El juez que ha citado al ‘president’ a declarar fue elegido a propuesta de CiU

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

Pertenece al llamado “turno autonómico”: los Parlamentos de las comunidades autónomas tienen la potestad legal de proponer a la mitad de los jueces integrados en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ. Son juristas que sin pertenecer a la carrera judicial ni superar la oposición de ingreso, acceden directamente y gracias al favor político a esas relevantes Salas, que son las encargadas de investigar y juzgar los delitos de los aforados en cada comunidad autónoma.

El magistrado que ahora instruye la causa contra Artur Mas encabezó la terna de juristas que el Parlamento de Cataluña propuso al CGPJ en abril de 2012. Los otros dos fueron Antoni Vaquer y María Rosa LLácer, pero en el acta de la sesión parlamentaria no se refleja que hubiera debate alguno sobre los méritos de cada uno. La terna prosperó por asentimiento y con el apoyo de CiU, PSC, ICV y ERC.

La designación de Abril por el órgano de gobierno de los jueces fue igual de pacífica. Era el candidato apoyado por Ramón Camps, vocal del CGPJ a propuesta de CiU, y los demás consejeros respetaron su preferencia por Abril, que hasta entonces era profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde octubre de 2007 ejercía como director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en manos del PSC.

Fuentes del CGPJ –inmerso en aquellas fechas en la intensa polémica que generaron los viajes con cargo a fondos públicos de su presidente, Carlos Dívar–, recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Joan Manel Abril provenía inequívocamente de CiU y no del PSC.

El debate sobre la nacionalidad de españoles en Cataluña, en cinco claves

PLENO COMPARECENCIA MARGALLO

¿Se verán los ciudadanos de una Cataluña independiente privados automáticamente de la nacionalidad española? Resumimos qué dice la Constitución, el Código Civil y los expertos. 

El problema catalán en 21 preguntas

¿Se verán los ciudadanos de una Cataluña independiente privados automáticamente de la nacionalidad española? En declaraciones a los medios, José Manuel García-Margallo ha explicado que “cuando uno se sale de un país es obvio que abandona todos los atributos que le da la pertenencia a ese país”.

Lo dijo este miércoles, horas antes de debatir con Oriol Junqueras, líder de ERC y número cinco de Junts pel Sí, en un insólito encuentro en televisión que destacados dirigentes del Partido Popular han criticado como inoportuno por los mismos motivos: someter a debate las consecuencias internacionales de una efectiva independencia de Cataluña y que el interlocutor del Gobierno sea nada menos que el titular de Exteriores.

Este martes, Mariano Rajoy titubeó sobre el asunto, pero siempre prestándose a hacer hipótesis sobre cómo sería vivir en una Cataluña independiente. En una entrevista en Onda Cero, el periodista Carlos Alsina le trasladó como afirmación retórica que los ciudadanos de una Cataluña independiente conservarían la nacionalidad. “Ah, no lo sé. ¿Por qué no la perderían? ¿Y la europea tampoco?”, replicó el jefe del Ejecutivo.

1.- ¿Dónde se regula la pérdida de nacionalidad?

Para empezar, en la Constitución. La norma básica lo incluye en su título primero, el relativo a los derechos fundamentales. El número 11 especifica que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.

Pero una cosa es “ser privado”, como dice el artículo, y otra perderla. El mismo artículo de la Carta Magna prevé la adquisición, mantenimiento y pérdida del derecho y remite el desarrollo a otras leyes. La Constitución también prevé la doble nacionalidad con países “iberoamericanos” o que tengan “una particular vinculación con España”, pero siempre por acuerdo y siempre de manera bilateral con cada país concreto.

2.- ¿Cómo se pierde la nacionalidad?

Hay varios supuestos. El Código Civil, en su artículo 24, prevé que la pierdan los españoles que residan “habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera”. Esa pérdida no es inmediata, sino que se demora tres años y puede evitarse si se pide explícitamente.

Por si fuera poco, esta norma no se aplica a “países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal” por los especiales lazos con España.

3.- ¿Y en caso de conflicto?

Los juristas consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que la secesión de un territoritorio no está prevista, ni en la Constitución ni en las leyes que desarrollan el artículo 11.

Sin embargo, el Código Civil tiene un apartado significativamente esclarecedor en el artículo que regula la pérdida de la nacionalidad. “No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en este precepto, si España se hallare en guerra”. Es decir, ni aún en caso de conflicto bélico abierto y declarado, por ejemplo una guerra civil, los que se situasen en un hipotético bando catalán perderían la protección de las leyes españolas.

4.- ¿Quiere Junts pel Sí despojar a los catalanes de la nacionalidad española?

No. Es más, esbozan una Cataluña en la que los ciudadanos que así lo deseen mantengan una doble nacionalidad. El propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado estar “convencido de que la mayoría de los catalanes conservarán las dos nacionalidades, la catalana y la española”, según ha declarado a la agencia AFP. Cuando es preguntado por su decisión personal, la respuesta es otra pregunta: “¿Por qué no?”. En realidad, según Mas, la convivencia de las nacionalidades no es un problema ya que el objetivo principal, el de la independencia, habrá sido ya alcanzado.

5.-¿Qué dicen los expertos?

Entre los juristas y magistrados hay opiniones para todos los gustos. Todas comienzan por la advertencia de que el supuesto de independencia no ha sido previsto y, por lo tanto, no hay respuesta jurídica definitiva. Elementos como un posible acuerdo entre el Estado catalán en ciernes y el español o un nulo reconocimiento internacional de una república catalana alterarían el debate que Margallo ve ya zanjado.

No hay ciudadanos sin nacionalidad. Las leyes españolas contemplan la pérdida de nacionalidad en caso de que se adquiera otra, por lo que el reconocimiento de la UE y el resto del mundo la declaración de secesión sería un factor importante.

La nacionalidad no puede otorgarse y retirarse “por decreto”. Es una decisión “personalísima” que no puede hacerse “en masa” y de forma indiscriminada sino caso a caso, según fuentes jurídicas. En muchos países, incluido España, la concesión de nacionalidad a extranjeros comporta exámenes y hasta un acto solemne de aceptación de la Constitución y los símbolos nacionales.

