Hacienda busca en Holanda 6,2 millones en comisiones de Oleguer Pujol

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

Este pago se enmarca en la adquisición de las 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros que investigar la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal. Por ahora se desconoce el destino de estos fondos, que fueron desviados por orden del hijo menor del ex president. Anticorrupción sospecha que Pujol Ferrusola pudo introducir fondos procedentes de la corrupción política en esta y alguna otra operación.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) recuerda en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que esta compra millonaria, materializada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Tres ciudadanos holandeses figuran como administradores oficiales de esta entidad, que “sólo ha tenido un empleado” durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Según la ONIF, se desconoce quiénes son los socios de esa empresa “por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los referidos administradores holandeses por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda propone al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de la mismas”. Solicita todos los movimientos de más de 20.000 euros junto con la identificación del “ordenante y beneficiario” y“las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos”. Por último exige los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por Marway, BV “en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de las mismas”.

Pujol Jr denuncia el robo de decenas de miles de euros en joyas

Captura de pantalla 2015-09-13 a la(s) 14.49.47

Un robo ha destapado que el matrimonio formado por Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès atesoraba decenas de miles de euros en joyas y relojes en su domicilio.

También en EL ESPAÑOL:

Un robo ha destapado que el matrimonio formado por Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès atesoraba decenas de miles de euros en joyas y relojes de alta gama en su domicilio. El hijo mayor del ex presidente autonómico catalán y su esposa denunciaron el siniestro hace dos años y han puesto en manos de la compañía aseguradora las facturas de los objetos de valor que supuestamente fueron sustraídos en su vivienda barcelonesa.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la documentación remitida por el matrimonio a una céntrica correduría de Barcelona. Allí figura, por citar uno de los ejemplos más significativos, un reloj de la marca Audemars Piguet, valorado entonces en 13.800 euros y hoy en 17.700. Se trata concretamente del modelo Royal Oak de 41 milímetros automático con esfera de plata y brazalete de acero, que fue adquirido personalmente por Pujol Ferrusola en la conocida joyería Rabat del Paseo de Gracia.

Esta pieza es una de las más significativas de la colección del matrimonio pero no es la única. Mercè Gironès informó a la aseguradora de que le habían desaparecido dos modelos de relojes de la marca Cartier. Para documentar de qué modelos exactos se trata, se dirigió a El Corte Inglés de la Avenida Diagonal donde solicitó un presupuesto de ambos simulando que se disponía a adquirirlos.

Los grandes almacenes le hicieron llegar la información sobre el primer reloj solicitado: un Tank Française de acero mediano valorado en 3.870 euros. También le remitieron el otro modelo requerido: de nuevo un Tank Française, esta vez en tamaño grande y automático. Su precio, 4.600 euros.

screenshot-localhost 2015-09-13 11-01-47

La pareja envió a la aseguradora también al menos otras dos facturas de artículos de la firma Bulgari adquiridos en la tienda del número 74 del Paseo de Gracia y valorados cada uno de ellos en 900 euros. Cada uno tenía su correspondiente número de serie y ambos habrían sido adquiridos, según la documentación, en vísperas de las navidades de 2005.

PUJOL JR. BUENO

El rastro del dinero

Hasta el momento ha quedado acreditado que Pujol Jr ha blanqueado las comisiones que ha cobrado de manos de grandes contratistas de la Generalitat catalana en inversiones en medio mundo diseminadas en negocios tan dispares como puertos, minas o grandes operaciones inmobiliarias en Argentina, Brasil, Turquía, Irak, Etiopía o Gabón.

Pero también que ha destinado buena parte de los más de ocho millones de euros que ha percibido a través de sus sociedades instrumentales -Project Marketing Cat e Iniciatives, Marketing i Inversions- por la prestación de asesorías que se han demostrado falsas en artículos de lujo. En este sentido, célebre es ya su colección de coches deportivos clásicos, integrada por una docena de Lamborghini, Ferrari y Porsche y tasada por la Agencia Tributaria en 1,6 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción y Hacienda ya han documentado que Pujol Ferrusola declaró haber pagado precios irrisorios por ellos y apuntan a que utilizó abundante dinero negro de origen desconocido en estas operaciones. Por lo tanto, la investigación que se sigue contra él por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal no sólo se extiende ya a su ingente parque móvil sino a los innumerables artículos de lujo adquiridos durante los últimos años por el vástago del histórico líder nacionalista catalán con cargo a las comisiones que, tal y como demostró hace unos días este periódico, alcanzaban el 5%. Una tarifa superior a la ya conocida del 3% entregada por grandes contratistas públicos como la familia Sumarroca a Convergència Democrática de Cataluña (CDC).

También en EL ESPAÑOL:

Unos Presupuestos con anzuelos electorales

rajoySubida del gasto en pensiones, aumento de las becas, de las ayudas al cine o del fomento del empleo. Incluso un incremento de la financiación a Cataluña, que acaba de convocar elecciones de cara al próximo 27 de septiembre. El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) difícil de ejecutar y con múltiples anzuelos con los que pescar votos en las próximas elecciones. Irreales, irrealizables y con fachada de cartón piedra.

Subida del gasto en pensiones, aumento de las becas, de las ayudas al cine o del fomento del empleo. Incluso un incremento de la financiación a Cataluña, que acaba de convocar elecciones de cara al próximo 27 de septiembre. Con aspecto de cartón piedra, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con múltiples anzuelos con los que pescar votos en las próximas elecciones.

