Scytl y Tecnocom le ganan las elecciones generales a Indra

elecciones1Un consorcio formado por la catalana Scytl y la madrileña Tecnocom ha doblegado a Indra en el concurso para el recuento de las elecciones generales en España del próximo mes de diciembre. El gigante semipúblico no será el contador oficial de votos en unas generales por primera vez en las últimas dos décadas.

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David vence a Goliath. Un consorcio formado por la catalana Scytl y la madrileña Tecnocom ha doblegado al gigante semipúblico Indra en el concurso para el recuento de las elecciones generales en España del próximo mes de diciembre. El importe de la operación es inferior a los 15 millones de euros, según el pliego del concurso, si bien marca un hito para Indra, el contador oficial de votos en esta cita electoral durante, al menos, las dos últimas décadas.

Según fuentes próximas al concurso, que pidieron anonimato, un consorcio formado por Scytl, participada por el cofundador de Microsoft Paul Allen, y Tecnocom, presidida por el periodista Lalo Azcona, se ha preadjudicado el escrutinio de las elecciones que se celebrarán a mediados de diciembre, según la previsión planteada esta semana por Mariano Rajoy. El desembolso será inferior a citas anteriores. En 2011, el contrato se situó en los 14 millones de euros, un 27% más que en 2008; cuando su importe fue de apenas 11 millones.

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Desde los años 90, a través de su actual y anteriores marcas, siempre se lo había quedado Indra, pero esta vez, la empresa semipública ha caído tras la apertura de los sobres, según publicó El Confidencial el viernes. Participada por la estatal SEPI, la familia March (C.F. Alba) y Telefónica, Indra se tendrá que contentar con las elecciones catalanas del próximo 27 de septiembre, contrato valorado en un millón de euros, según señaló este sábado elboenuestrodecadadía.  Es la única buena noticia para la compañía en un año negro marcado por la llegada de Fernando Abril-Martorell a la presidencia y la puesta en marcha de un duro plan de reestructuración en forma de despidos masivos y venta de activos.

Junto a Scytl formará tándem en el recuento de las elecciones generales en España otra empresa poco conocida entre el gran público, pero con poderosos socios como es la madrileña Tecnocom, que cotiza en bolsa al igual que Indra. Dirigida y participada en un 20% por el periodista Lalo Azcona, fundador de la consultora Estudio de Comunicación, cuenta entre sus socios principales con el venezolano dueño de Abanca y Novagalicia, Juan Carlos Scotet, y la multinacional holandesa Getronics.

La ‘startup’ puntera en voto electrónico

La consecución del contrato en las generales se convierte en un ‘espaldarazo’ para Scytl, cuya historia se ha convertido en paradigma para las tecnológicas en España. Fundada en 2001 en la Universidad Autónoma de Barcelona por el investigador Andreu Riera, fallecido en 2006, Scytl lleva más de una década desarrollando soluciones electorales ‘con’. A su fundador se le ocurrió poner en marcha el proyecto después de ver la chapuza en el recuento electoral de las elecciones presidenciales de 2000 en EEUU entre George W. Bush y Al Gore.

Durante la última década se ha convertido en una de las firmas más valoradas y con mayor proyección internacional del ecosistema tecnológico español bajo la dirección de Pere Vallés, que tomó las riendas de la empresa tras la pérdida de Riera. Hoy Scytl es la niña bonita de las tecnológicas españolas. Desde 2007, la compañía ha recibido el respaldo de varios fondos de capital riesgo nacionales e internacionales, que controlan actualmente el 80% de sus acciones. Primero fue Spinnaker, vinculado al grupo financiero Riva y García, junto al referente del capital riesgo Nauta Capital. En 2010, el fondo británico Balderton Capital respaldó su proceso de internacionalización, que le ha llevado a poner la pica en distintos procesos electorales en 35 países de Europa y América, algunos polémicos que han acabado en litigios con las autoridades como en México.