Otros juristas coinciden con Margallo y argumentan que, del mismo modo que los ciudadanos de un nuevo Estado no serían españoles para pagar impuestos, tampoco tendrían por qué serlo a efectos de nacionalidad. Un posible precedente comentado en este debate es el de los ciudadanos del Sahara Occidental, durante años españoles de pleno derecho, que dejaron automáticamente de serlo, aunque se les permitió optar de nuevo a la nacionalidad española.

Foto: EFE/Alberto Martín

El problema catalán en 21 preguntas

Grünenthal, que ingresó 466 millones en 4 años, no indemnizará a las 305 víctimas españolas de la talidomida

Las 305 víctimas españolas de la talidomida vieron ayer esfumarse la esperanza de que la Grünenthal Pharma S. A., la filial española de los laboratorios alemanes Grünenthal GmbH, les indemnice por los severos daños incurables causados por el fármaco. El Tribunal Supremo ha confirmado, por 8 votos frente a 1, la prescripción del derecho a reclamar. La farmacéutica, que ha ingresado en los últimos cuatro años 466 millones de euros por sus ventas en España, sí ha indemnizado, en cambio, a los afectados alemanes. 

En la imagen, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

GRA033 MADRID, 23/09/2015.- El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, hoy ante el Tribunal Supremo, donde se celebra la vista del recurso de las víctimas del medicamento Talidomida contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló sus indemnizaciones. EFE/Mariscal
El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

La Sala Civil del Tribunal Supremo acordó este miércoles desestimar el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) contra la sentencia dictada el pasado octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró prescrita la acción de responsabilidad civil emprendida por los afectados contra Grünenthal Pharma S.A. Ha sido un fallo contundente: 8 votos en contra del recurso de Avite y sólo uno a favor, emitido por el magistrado Francico Arroyo.

Los recurrentes contaban con el apoyo de la Fiscalía. El fiscal de Sala José María Paz escribió en su informe favorable a las víctimas que el hecho de que Grünenthal “pidiera perdón en el año 2012, reconociendo su culpa pero no queriendo indemnizar por su conducta, nos parece un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad”.

El Supremo, sin embargo, ha confirmado el criterio de la Audiencia de que los afectados debieron reclamar mucho antes, en concreto antes de que transcurriera el plazo legal de un año desde que cada uno de ellos alcanzó la mayoría de edad. Los magistrados han estimado que los daños que las víctimas de la talidomida padecen quedaron determinados al nacer. Conocían, por tanto, el alcance de sus secuelas, que son permanentes y están consolidadas, por lo que debieron reclamar como máximo dentro de los 365 días siguientes a cumplir los 18 años.

Al no haber presentado una inicial demanda de conciliación hasta junio de 2011 y una posterior reclamación conjunta en el Juzgado en febrero de 2012, la acción de responsabilidad civil se ha considerado prescrita. La prescripción extingue el derecho a ser indemnizados al no haber sido ejercido en el plazo fijado por la ley, que en este caso era de un año.

El contraste con los afectados alemanes

A salvo de lo que pueda ocurrir con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional anunciado de inmediato por Ignacio Martínez, abogado de Avite, las víctimas españolas de la talidomida no van a ser indemnizadas con un solo euro por Grünenthal Pharma. Según sus propias cifras, la filial española del grupo alemán Grünenthal GmbH ingresó por ventas en los últimos cuatro años 466 millones de euros, de los que 109 millones corresponden a 2014. En todo el mundo, la cifra más reciente de ventas corresponde al año 2012 y asciende a 973 millones de euros.

Avite asegura que durante las negociaciones celebradas antes de la presentación de la demanda Grünenthal ofreció una indemnización de 120.000 euros para el conjunto de las 305 víctimas españolas. Una cuantía “ridícula” si se tiene en cuenta que los laboratorios han destinado a los afectados alemanes unos 500 millones, afirma.

El procedimiento judicial ofrece otros motivos de agravio. El medicamento, utilizado para el tratamiento de las náuseas y vómitos de las mujeres embarazadas, fue retirado por Grünenthal en Alemania en diciembre de 1961, pero no lo hizo en España hasta mayo de 1962. La sentencia dictada en noviembre de 2013 por la jueza de la primera instancia, Gemma Fernández, afirmaba que los primeros casos de afectados por la ingesta de talidomida en España ya habían empezado a evidenciarse en el primer trimestre de 1960 y señalaba que “conociendo los efectos nocivos del medicamento que ya estaba en el mercado y su gravedad se optó por no ponerlo en conocimiento de los profesionales médicos [españoles] y por informar parcialmente a los colaboradores externos, que son, precisamente, los que tratan con los médicos y farmacéuticos en el proceso de distribución y venta para el consumo”.

La talidomida tenía efectos teratogénicos (producía malformaciones en el feto) y fue el origen de polineuritis en muchos bebés nacidos de madres que la tomaron durante la gestación. Las malformaciones afectaban fundamentalmente al acortamiento de los brazos y antebrazos, aunque también se produjeron alteraciones en otros órganos, incluidos los internos. “La demandada ni siquiera niega este presupuesto básico”, indicó respecto a Grünenthal la sentencia de la primera instancia, revocada por la Audiencia de Madrid en lo referido a la prescripción.

La tesis del Juzgado de Primera Instancia, que rechazó la prescripción, ha sido apoyada por un solo magistrado de la Sala Civil del Supremo. Arroyo, que ha anunciado que plasmará sus argumentos en un voto discrepante, considera que la decisión de la mayoría se aparta de la doctrina de la Sala, que en numerosos precedentes ha establecido que el plazo de prescripción debe empezar a computarse a partir de la declaración -judicial o administrativa- de incapacidad del afectado. En el caso de la talidomida, el real decreto 1006/2010, de 5 de agosto, puede ser considerado una declaración administrativa de incapacidad ya que reconoció oficialmente a las víctimas de la enfermedad y estableció la concesión de ayudas de la Administración (un pago único de entre 30.000 y 100.000 euros). Desde esa perspectiva, la demanda de conciliación de las víctimas (junio de 2011) no habría prescrito.

La compañía ha declinado valorar la decisión del Supremo “hasta recibir la sentencia oficialmente”. En un comunicado de prensa, la empresa ha reiterado que, “con independencia de la resolución”, ya existen “medios satisfactoriamente establecidos” para que todos aquellos afectados por un producto que contuviese talidomida de Grünenthal, o de su distribuidor local en España, puedan beneficiarse de ayudas económicas.

