Iguala sigue sin respuestas un año después

guerrero2La desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, el año pasado sigue siendo un oscuro misterio. Después de que la fiscalía los diera por muertos, un nuevo informe otorga nuevas vías para mantenerlo abierto. Un año. Y México todavía no tiene respuestas.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de magisterio desaparecieron del municipio de Iguala, en el estado suroccidental de Guerrero, para no volver a ser vistos. La tragedia se ha convertido en un escándalo a gran escala que toca a sicarios, policías y políticos y ha llevado a la detención de un centenar de personas.

En las últimas semanas, el caso ha dado un giro de 180 grados después de que un informe de peritos independientes pusiera en entredicho la versión de la fiscalía de que los estudiantes fueron cremados en un basurero, así como otros aspectos de la investigación oficial.

México se ha movilizado durante este año para pedir justicia en la calle y en las redes sociales bajo lemas como “Ya me cansé”. No han faltado los disturbios. Y hay una gran manifestación estudiantil convocada para este fin de semana en Iguala. Mientras, los padres de los desaparecidos, que se niegan a desistir, se reunieron el jueves con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para exigirle que encuentre por fin a sus hijos.

Estas son las claves de un caso complejo y lleno de incógnitas que estremece y agita al país de habla hispana más poblado del mundo.

La versión de la fiscalía

Estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -una institución educativa de origen revolucionario- llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 tras desviarse de su ruta original a Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero. Su propósito era recabar fondos y hacerse con autobuses para viajar a México DF para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968, en la que el Gobierno arremetió contra manifestantes pacíficos.

En Iguala, los estudiantes tomaron por la fuerza varios autobuses y estalló una reyerta con la policía municipal, una extensión del narco, según la Procuraduría General de la República -la fiscalía federal- . La policía abrió fuego. Hubo muertos y heridos y 43 estudiantes fueron secuestrados.

Agentes de policía entregaron a los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos. Fueron transportados hacinados a un basurero en la localidad vecina de Cocula. Allí, los sicarios ejecutaron a aquellos que no habían muerto asfixiados y luego quemaron los cuerpos en una gran hoguera. Los sicarios metieron los restos en bolsas de basura y las arrojaron al río.

Los presuntos autores intelectuales del crimen, el alcalde de Iguala y su mujer, vinculados al narcotráfico, fueron detenidos en noviembre del año pasado. Unos dos meses más tarde, en enero de este año, las autoridades mexicanas dieron por muertos a los 43 “normalistas” -estudiantes de la escuela normal- desaparecidos. El Gobierno intentó pasar página.

La fiscalía encontró restos en el río San Juan y en el basurero de Cocula. De estos, se ha podido identificar a dos estudiantes. Uno de ellos es Mora Venancio, que fue identificado el año pasado. El segundo es Jhosivani Guerrero de la Cruz, que fue identificado la semana pasada, después de la publicación de un informe peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aparte de los restos, la versión de la fiscalía se sostiene fundamentalmente en testimonios de los detenidos, si bien varios de estos han denunciado torturas.

El informe independiente

Pero hace unas tres semanas, expertos independientes de la CIDH presentaron un informe que cuestiona que los estudiantes fueran quemados en el vertedero de Cocula y subraya numerosas inconsistencias en los testimonios de los implicados.

De acuerdo con el informe, “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira [una gran hoguera] para la cremación de inclusive un solo cuerpo”. Por ejemplo, el fuego, según la versión oficial, estuvo activo unas 15 horas. Pero los cálculos del grupo de expertos indican que cremar a 43 personas requiere que las llamas estén encendidas alrededor de 60 horas.

Uno de los supuestos participantes en la cremación declaró que se utilizaron entre 10 y 15 neumáticos para la hoguera y el resto se completó con madera. Pero la cantidad de madera necesaria para completar ese número de neumáticos y cremar un solo cuerpo es de unos 700 kilos, según el informe. De hecho, para cremar tantos cuerpos se necesitarían unas 30 toneladas de madera. El informe indica que no hay evidencia de que semejante carga de combustible hubiera estado disponible en las cercanías del basurero. Por otro lado, no hay daños generalizados en la vegetación y la basura, daños que una hoguera de esas condiciones hubiera provocado.

Los restos encontrados señalan que al menos uno de los estudiantes fue incinerado. Pero “este informe muestra la imposibilidad de que el basurero de Cocula, en las circunstancias y tiempos señalados en el expediente, sea dicho escenario”.

Por otro lado, el texto sugiere que un quinto autobús puede ser un elemento central del caso. La hipótesis sostiene que en ese autobús había drogas o dinero y que eso desencadenó las represalias: “El resto de explicaciones posibles, como confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil”.

El informe dice además que no sólo hubo policías municipales implicados en la tragedia, sino que el Ejército y la Policía Federal presenciaron los ataques. Los expertos han pedido hablar con los militares destinados en Iguala.

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Familiares de los desaparecidos no han parado de manifestarse exigiendo una investigación a fondo de la tragedia.

Un Gobierno criticado

Un sondeo trimestral divulgado a principios de este mes revela que la popularidad del presidente Peña Nieto ha caído a un 35%, su peor nivel desde que está en el poder, informa la edición mexicana de El Economista. “El momento de Peña Nieto, el momento de México, que se estaba viviendo hasta hace un año atrás de repente fue sacudido primero por los hechos de Iguala y luego por la crisis económica”, explica Carlos Malamud, experto en América Latina del Real Instituto Elcano. “Pero los crímenes de Iguala tuvieron un impacto político muy fuerte sobre la estabilidad y gobernabilidad del país”.

Muchos han criticado la actuación del Gobierno federal en la gestión de la crisis de las desapariciones. Las autoridades federales tardaron en hacerse cargo de la situación y tomar las riendas de la investigación porque el Gobierno consideraba que era competencia de los poderes municipales o estatales, dice Malamud.

“La actuación del Gobierno ha sido tardía y por ello pareciera que siempre ha estado un paso atrás en la atención a las víctimas”, afirma María Elena Morera, activista por los derechos de las víctimas, en correo electrónico desde México. “El informe del grupo de expertos de la CIDH nos deja en claro justamente el atraso que tuvo la autoridad federal para investigar (…). Fue un error de tiempo y fue omisión en partes clave de la investigación que se quedó a nivel de los dichos de criminales y no en la plena comprobación científica del suceso”.

La ONU ha criticado al Gobierno mexicano por la gestión de las desapariciones. Human Rights Watch también ha apremiado a las autoridades a actuar y ha señalado deficiencias en su investigación.

Las familias hablan de crimen por parte del Estado federal. “De alguna manera aquí lo que está en discusión es si, como denuncian los familiares de las víctimas esto fue un crimen de Estado, con grandes responsabilidades en el Gobierno federal -cosa que evidentemente no ha sido así- o si, como estiman muchos observadores independientes, se trata de un crimen interesado por autoridades locales vinculadas a narcotraficantes con algunas complicidades o negligencias por autoridades o bien estatales o bien federales”, opina Malamud. “Pero de ahí a considerarlo como un crimen de Estado hay un largo recorrido”.

¿Y ahora qué?

A día de hoy, no hay una explicación sólida que justifique la virulencia de la represalia contra los estudiantes de magisterio. El líder de los Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias dijo en su testimonio que sospechaban que los estudiantes eran miembros de la banda rival Los Rojos. La hipótesis del autobús del grupo de expertos intenta arrojar un poco de luz sobre el caso. “El informe es un buen avance; sin embargo, está aún incompleto y por ello es justo que los investigadores lo completen,” dice Morera.

“El informe deja también cabos sueltos, que dificultan una clara resolución del caso”, afirma Malamud, en referencia a aspectos como la teoría del quinto autobús que, considera, constituirán el foco de las investigaciones en los próximos meses.

Ante esa incertidumbre, los familiares de los 43 estudiantes se han reunido este jueves con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para presentarle ocho peticiones, entre ellas la creación de un cuerpo exclusivo que investigue los hechos. Nieto ha asegurado que el caso sigue abierto, a pesar de que la fiscalía le hubiera dado carpetazo a principios de año, y que “estamos del mismo lado”.

Entre otras cosas, su Ejecutivo ha ofrecido seguir las recomendaciones del grupo de expertos independientes y crear una fiscalía para desaparecidos. También ha propuesto crear un grupo de peritos del más alto nivel e invitar al doctor José Torero -que hizo el peritaje del vertedero para el grupo de expertos- para volver a revisar el basurero.

Así declararon su independencia los últimos países europeos

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La llamada Vía Báltica, que recorrió el espacio entre Tallin y Vilnius. / UNESCO

La mayoría celebraron referéndums, pero en otros no se consultó a la población. Hay declaraciones unilaterales de independencia pero también procedimientos pactados. Lo que todos tienen en común es que son el fruto de la crisis y la descomposición de la Unión Soviética y Yugoslavia.

Muchas son las diferencias entre los procesos de independencia de los países europeos más recientes. En algunos casos hubo grandes manifestaciones ciudadanas y en otros el apoyo popular fue más bajo.

La mayoría de estos países celebraron referéndums, pero en otros no se consultó a la población. Hay declaraciones unilaterales de independencia pero también procedimientos pactados. Lo que todos tienen en común es que son el fruto de la crisis y la descomposición de regímenes totalitarios comunistas construidos artificialmente. En concreto, la Unión Soviética y Yugoslavia. A continuación examino cinco casos. 

La Vía Báltica

Estonia, Letonia y Lituania fueron anexionadas por la Unión Soviética en 1940 gracias a un pacto con la Alemania nazi. A finales de los 80, resurgieron con fuerza los movimientos nacionalistas en las tres repúblicas bálticas aprovechando la apertura política y económica de la perestroika de Mijaíl Gorbachov.

Su manifestación más espectacular fue la denominada Vía Báltica, que tuvo lugar el 23 de agosto de 1989. Cientos de miles de personas (entre medio millón y dos millones según diferentes versiones) formaron una cadena humana de 600 kilómetros de longitud que unió las tres capitales: desde Tallin hasta Vilnius pasando por Riga. Los manifestantes reclamaban independizarse de la URSS justo cuando se cumplían 50 años del pacto secreto entre soviéticos y nazis. La idea de la Vía Báltica fue imitada por los independentistas catalanes en la Diada de 2013.

