Las 30 Obsesiones de EL ESPAÑOL

rugidoLas Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

Las Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial concretando las competencias exclusivas del Estado y las materias en que pueden asumir competencias las comunidades autónomas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decidan el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos.

Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y su traslación a escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto.

De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. El fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno.

Por otra parte, una Justicia lenta, incapaz de juzgar a su debido tiempo, no es tal. Hay que agilizar la Justicia dotándola de medios para que actúe con mayor celeridad y eficacia.

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

Algunas de estas exigencias habría que extenderlas a los sindicatos y organizaciones empresariales, receptores también de ayudas públicas. Al igual que los partidos, estos colectivos han perdido legitimidad social por su anquilosamiento y por cobijar prácticas irregulares.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación.

Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones. Hay que perseguir así mismo a los corruptores, prohibiendo que las empresas que resulten condenadas con sentencia firme participen en concursos públicos.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del sector público y de los partidos políticos, tiene que estar formado y dirigido por funcionarios de carrera. Sólo así quedará garantizada su independencia.

Hay que acabar, por otra parte, con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección se circunscriba a su actividad estrictamente política.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente.

Se debe reducir de forma drástica la capacidad de los cargos públicos para contratar asesores.

Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la disminución del número de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

Hay que plantear en serio la reducción de ayuntamientos, urgiendo a fusionarse a los municipios que no alcancen los 5.000 habitantes.

La Administración tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para aligerar su aparato y ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. La máxima debería de ser: más internet, menos ventanilla.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado.

Las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber padecer una carga fiscal mayor que la prensa tradicional.

Debe suprimirse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Resulta abusivo someter a tributación un patrimonio por el que ya se han satisfecho cargas impositivas desde su gestación hasta el momento de ser legado.

Hay que combatir de forma más resuelta el fraude a Hacienda y la economía sumergida. Cabe incentivar el pago con tarjeta -fiscalmente incontrovertible- en detrimento de las transacciones en efectivo.

9.- Multas de tráfico proporcionadas

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación.

Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida. Para lograrlo, podría establecerse que las sanciones fueran progresivas, de forma que la primera resultase menos gravosa y su cuantía fuera aumentando en adelante, con lo que se prevendría la reincidencia. Habría que señalizar bien los puntos negros y las zonas particularmente sensibles -como las escolares-, y ahí sí, ser particularmente vigilantes.

10.- Mejor enseñanza

Las leyes de educación deberían necesitar de un apoyo amplio del Parlamento para poder ser aprobadas. El listón podría situarse en dos tercios de la Cámara. Esta fórmula permitiría, en la práctica, alcanzar un gran pacto nacional por la educación, lo que evitaría modificaciones en la normativa a cada cambio de Gobierno.

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizar la escolaridad temprana (de 0 a 3 años), moldear la secundaria según las aptitudes de los alumnos y romper la endogamia para que las universidades sean viveros de talento y cualificación profesional.

Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos.

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Ilustración: Javier Muñoz

11.- Más inglés

Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

Hay que fomentar la exhibición de películas en versión original subtitulada, tanto en cine como en televisión.

Podría implantarse un sistema de intercambio de maestros con países anglófonos, de manera que los educadores tuvieran una inmersión real. Eso facilitaría también que los niños recibieran clases con profesores nativos.

12.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado está marginada en uno y otro ámbito.

13.- Racionalizar los horarios

Hay que legislar para lograr una jornada laboral más apropiada que favorezca el aumento de la productividad y aumente la calidad de vida de las personas.

España tiene unos horarios muy distintos al resto de Europa: se sale tarde del trabajo y se retrasan en exceso la comida y la cena. Eso condiciona la vida familiar. Hay que fomentar la jornada continua, suprimir la parada del desayuno y reducir la hora de la comida para ganar tiempo para el ocio.

Además, nuestra hora oficial no coincide con la hora solar. Utilizamos el horario de Europa central pese a que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich. Habría que retomar el huso horario que nos corresponde: el mismo que Portugal y Reino Unido, y el que ya tienen las Islas Canarias.

14.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque que impulse la contratación de menores de 30 años. Hay que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

15.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades, todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

Cabe fomentar sistemas de financiación alternativos como el crowdfunding.

16.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

17.- La violencia en el ámbito doméstico

La muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es una tragedia para la que la sociedad sigue sin enconrtrar solución. Pero la violencia de género es, además, el reflejo de un problema mayor: la violencia dentro del hogar, que también se ejerce contra ancianos, menores…

El asunto merece ser abordado con una ley integral que reforme la actual de violencia de género y que acabe con la discriminación por sexo que ésta encarna: a igual conducta debe haber igual sanción. Se necesitan más juzgados, más fiscales y mayor prevención.

18.- Atención a los mayores

Las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su aportación valiosa a la sociedad. Hay que atrasar de forma flexible la edad de jubilación, estimulando la participación de los mayores en todo tipo de actividades, ya sea de tipo profesional o de carácter social.

19.- Igualdad sanitaria

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones sanitarias, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse desprotegido en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

20.- Derecho a muerte digna

Los avances médicos posibilitan hoy alargar la vida de enfermos terminales, en ocasiones, con gran padecimiento para los afectados. En estos casos, es fundamental que los cuidados paliativos estén a disposición del paciente, porque permiten conllevar el sufrimiento y, en último término, afrontar la muerte con dignidad.

21.- Más Europa y más América Latina

España tiene que hacer causa común con los países que apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

El compromiso con Europa no ha de ser obstáculo para intensificar las relaciones con Latinoamérica, con la que constituimos una comunidad de 400 millones de hablantes con singulares lazos históricos y afectivos. España tiene que hacer valer en Bruselas ese vínculo privilegiado.

22.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido la barbarie terrorista no pueden languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo.

La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario.

Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

Hay que prohibir que cualquier imputado o condenado por pertenecer a banda armada pueda acceder a un cargo público.

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de personas desesperadas mueran cada año intentando alcanzar Europa no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. El asunto hay que abordarlo con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la libre entrada en su territorio porque los efectos serían catastróficos.

Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal ha de ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

25.- El coche eléctrico, energía limpia

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su uso dando facilidades a la compra y la recarga de baterías. Su implantación es el ejemplo de lo que debería ser la transición hacia un modelo energético sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Hay que invertir en la investigación y promoción de renovables para intentar alcanzar un modelo basado en energías limpias, en las que España es rica.