En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, un portavoz de la compañía afirma que los afectados españoles por el fármaco pueden recibir “hasta 7.000 euros mensuales” a través de las dos fundaciones habilitadas para gestionar sus ayudas, la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal, ambas en Alemania.

Sin embargo, Avite asegura que sólo uno de los más de 300 afectados españoles que pertenecen a la asociación es pensionista de una de las fundaciones alemanas, ya que del resto “se han rechazado las solicitudes con las excusas más arbitrarias”. La sentencia de la Audiencia de Madrid alude a cinco víctimas españolas que reciben la pensión de la fundación alemana, cuatro de las cuales no pertenecen a Avite.

Respecto a su culpabilidad, la empresa la reconoce: “Lo hemos hecho públicamente y hemos pedido perdón”. Sin embargo, apunta a un dato que reconocen también las propias víctimas: Medinsa, la representante del laboratorio en aquella época, comercializaba cuatro de los siete medicamentos que contenían el principio activo talidomida. Otros tres los vendían los laboratorios U.C.B. Pevya (hoy UCB Pharma) y Farmacobiológicos Nessa. “El porqué no se piden indemnizaciones a estas empresas además de a Grünenthal es algo que habría que preguntar a las víctimas”, concluye el portavoz del laboratorio en España.

Tiempo de reinventar España

plan de ruta

Es tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad.

Ilustración: Javier Muñoz

Vemos estos días un súbito despertar de algunos proclamando su amor por Cataluña a los pocos días de unas elecciones que pueden derivar en el mayor envite territorial sufrido por España en más de un siglo. Sin cuestionar su buena fe, son discursos que llegan tarde y llegan mal. Son discursos que apenas están ya a tiempo de influir en la decisión de millones de votantes, convencidos de que con su voto inician un viaje hacia un futuro mejor dentro de una quimérica república catalana que les dará y permitirá todo cuanto España les ha prohibido y denegado desde comienzos del siglo XVIII.

Y sin embargo, aunque esos gestos de credibilidad escasa o nula no convenzan a nadie a estas alturas, no es estéril que empiecen a sonar (¡por fin!) las alarmas de emergencia en las sedes de los principales partidos, en las redacciones de los medios nacionales, en la dirección general de las grandes empresas y entre todos aquellos que conforman la dirección política, social y económica del país. Hace años que todos ellos han ignorado, con negligencia culpable en distinto grado, los repetidos avisos de tsunami que les llegaban desde Cataluña. O, cambiando de imagen, a lo sumo la veían como una de esas epidemias lejanas para la que quizá se envía como asistencia algo de dinero pero que no requiere un plan de acción porque esos virus están en otras tierras y no deberían afectar al bienestar de la propia familia.

Han tardado. Pero ya empiezan a ver que eso es un absurdo, una ensoñación tan alejada de la realidad como la quimera de los independentistas. Éstos sueñan con una república catalana sentada en el Consejo europeo, y no la verán jamás. Y tantos en Madrid y en otros puntos de España, aburridos de la cosa catalana que apenas entienden, han creído que por el solo hecho de ignorarla pasará como una calentura social tras un partido de fútbol. Pronto unos y otros se verán enfrentados a una realidad seria, grave, histórica, que exigirá planes y decisiones para los que no han sabido o no han querido prepararse.

Porque claro que no veremos esa república catalana desgajada de España. Eso lo sabemos todos los que tenemos los pies en el suelo, incluidos muchos de los que juegan impunemente con la buena fe y la ilusión de miles de conciudadanos catalanes. Pero eso no significa que “no va a pasar nada”. Nos dirigimos sin frenos hacia una profunda crisis constitucional en España. Hacia un conflicto jurídico y político de grandes dimensiones cuyos efectos no quedarán limitados a Cataluña. Va siendo tiempo de despertar. No existe un problema catalán. Existe un grave e inminente problema español, con causas en Cataluña y en España.

Pero dejemos las causas ahora. Determinarlas será tarea de historiadores en unos años. Agravios, recelos, errores, mentiras, intereses torticeros, también algunas decisiones de buena fe tomadas sin reflexión, todo condimentado por la crisis económica. Lo importante ahora no es eso. O mejor dicho: lo importante ahora es no perder ni un minuto en eso. Lo importante es no creer ingenuamente que mirar al pasado y culpar de todo lo que ocurre a Artur Mas, a TV3, a Rajoy, a Zapatero, al Constitucional, a quien cada uno quiera, va a cambiar el presente. El presente y el inmediato futuro son lo que son, cualquiera que sea la forma como hemos llegado hasta aquí. Quien crea que con un par de reales decretos pondrá las cosas “en su sitio” se equivoca. Quien crea que con un par de querellas bien argumentadas pondrá orden se equivoca. Por mucho fundamento que tengan los decretos y mucha razón legal esas querellas. No hay juez ni tribunal en España que pueda resolver por sí solo la que se viene encima.

Los jueces tendrán su papel y algunos deberán tener el coraje de contribuir a moderar los impulsos de los más iluminados y, con la aplicación de la ley, sentar a la mesa negociadora a los que recuperen la prudencia que tuvieron en el pasado. Sin embargo, reducir a al imperio de la ley la solución a la crisis es política y socialmente suicida.

La apuesta frontal de ruptura tiene unas determinadas mayorías cuya dimensión conoceremos pronto. Pero hay en esa tierra catalana (que muchos no independentistas también reconocemos como nación) un malestar mucho más extenso que lleva a una inmensa mayoría social a una cierta complicidad colectiva con el independentismo. Y esa inmensa, incontrolable, mayoría -que va mucho más allá de quienes desean la ruptura inmediata- rechazará de frente cualquier “agresión” española… así como casi cualquier decisión que pueda ser presentada como tal por los voceros de la Cataluña “oprimida”, por válida y justa que pueda ser. A su vez lo que se avecina no son actos burdos contra el estado de grosera estética batasuna (si me permiten la imagen, ya que algunos creen que ése es el precedente). No. Nos acercamos a escenarios de desobediencia civil planificada por profesionales de la comunicación social, de prevaricación colectiva bien planificada, quién sabe si a alguna versión adaptada de “marcha verde” (léase en sentido no necesariamente literal). Todo ello entre globos y sonrisas, apelaciones a la dignidad y la democracia, entre niños y familias, y hablando en inglés ante las cámaras del mundo. Ante eso, descartados los tanques en la avenida Diagonal, ¿cuál es el plan? ¿Mano dura a golpe de querella? ¿Redactadas por docenas contra otros tantos cargos electos? ¿En serio?

