Los nueve requisitos que hay que cumplir para poder crear clubes de marihuana, según el Supremo

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El Tribunal Supremo ha puesto orden respecto a la criminalización de las sociedades cannábicas, impunes para algunas Audiencias provinciales pero penadas por otras. Una sentencia del pleno de los magistrados de la Sala Segunda fija los requisitos para que la actividad de esos clubes o asociaciones no sea considerada delictiva. 

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El 16 de junio de 2014, los tres responsables y dos miembros de la sociedad cannábica Ebers, de Bilbao, respiraron aliviados: la Audiencia Provincial de Vizcaya les absolvió del delito de tráfico de drogas por el que el fiscal les había sentado en el banquillo. El proceso contra ellos arrancó en noviembre de 2011, cuando el local de la asociación fue registrado por la Policía Municipal. Los agentes encontraron 4.750 gramos de marihuana y 800 euros en una caja registradora.

El alivio ha durado poco. El Tribunal Supremo ha acordado imponerles penas de tres a ocho meses de prisión al estimar un recurso interpuesto por la Fiscalía, que sostuvo que los cinco acusados incurrieron en un delito de tráfico de drogas. Esta infracción penal sanciona con cárcel a quienes lleven a cabo “actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” (artículo 368 del Código Penal).

10 toneladas al semestre

Los fiscales impugnaron ante el Supremo el fallo absolutorio alegando que, a la vista del alto número de socios del club -290- y de las cantidades asignadas a cada uno en los “contratos de previsión de consumo” que firmaban al hacerse miembros, “se está ante el manejo y distribución de un total de 10,4 toneladas de cannabis cada seis meses”, un cantidad que, a juicio del Ministerio Público, está “muy lejos” de lo que puede considerarse un mero autoconsumo compartido.

La legislación penal española no castiga el consumo de drogas (ni siquiera si es en grupo), pero sí toda actividad que lo promueva. La clave está en lo que los juristas denominan “alteridad”, que es la que justifica la intervención del Código Penal: consiste en que se facilite o promueva el consumo por parte de otras personas.

Para identificar ese factor de alteridad del que depende, en definitiva, la apreciación de si hay o no delito en la actividad de una sociedad cannábica, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija unos parámetros que, advierte, dependerán de la singularidad de cada caso. Pero servirán para proporcionar seguridad jurídica en una materia en la que las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo criterios discrepantes.

Las condiciones para que se aprecie que el autoconsumo compartido no es delictivo son:

• Que la sociedad esté constituida por usuarios habituales de marihuana o adictos que se agrupan para consumir esa sustancia. La sentencia explica que “con esta limitación se pretende evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros, que es precisamente la conducta que sanciona el delito, salvo los que ya fuesen consumidores habituales”.

• Que el consumo se produzca en un lugar cerrado para “evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente agrupados”.

• Que la cantidad de cannabis que se maneje sea “reducida o insignificante” o, en otras palabras, la cantidad “mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”.

• Que la reunión congregue a un “reducido grupo de adictos” para que pueda considerarse que se trata de un “acto íntimo sin trascendencia pública”.

• Que las personas asociadas sean “identificables y determinadas”, entre otras cosas para que pueda garantizarse que son consumidores habituales de marihuana o adictos.

• Que se trate de un consumo inmediato, sin que el cannabis salga del local ni haya riesgo de que se proporcione a terceros.

• Que se excluya el almacenamiento masivo de marihuana, “que es un germen del peligro [de tráfico de drogas] que quiere desterrar el legislador”.

• Que el club no esté abierto a un número indiscriminado de socios.

• Que los responsables de la asociación tengan capacidad de control sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores.

De qué son responsables los directivos

La sentencia explica la condena a los responsables del club Ebers así: “Por supuesto que a los directivos de la asociación no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de que un socio haya hecho entrega a persona no consumidora de parte de la sustancia o por que la venda, traicionando sus obligaciones asociativas. Pero sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a doscientas noventa personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse”.

Los dos miembros de la sociedad condenados fueron encontrados el día del registro “efectuando labores de preparación y envasado de bolsas” de marihuana. Durante el juicio también quedó acreditado que la Policía había hallado “en las inmediaciones” del local a seis personas con distintas cantidades de marihuana en su poder. La droga procedía de los cultivos interiores del club, atendidos por un jardinero contratado al efecto.

La Sala Penal del Supremo, que se ha reunido en pleno para tratar este asunto, señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. Lo segundo, dice, es “muy diferente” y “estira la doctrina del consumo compartido hasta romper sus costuras”.

“No puede convertirse una asociación cannábica en una suerte de cooperativa de distribución”, zanja la sentencia, redactada por el magistrado Antonio del Moral.

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido,  Joaquín Giménez y la única magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, han suscrito votos discrepantes. Consideran que el fallo del caso de la sociedad Ebers debió ser absolutorio al existir en los acusados un error invencible sobre la conciencia de ilicitud de su actividad. Además, echan de menos que el alto Tribunal no haya determinado “con mayor precisión” los límites de la apreciación del delito cuando hay cultivo y consumo compartido de cannabis. Creen que la opción de remitir la concreción de esos límites al análisis de las circunstancias de cada caso no proporciona suficiente seguridad jurídica.

El juez que ha citado al ‘president’ a declarar fue elegido a propuesta de CiU

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

Pertenece al llamado “turno autonómico”: los Parlamentos de las comunidades autónomas tienen la potestad legal de proponer a la mitad de los jueces integrados en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ. Son juristas que sin pertenecer a la carrera judicial ni superar la oposición de ingreso, acceden directamente y gracias al favor político a esas relevantes Salas, que son las encargadas de investigar y juzgar los delitos de los aforados en cada comunidad autónoma.

