“Papá, mamá: Me ejecutarán mañana de mañana”

FonsecaHace ahora 40 años cinco hombres fueron fusilados a la madrugada acusados de terroristas. Eran Xosé Humberto Baena, (25 años), Ángel Otaegui (33), Ramón García Sanz (27), José Luis Sánchez (21) y Juan Paredes (21). El periodista Carlos Fonseca recupera su recuerdo en el libro Mañana cuando me maten.

Fonseca26 de septiembre de 1975. “Papá, Mamá: Me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me dijiste que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente”. Xosé Humberto, de 25 años, escribe a sus padres antes de ser fusilado junto a Ángel Otaegui (33 años), Ramón García Sanz (27 años), José Luis Sánchez (21 años) y Juan Paredes (21 años), acusados de ser militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) y de ETA, y condenados por matar a cuatro miembros de la policía armada y de la guardia civil.

El periodista Carlos Fonseca (Madrid, 1959) ha recuperado el episodio para dar a conocer a quienes no habían nacido entonces uno de los capítulos más miserables de la dictadura y demostrar que la decisión sobre las penas de muerte fue “arbitraria”. El autor se ha vestido con las ropas de historiador para rastrear el pasado, como los periodistas hacen con el presente, partiendo de documentos, datos y testimonios hasta llegar a la verdad.

“Dramatizo los acontecimientos para conseguir una lectura más amena, esa es la diferencia entre la historia, el periodismo y la narrativa. Mañana cuando me maten (La esfera de los libros) no es un libro académico, pero no está reñido con el rigor”, cuenta el autor, que tocó el éxito hace once años con el libro Trece rosas rojas.

La carta de Xosé Humberto continúa: “Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros, que sois viejos y sé que me queréis mucho, como yo os quiero, no por mí. Pero tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo. Al menos, yo así os lo pido”. No es la única misiva que incluye en el texto, también aparece la de Gregorio Peces Barba explicando por qué no se hace cargo de la defensa.

“No creo que le deje en buen lugar, porque los abogados que los defendieron lo hicieron porque estaban en contra de la pena de muerte. Defenderlos era su deber ético”, señala Fonseca. Pero tanto el PSOE como el PCE dieron instrucciones a sus abogados para no defender a ningún militante de ETA o del FRAP, porque para ellos los atentados no contribuían a poner fin a la dictadura, sino que torpedeaban la apertura del régimen.

“Una victoria de los intransigentes”

Carlos Fonseca reconoce que los historiadores y periodistas no están ceñidos por las mismas condiciones. La diferencia está en el relato. “No estamos encorsetados como lo está el historiador. Nosotros tenemos una voluntad divulgativa. Quiero que la gente se entretenga”, dice. Los historiadores tampoco son amigos de los testimonios, porque a pesar del color y el tono de las declaraciones, desconfían de las subjetividad de las fuentes. “Muchos de los documentos también están falseados y manipulados. De la unión de ambos surge una aproximación a la verdad”.

“¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. ¡Mala suerte!”. La frustración de Xosé se mantiene hasta el final de la carta. “Los fusilamientos fueron una victoria de los intransigentes sobre los aperturistas”, sentencia el autor.

Fonseca no lo ha tenido fácil. El acceso oficial ha sido parcial. “Nunca pensé que iba a encontrarme con tantas dificultades”, reconoce. Ni transparencia, ni accesibilidad en los archivos de la represión militar. La documentación que necesitaba estaba depositada pero no para consulta historiográfica. Los papeles que encontraba, además, chocaban con dos leyes: Memoria Histórica y de Patrimonio Nacional. Una permite la publicación, la otra preserva el honor de los implicados hasta 50 años.

Sólo una sentencia de los tribunales haría posible una sentencia que determinase el interés. “Ojalá alguien decida entrar en el tema a fondo, porque la Memoria Histórica se ha quedado en retórica. Prefiero tener ésta ley a ninguna, aunque esté inutilizada. El franquismo no forma parte de la agenda política”.