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Tras las primeras elecciones democráticas a principios de 1990, el Parlamento de Lituania abrió el camino al ser el primero en declarar la independencia el 11 de marzo de ese año. Le siguieron poco después los parlamentos de Estonia y Letonia. Los tres países organizaron después referéndums en los que el  ganó por aplastante mayoría.

La reacción inicial de Moscú fue considerar esas declaraciones ilegales e imponer un bloqueo económico.

A principios de 1991 tropas soviéticas llegaron a ocupar la torre de la televisión lituana en Vilnius en un ataque en el que murieron 14 personas. Pero el golpe de estado contra Gorbachov en agosto de 1991 precipitó la salida de las repúblicas bálticas y la disolución de la Unión Soviética. Sus líderes reconocieron la independencia de Estonia, Letonia y Lituania en septiembre de ese año unos días después de que lo hicieran Estados Unidos y varios países europeos.

El divorcio de terciopelo

En Checoslovaquia, un país creado a finales de la I Guerra Mundial, las tensiones separatistas se agudizaron inmediatamente después de la caída del régimen comunista en 1989. Los checos se quejaban de tener que financiar a sus vecinos pobres. Los eslovacos éstos recelaban de la centralización de todo el poder en Praga y reclamaban más autonomía. Pero la ruptura fue una decisión política. En ninguna de las dos partes había una mayoría a favor de la independencia según las encuestas y no se convocó ningún referéndum para conocer la opinión de los ciudadanos.

Los acontecimientos se precipitaron después de las elecciones de junio de 1992. El conservador Vaclav Klaus se convirtió en primer ministro de Chequia mientras que el nacionalista Vladimir Meciar logró la victoria en Eslovaquia.

El Parlamento eslovaco declaró la independencia el 17 de julio y sólo seis días más tarde Klaus y Meciar pactaron en una reunión en Bratislava dividir Checoslovaquia de mutuo acuerdo sin que se produjera ningún incidente, de forma pacífica y ordenada. En noviembre el Parlamento checoslovaco aprobó la disolución del país. El 31 de diciembre de 1992 se consumó este “divorcio de terciopelo” y República Checa y Eslovaquia fueron admitidos en la ONU como estados separados en enero de 1993.

Eslovenia y el principio del fin

Las réplicas de la caída del telón de acero alcanzaron también a Yugoslavia: una entidad federal cuyo origen se remontaba a 1918 y que había nacido de la desintegración del imperio austrohúngaro.

El principio del fin de Yugoslavia empezó en Eslovenia con la celebración de las primeras elecciones libres en primavera de 1990. El Gobierno elegido convocó un referéndum sobre la independencia el 23 de diciembre de ese mismo año. El 94,8% de los votantes apoyó el con una participación que superó el 90% del censo. El 25 de junio de 1991, el Parlamento esloveno declaró unilateralmente la independencia de forma simultánea al parlamento de Croacia, que también había celebrado previamente su propia consulta.

Inmediatamente después, el Ejército yugoslavo, dominado por los serbios, lanzó una ofensiva para controlar los pasos fronterizos de Eslovenia. Pero las fuerzas armadas eslovenas lograron rápidamente la victoria en lo que se conoce como la Guerra de los Diez Días.

Los enfrentamientos bélicos se trasladaron después a Croacia y a Bosnia Herzegovina. La comunidad internacional dudó a la hora de reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia por temor a agravar el conflicto. Uno de los primeros países en hacerlo fue Alemania en diciembre de 1991. Estados Unidos le siguió en abril de 1992, año en el que Eslovenia accedió a Naciones Unidas.

Un referéndum tutelado por la UE

Al final de las guerras de los Balcanes, Yugoslavia quedó reducida a Serbia y Montenegro. Pese a que los montenegrinos ya pensaban en la independencia desde finales de los 90, la Unión Europea, que temía un nuevo conflicto en la región, actuó como mediadora para mantener la unión entre las dos repúblicas.

No obstante, la carta constitucional de la nueva federación de Serbia y Montenegro, que entró en vigor a principios de 2003, ya preveía la posibilidad que cualquiera de las dos repúblicas se independizara si lo deseaba pero sólo después de un plazo de tres años. La decisión de romper tenía que aprobarse en una consulta.

Montenegro convocó su referéndum el 21 de mayo de 2006. Pero las reglas del juego las fijó de nuevo Bruselas. La UE sólo reconocería la independencia si votaba más del 50% del censo y si el obtenía más del 55% de los votos. Un umbral considerado excesivo por el Gobierno montenegrino, que trató de cambiarlo sin éxito. Finalmente, el ganó con un 55,5% de los sufragios. El Parlamento montenegrino declaró el 3 de junio de 2006 la independencia, que no fue contestada por Serbia y obtuvo el reconocimiento inmediato de la comunidad internacional. 

Shkumbin Saneja / FLICKR
Una muchedumbre celebra la independencia de Kosovo con banderas albanesas. / Shkumbin Saneja / FLICKR

El limbo de Kosovo

Después del referéndum de Montenegro, quedaba por resolver en los Balcanes el estatuto de Kosovo. Esta provincia serbia de mayoría albanesa se había convertido de hecho en un protectorado de Naciones Unidas desde la intervención de la OTAN en 1999 para frenar los ataques de las fuerzas armadas yugoslavas y serbias contra los separatistas kosovares. Después de varios años de negociaciones infructuosas, el Parlamento kosovar declaró unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008.

La secesión fue reconocida de inmediato por Estados Unidos y por las grandes potencias europeas. Se opuso Serbia con el apoyo de Rusia, que avisó de que el reconocimiento impulsaría a los movimientos separatistas en todo el mundo.

La independencia kosovar dividió a la comunidad internacional y también a la Unión Europea. Todavía hoy hay cinco estados miembros –España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia– que no reconocen a Kosovo.

Tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy han alegado que el problema es que se trató de una decisión unilateral y no pactada con Serbia. El resultado es que Kosovo sigue en un limbo jurídico. No ha podido entrar en Naciones Unidas y no ha obtenido aún el estatus de candidato a la adhesión a la UE. Serbia llevó el caso al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que en 2010 dictaminó que la independencia de Kosovo no vulnera el derecho internacional. Kosovo y Serbia alcanzaron un primer acuerdo de buena vecindad en 2013 auspiciado por la UE.

La resaca electoral, en directo

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La lista conjunta de Junts pel Sí gana las elecciones con 62 escaños, pero se queda a seis de la mayoría absoluta: el independentismo gana en escaños pero no en votos. Ciudadanos pasa de tener nueve representantes en el Parlamento de Cataluña a 25, mientras sus principales adversarios políticos descienden en escaños: El PSC pierde cuatro y el PP ocho. Cataluña sí que es Pot se estrena con 11 diputados.

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    La lista conjunta de Junts pel Sí gana las elecciones con 62 escaños, pero se queda a seis de la mayoría absoluta: el independentismo gana en escaños pero no en votos. Ciudadanos pasa de tener nueve representantes en el Parlamento de Cataluña a 25, mientras sus principales adversarios políticos descienden en escaños: El PSC pierde cuatro y el PP ocho. Cataluña sí que es Pot se estrena con 11 diputados.


    Tiempo de reinventar España

    plan de ruta

    Es tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad.

    Ilustración: Javier Muñoz

    Vemos estos días un súbito despertar de algunos proclamando su amor por Cataluña a los pocos días de unas elecciones que pueden derivar en el mayor envite territorial sufrido por España en más de un siglo. Sin cuestionar su buena fe, son discursos que llegan tarde y llegan mal. Son discursos que apenas están ya a tiempo de influir en la decisión de millones de votantes, convencidos de que con su voto inician un viaje hacia un futuro mejor dentro de una quimérica república catalana que les dará y permitirá todo cuanto España les ha prohibido y denegado desde comienzos del siglo XVIII.

    Y sin embargo, aunque esos gestos de credibilidad escasa o nula no convenzan a nadie a estas alturas, no es estéril que empiecen a sonar (¡por fin!) las alarmas de emergencia en las sedes de los principales partidos, en las redacciones de los medios nacionales, en la dirección general de las grandes empresas y entre todos aquellos que conforman la dirección política, social y económica del país. Hace años que todos ellos han ignorado, con negligencia culpable en distinto grado, los repetidos avisos de tsunami que les llegaban desde Cataluña. O, cambiando de imagen, a lo sumo la veían como una de esas epidemias lejanas para la que quizá se envía como asistencia algo de dinero pero que no requiere un plan de acción porque esos virus están en otras tierras y no deberían afectar al bienestar de la propia familia.

    Han tardado. Pero ya empiezan a ver que eso es un absurdo, una ensoñación tan alejada de la realidad como la quimera de los independentistas. Éstos sueñan con una república catalana sentada en el Consejo europeo, y no la verán jamás. Y tantos en Madrid y en otros puntos de España, aburridos de la cosa catalana que apenas entienden, han creído que por el solo hecho de ignorarla pasará como una calentura social tras un partido de fútbol. Pronto unos y otros se verán enfrentados a una realidad seria, grave, histórica, que exigirá planes y decisiones para los que no han sabido o no han querido prepararse.

    Porque claro que no veremos esa república catalana desgajada de España. Eso lo sabemos todos los que tenemos los pies en el suelo, incluidos muchos de los que juegan impunemente con la buena fe y la ilusión de miles de conciudadanos catalanes. Pero eso no significa que “no va a pasar nada”. Nos dirigimos sin frenos hacia una profunda crisis constitucional en España. Hacia un conflicto jurídico y político de grandes dimensiones cuyos efectos no quedarán limitados a Cataluña. Va siendo tiempo de despertar. No existe un problema catalán. Existe un grave e inminente problema español, con causas en Cataluña y en España.