El magistrado que ahora instruye la causa contra Artur Mas encabezó la terna de juristas que el Parlamento de Cataluña propuso al CGPJ en abril de 2012. Los otros dos fueron Antoni Vaquer y María Rosa LLácer, pero en el acta de la sesión parlamentaria no se refleja que hubiera debate alguno sobre los méritos de cada uno. La terna prosperó por asentimiento y con el apoyo de CiU, PSC, ICV y ERC.

La designación de Abril por el órgano de gobierno de los jueces fue igual de pacífica. Era el candidato apoyado por Ramón Camps, vocal del CGPJ a propuesta de CiU, y los demás consejeros respetaron su preferencia por Abril, que hasta entonces era profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde octubre de 2007 ejercía como director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en manos del PSC.

Fuentes del CGPJ –inmerso en aquellas fechas en la intensa polémica que generaron los viajes con cargo a fondos públicos de su presidente, Carlos Dívar–, recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Joan Manel Abril provenía inequívocamente de CiU y no del PSC.

Montoro prohíbe que Google encuentre la lista de morosos

Hacienda hará pública la ‘famosa’ lista de morosos, pero poco. Google, igual que el resto de motores de búsqueda, no devolverá resultados ligados a la lista si se buscan, por ejemplo, los nombres de los deudores. El BOE establece que los nombres serán públicos sólo durante tres meses y no podrán ser localizados mediante buscadores. 

Foto: Sergio Barrenechea / EFE

Montoro es aplaudido por sus compañeros de filas tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Sergio Barrenechea / EFE

Hacienda hará pública la ‘famosa’ lista de morosos, pero poco. Google, igual que el resto de motores de búsqueda, no devolverá resultados ligados a la lista si se buscan, por ejemplo, los nombres de los deudores. La principal puerta de entrada a la información en Internet no los verá. Se la ciega por Ley. Además, incluso aunque se acuda directamente a la dirección de Internet en la que se cuelgue la lista, su contenido desaparecerá a los tres meses de ser publicado. Fundido a negro.

La normativa aparecida esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de reforma de la Ley General Tributaria incluye un párrafo que así lo establece y que muy poco tiene que ver con la intención de “publicidad y transparencia” que se recoge en el preámbulo y con la que tantas veces ha sacado pecho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y van unas cuantas veces desde la primera vez que habló de su idea de publicar la lista, allá por diciembre de 2012.

De 100.000 a 1.000.000

Desde entonces a su forma definitiva, la norma se ha ido relajando, pasando de la intención de publicar los nombres de todo el que debiese más de 100.000 euros, al millón de euros fijado finalmente. La pérdida de aristas no ha eliminado sin embargo del BOE todo el léxico de las buenas intenciones. Desde crear “una sociedad democrática avanzada”, al “desarrollo de una auténtica conciencia cívica”, del uso de “instrumentos preventivos y educativos”, “publicidad activa”, “información”…

Lo que dice en concreto el texto definitivo sobre los límites a la publicación de lista de morosos es que “la publicación se efectuará por medios electrónicos”, es decir, estará en la Red, pero “deberán adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet”. Además, “los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación”.

Adiós a la posibilidad, por ejemplo, de utilizar las búsquedas para cruzar datos en el futuro de empresas contratadas por administraciones públicas que tuviesen deudas tributarias. La única opción será almacenar los listados.

La explicación que ofrecen desde Hacienda es que, de permanecer el resultado de la búsqueda, podría devolver eternamente como moroso el nombre de alguien que ya hubiese regularizado su situación con las arcas públicas. De momento, los morosos han tenido todo el primer semestre de 2015 para regularizar su situación. Quienes no hayan atendido el requerimiento y siguieran manteniendo la deuda a 31 de julio aparecerán en el primer listado, que se hará público a final de este año. A partir de ese momento, cada nuevo listado, referido al cierre del ejercicio anterior, se publicará en el primer semestre de cada año.

Mucho más allá del “derecho al olvido”

Al margen de que cada lista se referirá a la situación en una fecha concreta y que, de regularizar su situación, el moroso no volverá a aparecer en la siguiente, resulta incoherente con el espíritu protector que demuestra Hacienda que la norma no permita evitar que te saquen en los papeles pagando la deuda cuando te notifiquen que tu nombre va a aparecer en el listado. Esa notificación sólo sirve para “formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de recepción de la comunicación”. Es para aclarar “errores materiales, de hecho o aritméticos” en los datos.

Hacienda va más allá incluso de lo que está protegido hasta ahora dentro de lo que se conoce como “derecho al olvido” en Internet, la posibilidad de que un ciudadano pueda exigir que se hagan opacos para Google resultados que enlacen con páginas en las que aparezca mencionado.

Por el momento no existe una normativa que regule dicho derecho. Europa sigue rigiéndose, en lo que a protección de datos se refiere, por la regulación de 1995, cuando Internet no era ni sombra de lo que es ahora. Lo que existe es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo de 2014 en la que se reconoció el derecho de un ciudadano español a exigir que Google eliminase de sus resultados las informaciones que le mencionaban, referidas a unas deudas económicas que el aseguraba haber pagado ya. Los artículos siguen estando en la web de La Vanguardia donde aparecieron, pero, al buscar por el nombre de la persona referida, no aparecen en los resultados de la búsqueda.