Uno de los grandes caladeros electorales a los que pretende acudir el partido en el gobierno son los pensionistas. Con 8,4 millones de votantes se convierte en un colectivo determinante para las próximas citas con las urnas. Pese a la crisis de los últimos años, la pensiones públicas se han mantenido al margen de los recortes. Los continuos mensajes sobre la seguridad de sus políticas económicas y las referencias a lo sucedido en Grecia van en la misma dirección de asegurarse un voto masivo del pensionista.

pensiones_graficos

Para 2016 experimentarán un aumento del 2,8% (3.800 millones de euros), hasta 135.448 millones, un 20% más que al inicio de la legislatura y un 48% más que en 2007. Esto no se traducirá en revalorizaciones (de apenas el 0,25% para 2016). Su peso en el conjunto de los presupuestos se elevará al 31%, convirtiéndose en la partida a la que hay que destinar más dinero. El Gobierno pasa de puntillas sobre la llamada ‘hucha de las pensiones’ pese a que volverá a extraer más de 6.000 millones en 2016. Desde que Rajoy llegó al poder su nivel ha bajado a la mitad de los 66.000 millones que había en 2011.

¿Bajada de impuestos?

No ha faltado la promesa más habitual antes de unas elecciones: la insinuación de una bajada de impuestos en cuanto haya margen presupuestario. El ministro Montoro se apoya aquí en las recientes rebajas del IRPF y señala que el Gobierno apuesta por seguir bajando impuestos. Todo se apoya en la incipiente recuperación económica y la mejora de la recaudación.

Juega en contra de esta idea, sin embargo, la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit fiscal del 2,8% para 2016 y abandonar el celo de Bruselas a las cuentas públicas españolas por superar el protocolo de déficit excesivo. Desde la capital comunitaria ya han advertido a las autoridades españolas que deben revisar y dar su visto bueno a las hojas de presupuesto.

Guiño a Cataluña

Otro de los mensajes contenidos en los presupuestos se dirige a Cataluña, en pleno debate soberanista y a poco más de un mes de las elecciones autonómicas más importantes de su historia. El Gobierno ha elevado un 12% la financiación a la Generalitat, hasta 17.225 millones, el mayor incremento autonómico que la coloca por delante de Andalucía (17.121 millones) y Madrid (12.425 millones). El Gobierno usará Fondo de Suficiencia Global para inyectar otros 747,78 millones a la Generalitat, el 20% del total del fondo.

Cine, cultura y RTVE

Los Presupuestos tiene también un gesto con algunos de los sectores más hostiles con las políticas del Gobierno en los últimos tiempos. A la cabeza, la corporación RTVE. La televisión pública recibirá 331 millones de euros, un 17% más o 50 millones en términos absolutos. El cine recibirá un 54% más fondos, hasta 74 millones, mientras que el sector de la música, danza y teatro obtendrán 143 millones, en línea con el pasado año.

Educación

becas

Castigada en presupuestos anteriores, la partida de Educación contará para 2016 con 211 millones más, lo que supone una subida del 9,3% respecto al anterior. La Ley Orgánica de Mejora de la Educación (LOMCE) se integrará en el gasto de Secundaria y supone 363 millones, el 80% del mismo. Por su parte, la subida de becas anunciada por Méndez de Vigo fue del 0,2% y alcanza la cifra más alta de la última década (1.472 millones). El número de becarios en educación universitaria, estudios postobligatorios y necesidades especiales se sitúa en los 717.561, la misma cifra que entre 2014 y 2015. La partida en becas es la más importante del programa en Educación, el 59,3% del total.

Empleo y desempleo

grafico 10Pero la variación más destacada que contiene el proyecto de presupuestos es el desplome en las prestaciones por desempleo: un 21%, hasta 19.820 millones de euros. Desde 2011 ha descendido un 35%. Esto ocurre por el menor número de beneficiarios de la prestación, el descenso de población y la progresiva creación de empleo registrada en el último año.

Sin embargo, el número de parados se mantiene por encima de los 5 millones con más de un millón de hogares con todas las personas en situación de desempleo, más que cuando Rajoy llegó a la presidencia. Los Presupuestos evitan ampliar el gasto social para este amplio grupo de población. No es un caladero electoral para el PP.

Sí lo harán con las llamadas políticas activas de empleo, que alcanzarán los 5.214,9 millones de euros, un 10% más que en 2015. Crecen las bonificaciones a la contratación (135 millones de euros), la orientación profesional (129 millones) y la formación profesional para el empleo (117 millones) o el programa Prepara (219 millones de euros), destinado a personas que han agotado todas sus prestaciones.

También en EL ESPAÑOL:

Deuda, desempleo y pensiones absorben el 62% de los Presupuestos

grafico9

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado los últimos Presupuestos Generales del Estado de la actual legislatura. Las proyecciones de gasto crecen un 1,4%, hasta 264.217 millones de euros, con especial relevancia de la deuda pública, que supone el 27% del total presupuestado. Otras dos partidas destacadas son el pago de las pensiones (alcanza el 31% del total) y los subsidios por desempleo (un 4,54%).

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Son los últimos de la actual legislatura.

grafico9

grafico1

grafico2

grafico3

grafico4

grafico5

grafico6

grafico7

grafico8

grafico 10

Screen Shot 2015-08-04 at 17.56.55

El juez falla a favor de la ex consejera delegada de Ono en su pulso con Vodafone

portelaHonor y dinero. El pulso judicial entre Vodafone y la ex cúpula directiva de Ono (Rosalía Portela, Carlos Sagasta y José María Castellano) comienza a resolverse. El juicio laboral entre la que fuera consejera delegada de ONO, Rosalía Portela, y Vodafone, actual dueño de la compañía, ha terminado con una victoria rotunda para la primera.

