Iguala sigue sin respuestas un año después

guerrero2La desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, el año pasado sigue siendo un oscuro misterio. Después de que la fiscalía los diera por muertos, un nuevo informe otorga nuevas vías para mantenerlo abierto. Un año. Y México todavía no tiene respuestas.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de magisterio desaparecieron del municipio de Iguala, en el estado suroccidental de Guerrero, para no volver a ser vistos. La tragedia se ha convertido en un escándalo a gran escala que toca a sicarios, policías y políticos y ha llevado a la detención de un centenar de personas.

En las últimas semanas, el caso ha dado un giro de 180 grados después de que un informe de peritos independientes pusiera en entredicho la versión de la fiscalía de que los estudiantes fueron cremados en un basurero, así como otros aspectos de la investigación oficial.

México se ha movilizado durante este año para pedir justicia en la calle y en las redes sociales bajo lemas como “Ya me cansé”. No han faltado los disturbios. Y hay una gran manifestación estudiantil convocada para este fin de semana en Iguala. Mientras, los padres de los desaparecidos, que se niegan a desistir, se reunieron el jueves con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para exigirle que encuentre por fin a sus hijos.

Estas son las claves de un caso complejo y lleno de incógnitas que estremece y agita al país de habla hispana más poblado del mundo.

La versión de la fiscalía

Estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -una institución educativa de origen revolucionario- llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 tras desviarse de su ruta original a Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero. Su propósito era recabar fondos y hacerse con autobuses para viajar a México DF para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968, en la que el Gobierno arremetió contra manifestantes pacíficos.

En Iguala, los estudiantes tomaron por la fuerza varios autobuses y estalló una reyerta con la policía municipal, una extensión del narco, según la Procuraduría General de la República -la fiscalía federal- . La policía abrió fuego. Hubo muertos y heridos y 43 estudiantes fueron secuestrados.

Agentes de policía entregaron a los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos. Fueron transportados hacinados a un basurero en la localidad vecina de Cocula. Allí, los sicarios ejecutaron a aquellos que no habían muerto asfixiados y luego quemaron los cuerpos en una gran hoguera. Los sicarios metieron los restos en bolsas de basura y las arrojaron al río.

Los presuntos autores intelectuales del crimen, el alcalde de Iguala y su mujer, vinculados al narcotráfico, fueron detenidos en noviembre del año pasado. Unos dos meses más tarde, en enero de este año, las autoridades mexicanas dieron por muertos a los 43 “normalistas” -estudiantes de la escuela normal- desaparecidos. El Gobierno intentó pasar página.

La fiscalía encontró restos en el río San Juan y en el basurero de Cocula. De estos, se ha podido identificar a dos estudiantes. Uno de ellos es Mora Venancio, que fue identificado el año pasado. El segundo es Jhosivani Guerrero de la Cruz, que fue identificado la semana pasada, después de la publicación de un informe peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aparte de los restos, la versión de la fiscalía se sostiene fundamentalmente en testimonios de los detenidos, si bien varios de estos han denunciado torturas.

El informe independiente

Pero hace unas tres semanas, expertos independientes de la CIDH presentaron un informe que cuestiona que los estudiantes fueran quemados en el vertedero de Cocula y subraya numerosas inconsistencias en los testimonios de los implicados.

De acuerdo con el informe, “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira [una gran hoguera] para la cremación de inclusive un solo cuerpo”. Por ejemplo, el fuego, según la versión oficial, estuvo activo unas 15 horas. Pero los cálculos del grupo de expertos indican que cremar a 43 personas requiere que las llamas estén encendidas alrededor de 60 horas.

Uno de los supuestos participantes en la cremación declaró que se utilizaron entre 10 y 15 neumáticos para la hoguera y el resto se completó con madera. Pero la cantidad de madera necesaria para completar ese número de neumáticos y cremar un solo cuerpo es de unos 700 kilos, según el informe. De hecho, para cremar tantos cuerpos se necesitarían unas 30 toneladas de madera. El informe indica que no hay evidencia de que semejante carga de combustible hubiera estado disponible en las cercanías del basurero. Por otro lado, no hay daños generalizados en la vegetación y la basura, daños que una hoguera de esas condiciones hubiera provocado.

Los restos encontrados señalan que al menos uno de los estudiantes fue incinerado. Pero “este informe muestra la imposibilidad de que el basurero de Cocula, en las circunstancias y tiempos señalados en el expediente, sea dicho escenario”.

Por otro lado, el texto sugiere que un quinto autobús puede ser un elemento central del caso. La hipótesis sostiene que en ese autobús había drogas o dinero y que eso desencadenó las represalias: “El resto de explicaciones posibles, como confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil”.

El informe dice además que no sólo hubo policías municipales implicados en la tragedia, sino que el Ejército y la Policía Federal presenciaron los ataques. Los expertos han pedido hablar con los militares destinados en Iguala.

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Familiares de los desaparecidos no han parado de manifestarse exigiendo una investigación a fondo de la tragedia.