Cómo evitar que Google te vea

A raíz de la sentencia, Google creó un formulario para acogerse al “derecho al olvido” pero no lo aplica de forma automática. Siguiendo el espíritu de la sentencia, se estudia cada caso concreto y se eliminan aquellas informaciones que se consideran irrelevantes, obsoletas o inapropiadas. Por ejemplo, no se eliminan las referidas a personas con relevancia pública, algo que sí ocurrirá con la no indexación que ha establecido Montoro, puesto que afectará a la totalidad de la lista. Además, con la eliminación del contenido de su lugar original a los tres meses, también se va más allá del simple bloqueo de la búsqueda de un contenido.

Evitar que Google, o cualquier otro motor de búsqueda, detecte un contenido es relativamente sencillo para el gestor de una página en Internet. No hay más que utilizar un archivo robots.txt, que es un protocolo que indica al motor de búsqueda que pase de largo ante esa información. Una de las páginas que mayor uso hace de este tipo de archivos es precisamente el Boletín Oficial del Estado.

El retratista sirio de la Rambla recuerda que “la fuerza está en la unión”

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El sirio Fouad Aboussada es uno de los pintores más serios de la Rambla. Desde hace tres décadas se sienta en su taburete para dibujar a vecinos y turistas. Tiene dos hijas catalanas y desconfía del proceso independentista: “Me importa Cataluña y me importa España. La fuerza está en la unión”. 

Reportaje grafico: David López Frías

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El sirio Fouad Aboussada es uno de los pintores más serios de la Rambla. Desde hace tres décadas se sienta en su taburete para dibujar a vecinos y turistas. Tiene dos hijas catalanas y desconfía del proceso independentista: “Me importa Cataluña y me importa España. La fuerza está en la unión”. 

El Ayuntamiento de Barcelona limitó en 2013 el número de pintores y dibujantes que trabajaban en la Rambla. Tres años antes, había hecho algo similar con las estatuas humanas. Se trataba de premiar a los mejores artistas y todas las medidas fueron en la misma dirección: reducir el número de plazas reservadas a los pintores (de un centenar a 62), limitar los días de trabajo y ubicar a los artistas en un solo lado de la Rambla.

“Decían que lo hacían para mejorar la calidad de los cuadros, pero lo que hicieron fue robarle espacio al arte para entregárselo a los bares y a las terrazas, que dan más dinero”, dice Fouad Aboussada (Sweida, 1946), un pintor sirio que lleva casi 30 años trabajando en este rincón de Barcelona. “Llegué en 1987 y en esta parte de la ciudad se respiraba más arte que ahora. No nos pedían permisos ni hacía falta tanto control”, rememora con nostalgia. 

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Aboussada es ilustrador, dibujante y pintor. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Damasco. Al terminar la carrera, inició un viaje por el norte de África que le llevó a exponer sus obras en países como Túnez, Líbano o Argelia. Allí permaneció 10 años trabajando como profesor de dibujo. Organizó tres exposiciones en el Instituto Cervantes de Argel, donde conoció a varias personas que le sirvieron de contacto en España: “Decidí venir a Barcelona a hacer un doctorado y preparar una tesis sobre la influencia del arte árabe en la pintura moderna”.

Nunca lo acabó. Pero la ciudad le sedujo y se quedó a vivir. “Antes estuve viajando por Europa. Expuse en Viena, Berlín y Berna. Pero me afinqué en España, en Barcelona, porque este lugar es lo parecido a mi país. Es como mi tierra pero con menos líos. El clima, la gente… ¡Hasta la forma de mirarnos a los ojos! Salir a la calle y hablar con todo el mundo fue lo que me enganchó”.

Aboussada ha echado raíces en Barcelona. Se casó y ahora tiene dos hijas catalanas. “Ellas también son artistas”, explica con orgullo. “Una de ellas ya ha acabado Bellas Artes”.

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¿Qué queda de aquella Rambla que Aboussada conoció en 1987? “Bastante menos cultura. Pero eso no es culpa de los artistas sino de las instituciones que se la han ido cargando. Antes era diferente. No había tanto control y podíamos venir a pintar a diario. Ahora sólo nos dejan trabajar un día sí y un día no. Recuerdo que en aquellos tiempos se respiraba arte: teníamos que llegar a las siete de la mañana para coger el mejor sitio posible. Había personas de todas las nacionalidades y nos entendíamos bien. El idioma universal de la cultura tiene estas cosas: que puedes ver conviviendo en paz y armonía a un sirio, un iraquí y un israelí”, recuerda citando a dos compañeros ya fallecidos.

Las ordenanzas municipales han ido acorralando a los artistas. En 2000 se redactó la penúltima regulación, que impuso hasta el tipo de parasoles o taburetes que debían usar los pintores.

Luego se organizó un concurso para otorgar las licencias a los artistas. O mejor dicho para retirarlas porque el número de autorizaciones disminuyó.

Los polémicos castings de pintores tuvieron lugar en 2007 y apartaron de la Rambla a algunos dibujantes históricos. “Cuando yo llegué había una asociación de artistas. Ahora somos tres pero no hay entendimiento. Ni se preocupan por nosotros ni establecen relaciones con el ayuntamiento ni fomentan las exposiciones”, se queja Fouad, que reivindica que las instituciones “cuiden el arte para que la Rambla tenga vida”.

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Una gran alcantarilla

Esa vida de la que habla Aboussada no acompaña a la Rambla desde su origen. En sus inicios, el paseo más célebre de Barcelona no era más que un torrente por el que discurrían las aguas fecales que desembocaban en el mar. Sólo dejó de ser una gran alcantarilla en torno a 1440 cuando se desvió su caudal.