Honor y dinero. El pulso judicial entre Vodafone y la ex cúpula directiva de Ono (Rosalía Portela, Carlos Sagasta y José María Castellano) comienza a resolverse. El juicio laboral entre la que fuera consejera delegada de ONO, Rosalía Portela, y Vodafone, actual dueño de la compañía, ha terminado con una victoria rotunda para la primera.

El juez dictó ayer que su despido en octubre de 2014 fue improcedente y deberá ser indemnizada por la operadora. Es solo el primero de una serie de encuentros en los tribunales entre ambas partes que se esperan en los próximos meses. Por el momento, Vodafone ha perdido ya dos juicios y fue retratada en un acta de Hacienda como conocedora de la situación económica y fiscal de su recién adquirida Ono, auditada entonces por PwC y más tarde reauditada por Deloitte tras la adquisición.

El caso se remonta a la venta de Ono a Vodafone en julio de 2014 por 7.200 millones de euros, incluida la deuda financiera de 3.400 millones. Tras conocerse la operación, Hacienda abrió un expediente por infracción y fraude en la contabilización del IVA en una serie de clientes -que suponían una facturación de 100 millones, menos del 2% de la actividad de la empresa- y pidió cuentas.

El caso de los bonus millonarios sin pagar

El operador británico, por su parte, dio a entender que le habían engañado y reaccionó despidiendo a Rosalía Portela, al presidente José María Castellano y al director financiero, Carlos Sagasta. Como consecuencia de lo anterior, Vodafone congeló un bonus de más de 70 millones de euros que tenían pactado estos ejecutivos con los anteriores accionistas de Ono. Esa cantidad se corresponde con un plan de incentivos a largo plazo y que Vodafone debía asumir tras la compra, pero que se negó en redondo a pagar alegando una mala gestión de sus directivos y la responsabilidad en el asunto con Hacienda.

Una vez finiquitados los juicios laborales de Portela y Sagasta -que todavía espera el fallo-, en septiembre está previsto que se resuelva el caso de los bonus, además de otra querella contra Vodafone presentada por Portela en la que reclama otros 100 millones de euros por la indefensión y perjuicios ocasionados por el despido.

Se encuentra también pendiente de resolución, aunque tras los primeros juicios la posición de Vodafone ha perdido fuerza. Tanto en el acta de Hacienda que cerró el expediente por irregularidades como en el contencioso laboral se señala que la operadora conocía la situación fiscal de Ono en el momento de su compra.

El equipo directivo comandado por Castellano y Portela llegó a Ono entre finales de 2008 y la primavera de 2009. El estado del grupo de telecomunicaciones era más que delicado: 540 millones de euros en pérdidas, una deuda de 4.600 millones que debía de ser negociada a cara partida con los bancos y un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que resultó en 1.300 despidos.

Los accionistas de Ono pactaron con la nueva dirección un plan de incentivos a largo plazo para que diesen la vuelta al rumbo de la empresa. El accionariado de la operadora de cable estaba controlado hasta la llegada de Vodafone por varios grupos de capital riesgo como Providence Equity Partners, CCMP Capital, Thomas H. Lee Partners y Quadrangle Capital.

Image: Flickr/Esade

Hacienda dice que con la ‘lista Falciani’ no se puede acusar a nadie de delito fiscal

 Según un informe de la Subdirección General de Inspección Territorial de Hacienda, la información sobre 659 presuntos defraudadores fiscales de la ‘lista Falciani’ no era suficiente para imputar a ninguno de ellos un delito fiscal. Esta es la razón por la que la Agencia Tributaria decidió requerir a todos ellos para que regularizaran voluntariamente su situación con con el fisco en lugar de abrirles una inspección que podría haber llevado a alguno de ellos a prisión.

L'informateur de fisc français, Hervé Falciani (ancien informaticien de la banque Suisse HSBC), dévoile le parcours qui l'a amené à dénoncer le fonctionnement de la banque HSBC de Genève.

La información sobre 659 presuntos defraudadores fiscales de la ‘lista Falciani’ no era suficiente para imputar a ninguno de ellos un delito fiscal, razón por la que la Agencia Tributaria decidió requerir a todos ellos para que regularizaran voluntariamente su situación con Hacienda en lugar de abrirles una inspección que podría haber llevado a alguno de ellos a prisión.

Así lo asegura un informe de la Subdirección General de Inspección Territorial fechado el pasado 8 de junio y remitido a la jueza, Purificación Elisa Romero, titular del juzgado de instrucción nº 37 de Madrid, que instruye una causa para determinar si los altos cargos que tomaron dicha decisión incurrieron o no en delito.

El informe detalla que las autoridades francesas enviaron un total de 1.972 fichas de posibles defraudadores con cuentas en el HSBC de Ginebra, en algunos casos personas físicas y en otras jurídicas, de las que logró identificar a 1.800, aunque sólo se pudo adjudicar bienes patrimoniales a 848. Tras comprobar si tenían su residencia en España y si los datos a los que aludía la información estaban prescritos o no, el listado quedó reducido a los ya citados 659 contribuyentes, a los que se giró un requerimiento voluntario de regularización.

“No parece que de la información de las fichas pudiera deducirse directamente la existencia de delitos contra la hacienda pública, dado que, si bien existía información de los saldos, no se podía conocer la procedencia de los fondos”, dice literalmente el texto de la Agencia Tributaria.