    Pero dejemos las causas ahora. Determinarlas será tarea de historiadores en unos años. Agravios, recelos, errores, mentiras, intereses torticeros, también algunas decisiones de buena fe tomadas sin reflexión, todo condimentado por la crisis económica. Lo importante ahora no es eso. O mejor dicho: lo importante ahora es no perder ni un minuto en eso. Lo importante es no creer ingenuamente que mirar al pasado y culpar de todo lo que ocurre a Artur Mas, a TV3, a Rajoy, a Zapatero, al Constitucional, a quien cada uno quiera, va a cambiar el presente. El presente y el inmediato futuro son lo que son, cualquiera que sea la forma como hemos llegado hasta aquí. Quien crea que con un par de reales decretos pondrá las cosas “en su sitio” se equivoca. Quien crea que con un par de querellas bien argumentadas pondrá orden se equivoca. Por mucho fundamento que tengan los decretos y mucha razón legal esas querellas. No hay juez ni tribunal en España que pueda resolver por sí solo la que se viene encima.

    Los jueces tendrán su papel y algunos deberán tener el coraje de contribuir a moderar los impulsos de los más iluminados y, con la aplicación de la ley, sentar a la mesa negociadora a los que recuperen la prudencia que tuvieron en el pasado. Sin embargo, reducir a al imperio de la ley la solución a la crisis es política y socialmente suicida.

    La apuesta frontal de ruptura tiene unas determinadas mayorías cuya dimensión conoceremos pronto. Pero hay en esa tierra catalana (que muchos no independentistas también reconocemos como nación) un malestar mucho más extenso que lleva a una inmensa mayoría social a una cierta complicidad colectiva con el independentismo. Y esa inmensa, incontrolable, mayoría -que va mucho más allá de quienes desean la ruptura inmediata- rechazará de frente cualquier “agresión” española… así como casi cualquier decisión que pueda ser presentada como tal por los voceros de la Cataluña “oprimida”, por válida y justa que pueda ser. A su vez lo que se avecina no son actos burdos contra el estado de grosera estética batasuna (si me permiten la imagen, ya que algunos creen que ése es el precedente). No. Nos acercamos a escenarios de desobediencia civil planificada por profesionales de la comunicación social, de prevaricación colectiva bien planificada, quién sabe si a alguna versión adaptada de “marcha verde” (léase en sentido no necesariamente literal). Todo ello entre globos y sonrisas, apelaciones a la dignidad y la democracia, entre niños y familias, y hablando en inglés ante las cámaras del mundo. Ante eso, descartados los tanques en la avenida Diagonal, ¿cuál es el plan? ¿Mano dura a golpe de querella? ¿Redactadas por docenas contra otros tantos cargos electos? ¿En serio?

    Soy el primero en apoyar la defensa de la ley y el Estado de Derecho.  Y también por ese lado habrá que estar preparado, no lo niego. Pero no bastará. Es tiempo de que España se atreva a actualizar su software y a renovar también parte de su hardware. Tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad. Tiempo de separar al independentismo radical (incapaz de aceptar cualquier propuesta) de esos millones de catalanes que sí pueden volver a creer en un proyecto común renovado y respetuoso.  Tiempo de explicar con coraje al resto de España que el cambio no es cesión a un chantaje sino generosidad e inteligencia política. Tiempo de reinventar nuestro país para que vuelva a ser atractivo para quienes integran las diversas identidades colectivas que lo componen.

    Ignasi Guardans fue eurodiputado y diputado al Congreso por Barcelona. Es abogado y nieto de Francesc Cambó.

    El libro negro del periodismo en Cataluña (II): La comunidad

    El ‘president’ después de reunirse con Felipe González. / PACO JUNQUERA / COVER / GETTY IMAGES

    Jordi Pujol puso a sueldo de la Generalitat a periodistas críticos como Alfons Quintà o Wifredo Espina. Pero el dinero nunca fue su único recurso para acercar a periodistas catalanes rebeldes. Los otros dos eran el miedo y Cataluña.

    Lee aquí el primer capítulo: La corrupción

    Jordi Pujol puso a sueldo de la Generalitat a periodistas críticos como Alfons Quintà o Wifredo Espina. Pero el dinero nunca fue su único recurso para acercar a reporteros rebeldes. Los otros dos eran el miedo y Cataluña.

    El periodista Arcadi Espada entró a trabajar en la redacción de Barcelona de El País en 1991. Con 34 años cumplía uno de sus dos objetivos en la vida. El otro era publicar un libro en Anagrama y lo logró unos años después. “Llegué a El País con el convencimiento de que había llegado a la cima de mi generación”, dice Espada. Probablemente por su miopía, Espada suele mirar el mundo de arriba abajo. No le hace falta ser alto: “Cuando llegué a El País, crecido como soy, era ya la hostia. Estaba dispuesto a decir a todo el mundo que eran unos medio mierdas”.

    A los pocos días de entrar, esa sensación sufrió una convulsión. Llevaba 15 minutos de charla con Enric Company, un colega de la redacción, que le dijo: “Aquí estamos sitiados”. Company recuerda un adjetivo más suave: “Aislados”. En la cima de Espada había en Cataluña redactores asustados. El origen preciso de aquella marginación era una noticia que El País había publicado el sábado 19 de mayo de 1984: Inminente querella del fiscal general del Estado contra Jordi Pujol y otros responsables de Banca Catalana. El Estado acusaba al presidente de la Generalitat de haberse lucrado ilegalmente con el banco que dirigió en los años 70.

    El 29 de abril de 1984 Pujol había sido reelegido presidente con su mayor mayoría absoluta. Un mes más tarde y sólo una semana después de la querella, fue la investidura. Fuera del Parlament miles de personas coreaban “Felipe y Guerra atacan nuestra tierra” y “Fuera las fuerzas de ocupación”. A pesar de la protección de los Mossos, el líder socialista catalán, Raimon Obiols, se llevó golpes y amenazas: “Matadlo, matadlo” y “Obiols, botifler”, que es la versión catalana de “traidor”.

    Los manifestantes acompañaron a Pujol y a su Gobierno en una lenta comitiva desde el Parlament al Palau de la Generalitat. Llevaban pegatinas de “Jo, Pujol”. Cuando llegó a Palau, el president salió al balcón. Dijo frases célebres: “En adelante de moral y ética hablaremos nosotros”, “Cataluña no es una cosa con la que se pueda jugar” o “Gracias por esta extraordinaria manifestación con la que apoyáis a las instituciones de Cataluña, no a mí, y sobre todo [gracias] porque apoyáis a Cataluña”. Aquel 30 de mayo de 1984 es el día que tradicionalmente se ha tomado como el inicio de la identificación de Pujol con Cataluña. Si se criticaba al president Pujol, se atacaba a Cataluña.

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    Así cubrió ‘La Vanguardia’ las protestas contra la querella del ‘caso Banca Catalana’ en mayo de 1984.

    El efímero cuarto poder

    La madrugada del 19 de mayo en que El País imprimió la noticia de la querella contra Jordi Pujol, el periodista José Antonio Sorolla tuvo una sensación especial cuando la rotativa empezó a girar. Fue especial porque se sentía Humphrey Bogart y aún la recuerda: “Me sentí como en la película El cuarto poder”. El argumento de esa película es: “Un director de periódico decide sacar a la luz los turbios negocios de un importante mafioso”.

    El director de El País Cataluña, Antonio Franco, estaba también allí. Pocas horas después, hacia las seis, el president Pujol le llamaba a casa: “Me preguntó qué locura era ésa que publicaba El País y que por qué no le había llamado anoche”, dice Franco. Ésta fue, según Franco, su respuesta a Pujol:

    Pensé que usted haría cosas para interferir la publicación. He tomado la decisión de periodista. Que conste que hemos buscado siempre su opinión antes de publicar algo de Banca Catalana. Pero en esto prefiero que nos dé su opinión al día siguiente.

    Franco quería impedir la contrainformación del president: el desmentido antes de la noticia. Pujol era entonces accionista minoritario de El País. Días después llegó la investidura de Pujol con las agresiones a políticos socialistas. El País sufrió también ataques: quemaron periódicos, acusaron a sus periodistas de ser anticatalanes.

    Unos meses antes, Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián y el entonces delegado en Cataluña, Alfons Quintà, habían ido a contar a Pujol que habría edición catalana de El País. A Pujol no le gustó la idea, según Quintà: “Nos dijo que prefería que los periódicos de Cataluña estuvieran en manos de catalanes”. Pujol intuía lo que podía pasar: la mayoría de las exclusivas que han revelado los negocios de su partido y de su familia han surgido de fuera de Cataluña. En Cataluña -por dinero, patriotismo, temor o cercanía-, los medios eran menos atrevidos.

    El País había empezado antes a adaptarse a su nueva edición catalana. En 1979 había tratado con admiración la aparición del libro Lo que queda de España, de Federico Jiménez Losantos: un extracto de dos páginas en el suplemento Libros, una entrevista del jefe de Cultura, Jose Miguel Ullán, y la publicación del texto entero del discurso que pronunció en la presentación Francisco Umbral, que dijo que estaba ahí ese día “para asistir al nacimiento de un extraordinario escritor español”.

    Periodico

    Esta querencia de El País por Jiménez Losantos se diluyó en menos de dos años. En enero de 1981 salía el Manifiesto de los 2.300, cuyos firmantes denunciaban lo que entendían como una discriminación contra el castellano en Cataluña. Jiménez Losantos, que era uno de los firmantes, se lo ofreció a El País, que lo rechazó. Su impresión es que el periódico ya se protegía ante su inminente llegada a Cataluña.

    El manifiesto lo publicó Diario 16, y El País respondió con un editorial crítico. En mayo de 1981, Jiménez Losantos recibió un tiro en la pierna en un atentado reivindicado por la banda terrorista Terra Lliure. La banda reivindicó el atentado con una llamada al Avui y lo relacionó con el Manifiesto de los 2.300.