Desde EEUU y Alemania llegaron en 2014 los principales inversores de la empresa en la actualidad tras aportar más de 90 millones de euros (104 millones de dólares) en diversas rondas de financiación. El más destacado es Paul Allen, cofundador de Microsoft y dueño del fondo Vulcan Capital, cuya aparición atrajo a otros cuatro fondos internacionales como el alemán SAP Ventures (fondo de la mayor empresa de software europea) y tres especialistas en invertir en ‘startups’ no cotizadas antes de que salgan a bolsa (Vy Capital, Industry Ventures y Adam Street). Ese es el destino de la empresa de Barcelona. De aquí a 2017 tiene previsto salir a cotizar en el Nasdaq estadounidense, el mercado por excelencia de las empresas tecnológicas.

Más de 60 tomos, 105 declaraciones y 300 horas de escuchas: guía para no perderse en la trama Púnica

Granados

¿Cómo arranca la investigación? ¿Cuáles son las principales líneas abiertas? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Cómo funcionaban? ¿Hay más imputados de relevancia? ¿Cómo operaban? ¿Qué consecuencias ha tenido el desmantelamiento de esta red? ¿En qué momento está la investigación? Lea esta guía básica para no perderse en la Operación Púnica.

¿Cómo arranca la investigación?

La Operación Púnica nace oficialmente el 24 de diciembre de 2013, cuando la Fiscalía suiza alerta a la española de un posible delito de blanqueo de dinero, cometido presuntamente por el empresario David Marjaliza y el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Suiza alerta de que ambos fueron poseedores de varias cuentas bancarias en el país helvético y el caso -al ser un presunto delito cometido en suelo extranjero- pasa a la Audiencia Nacional.

La llegada de la documentación suiza supuso la apertura de las Diligencias de Investigación nº2/2014 de la Fiscalía Anticorrupción, que el 1 de febrero de 2014 confía las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son sus agentes quienes bautizan la investigación como Operación Púnica, en referencia al apellido en latín del principal imputado, Granados. Sin embargo, en la Audiencia Nacional el caso recibe el nombre de Diligencias Previas nº 85/2014 y, tras pasar a reparto, recae el 13 de junio de 2014 en manos del juez Eloy Velasco, que lo declara secreto.

El 27 de octubre de 2014, casi un año después del inicio de las investigaciones,  la Guardia Civil realiza las primeras detenciones. Los agentes arrestan en Madrid, León, Valencia y Murcia a 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción a nivel local y regional. Los implicados supuestamente adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones ilegales que después eran blanqueadas a través de un entramado societario. Se calcula que, en solo dos años, la trama se hizo con adjudicaciones valoradas en 260 millones de euros.

A día de hoy,  ya hay un centenar de implicados en la causa, que sigue abierta.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación?

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los agentes investigan el presunto amaño de concursos públicos para beneficiar a empresas privadas. La Guardia Civil estima en 260 millones de euros el posible beneficio para los empresarios implicados. Como principal beneficiada, los informes policiales colocan a la empresa gala Cofely, especializada en programas de eficiencia energética. Según la tesis policial, la multinacional pudo captar hasta 160 millones de euros en contratos amañados, tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos y provinciales.

El segundo gran bloque trata de esclarecer si altos responsables de la Comunidad de Madrid utilizaron empresas intermediarias -principalmente la tecnológica Indra- para abonar servicios personales o del Partido Popular de Madrid. Este segundo bloque es mucho menor en cuantía que el primero, y se basa en testimonios como el del empresario Alejandro de Pedro y el ex jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Los dos declararon ante el juez que Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó a la multinacional Indra abonar 130.000 euros a tres empresas distintas por servicios que en realidad pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

¿Quiénes son los cabecillas?

