Las normas de conducta de la Redacción de EL ESPAÑOL

"Nacemos al servicio de todas las personas que utilizan nuestro idioma común". Foto: Dani PozoLos periodistas de EL ESPAÑOL están comprometidos a proporcionar a los ciudadanos una información veraz de la más alta calidad. Para alcanzar ese objetivo se han redactado 26 normas de conducta que publicamos hoy con el deseo de que nuestros lectores puedan controlar su cumplimiento. En su elaboración se han tenido en cuenta no sólo las opiniones de la Redacción sino también las sugerencias de los accionistas y suscriptores, a los que agradecemos sus relevantes aportaciones.

Foto: Dani Pozo

Los periodistas de EL ESPAÑOL están comprometidos a proporcionar a los ciudadanos una información veraz de la más alta calidad. Para alcanzar ese objetivo se han redactado 26 normas de conducta que publicamos hoy con el deseo de que nuestros lectores puedan controlar su cumplimiento. En su elaboración se han tenido en cuenta no sólo las opiniones de la Redacción sino también las sugerencias de los accionistas y suscriptores, a los que agradecemos sus relevantes aportaciones

1. El compromiso esencial de los periodistas de EL ESPAÑOL es proporcionar a los ciudadanos una información veraz de la más alta calidad.

Ese compromiso se traduce en la obligación de ser diligentes en la búsqueda de la verdad y en la comprobación de todos los datos de la información; en la obtención de todas las versiones posibles; en el mantenimiento de un punto de vista crítico sobre los hechos y en el rechazo de cualquier presión indebida que pretenda subordinar el trabajo periodístico a intereses particulares.

Relaciones con las fuentes

2. Los periodistas de EL ESPAÑOL tienen el derecho y el deber de no revelar sus fuentes de información. No difundirán informaciones que hayan aceptado recibir bajo el compromiso del ‘off the record’ siempre que se mantengan las circunstancias del acuerdo.

3. Los periodistas de EL ESPAÑOL deben precisar siempre si los datos que publican proceden de su propia observación, de documentos o de terceras personas. En este último caso, si la información proviene de una única persona no deben emplear el plural ‘fuentes’ y concretar, como mínimo, de qué ámbito procede (‘fuente sindical’ o ‘fuentes diplomáticas’ o ‘fuentes próximas a’). Evitarán fórmulas vacías de contenido como ‘fuentes competentes’ o ‘fuentes bien informadas’.

4. Cuanto menos identificada o cuanto más imprecisa sea la fuente que proporciona una información, mayor será la obligación de verificación. Si se publica la información facilitada por un anónimo, deberá constar esa característica de la fuente, indicando cuál es el motivo (temor a represalias, desconocimiento de su identidad por proceder del Buzón de Denuncias de EL ESPAÑOL, compromiso de confidencialidad por razón de la materia o del lugar de trabajo de la fuente, etc).

5. Cuando sea imprescindible cambiar el nombre de alguna persona (agentes de los servicios secretos, menores, víctimas de delitos sexuales o malos tratos) esa modificación será advertida a los lectores.

6. Los periodistas de EL ESPAÑOL procurarán que la relación con sus fuentes no comprometa su integridad e imparcialidad. Como regla general, no aceptarán regalos, viajes o tratos de favor. La aceptación de invitaciones relacionadas con la crítica gastronómica y cultural o con la cobertura de informaciones ha de estar justificada por su interés periodístico y debe ser autorizada por los responsables de la Redacción.

Empleo de citas

7. Cada palabra o expresión entrecomillada por los periodistas de EL ESPAÑOL debe responder con fidelidad a lo transmitido por el emisor. La edición de un testimonio nunca debe alterar el sentido y la intencionalidad del emisor.

8. Los periodistas de EL ESPAÑOL no plagiarán ni reproducirán total o parcialmente textos de otro autor, ni en su literalidad ni en su estructura o argumentación, sin atribuírselos de forma expresa.

9. Cuando incluyan en sus textos informaciones extraídas de otros medios, deberán atribuírselas, incluso si se trata de algún dato aislado. No será preciso hacerlo si EL ESPAÑOL corrobora la noticia con sus propias fuentes. Por razones de equidad y cortesía, la mención al medio y a su autor será imprescindible cuando se trate de una exclusiva, si es posible incluyendo el enlace.

10. Los periodistas de EL ESPAÑOL no publicarán nunca informaciones centradas en rumores no verificados, sin que su atribución a otro medio sirva de excusa para ello.

Obtención y tratamiento de la información

11. Los periodistas de EL ESPAÑOL tienen que buscar y difundir honestamente todos los ángulos posibles de los hechos, situándolos en su contexto adecuado y sin omitir aspectos esenciales que conozcan, en especial si el asunto es controvertido. Esta tarea será inexcusable cuando se trate de investigaciones policiales o judiciales.

12. Ninguna persona, física o jurídica, puede verse sorprendida por la aparición de una noticia originada en la redacción de EL ESPAÑOL en la que resulte cuestionada, descalificada o perjudicada sin haber tenido previamente la posibilidad de dar su versión y que ésta sea difundida, si el afectado lo desea. Cuando no se le haya podido localizar o no haya querido responder, se harán constar estas circunstancias. Si la noticia tiene como base un documento oficial u otra fuente externa se tratará de recoger la versión del afectado lo antes posible sin que ello retrase la publicación.

13. Los periodistas de El ESPAÑOL no utilizarán métodos ilegales para obtener información. Sólo en casos de importancia excepcional, y siempre que no sea posible obtener la información por ninguna otra vía, podrán utilizar personalidades fingidas o realizar grabaciones subrepticias. La regla general es advertir al interlocutor de que sus palabras y/o imagen van a ser grabadas; la alteración de esta norma deberá ser autorizada por los responsables de la Redacción.

14. Si la información tiene una base documental, los periodistas de EL ESPAÑOL deben hacer todo lo posible para garantizar su autenticidad. No harán nunca una selección sesgada o intencionalmente dirigida a favorecer una determinada tesis, a partir de esos documentos.

15. Los periodistas de EL ESPAÑOL respetarán los derechos fundamentales al honor, la intimidad, la propia imagen y la presunción de inocencia. Se atendrán, así, a los límites a las  libertades de expresión e información que establece la Constitución española, incluida la protección de la juventud y la infancia.

16. Las fotografías e imágenes de vídeo que representen la realidad deben ser genuinas y sin distorsiones más allá de un correcto tratamiento técnico para lograr una difusión de calidad y de la capacidad periodística de poner el énfasis en uno u otro aspecto de la información.

17. Los periodistas de EL ESPAÑOL evitarán la difusión de expresiones e imágenes hirientes o despectivas sobre religiones, etnias o grupos sociales determinados, salvo que resulte imprescindible desde el punto de vista del interés informativo.

18. La información y la opinión estarán diferenciadas con nitidez. Las informaciones no contendrán juicios de valor del periodista. La titulación de las noticias no debe ser tendenciosa.

Comprobación de los datos

19. Los periodistas de EL ESPAÑOL comprobarán la veracidad de los datos que incluyan en sus informaciones y cuidarán de su corrección gramatical, con independencia de la existencia de los controles establecidos en la Redacción. A este respecto, al menos una segunda persona supervisará siempre cada historia o información. Las prisas no deben ser excusa para incluir datos no verificados. Si urge entregar una información y hay aspectos no comprobados, deberá advertirse a los responsables de la Redacción.

20. Los datos dudosos o de singular complejidad o trascendencia deben ser verificados por, al menos, dos fuentes independientes entre sí. El hecho de que la información provenga de una fuente oficial, de una institución o esté apoyada en un documento no eximirá al periodista de comprobar los aspectos que puedan resultar más conflictivos.

21. Los periodistas de EL ESPAÑOL deberán asegurarse de que sus informaciones no contengan injurias ni calumnias.

Rectificaciones

22. EL ESPAÑOL corregirá con inmediatez los errores de hecho, sin necesidad de esperar a recibir una queja. La rectificación deberá ser difundida de forma suficientemente visible.

23. Las rectificaciones procedentes de personas o instituciones que hayan sido aludidas serán publicadas en lo referente a los datos fácticos, pero no cuando tengan que ver con juicios de valor, interpretaciones u opiniones.

Conflictos de intereses

24. Los periodistas de EL ESPAÑOL evitarán los conflictos de interés entre sus actuaciones privadas (inversiones bursátiles, militancia activa en partidos, relaciones familiares) y su labor profesional. Cuando exista el menor riesgo de ello advertirán a los responsables de la redacción y serán sustituidos por otro compañero.

25. Los periodistas de EL ESPAÑOL no utilizarán la información que obtengan en el ejercicio de su profesión en beneficio personal o en el de sus familiares.

26. Ningún periodista de EL ESPAÑOL podrá trabajar, de forma remunerada o no, para gabinetes de imagen o de comunicación, empresas de relaciones públicas o agencias de publicidad.

Liberticidio progresista

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Si el festival de música Rototom quería ponerse en el mapa, pardiez que lo ha conseguido de pleno. Toda la prensa internacional recoge las coacciones de la organización al estadounidense Matisyahu, forzándole primero a hacer una declaración política a favor del estado palestino y anulando después el concierto en respuesta a su negativa a pasar por el aro…

Si el festival de música Rototom quería ponerse en el mapa, pardiez que lo ha conseguido de pleno. Toda la prensa internacional recoge las coacciones de la organización al estadounidense Matisyahu, forzándole primero a hacer una declaración política a favor del estado palestino y anulando después el concierto en respuesta a su negativa a pasar por el aro.

Las disculpas del festival, cuatro días después de airearse la polémica, llegan demasiado tarde, cuando el incendio ha chamuscado hasta la última letra de su logotipo y el prestigio de la calidad democrática española.

La razón de cómo un acto cultural aparentemente inofensivo, celebrado en plena canícula en un rincón pacífico de la costa de Castellón se convierte en paradigma mundial de censura y persecución ideológica, hay que buscarla en la creciente presencia de un discurso de izquierda radical que presume de libertad, pero que no duda en cercenarla cuando no se ejerce en la dirección que ella desea.

Quienes ahora censuran a Matisyahu recogieron firmas para que no se suspendiera un concierto de Soziedad Alkoholika en Madrid y consiguieron que un terrorista de ETA diera una charla en la Universidad Jaime I de Castellón apelando a la libertad de expresión. Los mismos que reventaron una conferencia de Rubalcaba en la Universidad de Granada o impidieron hablar a Rosa Díez en la Autónoma de Barcelona.

 

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El Rototom justifica su actitud inquisitorial hacia Matisyahu por las presiones y amenazas que recibió de BDS, un grupúsculo nacionalista que trata de ganar simpatías enarbolando la bandera palestina. Pero pese a ser una organización anecdótica, se le teme, por la sencilla razón de que sus planteamientos de democracia popular y progresismo mal entendido coinciden con los de partidos que empiezan a tener poder.

Por algo la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia se ha adherido a la iniciativa de boicot a Israel que recientemente le presentó el BDS. ¿Dará marcha atrás después de ver el talante de los promotores de la campaña y comprobar cómo se enfanga el nombre de la institución?

También es significativa la respuesta de los partidos de izquierda. Podemos e IU insisten en que lo correcto es vetar al artista estadounidense, dándose así el retruécano de que aquellos que se divierten pintando a Merkel con bigotito y la presentan como a una nazi son los que persiguen a los judíos para que no se suban a un escenario.

Pero es que el PSOE y Compromís, que gobiernan en la Generalitat valenciana, han mostrado una tibieza rayana en la complicidad. El presidente, Ximo Puig, no ha dicho aún esta boca es mía. Impensable si la censura hubiera tenido distinto signo. Otro tanto cabe decir del conseller de Cultura, el lenguaraz Vicent Marzà, de Compromís, que anda desaparecido desde que se filtraron sus vivas a la independencia de Cataluña.

Sólo tras el ridículo internacional, Compromís ha tratado de borrar su papel de Torquemada, pero en un primer momento secundó el liberticidio, tal y como dejó claro su delegado en Castellón, Ignasi Garcia.

