grupo de expertos intenta arrojar un poco de luz sobre el caso. “El informe es un buen avance; sin embargo, está aún incompleto y por ello es justo que los investigadores lo completen,” dice Morera.

“El informe deja también cabos sueltos, que dificultan una clara resolución del caso”, afirma Malamud, en referencia a aspectos como la teoría del quinto autobús que, considera, constituirán el foco de las investigaciones en los próximos meses.

Ante esa incertidumbre, los familiares de los 43 estudiantes se han reunido este jueves con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para presentarle ocho peticiones, entre ellas la creación de un cuerpo exclusivo que investigue los hechos. Nieto ha asegurado que el caso sigue abierto, a pesar de que la fiscalía le hubiera dado carpetazo a principios de año, y que “estamos del mismo lado”.

Entre otras cosas, su Ejecutivo ha ofrecido seguir las recomendaciones del grupo de expertos independientes y crear una fiscalía para desaparecidos. También ha propuesto crear un grupo de peritos del más alto nivel e invitar al doctor José Torero -que hizo el peritaje del vertedero para el grupo de expertos- para volver a revisar el basurero.

El detenido por el caso de la peregrina cambió una fuerte cantidad de dólares tras la desaparición

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M.A.M.B, detenido hoy en Asturias por la desaparición de la ciudadana estadounidense Denise Thiem, cambió 70.000 dólares en efectivo en una sucursal bancaria de la zona días después de que la chica desapareciera.  Thiem desapareció el pasado 6 de abril mientras realizaba el Camino de Santiago. Desde entonces, más de 300 agentes han participado en su búsqueda. 

china

M.A.M.B, detenido hoy en Asturias por la desaparición de la ciudadana estadounidense Denise Thiem, cambió una importante cantidad de dólares en efectivo en una sucursal bancaria de la zona días después de que la chica desapareciera.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la sucursal bancaria que recibió la petición alertó -tal y como marca la normativa vigente- al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que realizó el informe perceptivo. En un primer momento y según fuentes del caso, los agentes especializados en delincuencia financiera consideraron la transferencia sospechosa de un presunto delito de narcotráfico. Sin embargo, tiempo después sirvió a los agentes de la Guardia Civil para fijar sus sospechas en el ahora detenido.

Según las mismas fuentes, M.A.M.B residía en una pequeña finca rural cercana a la ruta del Camino de Santiago seguida por la ciudadana estadounidense. Incluso estaba desde hace meses en el punto de mira de los investigadores, que llegaron a entrevistarse con él. Las alarmas saltaron cuando el hombre pasó a estar ilocalizable la semana pasada. Las primeras pesquisas apuntaban a que el sospechoso pudiera haber escapado a Portugal al sentirse cercado por los agentes. Sin embargo, ha sido finalmente detenido en suelo español y ahora se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

La estadounidense Denise Thiem desapareció el pasado 6 de abril, mientras realizaba el Camino de Santiago. Desde entonces, más de 300 agentes han participado en su búsqueda.

Así viven (y mueren) en México los periodistas amenazados

Estados Jodidos mexicanos

Luis Cardona no pudo tener la jubilación que soñaba. Ahora no puede pasar más de dos meses en la misma ciudad. Por seguridad, no tiene un número de teléfono móvil a su nombre. Luis es periodista, mexicano y amenazado por los narcos. Una combinación de alto riesgo.

Luis Cardona no pudo tener la jubilación que soñaba. Ahora no pasa más de dos meses en la misma ciudad. Por seguridad, no tiene un número de teléfono móvil a su nombre. Luis es periodista, mexicano y amenazado por los narcos. Una combinación de alto riesgo.

Comenzó a trabajar cuando tenía 16 años en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Al terminar la carrera, puso en marcha la sede del Diario Juárez en Nuevo Casas Grandes, un pueblo de 60.000 habitantes en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Después, fundó y dirigió otros periódicos en otros estados de México y recibió muchos toques de atención de los narcos por sus informaciones. Tras cumplir los 50, empezó a pensar en la jubilación y volvió a Nuevo Casas Grandes para escribir en el diario que había fundado. 