Un Gobierno criticado

Un sondeo trimestral divulgado a principios de este mes revela que la popularidad del presidente Peña Nieto ha caído a un 35%, su peor nivel desde que está en el poder, informa la edición mexicana de El Economista. “El momento de Peña Nieto, el momento de México, que se estaba viviendo hasta hace un año atrás de repente fue sacudido primero por los hechos de Iguala y luego por la crisis económica”, explica Carlos Malamud, experto en América Latina del Real Instituto Elcano. “Pero los crímenes de Iguala tuvieron un impacto político muy fuerte sobre la estabilidad y gobernabilidad del país”.

Muchos han criticado la actuación del Gobierno federal en la gestión de la crisis de las desapariciones. Las autoridades federales tardaron en hacerse cargo de la situación y tomar las riendas de la investigación porque el Gobierno consideraba que era competencia de los poderes municipales o estatales, dice Malamud.

“La actuación del Gobierno ha sido tardía y por ello pareciera que siempre ha estado un paso atrás en la atención a las víctimas”, afirma María Elena Morera, activista por los derechos de las víctimas, en correo electrónico desde México. “El informe del grupo de expertos de la CIDH nos deja en claro justamente el atraso que tuvo la autoridad federal para investigar (…). Fue un error de tiempo y fue omisión en partes clave de la investigación que se quedó a nivel de los dichos de criminales y no en la plena comprobación científica del suceso”.

La ONU ha criticado al Gobierno mexicano por la gestión de las desapariciones. Human Rights Watch también ha apremiado a las autoridades a actuar y ha señalado deficiencias en su investigación.

Las familias hablan de crimen por parte del Estado federal. “De alguna manera aquí lo que está en discusión es si, como denuncian los familiares de las víctimas esto fue un crimen de Estado, con grandes responsabilidades en el Gobierno federal -cosa que evidentemente no ha sido así- o si, como estiman muchos observadores independientes, se trata de un crimen interesado por autoridades locales vinculadas a narcotraficantes con algunas complicidades o negligencias por autoridades o bien estatales o bien federales”, opina Malamud. “Pero de ahí a considerarlo como un crimen de Estado hay un largo recorrido”.

¿Y ahora qué?

A día de hoy, no hay una explicación sólida que justifique la virulencia de la represalia contra los estudiantes de magisterio. El líder de los Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias dijo en su testimonio que sospechaban que los estudiantes eran miembros de la banda rival Los Rojos. La hipótesis del autobús del grupo de expertos intenta arrojar un poco de luz sobre el caso. “El informe es un buen avance; sin embargo, está aún incompleto y por ello es justo que los investigadores lo completen,” dice Morera.

“El informe deja también cabos sueltos, que dificultan una clara resolución del caso”, afirma Malamud, en referencia a aspectos como la teoría del quinto autobús que, considera, constituirán el foco de las investigaciones en los próximos meses.

Ante esa incertidumbre, los familiares de los 43 estudiantes se han reunido este jueves con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para presentarle ocho peticiones, entre ellas la creación de un cuerpo exclusivo que investigue los hechos. Nieto ha asegurado que el caso sigue abierto, a pesar de que la fiscalía le hubiera dado carpetazo a principios de año, y que “estamos del mismo lado”.

Entre otras cosas, su Ejecutivo ha ofrecido seguir las recomendaciones del grupo de expertos independientes y crear una fiscalía para desaparecidos. También ha propuesto crear un grupo de peritos del más alto nivel e invitar al doctor José Torero -que hizo el peritaje del vertedero para el grupo de expertos- para volver a revisar el basurero.

Pujol Jr diseñó un plan para blanquear sus comisiones en medio mundo

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– Elaboró un complejo plan para invertir el dinero del 5% en países como Turquía, Argentina, México o Irak

– Intentó asociarse a un médico colombiano contra la calvicie, fundar escuelas del Barça en Latinoamérica o abrir granjas para cerdos en Uruguay 

También en EL ESPAÑOL:

– Elaboró un complejo plan para invertir el dinero del 5% en países como Turquía, Argentina, México o Irak

– Intentó asociarse a un médico colombiano contra la calvicie, fundar escuelas del Barça en Latinoamérica o abrir granjas para cerdos en Uruguay 

Jordi Pujol Ferrusola elaboró un complejo plan para blanquear sus comisiones en medio mundo. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento original que elaboró el hijo mayor del ex president y en el que diseñó con todo lujo de detalles dónde invertir los fondos cobrados de grandes contratistas de la Generalitat. El dinero lo cobraba a través de dos empresas tapadera: Iniciatives, Marketing i inversions, SA, y Project Marketing Cat, SL. Entre sus destinos priorizaba el continente americano con países como México o Argentina. Pero se planteaba también desarrollar operaciones muy diversas en Turquía, Irak, Gabón, Etiopía o Inglaterra.

Con esas entidades instrumentales, Pujol Jr. ha percibido en los últimos años más de ocho millones de euros en comisiones que han sido camufladas con falsos trabajos de asesoría. La Audiencia Nacional ya ha advertido indicios de que estas prácticas son constitutivas de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales y mantiene imputado al primogénito de Pujol, que llegó a percibir comisiones del 5% de grandes contratistas públicos como la familia Sumarroca.