Con razón, a estos nuevos apóstoles de la democracia se les atraganta la Constitución, ésa que en su artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y que recuerda que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Matisyahu, o el antisemitismo de una parte de la izquierda española

Parte de la izquierda española ha vuelto a convertirse en abanderada del antisemitismo en España a raíz del ‘equívoco’ veto al cantante estadounidense de reggae Matisyahu en el festival Rototom de Benicassim.

NAPA, CA - MAY 30:  Matthew Miller aka Matisyahu performs during the Bottlerock Music Festival at the Napa Valley Expo on May 30, 2014 in Napa, California.  (Photo by Tim Mosenfelder/Getty Images)

Parte de la izquierda española ha vuelto a convertirse en abanderada del antisemitismo en España a raíz del ‘equívoco’ veto al cantante estadounidense de reggae Matisyahu en el festival Rototom de Benicassim.

A pesar de que la propia organización rectificó y pidió perdón por haber obligado al hipster judío a pronunciarse claramente sobre “el derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado”, partidos políticos como Podemos, Izquierda Unida y Compromís desplegaron, como en anteriores ocasiones, un discurso beligerante que encaja con el antisemita.

Cuando los tuits del concejal Zapata, efímero responsable de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, aún resuenan en las redes sociales –“¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero”-, una nueva polémica con Israel y Palestina de fondo ha hecho que un sector de la izquierda española vuelva a posicionarse recurriendo al manual desplegado en ocasiones anteriores que desde filas socialistas califican como “antisemita, antijudío y antiisraelí”

En esta ocasión ha llevado a la izquierda más radical a hacer “el mayor ridículo en este ámbito en muchos años”, en palabras a EL ESPAÑOL del eurodiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta.

Podemos, de forma más tibia, Izquierda Unida y Compromís -incluso después de conocerse que el festival levantaba el veto- no rectificaron su discurso, ya que consideran que la exigencia al cantante de pronunciarse ideológicamente era lícito para poder ofrecer un concierto.

Nada que ver con lo que apuntan a este periódico dirigentes del PSOE y Ciudadanos: “Es contrario al derecho a la libertad ideológica garantizado en la Constitución española y el discurso utilizado por estas formaciones políticas roza la ilegalidad”.

El “silencio” de la izquierda

Un órdago en forma de presiones, amenazas y coacciones incluidas lanzado por el autodenominado BDS (unas siglas que hacen referencia al boicot, la desinversión y las sanciones contra “la colonización, el apartheid y la ocupación israelí”) y en el que parte de la izquierda ha caído debido a “su desarticulado discurso” (insisten las fuentes consultadas) en el que “pesa su silencio” en lo que concierne a la defensa del Estado de Israel.

Hasta tal punto se ha evidenciado esta “falta de coherencia” en sus argumentos que los ciudadanos han presenciado cómo Compromís matizaba a Compromís, Podemos a Podemos e Izquierda Unida a Izquierda Unida.

Algo que recuerda a las contradicciones vertidas en los medios de comunicación después de que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se pusiese un pañuelo palestino al término de un mitin de Juventudes Socialistas, donde equiparó a Israel con Hezbolá.

Fueron en aquella ocasión destacados miembros socialistas como Nicolás Redondo Terreros, Enrique Múgica o Juan Barranco los que denunciaron el “discurso antijudío” de la izquierda y de su propio partido.

“Discurso antijudío” porque, a excepción de la extrema derecha, no hay partidos políticos que se atrevan a proclamarse públicamente como antisemitas. Es el caso del ex presidente de la República Islámica de Irán Mahmud Ahmadineyad quien, pese a afirmar su deseo de borrar a Israel del mapa, no se autodefine como antisemita.

Él, como parte de la izquierda en España, es sólo antisionista.

‘Derecho al olvido’: no todos podrán salir de Google

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Recientemente, Protección de Datos ha negado el amparo a dos investigados por pertenecer a Gürtel y a ETA, que no podrán salir de Google. El ‘derecho al olvido’, en plena construcción, no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto, como la libertad de información y expresión. Así lo ha entendido la Audiencia Nacional. 

En octubre de 2014, la Justicia española confirmó, por primera vez, que Google estaba obligado a ocultar informaciones de carácter personal. Fueron muchos los han alertado del peligro que suponía “atacar al mensajero” y compararon las imposiciones a Google con el alzheimer digital, vaticinando que se acabarían destruyendo las hemerotecas.

Avancé entonces que la Justicia estudiaría cada caso concreto, que a veces se obligaría a Google a ocultar los contenidos y que, en ocasiones, se haría lo propio con los medios de comunicación. Y puse ejemplos específicos: la Audiencia Nacional había ordenado a Google excluir una noticia de hace 25 años, pero no se le había obligado a El País a tocar ni una sola coma de la misma noticia.

El derecho al olvido (en plena construcción), no es absoluto y debe ponderarse con otros derechos en conflicto (como la libertad de información y expresión).  Así lo ha entendido recientemente la Audiencia Nacional, que ha confirmado una resolución (PDF) de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se le deniega a una persona desaparecer de Google cuando se le vincula con la trama Gürtel.

Según la Audiencia Nacional, no procede reconocer a este ciudadano el ‘derecho al olvido’ porque los hechos que recoge Google continúan teniendo una notable relevancia pública. Se trata de una persona de relevancia pública que sigue imputado que, además, no ha presentado ninguna prueba que acredite que lo que se publica sea falso.

Concluye la Audiencia de forma tajante: “La injerencia en los derechos fundamentales del interesado se encuentra justificada por el interés preponderante de los internautas en tener acceso a la información en una búsqueda que verse sobre el nombre del actor, teniendo la ciudadanía un interés real de conocer dicha información”.

Otro ejemplo

Si hace falta un ejemplo más respecto a las limitaciones del derecho al olvido, conviene dar a conocer otra resolución (PDF) también de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se le deniega a una persona la retirada de informaciones en Google que le vinculaban con ETA.

Dice el texto de la AEPD: “Los datos del reclamante constan en las informaciones publicadas relativas a las detenciones del reclamante y otras personas por casos de kale borroka y delitos de integración en la organización terrorista ETA en febrero de 2012″ y que la detención del reclamante “tuvo lugar como consecuencia de la participación del interesado en campañas de amenazas contra ediles donostiarras del Partido Socialista de EuskadiEuskadiko Ezkerra y del Partido Popular Vasco”.

Pues bien, a pesar de que el reclamante aportó un auto de sobreseimiento libre, Google justificó que la información era de relevancia pública y que se estaba estudiando en otro sumario judicial la pertenencia del reclamante a ETA, por lo que la información no era inexacta.

La AEPD, tras analizar las alegaciones del reclamante y de Google, no ha admitido la retirada de contenidos y ha afirmado que “debe considerarse la trascendencia en el número de personas afectadas, así como la relevancia pública y el interés público que han alcanzado los hechos en cuyo contexto se incluyen sus datos”.

No es descartable que con el paso del tiempo, o con la aportación de nuevas pruebas acerca de su inocencia, estas personas puedan ejercer el derecho al olvido, pero hoy no.

(Foto: Mokra / Freeimages)


Luis Gervas de la Pisa es abogado de Salirdeinternet.com y es el responsable del Código del Derecho al Olvido, publicado por el Boletín Oficial del Estado.


También en EL ESPAÑOL:

 

Las ‘leyes mordaza’ ya están aquí

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Este 1 de julio entra en vigor, a pesar de las críticas recibidas, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: una norma polémica apodada ‘ley mordaza’ por su carácter restrictivo para las libertades. Esto es lo que debes saber sobre ella.

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Imagen cortesía de Juan Luis Sánchez / LICENCIA CC-BY

El Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana: una norma polémica apodada ‘ley mordaza’ por su carácter restrictivo para las libertades de manifestación y de información. Esta ley entra en vigor este 1 de julio a pesar de las críticas de asociaciones, expertos e incluso relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

¿Por qué me interesa esto?

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sale adelante con el único apoyo del Partido Popular. Según la norma, pasarán a ser sanciones administrativas ciertos comportamientos hasta ahora considerados como faltas e incluidos en el Código Penal.

Esto tiene dos efectos. El primero es que se aceleran los procedimientos contra el ciudadano infractor al eliminar el proceso judicial y todas las garantías que conlleva. El segundo es que aumenta la potestad sancionadora del Ministerio del Interior y de las comunidades autónomas con policía propia.

Los comportamientos sancionados especialmente llamativos son aquéllos que se refieren a manifestaciones en las que la protección legal y el poder de los agentes de policía se ve muy reforzada.

A continuación se incluye un resumen de los comportamientos prohibidos por esta ley comentados por el abogado Carlos Sánchez Almeida, miembro fundador y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

¿Qué conductas prohíbe?

La nueva norma divide las acciones prohibidas en tres grupos: muy graves (sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros), graves (multas de 601 a 30.000 euros) y leves (entre 100 y 600 euros).

¿Cuáles son las infracciones muy graves?

Son infracciones muy graves, por ejemplo, las manifestaciones prohibidas o no comunicadas cerca de lugares “en donde se prestan servicios básicos para la comunidad”. La responsabilidad de esas manifestaciones no sólo recaerá en los organizadores de las marchas sino en “quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria […] pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas”.

“En la práctica”, explica Almeida, “las diferentes sanciones por manifestarse suponen una prohibición retroactiva del 15M. Todo cuanto se hizo a partir de mayo de 2011, aprovechando al límite las libertades reconocidas por la Constitución, queda ahora prohibido. Además de ello, se construyen liderazgos ficticios de las manifestaciones para evitar el ‘efecto Fuenteovejuna’ tan característico de la Spanish Revolution: toda manifestación tendrá un responsable aunque se limite a apoyar el hashtag de convocatoria por Twitter”.

Otras infracciones muy graves son la celebración de espectáculos prohibidos por razón de seguridad pública y el uso de punteros láser contra pilotos o conductores de medios de transporte, así como la tenencia de armas o explosivos sin permiso, cuando no sea delito.

¿Y las infracciones graves?

Son infracciones graves, por ejemplo, manifestarse frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos cuando perturben gravemente la seguridad ciudadana. También oponerse a la disolución de una manifestación, así como la desobediencia o resistencia a la autoridad en cualquier caso, especialmente en casos de desahucios. 

Asimismo, el uso de imágenes y datos de autoridades y agentes de policía que puedan poner en riesgo la seguridad personal o familiar de dichos agentes, aunque “con respeto al derecho fundamental a la información”.

Almeida recuerda el caso de la manifestación Rodea el Congreso, declarada lícita por el juez Santiago Pedraz. “Esa protesta podría ser sancionable con arreglo a la ‘ley mordaza’. La resistencia pasiva será objeto de sanción administrativa de acuerdo con la ‘ley mordaza’ y podría ser hasta delito”.

“Mucho más grave desde el punto de vista del derecho a la información”, añade el abogado, “es la posibilidad de sancionar a quien fotografíe a policías: la ley incluso permite que se incaute la cámara a los fotoperiodistas como instrumento para la comisión de la infracción”.

Se recoge también como infracción grave “la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana”.

“¿Será sancionable el silencio, pese a que la Constitución recoge el derecho de todo detenido a no contestar?”, se pregunta Almeida. “Con la redacción ambigua de la ‘ley mordaza’ todo es posible. Hasta sancionar la mera resistencia pasiva en una sentada. Como se dijo en un divertido comentario leído en Menéame, en una película de Gandhi nuestro legislador iría con los malos”.

Por último, también serán castigados como infracciones graves el consumo de drogas y la solicitud o aceptación de servicios sexuales en la vía pública.

¿Qué infracciones leves establece la ley?

La norma recoge como infracción leve el “exhibicionismo obsceno”. También la ocupación de un inmueble o la de la vía pública para la venta ambulante no autorizada.