26.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

27.- Libertad en la televisión

Los políticos tienen que dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. En la concesión de franjas del espacio radioeléctrico se debe fomentar el pluralismo. Habría que cerrar todas las televisiones públicas que no aporten provecho y supongan un agujero para el erario.

Hay que propiciar el aumento del ancho de banda para impulsar la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

28.- Justicia en el deporte, ojo de halcón incluido

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de una competición. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, que moviliza más aficionados y genera un enorme negocio, sigue mostrándose refractario a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

El ojo del halcón es así un símbolo del juego limpio y de la necesidad de modernizar el deporte. Hay que combatir el dopaje, el amaño de partidos, las comisiones ilegales y la corrupción en las federaciones y en los comités.

29.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas incluso a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en la vía pública, se escupe en el empedrado, en los bares se arrojan al suelo las cáscaras de crustáceos, se olvida usar el desodorante aun en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos… Por desgracia en eso aun somos diferentes. La mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

30.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La Ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la Ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

No caerá esa breva

 

BuenaVengo explicando desde hace meses -escribe Ramírez- el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya.

Ilustración: Javier Muñoz

Seguimos con la antología del humor en la prensa catalana. Hace tres domingos homenajeé al ¡Cu-Cut!, hace dos me ocupé de L’Esquella de la Torratxa y el pasado de El Be Negre. Hoy toca entrar por La Vanguardia. Escribía el miércoles Enric Juliana con su perspicacia habitual: “Artur Mas ha sido llamado a declarar el próximo día 15 de octubre, fecha del 75 aniversario del fusilamiento de Lluis Companys en el castillo de Montjuic. Quien fijó la fecha lo ha investido”.

Puesto que en el párrafo anterior hablaba Juliana de que “la estrategia de la Moncloa” es presentar al “independentismo, vencido por la flema, la templanza y la firmeza de Mariano Rajoy … camino de los tribunales”, era evidente que trataba de sugerir que el Gobierno funciona como la carabina de Ambrosio: al tratar de perseguir a Mas de un modo tan tosco, lo está resucitando tras una cosecha electoral tan magra que en definitiva le obliga a compartir los 62 escaños de 2010 con muchos de sus rivales de entonces.

Esa interpretación había sido esbozada ya en el apunte del director de ese mismo día pues Màrius Carol subrayaba con razón que las “explicaciones” del ministro de Justicia Rafael Catalá sobre el retraso de la citación para “no interferir” en las elecciones “son de las que chirrían en el oído”. Y todo quedaba luego apuntalado cuando el propio editorial del diario advertía que las palabras del ministro habían supuesto “una manera, acaso involuntaria, de admitir que los ritmos de la justicia son influenciables”.

O sea que, en definitiva, la perfidia política del gobierno central al perseguir en los tribunales la desobediencia del presidente de la Generalitat cuando llevó a cabo la consulta prohibida por el TC, quedaba compensada por la chapuza de la elección de la fecha perfecta para alimentar su victimismo. Justicia poética, podría decirse, que restaura la posición de superioridad moral del paladín de la patria catalana de modo que hasta los iconoclastas de la CUP se vean obligados a respaldar su investidura.

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Ilustración: Javier Muñoz

Todo muy bien trabado pero, como digo, para la antología del humor. Y una vez más fue María Peral quien con precisión quirúrgica aportó en el Blog de EL ESPAÑOL el dato clave que da rienda suelta a las carcajadas y a alguna que otra salpicadura de saliva irreverente a modo de condecoración sobre la farsa: resulta que “quien fijó la fecha” y por lo tanto “ha investido” a Mas -o al menos pretende hacerlo activando la profecía autocumplida- no fue otro que el juez instructor Joan Manel Abril, elegido miembro del Tribunal Superior de Justicia por el llamado “turno autonómico”, en fecha tan reciente como 2012. “Fuentes del CGPJ -advierte Peral- recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Abril venía inequívocamente de CiU”. O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana.

Ojo, que este levantamiento del velo de la impostura no implica absolución alguna para el estólido Estafermo que se cree un valiente don Tancredo haciendo garbosos estatuarios ante los más aviesos astados. Porque Rajoy y sólo Rajoy es el culpable de que al cabo de cuatro años de mayoría absoluta del PP siga en vigor el ignominioso artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a los parlamentos autonómicos designar entre “juristas de reconocido prestigio” a la mitad de los integrantes de la Sala Penal y Civil del correspondiente Tribunal Superior de Justicia. O sea el culpable de la perpetuación del inicuo onanismo jurisdiccional por la cual los aforados de cada comunidad autónoma eligen entre sus amiguetes a los jueces que tendrán que juzgarles cuando hagan de las suyas.

Esa era una de las nefandas artimañas con las que Guerra trató de enterrar a Montesquieu que iban a quedar desmanteladas por la reforma del Poder Judicial prometida por el programa electoral del PP. Así lo disponía el proyecto de ley de Gallardón, zancadilleado por Rajoy en persona en el mismo umbral del índice rojo que incluye los asuntos a aprobar por el Consejo de Ministros. Aquel proyecto de ley, anhelado vademécum de la despolitización de la Justicia, fue bloqueado por el presidente cuando vio el sesgo que empezaban a tomar los casos de corrupción que afectaban al PP. Si Gallardón hubiera dimitido entonces, y no cuando lo hizo, sería hoy el hombre providencial hacia el que se dirigirían todas las miradas de la derecha española.

O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana

A diferencia de lo que puede alegar con la bajada de impuestos que por arte de birlibirloque se trastocó en subida, ningún requerimiento presupuestario le impedía cumplir esa promesa ancilar, pero Rajoy prefirió engañar a sus electores con tal de blindar a sus dependientes, consciente de que sólo de ellos dependería a su vez él, en la eventualidad de que se destapara la fosa séptica de sus sobresueldos, mensajes de móvil y simulaciones de indemnizaciones en diferido.