Cuentan los historiadores que la Rambla enseguida se convirtió en la zona de paseo favorita de la población pese al perfil macabro de la zona de la Boqueria, que debe su nombre a los boc o cabritos que allí vendían los judíos y donde había instaladas varias horcas para ejecutar a los condenados a muerte.

El día de Santiago de 1835 acontecieron unos hechos que cambiaron para siempre la fisonomía de la Rambla. El detonante fue una corrida de toros celebrada en el desaparecido Torín de la Barceloneta: la primera plaza de toros de España. Los animales seleccionados aquel día salieron especialmente mansos. Aquello caldeó los ánimos de un público ya exasperado a causa de la guerra civil entre liberales y absolutistas y la indignación se tradujo en una manifestación espontánea.

El sentimiento anticlerical de las clases obreras de Barcelona hizo que toda aquella ira se descargase contra los frailes. Les acusaban de quedarse con casi todo el trigo de la ciudad, de haber envenenado el agua y de tener inmovilizado gran parte del suelo urbano con conventos mientras la gente se amontonaba en casas precarias de varias alturas por falta de espacio.

El balance de aquella jornada fueron 12 conventos atacados y cinco destruidos por completo. Aquella revuelta hizo avanzar la desamortización de bienes eclesiásticos, regulada al año siguiente mediante el decreto del ministro Mendizábal, que liberó algunas propiedades del paseo y transformó la Rambla de forma radical.

Desde entonces la Rambla se ha convertido en el espacio de paseo por antonomasia de los vecinos y de los turistas. Cada tramo cuenta con su propia fisonomía e historia. Si se camina siguiendo el curso del agua (de la plaza de Cataluña a Colón), el paseo arranca en la Rambla de Canaletes, que recibe su nombre de su fuente más emblemática. La misma que con el tiempo se ha convertido en el punto de celebración de los títulos del Barça. Por debajo queda la Rambla dels Estudis, que debe su denominación a una antigua universidad, clausurada y convertida en cuartel por Felipe V en 1720. La siguiente zona es la Rambla de les Flors, donde aún se concentra el mayor número de floristerías por metro cuadrado de Cataluña. La parte central es la Rambla dels Caputxins, llamada así porque albergaba un convento de frailes (aquéllos que ardieron después de la fatídica corrida de toros). Esta parte también es conocida como Rambla del Centro y fue la primera zona de paseo de la sociedad barcelonesa.

La última zona es la de Santa Mónica y es la que acoge ahora a los artistas. Pero esto no fue siempre así. Además de los pintores, allí se ubican las estatuas humanas que hasta hace tres años se encontraban en mitad del paseo. La polémica ordenanza municipal las sacó del corazón de la Rambla del centro en 2012. Los artistas, tal y como asegura Aboussada, “cada vez lo tenemos más difícil, somos menos y estamos más controlados”. El sirio tiene la esperanza de que “el nuevo Gobierno municipal que acaba de entrar mejore algunos aspectos. Si no, veremos pronto más vendedores y más terrazas ocupando nuestro espacio y ahí se habrá acabado el arte en la Rambla”.

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A favor de la unión

Fouad Aboussada vive con expectación el proceso independentista en el que se halla sumida Cataluña. Asegura que prefiere que la comunidad autónoma no se separe del resto del país: “Me importa Cataluña y me importa España. No quiero una separación porque todos buscamos ser más fuertes. La fuerza está en la unión”. No obstante, el sirio se define como un demócrata convencido: “Estaré del lado de la decisión que tome la mayoría, porque esa será la visión correcta de lo que queremos”.

Aboussada tiene la percepción de que entre sus conciudadanos independentistas está primando demasiado el factor económico: “Nos dicen que teniendo nuestro propio estado seríamos más ricos y tal vez sea cierto. Pero el dinero no es lo único importante. Ni siquiera es lo más importante. Hay otros factores que conviene tener en cuenta. Yo creo que somos hermanos. Quizás algún día necesitemos la ayuda de Madrid o ellos la nuestra. Soy partidario de la unidad para ser más fuertes”.

Aboussada basa su argumentación en el conflicto que está azotando su país. Le cambia el tono de voz cuando lo aborda y su gesto se vuelve grave: “Siria es ahora un país más dividido que nunca. El Gobierno por un lado, los rebeldes por el otro, el grupo Estado Islámico por otro y los kurdos por ahí. ¿Cuál es el resultado? Millones de personas huyendo del país y muriendo en el intento de marcharse. Al final el pueblo es lo que menos importa. La gente mala tiende a organizarse para evitar que el pueblo decida e imponga la democracia. No comparo nuestra situación con la de Siria, obviamente, pero es un ejemplo de que la unión hace la fuerza”.

Los diarios de la Rambla

Fouad Aboussada tiene a casi toda su familia en Siria y lamenta que no va a poder regresar en mucho tiempo: “Allí tengo todavía muchas obras en algunas galerías y me encantaría volver”.

Por ahora debe quedarse sentado en su taburete de la Rambla de Barcelona, donde se siente a gusto: “Hay gente que no me cree, pero no hago esto sólo por dinero. Me encanta estar en la calle porque me relaciono con las personas, observo las cosas que pasan y las apunto en unas libretas a las que llamo Diarios de La Rambla. Debo de tener como seis blocs llenos de anécdotas y experiencias”.