“Las identidades no siempre aparecen claras”

Javier Hurtado Puerta, subdirector general de Inspección Territorial, que firma el documento, sostiene en él que “las identidades de los titulares no siempre aparecían claras e indudables”, ya que la mayoría estaba a nombre de sociedades constituidas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo. Es decir, se trataba de sociedades domiciliadas en Suiza pero sin ninguna actividad económica. “Había que determinar quién o quienes se escondían tras estas sociedades pantallas” antes de corroborar que “tal y como se pensaba en los primeros momentos, las Autoridades Suizas no colaboraron para confirmar el contenido de las fichas”, dice el informe.

Esta circunstancia, y el hecho de que los datos remitidos se referían exclusivamente a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, y la prescripción de las declaraciones sobre IRPF y sobre el Patrimonio del ejercicio de 2005 se producía el 30 de junio de 2010, es decir, 36 días después de la recepción de los datos, que había tenido lugar el 26 de mayo, hizo que se optara por el requerimiento en lugar de por abrir una inspección.

“En ese periodo tan reducido de tiempo fue preciso realizar los procesos de análisis e identificación, sistematizar la información, valorar mínimamente los riesgos, adoptar la decisión sobre las personas con capacidad de disposición y titularidad real, y sobre la actuación más adecuada a realizar, elaborar los documentos administrativos a remitir y lograr las notificaciones de los mismos”, dice el informe de la AET, que recoge que aproximadamente la mitad de los 659 requeridos no respondieron o negaron ser titulares de la cuentas. “De este modo la información recibida, sin negarle una evidente utilidad para detectar riesgos desconocidos, no podía ser usada sin más para la práctica de regularizaciones”.

Colaboración con Hacienda 

El documento remitido a la magistrada  reconoce que muchas de las personas que regularizaron tras el requerimiento de Hacienda demostraron que el origen de las rentas que tenían en Suiza procedían de ejercicios fiscales prescritos y solo tuvieron que regularizar pequeñas cantidades. “Esto les permitió colaborar con la Agencia Tributaria aportando información sobre cómo actuaba el banco suizo, y de esta forma ayudar a comprender la información de que se disponía. Esta información, que fue muy importante para el desarrollo de las actuaciones inspectoras con titulares que negaban las cuentas, se obtuvo generalmente de esos contribuyentes que presentaron declaraciones complementarias tras la notificación de los órganos de Gestión”.

En definitiva, el informe avala la decisión Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo, entonces director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, y María Dolores Bustamante, directora del departamento de Gestión, contra quienes el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha presentó en una querella que ha dado lugar a una causa en la que ambos exaltos cargos están imputados.

El informe de  la AEAT concluye diciendo que el procedimiento utilizado “no impidió, con posterioridad, y según las circunstancia de cada caso, la imposición de sanciones, el posterior desarrollo de procedimientos inspectores o la presentación de denuncias por delito fiscal”, aunque no especifica en cuántos casos ni los importes.

 

La jueza que pidió a Hacienda todos los nombres de la ‘lista Falciani’ renuncia ahora a ella

HSBC

El paso atrás de Purificación Elisa Romero ha causado malestar en el sindicato de técnicos de Hacienda. Su decisión exonera al Gobierno de hacer pública la lista de defraudadores.

La jueza Purificación Elisa Romero Paredes, que el pasado 6 de abril pidió a Hacienda los nombres de las 659 personas de la ‘lista Falciani’ a las que la Agencia Tributaria alertó para que regularizaran su situación con el fisco en lugar de abrirles una inspección, ha cambiado de opinión y en una providencia fechada el 1 de junio renuncia a esta prueba. La decisión exonera al Gobierno de hacer pública la lista de defraudadores.

La resolución ha causado sorpresa y malestar en el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que se querelló contra Carlos Cervantes y María Dolores Bustamante, ex directores de los departamentos de Inspección y de Gestión, respectivamente, de la Agencia Tributaria, que tomaron en última instancia el acuerdo.

En su declaración como imputados, el pasado 23 de abril, ambos manifestaron que no se formalizó un expediente administrativo previo a la decisión ni se redactó un acta, sino que simplemente analizaron la información que les remitió el agregado financiero de la embajada de Francia (junio de 2010) y la forma en que se había obtenido (había sido sustraída por el ingeniero informático Hervè Falciani del HSBC de Ginebra), y concluyeron que lo más eficaz era pedir a los defraudadores que regularizaran su situación voluntariamente en lugar de abrirles un procedimiento de inspección, que podría haber llevado a algunos a la cárcel.

“Fue una decisión muy pensada y muy meditada”, dijo Carlos Cervantes en su declaración ante la jueza, “y respondió a un análisis muy profundo”. “Todo se trató verbalmente”, manifestó Bustamante en su comparecencia. Ambos reconocieron que no pusieron los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal ni recabaron un informe previo a la Abogacía del Estado sobre la decisión que pensaban adoptar.

‘Debilidad absoluta de pruebas’

Los dos altos cargos pusieron en duda ante la magistrada la fiabilidad de la ‘lista Falciani’, y Cervantes llegó a afirmar que descartó abrir procedimientos de inspección “por la debilidad absoluta de las pruebas que nos habían llegado”.

“La información era inviable para poder sustentar un procedimiento de inspección con garantías de éxito, además de que sabíamos su origen ilícito”, afirmo Cervantes, quien puntualizó: “Había salido en todos los periódicos que Suiza había protestado de forma enérgica ante Francia y había exigido la devolución de la información que a las autoridades francesas les había facilitado el señor Falciani”.

El entonces director del departamento de Inspección de la Agencia Tributaria aprovechó su comparecencia para descalificar sin ambages al exempleado del HSBC. “La información no era original del banco; el señor Falciani, como informático que era, obtuvo, robó, sustrajo, exclusivamente ficheros informáticos que intentó conectar entre sí. No había ninguna documentación, soporte de esos datos”. Y añadió una última razón para justificar que no ordenase la apertura de inspecciones: “La absoluta imposibilidad de contrastar la información”.