“David habría durado dos horas en el 10 de Downing Street si se hubiera descubierto algo parecido”, me contaba no hace mucho un antiguo colaborador de Cameron. Pero en España los aforados cerraron filas, el ministro del Interior se rebozó en el fango que para eso lo puso el jefe, Pablo Ruz se volvió a Móstoles y serán los afines Enrique López -que nada desearía tanto como ver pasar delante de él este cáliz- y Concha Espejel quienes juzguen el caso, si el pleno de la Sala no lo impide. Todo sigue tan del revés como con Filesa, los GAL, los Pujol o los ERE. Son los políticos quienes controlan a los jueces a través del CGPJ y no a la inversa.

Y ahí yace por lo tanto el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección, recibiendo aviso de Aznar tras aviso de Aznar, a la espera de que llegue el milagro de la Navidad.

Ni siquiera la extravagancia de llamarnos a votar entre la paga extra y la lotería es fruto de un plan premeditado o de una evaluación táctica. Sólo el resultado de la inercia de la inacción, del dejarse llevar hasta el final, estirando la legislatura hasta la última fecha posible con el pretexto de los presupuestos y la tramitación del aguinaldo que evita un coste fiscal de 40.000 millones a la banca.

“Ahora está claro que lo que le hubiera convenido a Rajoy, habría sido convocar las generales a la vez que las catalanas”, me decía esta semana un alto dirigente de un partido nacional. “Pero para dar un paso así se requería audacia política”. Y, claro, esperar algo parecido a la audacia de este fósil del paleolítico inferior era como buscar mariposas azules en el mar. (Papallones blaves damunt la mar, que cantaba Pau Riba).

Ahí yace el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección

Vengo explicando desde hace meses el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya. Esperaba incluso que el triunfo de los independentistas catalanes en su plebiscito, avalado mediáticamente por el ministro de Asuntos Exteriores, precipitara los acontecimientos y diera lugar a un acto de autoridad -tan meramente reactivo como los remolinos del estafermo- que le presentara como garante y depositario de la estabilidad constitucional.

Pero ya sabemos que no caerá esa breva porque como ocurre en el Evangelio de San Lucas cuando entra Jesús en Jericó, ha habido un hombre valiente que como Zaqueo ha tomado la iniciativa y se ha encaramado resuelto a la higuera para ir al encuentro del destino. O mucho me equivoco o esa noche electoral en la que Rivera, Arrimadas y su pléyade de jóvenes sin tacha ni pasado, hijos todos de la libertad, coreaban “Ca-ta-lu-ña es Es-pa-ña” mientras afeaban la corrupción del “tres per cent” a Mas y sus compañeros de viaje, ha calado tan hondamente en el corazón de tantos a los que les gustaría ser como ellos, que la suerte del 20-D ya está echada.

“No me gustaría estar en el pellejo de Mariano”, explicaba el martes por la noche a un grupo de amigos uno de los dirigentes históricos que llegaron al PP procedentes de UCD. “Él ya sabe que está perdido porque por primera vez en la historia nos ha ganado una fuerza no nacionalista de centro derecha. Y nos ha ganado por goleada. En cuanto eso empiecen a reflejarlo los sondeos, la dinámica será imparable. Teniendo en cuenta sobre todo que el PP está ya destruido como partido. No veo la más mínima posibilidad de que sigamos gobernando. Por eso digo que no me gustaría estar en su piel. Debe ser muy duro tener la sensación de que no vas a ser capaz de cumplir la misión que te encomendaron”.

“¿Y tú cuánto hace que no hablas con Rajoy?”, le preguntó uno de los presentes. La respuesta fue la misma que daría cualquier otro.

 

 

 

 

Los nueve requisitos que hay que cumplir para poder crear clubes de marihuana, según el Supremo

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El Tribunal Supremo ha puesto orden respecto a la criminalización de las sociedades cannábicas, impunes para algunas Audiencias provinciales pero penadas por otras. Una sentencia del pleno de los magistrados de la Sala Segunda fija los requisitos para que la actividad de esos clubes o asociaciones no sea considerada delictiva. 

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El 16 de junio de 2014, los tres responsables y dos miembros de la sociedad cannábica Ebers, de Bilbao, respiraron aliviados: la Audiencia Provincial de Vizcaya les absolvió del delito de tráfico de drogas por el que el fiscal les había sentado en el banquillo. El proceso contra ellos arrancó en noviembre de 2011, cuando el local de la asociación fue registrado por la Policía Municipal. Los agentes encontraron 4.750 gramos de marihuana y 800 euros en una caja registradora.

El alivio ha durado poco. El Tribunal Supremo ha acordado imponerles penas de tres a ocho meses de prisión al estimar un recurso interpuesto por la Fiscalía, que sostuvo que los cinco acusados incurrieron en un delito de tráfico de drogas. Esta infracción penal sanciona con cárcel a quienes lleven a cabo “actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” (artículo 368 del Código Penal).

10 toneladas al semestre

Los fiscales impugnaron ante el Supremo el fallo absolutorio alegando que, a la vista del alto número de socios del club -290- y de las cantidades asignadas a cada uno en los “contratos de previsión de consumo” que firmaban al hacerse miembros, “se está ante el manejo y distribución de un total de 10,4 toneladas de cannabis cada seis meses”, un cantidad que, a juicio del Ministerio Público, está “muy lejos” de lo que puede considerarse un mero autoconsumo compartido.

La legislación penal española no castiga el consumo de drogas (ni siquiera si es en grupo), pero sí toda actividad que lo promueva. La clave está en lo que los juristas denominan “alteridad”, que es la que justifica la intervención del Código Penal: consiste en que se facilite o promueva el consumo por parte de otras personas.

Para identificar ese factor de alteridad del que depende, en definitiva, la apreciación de si hay o no delito en la actividad de una sociedad cannábica, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija unos parámetros que, advierte, dependerán de la singularidad de cada caso. Pero servirán para proporcionar seguridad jurídica en una materia en la que las Audiencias Provinciales vienen sosteniendo criterios discrepantes.

Las condiciones para que se aprecie que el autoconsumo compartido no es delictivo son:

• Que la sociedad esté constituida por usuarios habituales de marihuana o adictos que se agrupan para consumir esa sustancia. La sentencia explica que “con esta limitación se pretende evitar supuestos de favorecimiento del consumo ilegal por terceros, que es precisamente la conducta que sanciona el delito, salvo los que ya fuesen consumidores habituales”.

• Que el consumo se produzca en un lugar cerrado para “evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente agrupados”.