Francisco Granados. Quien fuera ‘número dos’ en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la dirigía Esperanza Aguirre sigue en prisión incondicional desde el 27 de octubre. Dejó la política ocho meses antes, cuando se supo que disponía de una cuenta en Suiza que ascendía a 1,5 millones de euros. Al ex alcalde de Valdemoro y ex consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño se le coloca en el epicentro de la trama como el ‘cerebroque tejió la red corrupta.

David Marjaliza. El empresario es amigo de Francisco Granados desde la infancia y consiguió adjudicaciones millonarias de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde. Encabeza un complejo entramado empresarial dedicado a un amplio abanico de sectores de negocio, la mayor parte de ellos vinculados a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. 

¿Hay otros imputados de relevancia?

Salvador Victoria. Es el cargo público con más responsabilidad implicado en la trama. El ex consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura fue citado por el juez en calidad de imputado para declarar por supuestos delitos de corrupción. El político dimitió tras su implicación y se negó a declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte como medida cautelar para que no abandone el país. Se le imputan cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Lucía Figar. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid contrató los servicios de EICO para mejorar su imagen en Internet y la Policía cree que se pagó con dinero público. Aunque permanece imputada, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra ella. Dimitió el mismo día que Salvador Victoria para no perjudicar la investidura de Cristina Cifuentes, que dependía de Ciudadanos para poder ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alejandro de Pedro. Es el director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), encargada de gestionar perfiles de políticos en Internet y de crear páginas web propagandísticas sobre su gestión. Con sede en Valencia, el implicado, en libertad sin cargos, ha hecho trabajos para Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas; para la Diputación de León y altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Figar y Victoria. También parece que tenía una gran influencia en Génova y confesó que hizo trabajos de reputación para Ana Botella por mediación de Eduardo Zaplana.

Alcaldes. Los servicios de reputación que ofrecía Alejandro de Pedro con dos empresas, Eico y Madiva, supuestamente se pagaban con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en procedimientos supuestamente corruptos. De momento, hay seis alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle); el secretario del Instituto de Turismo de la región de Murcia; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Altos directivos. En el listado de imputados en esta trama corrupta figura el nombre del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González y un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, Ramiro Cid. En la primera fase de la operación fueron detenidos cuatro altos cargos de Cofely: su director general en España, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, aunque el asunto parece que va más arriba. Su director general de Servicios, Xavier Susan Mir, también está imputado. Al administrador único de otra empresa implicada en la red, Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, se le impuso la mayor de las fianzas para eludir la prisión: 300.000 euros.

¿Cómo trabajaba la Púnica?

En líneas generales, Granados y Marjaliza utilizaban su influencia para conseguir comisiones por diferentes frentes, todos cercanos a la política. La trama facilitaba contratos públicos a empresarios afines a través de tres cauces distintos: reputación online, eficiencia energética y actividades musicales.

La compañía a la que más contratos públicos le llovió gracias a su afinidad con los cabecillas de Púnica fue la francesa Cofely, que se hizo con muchos de los contratos de eficiencia energética que ofertaban municipios de la Comunidad de Madrid. Hay funcionarios de algunas localidades investigadas que han confesado ante el juez Velasco que recibían órdenes de la multinacional energética para confeccionar el pliego de condiciones de la adjudicación pública a imagen y semejanza de sus condiciones. Por eso ninguna otra gran compañía conseguía arrebatarle ni un solo contrato.

El empresario Alejandro de Pedro es el propietario de dos de las empresas investigadas por la trama: Eico y Madiva. Las entidades, que compartían la misma sede en Valencia, trabajaban para mejorar a través de Internet la imagen de los candidatos populares las semanas previas a las elecciones municipales. También se crearon páginas web zombis con noticias positivas de sus clientes para contrarrestar las noticias negativas y perfiles en Twitter falsos para hacer propaganda a sus clientes. Se sabe que el valenciano trabajó para altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria y Lucía Figar, y otros destacados miembros del PP de la Comunidad Valenciana, como Juan Cotino. De Pedro ayudó también a otros candidatos populares de la región a posicionarse en la red de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Además, confesó ante el juez que Indra le pagó 10.000 euros en metálico por un trabajo hecho a la Comunidad de Madrid.