Pujol Ferrusola planificó una ambiciosa estrategia inversora que se fijaba como principal objetivo Latinoamérica. Tal y como dejó por escrito el propio vástago del histórico dirigente nacionalista, su intención pasaba por concentrar sus fondos en México con la “implantación”, en compañía de un “inversor” por determinar, de un “centro dermatológico” dirigido por el doctor colombiano Giovanni Bojanini. Este médico es especialista en tratamientos para la calvicie, dispone en su país de más de 40.000 clientes y se ha expandido por otros países latinoamericanos como Panamá, Venezuela, República Dominicana o Perú.

Y sin embargo los planes empresariales de Jordi Jr. para esta región no terminaban ahí. En México se planteaba el desarrollo de proyectos “eólicos y fotovoltaicos” así como la instalación de “minicentrales hidráulicas” y de “contadores de agua” en la ciudad mexicana de La Paz. También expresaba su intención de participar en la instalación de “puertas automáticas” para la línea de metro de México DF e introducirse en negocios vinculados a los “residuos” y “la iluminación pública” de “ayuntamientos” mediante la alianza con la empresa francesa Citelum. A su vez dejó por escrito que tenía en mente la construcción de “aparcamientos de hospitales” y hasta la posibilidad de “introducir” en México a la empresa National Geographic.

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Escuelas del Barça

Entre las posibles líneas de negocio de Pujol Ferrusola en México, figuran la “búsqueda de colaboración entre empresas españolas y mexicanas para la gestión de residuos y mantenimiento de depuradoras”. Para ello escogió como “emplazamientos” predilectos “Puerto Vallarta, México DF, Querétaro y Acapulco”. Junto a todas estas iniciativas, llegó a poner en marcha el desarrollo urbanístico de Azul de Cortez en el sur de la península de Baja California, ideó introducirse en el sector sanitario implantando tecnología para “diagnosticar por imágenes el cáncer de mama” y llegó a destinar al menos 1,2 millones de euros a un supuesto negocio de envío de dinero entre Estados Unidos y México.

En Argentina, además de la adquisición del puerto fluvial de la ciudad de Rosario, que fue su iniciativa estrella y en la que Hacienda ya ve indicios claros de blanqueo de capitales, Jordi Jr. planteó la posibilidad de incorporar a este boyante negocio a una serie de “inversores chinos”. Su intención era ampliar esa iniciativa a los “contenedores de automóviles y cítricos”.
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Gráfico: Luis Sevillano

En América también estudió la posibilidad de “montar granjas de cerdos con la genética de España en Brasil o en Uruguay” y analizó la “búsqueda de minas” para producir carbonatos de calcio en alianza con la empresa española Reverté. Pero también examinó la posibilidad de “crear escuelas del FC Barcelona” y el desarrollo de proyectos de “biodiésel” y de “importación hacia España del grano argentino para piensos”.

El hijo de Pujol intentó extender sus tentáculos también a países como “Turquía o Irak”, donde meditó la posibilidad de desarrollar “proyectos en asuntos de seguridad, ferrocarriles, gas natural y petróleo”.

En Inglaterra sopesó invertir en “plantas de reciclaje” con la empresa Zerowaste y llegó incluso a África, donde desembarcó en Gabón para “instalar líneas eléctricas” y en Etiopía, donde meditó “presentar empresas españolas al lobby etíope para realizar trabajos en el país”.

Este gran esquema, elaborado por el propio Pujol Ferrusola, sirve de guía ahora a los investigadores para determinar a cuánto asciende realmente la fortuna de la familia y dónde se encuentran diseminados los fondos procedentes de la corrupción.

También en EL ESPAÑOL:

Pujol Jr. ocultó 1,2 millones de comisiones en Delaware

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– Hacienda descubre que compró Avanti Alliance LLC en el paraíso fiscal americano e inyectó los fondos a través de una de las sociedades que utilizaba para cobrar los 5% en España

– Desvió el dinero para “crear una empresa de envío de dinero entre EEUU y México”

  • Hacienda descubre que compró Avanti Alliance LLC en el paraíso fiscal americano e inyectó los fondos a través de una de las sociedades que utilizaba para cobrar los 5% en España
  • Desvió el dinero para “crear una empresa de envío de dinero” entre EEUU y México

Jordi Pujol Ferrusola también posee una sociedad instrumental en el estado norteamericano de Delaware, considerado paraíso fiscal. La Agencia Tributaria española ha detectado la existencia de Avanti Alliance LLC, entidad en la que el hijo mayor del ex presidente autonómico catalán participa a través de su empresa española Iniciatives, Marketing i Inversions, S.A., y en la que ha inyectado al menos 1,2 millones de euros que proceden del cobro de comisiones.

Esta empresa de Delaware fue adquirida por Pujol Jr. para poner en marcha, tal y como él señala en sus propios planes de negocio, la “creación e implantación de tarjetas para el envío de dinero entre países, principalmente entre Estados Unidos y México”, aunque formalmente estaba controlada por dos ciudadanos estadounidenses.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya ha acreditado que Pujol Ferrusola introdujo “1.265.776,75 euros” en Avanti Alliance entre los ejercicios 2006 y 2009. Los investigadores siguen el rastro de este dinero al considerar que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas en Cataluña.

