Iguala sigue sin respuestas un año después

guerrero2La desaparición de 43 estudiantes en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, el año pasado sigue siendo un oscuro misterio. Después de que la fiscalía los diera por muertos, un nuevo informe otorga nuevas vías para mantenerlo abierto. Un año. Y México todavía no tiene respuestas.

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de magisterio desaparecieron del municipio de Iguala, en el estado suroccidental de Guerrero, para no volver a ser vistos. La tragedia se ha convertido en un escándalo a gran escala que toca a sicarios, policías y políticos y ha llevado a la detención de un centenar de personas.

En las últimas semanas, el caso ha dado un giro de 180 grados después de que un informe de peritos independientes pusiera en entredicho la versión de la fiscalía de que los estudiantes fueron cremados en un basurero, así como otros aspectos de la investigación oficial.

México se ha movilizado durante este año para pedir justicia en la calle y en las redes sociales bajo lemas como “Ya me cansé”. No han faltado los disturbios. Y hay una gran manifestación estudiantil convocada para este fin de semana en Iguala. Mientras, los padres de los desaparecidos, que se niegan a desistir, se reunieron el jueves con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para exigirle que encuentre por fin a sus hijos.

Estas son las claves de un caso complejo y lleno de incógnitas que estremece y agita al país de habla hispana más poblado del mundo.

La versión de la fiscalía

Estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa -una institución educativa de origen revolucionario- llegaron a Iguala el 26 de septiembre de 2014 tras desviarse de su ruta original a Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero. Su propósito era recabar fondos y hacerse con autobuses para viajar a México DF para participar en la conmemoración de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968, en la que el Gobierno arremetió contra manifestantes pacíficos.

En Iguala, los estudiantes tomaron por la fuerza varios autobuses y estalló una reyerta con la policía municipal, una extensión del narco, según la Procuraduría General de la República -la fiscalía federal- . La policía abrió fuego. Hubo muertos y heridos y 43 estudiantes fueron secuestrados.

Agentes de policía entregaron a los estudiantes a miembros del cártel local Guerreros Unidos. Fueron transportados hacinados a un basurero en la localidad vecina de Cocula. Allí, los sicarios ejecutaron a aquellos que no habían muerto asfixiados y luego quemaron los cuerpos en una gran hoguera. Los sicarios metieron los restos en bolsas de basura y las arrojaron al río.

Los presuntos autores intelectuales del crimen, el alcalde de Iguala y su mujer, vinculados al narcotráfico, fueron detenidos en noviembre del año pasado. Unos dos meses más tarde, en enero de este año, las autoridades mexicanas dieron por muertos a los 43 “normalistas” -estudiantes de la escuela normal- desaparecidos. El Gobierno intentó pasar página.

La fiscalía encontró restos en el río San Juan y en el basurero de Cocula. De estos, se ha podido identificar a dos estudiantes. Uno de ellos es Mora Venancio, que fue identificado el año pasado. El segundo es Jhosivani Guerrero de la Cruz, que fue identificado la semana pasada, después de la publicación de un informe peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aparte de los restos, la versión de la fiscalía se sostiene fundamentalmente en testimonios de los detenidos, si bien varios de estos han denunciado torturas.

El informe independiente

Pero hace unas tres semanas, expertos independientes de la CIDH presentaron un informe que cuestiona que los estudiantes fueran quemados en el vertedero de Cocula y subraya numerosas inconsistencias en los testimonios de los implicados.

De acuerdo con el informe, “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira [una gran hoguera] para la cremación de inclusive un solo cuerpo”. Por ejemplo, el fuego, según la versión oficial, estuvo activo unas 15 horas. Pero los cálculos del grupo de expertos indican que cremar a 43 personas requiere que las llamas estén encendidas alrededor de 60 horas.

Uno de los supuestos participantes en la cremación declaró que se utilizaron entre 10 y 15 neumáticos para la hoguera y el resto se completó con madera. Pero la cantidad de madera necesaria para completar ese número de neumáticos y cremar un solo cuerpo es de unos 700 kilos, según el informe. De hecho, para cremar tantos cuerpos se necesitarían unas 30 toneladas de madera. El informe indica que no hay evidencia de que semejante carga de combustible hubiera estado disponible en las cercanías del basurero. Por otro lado, no hay daños generalizados en la vegetación y la basura, daños que una hoguera de esas condiciones hubiera provocado.

