La faena de la prensa catalana

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Jordi Pérez Colomé nos obliga a preguntarnos, de episodio sórdido en episodio sórdido, por qué desde los inicios del pujolismo toda la porquería que rodeaba a la Sagrada Familia gobernante fue sistemáticamente enterrada en la arena del oasis informativo catalán.

Ilustración: Javier Muñoz

Siempre hemos seguido a Felipe González por lo bien que se explica. Así cuando prometió un referéndum para sacar a España de la OTAN y lo celebró para mantenerla. O cuando lo de “no hay pruebas ni las habrá” -cadáveres en cal viva aparte-, pero que conste que “al Estado se le defiende también en las alcantarillas”.

No me extraña pues que siga siendo el gran referente intelectual del PAIDECLA -Partido de las Ideas Claras-, vulgo PSOE. A esa claridad de luminaria acaba de contribuir con sus centelleantes idas, venidas y revenidas sobre la actual encrucijada catalana. Ya sabemos que cuando escribió que la situación creada por Mas “es lo más parecido a la aventura alemana o italiana de los años treinta del siglo pasado” no se refería en absoluto a “que haya una intención fascistizante o conducente al fascismo hoy en Catalunya”, o sea a que se convoquen multitudinarias manifestaciones de adhesión al régimen, compartimentando a los ciudadanos provistos de cartulinas de distintos colores por demarcaciones, gremios e incluso preferencias sexuales. ¡Qué va! Se refería probablemente al súbito incremento de las ventas de las películas de Cinecittá, los textos de Marinetti y las canciones de Alfredo Clerici entre los barceloneses.

Y sobre todo ya sabemos que Glez, como le llamaba Umbral, está “absolutamente” a favor de que la Constitución reconozca “la identidad nacional de Cataluña” pero “absolutamente” en contra de que la Constitución reconozca a “Cataluña como nación”, lo que le ha hecho merecedor del aplauso sucesivo de toda la plana mayor del PAIDECLA. Nada nuevo bajo el PSOE.

Quien sí ha aportado diferencia a la polémica ha sido su brillante entrevistador Enric Juliana al presentar pruebas documentales de que si bien le preguntó por el  reconocimiento de la “identidad nacional de Cataluña” y luego alteró la transcripción haciendo creer que le había preguntado por el reconocimiento de “Cataluña como nación”, la “oficina” del ex presidente -o sea su veterano jefe de prensa Joaquín Tagar- dio por bueno el “resumen” y añadió: “Nada que objetar”.

La clave está pues en el “resumen”. Había que resumir: “identidad nacional de Cataluña” tiene cuatro palabras y “Cataluña como nación” sólo tres. ¿Pero por qué no escribió Juliana “identidad catalana” que son dos palabras y nos habrían dejado a todos tan contentos? Pues porque esto del soberanismo de la puta y la Ramoneta es como quien juega a las siete y media obsesionado con no quedarse corto. Por eso Maciá proclamó en el 31 la “Republica Federada Catalana dentro de la República Española” y Companys en el 34 el “Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Uno y otro se pasaron de listos, sencillamente porque el contenedor en el que situaban su continente no existía.

Y no existía porque las Cortes, con rotunda mayoría de centro izquierda, asumieron la tesis del presidente de su Comisión Constitucional, el socialista Luis Jiménez de Asúa, y proclamaron que “La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones”. Asúa lo explicó en el debate de totalidad en términos que parece entender mejor Susana Díaz que Pedro Sánchez: “No hablamos de un Estado federal porque federar es reunir. Se han federado aquellos Estados que vivieron dispersos y quisieron reunirse en colectividad”. Asúa anhelaba con sentido visionario una “federación de Europa” y “precisamente eso -añadía- es lo que nos ha hecho pensar en el Estado integral y no en el Estado federal”. ¿Qué pasa, paisano Luena? ¿Es que en Ferraz nadie lee a sus clásicos?

la feyna de la prempsa

Ilustración: Javier Muñoz

A propósito de los años 30, siempre he tenido la sensación de que, más que en el de Pla, Juliana intenta mirarse en el espejo de William L. Shirer y busca sobresaltos troglodíticos, con ahínco digno de mejor suerte, en el Madrid cloroformizado por el Estafermo. Su triquiñuela para sacar a Glez de su apócope mental y hacerle decir un poco más de lo que dijo sería irrelevante fuera del circo de los sintagmas en el que trapecistas y payasos entretienen a los catalanes. Pero es definitoria en su cotidiana nimiedad del papel esencial asignado a la prensa por los impulsores del soberanismo como portavoz de una agenda política irredentista, atizador de un clima social de agravio y gota malaya de un insomnio colectivo permanente.