    La reacción de la prensa no fue unánime en su apoyo al periodista. El Periódico tituló en portada A Jiménez Losantos no le sorprendió el atentado. Era una manera de hacer una insinuación maliciosa: si no le sorprendió ni a él, cómo les iba a sorprender a los demás. Avui decía en portada que Terra Lliure amenaza la Generalitat con un antetítulo que decía “Después de agredir a Jiménez Losantos”. En páginas interiores, la condena era más clara. Raimon Obiols, líder del PSC, publicó en Avui una carta que empezaba así: “Mi desacuerdo político e ideológico con Jiménez Losantos es total. Pero con los miserables imbéciles que han cometido la cobardía inaudita, la bajeza incalificable de anteayer, no hay discrepancia posible. Sólo desprecio”. Ya se cerraban filas en el fondo ante el rival exterior.

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    Portada del diario ‘Avui’ al día siguiente del atentado contra el periodista Federico Jiménez Losantos. Arriba, la portada de ‘El Periódico’. 

    El recuerdo de Guruceta

    Las llamadas de Jordi Pujol no pillaron a Antonio Franco por sorpresa. Hacía años que se conocían. Fue el día del árbitro Guruceta en Barcelona. El 6 de junio de 1970 el Barça y el Real Madrid jugaban la vuelta de cuartos de la Copa. En la ida el Madrid había ganado 2-0. En el Camp Nou iban 1-0 y en el minuto 59 Rifé derribó a Velázquez a un metro del área. El árbitro, Emilio Guruceta, pitó penalti. El Madrid marcó y la lluvia de almohadillas llevó al árbitro a suspender el partido a 10 minutos del final.

    Un joven Antonio Franco estaba en la sección de Deportes del Diario de Barcelona. En su crónica del partido citó a Felipe V, el rey que sometió a Cataluña en 1714. “Esto entusiasmó a Pujol”, dice Franco. “Al cabo de una semana me llamó y me dijo que había un grupo de periodistas con los que hacía unas reuniones. Yo le dije que no era de los suyos”.

    Pujol insistió y quedaron a solas en un restaurante: “Me llevó a un Piolindo. Era un sitio de pollo. Ibas con una bandeja y te daban a escoger entre pata y ala”. A Franco le sorprendió la frugalidad de Pujol: “Yo llegué a cubrir el Salón Náutico donde nos invitaban a comer caviar en platos soperos y allí había un banquero que me llevaba a comer pollo”.

    Las comidas básicas de Pujol son una leyenda confirmada. Alfons Quintà, primer delegado de El País en Cataluña, comió varias veces con Pujol en la cafetería Tropezienne, cerca del despacho del president en el Paseo de Gracia: “Pujol inevitablemente comía una ensalada de tomate maduro y poco aceite y de segundo dos salchichas de Frankfurt y puré. De postre, un flan sin jugo. Agua, si podía ser, del grifo”.

    Quintà fue el primer periodista que habló de los problemas de Banca Catalana. El 29 de abril de 1980 El País publicó Dificultades económicas del grupo bancario de Jordi Pujol. Quintà había mandado 12 folios a Madrid. El director, Juan Luis Cebrián, tardó unos días en dar el visto bueno. Cuando lo hizo, se lo pasó al redactor jefe de Economía, José Antonio Martínez Soler, que decidió publicarlo en dos entregas. “Le pedí que no lo hiciera”, dice Quintà. “Si salía la primera parte, no iba a salir la segunda”. Así fue. Alguien llamó a la dirección o a la propiedad para evitar que Banca Catalana se despeñara. El origen de la presión pudo ser alguien desde Cataluña o el Banco de España, al que no le interesaba naturalmente que un banco cerrara.

    El origen de las presiones es importante porque la cercanía es clave. La información de la querella contra Pujol iba firmada desde Madrid. El director en Barcelona, Antonio Franco, no recuerda qué ocurrió pero admite que pudo ser una decisión premeditada. Era una forma de proteger a los catalanes. Pujol se atrevía a abroncar a Franco en Barcelona, pero no a la redacción de Madrid: ni tenía tanta confianza ni le tomarían tan en serio. Franco recuerda una llamada donde la estrategia de Pujol era clara:

    Al margen de Banca Catalana, me llamó para otros temas. Hubo un editorial donde salía su padre. Me dijo que debía haber intervenido porque eso era indecente: “Y tú lo sabes”, añadió. “No es indecente”, le dije, “es el inicio de Banca Catalana”. Él insistió: “Debes pararles cuando los de Madrid proponen”. Yo le contesté que ese editorial se había escrito en Barcelona.

    Todos los directores de periódico catalanes con quienes he hablado han recibido llamadas de Pujol o de sus consellers, aunque no todos igual ni con el mismo tono ni con las mismas consecuencias. Esas llamadas del president eran sólo una de las estrategias de presión que usaba el Gobierno catalán.

    Quintà: de crítico a aliado

    La historia de Alfons Quintà es una de las más fascinantes del inicio del pujolismo. Quintà fue Premio Ondas en 1977 por el programa Dietari de Radio Barcelona, el primero en catalán. En los años 70 fue también stringer (o periodista local a expensas del corresponsal) en Cataluña del New York Times y la agencia AP. Compaginó ambas labores con la delegación de El País en Barcelona desde 1976.

    Quintà no era un periodista más. Su padre había sido buen amigo del escritor Josep Pla. Tenía fuentes fiables en el entorno de Tarradellas, a quien había tratado de joven: fue el primero en publicar que el president de la Generalitat negociaba su vuelta con Adolfo Suárez. Sacó también detalles sobre el caso de corrupción del padre de Javier de la Rosa en la Zona Franca de Barcelona y sobre la polémica del legado de Salvador Dalí. Pero hubo un caso que le hizo famoso: Banca Catalana.

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    Alfons Quintà en Barcelona en 1977. / MANEL ARMENGOL

    Pujol llamó a Quintà un día a las ocho de la mañana justo después de ganar sus primeras elecciones en 1980. No era para echarle bronca. Quería verle. Ya se conocían: “Había hecho salir a Pujol un par de veces en el New York Times”, recuerda Quintà. (En el archivo digital del Times hay cuatro artículos donde aparece Jordi Pujol entre 1976 y 1979.)

    Quintà y Pujol tuvieron varias reuniones entre 1980 y 1981. Tarradellas ya había ofrecido a Quintà la dirección general de la que dependería la “tele de la Generalitat”. Quintà se negó: “Yo creía que la Generalitat no debía crear una televisión sino conceder un canal con unas normas”. Es lo que hizo Pujol, que quería como fuera que Quintà se pusiera a su servicio: “Pujol me dijo un día: ‘Deberías asesorarme en algo’. Quería ponerme a sueldo”. Era fácil imaginar por qué: “No había ningún periodista tan crítico con Pujol como yo”, dice Quintà. La pregunta sin responder en Cataluña es por qué Quintà accedió.

    En aquella época El País quería abrir la delegación en Cataluña y sondeó a quien ya era su delegado: “Entre 1980 y 1981 Cebrián decía sin parar que debíamos hacer una versión catalana. Hablé con él, hablé con Polanco. Era una cosa hecha, pero no concretada”, dice Quintà. En el verano de 1981, Cebrián y Quintà se vieron varios días en el Empordà, en una casita que Quintà había alquilado en el pueblo de Regencós. Hubo algo en aquel verano que les distanció. Quintà nunca recibió una explicación y sólo tiene intuiciones.

    Cuando supo que Cebrián no iba a contar con él, no aceptó nada a cambio. Un día Cebrián llamó a Quintà: “Tú eres la persona más odiada por los enemigos de este periódico después de mí”, le dijo, siempre según Quintà. Cebrián le ofreció lo que quisiera de redactor jefe para arriba en el periódico: “La única cosa que no aceptaba es que me fuera”, dice Quintà, que tenía claro qué ocurría: “Me quería matar hacia arriba”, dice. Pero ya no había nada que hacer: “Mi postura es que me iba. Me iba a la calle”.

    Antonio Franco -que fue el último en intentar que Quintà se quedara en el periódico: en una corresponsalía en Asia, no en Barcelona- confirma esta versión. Quintà salió de El País sin trabajo, pero en menos de un mes había aceptado la oferta de Pujol. Quintà usa esta metáfora: “Tú puedes casarte con una chica porque tenga un gran encanto o porque te haya dejado otra y tengas necesidades afectivas. Mi ida a TV3 sólo se explica por mi salida de El País. Yo no salí de El País para ir a TV3”.

    Quintà cree que nadie presionó a El País para que le sacaran de la delegación de Cataluña pero hay algo obvio: “Me quedé sin trabajo. ¿Quién me lo iba a ofrecer? Si La Vanguardia me hubiera contratado de gran reportero, me habría ido”. Pero sólo había alguien dispuesto a contratarle: el protagonista del escándalo de Banca Catalana, que era también president de la Generalitat.

    Una vez en la tele, Quintà tomó decisiones que marcaron el futuro de la cadena: la tele iba a ser sólo en catalán, iba a tener una red de repetidores propia y no iba a ser un canal folclórico.

    Contrató a unos americanos a quienes llamaban “los mormones” para que les enseñaran a hacer una tele. En febrero de 1984, el primer director del telediario de mediodía, Salvador Alsius, estuvo un mes en Nueva York para ver cómo hacían los informativos las grandes cadenas.

    “Pujol quería hacer programas ultra adoctrinantes en castellano”, dice Quintà. “Yo le dije: ‘Esto no lo verá ni el realizador que lo haga’”. La etapa de Quintà en TV3 acabó mal: “Fui manipulado desde el primer día, pero siempre pensé lo mismo: me toca hacer una obra, debo hacerla bien. ¿Hice una tontería? Sí. ¿Estoy arrepentido? Aún más”.

    Años después, en un viaje a Bruselas, el presidente Pujol reconoció a Lluís Foix, director adjunto de La Vanguardia, que buena parte del mérito del éxito histórico de TV3 era de su primer director.

    Quintà aguantó algo más de dos años. Su dedicación al proyecto fue notable: en el despacho guardaba una carpeta con la etiqueta “Barbería”, donde guardaba documentos que quería leer en algún momento. Cuando su secretaria insistía que debía cortarse el pelo, subían a su despacho a hacerlo. Entonces Quintà tenía un rato donde podía leer.