Los restos encontrados señalan que al menos uno de los estudiantes fue incinerado. Pero “este informe muestra la imposibilidad de que el basurero de Cocula, en las circunstancias y tiempos señalados en el expediente, sea dicho escenario”.

Por otro lado, el texto sugiere que un quinto autobús puede ser un elemento central del caso. La hipótesis sostiene que en ese autobús había drogas o dinero y que eso desencadenó las represalias: “El resto de explicaciones posibles, como confusión con un grupo del narco o la delincuencia organizada, es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados, con las circunstancias de la llegada de los normalistas a Iguala, o con la sola circunstancia de castigo contra los normalistas como represalia por la toma de autobuses, que no explican la masividad, la reacción tan hostil”.

El informe dice además que no sólo hubo policías municipales implicados en la tragedia, sino que el Ejército y la Policía Federal presenciaron los ataques. Los expertos han pedido hablar con los militares destinados en Iguala.

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Familiares de los desaparecidos no han parado de manifestarse exigiendo una investigación a fondo de la tragedia.

Un Gobierno criticado

Un sondeo trimestral divulgado a principios de este mes revela que la popularidad del presidente Peña Nieto ha caído a un 35%, su peor nivel desde que está en el poder, informa la edición mexicana de El Economista. “El momento de Peña Nieto, el momento de México, que se estaba viviendo hasta hace un año atrás de repente fue sacudido primero por los hechos de Iguala y luego por la crisis económica”, explica Carlos Malamud, experto en América Latina del Real Instituto Elcano. “Pero los crímenes de Iguala tuvieron un impacto político muy fuerte sobre la estabilidad y gobernabilidad del país”.

Muchos han criticado la actuación del Gobierno federal en la gestión de la crisis de las desapariciones. Las autoridades federales tardaron en hacerse cargo de la situación y tomar las riendas de la investigación porque el Gobierno consideraba que era competencia de los poderes municipales o estatales, dice Malamud.

“La actuación del Gobierno ha sido tardía y por ello pareciera que siempre ha estado un paso atrás en la atención a las víctimas”, afirma María Elena Morera, activista por los derechos de las víctimas, en correo electrónico desde México. “El informe del grupo de expertos de la CIDH nos deja en claro justamente el atraso que tuvo la autoridad federal para investigar (…). Fue un error de tiempo y fue omisión en partes clave de la investigación que se quedó a nivel de los dichos de criminales y no en la plena comprobación científica del suceso”.

La ONU ha criticado al Gobierno mexicano por la gestión de las desapariciones. Human Rights Watch también ha apremiado a las autoridades a actuar y ha señalado deficiencias en su investigación.

Las familias hablan de crimen por parte del Estado federal. “De alguna manera aquí lo que está en discusión es si, como denuncian los familiares de las víctimas esto fue un crimen de Estado, con grandes responsabilidades en el Gobierno federal -cosa que evidentemente no ha sido así- o si, como estiman muchos observadores independientes, se trata de un crimen interesado por autoridades locales vinculadas a narcotraficantes con algunas complicidades o negligencias por autoridades o bien estatales o bien federales”, opina Malamud. “Pero de ahí a considerarlo como un crimen de Estado hay un largo recorrido”.

¿Y ahora qué?

A día de hoy, no hay una explicación sólida que justifique la virulencia de la represalia contra los estudiantes de magisterio. El líder de los Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias dijo en su testimonio que sospechaban que los estudiantes eran miembros de la banda rival Los Rojos. La hipótesis del autobús del grupo de expertos intenta arrojar un poco de luz sobre el caso. “El informe es un buen avance; sin embargo, está aún incompleto y por ello es justo que los investigadores lo completen,” dice Morera.

“El informe deja también cabos sueltos, que dificultan una clara resolución del caso”, afirma Malamud, en referencia a aspectos como la teoría del quinto autobús que, considera, constituirán el foco de las investigaciones en los próximos meses.