Luis informó en su periódico 15 secuestros. Hace dos años, el suyo se convirtió en el número 16. No se trataba de raptos de personas adineradas sino de jóvenes que se resistían a trabajar en los campos de marihuana entre Sonora y Chihuahua. “Me pareció muy grave, no podía dejar de lado la situación. Pero no mencioné cárteles o nombres por seguridad. De cualquier forma, me secuestraron. Me decían: ‘Estás calentando la plaza, le tiras al Gobierno y al crimen organizado, ¿no te das cuenta que somos los mismos? Me quedó claro”, explica a EL ESPAÑOL.

Su cautiverio duró menos de una semana y sus secuestradores lo liberaron sin explicarle por qué. Suficiente para cambiarle la vida. Ahora, Luis Cardona dirige Diario19.com, una web nacida para permitirle a él y a otros amenazados seguir escribiendo. Tiene 55 años y lleva siempre consigo un botón de pánico; al apretar la tecla SOS, desde la central del Gobierno a la que está conectado saben dónde está y pueden escuchar todo lo que ocurre a su alrededor. Si se encuentra en peligro, envían soldados a por él.

Luis forma parte de un colectivo muy grande. Cientos de informadores mexicanos son amenazados por sus publicaciones. No todos tienen la suerte de sobrevivir.Periodistas asesinados

Desde el año 2000, 104 periodistas han sido asesinados en México, según los datos de la Procuraduría General del Estado. El periodo más sangriento se vivió durante el mandato de Felipe Calderón, entre el 2007 y 2012, que declaró la guerra al narcotráfico. Durante estos años, 60 reporteros perdieron su vida por informar sobre temas que incomodaban a los poderes del país latinoamericano.

El asesinato de Rubén Espinosa, el 1 de agosto en el Distrito Federal, la capital del país, es el último de una larga lista. Pero su muerte a balazos junto a cuatro mujeres ha reavivado el miedo, el coraje y la impotencia de sus compañeros.

“Sabemos quién fue”

“Sabemos quién fue”, escriben en sus pancartas al manifestarse. En las concentraciones que han seguido al asesinato, los compañeros de Rubén han quitado el verde y el rojo a la bandera mexicana. La pintan de negro y la alzan en sus protestas. Juntan sus cámaras para formar un altar. Y gritan: “No se mata la verdad matando periodistas”. Apuntan directamente al Gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte.

Rubén Espinosa salió de Veracruz el pasado 9 de junio, estado en el que vivía y trabajaba. “Tuve que salir por intimidaciones, no por una agresión directa como tal. Por sentido común”, dijo Rubén en una entrevista con Rompeviento, una televisión online. Según explicó, unos días antes de autoexiliarse en el D. F., un par de hombres lo siguieron por las calles de Xalapa, en Veracruz. En la misma entrevista explicó que no presentó una denuncia porque no confiaba en ninguna institución del Estado. Al parecer, los que le seguían no cesaron su búsqueda hasta el D.F. Ahí es donde lo asesinaron.

Rubén no dejó de trabajar a pesar del riesgo de su profesión. Según la revista mexicana Proceso, de la cual era colaborador, se había convertido en un informador incómodo para el Gobierno de Veracruz. Estaba especializado en la cobertura de protestas sociales como la que se refleja en la foto con la que empieza este reportaje, subida por el fotoperiodista a las redes sociales hace menos de un año.

Políticos, redes financieras y narcos

El narco en México es un triunvirato: son políticos, redes financieras y narcotraficantes. Todo estaba controlado por el poder político, desde los años 80 hasta que Vicente Fox llega a la presidencia con el Partido Acción Nacional (PAN), en el año 2000, acabando con más de 70 años de Gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Cuando Fox toma el control, los cárteles dejan de funcionar de manera compacta y empiezan a hacerlo aisladamente. El cártel deja de estar tan regido por el poder político. Toman el mando los grupos criminales. Entonces el narco en México se desbarata”, relata Lolita Bosch, periodista y novelista nacida en Barcelona pero mexicana de adopción. Es ahí cuando el número de muertes comienza su escalada.