    Un ejemplo del dominio del Gobierno de Pujol en Cataluña es el reguero de cargos que su hombre de confianza, Lluís Prenafeta, ofreció a Quintà cuando salió de la tele: “Director general de Catalunya Ràdio, delegado del Gobierno en Madrid, director del Avui”. Quintà iba diciendo que no y que iba a dedicarse al Derecho. Prenafeta respondió rápido: “Te puedo colocar en el bufete de Joan Piqué Vidal”.

    Piqué Vidal fue el abogado de Pujol en Banca Catalana y acabó condenado en 2005 a siete años de cárcel por extorsionar a empresarios. Quintà dijo a Prenafeta que las concepciones del derecho de Piqué y las suyas eran distintas. Al poco tiempo se convirtió en juez de distrito en el Prat de Llobregat, cerca de Barcelona.

    Jordi Pujol en enero de 1983. / PACO ELVIDA / COVER / GETTY IMAGES
    Jordi Pujol en enero de 1983. / PACO ELVIRA / COVER / GETTY IMAGES

    Abducidos por Pujol

    Quintà no fue el único periodista célebre al que Pujol captó para sus causas. Wifredo Espina escribía una columna leída en El Correo Catalán en pleno franquismo. Era la típica lectura que entre líneas contaba más de lo que el régimen admitía en los 60 y 70. Pujol se había hecho con El Correo Catalán en los 70 y no dejaba a los periodistas hacer  el periódico tranquilos: “Las presiones de Pujol iban dirigidas ya en el franquismo a ‘hacer país’: entrevistar a gente de Cataluña, que salieran más catalanes”, dice Espina.

    Pujol no tenía ningún problema en dar órdenes al entonces director de El Correo, Andreu Roselló: “Ahora mando el editorial, esto mañana no se publica, el titular debería ser éste”, le decía, según Espina.

    El columnista aguantó en El Correo hasta su cierre en 1985. Luego se fue al paro. El director del banco donde iba a cobrar el subsidio le reconoció: “Señor Wifredo, ¿qué ha pasado?”. Espina se avergonzaba de su situación. Empezó a colaborar en La Vanguardia, pero las columnas no cuajaron. Hubo presuntas presiones políticas. Jaime Arias, entonces subdirector, le llamaba para advertirle si algo era demasiado atrevido.

    En julio de 1987 dejó La Vanguardia. Josep Faulí, director de Avui, le sugirió ser columnista político en las elecciones de 1988. Iba a decir que no porque sabía que no le iban a dejar escribir lo que quisiera. Sin haberse decidido, a los dos días recibió una llamada de Pujol. “Me invitó a cenar en la Casa dels Canonges [la residencia privada de la Generalitat]”, recuerda.

    “Mire qué estofado nos han hecho en su honor”, recuerda que le dijo Pujol. Parece que con Espina Pujol tenía un apetito mejor. “Sabía hacerse el simpático cuando quería”, dice el periodista. “Pujol sabía que yo no era nacionalista político”.

    El president le dijo durante la cena que en esto del periodismo y de los medios de comunicación había tanta irresponsabilidad que no ayudaban a hacer país. “Quería decir que el problema era que no le ayudaban”, dice Espina. Había que hacer algo. “Ya le llamará Prenafeta [el secretario general de Presidencia de la Generalitat]”, dijo Pujol.

    Pregunté a Espina si no temía que le engatusaran para sacarle de los medios. “Sí, claro. Estaba en el paro. Luego he ido pensando: estos tíos dicen que no nos interesa tener otro enemigo conocido en el mundo de la prensa precisamente ahora. Quizá sí, pero Pujol nunca me lo dijo así”, dice Espina. Como con Quintà, primero ofrecieron a Espina otra cosa: ser abogado del gabinete jurídico de la Generalitat. “Me dijo Prenafeta que llamaba al jefe del gabinete jurídico y era ya miembro si quería”, dice Espina, que se negó.

    Prenafeta creó para Espina el Centro de Investigación de la Comunicación. Espina pidió redactar el decreto del Diario Oficial que firmó Pujol. Espina aún tenía miedo: “En los tres o cuatro primeros meses vivía en vilo por si recibía una llamada que me dijera si eso sí o eso no, o que fuera a ver a Pujol”. Pero no ocurrió. Le dejaron hacer durante una década hasta que Espina tuvo más de 65 años: montaba conferencias, daba becas, publicaba estudios. Entonces le pidieron que se jubilara y clausuraron el Centro para siempre. Pujol no recibió a Espina para explicarle por qué lo cerró.

    Ramón Pedrós, jefe de prensa de Jordi Pujol entre 1988 y 1998, cree que la estrategia de captación era más bien de Prenafeta: “Él me llegó a preguntar por algunos periodistas”.

    La teoría de Prenafeta era simple, según Pedrós: “Si yo le hacía un análisis [de los periodistas] bastante próximo o positivo para la Generalitat, no le interesaba tanto. Si era al contrario, ya le interesaba más, y llegó a hacer ofertas en dos ocasiones”. La Generalitat ganaba así dos veces: “Compraba al periodista y revestía los nombramientos de una cierta independencia y pluralidad”, dice Pedrós. El mismo Pedrós, que había sido corresponsal de ABC y la agencia Efe, cree que ése pudo ser su caso.

    Una comunidad y punto

    El dinero nunca fue el único recurso de la Generalitat para acercar a periodistas catalanes rebeldes. Tenía otros dos recursos: el miedo y Cataluña.

    La mayoría de los periodistas de los años 80 en Cataluña eran de izquierdas. Pero Pujol gobernó sin apenas oposición en la prensa. Carles Pastor, redactor jefe en El País y en El Periódico, tiene una teoría del origen de aquella docilidad: “La prensa en Barcelona, al contrario que en Madrid con el Gobierno franquista, nunca había tenido relación con un poder político real. El alcalde había sido lo máximo”. Cuando llegó el poder de verdad, eran inexpertos y tragaron. Pudo ser por miedo, por afinidad con la causa catalana -una prensa crítica hubiera perjudicado las aspiraciones de autogobierno-, pero claudicaron.

    Txema Alegre, redactor jefe en La Vanguardia, dice: “Hicimos el pardillo. Era intangible. Muchos en aquella época no lo veíamos, no lo creíamos o no queríamos creerlo. Pero luego decías ‘madre mía, imbécil’. Hay un ejercicio de autocrítica que una generación de periodistas catalanes debe hacer”.

    Arcadi Espada tiene una visión similar pero con su toque rimbombante. Espada veía dos maneras de reaccionar: “Una, el orgullo, que era la mía: ‘Nos atacan porque es el mejor diario del país y eso hace daño’. Y luego otra que decía: ‘Nos están haciendo el cordón sanitario’”. Ese cordón era compartido por mucha gente que votaba socialista: “Todos claudicaron”, dice, y sigue:

    El gran problema de toda esta gente es que se sentía al borde de la expulsión. No eran valientes porque no tenían necesidad de serlo. Creían que el valor estaba en otro lugar. Decían: ‘Pujol debe caer’. No estaban contentos con el ‘pujolismo’. Pero esta oposición debía desarrollarse con unas reglas del juego nítidas: no podías salir de la comunidad moral, lingüística.

    El Gobierno de Pujol había creado el marco: los críticos eran menos o peores o apenas catalanes. Era sólo el principio.

    Este lunes, el tercer capítulo: La prensa amiga

    Lee aquí el primero: La corrupción

    Cuatro lecciones de la Diada más electoral

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    Los comicios del próximo 27 de septiembre han sobrevolado este viernes la celebración de la Diada catalana. Repasamos los aspectos más relevantes que nos ha dejado el primer 11 de septiembre en el que las esteladas han convivido con los carteles de la campaña electoral.

    Gráfico: Joaquín Vera

    A diferencia de las últimas Diadas, Barcelona no se levantó este viernes sólo con señeras y esteladas en la calle. Al habitual océano de banderas que impregna la ciudad cada 11 de septiembre se le sumó la cartelería electoral, que inunda las marquesinas, las farolas, los autobuses y las paradas de metro de la ciudad.

    A primera hora de la mañana convivían en la calle los primeros catalanes llegados de provincias para asistir a la manifestación con los trabajadores de empresas de cartelería que terminaban una noche de infarto en la que no han parado ni un segundo. “Me voy a dormir un rato y luego supongo que a la mani”, explicaba a las nueve de la mañana Roldán Cortés, catalán de origen suramericano mientras esparcía pegamento encima de un cartel de Xavier García Albiol en el barrio de Gracia.

    Es innegable que las próximas elecciones del 27 de septiembre han planeado sobre esta Diada. A pesar de que ni la ANC ni Òmnium han querido dar a la manifestación ningún carácter electoral, entre los manifestantes se percibían muchas ganas de ir a votar en los próximos comicios. Las declaraciones al final del acto también han incluido referencias veladas a las elecciones. A continuación repasamos cuatro lecciones que nos ha dejado la Diada más electoral.

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    1. El suflé apenas se desinfla

    En los últimos meses se percibía en Cataluña cierto desasosiego con respecto al proceso soberanista. Después de tres años de movilizaciones masivas y de ver que casi no se apreciaban avances, un sector del soberanismo temía que la movilización de esta Diada no llegara al nivel de la de los años anteriores. La negativa a asistir a la Vía Lliure de una parte de la izquierda que hasta ahora había participado en actos como éste tampoco hacía esperar un lleno total.

    El soberanismo, sin embargo, ha hecho otra demostración de fuerza llenando la Meridiana. Según la Guardia Urbana, asistieron 1,4 millones de personas. Según la Delegación del Gobierno, apenas medio millón.

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    Gráfico: Joaquín Vera

    A pesar del descenso y del baile de cifras al que asistiremos durante los próximos días, muchísima gente se ha agolpado en los más de 5 kilómetros de esta gran calle barcelonesa e incluso muchos no han podido asistir porque han quedado bloqueados en el metro. La celebración, un año más, se ha dado en un clima totalmente festivo, pacífico y sin incidentes.