Ante esa incertidumbre, los familiares de los 43 estudiantes se han reunido este jueves con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para presentarle ocho peticiones, entre ellas la creación de un cuerpo exclusivo que investigue los hechos. Nieto ha asegurado que el caso sigue abierto, a pesar de que la fiscalía le hubiera dado carpetazo a principios de año, y que “estamos del mismo lado”.

Entre otras cosas, su Ejecutivo ha ofrecido seguir las recomendaciones del grupo de expertos independientes y crear una fiscalía para desaparecidos. También ha propuesto crear un grupo de peritos del más alto nivel e invitar al doctor José Torero -que hizo el peritaje del vertedero para el grupo de expertos- para volver a revisar el basurero.

Convergència intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la ayuda de varias constructoras

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

Fotografía: Marta Pérez / EFE

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones. 

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones.

Las pruebas preliminares se encuentran en los correos decomisados en la sede del partido durante la segunda fase de la Operación Petrum. Los autores de esos correos son el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, y su antecesor en el cargo Daniel Osácar, que hacen peticiones a varias adjudicatarias de obra pública en Cataluña para que modifiquen las fechas en las que aprobaron las donaciones a su fundación, CatDem.

Según la legislación española, las donaciones de empresas privadas a partidos políticos deben estar aprobadas formalmente por su consejo de administración. En los correos incautados, los dos tesoreros de Convergència intentan que las empresas adjudicatarias modifiquen la fecha de algunos de estos acuerdos. Con ello, y según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, los tesoreros de Convergència intentan desvincular las donaciones entregadas a su fundación con las concesiones de obra pública y dificultar por tanto la investigación.

En uno de los documentos intervenidos, el ex tesorero Daniel Osácar, que gestionó durante años las finanzas de Convergència y que en apariencia estaba apartado de estas funciones, habla con el empresario Carlos Sumarroca. El máximo responsable de la empresa Teyco le alerta de que han recibido una petición de documentación por parte del Tribunal de Cuentas y le pide instrucciones sobre la forma de proceder. Esta constructora está acusada de pagar comisiones del 3% sobre varias concesiones de obra pública obtenidas en ayuntamientos de Tarragona.

Constructoras de confianza

Entre la documentación que custodia ya el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell se encuentran más de 1o.000 correos electrónicos extraídos de la red interna de Convergència (no de su fundación ya que los ordenadores se guardaban en la sede del partido) y varias cajas con documentos físicos que los investigadores consideraron de importancia para la causa.

Sin embargo, tal y como publicó el diario ABC, un documento llamó especialmente la atención de los investigadores: un listado donde figura una veintena de empresas, constructoras y otras adjudicarias de concursos públicos en Cataluña que la Guardia Civil considera de confianza para Convergència.

En este grupo aparecen empresas como Teyco o Copisa, vinculada al caso Palau. También el Grup Soler, donde se concetran las peticiones para que las empresas modifiquen sus datos frente al tribunal de cuentas. El juzgado encargado del caso trabaja con la tesis de que Convergència creó un sistema clientelar para enmascarar las donaciones que funcionaba en dos fases. Por un lado, los empresarios hacían llegar al partido correos electrónicos asépticos sobre sus donaciones y las licitaciones de obra donde pretendían presentarse. Por otro, enviaban documentos manuscritos o concertaban encuentros verbales para amañar las adjudicaciones.

Como ejemplo, en el despacho de Andreu Viloca, los agentes encontraron una tarjeta de visita de una de estas empresas con una leyenda en el dorso escrita a mano: “Te he enviado por correo dos listados. Uno con las licitaciones en las que no ha habido suerte y otro con aquellas en las que ha habido suerte”.

“Esta mujer asesinó a mi padre”

combo_etaFrancisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta asesina de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir”.

La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

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La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

Francisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta responsable de la muerte de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir. Ella marcó la vida de toda mi familia”.

Francisco José López Aguilar.