La última que le ha emocionado tuvo lugar esta misma semana. Enciende su cámara de fotos Panasonic, enseña la imagen de una mujer llorando y explica su historia: “Hace 13 años vino un señor de Carolina del Norte con la foto de su nieto para que yo le hiciera un retrato. Se lo llevó a Estados Unidos y le gustó a toda la familia. Al poco tiempo, ese señor se murió. Su hija tuvo otra niña y quiso que tuviese un retrato como el que yo le hice a su hermanito. Lo intentó con varios pintores estadounidenses pero no le convenció el resultado. Este año ha venido a Barcelona de vacaciones sin saber donde me podía encontrar. Apareció aquí por casualidad. Reconoció la firma en uno de mis cuadros y empezó a gritar y a llorar de alegría. Ha sido una de las experiencias más gratificantes de los últimos tiempos. Como te digo, no es sólo el dinero. Estas cosas te las da el arte y te las da la Rambla”.

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Por qué un catalán nunca perdería la nacionalidad española

nacionalidad doble

Mariano Rajoy no sabe qué ocurriría con el pasaporte español de los ciudadanos catalanes en una Cataluña independiente. Nosotros te lo explicamos aquí.

El problema catalán en 21 preguntas

La mayoría de las fuerzas independentistas como CDCERC o la ANC se decantan por la fórmula de la doble nacionalidad y la Constitución dice que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. Por lo tanto, lo más probable es que en una Cataluña independiente los catalanes pudieran conservar la nacionalidad española.

Pero eso no implica que los catalanes tuvieran estrictamente doble nacionalidad: la catalana y la española. El Código Civil establece que prevalecerá siempre la española si se ostenta otra nacionalidad no prevista en la ley vigente o en los tratados internacionales. Es decir, que mientras el Estado no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes no podrían usar la nacionalidad catalana en España ni en los demás países que tampoco reconocieran al nuevo estado catalán. A los catalanes sólo les valdría la nacionalidad española para moverse por otros países. 

En una hipotética independencia de Cataluña se abrirían varias posibilidades sobre la nacionalidad de los catalanes: un modelo de doble nacionalidad (catalana y española), la subordinación de una de las nacionalidades o la elección libre de cada catalán entre las dos.

El problema catalán en 21 preguntas

Marcha atrás en la Ley Torquemada

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Los agentes encubiertos no podrán hacer uso libremente de material ilícito en sus pesquisas en internet. El Senado pule uno de los puntos más polémicos de la futura norma.

 

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Imagen de un centro de datos. (Reuters)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado (PDF), el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido.

A tres meses de las elecciones generales, y gracias a una enmienda transaccional en la Cámara Alta, el texto de la reforma llega con un refuerzo de las garantías procesales, sobre todo en lo que toca a las investigaciones en las que se utilizan nuevas tecnologías (agentes encubiertos online, troyanos policiales de vigilancia, etc.).

Esta norma fija, por primera vez de forma exhaustiva, bajo qué criterios se pueden intervenir comunicaciones electrónicas y utilizar nuevas herramientas digitales, siempre con autorización judicial.

En la última versión del texto se ha restringido la amplitud con la que se había redactado el precepto inicial, que decía literalmente: “El agente encubierto electrónico podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos, siendo posible en tal caso el análisis de los algoritmos asociados a dichos archivos”.

Al ser tan amplio, dicho precepto podría haber abarcado cualquier tipo de comportamiento en la Red, como por ejemplo el intercambio de material pedófilo, y existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

“Autorización especifica”

Ahora, la enmienda introduce en la redacción del articulo 282 bis 6 la obligación de que exista “una autorización especifica” para que dicho agente encubierto pueda intercambiar material ilícito en internet.

De forma más amplia, la reforma -que no en vano se refiere a “la regulación de las medidas de investigación tecnológica”- obligará a los agentes a detallar al juez qué datos se persigue recabar, mediante qué instrumentos y qué duración tendrá la medida.

Según el abogado Carlos Sánchez Almeida, “hay que congratularse por este cambio introducido por el Senado, en la medida que la exigencia de autorización judicial específica para compartir archivos ilícitos aumenta las garantías procesales y evita la posibilidad de delitos provocados”. “No obstante”, añade dicho letrado especializado en internet y nuevas tecnologías, “la reforma en su conjunto es muy dura en materia de delitos informáticos, que se equiparan procesalmente a los casos de terrorismo y delincuencia organizada”.

Otros puntos polémicos de esta ley

Detención incomunicada (art. 509): Se mantiene la posibilidad de que el juez decrete prisión incomunicada durante un máximo de cinco días, prorrogables a otros cinco (en total, 10) “cuando se trata de causas por delitos de terrorismo o delincuencia organizada”. Éstos últimos, según la norma, son los “cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas”.

Instalación de troyanos (art. 588 septies a): Se habilita el uso de programas espías para registrar de forma remota ordenadores o sistemas informáticos. Se podrá utilizar este tipo de herramienta, naturalmente sin conocimiento del afectado, en investigaciones de delitos de terrorismo -el Código Penal considera como “terrorismo” filtraciones o difusión de consignas en internet-, contra menores, contra la Constitución y cualquier delito cometido “a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación”.

Instalación de dispositivos de localización (art. 588 quiquies b): La norma prevé habilitar a los agentes para colocar dispositivos secretos de localización sin autorización judicial previa, pero siempre que “concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación”. Después se establece un plazo máximo de 24 horas para que el juez ratifique o acuerde el cese de la medida.