    2. El recado de la ANC a los corruptos

    Al terminar el acto intervino Quim Torra, presidente de la asociación Òmnium Cultural. También Gabriel Rufián (miembro de Súmate) y Jordi Sànchez, presidente de la ANC.

    La intervención de Sànchez ha sido la más jaleada y celebrada por los asistentes. Ante los diversos casos de corrupción que han aparecido durante los últimos días, Sànchez ha lanzado un dardo tanto a Artur Mas y Convergència y a los que consideran que los soberanistas tienen una venda en los ojos con respecto a la corrupción. “Quienes estamos aquí en la Meridiana no somos ni corruptos ni corruptores”, ha dicho. “Queremos un país libre de corrupción, limpio y transparente”.

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    3. La ausencia de Mas y de Colau

    El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha mantenido la incógnita sobre su asistencia a la movilización hasta el último momento. A diferencia de las manifestaciones de los últimos años, a las que no asistió debido a su papel como president de la Generalitat, Mas barajó la posibilidad de asistir este año justificando que es también candidato electoral.

    Unas horas antes del inicio, Mas anunció que no estaría en la movilización. Sí recibió, sin embargo, a los organizadores del acto -ANC y Òmnium Cultural- en el Palau de la Generalitat para expresarles su apoyo.

    Tampoco ha asistido a la movilización la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que anunció hace 10 días que no participaría en la manifestación debido a la identificación de la movilización con la opción electoral de Junts Pel Sí. Colau, no obstante, ha pedido hoy al Gobierno español que ponga “voluntad política” para permitir un referéndum.

    4. Guiños en castellano

    Desde el principio del proceso soberanista, los promotores y partidarios de la independencia han hecho un esfuerzo considerable para proyectar un mensaje inclusivo que seduzca a los ciudadanos de origen español, a los extranjeros y a los catalanes castellanohablantes.

    Más allá de la intervención en castellano del miembro de Súmate Gabriel Rufián (ha recordado ser “hijo y nieto de andaluces”), los demás oradores también han lanzado guiños a este colectivo. “Este país lo construiremos con toda la gente que vive aquí y con toda la gente que quiera venir aquí. Nunca hemos preguntado donde hemos nacido ni cómo nos llamamos ni qué lengua hablamos. Somos un solo pueblo y nadie nos fracturará”, ha dicho el líder de la ANC, Jordi Sànchez, a una multitud entusiasmada.

    Para acabar, antes de que sonara el himno catalán de Els Segadors, un grupo ha interpretado una versión del tema Gitana Hechicera de Peret en la que se decía “Cataluña tiene el poder”.

     

    Cataluña explicada a los no catalanes

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    El 27 de septiembre hay elecciones al Parlamento catalán. Son unas elecciones normales… O no. El presidente que las convoca, Artur Mas, quiere que se vea cuántos catalanes quieren ser independientes. ¿Pero por qué hay catalanes que quieren dejar de ser españoles? Es una larga historia. 

    Aquí puedes ver la versión en inglés

    El 27 de septiembre hay elecciones al Parlamento catalán. Son unas elecciones normales… O no. El presidente que las convoca, Artur Mas, quiere que se vea cuántos catalanes quieren ser independientes. ¿Pero por qué hay catalanes que quieren dejar de ser españoles? Es una larga historia.
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    Aquí puedes ver la versión en inglés

    Los guardianes del proceso

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    La ANC ya no quiere llegar al gran público sino a los indecisos. La organización busca papeletas a favor del independentismo. Ha pedido que se localicen votantes en los pueblos, en los barrios y en los bares. El documento recomienda a los voluntarios que no se identifiquen como socios sino como independentistas a título personal y que los folletos que se repartan en los domicilios no porten su logotipo.

    Reportaje gráfico: Dani Pozo y Toni Albir (Efe)

    La Assemblea Nacional Catalana (ANC) organiza una media de 4.000 actos al año para vender la independencia y maneja un presupuesto de 6,5 millones de euros. Su presidente explica aquí las claves de su estrategia.

    A Jordi Sànchez le gustaría suspender el tiempo. Ganar minutos a las horas. El 27-S está cerca y se juega demasiado.

    El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) me recibe en el Centro Internacional de Prensa en Madrid. Por ahora no es un mensaje subliminal. Sànchez acaba de reunirse con los corresponsales extranjeros en España. Les ha presentado dos informes que garantizan la viabilidad del Estado catalán ante sendos escenarios: la ruptura amistosa y la unilateral. Ninguno contempla un revés de las fuerzas independentistas en las elecciones.

    “El mandato claro sería la mayoría absoluta de escaños. En las elecciones lo que cuentan son los escaños”, dice sobre el debate en torno a qué resultado sería necesario para iniciar el proceso de secesión.

    La prensa internacional es una de las prioridades de la Assemblea. Sus mensajes y sobre todo las grandes movilizaciones de la Diada han resonado en los medios de todo el mundo. Después de la cadena humana de 2013 y de la Vía de 2014, la ANC invadió este viernes la Meridiana de Barcelona: una avenida de siete kilómetros donde se celebró el primer gran acto de la campaña electoral.

    “Ya sabemos que habrá más autocares que el año pasado, tenemos tantos o más inscritos que en 2014”, explica Sànchez. “La Meridiana volverá a ser una manifestación multitudinaria”.

    Los detractores de la ANC acusan a sus líderes de engañar deliberadamente a un sector de la población desesperado por la crisis y aseguran que la realidad tiene matices. La Unión Europea, el euro, los propios catalanes que no quieren dejar España. El catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, una de las voces catalanas más críticas con este proceso, dice que los argumentos de la ANC son una “falacia absoluta”.

    “Esta organización se ha encargado de poner gente en la calle y algunos han querido interpretarlo como que el pueblo de Cataluña quiere esto (la independencia)”, señala De Carreras. “Pero la realidad es que el discurso de que con la independencia viviremos mejor es el punto más débil del independentismo”.

    Jordi Sànchez es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona y desde hace unos meses preside la ANC. Sucedió en mayo a Carmen Forcadell, que había cumplido el límite de tres años de mandato que fijan sus estatutos. Forcadell es ahora la número dos en la lista independentista Junts pel Sí, donde están integrados Convergència y Esquerra Republicana.

    En los años 80, fue portavoz de la Crida a la Solidaritat (Llamamiento a la Solidaridad), un polémico movimiento para la defensa del catalán criticado por su excesiva beligerancia contra el castellano. Los activistas de la Crida solían boicotear la entrada a empresas -en especial centros comerciales y supermercados- que no utilizaban el catalán en sus comunicaciones. También trabajó como adjunto al Sindic de Greugues: el defensor del pueblo catalán.

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    Los orígenes

    Sànchez formó parte del núcleo fundacional de 40 personas que casi en secreto ideó esta organización como catalizador del independentismo, que hasta entonces estaba disperso. Era el año 2009 y acababa de celebrarse el referéndum de Arenys de Munt. El primero de una serie de plebiscitos no vinculantes sobre la independencia que recorrió casi 520 de los 950 municipios de Cataluña durante dos años.

    La Assemblea se constituyó formalmente en 2012 sobre la tierra abonada de estas consultas. Muchos las tomaron a broma. Pero la red de voluntarios que había logrado sacarlas adelante se convirtió en la base del movimiento. Donde la ANC se hace grande no es en las portadas del New York Times sino en los pequeños detalles.

    “La fuerza de la ANC es haber creado una red de comunicación política que es mucho más potente que la comunicación mediada y que nace con estos referéndums”, explica Berta Barbet, politóloga y doctoranda por la Universidad de Leicester, en el Reino Unido. “Es sorprendente la cantidad de gente que la ANC ha tenido movilizada de forma tan activa durante estos tres años”.

    Nada parece intimidar a este ejército pacífico, disciplinado y comprometido. La organización cuenta con 35.000 socios de pleno derecho que pagan una cuota de 48 euros al año y a otros 40.000 simpatizantes registrados. Tiene 500 asambleas territoriales y 50 sectoriales en Cataluña, y otras 40 repartidas por el resto del mundo. Ellos son el verdadero motor del proceso de independencia.

    No hay una sola razón que explique este crecimiento imparable.

    La crisis económica, la institucional y la corrupción son algunas de ellas. Sànchez asegura que no han recibido un solo céntimo de la Generalitat. El músculo financiero de la ANC se sustenta en tres patas: la aportación de sus afiliados, las donaciones privadas y el maná de las esteladas. Su tienda de banderas y productos independentistas facturó 1.632.465 euros en 2014, según consta en su balance. La ANC es autosuficiente y no entiende de crisis. Sus ingresos alcanzaron los 6.533.125 euros en 2014.

    El dinero ha llevado a la Assemblea hasta el último rincón de Cataluña. A pesar de su carácter asambleario, es una organización vertical. Todas las agrupaciones comparten un único NIF (Número de Identificación Fiscal) y cada gasto debe ser aprobado por la central en Barcelona. Es la manera de controlar fugas indeseables.

    La media de actos de la ANC es de 4.000 al año, según sus propias estadísticas. No ha quedado una sola sin calle sin patear. Se visitan hospitales, residencias de ancianos, mezquitas, iglesias, asociaciones de inmigrantes, de vecinos, fiestas populares, el fútbol. Los formatos varían y se adaptan al entorno. Pero nada se improvisa. Los mensajes y el modelo de actividad están consensuados de antemano por un comité especial del secretariado, que es el nombre que recibe la ejecutiva de la Assemblea. Este grupo diseña un manual de acción en el que se detalla qué debe trasladarse a la ciudadanía y cómo hacerlo.

    “La capacidad de movilización, de actividades, conferencias… Es un no parar. Tenemos centenares de asambleas territoriales muy activas y todas piden apoyos, presencia”, explica Jordi Sànchez. “La base del movimiento ciudadano es una dedicación muy grande que luego recoge frutos impresionantes”.