En León, el juez Velasco sospecha que el que fuera presidente de la Diputación, Marcos Martínez, intentó amañar contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de ganar influencia en Génova. Su intención era hacerse con el control del PP de León. Durante el interrogatorio, el popular reconoce tratos directos con Alejandro de Pedro pero, sin embargo, asegura que fue su predecesora, la fallecida Isabel Carrasco, quien lo introdujo en la Diputación leonesa.

El juez también detuvo en el marco de esta operación a José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) por participar, junto a De Pedro, en la estrategia de mejorar la reputación de altos cargos públicos.

¿Ha tenido el caso consecuencias políticas?

Tras las detenciones llegaron las dimisiones. Los seis alcaldes de la Comunidad de Madrid detenidos dejaron sus puestos al frente de sus respectivos ayuntamientos: Parla (PSOE), Collado Villalba (PP), Casarrubielos (PP), Valdemoro (PP), Torrejón de Velasco (PP) y Serranillo del Valle (PP).

Las dos personas con más relevancia pública que dimitieron tras el escándalo fueron Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos consejeros de la Comunidad de Madrid durante la legislatura pasada. Su imputación saltó en plena negociación de la investidura de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pidió sus cabezas a cambio de permitir que el PP se hiciera con la presidencia de la región.

También dimitieron tras su imputación el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; el consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

¿En qué momento está la investigación?

David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía rebajar su pena si colabora con la Justicia. El empresario habría revelado ante el juez Eloy Velasco el nombre de más municipios que amañaron contratos con la red. El empresario también habría dado el nombre de los políticos que habrían colaborado con la trama y que, hasta ahora, aún están al margen de la Operación. En una de sus declaraciones, Marjaliza involucró a tres aforados de la Comunidad de Madrid: Jaime González Taboada, consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes; Bartolomé González, número 11 en la misma candidatura; y Eva Borox, la número 3 en la lista regional por Ciudadanos.

De momento, las 105 declaraciones que el juez Eloy Velasco ha recopilado en la Audiencia Nacional conforman ya un sumario de 60 tomos y 300 horas de grabaciones. Las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, han logrado obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de cualquier tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama.

A corto plazo, se espera que el juez levante el secreto de sumario de los pinchazos telefónicos de los principales imputados en la causa y escuchar de su propia voz cómo amañaban las adjudicaciones públicas.

Además, en EL ESPAÑOL:

Swat: la empresa a la que Indra debía pagar 90.000 euros por Púnica está vinculada a Gürtel

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Swat, una compañía que se coordinó con la trama Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso, aparece en la Operación Púnica. El ex consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, declaró ante el juez que Salvador Victoria le presionó para que Indra abonase 90.000 euros a esta empresa por trabajos que en realidad se hicieron a altos cargos del PP de Madrid. 

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Salvador Victoria, ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, junto con el ex presidente Ignacio González.

José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), fue la persona que describió ante el juez Eloy Velasco las presiones que el ex consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ejercía para que Indra pagase al menos a tres firmas de la trama Púnica. Una de las empresas, la de Alejandro de Pedro, cobró 20.000 euros en b. Pero el caso estalló y todo apunta a que la tecnológica dejó sin abonar los otros dos recibos que le exigía Victoria: 20.000 euros más para Demométrica, contratada previamente por Sanidad para hacer un escuálido informe con 53 clases de alimentos distintos; y 90.000 euros para Swat SL, una consultora que en el pasado estuvo coordinada con Gürtel para acceder a contratos públicos sin que salieran a concurso.