En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, toma las riendas del Gobierno. Su mandato es también el inicio de la conocida como guerra al narcotráfico. “Calderón quería controlar la situación, pero no supo”, explica Lolita. El número de muertes se dispara hasta que en 2012 México elige a un nuevo presidente, de nuevo del PRI: Enrique Peña Nieto. “Llegó con la falsa promesa de poner riendas al narco. Esta era la ilusión que teníamos. Pensábamos que si lo habían hecho en los 80 lo sabrían hacer ahora. Pero no, porque el narco ya era otro”, sentencia. Lolita fundó una web junto con 90 personas: periodistas, activistas y académicos para responder a la situación después de la guerra declarada por Calderón. Entre sus proyectos está contar la historia de los asesinatos a periodistas en todo México a través de un libro online.

En la última década, el narco ha tomado el poder del crimen organizado y eso hace que sea más fácil investigarlo, pero también que afloren las relaciones entre las redes financieras y políticas. Se ve de qué manera están tan vinculados los tres poderes fácticos. Cuando eso ocurre, empiezan las matanzas de periodistas. “La investigación pone en riesgo al poder político.

Ese es el verdadero poder de la guerra: poner en evidencia la manera de funcionar con estos tres poderes”, dice la periodista y escritora. El problema de la guerra es el descontrol. Según los periodistas, fue sólo una estrategia de Calderón para reivindicarse como líder, pero no lo logró. El PAN no supo controlar el desorden del poder y de ahí viene el incremento en los asesinatos de periodistas.

Las zonas de la guerra

Chihuahua y Veracruz son los estados de México con más asesinados. Después se encuentran Tamaulipas y Guerrero. Veracruz y Tamaulipas son los estados del Golfo de México. “Lo que ocurre con los periodistas del golfo se explica porque es una entrada más grande de droga. Es, además, un conglomerado de crimen organizado. Trafican con mujeres, con niños, con armas…”, detalla Lolita Bosch.

En el siguiente mapa se muestran las muertes de periodistas desde el año 2000 en el estado en el que se produjeron.

Los medios han organizado redes de protección entre ellos. Los periódicos de Ciudad Juárez (Chihuahua) fueron los primeros en sufrir la delincuencia y compartieron sus técnicas con los diarios de Veracruz, que ahora ayudan a los de estados del sur de México.

“Hoy estar informado en México no es sólo un derecho, es un motivo para salvar tu vida. Las personas necesitan saber quién opera en su ciudad, porque es distinto cómo opera el cártel de Jalisco y su nueva generación a cómo lo hacen los zetas en el Caribe o el cártel de Sinaloa y el de Juárez. Todos necesitan saber qué está pasando en su comunidad para seguir vivos”, explica Lolita. “Pero a los periodistas no nos da tanto miedo el narco como el poder político”, agrega.

“Nosotros hacemos como si el Gobierno no sirviese”

Casi todos los periodistas que han hablado sobre el triunvirato han sido amenazados. Algunos cuentan su historia como estrategia para defenderse. Piensan que haciendo público su caso el que amenaza tomará más precauciones. Otros deciden no decir nada a nadie, ni siquiera denunciar, pues nunca saben de dónde viene esa amenaza. La denuncia puede ser contraproducente.

“A pesar de que mi periodismo no es bueno para el Gobierno, el mismo Estado es el que tiene el deber de proveer seguridad”, cuenta Luis Cardona. “Por eso formo parte del mecanismo de protección federal. No puede cuidarnos una asociación no gubernamental porque no tiene esa capacidad. Ellos tienen bastante dinero, pero lo gastan en libros y en estadísticas. Cada muerto es una estadística para ellos. Sólo el Estado puede protegernos, aunque el mismo Estado es también agresor”, agrega.

Según Lolita Bosch, trabajar por el bien común es trabajar contra el Gobierno. “Si decimos que estamos a favor de la paz, al Gobierno le parece una afrenta”, subraya.

Ahora los periodistas ya no tienen en donde resguardarse. “Antes íbamos al D. F., pero con el asesinato de Rubén nos han dicho no. Ya no tienen en donde colocarse. Ese es el mensaje que le han dado al periodismo independiente”, relata Lolita. El miedo, después del asesinato de Rubén y las cuatro mujeres, es saber quién sigue. “En cualquier momento van a ir por cualquiera de nosotros. Tenemos que ser muy inocentes para decir que no nos va a pasar. Nos puede pasar a cualquiera. Así funciona esta guerra”, lamenta.