    Puerta a puerta

    El manual para las elecciones del 27-S al que tuvo acceso EL ESPAÑOL ha centrado el tiro. La ANC ya no quiere llegar al gran público sino a los indecisos. La organización busca papeletas a favor del independentismo. Ha pedido que se localicen votantes indecisos en los pueblos, en los barrios y en los bares, y que se llame a su casa.

    El documento recomienda a los voluntarios que no se identifiquen como socios de la Assemblea sino como independentistas a título personal y que los folletos que se repartan en los domicilios no porten su logotipo. La ANC tiene prohibido en sus estatutos hacer campaña por un partido político concreto. Sólo se sugiere el apoyo a formaciones que lleven la independencia en su programa.

    Otra de sus actuaciones llegará el día de las elecciones. Las delegaciones territoriales tendrán libertad para fletar autobuses, contratar taxis y usar coches particulares para acompañar a votar a personas mayores o con movilidad reducida.

    El manual pide a su gente que traslade tres mensajes básicos: ilusión, pedagogía y la épica de construir un nuevo país entre todos. Según su argumentario, la independencia será buena para Cataluña y no supondrá su salida del euro ni de la Unión Europea.

    Mientras Podemos, Ciudadanos y el nuevo activismo social proponen resetear el sistema, la ANC ofrece la independencia como refugio. No por razones históricas y culturales sino económicas.

    “Queremos influir en toda esa gente que duda, que cree que no es el mejor momento, que puede tener temores”, señala Sànchez. “Creemos que con una Cataluña independiente no hay que temer por las pensiones o por salir de euro”.

    Si la ANC ha asumido un papel protagonista durante el proceso que inició Artur Mas en 2012, es por esta capacidad de inundar la sociedad y más en un momento de desgaste de la política tradicional.

    Sin sus voluntarios, la consulta del 9 de noviembre del 2014 no hubiera sido posible. Fue la ANC la que lanzó después la idea de unas autonómicas de carácter plebiscitario. Sànchez participó en todas las reuniones que cristalizaron en la lista independentista Junts pel Sí.

    “La sensación que hay, si la hay, de que son unas elecciones distintas viene en parte de la ANC, que ha sabido generar ilusión”, asegura la politóloga Barbet.

    Entre balanzas fiscales

    Intelectuales críticos como De Carreras creen que la ANC ha empujado al límite las decisiones de Mas y ha sido decisiva como amplificador de un nuevo mensaje económico del nacionalismo catalán muy cuestionable en su fondo.

    “La ANC se ha hecho eco de este nuevo nacionalismo de balanzas fiscales y el ‘España nos roba’, que ya no lleva a la autonomía sino a la independencia. Los argumentos son una falacia”, dice De Carreras. “Pero esa labor de infiltración y de acercamiento a la gente, de llamar a las casas es mucho más efectiva desde una asociación de todos que desde un partido político concreto que siempre puede generar mayores rechazos”.

    Sànchez defiende la verdad de este discurso. El presidente de la ANC sostiene que Cataluña vive una situación de emergencia social porque España le ha cortado las alas a golpe de recortes en una inversión que legítimamente les pertenece. Pero casi en la misma frase asegura que Cataluña jamás saldrá del euro porque da estabilidad económica a la eurozona.

    “¿Alguien cree que Europa no está haciendo lo posible y lo imposible para que Grecia no salga del euro y va a permitir que Cataluña salga del euro?”, se pregunta Sànchez. “Mantengo que Cataluña en ningún momento dejará la zona euro y que la Unión Europea en ningún momento expulsará a los siete millones y medio de catalanes”.

    Las elecciones son un hito en la corta vida de la ANC. La organización ha convencido a gente tan diversa como para someter a un asfixiante marcaje a Convergència y a Esquerra bajo la amenaza, recogida en su hoja de ruta, de constituirse en partido político si el proceso no cumplía determinadas metas. El resultado de las urnas dará un nuevo rol a la asociación.

    “Una derrota [del independentismo] desinflaría la ANC de forma importante. Hay otro porcentaje que muy difícilmente podrá dejar de participar y defender el proyecto”, dice Barbet. “Pero sin una ruta política, la organización perdería influencia”.

    Chaves Nogales: lecciones de un andaluz sobre Cataluña

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    La realidad ha destruido las previsiones del reportero Manuel Chaves Nogales sobre Cataluña. El periodista sevillano viajó a la región durante los años 30 y expresó sus temores respecto a una sociedad convulsa que describió con maestría y exactitud.

    Fotografía: cortesía de María Isabel Cintas, que escribió la biografía más completa de Chaves Nogales

    La realidad ha destruido las previsiones del reportero Manuel Chaves Nogales sobre Cataluña. El periodista sevillano viajó a la región durante los años 30 y expresó sus temores respecto a una sociedad convulsa que describió con maestría y exactitud.

    Chaves Nogales (1897-1944) era subdirector del diario Ahora y se definía como un “pequeño burgués liberal que se gana el pan y la libertad confeccionando periódicos”. Durante sus días en Barcelona se preguntó: ¿Qué pasará en Cataluña? A lo que respondió: “Nada”. Hoy sus palabras se han visto refutadas por la fractura social de la región.

    Atraído por la pujanza del catalanismo, Chaves Nogales llegó a Cataluña para contar historias a los lectores del diario Ahora en diciembre de 1931. “Un sentimiento tan metido en la entraña de este pueblo como el del afianzamiento de su personalidad tiene fuerza bastante para subsistir soterrado y brotar pujante cuando llega su hora”, escribió el 25 de febrero de 1936.

    El periodista se reunió con el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, meses después de que éste hubiera proclamado una república catalana que apenas duró tres días. Volvió después a Barcelona en febrero y marzo del 36, cuando Lluís Companys abandonaba la cárcel y se convertía de nuevo en presidente después de haber proclamado en 1934 un estado catalán que sólo duró 10 horas.

    La efervescencia y la movilización del catalanismo impactaron a Chaves Nogales: “Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. En ningún lugar de España se sabe lo que es el entusiasmo popular si no es en Cataluña. Son gente fervorosa y propicia a la exteriorización de sus sentimientos”, escribió en febrero de 1936.
    pagina_reportajeReproducción de uno de los artículos de Chaves Nogales en el diario ‘Ahora’.

    Ocultando problemas

    Las manifestaciones de aquellos días corrían frecuentes y vertiginosas por las ramblas de Barcelona como lo hacen ahora. Chaves Nogales temía que las grandes convocatorias sirvieran a los gobernantes para jugar al escondite, refugiarse en la muchedumbre y ocultar problemas como el deterioro de los servicios públicos, el paro o la corrupción.

    “A nuestro pueblo le entusiasman estas grandes paradas de la ciudadanía”, relató el periodista en marzo de 1936. “No sabe pasar meses sin provocar alguna. Pero acaso entre una y otra (…) tendría alguien que preocuparse de llenar el tiempo con una tarea: la de gobernar, la de administrar, la de hacer por el pueblo algo más que ofrecerle ocasión y pretexto para estos deslumbrantes espectáculos. Si entre una manifestación y otra no hay siquiera unos meses de silencioso y honesto trabajo, llegará el día en que este pueblo catalán, tan fervoroso, tan bueno, cambiará. Y entonces será peor”.

    El periodista sevillano alertó del engaño al que podían someter los políticos a una masa fervorosa y en plena movilización: “Sospecho que en aquellos momentos [en referencia a la manifestación que celebraba la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936] hubiera sido facilísimo para unos agentes provocadores convertir en separatistas a los millares de catalanes que celebraban el triunfo obtenido por el catalanismo en las elecciones”.

    El empeño del nacionalismo catalán por construir un estado ha confirmado aquella predicción.

    Los líderes catalanes

    Los nombres propios han cambiado. Pero las afiladas palabras de este periodista vuelven a rasgar el tapiz de los años para colarse en el presente. Después de entrevistar a Macià y Companys, escribió en marzo de 1936: “Los políticos catalanes son inferiores al pueblo. Es lógico que así sea. Los mejores hombres de Cataluña se consagran, por temperamento y tradición, al servicio de la industria, las artes, el comercio y la pura especulación; saben que con estas actividades pueden conquistar su bienestar material y espiritual; saben también que el servicio público no paga a sus hombres con la misma largueza que la industria privada ni con la misma consideración moral que el ejercicio de las artes o las ciencias. Esto basta para explicar por qué Cataluña no tiene el equipo de hombres públicos que el ejercicio de su autonomía requiere”.

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    El retrato que hace el periodista de la clase política catalana es muy duro: “Si a esto se une el egoísmo de las clientelas políticas y el anhelo de conservar el poder en las mismas manos, el pueblo catalán no logrará el alto exponente al que tiene derecho. Ochenta y tantos hombres que quieren seguir cobrando unas dietas no tienen derecho a restar calidad a un pueblo”.

    “Hoy paciencia, mañana independencia”, se decía en CiU en época de Pujol. Este aforismo revelaba la existencia de un plan a largo plazo que ha provocado la unión por los extremos de la derecha conservadora y la izquierda republicana en la lista de Junts pel Sí. Chaves Nogales percibía las aspiraciones soberanistas de parte del pueblo catalán como un asunto grave, prolongable en el tiempo y sin solución, pero también sin consecuencias fatales.

    El reportero del diario Ahora veía el problema nacionalista como una falta de entendimiento entre una derecha y una izquierda que tenían un objetivo común: mantener el Estatuto, meta que hoy no convence a ninguna de estas facciones. “Si las derechas no pretendían acabar con el régimen autonómico, ¿por qué fueron contra él? Si las izquierdas no querían una nueva aventura revolucionaria, ¿por qué la intentaron? A fin de cuentas, derechas e izquierdas están de acuerdo en mantener el Estatuto. Ni la izquierda quiere más ni la derecha menos. Es, sencillamente, una cuestión de mutua desconfianza”, escribía el sevillano unos meses antes de la Guerra Civil.