Almeida destaca que la ley no define qué debe considerarse obsceno: “Eso quedará sometido a los criterios morales del jefe de una unidad antidisturbios. El cuerpo desnudo de Jill Love en Rodea el Congreso o las acciones de Femen podrán ser perseguidas si enseñan demasiada carne según el criterio de los responsables de una unidad de intervención policial. Quizás, como en el franquismo, habrá una unidad especializada en medir el tamaño de las faldas y los escotes”.

Insultar a un agente de la policía (las “faltas de respeto y consideración” hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) también se sancionará como infracción leve. “Es otro supuesto donde se ataca el derecho a la libertad de expresión”, afirma Almeida. “La ponderación de ese derecho con el derecho al honor siempre debería estar sujeta a un criterio judicial y no policial en un proceso con las debidas garantía. La ‘ley mordaza’ está pensada para que en la calle la policía sea al mismo tiempo juez y parte, además de ostentar el monopolio de la violencia”.

Otra falta leve será negarse a identificarse ante un agente y perder el DNI por tercera vez en un año. Según Almeida, la sanción por pérdida reiterada del DNI es ridícula: “¿Habiendo tasas, quién necesita sanciones? Sería mucho más efectivo imponer una fuerte tasa por renovación de DNI después de una pérdida reiterada. Habría más respeto a la presunción de inocencia”.

Un botellón también se podrá sancionar con una multa de hasta 600 euros “cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. La nueva ley también legaliza las devoluciones ‘en caliente’ de personas que crucen ilegalmente la frontera en Ceuta y Melilla. Esta medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

¿Cómo ve ampliado su poder la policía?

Almeida se muestra contundente: “El mayor efecto liberticida de la ‘ley mordaza’ es la desaparición de las garantías procesales que otorgaba el antiguo Código Penal: se sustituyen los jueces por policías, al sustituir las faltas penales por infracciones administrativas”.

Según el abogado, “esta forma de legislar tiene tristes antecedentes históricos: era la práctica habitual en regímenes totalitarios. y evidencia un desprecio absoluto al poder judicial. Desde el 15M han sido numerosas las sentencias absolutorias en juicios de faltas contra los activistas que ejercían la desobediencia civil pacífica. Al despenalizar las faltas, desaparecerán los jueces y las garantías del proceso penal para ser sustituidos por multas de policías a los que la ley otorgará total credibilidad”, sostiene el abogado. “Ante un juez se puede debatir si una determinada conducta está amparada por la ley. Discutir ante la policía supondrá ser detenido por desobediencia”.

¿Por qué ‘leyes mordaza’? ¿Es que hay más?

Pues sí. Se han aprobado dos reformas del Código Penal, la primera como fruto del pacto de PP y PSOE contra el terrorismo. Ambas reformas han recibido críticas muy fuertes por su carácter reaccionario y represivo. La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual también refuerza ciertos mecanismos de control de publicaciones digitales con el fin de preservar los derechos de autor. Unidas, estas reformas convierten a la ‘ley mordaza’, en palabras del propio Almeida, en un ‘monstruo de tres cabezas’ que restringirá la libertad.

Para hacerse una idea del alcance de las medidas que se aprueban, la PDLI ha publicado un post sobre cómo afectará a la ciudadanía la aprobación de todas estas medidas, otro sobre el Código Penal reformado y un completo informe sobre ‘Límites y amenazas al ejercicio de las libertades de expresión e información en España’. La propia plataforma califica este mes de ‘marzo negro’.

Además, se encuentran en tramitación parlamentaria las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con medidas que también reforzarán los mecanismos de control y vigilancia a la ciudadanía.

¿Qué supone para la libertad de expresión?

Al final, ¿qué significan estas modificaciones normativas para el ciudadano? Virginia P. Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), concluye que tanto la doble reforma del Código Penal como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana “tienen un nexo común, que es la penalización de las nuevas formas de protesta, que se canalizan a través de las redes sociales”.

Alonso apunta como agravante que “todo esto se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, cuando no hay nada en la sociedad española que obligue a aprobar estas leyes tan deprisa: España tiene unos índices de criminalidad bajos y la inseguridad ciudadana nunca ha representado un problema para la opinión pública”.

¿Por qué, entonces, tanta prisa? “Nosotros pensamos”, afirma Alonso, “que el partido que está gobernando ahora quiere poner coto a esta marea de protestas sociales que sí han tenido cierto eco en la ciudadanía en tanto que las intenciones de voto han cambiado, y pretende bloquear tanto las protestas como la forma en que se informa sobre ellas”.

“No olvidemos que se han cambiado mucho las estructuras de la comunicación en España, de modo que el esquema ‘emisor-receptor’ ha desaparecido y todos podemos ser emisores de información”, afirma Alonso, que añade: “Lo que se está tratando de hacer es que la gente se controle, que tenga miedo a la sanción y deje de contar lo que hasta ahora contaba sobre las protestas en la calle”.

En cuanto al alcance de estas reformas, Alonso estima que la Ley de Seguridad Ciudadana “es una regresión a la ley franquista de orden público de 1959 porque antepone el orden en las calles a derechos reconocidos por la Constitución y olvida que la defensa del orden público está para que todos podamos ejercer nuestros derechos y no al revés”.

El espantoso clamor

espantoso-clamor-final-extUn testigo presencial describe así los hechos: “En lo alto de la tribuna apareció el Rey. Entonces, doloroso es referirlo, pero nos hemos propuesto decir la verdad, se oyó un clamor espantoso, compuesto de gritos, silbidos y rugidos atronadores… Miles de individuos apiñados aullaban como fieras. Además oímos proferir mil injurias groseras que la pluma se niega a transcribir. Los guardias veían aquellas escenas vergonzosas con los brazos cruzados”.

Un testigo presencial describe así los hechos: “En lo alto de la tribuna apareció el Rey. Entonces, doloroso es referirlo, pero nos hemos propuesto decir la verdad, se oyó un clamor espantoso, compuesto de gritos, silbidos y rugidos atronadores… Miles de individuos apiñados aullaban como fieras. Además oímos proferir mil injurias groseras que la pluma se niega a transcribir. Los guardias veían aquellas escenas vergonzosas con los brazos cruzados”.

Aunque cada palabra cuadre con lo ocurrido en el Camp Nou, lo que acabo de reproducir es el relato del multitudinario abucheo a Alfonso XII a su llegada a la Estación del Norte de París el 29 de septiembre de 1883. El enviado especial de La Época Alfredo Escobar lo publicó en forma de instant book pocos días después del acontecimiento.

Se trata del único antecedente histórico que he podido encontrar de una muestra de desaprobación tan estridente y multitudinaria en presencia de un Rey de España. Con tres notables diferencias respecto a lo ocurrido en Valencia en 2009 y ahora en Barcelona: sucedió en el extranjero, no fue televisado en directo y la culpa no fue del Gobierno sino del Rey que se lo había buscado.

Alfonso XII había cometido la imprudencia de visitar Alemania antes que la capital francesa. Había asistido nada menos que a unas maniobras del ejército imperial, había aceptado el nombramiento de coronel de un regimiento de hulanos y había levantado su copa ante el emperador Guillermo I, prometiéndole el apoyo de España en caso de una nueva guerra. Con la herida abierta por la derrota de Sedán aún sangrando a borbotones, la agresividad de la acogida en París estaba tan cantada como la megapitada de la final de Copa.

De ahí que el ministro de Estado, Marqués de la Vega de Armijo, de acuerdo con el jefe del Gobierno Sagasta y el entonces líder de la oposición Cánovas, tratara de persuadir sobre la marcha al Rey de que cambiara de planes, anulara la visita oficial a Francia y se embarcara en Amberes de regreso a España. En contraste con el abúlico conformismo del gobierno de Rajoy ante el desastre anunciado, los líderes políticos de la Restauración consideraban que era su deber evitar que se consumara un ultraje a los españoles en la persona del Jefe del Estado.

Fue el propio don Alfonso quien, según explica Melchor Fernández Almagro, “se opuso resueltamente a modificar el itinerario previsto porque no le parecía digno de la nación española que a su Rey le preocupase lo que pudiera ocurrirle en París y que, anunciada su visita, no dejaría de hacerlo, “aunque le costase la vida””. Como el Rey aún gobernaba sobre el Gobierno, se hizo la voluntad de Su Majestad que aguantó tan impertérrito como su tataranieto Felipe VI la monumental bronca que se le vino encima.

Sin embargo, y esta es una cuarta gran diferencia, la ofensa colectiva generó también un desagravio colectivo que a la postre fortaleció la unidad de la Nación en torno a la Corona. Alfredo Escobar cuenta que pese a que el tren real llegó de madrugada a San Sebastián, una muchedumbre de “vascongados y castellanos” le aguardaba con “un sólo grito continuado que hacía vibrar las fibras más delicadas del corazón y ensordecía el espacio, ese grito era: ¡¡España!!”.

El 3 de octubre el Rey “fue aclamadísimo por el pueblo madrileño que lo siguió hasta Palacio y que, por expreso deseo de don Alfonso, halló franco el paso al interior, en multitudinario oleaje de entusiasmo… Obreros, menestrales, mujeres, personas que jamás habían pisado las regias estancias, las invadieron dando gritos atronadores y sin detenerse a mirar los suntuosos adornos, sólo pensaban en aclamar al Rey y a la patria”. Según Escobar 100.000 personas -un cuarto de la población de entonces- se echaron ese día a la calle en Madrid. “Agraviado el Rey, los españoles se sintieron agraviados también”, sentencia Fernández Almagro.

Ilustración: Javier Muñoz
Ilustración: Javier Muñoz

Estoy seguro de que en el caso de Felipe VI se habría producido una reacción análoga si su valentía se hubiera manifestado de forma opuesta a la de Alfonso XII. Es decir, si después de haber acudido como un mandado al matadero del escarnio, hubiera tenido el gesto de dignidad herida de abandonar el recinto tan pronto como terminó de sonar el himno, dejando a Mas colgado de su pérfida mueca. Seguro que a Rajoy le hubiera contrariado ese arranque pero el Rey habría adquirido la misma popularidad sobrevenida que acompañó a su padre desde el 23-F. Y naturalmente que no estoy comparando una pitada concertada a los símbolos de la Nación con un golpe de Estado pues pertenecen a categorías muy diferentes de lo execrable, pero sí incidiendo en que no hay mejor atajo hacia el prestigio que el repudio explícito de lo intolerable.

Si alguien sabe de algún otro lugar en el mundo en el que ocurran cosas así, en el que la persona y el himno que representan al conjunto de la ciudadanía sean objeto de befa y vituperio de forma coordinada, subvencionada, impune y retransmitida en horario de máxima audiencia, que lo diga. A Rajoy, Soraya, Fernández Díaz y demás estólidos en su estrago debería caérseles la cara de vergüenza. Sabían a qué tipo de escabechina moral enviaban a Felipe VI y por eso delegaron la representación del Gobierno en el difunto Wert.

Ellos son los responsables directos de que el Rey compareciera para servir de pim-pam-pum a las invectivas de la chusma cual monigote de feria. Ellos son los responsables directos de que una autoridad del Estado que el pasado noviembre utilizó medios del Estado para intentar destruir al Estado, desobedeciendo las resoluciones judiciales del Estado, pudiera exhibir su sonrisa rufianesca junto a Felipe VI para añadir así la albarda de la burla a la albarda del ultraje.

Cuan hiriente e insufrible, cuan ofensivo y vergonzoso sería el hecho para el ciudadano medio, sin especiales ardores patrióticos pero con un elemental sentido de la urbanidad exigible en la morada común, que incluso ese estaférmico Gobierno se sintió obligado a anunciar ipso facto la convocatoria de la Comisión Antiviolencia. Frente a la ingenuidad de los arponeros que pensábamos que al fin esta vez el decoro institucional se cobraría algún que otro cetáceo estelado, lo que se impuso fue el business as usual y la decrépita montaña volvió a parir el ridículo ratón de una mera pesquisa informativa.