En este sentido, Hacienda se ha dirigido a las autoridades norteamericanas para requerirles cuanta información dispongan de esta nueva empresa, desconocida hasta la fecha, para determinar si fue empleada para blanquear fondos de origen ilícito. La Agencia Tributaria ha señalando en sus comunicaciones que alberga “serias dudas en relación a la veracidad de las cuentas declaradas por Iniciatives, Marketing i Inversions”.

Esta empresa española está participada al 50% por Jordi Pujol Ferrusola y por su esposa Mercé Gironés y ha sido una de las plataformas empleadas por el hijo mayor del histórico líder nacionalista para cobrar supuestos sobornos de manos de grandes contratistas de la Generalitat. No en vano, la Audiencia Nacional ya ha cuantificado en más de 8 millones de euros la cifra percibida por Pujol Ferrusola mediante esta y otras empresas instrumentales de manos de grandes constructoras y empresas de servicios con importantes contratos en Cataluña. En todos estos casos los pagos se camuflaron según la versión de los investigadores en forma de supuestas asesorías empresariales de las que no existe rastro documental alguno. Tanto el juez José de la Mata como la Fiscalía Anticorrupción consideran que se trata de trabajos ficticios que camuflan dádivas ilegales.

Una de las muestras más representativas de este modus operandi fue desvelado precisamente ayer por EL ESPAÑOL y tiene como protagonistas a los miembros de la familia Sumarroca, fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). A través de su empresa EMTE esta saga abonó 132.800 euros a Pujol Jr en concepto de un “5%” de comisión que dejaron anotado de su puño y letra en un post­it que encabeza el contrato suscrito entre ambas partes. De tal manera que, si la cifra de comisiones establecida para CDC ascendía al ya célebre 3%, la familia Pujol se reservaba para sí misma una tarifa todavía más alta.

Tras recibir el requerimiento de información en relación con la empresa Avanti Alliance, Estados Unidos ya ha procedido a contestar a la Hacienda española. Ha interrogado a los dos representantes americanos de Avanti Alliance, Al Vitolo y Tom Settineri, y ambos han explicado que el objeto oficial de esta empresa consistía en “la comercialización de un producto consistente en una tarjeta de crédito/débito concebida para que fuera usada por ciudadanos sin cuentas bancarias”. Asimismo, han precisado que Avanti se encuentra vinculada con otra sociedad, también radicada en Delaware, y denominada CJJ Investment Corporation.

Pese al ambicioso diseño inicial, las autoridades americanas señalan que “a finales de 2008 o principios de 2009 los bancos retiraron el apoyo financiero y pusieron fin al negocio”, provocando la bancarrota de la empresa. Pese a ello, Pujol Ferrusola dejó constar en su documentación interna que llevó a cabo viajes a Nueva York “para mantener reuniones” relacionadas con este proyecto así como a Houston para reunirse con “Gustavo de la Garza, presidente de Marcatel, quinta operadora mexicana, para la implantación de las tarjetas en México”, dejando claro que su intención pasaba por inyectar todavía más dinero de comisiones si el supuesto proyecto salía adelante.

La comisión de Sumarroca a los Pujol no era del 3% sino del 5%

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– Un documento manuscrito vincula ese porcentaje a los 132.800 euros que los Sumarroca pagaron a Jordi Jr. con la excusa de ayudarles a implantarse en México

– También pagaron 585.000 euros a su empresa en Londres por una supuesta asesoría para hacerse con la reforma de Radio France en París

‘La campaña del 5%’, por Ferrer Molina

  • Un documento manuscrito vincula ese porcentaje a los 132.800 euros que los Sumarroca pagaron a Jordi Jr. con la excusa de ayudarles a implantarse en México
  • También pagaron 585.000 euros a su empresa en Londres por una supuesta asesoría para hacerse con la reforma de Radio France en París

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La familia Sumarroca pagó comisiones del 3% a Convergència Democrática de Cataluña (CDC) pero aumentó su tarifa al 5% con la familia Pujol. EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato original suscrito el 10 de febrero de 2008 entre los propietarios de la constructora catalana Teyco y Jordi Pujol Ferrusola en cuya parte superior fue incorporado un post-it en el que se anota a mano el porcentaje.

En este contrato firmado entre la saga fundadora de Convergència y Pujol Jr., se establece la obligación de pagar “132.800 euros” a cambio de la prestación de unas supuestas asesorías en México de las que no existe ningún rastro documental. Pero lo más llamativo aparece en el encabezamiento, donde se añadió a posteriori el post-it en el que ambas partes añaden una aclaración.

Este rudimentario anexo establece que los Sumarroca abonarán al hijo del histórico dirigente nacionalista una comisión del “5%” calculada sobre un montante total de “2.655.000 euros”. No se especifica a qué corresponde la cantidad sobre la que se hace el cálculo de la mordida. Pero los investigadores ya han apuntado que todos los cobros de este tipo a Pujol Ferrusola tienen como objeto real las adjudicaciones de obra pública en Cataluña.