Miguel Ángel de la Fuente, dueño de Demométrica, contó al juez Velasco que su empresa diseña desde 2012 encuestas de intención de voto para el PP de Madrid. Sin embargo, el encargo nunca procedía de Génova. Era Swat, la compañía que saltó a la opinión pública cuando estalló el caso Gürtel, la que contrataba sus servicios. Según la investigación que abrió el magistrado Antonio Pedreira, esta empresa daba instrucciones detalladas al Ayuntamiento de Majadahonda sobre cómo debían fragmentarse contratos para poder repartir adjudicaciones a dedo sin tener que convocar un concurso público.

Ante el interrogatorio del juez Velasco, De la Fuente confesó en sede judicial que mantuvo contacto con altos dirigentes del Partido Popular de Madrid. “Hablábamos con Francisco Granados, que era el secretario general del partido y, después, tuvimos relación con Borja Sarasola”. El ex consejero de Medio Ambiente, que iba en el puesto número 12 en las listas de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid, fue llamado a declarar por el juez el 26 de mayo, solo 48 horas después de que se celebrasen las elecciones que dio la victoria a la popular gracias al apoyo de Ciudadanos y su compromiso a que ningún imputado por corrupción ocuparía un escaño en el Parlamento regional.

La citación estaba convocada para el 15 de junio, pero fue desconvocada días después de que Sarasola fuera elegido diputado y, por tanto, pasara a ser aforado. El propio Sarasola renunció a su escaño voluntariamente a principios de julio, por lo que perdía su condición de aforado. Desde entonces, Velasco no ha solicitado todavía su comparecencia.

El juez quiso saber también si Salvador Victoria intermedió en la confección de las encuestas de intención de voto que Swat encargaba a Demométrica. De la Fuente respondió que tuvo una única reunión con el ex ‘número dos’ de la Comunidad de Madrid, a petición del político. “Me llamó al despacho un día. Quería saber cómo iban los resultados de la encuesta, pero me tuve que callar, porque no tenía por qué saberlo”, confesó en su declaración.

La sombra de la corrupción persigue a esta compañía dirigida por Juan Miguel Madoz desde hace quince años. José Luis Peñas, el ex concejal del PP de Majadahonda que denunció la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, remitió unos correos electrónicos al entonces instructor del caso, Antonio Pedreira, en los que se demostraba que entre Swat y la trama había una perfecta coordinación, como describió en su día el diario Público. En los emails, fechados en 2001, uno de los directivos de la empresa indicaba las empresas que debían recibir una determinada adjudicación a la jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda, Carmen Rodríguez, mujer de Correa.

El ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones, José Martínez Nicolás, confesó ante el juez de la Operación Púnica que en septiembre Indra no había pagado ni un solo euro a ninguna de las tres empresas apuntadas por Salvador Victoria. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle el impago de Indra. Días después, Alejandro de Pedro le anunció vía WhatsApp que una parte de la deuda había sido saldada.

Las croquetas de la Púnica

croquetasFotos de croquetas, salchichas, albóndigas, pepinos y arroz a la cubana. Ese es el único contenido del informe elaborado por la empresa Demométrica el pasado año para el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato a la cabeza. Según sus propios datos, cinco personas -dos funcionarios y tres empleados de la firma- fueron necesarios para hacer semejante trabajo. Ahora, la empresa ha sido señalada como una de las compañías que debía cobrar de Indra en la trama Púnica. Vea en el interior las 58 páginas del ‘menú’.  

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La firma Demométrica -del empresario Miguel Angel de la Fuente- fue contratada por el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato a la cabeza, para hacer un informe cuyo único contenido son platos y raciones de croquetas, salchichas, macarrones y tortilla de patatas. 53 clases diferentes de alimentos retratadas por un equipo de cinco personas: dos funcionarios y tres trabajadores de la empresa.