Soy el primero en apoyar la defensa de la ley y el Estado de Derecho.  Y también por ese lado habrá que estar preparado, no lo niego. Pero no bastará. Es tiempo de que España se atreva a actualizar su software y a renovar también parte de su hardware. Tiempo de grandeza política capaz de generar nueva esperanza en este proyecto compartido a muchos que ya lo creen inviable pero que estarán encantados de que alguien les demuestre que no es verdad. Tiempo de separar al independentismo radical (incapaz de aceptar cualquier propuesta) de esos millones de catalanes que sí pueden volver a creer en un proyecto común renovado y respetuoso.  Tiempo de explicar con coraje al resto de España que el cambio no es cesión a un chantaje sino generosidad e inteligencia política. Tiempo de reinventar nuestro país para que vuelva a ser atractivo para quienes integran las diversas identidades colectivas que lo componen.

Ignasi Guardans fue eurodiputado y diputado al Congreso por Barcelona. Es abogado y nieto de Francesc Cambó.

La Fiscalía pide que PP y FAES den datos sobre su relación con los jueces de Gürtel recusados

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La Fiscalía Anticorrupción cree que la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (en la imagen) como integrantes del tribunal que juzgará el caso Gürtel debe ser admitida a trámite para practicar diligencias que aclaren la “relación singular” que pueden haber tenido con el PP. Entre ellas, cuántas veces han participado en actos de FAES o del partido y si han cobrado por ello.

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Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

La recusación de los magistrados Espejel y López por las acusaciones populares que actúan en el caso Gürtel -entre ellas, la ejercida por Ángel Luna, del PSOE valenciano- ha encontrado un aliado en el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la recusación sea admitida a trámite y se abra un incidente en el que, entre otras pruebas, la fundación del PP (FAES) y el propio partido tendrían que dar datos sobre su relación con los recusados.

La Fiscalía ha presentado dos informes, uno relativo a Concepción Espejel y otro referido a Enrique López, en los que, sin llegar a afirmar que exista en ellos una tacha de parcialidad, sí sugiere que hay datos de una relación con el PP que, a su parecer, habría que aclarar antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si se mantienen o no como jueces del caso Gürtel.

Miembros de la Sección Segunda de esa Sala, a Espejel y López les ha correspondido por reparto el enjuiciamiento de la primera parte de caso Gürtel, relativa a la actividad que desarrolló la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos públicos del PP entre los años 1999 y 2005.

Para la Fiscalía, el hecho de que el Partido Popular vaya a estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo -esto es, por haberse beneficiado de las comisiones ilícitas supuestamente percibidas por los cargos implicados, destinadas en parte a campañas electorales- es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de valorar las recusaciones.

El Ministerio Público admite que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo del Derecho Humanos, la “afinidad ideológica” de un juez con una determinada formación política no es causa de recusación.

También indica que “ciertamente, no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite el interés personal y directo” de los recusados en la causa.

Pero, pese a ello, sostiene que “no puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes”, en especial en el caso de López.

La Fiscalía afirma que “ha de tomarse en consideración” que entre 2003 y 2010 “se estableció una relación singular” entre FAES, la fundación del PP, y Enrique López, que, además, accedió a propuesta del Partido Popular a dos cargos que ejerció en el pasado: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional.

El informe no llegar a sostener que el nombramiento para esos cargos determine una falta de imparcialidad -de hacerlo, abriría una vía de consecuencias imprevisibles, puesto que en la propia Audiencia Nacional hay actualmente varios magistrados que han sido vocales del CGPJ a propuesta del PSOE e IU-, pero sí considera relevante el hecho de que cuatro de los acusados en el proceso Gürtel votaron en 2008 a favor de la candidatura de López al Tribunal Constitucional. Se trata de Carlos Clemente, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, que eran diputados autómicos del PP.

En realidad, la Asamblea de Madrid propuso una candidatura conjunta pactada por PP y PSOE y en la que figuraron López y Fernando Valdés, por lo que ambos recibieron los votos en bloque de ‘populares’ y socialistas.

La declaración de Cospedal

Para la Fiscalía, sin embargo, hay que determinar “si la participación del PP en la elección del magistrado para alguno de los más altos cargos del Poder Judicial y de su carrera profesional desvirtúa el requisito de independencia” y “ha de decidirse si la familiaridad que pueda existir entre el juzgador y alguna de las partes implicadas debida a una conexión ajena al procedimiento cuestiona la imparcialidad de aquel, haciendo objetivamente justificable el temor a su falta de imparcialidad”.

En este sentido, considera que las recusaciones no deben ser rechazadas de plano sino que debe abrirse un trámite para practicar varias de las pruebas instadas por las acusaciones populares. Entre ellas destaca que se requiera a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y al PP para que certifiquen las actividades en las que haya participado López y cuánto ha cobrado por ello.

La Fiscalía se opone, por estimarlo “inútil e impertinente”, a que Dolores de Cospedal tenga que prestar declaración sobre su relación con Espejel. La secretaria general del PP participó en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a la magistrada, a la que dedicó elogios y de la que dijo que “para todos es Concha y lo va a ser siempre”.

También rechaza que declare el ex parlamentario del PP Federico Trillo, actual embajador en Londres, que salió en defensa de López cuando su primer intento de acceder al TC fue bloqueado por el Senado. Enrique López acabaría siendo promovido al Constitucional por el Gobierno.

La Fiscalía tampoco considera necesario el interrogatorio de los recusados, que, en cualquier caso, tendrán que informar por escrito sobre si aceptan o no como ciertas las causas de recusación alegadas.

Hacienda dice que con la ‘lista Falciani’ no se puede acusar a nadie de delito fiscal

 Según un informe de la Subdirección General de Inspección Territorial de Hacienda, la información sobre 659 presuntos defraudadores fiscales de la ‘lista Falciani’ no era suficiente para imputar a ninguno de ellos un delito fiscal. Esta es la razón por la que la Agencia Tributaria decidió requerir a todos ellos para que regularizaran voluntariamente su situación con con el fisco en lugar de abrirles una inspección que podría haber llevado a alguno de ellos a prisión.