No hubo inspección, sí ‘requerimientos’

Descartada la inspección, la Agencia Tributaria giró requerimientos a los integrantes de la ‘lista Falciani’ para que regularizaran su situación con el fisco. Es aquí donde el propio Carlos Cervantes reconoce, pese a la descalificación previa de la información facilitada por Francia, que “la información base era globalmente buena” porque centenares de contribuyentes optaron por ponerse al día con Hacienda.

Entre ellos el entonces presidente del Banco de Santander, Emilio Botín. Curiosamente, sólo él figuraba en la ‘lista Falciani’, vinculado a una sociedad radicada en un paraíso fiscal con un saldo de 82 millones de dólares, y sólo a él se le requirió para que regularizase su situación, pese a lo cual otras 11 personas de su familia (cinco hijos, su hermano Jaime y los cinco hijos de éste) presentaron declaraciones complementarias y pagaron 200 millones de euros a Hacienda para evitar ser acusados de delito fiscal. “Un único requerimiento hizo que 12 personas de esa misma familia presentaran declaraciones complementarias”, se jactó Carlos Cervantes ante la jueza.

María Dolores Bustamante añadió en sus 14 folios de declaración que a la falta de solidez de las pruebas aportadas por Falciani se unía la premura de tiempo para evitar que prescribieran las deudas con Hacienda; entre la documentación en su poder había alguna que hacía referencia al año 2005, lo que limitaba hasta el 30 de junio de ese año (2010) el derecho de la Administración para liquidar deudas tributarias.

Recurso

Fernando Llagas, letrado de la acusación, ha recurrido la providencia de la magistrada por su inexplicable marcha atrás. “Si estamos investigando si ante una determinada información varios altos cargos de Hacienda actuaron de manera correcta, será necesario conocer la información que recibieron y qué informes solicitaron -si es que solicitaron alguno- para poder valorar la decisión que tomaron. No basta con que digan que todo fue verbal, porque el hecho cierto es que las autoridades francesas enviaron documentación y un listado de presuntos defraudadores. La causa no puede convertirse en un relato unilateral de los imputados y que la jueza decida en función del mismo”, manifestó Llagas a este diario.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid ha citado a declarar el próximo 14 de septiembre a Juan Manuel Vera Priego, jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en el momento en el que las autoridades francesas entregaron a las españolas la ‘lista Falciani’ de defraudadores, de cuyo análisis fue responsable.

Mucho antes, el próximo 9 de julio, deberán comparecer como testigos Carmen García Amorós y Marcos Álvarez de Suso, subdirectores de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, que participaron en las reuniones en las que se decidió alertar a los defraudadores. Los tres lo harán a petición del Abogado del Estado, Miguel Herranz Díaz, que representa a los querellados, lo que hace prever que avalarán las decisiones de sus superiores.

(Foto: Gyver Chang / Flickr)

Madrid tiene más deuda que Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza juntas

evolucion-deuda

Según datos del Banco de España, los ayuntamientos españoles tenían una deuda acumulada de cerca de 32.000 millones de euros a finales de 2014. El 18% de esa cifra corresponde al Ayuntamiento de Madrid.  

También en EL ESPAÑOL:

Según cifras del Banco de España, los ayuntamientos españoles tenían una deuda acumulada de cerca de 32.000 millones de euros a finales de 2014. El 18% de esa cifra corresponde al Ayuntamiento de Madrid.


La deuda de Madrid la sitúa como la ciudad más endeudada en términos absolutos. Mantiene este lugar desde 2003, año en que empezó a gobernar Alberto Ruiz-Gallardón. Madrid superó a la Barcelona post-olímpica que desde la década de los 90 se mantenía en la primera posición.

Desde diciembre de 2005, Madrid supera en deuda a la suma del resto de capitales de provincia de más de 500.000 habitantes: Barcelona, Zaragoza, Valencia, Málaga y Sevilla. El soterramiento de la M-30, la reforma del palacio de telecomunicaciones, el sueño olímpico… Sólo las obras de la M-30 supusieron pedir una financiación récord de 2.500 millones de euros (a través de la empresa Madrid Calle 30) que en 2011 asumió el ayuntamiento cuando quedaba un saldo pendiente de 2.226 millones.

Esta financiación está concedida a través de dos préstamos sindicados (1 y 2) en los que participan 15 entidades bancarias y el ICO. En los años 2012 y 2013 la deuda viva de Madrid superaba los 7.000 millones de euros. Con el último dato disponible, publicado por el Banco de España y referido a la situación en diciembre de 2014, la deuda había bajado hasta los 5.936 millones de euros.

Entre los años 2007 y 2008, durante el estallido de la burbuja inmobiliaria, la cuarta parte de la deuda de todos los ayuntamientos pertenecía al Ayuntamiento de Madrid. Hoy ha pasado a suponer el 18% del total. El resto de capitales de provincia de más de 500.000 habitantes suman el 11,5% del total de la deuda municipal. A pesar de ser la ciudad que más debe, Madrid es la única que ha bajado su deuda desde el inicio de la crisis. La cifra ha bajado en 745 millones. Es decir, un 11,16%. Barcelona, en cambio, es la que más ha aumentado su deuda desde 2008. 207 millones al cierre de 2014.

evolucion-deuda

Sin línea de crédito

El nivel de endeudamiento sobre los ingresos es otro de los factores para conocer la salud financiera de los ayuntamientos. Se trata de un porcentaje que mide los objetivos de deuda de las entidades locales. En mayo de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero establecía una serie de medidas extraordinarias entre las que se incluía la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse desde ese momento hasta el año 2012. Después de las críticas de algunos consistorios, el Ministerio de Economía se vió obligado a dar marcha atrás 24 horas después.