Las ‘penas de telediario’ (art. 520 1): Una de las disposiciones más mediáticas de la reforma de esta ley contempla adoptar las “medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen” de los afectados tanto en el momento de su detención como en traslados ulteriores. Se trata de evitar imágenes como las del cogotazo a Rodrigo Rato o la detención de Isabel Pantoja, por poner dos casos recientes con gran impacto en la opinión pública. Tras su paso por el Senado, el texto queda muy matizado al incluir “el respeto al derecho fundamental a la libertad de información”, por lo que es probable que sigamos viendo imágenes de personajes públicos acompañados por los agentes.

También en EL ESPAÑOL: Las ‘leyes mordaza’ ya están aquí

Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

catalunya reconocida

Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.

Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña

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Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha interpuesto contra leyes estatales en la legislatura que está a punto de concluir. El proceso soberanista, con el intento de crear estructuras de estado propias y con la permanente reclamación de competencias, está en el núcleo de la batalla que se libra en el Tribunal Constitucional, convertido en el principal valladar del secesionismo.

No hay otra comunidad autónoma que protagonice tantos procesos ante el Tribunal Constitucional como Cataluña. La aspiración a ampliar su capacidad de autogobierno primero y el plan soberanista planteado por Artur Mas y sus socios después han desembocado en la existencia de 64 procesos constitucionales desde que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno. Esa cifra incluye recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña contra leyes del Estado, recursos del Gobierno central contra normas autonómicas y conflictos de competencia.

En lo que va de año, el Tribunal Constitucional ha abierto 14 procesos que implican a Cataluña y al Gobierno de Rajoy. Entre ellos se encuentran cuatro asuntos clave en los que, según el Ejecutivo central, la Generalitat quiere fijar las bases jurídicas para asumir las funciones del Estado en el caso de un proceso unilateral de secesión del territorio de Cataluña.

Rápidas suspensiones cautelares

Esos cuatro procesos han sido promovidos por el Gobierno y admitidos a trámite con celeridad por el Tribunal Constitucional, lo que ha conllevado la suspensión automática de las normas catalanas cuestionadas.

El TC tardó apenas 11 días en admitir el conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra el decreto catalán 16/2015, de 24 de febrero, que creó el Comisionado para la Transición Nacional. La función de este órgano es el “impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del proceso de Transición Nacional y el seguimiento de las estructuras de estado”. El conflicto de competencias fue interpuesto el 26 de junio y admitido a trámite por el Constitucional 11 días después.

El 15 de junio el Gobierno presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas 2/2015 y 3/2015. Ambos fueron admitidos a trámite en sólo 10 días. Esos recursos impugnan aspectos determinantes del proceso soberanista: la elaboración de un plan director con la finalidad de hacer posible la “Administración Tributaria de Cataluña”; el inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña; el catálogo de infraestructuras estratégicas que garanticen el funcionamiento y suministro de agua, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios de información; la Agencia Catalana de la Protección Social y el plan director para los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario. Según las cuentas pactadas entre Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya, 11,5 millones de euros presupuestados para 2015 tienen como destino la creación de estos planes y estructuras.

En una nueva vuelta de tuerca, el Parlament aprobó el 12 de junio la Ley 9/2015, que permite la integración en la Agencia Tributaria de Cataluña (creada en 2007 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) de funcionarios de otras Administraciones Públicas pero siempre que tengan destino definitivo en Cataluña. Es decir, excluyendo a los del resto de España. La ley fue recurrida de inmediato por Rajoy y ha dado lugar a un proceso abierto por el TC el pasado día 10.

Unos meses antes, el 6 de marzo, el Gobierno central decidió llevar al Constitucional la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Esta norma considera a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, otra de las obsesiones de los nacionalistas. El tribunal admitió a trámite el recurso el 14 de abril y dejó en suspenso la ley hasta que dicte sentencia.

El 25 de febrero, el Pleno del TC declaró inconstitucionales tanto la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 como la ley autonómica que le sirvió de cobertura. Fue un fallo unánime que acogió, en lo sustancial, los argumentos de la Abogacía del Estado sobre lo que Cataluña llamó consulta no referendaria y que era, en realidad, un referéndum para debatir la secesión de Cataluña al margen de las vías que la Constitución establece para su reforma, según sentenció el Constitucional.

El conflicto educativo

Varios de los procesos iniciados en 2014 inciden en otro asunto especialmente relevante para los dirigentes de la Generalitat: el catalán y la educación. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, fijó el mínimo de horas que un alumno debe estudiar en castellano. Tanto el Parlament como el Govern la impugnaron ante el TC al considerar que atenta contra el modelo educativo catalán y la inmersión lingüística.

A lo largo del año pasado, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña recurrieron otras normas estatales por no respetar las competencias autonómicas, como la ley de sostenibilidad de la Administración Local, la de garantía de la unidad de mercado y los planes de racionalización energéticos.

Desglosando el número de procesos de inconstitucionalidad, Cataluña fue la comunidad autónoma más afectada en 2014. Sobre ella hubo 19 procesos, un 34% del total que admitió el TC (56). Le siguieron Andalucía, con 10 asuntos y Canarias con 5.

2014

En 2013, una iniciativa con la que el Parlament inauguró el año, la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, dio lugar a un proceso constitucional que el TC zanjó en marzo de 2014. También por unanimidad, el Constitucional dejó claro que “en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

Además, 2013 supuso el punto de partida para otros procesos referidos al ámbito educativo. En febrero de ese año, el TC admitió tres recursos de Cataluña contra normas estatales que establecieron las enseñanzas comunes de la educación infantil, las bases de la formación profesional y el gasto público en educación.