El exiguo informe fue elaborado por la misma empresa señalada ahora como candidata a los cobros irregulares gestionados presuntamente por Salvador Victoria. En su declaración ante el juez, el ex jefe de informática de la Comunidad de Madrid-José Martínez Nicolás- mantuvo que Indra debía abonar 20.000 euros en facturas adeudadas realmente por servicios al Partido Popular de Madrid.

Según la información de su propia web, Demométrica, especializada en investigación de mercados, ha trabajado para importantes clientes públicos como el Gobierno de Canarias y más de cincuenta ayuntamientos nacionales. El responsable de la sociedad, Miguel Angel de la Fuente, que declaró como testigo ante la Audiencia Nacional, aseguró ante el juez que su empresa no cobró un solo euro de Indra y que fue finalmente el Partido Popular quien abonó la deuda de 120.000 euros que tenía con ellos.

Además de sus contratos con la Comunidad de Madrid -en 2014 Demométrica recibió por ejemplo el encargo del Servicio Madrileño de Salud para elaborar un estudio sobre obesidad infantil- la firma realizó durante meses encuestas de intención de voto para el Partido Popular en la capital. En la red, quedan rastros también de sus trabajos para otras administraciones. Informes como el  “atlas fotográfico” de comida elaborado el año pasado para el Ministerio de Sanidad. El estudio se limita a fotografiar de forma sistemática 53 clases de comida. Y según su glosario, para ello fueron necesarias cinco personas: dos funcionarios de la Agencia de Seguridad Alimentaria y tres trabajadores de la empresa.

 

Las grabaciones de la Púnica: “Salvador Victoria me echó la bronca porque Indra no pagaba”

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El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. En su segunda declaración judicial señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid. Escuche algunos fragmentos de su declaración.

En la imagen, Salvador Victoria e Ignacio González.

El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. Y relató ante el juez Eloy Velasco con todo lujo de detalles el ‘modus operandi’ que utilizaba la Comunidad de Madrid para pagar a empresarios vinculados con el Partido Popular a través de terceros. En su segunda declaración judicial -ocurrida el pasado 13 de febrero y a cuyo audio ha tenido acceso EL ESPAÑOL- Martínez Nicolás señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

 

Según el testimonio del declarante,  Salvador Victoria le ordenó en junio de 2014 que llamase a Indra para que abonase 20.000  euros al empresario Alejandro de Pedro; le diera otros 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y entregase 90.000 más a “un tal Juanjo”, todavía sin identificar.

Dinero en sobres

Al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones le consta que la tecnológica abonó el dinero que dijo Victoria a De Pedro. Sin embargo, José Martínez no puede confirmar si los otros dos empresarios apuntados en la contabilidad B de la Comunidad de Madrid recibieron el dinero de la tecnológica. “El pálpito que tengo es que a Indra no le gustó esto. Salta la operación y paran. Es una especulación”, reconoció el ingeniero al juez.

Según la versión que mantiene el ex jefe informático de Madrid, en septiembre aún no se había efectuado ningún pago y Salvador Victoria se enfadó. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle que Indra todavía no había abonado las facturas a uno de los conseguidores de la trama, Alejandro de Pedro. “Me echó la bronca. Me dijo que Indra aún no había pagado y que Alejandro de Pedro le llamaba todos los días”.

En el transcurso de aquella reunión, Victoria telefoneó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, “no para presionar, sino para quejarse” del retraso de los pagos. Tras el encuentro, el ex directivo de ICM se puso en contacto con Santiago Roura, director general de Indra, para hacerle llegar el cabreo monumental de la mano derecha de Ignacio González. “Mi jefe está enfadado”, le dijo. Las presiones surgieron efecto. Una semana después, Alejandro de Pedro le comunicó vía mensaje “que ya había cobrado y que había que ir a por lo que falta”.