El primer pago de comisiones de 132.800 euros fue camuflado detrás de un supuesto contrato de consultoría rubricado entre una de las empresas instrumentales de Pujol Ferrusola (Project Marketing Cat, SL) y la empresa de Servicios e Ingeniería EMTE, que dirige Carles Sumarroca Claverol y que factura anualmente más de 1.300 millones de euros con una plantilla de 8.000 personas. En el documento se incluye además un apartado en el que se dice que el pago se corresponde en gran parte con una serie de gastos de desplazamientos de Pujol Jr. a México.

El contrato al que ha tenido acceso este periódico es el que se quedó el propio Pujol Ferrusola y forma parte de una batería de documentos de este tipo que suman más de ocho millones de euros y que fueron suscritos entre el hijo del histórico dirigente nacionalista y grandes contratistas de la Generalitat catalana.

Comisiones por 585.000 euros

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera ya acreditado que la familia Sumarroca abonó una nueva comisión de 585.000 euros a Pujol Ferrusola por “la posibilidad de obtener la reforma de las instalaciones centrales de Radio France en París”. El magistrado José de la Mata ha descubierto que el pago se hizo a través de la tapadera londinense de la familia Pujol, la sociedad Brantridge, gestionada por el testaferro de origen hindú Herbert Rainford, que ya fue empleada por Pujol Jr. para cobrar comisiones de la constructora FCC.

Esta operación fue pactada por contrato el 15 de junio de 2008 y abonada en cinco pagos de 117.000 euros entre el 15 de febrero de 2009 y el 15 de agosto de 2010. El juez señala que “no se precisa cuáles fueron los servicios prestados”. Por lo elevado del importe, podría constituir otra comisión del 5% para la familia.

La Fiscalía Anticorrupción investiga en estos momentos a la familia Sumarroca al menos en dos procedimientos judiciales diferentes por la misma conducta delictiva: el pago de sobornos a los nacionalistas.

El primer procedimiento está en el Juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona) tras descubrir el pago de comisiones del 3% -en total 343.798 euros- a cambio de la adjudicación de obras públicas en cinco municipios gobernados por los nacionalistas: Lloret, Sant Celoni, Figueras, Torredembarra y Sant Cugat. Este proceso se ha saldado recientemente con la detención de tres miembros de la familia Sumarroca así como con el registro de la propia sede de CDC.

El segundo procedimiento está en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se encuentra imputado Jordi Pujol Ferrusola por delito fiscal y blanqueo de capitales tras haber recibido durante los últimos años pagos millonarios de manos de grandes contratistas del Gobierno catalán a cambio de trabajos fantasma como el descrito anteriormente.

Dinero a cambio de adjudicaciones

Al igual que ocurre con buena parte de los acuerdos suscritos entre Pujol Jr. y otros grandes empresarios catalanes, en esta ocasión se acuerda el pago de una cantidad y se establece como contraprestación oficial la realización de hipotéticas consultorías sobre las que no existe ninguna base documental y a las que la Audiencia Nacional tilda ya de trabajos ficticios que encubren el pago de comisiones ilegales.

En el caso concreto de la familia Sumarroca, sus miembros accedieron a firmar con Project Marketing Cat un acuerdo en el que Pujol Ferrusola se presenta como “consultor que se dedica, entre otras cosas, a prestar servicios de asesoramiento en diversos ámbitos de la gestión y, especialmente, en el relativo a la implantación en el extranjero de empresas españolas”. En esta línea el contrato añade que Pujol Jr. “dispone de conocimientos y experiencia específicas en relación a México, país en el que ha mantenido extensas e intensas relaciones comerciales con diversas empresas e instituciones locales” y agrega que “EMTE tiene interés en iniciar contactos y explorar la posibilidad de implantarse en el mercado mexicano para llevar a cabo una parte de sus actividades, especialmente las que realiza la unidad de negocio de Sistemas y Tecnología”.

El contrato llega a desglosar las partidas a las que se habrían dedicado los 132.800 euros: “121.800 euros corresponden a la dedicación de consultor senior de Pujol Ferrusola”, “8.500 euros a gastos de viajes a México”, “1.500 euros a desplazamientos y gastos de manutención en España” y otros “1.000 euros a gastos auxiliares”. En la documentación interna intervenida por Hacienda a Pujol Ferrusola y que obra en poder de la Audiencia Nacional, no existe ningún indicio de que estos servicios profesionales se llegaran a prestar.

La pista del clan Sumarroca

La Audiencia Nacional resolvió ayer mismo desestimar la petición de sobreseimiento de la familia Sumarroca ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con el siguiente argumento: “Los sucesivos escritos de los imputados, que aportan amplia documentación sobre las actuaciones llevadas a cabo en México de EMTE, de sus directivos y de sus filiales, describen en relación al ‘consultor’ actuaciones como realizar diagnósticos, evaluación de inversores, identificación de clientes, competidores, asesores locales, socios y empleados, definición de estrategias de implantación y despliegue, entre otras, sin que nada de ello ha sido aportado”. Salvo, precisa el juez, “correos electrónicos cuyo objeto era la preparación de un viaje a México”. Por todo ello concluye el instructor que sigue investigando si el contrato entre EMTE y Project Marketing Cat, SL, “fue la cobertura ficticia de los pagos efectivamente realizados”.