También me ha llamado la atención que este colega considere una práctica “habitual” enviar el texto de una entrevista al entrevistado para que pueda corregirla antes de su publicación. No digo que no haya veces en que esté justificado, o que yo mismo no lo haya hecho en casos concretos -de hecho el Código Ético de EL ESPAÑOL no lo excluye taxativamente como proponían algunos compañeros- pero de ahí a considerarlo poco menos que una fase del proceso editorial, hay un trecho. El trecho de la condescendencia al final del cual resulta que “la mejor entrevista a Pujol” fue, según Pujol, una en la que Pujol no sólo puso las respuestas de Pujol sino también las preguntas a Pujol. Adivinen quién y cómo la publicó.

Podrán leerlo mañana en la tercera entrega de la impactante serie de investigación de Jordi Pérez Colomé El libro negro del periodismo en Cataluña. Tras entrevistar a más de ochenta redactores, directores, editores y personajes de toda laya de la galaxia mediática, Pérez Colomé nos obliga a preguntarnos, de episodio sórdido en episodio sórdido, por qué “ante casos flagrantes de corrupción la prensa catalana no ha clamado; ante casos dudosos, no ha insistido; ante casos ignorados, no ha rebuscado”.

Es decir por qué desde los inicios del pujolismo toda la porquería que rodeaba a la Sagrada Familia gobernante, empezando por el escándalo de Banca Catalana, siguiendo con el 3% denunciado por Maragall hace ya diez años y desembocando en el “todos eran mis hijos” de la seudoconfesión del patriarca, fue sistemáticamente enterrada en la arena del oasis informativo catalán. Y por qué aun hoy tienen que ser periodistas “foráneos” como Esteban Urreiztieta y Daniel Montero quienes descubran en un medio nonato como EL ESPAÑOL que las comisiones de los Pujol eran del 5% y que su monto les permitió trenzar una trama transcontinental de evasión y blanqueo que unía Andorra con Delaware, Londres con Gabón y los proyectos de ferrocarriles en Turquía con los de las granjas de cerdos en Brasil.

Desde los inicios del pujolismo toda la porquería que rodeaba a la Sagrada Familia gobernante, empezando por el escándalo de Banca Catalana, siguiendo con el 3% denunciado por Maragall hace ya diez años y desembocando en el “todos eran mis hijos” de la seudoconfesión del patriarca, fue sistemáticamente enterrada en la arena del oasis informativo catalán

La respuesta es que durante estas cuatro décadas de democracia la casi totalidad de los medios catalanes han hecho suyas las tesis del llamado “nuevo orden informativo internacional”, impulsado en los 70 y 80 por el director general de la UNESCO, el senegalés Amadou Mahtar M’Bow, según el cual en los países del Tercer Mundo debía anteponerse el “proceso de construcción nacional” a los valores del “periodismo occidental”. O sea que la  autocensura en sus modalidades más groseras o sutiles debía proteger el “Procés” porque lo que era bueno para los Pujol, sus aliados y amigos era bueno para Cataluña.

En otras ínsulas de la España autonómica han ocurrido fenómenos similares -los aupados por cada hecho diferencial siempre se abalanzaban sobre las cajas de ahorros y la prensa-, pero su alcance e intensidad han sido mucho menores. El caudal de dinero invertido por las instituciones controladas por los nacionalistas en el empeño de uniformar a la prensa no tiene precedente en el mundo democrático.