• Que la cantidad de cannabis que se maneje sea “reducida o insignificante” o, en otras palabras, la cantidad “mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”.

• Que la reunión congregue a un “reducido grupo de adictos” para que pueda considerarse que se trata de un “acto íntimo sin trascendencia pública”.

• Que las personas asociadas sean “identificables y determinadas”, entre otras cosas para que pueda garantizarse que son consumidores habituales de marihuana o adictos.

• Que se trate de un consumo inmediato, sin que el cannabis salga del local ni haya riesgo de que se proporcione a terceros.

• Que se excluya el almacenamiento masivo de marihuana, “que es un germen del peligro [de tráfico de drogas] que quiere desterrar el legislador”.

• Que el club no esté abierto a un número indiscriminado de socios.

• Que los responsables de la asociación tengan capacidad de control sobre el cumplimiento de los requisitos anteriores.

De qué son responsables los directivos

La sentencia explica la condena a los responsables del club Ebers así: “Por supuesto que a los directivos de la asociación no se les puede atribuir responsabilidad por el hecho de que un socio haya hecho entrega a persona no consumidora de parte de la sustancia o por que la venda, traicionando sus obligaciones asociativas. Pero sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a doscientas noventa personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse”.

Los dos miembros de la sociedad condenados fueron encontrados el día del registro “efectuando labores de preparación y envasado de bolsas” de marihuana. Durante el juicio también quedó acreditado que la Policía había hallado “en las inmediaciones” del local a seis personas con distintas cantidades de marihuana en su poder. La droga procedía de los cultivos interiores del club, atendidos por un jardinero contratado al efecto.

La Sala Penal del Supremo, que se ha reunido en pleno para tratar este asunto, señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. Lo segundo, dice, es “muy diferente” y “estira la doctrina del consumo compartido hasta romper sus costuras”.

“No puede convertirse una asociación cannábica en una suerte de cooperativa de distribución”, zanja la sentencia, redactada por el magistrado Antonio del Moral.

Los magistrados Cándido Conde-Pumpido,  Joaquín Giménez y la única magistrada de la Sala Penal del Supremo, Ana Ferrer, han suscrito votos discrepantes. Consideran que el fallo del caso de la sociedad Ebers debió ser absolutorio al existir en los acusados un error invencible sobre la conciencia de ilicitud de su actividad. Además, echan de menos que el alto Tribunal no haya determinado “con mayor precisión” los límites de la apreciación del delito cuando hay cultivo y consumo compartido de cannabis. Creen que la opción de remitir la concreción de esos límites al análisis de las circunstancias de cada caso no proporciona suficiente seguridad jurídica.

Luces y sombras de la reforma del Tribunal Constitucional

Un Estado de Derecho tiene la obligación de acatar y hacer cumplir las leyes, por encima de las vías de hecho y conforme al espíritu de la Constitución. La reforma que acaba de aprobar el Congreso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional parece adecuada en el fondo pero completamente inadecuada en cuanto a sus formas, las cuales, en el Derecho, no sólo son necesarias sino fundamentales.

6014724364_d53ca681b5_oEl Partido Popular pretende corregir por la vía legislativa un problema que no sólo es jurídico sino que, sobre todo, es político. La reforma plantea que sea el propio Tribunal Constitucional el encargado de ejecutar sus resoluciones, lo que, de manera preliminar, excede de las competencias constitucionales del referido órgano.

Por un lado, el Gobierno del PP quiere que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tengan título ejecutivo, un aspecto que puede considerarse sobreentendido toda vez que el incumplimiento de las decisiones del TC podría dar lugar a delitos de desobediencia o prevaricación.

La modificación prevé la imposición por parte del Tribunal Constitucional de multas coercitivas y la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento. Incluso el TC podría imponer “las medidas necesarias para asegurar el debido cumplimiento” de sus resoluciones sin oír a las partes en casos de “especial trascendencia constitucional”. De mantenerse la norma en esos términos tras su tramitación parlamentaria, se vulneraría flagrantemente el derecho a ser oído antes de ser sancionados. La posibilidad de imponer sanciones que no se detallan genera, de hecho, inseguridad jurídica.

Contraria al Derecho europeo

De salir adelante la reforma, no sólo sería aparentemente contraria a la Constitución sino también al Derecho europeo. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de las partes a ser oídas equitativamente.

En Estados Unidos, al igual que en el Reino Unido, la Corte Suprema (órgano supremo en ambos países) no es la encargada de ejecutar sus propias sentencias sino que esa función recae en los tribunales inferiores, así como en el gobierno. De la misma manera, en Francia la obligación de velar por que las resoluciones del Consejo Constitucional se cumplan no es de éste sino del poder ejecutivo.

No parece que la reforma que se plantea en España sea la más adecuada para velar por el buen funcionamiento del ordenamiento jurídico y, además, presenta ciertos tintes totalitarios.
Es correcto que el Estado se proteja de aquellos que lo quieran romper, pero el fin no justifica los medios. El Tribunal Constitucional es el garante de nuestra Constitución, determinando si una norma es conforme o no a ella. Desvirtuar su cometido podría ser un error. El legislador podría buscar otro órgano del Estado ejecutor de sus resoluciones, como podrían ser bien los Tribunales Superiores de Justicia, bien el Tribunal Supremo cuando se trate de aforados.

Juan Gonzalo Ospina es letrado y presidente de los Abogados Jóvenes de Madrid

Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

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Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

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El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

Las dudas se ciernen sobre la oferta del aeropuerto de Ciudad Real

[caption id="attachment_9146" align="alignnone" width="1400"]Piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un  F-15D./  DVIDSHUB/Flickr  Piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un F-15D./ DVIDSHUB/Flickr[/caption]

Defensa niega haber mantenido contactos con ECA Program, la empresa que ofrece 80 millones por el aeropuerto.

En la imagen, un piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un F-15D./ DVIDSHUB/Flickr

Piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un  F-15D./  DVIDSHUB/Flickr
Piloto durante un vuelo de entrenamiento a bordo de un F-15D./ DVIDSHUB/Flickr

ECA Program Group es una empresa británica que tenía hasta ahora todas las papeletas para quedarse con el aeropuerto quebrado de Ciudad Real, el Don Quijote. Había hecho todo lo que había que hacer. Cuando el pasado 23 de septiembre se dieron a conocer en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de lo Mercantil de Ciudad Real las ofertas para adjudicarse el aeropuerto quebrado, fue la más alta efectuada en plazo que superaba de lejos el mínimo establecido y aseguraba además haber presentado el preceptivo depósito bancario del 5% como fianza. Pero las dudas se ciernen sobre la compañía.