El libro tiene una pretensión modesta: dar a conocer el episodio… 40 años después. Quizá no hayamos ejercitado lo suficiente la memoria para dar a luz estos hechos enterrados. “La Transición no fue modélica, fue la que se pudo hacer con lo que había. Nos ha valido. Pero frente a esa historia de transición modélica donde todo eran parabienes ha llegado el momento de contar los otros detalles y episodios que matizan esa versión amable. No se trata de desmerecer la Transición, sino de aproximarnos a la verdad. Por eso no termino de entender que se califique a la Memoria Histórica como marketing. Todavía hay mucho por investigar en un país sometido por la historia de los vencedores”.

Y Xosé cierra la carta a su padre: “¡Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera el último abrazo!”.

 

 

Inquisidores del callejero

Ada Colau

ERC quiere ‘desterrar’ a Felipe VI y sus antepasados de Barcelona, a lo que la CUP ha replicado pidiendo que se arríe la bandera española del Ayuntamiento y que se replantee la presencia del Ejército en la Ciudad Condal. Ambas propuestas se han formulado después de que Ada Colau ordenara la retirada del busto de Juan Carlos I del salón de plenos. La estrategia de independentistas y gobiernos de unidad popular es coincidente: adecuar la Historia según los propios intereses y desterrar los símbolos de unidad nacional.

La intención anunciada por ERC de eliminar del callejero de Barcelona toda referencia a la dinastía borbónica y la propuesta subsiguiente de la CUP de retirar la bandera española del Ayuntamiento y “replantear la estancia” en la Ciudad Condal de responsables del Estado y del Ejército forman parte de una misma estrategia: desterrar cualquier símbolo de unidad nacional y alentar un clima de crispación que favorezca su pulso al Estado.

Ambas iniciativas son coherentes con el empeño típicamente nacionalista que tan agrios frutos ha dado históricamente, según el cual el pasado debe ponerse al servicio de sus intereses y mitologías. También es consecuente con las primeras decisiones adoptadas por los autodenominados “gobiernos de unidad popular”, que han encontrado en la revisión de los símbolos la forma de desenterrar la dialéctica de vencedores y vencidos. Cualquiera diría que la nueva política surgida del 24-M exige también un nuevo callejero y un nueva Historia para, junto a los independentistas, jugar la carta de la división y el revanchismo.

No es casual que la supresión del nomenclátor de toda referencia a la Monarquía se formule en el preámbulo de las elecciones catalanas y tan sólo un mes después de que Manuela Carmena, en Madrid, y Ada Colau, en Barcelona, prendieran polémicas similares; una con su plan para expulsar del callejero de la capital a referentes verdaderos o ficticios de la Dictadura, y otra con la retirada de un busto del Rey Juan Carlos I del salón de plenos municipal.

Estas iniciativas van mucho más allá de la Ley de Memoria Histórica. La arbitrariedad y el maniqueísmo con que independentistas y gobiernos de izquierda radical purgan el callejero y retiran bustos y símbolos sólo persigue envenenar la convivencia y borrar de un plumazo lazos de unión que se han construido durante siglos de historia compartida. En esa tarea inquisitorial sus impulsores suplen la falta de rigor intelectual con vehemencia: lo de menos es que Calvo Sotelo, asesinado antes de que estallara la Guerra Civil, no tuviera siquiera tiempo de convertirse en franquista; o que Muñoz Seca, lejos de ser un represor, acabara sus días junto a otros 2.000 ajusticiados en Paracuellos; o que ni uno solo de los borbones a los que ERC quiere borrar para siempre de Barcelona haya tenido algo que ver con la represión del catalanismo o de las instituciones de autogobierno (más bien lo contrario en el caso de Felipe VI y de su padre). Lo principal es generar un espacio de confrontación entre Cataluña y el resto de España, establecer una división entre buenos y malos y acabar con cualquier referencia a la concordia y la fraternidad.

A cualquier persona mínimamente formada le resultarán esperpénticas las maniobras del independentismo para catalanizar a Cristóbal Colón y Teresa de Ávila, o para expulsar a Felipe VI y todos sus antepasados de Cataluña mientras se dedican calles a terroristas de Terra Lliure. Pero sólo es un paso más en la escalada de quienes hace tiempo que presentan la Guerra de Sucesión y la Guerra Civil como preludios de una lucha por la independencia aún por ganar. Por ahora, lo único que pueden conseguir estos profesionales de la revisión de parte es volver locos a turistas y servicios postales con sus cambios sumarísimos del callejero. Pero el esperpento está llegando demasiado lejos.

Foto: Barcelona en Comú / Flickr