En 2013 fue, de nuevo, Cataluña la comunidad autónoma que se vio implicada en más procesos constitucionales, con 22. Después, Canarias (10), País Vasco (9), Navarra (8) y Andalucía (6).

2013

Cuando Artur Mas planteó en septiembre de 2012 a Mariano Rajoy un nuevo pacto fiscal que planteaba equiparar el escenario fiscal catalán al del País Vasco, el presidente del Gobierno lo rechazó por inconstitucional. Tras aquel (des)encuentro en La Moncloa, el líder catalán dejó entrever el inicio del conflicto en los tribunales que estaría por venir a lo largo de la legislatura: según su criterio, Cataluña tenía un futuro “luminoso y brillante” frente al “gris” que ofrecía el presidente del Gobierno central y para ello tendrían que reclamar nuevas competencias ante el Constitucional.

Sin embargo, fueron el presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Defensor del Pueblo los primeros en cuestionar la corrección constitucional de algunas normas procedentes de Cataluña. En concreto, las leyes en materia audiovisual, de urbanismo y de horarios comerciales.

2012

En 2012, coincidiendo con el primer año de legislatura de Mariano Rajoy, Cataluña ya encabezó la relación de comunidades autónomas litigantes con nueve asuntos. Impugnó las medidas de racionalización del gasto en Educación y Sanidad, así como el decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que, entre otras medidas, eliminó la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos.

Tiempo de reinventar España

plan de ruta

Es tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad.

Ilustración: Javier Muñoz

Vemos estos días un súbito despertar de algunos proclamando su amor por Cataluña a los pocos días de unas elecciones que pueden derivar en el mayor envite territorial sufrido por España en más de un siglo. Sin cuestionar su buena fe, son discursos que llegan tarde y llegan mal. Son discursos que apenas están ya a tiempo de influir en la decisión de millones de votantes, convencidos de que con su voto inician un viaje hacia un futuro mejor dentro de una quimérica república catalana que les dará y permitirá todo cuanto España les ha prohibido y denegado desde comienzos del siglo XVIII.

Y sin embargo, aunque esos gestos de credibilidad escasa o nula no convenzan a nadie a estas alturas, no es estéril que empiecen a sonar (¡por fin!) las alarmas de emergencia en las sedes de los principales partidos, en las redacciones de los medios nacionales, en la dirección general de las grandes empresas y entre todos aquellos que conforman la dirección política, social y económica del país. Hace años que todos ellos han ignorado, con negligencia culpable en distinto grado, los repetidos avisos de tsunami que les llegaban desde Cataluña. O, cambiando de imagen, a lo sumo la veían como una de esas epidemias lejanas para la que quizá se envía como asistencia algo de dinero pero que no requiere un plan de acción porque esos virus están en otras tierras y no deberían afectar al bienestar de la propia familia.

Han tardado. Pero ya empiezan a ver que eso es un absurdo, una ensoñación tan alejada de la realidad como la quimera de los independentistas. Éstos sueñan con una república catalana sentada en el Consejo europeo, y no la verán jamás. Y tantos en Madrid y en otros puntos de España, aburridos de la cosa catalana que apenas entienden, han creído que por el solo hecho de ignorarla pasará como una calentura social tras un partido de fútbol. Pronto unos y otros se verán enfrentados a una realidad seria, grave, histórica, que exigirá planes y decisiones para los que no han sabido o no han querido prepararse.

Porque claro que no veremos esa república catalana desgajada de España. Eso lo sabemos todos los que tenemos los pies en el suelo, incluidos muchos de los que juegan impunemente con la buena fe y la ilusión de miles de conciudadanos catalanes. Pero eso no significa que “no va a pasar nada”. Nos dirigimos sin frenos hacia una profunda crisis constitucional en España. Hacia un conflicto jurídico y político de grandes dimensiones cuyos efectos no quedarán limitados a Cataluña. Va siendo tiempo de despertar. No existe un problema catalán. Existe un grave e inminente problema español, con causas en Cataluña y en España.

Pero dejemos las causas ahora. Determinarlas será tarea de historiadores en unos años. Agravios, recelos, errores, mentiras, intereses torticeros, también algunas decisiones de buena fe tomadas sin reflexión, todo condimentado por la crisis económica. Lo importante ahora no es eso. O mejor dicho: lo importante ahora es no perder ni un minuto en eso. Lo importante es no creer ingenuamente que mirar al pasado y culpar de todo lo que ocurre a Artur Mas, a TV3, a Rajoy, a Zapatero, al Constitucional, a quien cada uno quiera, va a cambiar el presente. El presente y el inmediato futuro son lo que son, cualquiera que sea la forma como hemos llegado hasta aquí. Quien crea que con un par de reales decretos pondrá las cosas “en su sitio” se equivoca. Quien crea que con un par de querellas bien argumentadas pondrá orden se equivoca. Por mucho fundamento que tengan los decretos y mucha razón legal esas querellas. No hay juez ni tribunal en España que pueda resolver por sí solo la que se viene encima.

Los jueces tendrán su papel y algunos deberán tener el coraje de contribuir a moderar los impulsos de los más iluminados y, con la aplicación de la ley, sentar a la mesa negociadora a los que recuperen la prudencia que tuvieron en el pasado. Sin embargo, reducir a al imperio de la ley la solución a la crisis es política y socialmente suicida.