Ha transcurrido toda una semana y el ya casi extinto debate sólo ha generado un prolífico catálogo de impotencias: no es posible interrumpir el acontecimiento, desalojar el estadio y jugar el partido a puerta cerrada, como prevé la legislación francesa, porque eso generaría un problema de orden público; no es posible sancionar a los clubes cuyas aficiones protagonizaron la afrenta, y menos aún clausurar durante equis jornadas el Camp Nou, porque eso estimularía el victimismo nacionalista en vísperas de unas elecciones con pretensiones decisorias; no es posible proceder contra las personas físicas, perfectamente reconocibles en los vídeos de la jornada, porque hay jurisprudencia de la Audiencia Nacional que alberga manifestaciones análogas bajo el paraguas de la libertad de expresión; no es posible reformar el Código Penal para que no quepa el equívoco y las agresiones a los símbolos nacionales en el espacio público sean equiparadas a las manifestaciones de odio, racismo y xenofobia porque no se debe legislar en caliente y estamos además próximos a la disolución de las Cortes. Frustrante letanía colgada de la tópica premisa de que no hay que fijarse en los efectos sin rastrear las causas al menos hasta los tiempos de Recesvinto.

Así las cosas, hay algo que sí es posible: incluir el abucheo en el protocolo del acto que la Federación Española de Futbol distribuye a los medios de comunicación. Rezaría de esta guisa: 21,25.- Entra en el Estadio Su Majestad el Rey, acogido con los primeros pitos e insultos. 21,27.- Suena el Himno Nacional mientras los gritos e invectivas se generalizan hasta hacerlo inaudible. 21,29.- Sonrisa rufianesca del presidente de la Comunidad Autónoma dirigida a Su Majestad el Rey, con posado ante las cámaras. 21,30.- Sorteo de campo entre los capitanes e inicio del encuentro, acompañado de los últimos insultos al Jefe del Estado.

Todos sabríamos a qué atenernos. Serían los cinco minutos rituales del odio, mucho más entretenidos que el mensaje de Navidad. Las familias se congregarían ante el televisor a ver y oír la bronca contra el Rey y su “puta España” y los comentaristas de la cadena pública ponderarían los decibelios de la pitada, el calibre de las injurias y la impasibilidad del monarca en relación a años anteriores. Naturalmente “el monarca” sería ya un sosias maquillado y el propio Felipe VI podría seguir la retransmisión por la pequeña pantalla junto a su jefe de Gobierno. Pitando se entiende la gente.

Me alegra que esta semana aciaga haya desembocado en el final feliz de un viaje inverso al de Alfonso XII y que su tataranieto haya podido encontrar en las ovaciones de la Asamblea Nacional Francesa el bálsamo para las ofensas sufridas en la soledad del Camp Nou. No es sin embargo un síntoma demasiado alentador de la salud de nuestra democracia que al Rey de España le abucheen en Barcelona y le aplaudan en París. Para eso mejor quedarnos en lo de 1883.

Con un liderazgo autonómico grotesco y una faz esclerótica y roída por la corrupción a nivel nacional, ¿qué atractivo ofrece el actual PP a esos dos tercios de catalanes que quieren continuar unidos a España o al menos dudan ante el salto en el vacío del independentismo?

O en lo de Recesvinto que, según el atrabiliario organizador de la pitada Santiago Espot, seguro que en realidad se llamaba Resesvint y, por supuesto, era catalán. Pero no sigamos engañándonos con estas disquisiciones. Poco importa que a finales del XIX ya volviera a estar en ebullición la “cuestión de Cataluña” o que sus raíces se remonten o no hasta los Reyes Godos. ¿Acaso los Pirineos marcan una división tan drástica entre dos especies del género humano como para que de un lado se rinda culto a la Nación y del otro se la ultraje por sistema?

No, la diferencia la marcan las leyes y las personas encargadas de aplicarlas. Si la Constitución del 78 dejó el modelo territorial abierto al voraz irredentismo nacionalista y la ambigüedad de Zapatero dio alas a los más radicales, es con el gobierno de mayoría absoluta de Rajoy cuando más se está notando el abandono de Cataluña por parte del Estado. La estrategia política brilla por su ausencia, la acción cultural es un páramo yerto, los proyectos económicos ni están ni se les espera. Con un liderazgo autonómico grotesco y una faz esclerótica y roída por la corrupción a nivel nacional, ¿qué atractivo ofrece el actual PP a esos dos tercios de catalanes que quieren continuar unidos a España o al menos dudan ante el salto en el vacío del independentismo?

Mucho más espantoso que el desabrido clamor de una noche de pasiones y rebuznos es en el fondo el educado coro de murmullos de las clases medias catalanas sobre la pasividad, el abandonismo y la torpeza del Gobierno. De ahí que venga tan a cuento este chiste del gran Bagaría publicado hace cien años en nuestra admirada revistaEspaña. Eduardo Dato, el Rajoy de entonces, líder de un partido conservador atestado de caciques, increpa al siempre pactista Cambó: “Ustedes quieren separarse de España…” Y Cambó -¿dónde está hoy su trasunto?- replica flemático: “Lo que queremos es separarnos de ustedes, que no es lo mismo”.

Ilustración: Bagaría. (Publicada en la revista 'España')
Ilustración: Bagaría. (Publicada en la revista ‘España’)

Más duro que un diamante

Rafael Marques

El periodista Rafael Marques denuncia desde hace dos décadas la corrupción y los abusos en Angola. Ahora se sienta en el banquillo por publicar un libro que detalla la complicidad de siete generales en las torturas y los asesinatos de cientos de mineros de diamantes en una región al norte del país.

El periodista Rafael Marques denuncia desde hace dos décadas la corrupción y los abusos en Angola. Ahora se sienta en el banquillo por publicar un libro que detalla la complicidad de siete generales en las torturas y los asesinatos de cientos de mineros de diamantes en una región al norte del país.


Extrañada por la ausencia de su hijo durante unos días, Linda Moisés da Rosa decidió salir a buscarle el 5 de febrero de 2010. Se llamaba Kito Eduardo Antonio, tenía 33 años y trabajaba como buscador de diamantes en la región angoleña de Lundas.

Al día siguiente, Linda se enteró por otros mineros que los guardias de la empresa Teleservice habían matado a su hijo por no pagar por el acceso a la explotación. “Los guardias suelen pedir dinero a cualquiera que quiera entrar en las minas”, cuenta Linda en el libro Diamantes de Sangre – corrupción y tortura en Angola. “Mi niño no lo tenía y por eso lo mataron. Kito les ofreció pagarles después pero no aceptaron. Le clavaron un machete en la nuca, otro en la frente y otro en la cara. Luego arrojaron su cadáver al río Cuango”. 

El autor del libro Diamantes de Sangre es el periodista angoleño Rafael Marques, que aporta detalles sobre cientos de casos de intimidación, tortura y asesinato en las aldeas cercanas a las minas de diamantes de la región de Lundas, al norte de Angola. El libro, publicado en Portugal en 2011, atribuye la autoría de los abusos a la empresa de seguridad privada Teleservice, cuyos propietarios son siete generales angoleños. Entre ellos, el poderoso general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, ministro de Estado y jefe de la oficina de inteligencia del presidente del país

Al publicar el libro, Marques presentó una denuncia judicial en Angola contra esos generales. La fiscalía archivó el caso y lo usó para abrir un proceso contra Marques, cuyo juicio está previsto para el 14 de mayo después de haber sido aplazado en dos ocasiones. El periodista afronta hasta un año de cárcel y una multa de un millón y medio de euros por nueve delitos de calumnias y 15 de difamación.

Un río de diamantes

“Nosotros nacimos aquí”, explica Linda Moisés da Rosa en el libro del periodista angoleño y en este testimonio audiovisual. “El río de los diamantes está en nuestra tierra pero nosotros no nos beneficiamos en nada. Los extranjeros se apoderan de los diamantes y nuestros hijos son asesinados”. Linda pidió responsabilidades a la empresa por la muerte de su hijo y la denunció sin éxito ante la policía. 

Mineros de diamantes en una de las explotaciones de la región de Lundas. / RAFAEL MARQUES
Mineros de diamantes en una de las explotaciones de la región de Lundas. / RAFAEL MARQUES

“El fin último de mi libro es conseguir que las autoridades estén atentas al sufrimiento de las comunidades locales”, me explica Marques desde Angola por Skype. “Quise denunciar que la violencia continúa en Angola 13 años después del final de la guerra civil. Sobre todo en aquella región, que tiene incluso una legislación distinta del resto del país. No hay libre circulación de personas y bienes, las principales vías están privatizadas y las tierras son expropiadas sin compensación”.

No es la primera vez que Marques tiene problemas con la Justicia angoleña. Sus informaciones le han llevado a la cárcel y le han granjeado palizas de la policía. Los generales a quienes atribuye la autoría última de los abusos los denunciaron por difamación a él y a su editora en Portugal.

“Un año después de publicar el libro, me entero de que estoy imputada por publicar un libro. Es algo que no ocurría desde el 25 de abril”, me dice la editora Bárbara Bulhosa en referencia a la revolución que terminó con la dictadura en Portugal. La fiscalía archivó el proceso y consideró que el libro era un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Rafael Marques durante el juicio. / MAKAANGOLA
Rafael Marques durante el juicio. / MAKAANGOLA

Según el abogado Francisco Teixeira da Mota, el juicio que afronta ahora Marques en Angola es un proceso político. “Es un caso clarísimo de ataque a la libertad de expresión”, explica. “No sólo buscan acallar la voz incómoda de Rafael sino también intimidar a los demás. Es un proceso político porque lo que está en juego son afirmaciones que chocan con el poder”.

“Un periodista angoleño debe luchar cada día por un espacio de independencia que le permita contar lo que ocurre”, dice Marques. “Entonces se transforma en activista también”.

El periodista siempre fue consciente de los problemas que le podrían acarrear el libro y su denuncia contra los generales: “Hiciera lo que hiciera, me iba a sentar en el banquillo. Pero por una vez quise cambiar la dinámica. Decidí que sería yo quien les denunciaría primero. Durante la investigación recogí testimonios, fui testigo de abusos y tuve que llevar a los torturados al hospital. Eso no se podía quedar sólo en las páginas de un libro. Quise denunciarlo y obligar a que hubiera una investigación. Aunque fuera breve y aunque supiera que al final el acusado sería yo”.

Las heridas abiertas

Marques habla despacio, con un tono firme pero amable. Descoloca su serenidad. “Es una persona excepcional”, recuerda su editora Bárbara Bulhosa. “Es un pacifista fiel a sus convicciones y un luchador por la libertad”.

Sobre el juicio, el periodista espera que el sentido común prevalezca y que sea una oportunidad para dialogar. “Lo importante era que se abriera el proceso. Ahora quiero que se abra otro espacio de diálogo para que las autoridades se involucren y consigamos una solución”. Teleservice, una de las empresas de seguridad denunciadas por el libro, abandonó la región en 2013. “Ésos son los avances que importan. Los pasos que de verdad cuentan para mejorar la vida de la población”.

Un grupo de manifestantes a la salida del juzgado. / AMPE ROGÉRIO /REDE ANGOLA
Manifestantes en el juzgado. / AMPE ROGÉRIO /REDE ANGOLA

Las heridas aún siguen abiertas en Angola. Un país que ha pasado por un proceso de colonización que empezó en el siglo XVI, por una guerra por la independencia (1961-1975) y por una larga guerra civil (1975-2002). La guerra que duró 27 años y opuso a las dos fuerzas políticas: el movimiento anticomunista UNITA y el marxista MPLA, que asumió el Gobierno después de la independencia y que sigue al frente del país.

El presidente, José Eduardo dos Santos, lleva en el poder desde 1979. La oposición le acusa de opacidad, persecución política e intimidación. Amnistía Internacional advirtió en 2012 sobre la represión ejercida durante la campaña electoral. “Vivimos situaciones muy graves donde todo estaba justificado y no hemos tenido un intervalo de tiempo suficiente para valorar la vida humana”, dice Marques. “En un país así, es muy difícil cambiar el paisaje político. Antes de cualquier cambio, tenemos que poner la dignidad humana por delante de todo”.