Francisco José López Aguilar parpadeó un par de veces, incrédulo, al ver la noticia de la desarticulación de la cúpula de ETA que anunciaba ayer la televisión: “David Pla e Iratxe Sorzabal”, repetían los informativos. Los nombres corresponden a los dos terroristas que, según anunciaron fuentes de la lucha antiterrorista, dirigían los restos de la banda desde Francia. Algunos miembros del Ejecutivo se apresuraron a suponer el golpe definitivo a la organización. Para Francisco José, la trascendencia de la operación iba todavía más allá: “Ella [Sorzabal] marcó la vida de toda mi familia. Todo cambió para nosotros cuando su comando mató a mi padre”.

Los sucesos a los que se refiere este joven navarro de 32 años se remiten a 1995. Su padre, Eduardo López Moreno, era miembro de la Policía Nacional destinado en el cuartel de Etxalar, municipio ubicado el norte de la Comunidad Foral y que hace frontera con Francia; un enclave estratégico para evitar el paso de etarras de un país a otro.

El policía, natural de Montilla (Córdoba), había establecido su residencia en el pueblo de Bera, que lindaba con Etxalar. Los vecinos conocían a Eduardo López Moreno y a su familia -estaba casado y tenía tres hijos- por su participación en actos culturales y deportivos. Todos ellos vivían, en definitiva, una vida tranquila, algo de lo que no podían presumir todos los compañeros de profesión del policía.

Con todo, Francisco José López recuerda algunos episodios que, cuando apenas era un niño, no terminaba de comprender: “En algunas ocasiones se vivían momentos violentos en el pueblo -apunta-. Nos quemaron el coche un año antes de que mataran a mi padre. Siempre he asumido cuál era su profesión y que vivíamos en un pueblo complicado”.

El asesinato tuvo lugar el 19 de abril de 1995. Ese día, el policía Eduardo López Moreno había planeado entrar en el cuartel abandonado de la Guardia Civil en Endarlatsa. Según había comentado, su propósito era recoger algunos materiales del edificio desvencijado para utilizarlos en labores de carpintería. Sin saberlo, se dirigía al mismo lugar en el que un comando de ETA había colocado un artefacto compuesto por cinco kilos de amerital. El propósito de los terroristas, previsiblemente, era que la bomba estallase al paso de algún agente de la Benemérita que todavía rondaba el enclave.

“A veces sueño con el momento en el que mi padre entra en el cuartel”, reflexiona Francisco José. “Imagino que soy yo el que entra y que es a mí a quien le explota la bomba”. La detonación alcanzó de pleno al agente y murió en el instante. Los agentes que inspeccionaron el escenario reconocieron la identidad de la víctima gracias a la alianza de boda que encontraron en la estancia.

Un crimen que cayó en el olvido

El mismo día en el que explotaba el artefacto contra Eduardo López Moreno, ETA protagonizaba en Madrid otro episodio que se llevó todas las portadas de los periódicos: el presidente del Gobierno, José María Aznar, era víctima de un atentado de la banda terrorista que pretendía acabar con su vida. En esta ocasión, los terroristas hicieron estallar otra bomba con treinta kilos de amosal al paso del coche del político. La deflagración, que provocó el derrumbe de una casa cercana y que acabó con la vida de su inquilina -Margarita González Mansilla-, no pudo con el blindaje del vehículo. Sus tres ocupantes -Aznar, el conductor y un escolta- resultaron ilesos.

El intento de asesinato del presidente del Gobierno relegó a un segundo plano el crimen de Endarlatsa; un olvido que la familia de Eduardo López Moreno también cree que se produjo desde las instituciones. “Enterramos a mi padre en Córdoba y nos dimos cuenta de que no podíamos volver a Bera -recuerda Francisco José-. Mi madre aguantó hasta junio para no tener que cambiarnos de colegio a punto de terminar el curso. Después nos fuimos a Montilla y tratamos de empezar una nueva vida”.