ECA Program presentó una oferta de 80 millones de euros. Muy lejos de los 40 millones de valor de tasación. Aún más lejos de los 28 millones considerados la oferta mínima para cambiar el adjudicatario anterior, y a años luz de los 10.000 euros que ofreció en julio la china Tzannen International, la única adjudicataria hasta ese momento.

¿Qué quiere hacer ECA en las 1.600 hectáreas del aeropuerto de Ciudad Real que un día soñó con ser el primer aeropuerto internacional de gestión privada en España? El presidente ejecutivo de la compañía, Melville ten Cate, facilita su móvil a EL ESPAÑOL en cuanto lo solicitamos por correo en el formulario de la firma. Después de ver su web sobrevolada por aviones de combate sorprende la falta de filtros para llegar a uno de los máximos responsables. Según explica, lo que pretende en Ciudad Real es albergar y realizar las operaciones de mantenimiento de los aviones de combate que utiliza para su sorprendente negocio.

ECA Program juega a ser el enemigo. Sus simuladores y aviones reales, explica Ten Cate, son utilizados para entrenar a pilotos militares en maniobras de neutralización de la aeronave de un ejército adversario. Asegura que ya tienen contratados sus servicios ejércitos de países integrados en la OTAN o aliados como Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Polonia, Suecia, Japón y Arabia Saudí. 

Defensa no sabe nada

De momento, con España no tienen acuerdo, reconoce Ten Cate, quien sin embargo asegura haber mantenido contactos con el Ministerio de Defensa para lograr las preceptivas autorizaciones que le permitan tener en tierras manchegas algo mucho más peligroso que molinos capaces de transformarse en gigantes: cazas de combate.

¿Qué dice Defensa? Lo niega. En un correo remitido a EL ESPAÑOL en respuesta a nuestras preguntas, el Ministerio asegura que “no tiene constancia de las autorizaciones citadas ni relación con la gestión del aeropuerto”.

Fuentes del Ejército del aire consultadas se sorprenden incluso de que se cierre un contrato así. Las maniobras de entrenamiento de pilotos militares simulando la localización de naves enemigas son realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas españolas que unas veces juegan el papel de militares españoles (ejército azul) y otras el de enemigos (ejército rojo). Se realizan vuelos de localización de naves de combate en busca de una firma rádar (señal de una aeronave que detecta el rádar) que no se identifique como aliada. Y se neutraliza. 

El espacio aéreo que puede utilizarse para este fin está absolutamente delimitado y restringido al uso del Ejército. Los aviones que se utilizan están también fijados, así son los Eurofighter los que utilizan las dependencias de Albacete y Morón, mientras que en Zaragoza, Torrejón de Ardoz y Canarias se hacen pruebas con los F-18.

El presidente ejecutivo de ECA Program no quiso especificar los modelos con los que trabaja, por considerarlo una información delicada, y se limitó a comentar que, aún siendo naves de combate, se les han retirado los sistemas militares y el armamento. Hizo hincapié en que los vuelos de entrenamiento no se realizarían en ningún caso sobre Ciudad Real sino partiendo de Albacete o Morón. 

Un pasado poco exitoso 

El socio español que está representando a ECA Program es Rafael Fernández Frías, cuyo historial empresarial no es muy brillante. Ha sido secretario de dos empresas ya desaparecidas de Albacete y actualmente es gestor de una tercera que lleva su nombre.  Al propio Ten Cate tampoco parecen haberle ido demasiado bien los negocios últimamente.

Según publica Vozpopuli, en un artículo de Alberto Ortín, Ten Cate fue declarado en bancarrota en Londres el pasado 7 de abril, según habría publicado el organismo La Gazette, el equivalente al BOE en España. La declaración de quiebra habría sido instada por la compañía de aviones privados Vistajet. “Es una vieja historia que se refiere a mí personalmente y que nada tiene que ver con la compañía. Además [la quiebra] ha sido levantada”, explica el protagonista a EL ESPAÑOL.

Ten Cate asegura que disponen del dinero para hacer frente a la oferta presentada. ¿Algún tipo de financiación? “Será mediante financiación bancaria”, contesta, después de haber asegurado en un principio que sería en efectivo. Así mismo, pretenden invertir entre cinco y 15 millones de euros más para poner a punto el aeropuerto.

Según Ten Cate, dado el tiempo que lleva sin uso, será necesario reparar las pistas, arreglar las instalaciones, los sistemas electrónico y de control del tráfico aéreo, instalar los sistemas informáticos, de refrigeración y electricidad, para lo que considera que serán necesarios entre seis y 12 meses. 

ECA Program, según su presidente ejecutivo, pretende crear entre 200 y 250 puestos de trabajo de los que asegura que el 98% serán personas de la región. Lejos quedan los 1.500 puestos de trabajo planteados en los planes iniciales del aeropuerto a principios de los años 2000 pero en un país con las cifras de desempleo de España, insiste en lo positivo de su oferta laboral. Necesitan desde personal de seguridad a limpiadores, jardineros, cocineros, bomberos, controladores y personal de tierra, además de personal más especializado como ingenieros para los simuladores. 

Ofrece además unos gastos operativos que estima alcanzarán los 350 millones de euros en un plazo de 10 años. Además del negocio de entrenamiento militar, ECA pretende utilizar el aeropuerto para vuelos regionales de pequeñas aeronaves comerciales (20 a 30 asientos), así como para vuelos privados, asegura.

Historia de un aterrizaje forzoso

La primera vez que se habló de la intención de ubicar un aeropuerto gestionado por empresas privadas en Ciudad Real, el pronóstico de inversión se dio en pesetas. Imaginen si ha llovido. Era allá por 1998 cuando la Cámara de Comercio, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha creaban una sociedad en cuyo capital iban a dar entrada a socios privados para que aterrizasen el sueño del aeropuerto en la tierra de Don Quijote.