L'informateur de fisc français, Hervé Falciani (ancien informaticien de la banque Suisse HSBC), dévoile le parcours qui l'a amené à dénoncer le fonctionnement de la banque HSBC de Genève.

La información sobre 659 presuntos defraudadores fiscales de la ‘lista Falciani’ no era suficiente para imputar a ninguno de ellos un delito fiscal, razón por la que la Agencia Tributaria decidió requerir a todos ellos para que regularizaran voluntariamente su situación con Hacienda en lugar de abrirles una inspección que podría haber llevado a alguno de ellos a prisión.

Así lo asegura un informe de la Subdirección General de Inspección Territorial fechado el pasado 8 de junio y remitido a la jueza, Purificación Elisa Romero, titular del juzgado de instrucción nº 37 de Madrid, que instruye una causa para determinar si los altos cargos que tomaron dicha decisión incurrieron o no en delito.

El informe detalla que las autoridades francesas enviaron un total de 1.972 fichas de posibles defraudadores con cuentas en el HSBC de Ginebra, en algunos casos personas físicas y en otras jurídicas, de las que logró identificar a 1.800, aunque sólo se pudo adjudicar bienes patrimoniales a 848. Tras comprobar si tenían su residencia en España y si los datos a los que aludía la información estaban prescritos o no, el listado quedó reducido a los ya citados 659 contribuyentes, a los que se giró un requerimiento voluntario de regularización.

“No parece que de la información de las fichas pudiera deducirse directamente la existencia de delitos contra la hacienda pública, dado que, si bien existía información de los saldos, no se podía conocer la procedencia de los fondos”, dice literalmente el texto de la Agencia Tributaria.

“Las identidades no siempre aparecen claras”

Javier Hurtado Puerta, subdirector general de Inspección Territorial, que firma el documento, sostiene en él que “las identidades de los titulares no siempre aparecían claras e indudables”, ya que la mayoría estaba a nombre de sociedades constituidas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o Luxemburgo. Es decir, se trataba de sociedades domiciliadas en Suiza pero sin ninguna actividad económica. “Había que determinar quién o quienes se escondían tras estas sociedades pantallas” antes de corroborar que “tal y como se pensaba en los primeros momentos, las Autoridades Suizas no colaboraron para confirmar el contenido de las fichas”, dice el informe.

Esta circunstancia, y el hecho de que los datos remitidos se referían exclusivamente a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, y la prescripción de las declaraciones sobre IRPF y sobre el Patrimonio del ejercicio de 2005 se producía el 30 de junio de 2010, es decir, 36 días después de la recepción de los datos, que había tenido lugar el 26 de mayo, hizo que se optara por el requerimiento en lugar de por abrir una inspección.

“En ese periodo tan reducido de tiempo fue preciso realizar los procesos de análisis e identificación, sistematizar la información, valorar mínimamente los riesgos, adoptar la decisión sobre las personas con capacidad de disposición y titularidad real, y sobre la actuación más adecuada a realizar, elaborar los documentos administrativos a remitir y lograr las notificaciones de los mismos”, dice el informe de la AET, que recoge que aproximadamente la mitad de los 659 requeridos no respondieron o negaron ser titulares de la cuentas. “De este modo la información recibida, sin negarle una evidente utilidad para detectar riesgos desconocidos, no podía ser usada sin más para la práctica de regularizaciones”.

Colaboración con Hacienda 

El documento remitido a la magistrada  reconoce que muchas de las personas que regularizaron tras el requerimiento de Hacienda demostraron que el origen de las rentas que tenían en Suiza procedían de ejercicios fiscales prescritos y solo tuvieron que regularizar pequeñas cantidades. “Esto les permitió colaborar con la Agencia Tributaria aportando información sobre cómo actuaba el banco suizo, y de esta forma ayudar a comprender la información de que se disponía. Esta información, que fue muy importante para el desarrollo de las actuaciones inspectoras con titulares que negaban las cuentas, se obtuvo generalmente de esos contribuyentes que presentaron declaraciones complementarias tras la notificación de los órganos de Gestión”.

En definitiva, el informe avala la decisión Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo, entonces director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, y María Dolores Bustamante, directora del departamento de Gestión, contra quienes el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha presentó en una querella que ha dado lugar a una causa en la que ambos exaltos cargos están imputados.

El informe de  la AEAT concluye diciendo que el procedimiento utilizado “no impidió, con posterioridad, y según las circunstancia de cada caso, la imposición de sanciones, el posterior desarrollo de procedimientos inspectores o la presentación de denuncias por delito fiscal”, aunque no especifica en cuántos casos ni los importes.

 

El Tribunal Supremo acuerda tramitar una demanda que cuestiona a su presidente

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite la demanda presentada por cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión, promovida por el presidente, Carlos Lesmes (en la foto), de no renovar la Comisión Permanente, el núcleo de poder del CGPJ.

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El Tribunal Supremo tramitará una demanda que afecta a su presidente, Carlos Lesmes, como máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Después de cuatro meses de debate, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tomado la insólita decisión de admitir a trámite el recurso promovido por cuatro vocales del CGPJ contra el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente.

Este órgano se ha convertido en el núcleo de poder del Consejo tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por el PP en junio de 2013. Presidida por Lesmes, sólo cinco de los 20 vocales forman parte de la Comisión Permanente, que ha sumado a sus tradicionales competencias ejecutivas la función de la desaparecida Comisión de Calificación (proponer los nombramientos para cargos judiciales), además de supervisar la actividad de la Inspección y del promotor de la acción disciplinaria (el instructor de los expedientes contra los jueces).

Únicamente esos cinco vocales -que en un futuro próximo serán siete, tras otra reforma que acaba de ser aprobada- tienen dedicación exclusiva en el CGPJ. Los demás simultanean el cargo en el Consejo con su profesión jurídica o judicial, lo que les impide no ya participar sino incluso estar al corriente de la actividad cotidiana de la institución.