En la práctica en Cataluña no han existido sino medios públicos como TV3, medios concedidos como las emisoras de radio más furibundas y medios concertados como los periódicos cuya cuenta de resultados depende de millonarias subvenciones. En ese escenario no es de extrañar que la cómoda tentación de la servidumbre voluntaria, “la adherencia emocional a la causa catalana” según Pérez Colomé, haya tenido su complemento perfecto en “el temor a un poder total con un sinfín de maneras de imponerse”.

Claro que han existido y existen las excepciones individuales de quienes nadan contra corriente -y conste mi homenaje al equipo de El Mundo de Cataluña en su veinte aniversario-, pero en su conjunto el periodismo catalán, en lugar de ejercer de contrapoder y perro guardián de la democracia, ha sido cómplice activo de la manipulación nacionalista y, junto con el estamento docente, es el gran culpable de que entre mentiras mil veces repetidas y verdades mil veces ocultadas, hayamos llegado a la situación actual con media Cataluña enfrentada civilmente a la otra media. Si la prensa hubiera cumplido allí con su obligación, como algunos lo hicimos por ejemplo en Baleares, Convergencia habría quedado hace tiempo reducida a la misma condición de asociación para delinquir con que se recuerda ahora a Unió Mallorquina, sus líderes habrían merecido una suerte equivalente a la de Munar y compañía y el manantial del que brotaba el dinero con el que se ha narcotizado y envenenado a la sociedad catalana habría sido confiado a guardianes más honrados y leales.

Durante estas cuatro décadas de democracia la casi totalidad de los medios catalanes han hecho suyas las tesis del llamado “nuevo orden informativo internacional”, impulsado en los 70 y 80 por el director general de la UNESCO, el senegalés Amadou Mahtar M’Bow, según el cual en los países del Tercer Mundo debía anteponerse el “proceso de construcción nacional” a los valores del “periodismo occidental”

Por mucho que ahora traten de distanciarse de la purulenta figura que la Justicia y la qué-coño-es-la-UDEF están empezando a iluminar, todos los agrupados para decir “No” a la España constitucional mediante su orwelliano “juntos por el Sí”, e incluso los zapatófilos de la CUP, no son sino el producto del modelo totalizador y reduccionista, impulsado por Pujol desde la Generalitat, en paralelo al saqueo de Cataluña. Todo un ejemplo de ingeniería social a caballo entre el fanatismo público y la rapiña privada. De ahí que Javier Muñoz y yo hayamos querido hoy remedar la histórica portada del 2 de enero de 1902 con que se presentó en sociedad el  ¡Cu-Cut!, primera revista satírica en catalán que alcanzó tiradas masivas.

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Su protagonista, el payés con barretina y pañuelo con lazada que daba nombre al semanario y que sin duda inspiró a los padres de Pujol cuando lo engendraron rellenando el molde, aparecía manejando un tórculo o prensa para estampar grabados, bajo un titular en catalán arcaico: “La feyna de la prempsa catalana”. ¿Y en qué consistía esa “feina”, esa tarea, ese trabajo? Pues, tal y como mostraba el dibujo, en aplastar y estrujar a una serie de individuos variopintos de forma que su sangre se vertiera en una palangana y de ella brotaran jubilosos espermatozoides con barretina, a modo de réplicas de su creador. Una parodia de la famosa cita de Tertuliano sobre los mártires y los primeros cristianos rubricaba la página: “Sanguis cacicarum, semen catalanistarum”.

En relación a esta exhumación hemerográfica vienen hoy a cuento dos precisiones diferenciales. La primera que el periodismo lligaire -vinculado a la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó- que practicaba el ¡Cu-Cut! era entonces una meritoria actividad de riesgo y por eso en 1905 la redacción fue arrasada por un grupo de militares iracundos, ofendidos en su honor por una viñeta más bien inocua sobre las derrotas del 98. La segunda es que lo certero sería darle ahora la vuelta a la parodia para decir “Sanguis catalanistarum, semen cacicarum” porque en definitiva son los catalanes de a pie los que han sido estrujados y expoliados de una parte de su identidad y de sus dineros para inseminar y expandir el cacicazgo nacionalista.