Como primeros socios eligieron a las grandes aliadas de las aspiraciones megalómanas de políticos españoles en las últimas décadas: las cajas de ahorros. En concreto, la que terminaría siendo la primera entidad intervenida en la presente crisis financiera, Caja Castilla-La Mancha; y la sevillana El Monte, que fue integrada en Cajasol, luego en Banca Cívica y, después de mil patadas hacia adelante, entregada a Caixabank en 2012.

El aeropuerto no fue capaz de estar operativo hasta 2008 y menos de dos años después, la sociedad propietaria, CR Aeropuertos, era declarada en concurso de acreedores, con una deuda de 290 millones de euros, a demanda de uno de esos acreedores en los juzgados. La mayor damnificada fue Caja Castilla-La Mancha, a la que se adeudaban 158 millones, aunque también lo sufrieron otras empresas como la constructora Isolux Corsan.

El senador imputado de Bildu sobre Hipercor: “La policía se negó a desalojar”

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Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio.

Iñaki Goioaga ejerció durante años como abogado de varios presos de ETA e ingresó en prisión en 2009 acusado de ayudar a fugarse a dos presos de la banda en un plan disparatado que incluía un helicóptero y pretendía llegar a Portugal. Ni siquiera pasó dos años en la cárcel. Salió después de pagar una fianza de 60.000 euros y fue elegido senador por designación autonómica en enero de 2013.

El Supremo anunció este miércoles que abrirá una causa contra Goioaga a petición de la Audiencia Nacional, cuyo juez Eloy Velasco llegó a la conclusión de que aprovechaba su condición de abogado para mantener controlados a los presos de ETA y difundir sus consignas en prisión.

No se trata de una acusación nueva. José Miguel Latasa Getaria –que ayudó a su colega Kubati a asesinar a la ex etarra Yoyes en 1986 y luego fue expulsado de ETA por buscar la reinserción ocho años después– la formuló en esta entrada de su blog Arabatik:

Desde que entré en la cárcel ya me pusieron al día que era él, el abogado de Gestoras que mandaba en el colectivo. Después, con el tiempo, ya fui viéndolo con mis ojos que este elemento era quien movía los hilos entre los presos y ETA. El venía con las órdenes concretas, quien, al menos conmigo, Kubati y alguno más decía cuándo había que hacer huelga de hambre ; plante o las dos cosas y se permitía , incluso en el ínterin, decirnos que tenía esa noche sidrería. Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal.

Hoy Goioaga es senador y sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Así cabe explicar la exposición razonada que el juez Eloy Velasco envió desde la Audiencia Nacional al alto tribunal, que ahora abre una causa que podría desembocar en su imputación por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de terrorismo, blanco de capitales y fraude a la Seguridad Social.

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio y sobre el que escribimos aquí.

Se trataba de glosar la obra Las guerras correctas, que retrata la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González en los tiempos de la ofensiva judicial para esclarecer los crímenes de los GAL. Acompañaban al senador el periodista Pedro J. Ramírez y la jurista Manuela Carmena, que por entonces no había anunciado su candidatura a la alcaldía de Madrid.

La impunidad fue uno de los asuntos clave del coloquio, que se puede ver entero aquí. La impunidad de los GAL y la de muchos crímenes de ETA que quedaron por esclarecer.

Los tres invitados criticaron el enjuague que propició los indultos de Rafael Vera y José Barrionuevo. Pero Goioaga se desmarcó de los demás al hablar del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 21 personas el 19 de junio de 1987. “Fue un resultado terrible y no deseado”, dijo el senador de Bildu. “Se fue a hacer un desalojo dos horas antes de que estallaran los coches bomba y el director y el comisario Francisco Álvarez se negaron y dijeron que era una falsa alarma. Se podría haber evitado. Quién colocó el coche bomba está claro. Pero la verdad es amplia y tiene muchos parámetros”.

Las palabras del senador suscitaron estupor entre los presentes. “¡No, si será culpa de las víctimas!”, gritó desde la quinta fila David Moreno, que se definió como una persona que “cree en la democracia” en su presentación. “La verdad no tiene muchos parámetros sino muchas excusas. Excusas para matar a niños y a embarazadas como hizo ETA”.

Sobre el escenario retomó el asunto Pedro J. Ramírez, que matiza las palabras de otro espectador: “Aquel día ETA no envió el coche bomba para matar a la gente de Hipercor. Pero expresó tal desprecio por las personas estaban en Hipercor que arriesgó sus vidas dejándolas al albur de una situación límite que ellos mismos habían creado. Responsabilizar luego al mal funcionamiento de las autoridades es una vileza. La responsabilidad es de ETA y de nadie más”.

“Jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo”, dijo Goioaga al hablar de la violencia policial en el País Vasco. “Ahora los condenados por terrorismo no pueden ser maestros. Pero sí pueden el violador, el pederasta, el pedófilo y el de la violencia de género. ¡Eso es no creer en la reinserción!”.

Hubo otro espectador que le reprochó al senador sus palabras sobre el atentado de Barcelona: “Cuando un tipo llega a Hipercor y deja un coche cargado de explosivos, no viene a regalar bombones”. La respuesta fue muy similar:

ETA hizo autocrítica con el tema de Hipercor. Fue la primera vez en que yo vi a dos personas pedir perdón a los familiares. En Hipercor está condenado el Estado y eso fue un error. Cualquier daño es inadmisible. Otra cuestión es qué se produce y habrá que ver las causas. El que efectúa el daño quizá es porque no tenía otras salidas. Yo me alegro de que seas español. El problema es que los planteamientos de españolidad no se imponen y la pregunta es si hay o no la suficiente libertad para que todas las opciones se puedan expresar con claridad. Sentimos la necesidad de una segunda Transición y de la depuración de los cuerpos franquistas. En 1975 me detuvo la Brigada Político-Social y dos años después me detuvieron los mismos policías, que me dijeron que se habían convertido en demócratas. Es fundamental el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño y el problema es que el Estado no reconoce el daño y tampoco la existencia de víctimas. Colocan árboles con el nombre de su familiar fallecido y la Guardia Civil los arranca. En esos parámetros no hay resolución posible de un conflicto que no se reconoce que existe y que ha generado mucho sufrimiento en el Euskal Herria y en el Estado español. 