Al final la medida entró en vigor el 1 de enero de 2011 y se aplicó en los presupuestos de ese año. Aquellos municipios que superaran el 75% del nivel de endeudamiento respecto al ejercicio anterior no podían seguir pidiendo créditos a largo plazo.

Con la llegada al poder de Mariano Rajoy, se introdujeron nuevos cambios en la normativa. Se sigue fijando el umbral en el 75%. Pero aquéllos que se encuentren en una situación de endeudamiento excesivo podrán endeudarse siempre y cuando no superen el 110% establecido en el Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales del año 2004.

Hasta 1.090 municipios de los 7.456 que publicaron información de la ejecución de sus presupuestos para 2013 (no hay información de los municipios del País Vasco y Navarra) presentaron un nivel de endeudamiento superior al 75%. Unas cifras que disminuyen su capacidad de obtener ingresos para pagar su deuda.

La deuda de un 7% de los municipios supera el 110% de los ingresos corrientes. Tres ayuntamientos, entre ellos el de la localidad burgalesa de Monasterio de la Sierra, llegan a superar el 700%. En este mapa se puede ver el nivel de endeudamiento de cada municipio en 2013.

Se podría decir que la deuda municipal ha empeorado en muchos ayuntamientos de España durante esta legislatura. En 2011 sólo 758 municipios (un 10% del total) tenían una deuda que superaba el 75% de sus ingresos . Dos años después, ese porcentaje había subido hasta el 14,6%.

2013 es el último año cuyos datos ha hecho públicos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 589 pueblos han pasado de no rozar el 75% en 2011 a superarlo en el ejercicio de 2013.

Deuda por habitante

Monasterio de la Sierra es también el municipio español que encabeza el ranking de mayor deuda por habitante. A cada uno de los 46 vecinos del municipio le corresponden 8.891 euros. En el otro extremo se encuentran 3.089 municipios, que mantenían el equilibrio presupuestario al final del ejercicio de 2013. Esos 3.089 municipios representan el 38% del total.

Con 7.005 euros más que en 2011, Jalón de Cameros (La Rioja) es el municipio que en términos absolutos más ha aumentado su deuda per cápita. El ayuntamiento publicó en su página web una nota informativa donde explica que la deuda se debe a un crédito bancario pedido en 2013 por el importe de la subvención de una obra que no fue liquidada por la Consejería de Agricultura de La Rioja hasta el año siguiente.

En total, 2.845 municipios (un 35%) han visto crecer sus cifras de deuda desde el inicio de la legislatura. En el otro extremo se encuentran el 31,9% de los consistorios que han logrado reducirla. Entre ellos, 408 ayuntamientos que han conseguido liquidar su deuda al 100%.

deuda-per-capita

Hasta 17 ayuntamientos de más de 100.000 habitantes tenían una deuda declarada superior a los 1.000 euros por habitante en 2013. Encabeza la lista el municipio de Parla (Madrid) con 2.940,67 euros por habitante. En febrero de este año, su alcaldesa socialista, Beatriz Arceredillo, reconoció que el ayuntamiento tenía una deuda de 550 millones de euros y admitió que en 2014 no pagó la Seguridad Social de sus trabajadores. En esta cifra no está incluida la deuda del polémico tranvía de Parla, que ronda los 180 millones de euros. Debido a esto, el ayuntamiento tiene retenidos los ingresos por el Estado. Arceredillo relevó en noviembre al anterior alcalde, José María Fraile, detenido en la operación Púnica.

enajenacion-deuda

Ingresos de los ayuntamientos

La recalificación del suelo fue una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos durante el boom del ladrillo. La llegada de la crisis económica llevó a los alcaldes a buscar nuevas fórmulas de ingresos y allí estaba el ciudadano. Un informe del Tribunal de Cuentas estudia 1.312 ayuntamientos que en 2012 tenían una población superior a los 5.000 habitantes.
El Tribunal de Cuentas analiza el periodo 2009-2012 y se centra en estudiar los ingresos municipales en el contexto de la crisis económica así como las medidas adoptadas por los consistorios para hacer frente a la nueva situación. En estos ayuntamientos, los ingresos por enajenación de inversiones reales, la partida donde está incluida la venta de suelo, pasaron de los 1.712 millones en 2007 a 384 millones en 2011. Las principales medidas adoptadas pasaron por hacer recortes de todo tipo y por un incremento de la presión fiscal a través de una fuerte subida del IBI y de la revisión de los valores del catastro.

También en EL ESPAÑOL:


 

Nota metodológica: El cálculo para conocer el nivel de endeudamiento de las entidades locales se ha obtenido dividiendo la deuda viva de los entes locales entre los ingresos corrientes de los mismos, multiplicado por 100. Para el análisis de los datos de las capitales de provincia se han tenido en cuenta los publicados por el Banco de España, al estar actualizados a diciembre de 2014. Estos datos pueden guardar diferencias de conciliación con los publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Una jueza pide a Hacienda los nombres de las 659 personas de la ‘lista Falciani’ a las que alertó

Hervé Falciani

Hervé Falciani

La titular del Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid quiere saber por qué se les avisó para que regularizaran voluntariamente su situación fiscal cuando se supo que tenían cuentas con elevados fondos en el HSBC de Ginebra, en lugar de abrirles un proceso de inspección que podría haber llevado a alguna de ellas a la cárcel. 