    ¿Qué pasará en Cataluña?, se preguntó Manuel Chaves Nogales en febrero de 1936. “Nada”, se respondió. “Hay, por encima de todo, un hondo sentido conservador que se impondrá fatalmente. Yo no sé si los hombres de la Esquerra, profesionales casi de la revolución, se resignarán a aceptarlo. Si no lo hacen, peor para ellos”.

    Las ‘leyes mordaza’ ya están aquí

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    Este 1 de julio entra en vigor, a pesar de las críticas recibidas, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: una norma polémica apodada ‘ley mordaza’ por su carácter restrictivo para las libertades. Esto es lo que debes saber sobre ella.

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    Imagen cortesía de Juan Luis Sánchez / LICENCIA CC-BY

    El Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: una norma polémica apodada ‘ley mordaza’ por su carácter restrictivo para las libertades de manifestación y de información. Esta ley entra en vigor este 1 de julio a pesar de las críticas de asociaciones, expertos e incluso relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

    ¿Por qué me interesa esto?

    La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sale adelante con el único apoyo del Partido Popular. Según la norma, pasarán a ser sanciones administrativas ciertos comportamientos hasta ahora considerados como faltas e incluidos en el Código Penal.

    Esto tiene dos efectos. El primero es que se aceleran los procedimientos contra el ciudadano infractor al eliminar el proceso judicial y todas las garantías que conlleva. El segundo es que aumenta la potestad sancionadora del Ministerio del Interior y de las comunidades autónomas con policía propia.

    Los comportamientos sancionados especialmente llamativos son aquéllos que se refieren a manifestaciones en las que la protección legal y el poder de los agentes de policía se ve muy reforzada.

    A continuación se incluye un resumen de los comportamientos prohibidos por esta ley comentados por el abogado Carlos Sánchez Almeida, miembro fundador y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

    ¿Qué conductas prohíbe?

    La nueva norma divide las acciones prohibidas en tres grupos: muy graves (sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros), graves (multas de 601 a 30.000 euros) y leves (entre 100 y 600 euros).

    ¿Cuáles son las infracciones muy graves?

    Son infracciones muy graves, por ejemplo, las manifestaciones prohibidas o no comunicadas cerca de lugares “en donde se prestan servicios básicos para la comunidad”. La responsabilidad de esas manifestaciones no sólo recaerá en los organizadores de las marchas sino en “quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria […] pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas”.

    “En la práctica”, explica Almeida, “las diferentes sanciones por manifestarse suponen una prohibición retroactiva del 15M. Todo cuanto se hizo a partir de mayo de 2011, aprovechando al límite las libertades reconocidas por la Constitución, queda ahora prohibido. Además de ello, se construyen liderazgos ficticios de las manifestaciones para evitar el ‘efecto Fuenteovejuna’ tan característico de la Spanish Revolution: toda manifestación tendrá un responsable aunque se limite a apoyar el hashtag de convocatoria por Twitter”.

    Otras infracciones muy graves son la celebración de espectáculos prohibidos por razón de seguridad pública y el uso de punteros láser contra pilotos o conductores de medios de transporte, así como la tenencia de armas o explosivos sin permiso, cuando no sea delito.

    ¿Y las infracciones graves?

    Son infracciones graves, por ejemplo, manifestarse frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos cuando perturben gravemente la seguridad ciudadana. También oponerse a la disolución de una manifestación, así como la desobediencia o resistencia a la autoridad en cualquier caso, especialmente en casos de desahucios. 

Asimismo, el uso de imágenes y datos de autoridades y agentes de policía que puedan poner en riesgo la seguridad personal o familiar de dichos agentes, aunque “con respeto al derecho fundamental a la información”.

    Almeida recuerda el caso de la manifestación Rodea el Congreso, declarada lícita por el juez Santiago Pedraz. “Esa protesta podría ser sancionable con arreglo a la ‘ley mordaza’. La resistencia pasiva será objeto de sanción administrativa de acuerdo con la ‘ley mordaza’ y podría ser hasta delito”.

    “Mucho más grave desde el punto de vista del derecho a la información”, añade el abogado, “es la posibilidad de sancionar a quien fotografíe a policías: la ley incluso permite que se incaute la cámara a los fotoperiodistas como instrumento para la comisión de la infracción”.

    Se recoge también como infracción grave “la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana”.

    “¿Será sancionable el silencio, pese a que la Constitución recoge el derecho de todo detenido a no contestar?”, se pregunta Almeida. “Con la redacción ambigua de la ‘ley mordaza’ todo es posible. Hasta sancionar la mera resistencia pasiva en una sentada. Como se dijo en un divertido comentario leído en Menéame, en una película de Gandhi nuestro legislador iría con los malos”.

    Por último, también serán castigados como infracciones graves el consumo de drogas y la solicitud o aceptación de servicios sexuales en la vía pública.

    ¿Qué infracciones leves establece la ley?

    La norma recoge como infracción leve el “exhibicionismo obsceno”. También la ocupación de un inmueble o la de la vía pública para la venta ambulante no autorizada.

    Almeida destaca que la ley no define qué debe considerarse obsceno: “Eso quedará sometido a los criterios morales del jefe de una unidad antidisturbios. El cuerpo desnudo de Jill Love en Rodea el Congreso o las acciones de Femen podrán ser perseguidas si enseñan demasiada carne según el criterio de los responsables de una unidad de intervención policial. Quizás, como en el franquismo, habrá una unidad especializada en medir el tamaño de las faldas y los escotes”.

    Insultar a un agente de la policía (las “faltas de respeto y consideración” hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) también se sancionará como infracción leve. “Es otro supuesto donde se ataca el derecho a la libertad de expresión”, afirma Almeida. “La ponderación de ese derecho con el derecho al honor siempre debería estar sujeta a un criterio judicial y no policial en un proceso con las debidas garantía. La ‘ley mordaza’ está pensada para que en la calle la policía sea al mismo tiempo juez y parte, además de ostentar el monopolio de la violencia”.

    Otra falta leve será negarse a identificarse ante un agente y perder el DNI por tercera vez en un año. Según Almeida, la sanción por pérdida reiterada del DNI es ridícula: “¿Habiendo tasas, quién necesita sanciones? Sería mucho más efectivo imponer una fuerte tasa por renovación de DNI después de una pérdida reiterada. Habría más respeto a la presunción de inocencia”.

    Un botellón también se podrá sancionar con una multa de hasta 600 euros “cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. La nueva ley también legaliza las devoluciones ‘en caliente’ de personas que crucen ilegalmente la frontera en Ceuta y Melilla. Esta medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

    ¿Cómo ve ampliado su poder la policía?

    Almeida se muestra contundente: “El mayor efecto liberticida de la ‘ley mordaza’ es la desaparición de las garantías procesales que otorgaba el antiguo Código Penal: se sustituyen los jueces por policías, al sustituir las faltas penales por infracciones administrativas”.

    Según el abogado, “esta forma de legislar tiene tristes antecedentes históricos: era la práctica habitual en regímenes totalitarios. y evidencia un desprecio absoluto al poder judicial. Desde el 15M han sido numerosas las sentencias absolutorias en juicios de faltas contra los activistas que ejercían la desobediencia civil pacífica. Al despenalizar las faltas, desaparecerán los jueces y las garantías del proceso penal para ser sustituidos por multas de policías a los que la ley otorgará total credibilidad”, sostiene el abogado. “Ante un juez se puede debatir si una determinada conducta está amparada por la ley. Discutir ante la policía supondrá ser detenido por desobediencia”.

    ¿Por qué ‘leyes mordaza’? ¿Es que hay más?

    Pues sí. Se han aprobado dos reformas del Código Penal, la primera como fruto del pacto de PP y PSOE contra el terrorismo. Ambas reformas han recibido críticas muy fuertes por su carácter reaccionario y represivo. La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también refuerza ciertos mecanismos de control de publicaciones digitales con el fin de preservar los derechos de autor. Unidas, estas reformas convierten a la ‘ley mordaza’, en palabras del propio Almeida, en un ‘monstruo de tres cabezas’ que restringirá la libertad.

    Para hacerse una idea del alcance de las medidas que se aprueban, la PDLI ha publicado un post sobre cómo afectará a la ciudadanía la aprobación de todas estas medidas, otro sobre el Código Penal reformado y un completo informe sobre ‘Límites y amenazas al ejercicio de las libertades de expresión e información en España’. La propia plataforma califica este mes de ‘marzo negro’.

    Además, se encuentran en tramitación parlamentaria las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con medidas que también reforzarán los mecanismos de control y vigilancia a la ciudadanía.

    ¿Qué supone para la libertad de expresión?

    Al final, ¿qué significan estas modificaciones normativas para el ciudadano? Virginia P. Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), concluye que tanto la doble reforma del Código Penal como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana “tienen un nexo común, que es la penalización de las nuevas formas de protesta, que se canalizan a través de las redes sociales”.

    Alonso apunta como agravante que “todo esto se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, cuando no hay nada en la sociedad española que obligue a aprobar estas leyes tan deprisa: España tiene unos índices de criminalidad bajos y la inseguridad ciudadana nunca ha representado un problema para la opinión pública”.

    ¿Por qué, entonces, tanta prisa? “Nosotros pensamos”, afirma Alonso, “que el partido que está gobernando ahora quiere poner coto a esta marea de protestas sociales que sí han tenido cierto eco en la ciudadanía en tanto que las intenciones de voto han cambiado, y pretende bloquear tanto las protestas como la forma en que se informa sobre ellas”.

    “No olvidemos que se han cambiado mucho las estructuras de la comunicación en España, de modo que el esquema ‘emisor-receptor’ ha desaparecido y todos podemos ser emisores de información”, afirma Alonso, que añade: “Lo que se está tratando de hacer es que la gente se controle, que tenga miedo a la sanción y deje de contar lo que hasta ahora contaba sobre las protestas en la calle”.

    En cuanto al alcance de estas reformas, Alonso estima que la Ley de Seguridad Ciudadana “es una regresión a la ley franquista de orden público de 1959 porque antepone el orden en las calles a derechos reconocidos por la Constitución y olvida que la defensa del orden público está para que todos podamos ejercer nuestros derechos y no al revés”.