En busca de “El Molécula”

En la declaración, Martínez reconoce al juez que Roura le pidió “en algún momento” el teléfono del segundo empresario al que había que pagar la factura, Miguel Ángel de la Fuente, consejero delegado de Demométrica. “Yo se lo pedí a Salvador Victoria, le dijo a su secretaria que me lo diera y yo se lo facilité a Roura”. También le pidió el contacto de una tercera persona, “el molécula. Pensé que era Alejandro de Pedro. Y aquí termina la historia”, apunta al magistrado.

El juez Velasco, que intentó averiguar sin éxito a través de la declaración del informático “por qué tenía que pagar Indra” esos servicios, le dijo que fue el propio Santiago Roura quien declaró en sede judicial “haber sufrido presiones por su parte para que hiciera pagos a Alejandro de Pedro” pero que le “era imposible. Él lo quería contratar, pero no pagarle”. Una declaración “falsa”, según Martínez Nicolás, que dijo al magistrado que el trabajador de Indra “está mintiendo”.

Reunión entre Indra e Ignacio González

Martínez Nicolás apuntó también otro matiz: el presidente de Indra, Javier Monzón, se reunió “meses atrás” con Ignacio González, aunque no deja claro si el máximo mandatario de la tecnológica autorizó a la Comunidad de Madrid a que su empresa sirviera para pagar en B la mejora de la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El informático describió durante unos minutos al juez la estrecha relación que tradicionalmente mantienen las compañías con las administraciones públicas. “Es bastante normal que las empresas apoyen a la Comunidad de Madrid en eventos y actos”. Según Martínez Nicolás, los únicos intermediarios del Ejecutivo madrileño con Indra y los empresarios involucrados son él mismo y Salvador Victoria, a quien el juez ya ha retirado el pasaporte tras imputarle los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Abril-Martorell, el rey de los despidos

Es experto en ejecutar el trabajo sucio en tiempos de crisis. Lo mismo cierra un negocio, vende una filial, pilota una salida a bolsa o refinancia un conjunto de créditos. Pero su especialidad es reestructurar, despedir y poner patas arriba a empresas de gran tamaño para salvarlas de su desaparición o quiebra. Nadie, probablemente, tiene un historial como el suyo.

En la imagen, Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra.

Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra.

Es experto en ejecutar el trabajo sucio en tiempos de crisis. Lo mismo cierra un negocio, vende una filial, pilota una salida a bolsa o refinancia un conjunto de créditos. Pero su especialidad es reestructurar, limpiar, despedir y poner patas arriba a empresas de gran tamaño para salvarlas de su desaparición o quiebra. No hay un historial como el suyo.

Fernando Abril-Martorell, de 53 años, va camino de firmar como ejecutivo un récord difícil de valorar: 14.000 despidos en tres empresas distintas (Telefónica, Prisa, Indra) en los últimos quince años. Justo ahora, afronta su tercer plan de bajas masivo al frente de Indra, la multinacional española de defensa y tecnologías de la información que tiene cerca de 40.000 empleados en todo el mundo.

Hijo del que fuera vicepresidente económico con Adolfo Suárez, Abril-Martorell es un banquero de inversión de larga trayectoria que comenzó su carrera en JPMorgan y ha liderado también la filial en España del suizo Credit Suisse. Es el hombre de confianza de la gran banca y de algunas de las mayores fortunas españolas cuando tienen grandes problemas que solucionar.

Un accionista: “No eche a nadie a la calle”

“Señor presidente, permítame que le dé mi opinión: no eche a nadie a la calle. Salvemos entre todos esta sociedad, tanto los administradores, la plantilla y los accionistas. Porque la congoja que tendrán 1.500 familias debe ser gorda. Yo le pido a ustedes que, posiblemente con ese 20% que va a disminuir (la retribución) del consejo y a los trabajadores, que lo analicen y que a veces merece la pena ganar menos con tal de que nadie se vaya a la calle”. Abril-Martorell sabe que no va a ser posible, por eso ni pestañeó ante las palabras de Ángel Cereceda, un veterano y habitual protagonista en las juntas de otras empresas del Ibex 35 (Mapfre, Enagás, Bankinter…).