Amnistía Internacional lanzó en marzo una campaña de apoyo al periodista. Su objetivo es que el Gobierno angoleño desista de la acusación. “Es una persecución política. La comunidad internacional debe aprovechar estas oportunidades para intervenir y generar un debate que pueda cambiar poco a poco las cosas en Angola”, me dice por teléfono Teresa Pina, presidenta de la sección portuguesa de Amnistía Internacional.

Mil millones de dólares

Rafael Marques quiere sobre todo despertar la conciencia de los ciudadanos angoleños. “El mundo mira para otro lado porque saca beneficios de la situación. Tenemos que ser los angoleños los que nos impliquemos. Éste es un problema nuestro. No podemos depender de la comunidad internacional”.

Mineros de diamantes en Lundas. / RAFAEL MARQUES

Angola es el cuarto país del mundo en producción de diamantes. En los primeros nueve meses de 2014, generó casi mil millones de dólares con la exportación de estas piedras preciosas, según la agencia Reuters. Marques explica que esa riqueza nunca llega a la población. “Angola es una cleptocracia, una sociedad gobernada por gente que roba a su país”, dice citando el artículo publicado en el Financial Times. “No hay riqueza que pueda satisfacer el ego de los dirigentes angoleños. Muchos se compran Ferraris en un país donde no hay carreteras apropiadas para que circulen y luego los tienen en el garaje quien tiene un cuadro en la pared”.

Las minas de la región de Lundas son propiedad de la Sociedad Minera del Cuango (SMC), una compañía formada por tres empresas entre cuyos accionistas se encuentran los siete generales que denuncian ahora a Marques y que son propietarios del 21% de la SMC.

No es la primera vez que el periodista se enfrenta a la Justicia angoleña. En 1999 publicó el artículo El carmín de la dictadura, donde llamaba dictador a José Eduardo dos Santos, presidente del país. El artículo le llevó a la cárcel durante 43 días, sin acusación formal ni derecho a contactar con un letrado o con su familia. “Allí me labré mi reputación como activista. Investigué los casos de personas que llevaban siete años en la cárcel sin acusaciones, sin condena y sin que les llevaran ante un tribunal. Moría gente todos los días. Al salir, denuncié los hechos y la cárcel de Viana cerró durante cuatro años. Liberaron a más de mil personas”.

En 2013 Rafael fue cercado por la policía a la salida de un juicio a jóvenes activistas. “Esa vez todo fue muy violento”, dice. “En apenas unos minutos me rodearon más de 50 agentes con metralletas. Me arrestaron, me llevaron al cuartel general y me dieron una paliza. Me pisotearon en la espalda, me golpearon varias veces y me quitaron mi cámara de fotos y mi teléfono móvil”.

La insistencia de Marques le ha granjeado innumerables ataques en la prensa oficial angoleña. “Todos los días me acusan de ser enemigo del Estado”, me dice. “Lo que quiero es que la gente entienda que mi trabajo no es contra el Estado angoleño”.

Ahogado por la censura 

La lucha de Rafael Marques empezó en 1992 cuando trabajaba en el Jornal de Angola, un periódico que es propiedad del Estado y que sigue siendo el único diario impreso del país. “Me enorgullezco de ser el único periodista que ha logrado publicar un artículo crítico con el Gobierno en ese diario. En las elecciones de 1992 el redactor jefe estaba agotado. Se fue a casa antes del cierre y me dejó el espacio. Y yo… bueno, yo decidí aprovecharlo”, cuenta entre carcajadas.

Marques escribió un artículo en el que dio voz a la oposición, que había llamado corrupto al presidente en un mitin celebrado en la víspera de la jornada electoral. “Al día siguiente, había un ambiente de funeral. Pero no me dijeron nada porque nunca me habían dicho que hubiera que censurar a la oposición”.

Después de este episodio, Marques fue relegado por sus jefes a la información social. Allí siguió escribiendo artículos incómodos y entonces le enviaron a verificar los precios de los mercados informales de la capital angoleña: aquéllos donde las compras y las ventas no se declaran. Allí descubrió indicios de tráfico de armas y entonces sus jefes le pusieron a reproducir textualmente y sin cambiar una coma los informes del Instituto Nacional de Estadística.

Aquello llevó a Marques a irse del periódico. Desde su casa en la capital angoleña, creó un portal de noticias y escribió para medios como el Guardian o el Washington Post. “Internet es el último reducto de la libertad de expresión”, explica. “El Gobierno intentó controlar la red en 2011. Pero la ley era tan extraña y tan explícita que no salió adelante. Incluía penas de prisión para quien publicara fotos de los miembros del Gobierno sin autorización previa”.

La pregunta de un niño

Sus artículos otorgaron a Marques galardones de varias organizaciones internacionales. El último es el Premio Libertad de Expresión del Index on Censorship, que recibió en marzo de este año. “En ocasiones los reconocimientos sirven también para moralizar a una sociedad”, me dice. “Ver que algo se reconoce fuera da alguna esperanza a los angoleños que quieren vivir de manera íntegra y que reclaman un país donde estos valores sean reconocidos y protegidos por la ley”.

Rafael Marques en el juzgado. / MAKAANGOLA.ORG

Ni la cárcel ni las persecuciones ni los procesos judiciales han servido para acallar la voz de Rafael Marques. Tampoco para infundirle miedo. “No es el silencio lo que nos salva”, explica. “Mi hermano murió en mis brazos por falta de asistencia médica. Hay que crear las condiciones para que los ciudadanos puedan tener una conciencia colectiva. Acabar con esa idea de que si tienes dinero te ha tocado la lotería y que si no, te aguantas. El Gobierno es el responsable de las condiciones de vida de sus ciudadanos y hay que exigirle más”.

Marques no piensa retirarse del periodismo ni tampoco exiliarse para evitar el juicio: “Éste es mi país y lo que quiero es retirarme aquí y contribuir a que Angola sea mejor. Mi hijo tiene 13 años y me pregunta por qué no cojo un trabajo normal. Y yo le digo que éste es mi trabajo y que no tiene nada malo pero crea mucha incomodidad alrededor. Un día quiero que mi hijo se enorgullezca del trabajo de su padre y que sienta que todo el esfuerzo ha merecido la pena”.

Baréin: la Fórmula de la sangre

Manifestaciones en Bahréin, 22 de febrero de 2011. © AI

De todas las revoluciones de la primavera árabe, la de Baréin es la más desconocida y olvidada. Tuvo su pico de atención informativa en 2011, pero luego cayó en el olvido. Se trata de un país minúsculo, difícil de situar en el mapa, sometido a un apagón informativo por parte del gobierno, y eclipsado mediáticamente por la violencia en Irak, Siria, Egipto o Yemen. Baréin solo vuelve a la actualidad con ocasión del Gran Premio de Fórmula 1, que se celebrará este fin de semana en una fabulosa pista en mitad del desierto. Y en estas fechas de lo último de lo que se habla es de la situación política. Lo que pasa en Baréin se queda fuera.

Manifestaciones en Bahréin, 22 de febrero de 2011. © AI
Manifestaciones en Bahréin, 22 de febrero de 2011. © AI

De todas las revoluciones de la primavera árabe, la de Baréin es la más desconocida y olvidada. Tuvo su pico de atención informativa en 2011, pero luego cayó en el olvido. Se trata de un país minúsculo, difícil de situar en el mapa, sometido a un apagón informativo por parte del gobierno, y eclipsado mediáticamente por la violencia en Irak, Siria, Egipto o Yemen. Baréin solo vuelve a la actualidad con ocasión del Gran Premio de Fórmula 1, que se celebrará este fin de semana en una fabulosa pista en mitad del desierto. Y en estas fechas de lo último de lo que se habla es de la situación política. Lo que pasa en Baréin se queda fuera.

Byron Young, corresponsal de Fórmula 1 en el Daily Mirror, explica en su cuenta de Twitter que ha recibido un correo electrónico del Gobierno recordándole que solo está autorizado a cubrir los eventos dentro del circuito. Para ejercer de periodista fuera del recinto deportivo, requiere del permiso especial de la Autoridad de Asuntos Informativos. En el dudoso caso de que se lo concedieran, iría escoltado por funcionarios del Ministerio del Interior.

¿A qué se debe tanto celo?¿Qué es lo que el Gobierno no quiere que veas? Las manifestaciones, las barricadas en las carreteras, los cócteles molotov, los gases lacrimógenos, las tanquetas antidisturbios apuntando a los pueblos chiíes, los torturados, los presos políticos hacinados en las cárceles.

Empecemos por el principio, empecemos por el mapa: Baréin es una isla del tamaño de Menorca situada en el Golfo Pérsico. Entre Catar y Arabia Saudí, con la que está conectada a través de una autopista de 25 kilómetros. Tiene fama de ser el país más liberal del Golfo, un título que en esta región hay que tomar con cierta cautela. No hay, como en la vecina Arabia, policía religiosa patrullando las calles ni ejecuciones públicas. Las mujeres están integradas en el mercado laboral. Aunque la presión social es grande, no hay ninguna ley que les obligue a vestir con niqab o hiyab. Aunque es un estado confesional, existe libertad de culto. El expatriado occidental puede hacer negocios con facilidad y hasta beber alcohol. En general, la vida es menos opresiva que en los países de su entorno. Hasta aquí la parte bonita que las empresas de relaciones públicas americanas contratadas por el gobierno cultivan con mimo en medios occidentales.

Baréin es un país de mayoría chií. Pero ha sido gobernado por la familia suní Al Jalifa desde el siglo XVIII, incluso durante la época colonial británica que finalizó en 1971. El Gobierno se vende a sí mismo como una monarquía parlamentaria. Pero lo cierto es que todo el poder emana de la familia real porque el Parlamento, elegido por sufragio universal, no posee capacidad legislativa. El primer ministro Jalifa bin Salman Al Jalifa es el tío del actual rey y gobierna el país desde hace más de 40 años, lo que le convierte en el gobernante en activo más longevo del mundo. Fue él quien compro por un dinar (al cambio unos dos euros y medio) los terrenos públicos en los que se construyó el complejo de rascacielos Bahrain Financial Harbour (BFH).

Una Gomorra infiel

La familia real funciona en la práctica como un empresario privilegiado. Posee numerosas inversiones en construcción, hoteles de lujo y explota la lucrativa venta de alcohol para el cual hay abundante público: la población expatriada occidental, los trabajadores asiáticos, los soldados estadounidenses de la Quinta Flota, algunos locales y los miles de saudíes que inundan el puente cada fin de semana con el ansia de libertad de un adolescente en viaje de fin de curso. En algún bar puede verse la insólita escena de soldados estadounidenses y ciudadanos saudíes charlando con prostitutas filipinas en la misma barra. Baréin es visto por los fundamentalistas del Golfo como una Gomorra infiel.

Casi toda la población vive concentrada en el tercio norte de la isla, mientras el resto del país es propiedad privada de la familia real o instalaciones militares. Como resultado, la sensación de chiringuito y rapiña familiar es asfixiante en un país minúsculo de un millón y medio de habitantes de los cuales la mitad son trabajadores extranjeros.

No hay un censo oficial sobre filiación religiosa desde los años 70, pero se calcula que entre el 60 y 70 por ciento de la población es chií. A pesar de ser mayoría, los seguidores de esta rama del Islam sufren discriminación laboral y de acceso a políticas sociales como la vivienda. Se trata de una discriminación oficiosa, sin base jurídica en el ordenamiento legal, que funciona como un tabú innombrable en medios oficiales. Pero los hechos no dejan lugar a dudas: los chiíes tienen vetado su acceso al Ejército y a la policía. En su lugar, el Gobierno contrata y concede la nacionalidad a policías suníes de otros países árabes: sirios, jordanos, yemeníes, egipcios y pakistaníes. Esta marginación de facto es una losa que lleva décadas alimentando la frustración de la población chií y envenenando la convivencia entre ambas comunidades.

