Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

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Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

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El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

La Fiscalía Anticorrupción desvincula la investigación a Rato del ‘caso Bankia’

 

RODRIGO RATO SALIENDO DETENIDO DE SU VIVIENDA DE MADRID 16/04/2015 MADRID

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que debe entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

En la imagen, Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE 

Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que va a entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

Fuentes fiscales aseguran que la causa que se sigue contra el ex vicepresidente del Ejecutivo de Aznar, ex ministro de Economía y ex director del FMI por supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales por ocultar parte de su patrimonio en el extranjero no tiene ninguna conexión con el ‘caso Bankia’. En estas diligencias Rato también tiene la condición de imputado como máximo responsable del presunto falseamiento de las cuentas de la entidad durante el proceso de salida a Bolsa. Es decir, el único nexo de unión es el propio Rato, pero no los hechos.

Todavía está por ver que Andreu sea el instructor que investigue el ‘caso Rato’ después de que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal se haya inhibido. Este magistrado considera que su Juzgado no es competente para investigar los hechos al existir indicios de un delito de blanqueo de capitales cometido en el extranjero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 podría quedarse con el caso si, de acuerdo con las normas de reparto, se entiende que el ‘caso Bankia’ es un antecedente de suficiente entidad como para que el asunto pueda considerarse conexo. Hasta que se resuelva la inhibición, la causa sigue estando en manos de Serrano-Arnal.

Anticorrupción solicitó que la causa se enviara a la Audiencia Nacional después de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviara un informe en el que aquilataba el delito de blanqueo y, por tanto, la competencia dejaba de ser de los Juzgados de Instrucción de Madrid, situados en la Plaza de Castilla. Serrano-Artal se inhibió ya a favor de la Audiencia Nacional en cuanto el asunto recayó en su Juzgado. Sin embargo, en aquella ocasión la Fiscalía valoró que el delito de blanqueo estaba todavía en un estado demasiado embrionario como para determinar la competencia de la Audiencia Naciona.

Fuentes de la investigación explican que el juez de Madrid estaba poniendo ciertas trabas a las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que ve con temor que, si el caso queda en manos de este magistrado, el asunto no prospere con celeridad.

La Fiscalía tiene el foco centrado en la sociedad Kradonara, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad de Rato. La ONIF la considera una “estructura opaca” dirigida por el ex presidente de Bankia.

Rato busca la nulidad

Mientras se decide qué órgano judicial se encarga del proceso y, en última instancia, quién toma la decisión de sentar o no en el banquillo al  ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), el imputado intenta lograr la nulidad del caso. Su tesis principal es que su detención, así como la entrada y registro en su domicilio y despacho, fue desproporcionada. Si un tribunal le diera la razón, podría acabar diluyéndose el proceso ya que todos los documentos intervenidos quedarían anulados, según fuentes del caso.

Tras la detención de Rato, la causa se rebajó después de que la Audiencia Provincial de Madrid retirara el delito de alzamiento de bienes que inicialmente había sido incorporado por la Fiscalía. La razón fue que no se le podía imputar a Rato ese supuesto delito, basado en que habría ocultado su patrimonio para no hacer frente a las fianzas impuestas en el ‘caso Bankia’, porque esas fianzas ya habían sido depositadas.

Sin embargo, la detención y el envío a prisión del presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, administrador único de la sociedad Albisa Inversiones, al intentar salir de España, ha dado un espaldarazo a la causa, que podría dar un giro de 180 grados con el cambio de instructor.