Inauguró el turno de intervenciones en la pasada Junta General de Accionistas del 25 de junio, que fue copada por los sindicatos. Todavía falta negociar con los representantes sindicales, pero el máximo responsable de Indra ha puesto sobre la mesa una plan de bajas para 1.850 empleados solo en España, la mayoría del área de consultoría y en sus sedes centrales en Madrid. Es el 8,5% del equipo en el país (21.800 trabajadores), que supone a su vez casi la mitad de su plantilla global.

Sus grandes reestructuraciones

Sin embargo, el de Indra será el menor de sus tres grandes trabajos como reestructurador. Hasta 2013 fue consejero delegado de Grupo Prisa. El grupo de medios de comunicación acumuló una deuda de 5.000 millones de euros tras la compra de Sogecable y estuvo al borde de la quiebra. Abril-Martorell aterrizó allí de la mano de los acreedores de la mayor parte de ese dinero (Telefónica, Santander, Caixa, HSBC…) para salvar el barco. Entre las medidas que planteó estuvo la venta de Canal+ a Telefónica, de Santillana a Pearson, la refinanciación de la deuda de 5.000 millones, la conversión de parte de esos préstamos en acciones de la sociedad… y el temido ERE.

Hoy la empresa sigue en pie, pero se ha quedado irreconocible. Antes de su plan, las familias fundadoras Polanco y Pérez controlaban el 70% del grupo. Ahora apenas tiene un 10% de la empresa. También tuvo que despedir a más de 2.000 empleados, en su mayoría periodistas  de El País, Cadena Ser, As o Cinco Días.

No ha sido la primera, ni la última vez que había recibido esa clase de encargo. El ex banquero de JPMorgan y Credit Suisse también realizó esa labor para empresas terceras como, por ejemplo, en el ERE de Deoleo (SOS Cuétara) tras la crisis provocada por sus anteriores dueños (los hermanos Salazar) y antes de su venta al fondo de capital riesgo CVC. La banca, una vez más, volvió a recurrir a Abril-Martorell para salvar la actividad de una empresa al borde del abismo.

Stocks options’ y el ERE de Telefónica

Con Prisa e Indra, Abril-Martorell vuelve a repetir el trabajo del ‘Señor Lobo’, ese personaje que en Pulp Fiction encarna Harvey Keitel y que sabe en todo momento lo que hay que hacer, aunque no sea apto para todos. Su ‘gran trabajo’ en la sombra se produjo en Telefónica entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Entonces se registró el que está considerado como el mayor ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de la historia en España. Fueron 10.000 empleados los que salieron de la operadora entre jubilaciones anticipadas, bajas voluntarias y despidos.

Abril-Martorell -contaba entonces  38 años- comenzó a diseñar aquel plan como director general financiero de Telefónica a las órdenes de Juan Villalonga, el entonces presidente de la mayor empresa española. Después lideró una de las filiales en su salida a bolsa (TPI), pero dimitió de su cargo poco tiempo antes del cese de Villalonga. Su sucesor, César Alierta, volvió a llamar a la puerta de Abril-Martorell (junio de 2000) para terminar el trabajo iniciado desde la posición de consejero delegado de Telefónica (2000-2003).

De nuevo, el encargo fue reestructurar, vender y sanear, en este caso, la herencia que había dejado Villalonga en Telefónica. La compañía firmó unas pérdidas récord de 5.600 millones de euros en 2002 por las desorbitadas inversiones que se habían realizado en Terra Lycos o las licencias móviles en Europa. Fue además uno de los cerebros -como máximo responsable del área financiera- detrás de las famosas ‘stock options‘ de Telefónica, que trascendieron a los círculos económicos por la cuantía de las mismas. También para aquello hubo que buscar soluciones. Y Fernando volvió a ser  el solucionador.