Manifestaciones en Bahréin, 22 de febrero de 2011. © AI
Manifestaciones en Bahréin, 22 de febrero de 2011. © AI

En febrero de 2011, la ola de las revoluciones árabes encontró en Baréin el cultivo perfecto: al tradicional desencanto chií se unió el hartazgo de muchos suníes hacia la corrupción y el absolutismo del gobierno. Se produjo una acampada en la Plaza de la Perla, una rotonda hostil en un país sin plazas, coronada por una escultura de seis columnas rematada por una perla gigante. El nombre de la plaza tiene su explicación: antes del petróleo, la perla era la principal actividad económica del país.

Aquella acampada recibió el apoyo de casi todo el espectro político local: de islamistas moderados a izquierdistas laicos y partidos que incluyen a varias confesiones. Todos ellos con experiencia en la lucha política desde los años 70. Más allá de las posibles agendas ocultas de los diferentes partidos, fue un movimiento que trascendía las tradicionales reivindicaciones chiíes. El grito, moderado y masivamente compartido, era “queremos reformar la monarquía”. El blanco de las iras no era tanto el rey sino el primer ministro, el hombre con un dinar en el bolsillo.

Aquella revuelta fue especialmente inquietante para las monarquías del golfo, con Arabia Saudí a la cabeza. Era pacífica, tenía un enorme apoyo popular y fue capaz de articular, momentáneamente, un discurso integrador de chiíes y suníes. El 17 de febrero de 2011 la policía atacó el campamento y mató a cuatro personas, pero días después los manifestantes volvieron a tomar la plaza.

Una protesta aplastada por tanques saudíes

Cualquier posibilidad de acuerdo dialogado con la oposición fue aplastada cuando el 14 de marzo los tanques saudíes -y otras fuerzas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)- entraron a sangre y fuego en Baréin.

El símbolo de la protesta, el campamento de la Perla, fue arrasado. No fue suficiente: poco después se mandó derribar el monumento con la excusa de remodelar urbanísticamente la plaza que aún hoy, cuatro años después, sigue cerrada y cercada por el Ejército y la policía. La televisión nacional transmitió el derribo en directo pero hubo de interrumpir la emisión porque la perla gigante, al caer, mató a un operario.

Siguiendo con esta cruel e infantil destrucción de la memoria física, se retiraron de la circulación las monedas acuñadas con la estatua de la perla, que hoy se venden bajo cuerda en el zoco como reliquias históricas junto a billetes de Sadam Husein. El efecto logrado ha sido el contrario: la estatua de la perla se ha convertido en el símbolo de la resistencia y su efigie aparece dibujada en las paredes de los pueblos chiíes.

Empezaron las detenciones arbitrarias, las desapariciones, las torturas y la caza de brujas con campañas animando a denunciar a cualquier persona que hubiera participado en la acampada. Varios detenidos aparecieron en televisión pidiendo perdón en un bochornoso acto de contrición pública.

Nadie estaba a salvo. En plena paranoia represora, el Ejército saudí convirtió el principal hospital del país en objetivo militar. Impidió que los heridos fueran atendidos, dio palizas a conductores de ambulancia y encarceló a numerosos médicos, algunos suníes, que habían atendido a los heridos. Muchos siguen aún en la cárcel. El editor, librero y fundador del periódico Al Wasat, Abd al-Karim Fajrawi, acudió a comisaría a quejarse de la persecución a la que estaba siendo sometido un familiar. Lo torturaron hasta la muerte.

Presionado por sus socios occidentales y por el estado de shock en el que se encontraba el país, el Gobierno se vio obligado a establecer un Diálogo Nacional. Una comisión independiente elaboró un informe sobre violaciones de derechos humanos. El rey aceptó las conclusiones del informe y se comprometió a castigar a los culpables y poner cámaras en las instalaciones policiales para evitar la tortura.

Aquel movimiento prometedor sólo ha servido como lavado de imagen. Desde entonces, han surgido centros de detención clandestina y solo se han dictado un puñado de sentencias leves contra algunos agentes acusados de asesinato.

A una contrarrevolución no le basta con la violencia: necesita un relato. El Gobierno tuvo claro su mensaje: la revuelta había sido una conspiración sectaria de los chiíes, apoyada por Irán. Ahondar en la brecha sectaria se convirtió en la prioridad ideológica y en los meses posteriores a la revuelta, el Gobierno derribó unas 40 mezquitas chiíes. A día de hoy, muchos fieles todavía acuden a rezar al aire libre allí donde antes se levantaban los templos.

El rey, ¿un mal menor?

La estrategia del gobierno fue un éxito. Algunos suníes que habían apoyado las primeras manifestaciones empezaron ahora a cerrar filas en torno a lo que consideran el mal menor: “Mejor un rey corrupto que una revuelta chií que nos convertirá en una teocracia como Irán” es la coletilla frecuente utilizada por suníes descontentos pero leales al Régimen.

La profecía de odio sectario va camino de hacerse realidad gracias también a la coyuntura política de la región. Todo lo que sucede en los países vecinos tiende a leerse en clave sectaria: las matanzas de chiíes por parte del ISIS, las contraofensivas de las milicias chiíes en Irak, o los recientes bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí contra los hutíes de Yemen. La narrativa de lucha sectaria se ha impuesto sobre la vieja dicotomía libertad-tiranía de la Primavera árabe. De alguna manera, los más beneficiados de este cambio de guión son los propios regímenes dictatoriales.

La campaña de represión ha radicalizado a parte de la oposición chií, cuya estrategia de lucha callejera incluye ahora esporádicos atentados mortales contra agentes de policía (3 muertos en el último año), vistos como mercenarios de una fuerza de ocupación extranjera. Las barricadas en la carretera con neumáticos ardiendo se repiten a diario alimentando una espiral infinita de acción-represión. El empleo indiscriminado de gas lacrimógeno ha costado la vida a varias personas (no hay datos fiables), algunas de las cuales estaban dentro de sus casas.

Fuera de los núcleos más conflictivos, gran parte de la población vive estos hechos con indiferencia y sin sufrir más molestia que algún ocasional atasco. Aunque el helicóptero de la policía y las columnas de humo sean parte del paisaje diario, no pude decirse, ni mucho menos, que los altercados callejeros hayan paralizado la vida normal del país. Para mucha gente, las barricadas es como vivir en un país en obras. Los suníes lo ven como un prueba más de la intolerancia chii, y la comunidad chii se divide entre quienes lo ven con simpatía y quienes consideran que es una estrategia dañina que, en última instancia, solo provoca molestias a los habitantes de los pueblos chiíes.

En general cunde la resignación y se asume que no hay nada que hacer. “Nosotros ya tuvimos nuestra dosis de represión, y bien que nos lo comimos. Ahora le toca el turno a la nueva generación”, dice uno de los participantes en la acampada de la Perla.

En 2011, Ecclestone no tuvo más remedio que suspender la carrera de Fórmula 1. No porque le preocupara la violación sistemática de los derechos humanos sino por el miedo a la seguridad de los pilotos en un país con toque de queda, patrullado por el Ejército saudí. En 2012, la Fórmula 1 volvió a Baréin y la carrera sigue celebrándose desde entonces a pesar de la llamada al boicot por numerosas asociaciones de derechos humanos. A medida que se acerca la fecha, la violencia aumenta en las calles de los pueblos chiíes y se multiplican los carteles, pintadas y vídeos contra lo que ellos llaman la Fórmula de sangre.

Manifestaciones en Bahréin, 22 de febrero de 2011. © AI
Manifestaciones en Bahréin, 22 de febrero de 2011. © AI

La ética de los grandes premios

En estas circunstancias, merece la pena plantear la responsabilidad ética de los grandes acontecimientos deportivos al dar legitimidad a regímenes crueles. Ahí está el caso de la vecina Catar, cuyas obras para el Mundial de fútbol han costado la vida a más de 1.200 trabajadores asiáticos. Un eufemismo utilizado en el Golfo para referirse a la mano de obra semi-esclava. No sabemos qué capacidad de presión sobre un Gobierno posee un evento deportivo privado. Lo que sí habría que plantearse es la capacidad de presión que tendrían las potencias mundiales.

Baréin no es Siria, dijo David Cameron en 2011 para justificar su tibieza ante la represión en este país del golfo. “Allá donde haya una injusticia, allí acudiremos los americanos”, dijo entonces el presidente Obama en referencia a la incipiente primavera árabe cuando solo amenazaba a regímenes enemigos. La reacción de ambos países antes los sucesos de Baréin ha oscilado entre la condena tímida y la presión para elaborar el informe al que nos hemos referido antes, al elogio y la complicidad.

¿Por qué no se muestran más inflexibles? Porque Baréin es, a efectos políticos, un apéndice de Arabia Saudí. Porque Estados Unidos tiene en Baréin la Quinta Flota del ejército, la mayor base americana en Oriente Medio. Porque Reino Unido ha firmado recientemente un acuerdo para construir en Baréin la que sería la única base británica permanente en Oriente Medio. Porque ambos países son, además, los principales vendedores de material militar a Baréin. España, por cierto, también vendió armamento por valor de 6,3 millones de en 2011 y 21,1 millones en 2012.

Estos países argumentarán que Baréin es un socio estable en la lucha contra el ISIS. Pero lo cierto es que el gobierno no siempre ha combatido el islamismo radical interno con la misma energía con el que lo ha hecho fuera de sus fronteras. Antes de convertirse en activo militante del ISIS, Turki al-Binali se pasó meses haciendo proselitismo del ISIS en Baréin sin tener ningún problema con la policía. Es cierto, sin embargo, que recientemente le ha incluido en la lista de 72 ciudadanos a los que ha revocado la nacionalidad. Lo más llamativo es que en ese grupo, junto a 19 yihadistas, aparecían 50 miembros chiíes de la oposición (periodistas, doctores, activistas de derechos humanos). Al meterlos a todos en la misma lista, el Gobierno intenta equiparar al terrorismo con la oposición democrática.

Uno de los que más ha denunciado la represión es el activista Nabeel Rajab, fundador del Centro Bareiní Derechos Humanos y una de las caras más conocidas de la oposición. Ha pasado dos de los tres últimos años en la cárcel. Ahora se enfrenta a dos condenas de cárcel, una de ella por 10 años, por escribir dos tuits. En el primero afirmaba que muchos de los bareiníes alistados al Estado Islámico procedían de las fuerzas de seguridad, a la que acusó de ser el incubador ideológico del terrorismo. En el segundo denunciaba las torturas en la prisión de Jaw, situada a unos 20 kilómetros del circuito de F1. Rajab es carismático, tolerante, laico, valiente y con buenos contactos en la prensa global: esta semana, el New York Times ha publicado una carta abierta a Obama.

Fue detenido hace dos semanas y espera condena en la cárcel. Es una de las personas que el Gobierno no quiere que veas ni escuches mientras se celebra la carrera de F1. Pero basta ya de palabras. Que empiece el espectáculo.

Aclaración: El nombre de la autora de este artículo es un seudónimo. Baréin no permite trabajar con libertad a periodistas.

Una mujer contra la censura saudí

Samar BadawiSu hermano es el bloguero Raif Badawi, condenado a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos por crear un foro digital de debate político y por “insultar al islam”. Su marido es el abogado Walid Abulkhair, que los defendió a ella y a su hermano y que en 2014 fue condenado a 15 años de prisión. Samar arriesga su libertad para salvar a los dos.  

Samar Badawi lucha por la libertad de su hermano y de su esposo, que están en la cárcel por defender la libertad de expresión en uno de los países más represivos.

La túnica negra que la envuelve hace que parezca más pequeña y acentúa su palidez. Pero la apariencia de fragilidad de Samar Badawi se esfuma en cuanto empieza la conversación.

Su hermano es el bloguero Raif Badawi, condenado a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos por crear un foro digital de debate político y por “insultar al islam”. Su marido es el abogado Walid Abulkhair, que los defendió a ella y a su hermano y que en 2014 fue condenado a 15 años de prisión. Samar arriesga su libertad para salvar a los dos.