La Comisión Permanente diseñada por Lesmes en enero de 2014, recién constituido el nuevo CGPJ, fue renovada tal cual hace seis meses con el solo cambio de Nuria Abad (propuesta por el PP) por Mercé Pigem (CiU). Esta última dimitió tras ser ser sorprendida en noviembre de 2014 por la Guardia Civil entrando en España desde Andorra con 20.100 euros en efectivo. El resto de los elegidos son dos consejeros propuestos por el PP, Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán, y otros dos por el PSOE, Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta.

La propuesta de Lesmes de mantener durante 2015 la misma composición de la Permanente fue la única que se votó en el Pleno del Consejo el pasado 29 de enero y resultó aprobada por 14 votos frente a 7. Cuatro de las vocales discrepantes -Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez, propuestas por el PSOE e IU- interpusieron en marzo ante el Tribunal Supremo una demanda, con una posterior ampliación, en la que impugnaban la decisión por defectos formales y por haberse incumplido, a su parecer, la previsión legal que literalmente establece que “se procurará la rotación anual del resto de los vocales en la composición anual de la Comisión Permanente”.

Dudas de legitimación

En una resolución ya firmada de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Garzón, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que la ampliación de la demanda, referida a los defectos formales de la decisión del Consejo, fue presentada fuera de plazo. Pero ha aceptado revisar el acuerdo de no renovar la Comisión Permanente, dejando para el momento de la sentencia los problemas de legitimación de las vocales para impugnar un acuerdo emitido por el órgano del que forman parte.

Fuentes del tribunal indicaron que las dudas de legitimación que plantea el caso han cedido a favor de la tutela judicial porque la decisión del CGPJ de no cambiar la Comisión Permanente afecta a la esfera de derechos e intereses de las consejeras demandantes, incluidas sus retribuciones.

La decisión de la Sección Primera ha coincidido con el proceso de elección del nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, cargo para el que ha sido nombrado, con notable controversia, el magistrado Luis María Díez-Picazo. Su antecesor, José Manuel Sieira, y otro aspirante al puesto, Jorge Rodríguez-Zapata, han formado parte del tribunal que ha admitido a trámite la demanda que cuestiona la actuación de Lesmes en el CGPJ. Sieira y Rodríguez-Zapata, no obstante, no tenían la llave de una Sección formada por seis magistrados y que ha resuelto sin formulación de votos discrepantes.

 

 

La insufrible lentitud de la justicia

La demora con la que se resuelven muchos casos en los tribunales demuestra que urge hacer cambios para que la Justicia haga honor a su nombre. Una democracia debe ser capaz de juzgar a su debido tiempo y, de hecho, sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerdan que es un deber de los estados.

“La tardanza de la justicia es uno de esos males de los que el hombre sólo puede librarse mediante el suicidio”.

(W. Shakespeare. Hamlet)

Este comentario viene a cuento de la carta que me envía un español, de origen sirio y médico de profesión, que durante nueve años y pico ha sufrido la insoportable lentitud de la justicia. Detenido y acusado a finales de marzo del año 2006 por la acusación, junto a otras personas, de un delito de depósito de arma de guerra y que desde el primer día negó, ahora, finalmente, tras un largo calvario judicial, el tribunal le ha absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

De sus palabras destaco éstas: “Señor abogado: ¿Quién me repara tanto dolor, tanta angustia, tanto sufrimiento? ¡La injusticia de tan extensa espera me ha consumido el valor, agotado la confianza en la Justicia, destrozado el corazón! ¡Estos años han tenido para mí más horas de desesperación que minutos de esperanza!”.

El mismo día que recibo este gemido, leo que más de 8.000 juristas, entre ellos jueces, fiscales y sobre todo abogados, bajo el lema de “Justicia tardía no es Justicia”, han inundado Twitter con mensajes e imágenes en las que se denuncia esa lentitud de la justicia y hablan de juicios y vistas para 2017, 2018, 2019 e incluso 2020.

En mi primer artículo publicado el 17/01/2015 en este blog que muy pronto se convertirá en diario y que titulé La lucha de los españoles y de EL ESPAÑOL por la Justicia, al hacer recuento de las batallas a emprender escribí que era necesario poner fin a la exasperante lentitud de las ruedas de nuestra administración de Justicia, que una justicia a destiempo es una denegación de Justicia, que el reloj de la Justicia no puede seguir siendo un reloj lánguido y que de no rejuvenecer, dentro de muy poco, será incapaz de arrastrar su maquinaria.

Cualquier democracia debería perder el nombre si no es capaz de juzgar a su debido tiempo. Las insoportables demoras de la justicia convierten al Estado de Derecho en algo meramente retórico, sin que valgan excusas de sobrecargas de trabajo o falta de medios materiales y personales. Como el Tribunal Constitucional ha declarado en la reciente sentencia 87/2015, de 11 de mayo, “por más que los retrasos experimentados en el procedimiento hubiesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica (…) de ningún modo altera el carácter injustificado del retraso. (…) El elevado número de asuntos de que conozca el órgano jurisdiccional ante el que se tramita el pleito no legitima el retraso en resolver, ni todo ello limita el derecho fundamental de los ciudadanos para reaccionar frente a tal retraso, puesto que no es posible restringir el alcance y contenido de ese derecho dado el lugar que la recta y eficaz Administración de Justicia ocupa en una sociedad democrática (…)”.

Éste es también el criterio reiterado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y así en la sentencia Lenaerts contra Bélgica, de 11 de marzo de 2004, la Corte de Estrasburgo razona que el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales “obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial de tal forma que sus tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable”.

O sea, que no es posible aceptar que se vive en democracia con una administración de la Justicia donde la respuesta judicial al reconocimiento de un derecho o la determinación de quien es inocente o culpable, duerma años y años en los estantes judiciales, con métodos arcaicos, tortuosidades y dilaciones inhumanas. Con horror hemos de contemplar los daños que causan las excesivas e indebidas dilaciones y procedimientos hay que duran tanto como las cuatro etapas del hombre; es decir, toda una vida.