Con objeto de esclarecer esta operación, el juez ha emplazado al que fuera responsable de la Expansión Internacional de la familia Sumarroca, Marcelino Oreja Arburúa, para que declare como testigo el próximo 18 de septiembre. También requiere a la familia Sumarroca para que aporte “en el plazo de 10 días” aquellos “documentos e informes a que se refiere el contrato suscrito con la mercantil Project Marketing Cat, SL”.

Así viven (y mueren) en México los periodistas amenazados

Estados Jodidos mexicanos

Luis Cardona no pudo tener la jubilación que soñaba. Ahora no puede pasar más de dos meses en la misma ciudad. Por seguridad, no tiene un número de teléfono móvil a su nombre. Luis es periodista, mexicano y amenazado por los narcos. Una combinación de alto riesgo.

Luis Cardona no pudo tener la jubilación que soñaba. Ahora no pasa más de dos meses en la misma ciudad. Por seguridad, no tiene un número de teléfono móvil a su nombre. Luis es periodista, mexicano y amenazado por los narcos. Una combinación de alto riesgo.

Comenzó a trabajar cuando tenía 16 años en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Al terminar la carrera, puso en marcha la sede del Diario Juárez en Nuevo Casas Grandes, un pueblo de 60.000 habitantes en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Después, fundó y dirigió otros periódicos en otros estados de México y recibió muchos toques de atención de los narcos por sus informaciones. Tras cumplir los 50, empezó a pensar en la jubilación y volvió a Nuevo Casas Grandes para escribir en el diario que había fundado. 

Luis informó en su periódico 15 secuestros. Hace dos años, el suyo se convirtió en el número 16. No se trataba de raptos de personas adineradas sino de jóvenes que se resistían a trabajar en los campos de marihuana entre Sonora y Chihuahua. “Me pareció muy grave, no podía dejar de lado la situación. Pero no mencioné cárteles o nombres por seguridad. De cualquier forma, me secuestraron. Me decían: ‘Estás calentando la plaza, le tiras al Gobierno y al crimen organizado, ¿no te das cuenta que somos los mismos? Me quedó claro”, explica a EL ESPAÑOL.

Su cautiverio duró menos de una semana y sus secuestradores lo liberaron sin explicarle por qué. Suficiente para cambiarle la vida. Ahora, Luis Cardona dirige Diario19.com, una web nacida para permitirle a él y a otros amenazados seguir escribiendo. Tiene 55 años y lleva siempre consigo un botón de pánico; al apretar la tecla SOS, desde la central del Gobierno a la que está conectado saben dónde está y pueden escuchar todo lo que ocurre a su alrededor. Si se encuentra en peligro, envían soldados a por él.

Luis forma parte de un colectivo muy grande. Cientos de informadores mexicanos son amenazados por sus publicaciones. No todos tienen la suerte de sobrevivir.Periodistas asesinados

Desde el año 2000, 104 periodistas han sido asesinados en México, según los datos de la Procuraduría General del Estado. El periodo más sangriento se vivió durante el mandato de Felipe Calderón, entre el 2007 y 2012, que declaró la guerra al narcotráfico. Durante estos años, 60 reporteros perdieron su vida por informar sobre temas que incomodaban a los poderes del país latinoamericano.

El asesinato de Rubén Espinosa, el 1 de agosto en el Distrito Federal, la capital del país, es el último de una larga lista. Pero su muerte a balazos junto a cuatro mujeres ha reavivado el miedo, el coraje y la impotencia de sus compañeros.

“Sabemos quién fue”

“Sabemos quién fue”, escriben en sus pancartas al manifestarse. En las concentraciones que han seguido al asesinato, los compañeros de Rubén han quitado el verde y el rojo a la bandera mexicana. La pintan de negro y la alzan en sus protestas. Juntan sus cámaras para formar un altar. Y gritan: “No se mata la verdad matando periodistas”. Apuntan directamente al Gobierno de Veracruz, que encabeza Javier Duarte.

Rubén Espinosa salió de Veracruz el pasado 9 de junio, estado en el que vivía y trabajaba. “Tuve que salir por intimidaciones, no por una agresión directa como tal. Por sentido común”, dijo Rubén en una entrevista con Rompeviento, una televisión online. Según explicó, unos días antes de autoexiliarse en el D. F., un par de hombres lo siguieron por las calles de Xalapa, en Veracruz. En la misma entrevista explicó que no presentó una denuncia porque no confiaba en ninguna institución del Estado. Al parecer, los que le seguían no cesaron su búsqueda hasta el D.F. Ahí es donde lo asesinaron.

Rubén no dejó de trabajar a pesar del riesgo de su profesión. Según la revista mexicana Proceso, de la cual era colaborador, se había convertido en un informador incómodo para el Gobierno de Veracruz. Estaba especializado en la cobertura de protestas sociales como la que se refleja en la foto con la que empieza este reportaje, subida por el fotoperiodista a las redes sociales hace menos de un año.