“¿Que cómo quiero ser recordada? Como alguien que luchó por la verdad hasta el último suspiro”, dice Samar durante una conversación que se desarrolla por teléfono, Skype y correo electrónico. Le gustaría ver una Arabia Saudí donde se respeten las libertades: “Sueño con una Justicia independiente, un sistema constitucional y un Parlamento elegido en las urnas”.

A Samar no le gusta hablar de sí misma. No quiere que la acusen de intentar llamar la atención. Y sin embargo su trabajo como activista atrajo el interés del Gobierno de Estados Unidos, que le otorgó hace dos años un premio que recogió de manos de Michelle Obama y Hillary Clinton en una ceremonia oficial.

En la cárcel

Samar no ha llevado una vida fácil. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía 13 años y se quedó sola con un padre abusivo.

Tras fracasar su primer matrimonio, ella y su hijo Bara’a, que hoy tiene 12 años, fueron a vivir a casa de su hermano. Su padre les denunció a los dos. A ella la acusaba de desobediencia, siguiendo el sistema de custodia masculina del país. Este sistema establece que una mujer no puede obtener un pasaporte, casarse, viajar, acceder a la educación superior o incluso someterse a ciertos procedimientos médicos sin la aprobación de su guardián masculino. A veces ese guardián es el esposo, el padre, el hermano o incluso el hijo.

Por orden del gobernador de Jeddah, Samar y su hijo fueron a una casa de acogida. “Su trabajo también es ayudar a las mujeres que tenemos problemas con el sistema de custodia”, explica al respecto de la intervención del gobernador. Un año y medio después, salió con la ayuda del gobernador, al que le pidió permiso para vivir sola con su hijo.
Hijo de Raif
Entonces se enamoró de Walid Abulkhair, que hoy es su marido y el padre de su segunda hija Joud. “Era mi abogado”, explica. “Entre nosotros se engendró una historia de amor”.

El padre de Samar se opuso a ese segundo matrimonio. Pero la joven no se resignó y le puso una denuncia en un gesto inédito en Arabia Saudí. Quería a toda costa evitar permanecer bajo su tutela y vivir en libertad.

Durante el juicio, la reputación del padre de Samar fue puesta en entredicho: una investigación concluyó que tomaba drogas, derrochaba el dinero y tenía 14 esposas. Pero esos detalles no evitaron que el juez se inclinara a su favor. En la primera vista judicial, que se celebró en abril de 2010, Samar fue detenida y llevada a la prisión de Briman, en Jeddah.

Tres meses después, el gobernador de La Meca, que había propuesto crear un comité de reconciliación entre padre e hija, admitió que Samar había sufrido el maltrato de su padre y medió para que se permitiera su boda con Walid.

“Fueron unos meses difíciles pero me ayudaron a formar mi personalidad y me llevaron a luchar por los derechos humanos”, dice Samar sobre su experiencia en la cárcel, de donde salió en octubre de 2010 y donde asegura que la trataron bien.

La primera campaña

Walid lanzó una campaña en las redes sociales para pedir la liberación de su esposa. Escribió este blog y usó la etiqueta #Samar. Le ayudó el prominente bloguero Fouad al Farhan, que había estado cuatro meses entre rejas sin cargos por publicar un artículo sobre las “ventajas e inconvenientes de ser musulmán”.

En 2011 fue Samar quien inició su propia campaña contra el Gobierno saudí. Su objetivo era que cualquier mujer pudiera votar o presentar su candidatura a las elecciones municipales. Para ello denunció a las autoridades porque no le habían permitido registrarse en los prolegómenos de las municipales de septiembre de 2011.

Decenas de mujeres desafiaron a las autoridades yendo juntas a intentar inscribirse y crearon grupos de Facebook en los que reivindicaban sus derecho a votar.

Según el Gobierno de Estados Unidos, Samar fue la primera mujer que fue a los tribunales para defender su derecho a votar en Arabia Saudí. Las autoridades le dijeron que no se permitiría el voto aquel año por “las costumbres sociales” del reino. Pero unos meses después el rey Abdalá anunció que podrían votar a partir de las elecciones de 2015.

No fue la única campaña de Samar, que participó junto a Manal al Sharif en Women2Drive: una protesta para que las mujeres saudíes tuvieran derecho a conducir. Ambas presentaron una denuncia contra el Gobierno al ser rechazada la solicitud de su carné. Ninguna ha obtenido respuesta.

Las raíces del reino

En Arabia Saudí rige una interpretación única del islam. La familia real Al Saud se apoya desde hace siglos en un pacto con los religiosos wahabíes para establecer su poder en un complejo contexto tribal. Esto se traduce en un acuerdo tácito por el cual cualquier reforma requiere el apoyo o la aquiescencia de los religiosos.

El rey Abdalá, fallecido el pasado 23 de enero, impulsó reformas que promovían la educación superior de las mujeres, les otorgaban becas en el extranjero y les facilitaban su entrada en el mercado de trabajo. En 2013 nombró a 30 mujeres como miembros de la Shura: un consejo consultivo con poderes muy limitados. La Shura puede proponer leyes pero no puede aprobarlas o hacerlas cumplir. Sus 150 miembros los nombra el Rey y su presidente es siempre un miembro de su familia.

Sin embargo, las reformas de Abdalá no atajaron la discriminación. El sistema de custodia masculina sigue relegando a las mujeres a una posición de minoría de edad en casi todos los ámbitos. “En Arabia Saudí hay muchos problemas y no tenemos derechos”, repite indignada Samar.

Mil latigazos

El segundo encontronazo de la joven saudí con las autoridades fue fruto del activismo de su hermano Raif, arrestado por “insultar al islam” en internet. Acababa de crear una web llamada Free Saudi Liberals con el objetivo de promover el debate político y abordar cuestiones complicadas como el secularismo.

Raif no tiene estudios superiores. Su amigo Saeed Alwahabi escribía en ‘Al Monitor’ que no era un ávido lector y solía decantarse por libros que no estaban de moda entre sus coetáneos. Sus escritos versaban sobre Dios, el universo y el islam. “En mi opinión, la importancia de Badawi no radica en su ideología sino en que representaba a un pequeño segmento oculto de la sociedad saudí”, escribe Saeed. “Este pequeño grupo de personas emergió a la superficie e incluía hombres y mujeres jóvenes, empresarios, figuras de la sociedad, periodistas, activistas y funcionarios estatales. Todos ellos compartían las mismas ideas liberales extremas de Badawi, pero nadie se atrevió a hablar de ellas en público”.

Raif fue condenado en 2013 a siete años de cárcel y 600 latigazos. Una pena que un juez amplió a 10 años de prisión y 1.000 latigazos después de una revisión. La sentencia establece que el activista debe recibir 50 latigazos cada semana hasta cumplir esa pena. Su familia asegura que las autoridades intentan ahora reunir pruebas para aplicarle la pena de muerte por abandonar el islam.

“El problema en Arabia Saudí es el islam político”, dice su hermana Samar. “El poder justifica la represión y la tiranía con la excusa del islam. La libertad de asamblea es uno de los elementos clave de la Carta Árabe de Derechos Humanos pero un edicto religioso la prohíbe. Este tipo de contradicciones son muy comunes y el Gobierno se beneficia de ellas”.

Un marido en prisión

Samar Badawi

Ni Samar ni su marido se resignan. Walid Abulkhair, experto en árabe y en leyes islámicas, firmó un manifiesto en 2007 pidiéndole al Rey que sustituyera el absolutismo por una monarquía constitucional.

En 2008 creó la web Monitor for Human Rights in Saudi Arabia (MHRSA) después de que se le denegara el permiso para crear una ONG. El Gobierno desactivó la página unos meses después y la iniciativa pasó a ser una página de Facebook que también fue bloqueada en el interior del país.

Walid registró MHRSA en Canadá en 2012 y llevó una huelga de hambre de 48 horas en Arabia Saudí. El objetivo era reivindicar la libertad de quienes consideraba presos políticos, entre ellos su cuñado Raif.

Las autoridades prohibieron a Walid salir del país y fue Samar quien recogió el Premio Olof Palme en Suecia en enero de 2013.

Walid y Samar empezaron entonces a celebrar tertulias semanales con una docena de invitados en el salón de su casa. Eran personas de diferentes orígenes unidas por su compromiso político. La revista Time retrató esos encuentros en este reportaje.

En noviembre de 2013 el letrado fue acusado de desobediencia a la autoridad por crear y supervisar una organización no autorizada (MHRSA) y colaborar al establecimiento de otra similar. Unos meses después, la corte de apelaciones de La Meca le declaró culpable de “socavar la imagen del régimen y de los funcionarios, incitar a la opinión pública e insultar al poder judicial”. Fue condenado a pasar 15 años de prisión y a pagar una multa de unos 50.000 euros.

Más represión

Walid es la primera persona condenada con los criterios de la nueva ley antiterrorista saudí, que entró en vigor en febrero de 2014 y que criminaliza cualquier forma de disidencia política. Samar sabía que podían encarcelar a su esposo. “Una siempre espera que puede ocurrir”, explica. “Mi marido fue acosado y recibió amenazas desde que empezó sus actividades de defensa de derechos humanos”.

Según Adam Coogle, investigador de Human Rights Watch (HRW), a los saudíes se les niegan derechos fundamentales como la libertad de asamblea, expresión y asociación. “En los últimos años hemos visto una docena de activistas pacíficos condenados a largas penas de prisión simplemente por pedir reformas”, dice Coogle por correo electrónico. “Algunos, como Walid Abulkhair, por críticas vertidas en tuits o en entrevistas de televisión”.

El Gobierno saudí niega esas críticas. Su Ministerio de Exteriores se quejaba recientemente de la cobertura del caso de Raif Badawi y recordaba que no admitirán ninguna injerencia foránea. El príncipe Mohammad bin Nayef, arquitecto jefe de la represión contra los activistas, es ahora el segundo en la línea de sucesión al trono. “No esperamos que las cosas mejoren a corto plazo”, añade el analista de Human Rights Watch.

Sherif Mansour, experto en la región y coordinador en el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), asegura que el Gobierno saudí ha intensificado la represión legal desde la Primavera Árabe. “Las enmiendas a la ley de prensa de 2011 castigan la publicación de cualquier material que se considere contrario a la ley islámica, que afecte a los intereses del Estado, que promueva intereses extranjeros, que dañe el orden público o la seguridad nacional o que permita una actividad criminal”.

Mansour recuerda que la Comisión General de Medios Audiovisuales anunció en abril que hará un seguimiento de los canales de YouTube para asegurarse de que todo lo publicado se ajusta a las directrices del Gobierno: “Muchos saudíes utilizan esa plataforma para mostrar temas polémicos o eventos que los medios de comunicación no suelen cubrir”.

El mismo Walid grabó una serie de vídeos explicando sus ideas y sus dudas sobre la legitimidad del tribunal que le condenaría unos días después. Los vídeos fueron publicados después de su detención. El primero el 25 de mayo y el segundo el 4 de agosto del año pasado.

“El Gobierno saudí ha usado su influencia regional para evitar que los medios de otros estados del golfo Pérsico critiquen los regímenes de los demás”, dice Mansour.

Censura en la región

Arabia Saudí no es una excepción en la región. Egipto acumula cientos de muertos de manera violenta en la represión que tuvo lugar antes y después de la revolución y el CPJ estima que es uno de los países más peligrosos del mundo para un periodista. En noviembre de 2014, el Observatorio Egipcio para los Derechos y las Libertades (EORF) decía que 67 reporteros se encontraban en prisión. Algunos fueron juzgados por tribunales castrenses después del golpe militar que desalojó del poder al islamista Mohammed Mursi.

Las ansias de libertad siguen costando muy caras también en países como Argelia, donde el activista Rachid Aouine fue detenido por un comentario irónico en su cuenta de Facebook. Las autoridades le acusan de incitar a una reunión sin armas. Le podría esperar un año de prisión.