Arranca el juicio por la legítima de los hijos de la ‘duquesa roja’

pilarLos hijos de la “duquesa roja” reclaman su legítima en un juicio que según todas las partes será “largo y complejo”. Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo reclaman sus derechos como herederos del patrimonio de su madre, integrado en la Fundación Casa Medina Sidonia.

 

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Pilar de Medina Sidonia. / Gtres

Este miércoles comienza en el Juzgado  de Instrucción número uno de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) un juicio que según señalan todas las partes implicadas será “largo y complejo”. Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo reclaman sus derechos como herederos de la legítima del patrimonio de su madre, integrado en la Fundación Casa Medina Sidonia.

“Es una locura lo que se está diciendo de que queremos acabar con todo el patrimonio catalogado como Bien de Interés Cultural. Yo siempre he defendido, que si el juez determina que nos corresponde lo que estamos reclamando de nuestra legítima, el Estado tiene todo el derecho  hacernos una oferta, que por supuesto yo aceptaré dentro de unos parámetros. Pero de ahí a decir que queremos saquear la Fundación Casa Medina Sidonia que creó mi madre, no es cierto”, apunta Pilar Medina Sidonia, una de las hijas de la “duquesa roja”  a EL ESPAÑOL. Cada uno de los hijos acudirá con un abogado diferente pero no sólo porque las relaciones entre ellos no sean buenas: “Cada uno tiene unas reclamaciones y unas posiciones distintas. A Leoncio le corresponde además de la legítima, el tercio de mejora. Por lo que sus intereses son cuantitativamente mayores”, apunta uno de los letrados.

Donación inoficiosa

Este mediático proceso sienta en el banquillo también a la abogada Urquiola de Palacio, designada por la duquesa para la partición de sus bienes, y que en su día determinó que rondarían los 60 millones de euros. “Es inaudito que una de las personas de confianza de mi madre también haya sido demandada, cuando lo único que hizo fue encargarse de repartir de los bienes tal y como ella le encargó por amistad y cariño”, explica uno de los hijos.

Urquiola tuvo que demostrar en su día, que la “duquesa roja” llevó a cabo una donación inoficiosa a la Fundación, que excedió el valor de su tercio de libre disposición donándolo a la Fundación. Para hacer la valoración oficial ello se tomó como referencia el catálogo de bienes de la Fundación Medina Sidonia elaborado en su día por la UNED.

“Tiene lagunas, no aparecen todos los documentos, ni piezas artísticas que sabemos y tenemos comprobado que estuvieron allí. Exigimos transparencia. Le pedimos a Lilian, viuda de la duquesa (contrajo matrimonio “in artículo mortis”, el mismo día del fallecimiento) y presidenta vitalicia de la Fundación que nos dejara que Susana Bardón, experta en catálogos monográficos, hiciera uno más exhaustivo, pero se ha negado en todo momento a colaborar”, apunta una de las partes.

Los bienes adscritos a la Fundación Casa de Medina Sidonia (el Palacio de los Guzmanes, en Sanlúcar de Barrameda, y todas las obras de arte, libros y mobiliario que contiene, así como el Archivo) gozan de la categoría de Bien de Interés Cultural inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, el máximo grado de protección de Patrimonio Histórico. De ahí que haya formado una plataforma ciudadana para que no se divida el legado de Medina Sidonia “es una intoxicación, porque yo tengo un palacio rehabilitado en San Lúcar, siempre he venido a veranear aquí y a mí nadie ha venido a preguntarme que es lo que estoy reclamando,  ni que voy hacer” afirma Pilar.

Ahora el juez tendrá que determinar primero, si se llevó a cabo una donación inoficiosa del tercio de libre disposición. De ser ahí cuantificarla y a partir de ahí determinar con las partes como reciben esa parte de la legítima que les corresponde, y de la cual a fecha de hoy, y siete años después de la muerte de la duquesa, todavía no han dispuesto. A la familia le gustaría que este asunto se resolviera únicamente en los tribunales pero no han podido impedir el revuelo mediático creado en torno a una fortuna de 60 millones de euros.

 

 

El juez que ha citado al ‘president’ a declarar fue elegido a propuesta de CiU

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

Pertenece al llamado “turno autonómico”: los Parlamentos de las comunidades autónomas tienen la potestad legal de proponer a la mitad de los jueces integrados en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ. Son juristas que sin pertenecer a la carrera judicial ni superar la oposición de ingreso, acceden directamente y gracias al favor político a esas relevantes Salas, que son las encargadas de investigar y juzgar los delitos de los aforados en cada comunidad autónoma.

El magistrado que ahora instruye la causa contra Artur Mas encabezó la terna de juristas que el Parlamento de Cataluña propuso al CGPJ en abril de 2012. Los otros dos fueron Antoni Vaquer y María Rosa LLácer, pero en el acta de la sesión parlamentaria no se refleja que hubiera debate alguno sobre los méritos de cada uno. La terna prosperó por asentimiento y con el apoyo de CiU, PSC, ICV y ERC.

La designación de Abril por el órgano de gobierno de los jueces fue igual de pacífica. Era el candidato apoyado por Ramón Camps, vocal del CGPJ a propuesta de CiU, y los demás consejeros respetaron su preferencia por Abril, que hasta entonces era profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde octubre de 2007 ejercía como director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en manos del PSC.

Fuentes del CGPJ –inmerso en aquellas fechas en la intensa polémica que generaron los viajes con cargo a fondos públicos de su presidente, Carlos Dívar–, recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Joan Manel Abril provenía inequívocamente de CiU y no del PSC.

El independentismo presiona a la CUP para investir a Mas

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Medios y periodistas afines al president tratan de convencer a la formación anticapitalista para que permita la investidura del líder de CDC. La CUP mantiene el pulso e insiste en encontrar un candidato de consenso.

Medios y periodistas afines al president tratan de convencer a la formación anticapitalista para que permita la investidura del líder de CDC. La CUP mantiene el pulso e insiste en encontrar un candidato de consenso.

Un miembro de la CUP acuñó hace unos años un término que en Cataluña ha hecho fortuna. Habló del Camamilla Party. El término en catalán significa manzanilla, hace referencia al Tea Party estadounidense y describe a un sector de la sociedad catalana. Ese grupo lo forman contertulios, columnistas, directores de medios y un ejército de miles de tuiteros.