Nada de eso hubiera sido posible sin la complicidad servil de sus tórculos mediáticos. Sin esa presión cotidiana sobre el cerebelo colectivo, el independentismo en una democracia integrada en la Unión Europea, en la era de la globalización, sólo sería motivo de risa o de lástima. Pero Pujol se puso manos a la obra porque sabía que querer no es poder, que, en palabras de Salvat Papasseit, divulgadas por el mejor Serrat, “tenir un propòsit no és fer feina”. El “propòsit” habitaba en él, faltaba la “feina”. Y esa “feina” es la faena que nos ha hecho a todos la prensa catalana.

Lee aquí los dos primeros capítulos de ‘El libro negro en Cataluña’:

1. La corrupción / 2. La comunidad

La irregular atención sanitaria al extranjero en situación ilegal

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El ministro de Sanidad busca un acuerdo para devolver a los extranjeros en situación irregular la asistencia sanitaria primaria, tres años después de que el mismo Gobierno -con Ana Mato como titular de la cartera- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo. Esta norma no gusta ni a los miembros del propio Partido Popular, como demuestran los anuncios de deserción en varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por ‘populares’. 

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Imagen: Moeh Atitar

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) busca un acuerdo para devolver a los inmigrantes irregulares la asistencia sanitaria. Lo hace tres años después de que el mismo Gobierno -aunque con Ana Mato a la cabeza- aprobara el polémico Real Decreto que despojó de este derecho al colectivo (RD 16/2012). Se trata de una norma que parece no satisfacer ni a los miembros del propio Partido Popular como demuestran los anuncios de ‘deserción’ desde el inicio, que se han multiplicado desde las elecciones autonómicas. El último, el del gobierno madrileño presidido por Cristina Cifuentes.

El penúltimo intento de enmienda de la situación se produjo esta semana. Sanidad presentó a las comunidades autónomas un acuerdo para armonizar la atención social y sanitaria a los extranjeros en situación irregular. Lo que el secretario de Estado de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, ha propuesto a los representantes de las consejerías es que los extranjeros en situación irregular y sin recursos acrediten una residencia de seis meses en España para poder tener acceso a una atención similar al resto de la población, aunque con una importante diferencia: para acudir al médico, se les dará un documento acreditativo previo a su inclusión en una base de datos “a la que se pueda acceder desde todos los centros sanitarios”.

Así, la situación actual es, como mínimo, indefinida. La pregunta que surge es cómo y por qué se ha llegado hasta aquí.

cobertura-sanitaria1. El Gobierno publica el Real Decreto-Ley 16/2012.

El 20 de abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Era una propuesta del Ministerio de Sanidad presidido entonces por Ana Mato.

Según explica a El Español la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín, el propio nombre del decreto incluye la supuesta explicación del mismo. “Las razones que se aducen son económicas y enmarcadas en el contexto de la crisis”, comenta. Según el médico de Atención Primaria y economista de la salud Javier Padilla, hay otra razón: “Si un inmigrante irregular tiene derecho a la asistencia sanitaria en España, esta se traslada a cualquier país europeo al que vaya el inmigrante, que luego le facturaría su atención a España”. “No querían cargar con esto y la excusa fue siempre la del ahorro económico, pero sin datos para apoyar la medida”, comenta Padilla. Las autoridades sanitarias cuantificaron la medida en la “desactivación” de 800.000 tarjetas sanitarias.

A efectos prácticos, los extranjeros en situación irregular no podrían recibir atención sanitaria excepto en Urgencias. La excepción eran los niños y las mujeres embarazadas.

Tanto Padilla como Martín apuntan también a un cambio “menos divulgado y más importante” que supuso la entrada en vigor del decreto. “La atención sanitaria pasó de estar considerada como un derecho a estar vinculada al trabajo”, señala Padilla. O, en otras palabras, pasó de asociarse al pago de impuestos a hacerlo a la cotización laboral. Así, sólo las personas que cotizaban y sus beneficiarios tendrían derecho a una atención sanitaria y los que no lo hacían, no. En el caso de los españoles e inmigrantes ‘legales’, esto se solventaría asignando una partida presupuestaria para su atención médica. Para las personas en situación irregular, no. “Se da la tremenda e injusta paradoja de que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos, pero no pueden acceder a la sanidad”, apunta Padilla.