Por el momento, Raif Badawi sólo ha recibido los primeros 50 latigazos que establece su sentencia. Los otros 950 han sido pospuestos semana tras semana por motivos de salud. Entretanto, Samar se divide para visitar a su marido en Riad y a su hermano en Jeddah y sigue esperando el indulto real para todos los presos de conciencia del país.

“El Gobierno no nos permite comunicarnos con medios extranjeros ni con organizaciones de derechos humanos porque lo considera ilegal”, dice subrayando la importancia de nuestras conversaciones. “Ése es precisamente uno de los cargos que pesan sobre mi marido, condenado a 15 años de prisión”.

El Español Preocupado
y los guisantes del Profeta

Ilustración de Penagos para el lanzamiento de la revista “España” en enero de 1915.

Me he cruzado contigo estos días en la calle y en las redes sociales y he notado en tu mirada, Español Preocupado, una carga adicional de perplejidad y de tristeza.

Me he cruzado contigo estos días en la calle y en las redes sociales y he notado en tu mirada, Español Preocupado, una carga adicional de perplejidad y de tristeza.

A tu malestar por la marcha de la economía, a tu enfado cada vez que oyes la palabra “recuperación” cuando sigue faltándote casi todo lo que te quitaron, a tu indignación por el encubrimiento de la corrupción y a tu desprecio por los políticos que sólo te ofrecen más de lo mismo, se ha sumado el espanto por la matanza de dibujantes en Paris.

Has seguido los acontecimientos à bout de souffle: el cerco a los asesinos, la muerte de rehenes en el supermercado, la magna manifestación de Paris, el envidiable coro de diputados entonando La Marsellesa, la reaparición de Charlie Hebdo con su Tout est pardonné, el inaudito comentario del Papa… y al final lo que domina tu ánimo, y se te nota, es una amarga sensación de impotencia.

¿Has perdonado tú? ¿Lo habrías hecho si las víctimas fueran tus familiares o amigos? Claro que no. Alguien como tú, Español Preocupado, que según Xenius -es decir Eugenio D’Ors- representas “la inteligencia paciente a dos dedos quizá de la desesperación”, sólo puede perdonar a quien entiende.

Hemos visto matar por dinero, por celos, por venganza, para acabar con las clases opresoras o para conseguir la independencia vasca. También como respuesta a la invasión de Irak o la situación en Palestina. La lógica de los asesinos ha estado monstruosamente clara. ¿Pero quién entiende que se mate para impedir dibujar a una figura histórica? Mahoma, el indibujable. He ahí el objetivo de los verdugos de Charlie Hebdo y los millones que les respaldan: crear un mundo en el que los trazos de un hombre cuyo rostro  real desconocemos no sean jamás imaginados sobre lienzo, papel  o cartulina. Eso es para ellos el “insulto”: no que el retrato sea injurioso o grosero sino que exista como tal, que pretenda ser retrato.

El matiz es importante. Si ninguno de sus contemporáneos reprodujo los rasgos de Mahoma, ¿cómo saben los creyentes que el caricaturizado es él? Ah, porque lo dicen los dibujantes como cuando Goliat mascullaba en los tebeos del Capitán Trueno aquello de “¡Por las barbas del Profeta!”.

O sea que lo que merece la muerte es la intención de representar a Mahoma. Ya. Entiendo que tu tentación sea encogerte de hombros, envolverte en la capa, calarte la chistera, dejarte crecer la perilla, “levantar los ojos al cielo y volverle la espalda a la pequeña ciudad barroca”. Así te dibujó Penagos y así te describió Xenius como emblema de la revista España, tal enero como este de hace cien años.  Sí, ya sé que, en palabras de tu creador “el día siguiente al triunfo de la Inteligencia se llama Melancolía”. Pero no te me escapes y hagamos, Español Preocupado, el recorrido juntos porque, lo quieras o no, estamos abocados a graves dilemas.

Ilustración de Penagos para el lanzamiento de la revista “España” en enero de 1915.
Ilustración de Penagos para el lanzamiento de la revista “España” en enero de 1915.

Llevo semanas enganchado a la serie colombiana Escobar, el patrón del mal. Me atrae la reconstrucción de los años en que el cartel de Medellín tuvo contra las cuerdas al Estado y en especial el propósito que repite de forma machacona la sintonía que acompaña a los rótulos: “Que no se borre de tu mente… En honor de nuestros muertos que cayeron vilmente…” ¿Por qué en España no se evoca en la televisión a Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa o José Luis López de la Calle como en Colombia se hace con Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán o el director de El Espectador Guillermo Cano? Me encontré el martes con María San Gil y los dos le pusimos nombre y apellido a la respuesta.

Pues bien, en esa serie la madre del sanguinario capo lo encomienda una y otra vez al Niño Jesús de Atocha, proliferan misas y rezos e incluso aparece un sicario llamado Caín que ejerce el narco terrorismo biblia en ristre. “Dale Señor el descanso eterno…”, repite tres veces tras ejecutar a un rival maniatado. “Y brille para él la luz perpetua…”, añade Escobar otras tantas contemplando el cadáver.

Pretenden crear un mundo en el que los trazos de un hombre cuyo rostro desconocemos porque no fue retratado en vida no sean jamás imaginados sobre lienzo, papel o cartulina”.

El momento culminante del relato llega cuando Caín se persigna al escuchar el estallido del vuelo de Avianca en el que murió un centenar de pasajeros a resultas de la bomba que él mismo había contribuido a colocar. ¿Fantasía truculenta del guión? No, mera trasposición del personaje de Brances Muñoz, uno de los hijos de un pastor protestante captados para la causa en los barrios bajos de Medellín, un entorno de fanatismo y miseria no muy diferente de las banlieues donde crecen los islamistas de segundas generación.

Matar con el crucifijo al lado e incluso en su nombre no es una práctica extinguida. En los años 90 un grupo de reverendos de la Iglesia Luterana Reformada puso bombas en clínicas abortistas y asesinó a tiros a uno de los médicos. Tras la matanza de Oklahoma asomaron las tramas del fundamentalismo cristiano. Y otras religiones también siguen produciendo engendros similares. El asesino de Rabin pertenecía al Sionismo Mesiánico y el hombre que asesinó a 29 musulmanes en la Tumba de los Patriarcas era un estrecho colaborador del rabino Kahane. Fue una secta budista, cuyos miembros llevaban electrodos en la cabeza para recibir la energía espiritual del Maestro, la que perpetró el mortífero ataque con gas sarín en el metro de Tokio. ¡Qué bien se mata en nombre de un dios!

La diferencia reside en que mientras en todos estos casos sus protagonistas fueron tratados como dementes marginales, los sondeos reiteran que el yihadismo tiene porcentajes de apoyo significativos entre una población musulmana cuya gran mayoría se siente ofendida por cualquier representación material del Profeta.

Es cierto, Español Preocupado, que la Iglesia Católica también impulsa creencias, como la inmaculada concepción de María o la transubstanciación del cuerpo de Cristo, que nunca podrán pasar el fielato de la razón pero  tomárselas a chacota, como también hacía Charlie Hebdo, no tenía consecuencia alguna en la Francia de hoy. Parece que esa integración de la irreverencia en la cultura cívica también le molesta a un Papa de otro hemisferio como Bergoglio.  Pero fue la caída y ejecución de Robespierre lo que permitió salvar la tolerancia volteriana de las garras del culto al Ser Supremo que el ídolo de Pablo Iglesias pretendía imponer mediante la tenaza del terror y la virtud.

En uno de sus debates clave el gran Vergniaud, águila de la Gironda, reprochó al Incorruptible que pretendiera incluir una referencia al Ser Supremo en la Declaración de los Derechos Humanos: “Puesto que no tenemos ni a la ninfa de Numa ni a la paloma de Mahoma, lo único que podemos interponer entre el pueblo y los legisladores es la razón”.

Vergniaud se refería  a los imaginarios encuentros de Numa Pompilio, segundo rey de Roma con la ninfa Egeria, supuesta fuente de su autoridad, y a la creencia de que el Profeta recibía mensajes de Alá a través de una paloma que se los susurraba al oído. La contraleyenda cristiana alegaba que Mahoma se colocaba guisantes en las orejas para atraer a la paloma.

Ese racionalismo laico, invocado por el gran orador de Burdeos, fue el fruto de la secularización de la Europa cristiana y es hoy la piedra angular de nuestra civilización. Nada sería tan suicida como sustituirla por un multiculturalismo que fomente la equidistancia entre lo que queremos ser y lo que no queremos ser, otorgando a las minorías musulmanas la capacidad de condicionar la conducta de las mayorías.

Sólo quienes estén dispuestos a sacar los guisantes de los oídos del Profeta deben ser bienvenidos. La libertad de culto es sagrada pero más aún debe serlo el cultivo de la libertad”.

En eso es en lo que desemboca la “alianza de las civilizaciones” que el Papa Francisco acaricia como “alianza de las religiones”: en la autocensura para evitar ser percibidos como blasfemos y en el mirar para otro lado cuando la mujer es sometida a la vejación de transitar velada en público. Por eso aplaudí al diario La Razón cuando se desmarcó de la corrección del rebaño y además de decir “Je suis Charlie” lo fue, reproduciendo en la portada una de las caricaturas, lo que le obliga a medir desde ahora todas las supersticiones por el mismo rasero.

Aunque lo hagan de corazón, es inaceptable que los líderes musulmanes condenen el terrorismo yihadista sin actuar sobre sus coartadas. No he oído a ningún imán decir estos días que la prohibición de retratar a Mahoma nada tiene que ver con la sustancia del Islam, que de hecho existen representaciones respetuosas del Profeta,  que la única frontera entre lo que es ofensivo y lo que no lo es está definida por el Código Penal  y que el buen gusto no es un precepto legal.

Debemos exigir a los líderes musulmanes que no se tapen los oídos ante el discurso legitimador de la violencia que germina a su alrededor. Es el mismo esfuerzo que tantas veces pedimos a los ayatolas del nacionalismo vasco: no se trata sólo de repudiar el terrorismo sino de desmontar los mitos que lo alimentan. ¿O alguien duda de que si un grupo autodenominado Guerreros de la Inmaculada se dedicara a matar -o incluso a dar puñetazos como dice Francisco- a quienes refutaran públicamente el dogma, seríamos muchos los que pediríamos a la Conferencia Episcopal que aclarara que es imposible que una mujer sea fecundada con su himen intacto?

Comparto la perplejidad con la que escuchas, Español Preocupado, al ministro del Interior anunciar que “ha acordado ponerse de acuerdo” con el PSOE para adoptar medidas contra el yihadismo y no digamos cuando lees que una de ellas consistirá en “regular la figura del lobo solitario” como si se fueran a expedir carnés a quienes estuvieran rumiando cometer atentados. Sobre todo cuando la previsible nueva diarrea legislativa contrasta con la incapacidad de acordar algo tan sencillo como la devolución forzosa de quien cruce ilegalmente la valla de Melilla por mucho que haya puesto uno, dos o cien pies en territorio español.

Si queremos proteger nuestro modelo liberal de convivencia la Unión Europea debe unificar y replantear la política de inmigración. Sólo quienes estén dispuestos a sacar los guisantes de los oídos del Profeta deben ser bienvenidos. La libertad de culto es sagrada pero más aún debe serlo el cultivo de la libertad, digan lo que digan los pontífices. Una cosa es aceptar el derecho a la diferencia y otra permitir una dinámica de mutaciones tras la que no nos reconozcamos ante el espejo. ¿Qué diría Ionesco, con su Rinoceronte otra vez en escena, de los pronósticos de Houllebecq?

En todo caso, “vuelve a la ciudad”, Español Preocupado, tal y como te aconsejó Xenius. Implícate en este debate, en todos los que te afectan. Busca los Ateneos, entra en las redes sociales, súmate a EL ESPAÑOL. Ten en cuenta que, tal y como te advirtió tu creador hace cien años -ahí lo tienes, negro sobre blanco en el número 3 de la revista- “ésta es la última vez que te consentimos ser de papel”.