Políticos, redes financieras y narcos

El narco en México es un triunvirato: son políticos, redes financieras y narcotraficantes. Todo estaba controlado por el poder político, desde los años 80 hasta que Vicente Fox llega a la presidencia con el Partido Acción Nacional (PAN), en el año 2000, acabando con más de 70 años de Gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Cuando Fox toma el control, los cárteles dejan de funcionar de manera compacta y empiezan a hacerlo aisladamente. El cártel deja de estar tan regido por el poder político. Toman el mando los grupos criminales. Entonces el narco en México se desbarata”, relata Lolita Bosch, periodista y novelista nacida en Barcelona pero mexicana de adopción. Es ahí cuando el número de muertes comienza su escalada.

En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, toma las riendas del Gobierno. Su mandato es también el inicio de la conocida como guerra al narcotráfico. “Calderón quería controlar la situación, pero no supo”, explica Lolita. El número de muertes se dispara hasta que en 2012 México elige a un nuevo presidente, de nuevo del PRI: Enrique Peña Nieto. “Llegó con la falsa promesa de poner riendas al narco. Esta era la ilusión que teníamos. Pensábamos que si lo habían hecho en los 80 lo sabrían hacer ahora. Pero no, porque el narco ya era otro”, sentencia. Lolita fundó una web junto con 90 personas: periodistas, activistas y académicos para responder a la situación después de la guerra declarada por Calderón. Entre sus proyectos está contar la historia de los asesinatos a periodistas en todo México a través de un libro online.

En la última década, el narco ha tomado el poder del crimen organizado y eso hace que sea más fácil investigarlo, pero también que afloren las relaciones entre las redes financieras y políticas. Se ve de qué manera están tan vinculados los tres poderes fácticos. Cuando eso ocurre, empiezan las matanzas de periodistas. “La investigación pone en riesgo al poder político.

Ese es el verdadero poder de la guerra: poner en evidencia la manera de funcionar con estos tres poderes”, dice la periodista y escritora. El problema de la guerra es el descontrol. Según los periodistas, fue sólo una estrategia de Calderón para reivindicarse como líder, pero no lo logró. El PAN no supo controlar el desorden del poder y de ahí viene el incremento en los asesinatos de periodistas.

Las zonas de la guerra

Chihuahua y Veracruz son los estados de México con más asesinados. Después se encuentran Tamaulipas y Guerrero. Veracruz y Tamaulipas son los estados del Golfo de México. “Lo que ocurre con los periodistas del golfo se explica porque es una entrada más grande de droga. Es, además, un conglomerado de crimen organizado. Trafican con mujeres, con niños, con armas…”, detalla Lolita Bosch.

En el siguiente mapa se muestran las muertes de periodistas desde el año 2000 en el estado en el que se produjeron.

Los medios han organizado redes de protección entre ellos. Los periódicos de Ciudad Juárez (Chihuahua) fueron los primeros en sufrir la delincuencia y compartieron sus técnicas con los diarios de Veracruz, que ahora ayudan a los de estados del sur de México.

“Hoy estar informado en México no es sólo un derecho, es un motivo para salvar tu vida. Las personas necesitan saber quién opera en su ciudad, porque es distinto cómo opera el cártel de Jalisco y su nueva generación a cómo lo hacen los zetas en el Caribe o el cártel de Sinaloa y el de Juárez. Todos necesitan saber qué está pasando en su comunidad para seguir vivos”, explica Lolita. “Pero a los periodistas no nos da tanto miedo el narco como el poder político”, agrega.

“Nosotros hacemos como si el Gobierno no sirviese”

Casi todos los periodistas que han hablado sobre el triunvirato han sido amenazados. Algunos cuentan su historia como estrategia para defenderse. Piensan que haciendo público su caso el que amenaza tomará más precauciones. Otros deciden no decir nada a nadie, ni siquiera denunciar, pues nunca saben de dónde viene esa amenaza. La denuncia puede ser contraproducente.

“A pesar de que mi periodismo no es bueno para el Gobierno, el mismo Estado es el que tiene el deber de proveer seguridad”, cuenta Luis Cardona. “Por eso formo parte del mecanismo de protección federal. No puede cuidarnos una asociación no gubernamental porque no tiene esa capacidad. Ellos tienen bastante dinero, pero lo gastan en libros y en estadísticas. Cada muerto es una estadística para ellos. Sólo el Estado puede protegernos, aunque el mismo Estado es también agresor”, agrega.

Según Lolita Bosch, trabajar por el bien común es trabajar contra el Gobierno. “Si decimos que estamos a favor de la paz, al Gobierno le parece una afrenta”, subraya.

Ahora los periodistas ya no tienen en donde resguardarse. “Antes íbamos al D. F., pero con el asesinato de Rubén nos han dicho no. Ya no tienen en donde colocarse. Ese es el mensaje que le han dado al periodismo independiente”, relata Lolita. El miedo, después del asesinato de Rubén y las cuatro mujeres, es saber quién sigue. “En cualquier momento van a ir por cualquiera de nosotros. Tenemos que ser muy inocentes para decir que no nos va a pasar. Nos puede pasar a cualquiera. Así funciona esta guerra”, lamenta.