La presidenta de Médicos del Mundo hace un símil con la educación: “Es como si sólo tuvieran derecho a la enseñanza los niños hijos de padres trabajadores; eso es lo que se hizo con la salud con la aprobación de este Real Decreto, impedir que la atención sanitaria sea un derecho universal”.

2. Varias CCAA anuncian que seguirán dando atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados.

Lo que sucedió justo después de la aprobación del Real Decreto es definido por Martín como “un absoluto galimatías”. “Prácticamente todas las comunidades autónomas han ido proporcionando vías alternativas de entrada al sistema, aunque algunas han sido más rígidas y otras más díscolas”, subraya. Andalucía y Asturias anunciaron su rebeldía casi de inmediato y, para Padilla, son las que más han seguido tratando a los extranjeros en situación irregular.

Las medidas, efectivamente, fueron muy variadas. En algunas regiones, se les daba atención a los afectados con unos ingresos menores de una cifra determinada, en otras se les facilitaba la asistencia a atención primaria pero no especializada y en algunas el problema se centraba más en el acceso al medicamento. “Las desigualdades eran abismales”, comenta Martín, que cita un informe (PDF) publicado por Médicos del Mundo con datos sobre la situación dos años después.

Padilla apunta a la diferencia entre el derecho y el acceso. “Aunque algunas regiones bordeaban el problema dando tarjetas especiales, este derecho no llegaba a personas sin dominio del lenguaje o domicilio fijo, por citar sólo dos barreras de acceso”. En la misma línea, Martín apunta a la falta de información “incluso dentro de la misma comunidad”. Las consecuencias, según la ONG que preside: diagnóstico de muchas enfermedades cuando estas ya estaban avanzadas. El ejemplo paradigmático es la tuberculosis, que hasta su diagnóstico puede ser fácilmente transmisible, sobre todo si se vive en condiciones de hacinamiento. “La gente pensaba que no tenía derecho y a eso había que añadirle el miedo habitual que acompaña a este colectivo”. Padilla va más allá: “Ha habido gente que ha fallecido, aunque es muy difícil demostrar la relación causal”.

El médico comenta una medida que se puso en marcha de forma paralela: la creación de un registro de médicos objetores de conciencia que se negaban a desatender al colectivo afectado.

3. Navarra interpone un recurso contra el RD 16/2012 ante el Tribunal Constitucional, que lo admite a trámite.

Casi a la vez que algunas regiones anunciaban su rebeldía en la aplicación del Real Decreto, otras lo hacían por la vía legal. La primera fue Navarra, que interpuso un recurso contra la norma en el mes de julio de 2012. Le siguió Andalucía y Cataluña. Para la presidenta de Médicos del Mundo “cualquier forma de intentar frenar el Real Decreto” era un apoyo, aunque esta medida no estaba tan centrada en la práctica. “Era más por un tema de competencias, por saber si la gestión de la norma correspondía al Gobierno o a las comunidades autónomas”.

4. El ministro Alfonso Alonso anuncia que el Gobierno devolverá a los inmigrantes irregulares la atención primaria.

Durante casi tres años se sucedieron las noticias sobre la aplicación de la normativa, así como sobre las alternativas que ideaban las comunidades y las ONG para que nadie quedara sin asistencia sanitaria. En noviembre de 2014 dimitía Ana Mato y Alfonso Alonso era nombrado nuevo ministro de Sanidad. Apenas cuatro meses después de su nombramiento, abordaba el asunto de la atención sanitaria a los extranjeros en situación irregular y anunciaba que podrían acceder a la Atención Primaria. Una bienvenida a los ambulatorios que pilló por sorpresa a muchos.

“Las razones habría que pedírselas a ellos, pero nosotros no vimos ningún hilo conductor. Pudo influir un informe (PDF) del Defensor del Pueblo sobre la situación de las urgencias hospitalarias”, comenta Martín.  Para la presidenta de Médicos del Mundo, el anuncio “que no vino acompañado de nuevos pasos”, estaba acompañado de “conceptos peligrosos”. “Parecía que se devolvía la Atención Primaria para evitar colapsar las Urgencias, como si fuera los inmigrantes los que tuvieran la culpa de este colapso”, añade.