En Bleak House o Casa desolada, Charles Dickens escribe del famoso caso Jarndyce/Jarndyce como “este pleito de espantapájaros se ha ido complicando tanto con el tiempo que ya nadie recuerda de qué se trata (…); durante la causa han nacido innumerables niños; innumerables jóvenes se han casado; innumerables ancianos han muerto. Docenas de personas se han encontrado delirantemente convertidas en partes (…), sin saber cómo ni por qué; familias enteras han heredado odios legendarios junto con el pleito. El pequeño demandante, o demandado, al que prometieron un caballito de madera cuando se fallara el pleito, ha crecido, ha poseído un caballo de verdad y se ha ido al trote al otro mundo. Las jovencitas pupilas del tribunal han ido marchitándose al hacerse madres y abuelas; se ha ido sucediendo una larga procesión de cancilleres que han ido desapareciendo a su vez; la legión de certificados para el pleito se ha transformado en meros certificados de defunción; quizá ya no queden en el mundo más de tres Jarndyce desde que el viejo Tom Jarndyce, desesperado, se voló la tapa de los sesos en un café de Chancery Lane (…)”.

No sé si algún día el hombre al que me he referido y que justifica estas líneas será indemnizado por el Estado ante un patente “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia” y en aplicación de los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tener éxito en la pretensión, se me ocurre que con el dinero que reciba podría comprarse un reloj suizo, con todos los adelantos y hasta con números fluorescentes para la noche. Un reloj con mucha vida que le haga superar el amargo, bárbaro y desalmado tiempo de esos casi diez años de espera judicial. Camilo José Cela hubiera escrito unas páginas memorables –algo hizo con mano maestra en El asesinato del perdedor– dedicadas a las víctimas de la desidia de la Justicia, esa institución por la que Cronos, el anciano dios del tiempo, llora de impotencia y rabia al verla con tanta galbana.

21.000 voces contra la ‘politización’ y la falta de medios de la Justicia en España

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La Agrupación de Jóvenes Abogados, integrada en el Colegio de Abogados de Madrid y que engloba a 21.000 letrados, presentará este miércoles a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo un informe sobre la situación de la Justicia en España. En él denuncia la “intromisión del Ejecutivo en la Judicatura” a través del control de la elección del Consejo General del Poder Judicial, encargado de los nombramientos de los jueces.

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La Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid busca que el Parlamento Europeo “tome conocimiento” de la situación de la Justicia en España, caracterizada, a su parecer, por la “intromisión flagrante” del Ejecutivo y por una “carencia de medios estructurales” que ralentiza la labor de los jueces y “atenta contra las garantías fundamentales de los ciudadanos”.

Así consta en el escrito que la organización ha preparado para la comisión de peticiones del Parlamento Europeo y que será registrado en Bruselas dentro de 48 horas. El presidente de AJA, Juan Gonzalo Ospina, espera que la comisión admita a trámite la queja -“representamos a 21.000 abogados colegiados”, enfatiza- y convoque una audiencia que le permita dirigirse personalmente a los eurodiputados.

Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede enviar una petición al Parlamento Europeo, de forma individual o en asociación con otros, sobre un asunto relacionado con los ámbitos de actividad de la UE. Puede tratarse de una solicitud particular, una queja, una observación relativa a la aplicación del Derecho comunitario o un llamamiento para que el Parlamento Europeo tome posición sobre una cuestión concreta. Según figura en la página web de la institución, estas peticiones dan al Parlamento Europeo “la oportunidad de llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución”.

Nombramientos judiciales

Lo que AJA pretende es que el Parlamento Europeo “urja” al Gobierno español a revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en particular, el sistema de nombramiento de los cargos discrecionales: magistrados del Tribunal Supremo y presidentes del Tribunales Superiores y Audiencias, las “piezas clave en la arquitectura jurisdiccional del Estado español”.

“Se encuentra muy difundida entre la sociedad española la sospecha de que tales puestos se cubren atendiendo a criterios ajenos al mérito jurídico y muy vinculados a ‘consideraciones espurias’ como la ‘empatía personal’, la ‘afinidad ideológica’ o la ‘adscripción asociativa'”, señala.

A su juicio, el problema radica en que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano encargado de efectuar esos nombramientos, se compone de vocales “elegidos por los grupos políticos”. “Es cierto que los magistrados no son elegidos directamente por los políticos, pero es innegable que existe una profunda y perniciosa influencia de éstos en los nombramientos”, sostiene.

La solución “definitiva” pasa “obligatoriamente” por una reforma legal que “desvincule el gobierno judicial del poder político”. Y ello “requiere simplemente que los miembros del CGPJ sean elegidos democráticamente por y entre los propios jueces”, esto es, que “se vuelva” a la interpretación inicial del artículo 122.3 de la Constitución española (“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”).

Los 12 vocales del CGPJ de origen judicial fueron elegidos por y entre los propios jueces en 1980, cuando se constituyó el órgano de gobierno de la Judicatura. El PSOE modificó la ley en 1985 y entregó al Parlamento la designación de todos los consejeros. Aunque el PP prometió en su último programa electoral reinstaurar la fórmula de 1980, en realidad ha consolidado la elección parlamentaria de los miembros del Consejo.

Es preciso “impedir todo cuanto favorezca la designación de amigos políticos en la Judicatura”, afirma AJA, que considera que debe pensarse en fórmulas novedosas que garanticen que los cargos discrecionales de la Administración de Justicia sean designados “exclusivamente por mérito y capacidad”. Junto a una revalorización del criterio objetivo de antigüedad en la carrera judicial, el escrito propone otros mecanismos consultados con la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Entre ellos figura la preselección de candidatos mediante votación (“un juez, un voto”) en el ámbito territorial del cargo al que se opte.

Lentitud e impunidad

Para AJA, otro de los “grandes problemas” de la Justicia española es su “traumática lentitud”, con la “consecuente pérdida de eficacia de la doctrina juriprudencial que, cuando llega, en ocasiones llega tarde, asentando criterios interpretativos de realidades ya inexistentes o diferentes. Todo ello alimenta la inseguridad jurídica y el desconcierto de los ciudadanos, espanta a los inversores y relativiza el fundamento del Estado de Derecho”.

En el caso de la jurisdicción penal, la demora “genera una preocupante alarma social y un cierto sentimiento de impunidad, por cuanto una condena tardía, unida igualmente a un resarcimiento de la víctima (o de la entera sociedad en asuntos de corrupción) en los términos que corresponda, que se produce varios años después de cometido el ilícito refleja un absoluto desinterés del Estado para con sus ciudadanos”.