Hervé Falciani
Hervé Falciani

La jueza Purificación Elisa Romero, titular del Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid, ha solicitado a Hacienda que le remita la información de que disponga de las 659 personas de la ‘lista Falciani’ a las que requirió para que regularizaran voluntariamente su situación fiscal cuando supo que tenían cuentas con elevados fondos en el HSBC de Ginebra, en lugar de abrirles un proceso de inspección que podría haber llevado a alguna de ellas a la cárcel. Carlos Cervantes y María Dolores Bustamante, exdirectores de los departamentos de Inspección y de Gestión, respectivamente, de la Agencia Tributaria, están imputados en la causa por un presunto delito de prevaricación administrativa por haber alertado a los defraudadores.

Los dos ex altos cargos declararon el pasado día 23 ante la jueza y asumieron que fueron ellos quienes optaron por enviar un requerimiento de cumplimiento de obligaciones formales a los presuntos defraudadores de la ‘lista Falciani’ para que en el plazo de diez días tributaran por el dinero que tenían oculto en Ginebra. Ambos manifestaron que actuaron así porque la información facilitada por las autoridades francesas era demasiado endeble para abrir una inspección tributaria, según manifestó a EL ESPAÑOL una de las personas que asistió a su declaración. La decisión, dijeron, se adoptó en dos reuniones entre sus departamentos, se dio cuenta de ella al director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, y las instrucciones se giraron a las delegaciones provinciales en dos correos electrónicos.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria solicitó en febrero de 2010 a las autoridades francesas la identidad de los residentes españoles que figurasen entre la documentación aportada por Hervé Falciani sobre titulares de cuentas en el HSBC de Suiza. La información llegó a la AEAT el 24 de mayo a través de la embajada de Francia y, tras su análisis, los dos exaltos cargos citados acordaron requerir a los titulares de las cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tributarias. Un procedimiento mucho más laxo que si les hubiesen abierto un procedimiento de inspección, ya que les permitía regularizar su situación fiscal y evitar, en algunos casos, el delito fiscal y la cárcel. Una suerte de amnistía fiscal no declarada.

Es lo que ocurrió con Emilio Botín, que figuraba en el listado como titular de una cuenta con un saldo de 82 millones de dólares. A partir de un requerimiento por esa única cuenta el expresidentes del Banco de Santander, ya fallecido, sus hijos, hermanos y sobrinos pagaron 200 millones de euros para regularizar su situación con el fisco. Es decir, declararon otros fondos de manera ‘espontánea’. Como los Botín, la mayoría de las personas que recibieron el requerimiento presentaron declaraciones voluntarias. A las que no lo hicieron se les abrió un procedimiento de inspección, y aquellos casos en los que la deuda superaba los 120.000 euros, frontera del delito fiscal, se pusieron en conocimiento de la fiscalía.

“Lo que no puede hacer Hacienda es cerrar la vía penal contra los defraudadores, que es lo que ha hecho en este caso”, dice el abogado Fernando Llagas, del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que se ha querellado contra los dos exaltos cargos antes citados. La querella fue inicialmente desestimada por la jueza Romero, a quien la Audiencia Provincial obligó el pasado febrero a admitirla a trámite e iniciar la investigación. Tras el interrogatorio de los dos únicos imputados, la instructora ha solicitado a Hacienda que le facilite todo el expediente en el que se sustenta la decisión de no actuar contra los defraudadores.

Arango reconoce deudas de 2,28 millones con Hacienda para no ser acusado de delito fiscal

El propietario del Grupo VIPS, Plácido Arango García Urtiaga, presentó en 2011 declaraciones complementarias de IRPF y Patrimonio de los ejercicios 2005 a 2009 para no ser acusado de un delito fiscal castigado con entre uno y seis años de prisión. Había dejado de ingresar 1,5 millones de euros por IRPF y 780.000 euros por Patrimonio.

Placido Arango

Plácido Arango García Urtiaga, propietario del Grupo Vips, presentó en 2011 declaraciones complementarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2005 a 2009 y del Impuesto sobre el Patrimonio de 2005 a 2007 para evitar ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública, castigado con entre uno y seis años de prisión. En el caso del IRPF el importe que dejó de ingresar ascendía a casi 1,5 millones de euros, y en el caso de Patrimonio a 780.000 euros.

El reconocimiento voluntario de la deuda coincide en el tiempo con el requerimiento realizado por Hacienda a varios centenares de presuntos defraudadores que figuraban en la conocida como ‘lista Falciani’ de titulares de cuentas en el HSBC de Ginebra (Suiza) para que se pusieran al día con el fisco de manera espontánea, aunque Arango no figura en ella. Esta fórmula permite al infractor acogerse a la “excusa absolutoria” para evitar sus responsabilidades penales, que no puede eludir si en lugar de requerirle Hacienda le abre directamente un proceso de inspección, como es habitual cuando se tienen indicios de la comisión de un fraude.

El empresario mexicano presentó las declaraciones complementarias de los impuestos antes citados el 25 de marzo de 2011. Tres días después, la abogada Abigail Blanco, especialista de Derecho tributario del despacho Garrigues, se personó en las oficinas de Hacienda de la calle Guzmán el Bueno de Madrid para entregar los justificantes de pago y un documento explicativo que detallaba las rentas y el patrimonio que Plácido Arango no había declarado en su momento y cómo había procedido a incorporarlo en las declaraciones complementarias. La citada letrada eludió confirmar a EL ESPAÑOL si había existido un requerimiento previo de la Agencia Tributaria. “No puedo facilitar información sobre ninguno de mis clientes”, manifestó.