Con el paso de los años, Francisco José lamenta que nunca se les haya informado sobre cualquier avance en la investigación sobre el caso de su padre: “La primera vez que oí hablar del comando Ibarla fue por la televisión. Lo relacionaban con el asesinato y comencé a investigar por Internet quiénes estaban detrás del atentado. Guardé muchos recortes y artículos, y todas las informaciones apuntaban al comando Ibarla”. Efectivamente, fuentes de la lucha antiterrorista atribuyeron el atentado a este grupo, del que formaba parte Iratxe Sorzabal, ayer detenida en la localidad francesa Saint-Étienne-de-Baigorry. En la operación también fueron arrestados David Pla -con quien Sorzabal constituía la cúpula del aparato político de la banda- y Ramón Sagarzazu, antiguo jefe del aparato internacional, además de una cuarta persona, Pantxo Lopez, acusada de dar apoyo a los terroristas.

“Esta mujer asesinó a mi padre -reflexiona Francisco José-. Ahora espero que cumpla lo que tiene que cumplir. Las circunstancias del atentado fueron un poco extrañas porque no fueron a por él, como hicieron con otras víctimas. Por eso no sé si tendrán pruebas que relacionen a Sorzabal con este crimen o en qué quedará el juicio”.

Las lecturas del tesorero del 3%: ‘Jo No Soc Espanyol’ y las conversaciones con Artur Mas

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La imagen fue tomada en el registro de la vivienda de Daniel Osácar y muestra dos de los referentes culturales del hombre que manejó durante años las finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

La imagen fue tomada en el registro de la vivienda de Daniel Osácar y muestra dos de los referentes culturales del hombre que manejó durante años las finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Sobre la estantería el libro más accesible para Osácar es un ensayo sobre la “identidad catalana” con el título Jo No Soc Espanyol: Yo no soy español.

La obra, escrita por el periodista Víctor Alexandre, es una recopilación de 20 entrevistas basadas en una premisa: “Una forma de reafirmar quiénes somos es afirmar sin complejos quién no somos”. En su página web, Alexandre dice: “Cuando la legalidad no es justa, es de Justicia transgredirla”.

La segunda obra sobre la estantería del tesorero es Artur Mas, el hombre, el político, el pensadoruna conversación del líder de Convergència con la periodista Teresa Pou que publicó en 2013 la editorial Ara Libres. El libro analiza las creencias de Mas, sus “espacios vitales” y por qué ha tomado “la decisión de liderar un país en estos momentos tan excepcionales”.

El ‘conseller’ Puig hizo gestiones privadas para Pujol Jr. desde la Generalitat en plena investigación

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EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron el conseller de Empresa y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lleida.

Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. / FLICKR / CDC

El conseller catalán de Empresa hizo gestiones desde la Generalitat a favor de Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron Felip Puig y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lérida.

Pujol Jr. se interesó por el certificado del Hotel Vallferrera, que se había encontrado con dificultades para obtenerlo. Puig atendió de inmediato la petición de Pujol Ferrusola y le envió de vuelta las consultas que había hecho a los funcionarios y a los altos cargos encargados de tramitarlo, desvelándole información confidencial. Estos correos electrónicos obran en estos momentos en poder de la Agencia Tributaria, que ha conseguido recuperarlos después de que Pujol Jr. procediera a borrarlos poco antes de que los inspectores visitaran sus oficinas en Barcelona.

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Hacienda intervino los sistemas informáticos de Pujol Ferrusola en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal. Unas pesquisas en las que se rastrea el origen de la ingente fortuna del clan familiar y en las que la Fiscalía y la policía ya han concluido que procede de la “corrupción política”.

Pujol Jr. solicitó en 2013 al alto cargo del Gobierno catalán que le consultara el estado de la tramitación de la concesión de una “especialidad gastronómica” al Hotel Vallferrera, ubicado en el pueblo de Àreu. La “especialidad gastronómica” es un distintivo otorgado por la Consejería de Turismo de la Generalitat que premia a los establecimientos hoteleros “de pequeño formato (con un máximo de 60 habitaciones y 120 plazas)” que destaquen por la “gestión familiar y el trato cercano”, un “alojamiento de calidad y confortable”, una “oferta gastronómica de calidad con gran representación de platos de cocina catalana” y la “dinamización territorial a nivel económico y cultural”.

Tras la preceptiva solicitud por parte del establecimiento, la Generalitat envió un técnico al hotel para que evaluara el negocio y acto seguido,una Comisión de Evaluación decidió si este hotel podía incorporarse al selecto club de los recomendados oficialmente por el Gobierno catalán.