A grandes rasgos y con matices, los miembros del Camamilla Party defienden a Artur Mas como la única persona capaz de liderar el proceso soberanista. Consideran que no toca hablar de los recortes hasta que Cataluña sea independiente y atribuyen cualquier indicio de corrupción a una guerra del Estado contra Cataluña. Ese mismo sector no le ahorró reproches a la CUP cuando decidió no ir en la lista unitaria soberanista. Odian tanto a Mariano Rajoy como a Pablo Iglesias o Duran Lleida y les dolió sobremanera que la alcaldía de Barcelona quedara en manos de Ada Colau.

En las últimas horas, el Camamilla Party se ha volcado en presionar a la CUP para que ceda y haga presidente a Artur Mas.

El diario Ara ha publicado en su versión impresa de este martes un editorial llamado Mas no puede ser el problema. El editorial iba destacado en portada con el titular Peligra la investidura. Uno de sus más destacados columnistas, Antoni Bassas, también publica en el mismo periódico un artículo a favor de la investidura del president en funciones. “Sería un error que lo que no ha conseguido la persecución mediática con base en Madrid se decidiera ahora en Barcelona”, asegura.

El exdirector de La Vanguardia, José Antich, también afirma en un artículo que los intentos de desplazar a Mas de la presidencia son de una “gran miopía”. Pilar Rahola aseguró este lunes en 8TV que no le parecería justo que se apartara ahora al president. Otros periodistas y opinadores invitaban a la CUP a reflexionar sobre por qué se alinea con los poderes unionistas en el rechazo a Artur Mas.

https://twitter.com/jordibarbeta/status/648721503140364288

El ‘president’ mártir

La imputación de Artur Mas por la consulta del 9N, conocida durante la mañana de este martes, ha aumentado aún más la presión sobre la CUP. Todo el soberanismo ha cerrado filas en torno a Mas y esto ha dejado a la CUP aún más expuesta a pesar de que el líder del partido, Antonio Baños, ha mostrado su solidaridad con Mas y las demás imputadas.

Para más inri, el juez ha citado a Mas a declarar en el 75º aniversario del fusilamiento del antiguo president de la Generalitat Lluís Companys.

Muchos han interpretado la imputación de Mas como el estímulo necesario para que la CUP cediera en su postura de negar la investidura. Mas adquiría una posición más transgresora y se convertía en representante de la desobediencia que prodiga la CUP. Baños, sin embargo, ha mantenido el discurso del partido y ha dejado claro que no cederán a las presiones. “Después de décadas de represión policial y judicial, no nos asusta demasiado una campaña de Twitter”, ha afirmado el líder de la CUP.

Quiénes han evitado pronunciarse a favor de la investidura de Mas han sido los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. En una rueda de prensa conjunta, han criticado la imputación y han confiado en que las formaciones llegarán a un acuerdo, pero no han querido valorar si es importante que Mas sea president.

Un poder inesperado

Todas las encuestas indicaban que la CUP tendría la sartén por el mango a la hora de articular una mayoría soberanista en el Parlament. Lo que no se esperaba la formación era que la investidura de Mas como president dependería de sus votos. El partido anticapitalista se sentía mucho más cómodo con la posibilidad de una abstención en segunda vuelta. Pero ahora este escenario no es posible y la CUP tiene la carga de ser quién puede dinamitar el proceso si JPS tampoco cede.

La situación no ha avanzado durante este martes. Ambas formaciones han reafirmado sus posiciones ante los medios durante la mañana y por ahora nadie quiere aparentar que está dispuesto a ceder. El entorno de Mas ha filtrado a TV3 que el proceso no se va a parar y que la CUP ha de decidir si lo va a apoyar. Baños ha vuelto a repetir que no investirán a Mas y ha insistido en una figura de consenso con la que “todos nos podamos sentir cómodos”. Si Mas representa un extremo y la CUP otro, lo que buscan es un candidato intermedio. Con esas palabras lo ha explicado Baños durante una entrevista en TV3.

CDC, sin embargo, no está dispuesta a dejar de liderar el proceso y considera “irrenunciable” la presidencia de Mas. Después de todos los costes de la aventura independentista para el partido –de la ruptura con Unió a las imputaciones–, no quieren que la presidencia quede en manos de una persona de ERC o de un candidato independiente como Romeva. ERC sigue defendiendo que el candidato de Junts pel Sí es Mas pero de manera menos apasionada. “Concentrémonos en el qué y no en el quién”, ha afirmado este martes Oriol Junqueras.

Junts compareció este martes para valorar los resultados y proyectó una imagen de unidad en torno a Mas. Las declaraciones de Romeva y del propio Mas, no obstante, dejaban la puerta abierta a negociar otro presidente. “El candidato es Mas, y a partir de aquí negociaremos”, explicó Romeva. “Lo importante es saber si los 72 diputados están dispuestos a sacar adelante la hoja de ruta (…) y el resto son cosas añadidas”, zanjó Mas.

Las negociaciones, en marcha

Ambos partidos ya han empezado con algunas llamadas los primeros contactos de lo que se prevé como una dura negociación.

El núcleo duro de Junts se ha reunido en el Parlament para empezar a confeccionar el nuevo Gobierno y la organización del grupo parlamentario y a barajar nombres de futuros consellers. A la reunión han acudido Romeva, hombres de confianza de Mas como Josep Rull o Jordi Turull, dirigentes de ERC como Marta Rovira y Lluís Salvadó y las expresidentas de las organizaciones sociales ANC y Òmnium, que iban en la lista en los puestos dos y tres.

A la vez se ha designado una comisión negociadora formada por miembros de todos los partidos y entidades de la candidatura con el objetivo de iniciar los contactos con la CUP. Junts busca contactos discretos y sin aspavientos y evita críticas contra la postura de los anticapitalistas.

La CUP, por su parte, ha iniciado conversaciones con todos los partidos que puedan sumarse al llamado proceso constituyente. También con la coalición izquierdista Catalunya Sí que es Pot (CSP), que incluye a Podemos y a Iniciativa. 

Lo que sí que se prevé es una de las negociaciones más herméticas de los últimos tiempos. La CUP ya ha advertido que sus miembros se levantarán de la mesa de negociaciones en cuanto se produzca la primera filtración. El partido ya abandonó la negociación de la lista única en julio después de que se filtrara información a los medios de comunicación.