Las declaraciones complementarias del IRPF arrojaron los siguientes importes a ingresar, en todos los casos superiores a los 120.000 euros, límite a partir de la cual se considera delito: 152.097,81 euros en 2005; 1.125.244,58 euros en 2006 y 185.190 euros en 2007. En los ejercicios de 2008 y 2009 la declaración fue negativa. En total, 1.462.532,39 euros. Las de Patrimonio, por su parte, sumaron los siguientes importes a favor de Hacienda: 146.998,76 euros en 2005; 315.483,68 en 2006 y 317.237,13 euros en 2007. En total, 780.482,55 euros.

Paraísos fiscales

El documento explicativo entregado a la inspección señala que el declarante es propietario “de un patrimonio mobiliario e inmobiliario adquirido a través de diversas entidades en el extranjero. Estas entidades, formalmente registradas en su mayor parte en países de reducida o nula tributación, no realizan ninguna actividad distinta de la tenencia de participaciones financieras y en entidades residentes en España”. Entre dicho patrimonio figuran dos sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas, Investments Group Limited y Madrid Investment Group Limited, que a su vez participan en EC Investment y Madrid Investment, respectivamente, sociedades radicadas en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). Estas dos últimas compañías son, a su vez, propietarias de la española Rompa S.L., a nombre de la que está su vivienda de residencia en la capital. Arango es también propietario de otro inmueble en Suiza adquirido en 1991. Durante parte del periodo regularizado el empresario fue titular de Jet Stream Corporation, compañía radicada igualmente en las Islas Vírgenes Británicas, que en 2001 constituyó la entidad española Far Stream S.L con una participación del 74%. El 26% restante fue suscrito por Arango.

El propietario del Grupo VIPS reconoció tener participaciones en varias sociedades extranjeras, algunas de ellas radicadas en Delaware, como Potbelly Corporation, El Dorado Marketing Group y Pinkberry Holdings Corporation, y haber concedido préstamos a otras compañías con sede en ese paraíso fiscal. Finalmente, declaró que era titular de diversas cuentas bancarias en el extranjero, bien directamente o a través de entidades extranjeras y de un trust (conglomerado empresarial) radicado en Bahamas denominado inicialmente ‘Grillo’ y posteriormente ‘Kasproo’, que a su vez es titular de la compañía ‘Grillo Limited’, conocido después como ‘Kasproo Holding Limited’, cuyo objeto se limita a la tenencia y gestión de las citadas cuentas bancarias.

El empresario declaró 27.000 euros de pérdidas por inversiones en fondos, y de 264.000 euros en la compra-venta de valores, y reconoció un incremento de 149.215 euros de patrimonio por entradas de dinero en cuentas bancarias, de las que “no se ha logrado localizar su origen a fecha de presentación de declaraciones”. Entre las cuentas bancarias y de valores que reconoce como suyas figuran varias en el HSBC en Nueva York y Bermudas, y en otras entidades radicadas en los paraísos fiscales de la Isla de Man y Suiza.

“Indicios racionales de criminalidad”

Con toda esta información, la Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid elaboró el 12 de abril de 2011 informes sobre los distintos ejercicios fiscales. En el correspondiente a 2005, el único al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recomienda que se de traslado del expediente al Ministerio Fiscal “al existir indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública”. El día 18 de ese mismo mes el Servicio Jurídico Regional de Madrid de la Agencia Tributaria emitió otro informe, relativo también al 2005, que corroboraba la existencia de “indicios racionales de criminalidad suficientes para la iniciación de un proceso penal”, recomendaba poner los hechos en conocimiento de la fiscalía, y señalaba que concurría la “excusa absolutoria” al haber ingresado el empresario 152.097,81 euros de la declaración complementaria. El abogado del Estado José María Ayala de la Torre, que firma el informe, reseñaba en él que la prescripción de la acción penal (cinco años) se produciría el 30 de junio, apenas mes y medio después. La deuda tributaria ya había prescrito un año antes.

El 25 de mayo, el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, R. Mayoral, presentó una denuncia contra Plácido Arango ante el juez Decano de Madrid sobre el IRPF de 2005 en la que solicitaba, a un tiempo, que se admitiera a trámite y se decretara el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, con expresa reserva de las acciones civiles que le pudieran corresponder a la Agencia Tributaria para reclamar los algo más de 41.000 euros de intereses de demora. Para el fiscal, el empresario presentó las declaraciones complementarias “de forma espontánea y sin actuación administrativa ni judicial previa (…) al reconocer haber obtenido mayores rendimientos de capital mobiliario y ganancias de patrimonio que los declarados en su día”.

En relación con las regularizaciones voluntarias llevadas a cabo por aquellas fechas, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha presentó en 2013 una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el director de la AEAT, Juan Manuel López Carbajo, y los directores de Inspección y Gestión, Carlos Cervantes y Dolores Bustamante, respectivamente, basado en que cuando la AEAT conoció que destacadas personas de distintos ámbitos tenían cuentas con elevados fondos en el banco HSBC de Suiza les emplazó a presentar en el plazo de diez días declaraciones complementarias de IRPF y Patrimonio para eludir sus responsabilidades penales, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación. La querella no fue admitida por el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, pero el pasado 11 de febrero la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la resolución y obligó al juzgado a admitirla a trámite. Cervantes y Bustamante están citados a declarar como imputados el día 23. Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, manifestó a este diario que cada año se presentan declaraciones voluntarias de renta, patrimonio, sociedades e IVA por aproximadamente 800 millones de euros.

Los documentos de la regularización

[pdfjs-viewer url=http://2q2ad02pehur1wobow1wbxv3.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/04/regularizacion_parango.pdf viewer_width=100% viewer_height=480px fullscreen=false download=false print=false openfile=false]