Cinco funcionarios

Pasado el mediodía del 1 de julio de 2013, el conseller Puig remitió a Pujol Ferrusola desde su cuenta oficial en la Generalitat un correo electrónico con el resultado de sus pesquisas sobre el asunto. Precedido de un “cordialmente”, el correo se limitaba a rebotar una cadena de comunicaciones previas entre los distintos funcionarios encargados de supervisar la “especialidad gastronómica” del Hotel Vallferrera. En esas fechas, el hijo mayor del clan Pujol estaba ya siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal

En el correo enviado por Felip Puig queda patente cómointervinieron en la consulta la responsable de la Sección de Comercio y Turismo de la zona de Lleida, Adela Rubio, el jefe de los Servicios Territoriales de Empresa y Empleo de la misma zona, Octavi Miarnau, la directora general de Turismo, Marian Muro, y el jefe de Gabinete del conseller Puig, Lluis Ridao.

Después de examinar la tramitación del distintivo turístico, la funcionaria Adela Rubio explicó que el hotel leridano “ha pasado por la Comisión de Evaluación de la especialidad gastronómica de los establecimientos hoteleros el pasado 7 de junio”. Según esta empleada de la Generalitat, “se le concedió la misma pero se le detectaron algunas carencias y algunas cuestiones no terminaban de alcanzar la puntuación mínima exigida”. Por ello, “se acordó que se elaboraría un plan de mejora donde se señalarían todas las deficiencias encontradas” y se indicaría cómo “subsanar las mismas”. Para cumplimentar ese “plan de mejora” se le otorgó al hotel “un plazo máximo de seis meses” a cuyo término, si no resolvía los problemas, se le “revocaría la especialidad gastronómica”.

¿Quién es el misterioso ‘Sr. Marway’ al que Oleguer pagó 6,2 millones?

 ¿Por qué exigió Oleguer Pujol el pago de una comisión de 6,2 millones a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos?

La investigación judicial en torno a las multimillonarias operaciones inmobiliarias lideradas por Oleguer Pujol se concentra ahora, más de un año después del inicio de las pesquisas, en un fleco aparentemente menor y casi insignificante si se compara con las grandes magnitudes investigadas. En el marco de una de las mayores compraventas llevadas a cabo durante la historia reciente de España, el foco de Hacienda y Anticorrupción se fija sorprendentemente en un pago de comisiones aislado de 6,2 millones enclavado en la mastodóntica adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander por nada menos que 2.040 millones de euros.

A falta de despejar la gran incógnita sobre la que pivotan las indagaciones judiciales (cuánto dinero de origen ilícito pudo llegar a introducir el hijo pequeño del ex presidente autonómico catalán en sus compraventas), se interpone un nuevo interrogante. ¿Por qué exigió Oleguer el pago de esa comisión a una sociedad instrumental holandesa denominada Marway concebida para ocultar la identidad real de su propietario? ¿Se trata realmente de un pago a un intermediario por conseguir el negocio inmobiliario o los fondos persiguen otro destino con tintes políticos? Y, sobre todo, ¿quién se oculta detrás de la misteriosa Marway?

Tras disponer de indicios de que el entramado de Oleguer se puede deshilachar definitivamente por esta pequeña parte del todo, la Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que envíe cuanto antes una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” del pago.

Tal y como desveló este miércoles EL ESPAÑOL, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha presentado un escrito en el que explica que esta compra millonaria, realizada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Agrega que figuran como administradores oficiales tres ciudadanos holandeses y que la compañía “durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 sólo ha tenido un empleado”. Es decir, es muy probable que la empresa sea una mera tapadera.

Tal y como detalla la ONIF en relación a Marway, “se desconoce quiénes son sus socios, por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los tres administradores holandeses, por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda ha propuesto al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esa cuenta. El fisco se interesa por los movimientos que superen los 20.000 euros y quiere conocer el ordenante, el beneficiario y las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos.

Por último, exige los “movimientos de las cuentas bancarias” abiertas por Marway, BV en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y pide que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados” de esas cuentas.