El reverso tenebroso de la caída del petróleo

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Para el consumidor es bueno. Para el productor, malo. Esta simple interpretación emerge del abaratamiento de los precios energéticos y de las principales materias primas, pero sus efectos colaterales se multiplican. Hay un reverso tenebroso especialmente dañino. La caída del petróleo Brent (Europa) y del crudo West Texas (EEUU) supera el 50% interanual desde el verano pasado (de más de 100 a menos de 50 dólares el barril).

Para el consumidor es bueno. Para el productor, malo. Esta simple interpretación emerge del abaratamiento de los precios energéticos y de las principales materias primas, pero sus efectos colaterales se multiplican. Hay un reverso tenebroso especialmente dañino. Lo está siendo ya entre países emergentes y en los exportadores de petróleo. La caída del petróleo Brent, de referencia en Europa, y del crudo West Texas (EEUU) supera el 50% interanual desde el verano pasado (de más de 100 a menos de 50 dólares el barril).

El drástico movimiento y su velocidad tienen un precedente que hace temblar a más de uno. Fue en el verano de 2008, previo a la quiebra de los bancos de inversión Lehman Brothers y Merrill Lynch. La cotización de los barriles de referencia (Brent y WTI) marcó su máximo histórico hasta la cercanía de los 150 dólares por barril. Seis meses después, la brutal crisis financiera en curso llevó al petróleo por debajo de los 40 dólares o un 70% de descenso. Pese a la recuperación de principios de 2009, el crudo se movió durante el resto del año en una caída interanual superior al 50%, siempre según su cotización en dólares.

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Las causas de la actual crisis

Son varias las causas de la caída del petróleo, pero hay dos fuerzas que han impuesto la ley de la gravedad en este mercado manejado por grandes inversores financieros y, en menor medida, por las propias necesidades de la industria.

  • La primera y principal es la guerra desatada por Arabia Saudí contra el resto de productores advenedizos como Venezuela, Brasil, México o, incluso, Rusia. Son las grandes despensas del mundo con sus nuevos yacimientos, pero la necesidad de altos precios para rentabilizar su extracción les impide planificar e invertir en nuevas perforaciones. Considerados como los banqueros centrales del crudo, los Saud han impuesto su dictadura en los precios para frenar también al poderoso sector del ‘fracking’ en EEUU. El cierre de pozos no convencionales en el país ha sido una constante desde el pasado otoño. El número de perforaciones activas se ha reducido a la mitad, de 1.800 a menos de 900, según la firma especializada Baker Hughes.
  • El aumento de la producción en Irak o Irán -una vez que se levanten las restricciones a sus exportaciones- dibujan un nuevo mapa productor dominado por los países donde se extrae el petróleo a menor coste y que es de mayor calidad a la hora de conseguir derivados de valor añadido como gasolinas y otros combustibles.
  • La desaceleración económica de China -el mayor importador del mundo de materias primas- y las expectativas de alza en los tipos de interés se han dado la mano en las últimas semanas a la hora de destrozar cualquier posibilidad de rebote en los precios. “Las tensiones macroeconómicas siguen siendo el telón de fondo del escenario energético en 2015. A pesar de que la industria tenía la esperanza de una rápida recuperación de los precios, los ciclos anteriores nos dicen que el descenso en el primer año termina con los precios un 40% por debajo de su máximo, por eso esperamos una mejoría muy modesta en lo que resta de año”, explican los analistas del banco Citigroup en un informe.

Las consecuencias del ‘shock’

  • La parte positiva de un descenso generalizado en los precios del petróleo señala directamente al bolsillo del consumidor. En España se observa como el ahorro por echar gasolina o diesel al coche puede llegar hasta el 30% respecto al mismo periodo del año pasado y se estima que puede equivaler a más de 10.000 millones anuales.
  • El freno de las inversiones en tecnología petrolera es el efecto más inmediato de un descenso prolongado en los precios del crudo. Lo sufrirán las ingenierías especializadas (por ejemplo, Técnicas Reunidas) o fabricantes de materiales y productos ligados a nuevas instalaciones como las tuberías de acero (Tubacex).  Al otro lado de la balanza, la actual crisis petrolera acelerará los procesos de fusión y alianzas entre las grandes compañías del sector para sacar mayor partido de inversiones ya realizadas y reducir los costes sobre las que ya estén en explotación.
  • Quizá la consecuencia menos visible sea la progresiva entrada en recesión de los países productores más débiles como Brasil en Latinoamérica. También la menor entrada de ingresos petroleros en los países exportadores y el tijeretazo que sufrirá su capacidad de inversión en cualquier activo, pero sobre todo en deuda de los países desarrollados. De Noruega a México, pasando por Arabia Saudí, Catar o los Emiratos Árabes, los grandes fondos soberanos y fortunas basadas en los ‘petrodólares’ tendrán menos dinero para invertir. Visto desde el otro lado, los países europeos que tengan que emitir deuda nueva en 2015 (caso de España) tendrán un menor número de inversores a los que acudir.

Imagen: Flickr/Damian Gadal