AJA cree que las principales causas de esta “lamentable imagen” que ofrece la Justicia en España son la carencia de medios, la irregular distribución de las cargas de trabajo por un ineficiente reparto de los asuntos judiciales, la falta de jueces y la necesidad de nuevos juzgados y tribunales que puedan atender las demandas de los ciudadanos.

Junto a ello, el escrito denuncia que se producen “constantes vuelcos al ordenamiento jurídico, inspirados por pactos políticos cuando no por el partido mayoritario en turno, que provocan inflación legislativa, de cuestionable calidad técnica y con un espíritu más atento a intereses coyunturales que a los requerimientos de orden, igualdad y seguridad jurídica del Estado de Derecho”.

“Tal desbocamiento legislativo”, afirma, “afecta irremediablemente a nuestros jueces, que (…) aplican e interpretan cada vez normas diferentes, lo que provoca una progresiva disminución de la eficacia de la jurisprudencia cuyos criterios tardíos, pocas veces uniformes y sostenidos en el tiempo, vienen a solucionar una problemática ya solventada o sustituida por otra de índole distinta”.

La legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos: un fallo controvertido

 

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La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo plantea una cuestión de fondo: si la Corte ha sobrepasado una línea roja al imponer, por una precaria mayoría, su particular visión sobre el asunto invadiendo el terreno de los legisladores. Los cuatro magistrados disidentes -entre ellos el juez Roberts, presidente del tribunal- creen que el Supremo se ha anticipado a las normas que cada Estado quiera darse.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizó el pasado 26 de junio, por cinco votos contra cuatro, el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los Estados que forman la Unión. La reacción a esta decisión ha sido celebrada de manera unánime por el oficialismo político de ambos lados del Atlántico sin prestar atención quizá a lo que verdaderamente se ventilaba en este asunto. Cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre el matrimonio, legítimas todas, pero este hecho no es el que se decidía en el caso presentado ante el más alto tribunal estadounidense. O, al menos, así era en un principio.

Muy pocos parecen haber reparado en lo que sostienen los cuatro magistrados disidentes, entre los que se encuentra el propio presidente del Tribunal, el juez Roberts, y el más antiguo miembro de la Corte, el controvertido a la vez que respetado juez Scalia. La lectura de las primeras páginas del voto particular redactado por Roberts (al que se unen Scalia y el juez Thomas) es una lección magistral sobre las raíces del Estado liberal y el papel que la Constitución de 1787 otorga a los tribunales.

La capacidad de legislar corresponde en exclusiva a los miembros de la comunidad y se articula a través del proceso político de decisión mediante la elección de aquellos ciudadanos que habrán de ejercer la representación ante las cámaras legislativas. Así, la labor de los tribunales no es otra que hacer cumplir las leyes que, fruto del pacto social, se han dado los hombres para poder desarrollarse en libertad y paz. El Tribunal Supremo es el máximo intérprete de la ley y le corresponde interpretar en último término la propia ley de leyes, es decir, la Constitución. Pero, ¿qué ocurre cuando el máximo intérprete se adelanta al proceso de decisión político o invade el terreno que a éste le corresponde? Los magistrados disidentes denuncian que exactamente eso es lo que ha ocurrido en la decisión mayoritaria.

Sin entrar a valorar la conveniencia o no del matrimonio entre personas del mismo sexo, estos jueces afirman que bajo la Constitución es al legislador, en primer lugar, al que corresponde decidir sobre este tipo de cuestiones. Ya sea estatal o federal, el poder legislativo representa el sentir de la mayoría de los votantes y, por lo tanto, es el que tiene la legitimidad democrática para imponer las normas que han de regir a la comunidad. El Poder Judicial habrá de velar por que esas normas se cumplan y que ni los ciudadanos ni las instituciones actúen en contra de ellas. Los tribunales son los guardianes de la libertad individual de los ciudadanos frente a los eventuales quebrantos que puedan producirse, vengan desde intereses particulares o desde las propias instancias del poder.

Anticiparse al legislador

En el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo, los magistrados disidentes sostienen que el tribunal está imponiendo la visión particular de cinco jueces sobre un tema que corresponde únicamente al legislador. Se menciona la situación de Massachusetts, California y otros Estados en los que ese tipo de matrimonios es legal después de que los correspondientes Parlamentos hayan aprobado normas en ese sentido. En estos casos la decisión ha sido impecable y acorde con la legalidad, dicen. Lo que no puede hacer el Supremo es anticiparse a las normas que las comunidades quieren darse.

Como ejemplo de Estado federal por antonomasia, en Estados Unidos cada territorio tiene amplios poderes legislativos. Ello explica que se produzcan diferencias importantes, como el hecho de que en algunos lugares exista la pena de muerte y en otros no, se pueda vender y consumir marihuana o que la regulación sobre la tenencia y uso de armas sea tan distinta en función de dónde nos encontremos.

Todas estas circunstancias reflejan la pluralidad de una nación con sensibilidades muy diversas, que la propia Constitución protege y ampara. Lo que hace el Tribunal Supremo en este caso es invadir una competencia de decisión que corresponde únicamente a los Estados, sostienen los discrepantes. El juez Scalia recuerda en su voto particular los mecanismos existentes para cambiar las normas y anima a los partidarios de una u otra posición a realizar campaña en el sentido que deseen para cambiar la ley, pero considera que en ningún caso puede corresponder a nueve jueces no elegidos democráticamente la función de imponer su visión particular sobre un tema debatido y debatible sobre el cual la Constitución se mantiene silente.

Esta sentencia, con sus correspondientes votos particulares, será estudiada por las generaciones venideras, ya que modifica y establece un nuevo marco de actuación de los tribunales. Hasta la fecha, el Tribunal Supremo había sido muy cauto en la determinación de las competencias que corresponden a cada uno de los tres poderes, a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos, donde los Tribunales Constitucionales (son lo órganos que más se le parecen) se pronuncian continuamente sobre cuestiones de índole político y ello sobre la base en una interpretación extensiva del ámbito constitucional.

Siguiendo la línea argumental de los jueces disidentes, no estaría de más preguntarnos si no resulta peligroso sobrepasar ciertas líneas rojas, por más que sea por una noble causa. En esto estamos en muchos países europeos y parece que ahora también en Estados Unidos.

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José Manuel Maza Muriel, es abogado y Máster en Derecho y Arbitraje Internacional por la Universidad de Georgetown.