Esta nueva diligencia marca una línea divisoria entre las figuras de Oleguer Pujol y su ya ex socio Luis Iglesias, de quien los investigadores sospechan que permaneció ajeno a las irregularidades que éste cometió.

Hacienda busca en Holanda 6,2 millones en comisiones de Oleguer Pujol

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

La Agencia Tributaria ha solicitado al Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional que libre una comisión rogatoria a Holanda para determinar “los beneficiarios y destino” de al menos 6,2 millones de euros pagados en comisiones por Oleguer Pujol en una de sus millonarias operaciones inmobiliarias.

Este pago se enmarca en la adquisición de las 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros que investigar la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal. Por ahora se desconoce el destino de estos fondos, que fueron desviados por orden del hijo menor del ex president. Anticorrupción sospecha que Pujol Ferrusola pudo introducir fondos procedentes de la corrupción política en esta y alguna otra operación.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) recuerda en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que esta compra millonaria, materializada el 23 de noviembre de 2007 por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU, se saldó con el pago de al menos 6,2 millones de euros a la sociedad holandesa Marway BV, “domiciliada en Laan Van Meerdervoort 1224 2555 CD’S Gravenhage”. Tres ciudadanos holandeses figuran como administradores oficiales de esta entidad, que “sólo ha tenido un empleado” durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Según la ONIF, se desconoce quiénes son los socios de esa empresa “por lo que se han remitido varios requerimientos de información al Registro Mercantil de los Países Bajos”. No obstante, subraya que existe constancia de un apoderamiento otorgado por Oleguer Pujol a los referidos administradores holandeses por lo que se sospecha que dichos fondos se encuentran bajo su control.

Hacienda propone al juez Santiago Pedraz que solicite a las autoridades holandesas todos los movimientos de una cuenta de esta sociedad instrumental en el ING Bank de Amsterdam y que “identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de la mismas”. Solicita todos los movimientos de más de 20.000 euros junto con la identificación del “ordenante y beneficiario” y“las cuentas bancarias de origen y el destino de los fondos”. Por último exige los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por Marway, BV “en cualquier entidad de crédito establecida en Holanda desde su apertura y que identifique a las personas físicas y jurídicas que figuran como titulares o autorizados de las mismas”.

El detenido por el caso de la peregrina cambió una fuerte cantidad de dólares tras la desaparición

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M.A.M.B, detenido hoy en Asturias por la desaparición de la ciudadana estadounidense Denise Thiem, cambió 70.000 dólares en efectivo en una sucursal bancaria de la zona días después de que la chica desapareciera.  Thiem desapareció el pasado 6 de abril mientras realizaba el Camino de Santiago. Desde entonces, más de 300 agentes han participado en su búsqueda. 

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M.A.M.B, detenido hoy en Asturias por la desaparición de la ciudadana estadounidense Denise Thiem, cambió una importante cantidad de dólares en efectivo en una sucursal bancaria de la zona días después de que la chica desapareciera.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la sucursal bancaria que recibió la petición alertó -tal y como marca la normativa vigente- al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que realizó el informe perceptivo. En un primer momento y según fuentes del caso, los agentes especializados en delincuencia financiera consideraron la transferencia sospechosa de un presunto delito de narcotráfico. Sin embargo, tiempo después sirvió a los agentes de la Guardia Civil para fijar sus sospechas en el ahora detenido.

Según las mismas fuentes, M.A.M.B residía en una pequeña finca rural cercana a la ruta del Camino de Santiago seguida por la ciudadana estadounidense. Incluso estaba desde hace meses en el punto de mira de los investigadores, que llegaron a entrevistarse con él. Las alarmas saltaron cuando el hombre pasó a estar ilocalizable la semana pasada. Las primeras pesquisas apuntaban a que el sospechoso pudiera haber escapado a Portugal al sentirse cercado por los agentes. Sin embargo, ha sido finalmente detenido en suelo español y ahora se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

La estadounidense Denise Thiem desapareció el pasado 6 de abril, mientras realizaba el Camino de Santiago. Desde entonces, más de 300 agentes han participado en su búsqueda.