“Las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, la Atención Primaria es más efectiva”

“Está claro que las Urgencias son más ineficientes y más intervencionistas, y que la Atención Primaria es más coste efectiva. Al final parecía lo que era: que la medida no había servido para ahorrar, porque lo que realmente hubiera ahorrado dinero era lo que no se podía hacer, suprimir la asistencia sanitaria en su totalidad, algo que afortunadamente no permiten los convenios internacionales”, comenta por su parte Padilla.

5. Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria anuncian que darán cobertura sanitaria a inmigrantes.

El mayo de 2015 tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales. A un cambio del panorama político se sucede un aluvión de anuncios de que se prestará atención sanitaria completa a los extranjeros en situación irregular. No es casual. En marzo de este mismo año todos los partidos de la oposicion, salvo Ciudadanos, habían pactado esto en una declaración institucional promovida por Médicos del Mundo. “Hubo un cambio en la balanza de poder y se apuntaron incluso comunidades en las que gobernaba el PP, aunque en minoría”, comenta Padilla, que cree que la reactivación del asunto tiene también que ver con la cercanía de las elecciones generales. “Es un tema que va a sonar”, apunta el médico.

Para Martín, el anuncio es “muy positivo”, aunque lógico dentro del compromiso adquirido por los partidos dos meses antes. “Se puso en marcha”, resume.

6. La Comunidad de Madrid anuncia que dará cobertura sanitaria a inmigrantes irregulares.

La última suma a esta rebelión masiva la ha protagonizado una figura emblemática del propio Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que gobierna apoyada por Ciudadanos, anunció el pasado 22 de agosto que daría atención sanitaria a este colectivo. Aunque al principio habló de crear un documento especial para los extranjeros en situación irregular, el diario El País filtró un documento que ordenaba la atención inmediata a cualquier persona “con o sin documentación”.

7.  Sanidad propone crear un registro de inmigrantes irregulares para conseguir la atención sanitaria.

El pasado 25 de agosto, el MSSSI anunciaba su intención de devolver la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, pero con una salvedad: lo harían tras inscribirse en un registro de personas en su situación. “De primeras, nos parece peligroso y disuasorio, además de multiplicar la burocracia con la creación del registro y no la eficiencia”, comenta Martín, que se pregunta por qué no volver a la situación anterior al Real Decreto. “Todos los que tenemos tarjeta sanitaria estamos en un registro, que es de la propia tarjeta, no hay necesidad de crear otro y encima excluyente”, añade.

“¿Quién se va a querer apuntar ahí?”, se pregunta por su parte Padilla, que recalca que esta propuesta no regula la atención sanitaria como derecho.

8. Sanidad propone que los inmigrantes lleven seis meses empadronados para recibir asistencia sanitaria.

La última pieza de este puzle (lejos de ser la última) es la propuesta lanzada esta semana por Sanidad a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación. La principal novedad es que propone que los extranjeros acrediten una residencia de seis meses para poder recibir asistencia. Además, tendrán que identificarse, aportar “una justificación de no disponer de recursos suficientes”, una “declaración responsable de no tener cobertura sanitaria por ninguna otra vía” y un “documento de que no procede la exportación del derecho a la asistencia sanitaria”.

Con esta propuesta, Sanidad pretende “que no se genere la obligación para España de atender gratuitamente a personas cuya asistencia ha de ser cubierta por su país de origen” y que “no se pueda exportar el derecho a ser atendido en otro país a cargo del Sistema Nacional de Salud”.

Padilla cree que con esta medida “no se da el paso necesario de volver a considerar la asistencia sanitaria un derecho”, por lo que aboga por la derogación -“quizás no total”- del Real Decreto de la polémica. La presidenta de Médicos del Mundo en España se manifiesta en la misma línea. “El derecho a la salud tiene que ser un derecho humano”, concluye.

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Todos los detalles de la jornada con la opinión de Pedro J. Ramírez, la información de nuestros reporteros y los gráficos de Antonio Delgado, Patricia López y David Domínguez. 

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