La apuesta frontal de ruptura tiene unas determinadas mayorías cuya dimensión conoceremos pronto. Pero hay en esa tierra catalana (que muchos no independentistas también reconocemos como nación) un malestar mucho más extenso que lleva a una inmensa mayoría social a una cierta complicidad colectiva con el independentismo. Y esa inmensa, incontrolable, mayoría -que va mucho más allá de quienes desean la ruptura inmediata- rechazará de frente cualquier “agresión” española… así como casi cualquier decisión que pueda ser presentada como tal por los voceros de la Cataluña “oprimida”, por válida y justa que pueda ser. A su vez lo que se avecina no son actos burdos contra el estado de grosera estética batasuna (si me permiten la imagen, ya que algunos creen que ése es el precedente). No. Nos acercamos a escenarios de desobediencia civil planificada por profesionales de la comunicación social, de prevaricación colectiva bien planificada, quién sabe si a alguna versión adaptada de “marcha verde” (léase en sentido no necesariamente literal). Todo ello entre globos y sonrisas, apelaciones a la dignidad y la democracia, entre niños y familias, y hablando en inglés ante las cámaras del mundo. Ante eso, descartados los tanques en la avenida Diagonal, ¿cuál es el plan? ¿Mano dura a golpe de querella? ¿Redactadas por docenas contra otros tantos cargos electos? ¿En serio?

Soy el primero en apoyar la defensa de la ley y el Estado de Derecho.  Y también por ese lado habrá que estar preparado, no lo niego. Pero no bastará. Es tiempo de que España se atreva a actualizar su software y a renovar también parte de su hardware. Tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad. Tiempo de separar al independentismo radical (incapaz de aceptar cualquier propuesta) de esos millones de catalanes que sí pueden volver a creer en un proyecto común renovado y respetuoso.  Tiempo de explicar con coraje al resto de España que el cambio no es cesión a un chantaje sino generosidad e inteligencia política. Tiempo de reinventar nuestro país para que vuelva a ser atractivo para quienes integran las diversas identidades colectivas que lo componen.

Ignasi Guardans fue eurodiputado y diputado al Congreso por Barcelona. Es abogado y nieto de Francesc Cambó.

Hungría decreta el estado de emergencia por la crisis de refugiados

El Gobierno de Hungría ha decretado este martes el estado de emergencia en dos provincias lindantes con Serbia para afrontar la crisis de refugiados.

En la imagen, un padre y su hijo este martes cerca de Asotthalom, en la frontera servo-húngara. REUTERS / Laszlo Balogh

Un padre y su hijo este martes en Asotthalom, en la frontera servo-húngara. REUTERS / Laszlo Balogh

El Gobierno de Hungría ha decretado este martes el estado de emergencia en dos provincias lindantes con Serbia para afrontar la crisis de refugiados.

La probabilidad de que las autoridades locales declarasen el estado de crisis había sido adelantada en la mañana del martes por la embajadora húngara en España, Enikő Győri, en un desayuno con la prensa madrileña. Győri ha explicado que el Ejército húngaro se desplazará a la frontera para controlar el flujo migratorio, pero “los soldados no estarán autorizados a usar armas de fuego”.

Este martes entra en vigor una nueva legislación en el país centroeuropeo que puede enviar a los migrantes a prisión por hasta cinco años. Desde esta madrugada, todo el que cruce la valla levantada por Hungría en su frontera con Serbia sin pasar por los controles fronterizos habilitados, dañe la valla o impida su construcción (una valla más alta que la acabada continúa en construcción), puede acabar entre 3 y 5 años en la cárcel. Unas placas en la valla avisarán de esta posible pena. Por lo demás, el Gobierno húngaro deja en manos de la tecnología que la información llegue a tiempo a los nuevos refugiados. “La mayoría de los migrantes están muy bien equipados de móviles. Además, muchos tienen líderes de grupos que dictan a los demás qué hacer”, ha defendido Győri. La embajadora asegura que todo el que se declare refugiado al pasar un control fronterizo y solicite asilo entrará automáticamente en el proceso para obtener protección.

“La prioridad máxima es el control, la protección de las fronteras exteriores, no sólo porque estemos obsesionados con eso, sino porque (…) lo que hacemos nosotros es respetar y hacer respetar las leyes internacionales”, ha asegurado. Las acciones de Hungría frente a la llegada masiva de refugiados han despertado fuertes críticas entre la comunidad internacional en las últimas semanas. Győri, sin embargo, ha defendido que no es justo que se critique a un país miembro por cumplir con la legislación europea, que obliga a los Estados a controlar sus fronteras exteriores. “Recibo cada día más y más cartas diciendo que soy personalmente una sinvergüenza y mi primer ministro más, que toda Hungría es racista”, ha dicho la diplomática. “Pero también recibo cartas de aprecio”.

La embajadora aboga por una solución comunitaria a la crisis de refugiados que sea sostenible y efectiva. Respecto a las cuotas de acogida propuestas por la Comisión Europea, Győri ha afirmado que se llegará a ellas siempre que se estabilicen las fronteras y se controle el flujo de entrada de refugiados. También ha afirmado que es vital diferenciar entre refugiados, que se han visto forzados a abandonar sus hogares, y migrantes, que buscan mejores condiciones de vida, y controlar quién entra en Europa.

Casi 200.000 personas han llegado a Hungría en lo que va de año. El país ha recibido más de 170.000 solicitudes de asilo, de las que un 17% han sido aprobadas -frente al año pasado, que se aprobó el 9%. La embajadora en España ha indicado que muchos desaparecen durante el proceso y no se puede completar su solicitud. Sirios, afganos y kosovares son los principales solicitantes de protección internacional.