La Fiscalía del Supremo pedirá anular la sentencia absolutoria del Prestige

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La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

Foto: Efe

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La Fiscalía va a pedir al Tribunal Supremo que anule la sentencia del ‘caso Prestige’ para que la Audiencia Provincial de A Coruña la redacte de nuevo teniendo en cuenta otras pruebas contra el capitán del buque. Sólo si se produce una condena por delito medioambiental, las aseguradoras del Prestige deberán pagar indemnizaciones.

En una vista señalada para mañana, martes, la Fiscalía instará la devolución de la causa a la Audiencia de A Coruña con la pretensión de que condene al capitán del Prestige por un delito medioambiental. El buque se hundió en las costas gallegas en noviembre de 2002, provocando una auténtica marea negra que afectó a casi 2.000 kilómetros de costa española y francesa. El vertido de la carga causó una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de fuel vertido como por la extensión de la zona afectada.

El máximo responsable del petrolero, Apostolos Mangouras, fue condenado por los jueces gallegos exclusivamente por un delito de desobediencia por desoír las órdenes de las autoridades españolas a la hora de facilitar el remolque del barco después de que se produjese la primera fuga de fuel, el día 13 de noviembre del citado año.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la conducta de Mangouras fue mucho más grave, hasta el punto de constituir un delito medioambiental. El fiscal defenderá en la vista que era plenamente consciente de que la nave no reunía los requisitos necesarios para transportar las 64.000 toneladas de fuel-oil cargado.

Según fuentes jurídicas consultadas por el EL ESPAÑOL, la Fiscalía del Supremo considera que el tribunal que juzgó el asunto en 2013 no tuvo en cuenta pruebas relevantes que ponen de manifiesto que el capitán no debió transportar tales toneladas de petroleo en un buque que no reunía condiciones.

Hay varios documentos que, para el Ministerio Fiscal, son claves para poder condenar a Mangouras y que la Audiencia no analizó. En la sentencia gallega no se tuvo en cuenta la inspección interna que se llevó a cabo semanas antes de que el barco zarpara desde la ciudad rusa de San Petersburgo, con parada en Letonia. El informe de la inspección recogía varias deficiencias.

La Fiscalía se queja de que el tribunal tampoco tuvo en cuenta el testimonio de otro capitán que tuvo el Prestige, Stratos Kostazos, sustituido por Mangouras después de negarse a llevar el buque. En el juicio, Koztazos reconoció que la nave estaba “condenada” por todas las deficiencias que acarreaba debidas a su antigüedad, como la corrosión de los tanques que transportaban el fuel.

Por su parte, la Abogacía del Estado solicitará al alto tribunal que, a la vista de los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, Mangouras sea condenado por un delito medioambiental sin tener que devolver el asunto al tribunal gallego para que redacte de nuevo la resolución.

Batalla por la indemnización

La Fiscalía y el abogado del Estado consideran que, con la condena del capitán de origen griego, se abriría la posibilidad de exigir cerca de 4.000 millones de euros en indemnizaciones tanto en beneficio del Estado como para compensar los notables daños causados por el vertido a ciertos sectores, como el pesquero. Hubo denuncias de más de 1.500 damnificados.

De prosperar la tesis del fiscal y del defensor del Estado, las aseguradoras del buque serían las que tendrían que hacerse cargo del pago de esas indemnizaciones.

Los magistrados que juzgaron el caso en A Coruña entendieron que no se había podido demostrar que los acusados quisieran hundir el buque ni que conocieran sus deficiencias estructurales ni las causas de estas. Llegaron a la conclusión de que no actuaron dolosamente (esto es, de forma intencionada) y que su imprudencia relativa, en caso de existir, ni fue eficiente ni se demostró y en ningún caso fue grave. Cerraron, así, la vía de las indemnizaciones.

Junto a Mangouras, para quien se llegó a pedir doce años de prisión, también fueron acusados otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas, así como José Luis López-Sors, ex director general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Finisterre (A Coruña), el Prestige, que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido de fuel que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. Se trataba de un barco de un solo casco construido en Japón 26 años antes de la catástrofe. En virtud de la legislación internacional sobre doble casco, adoptada por la Unión Europea, este buque hubiera debido dejar de navegar en marzo de 2005 y, por tanto, estaba cerca de terminar su ciclo de vida útil cuando naufragó.

Grünenthal, que ingresó 466 millones en 4 años, no indemnizará a las 305 víctimas españolas de la talidomida

Las 305 víctimas españolas de la talidomida vieron ayer esfumarse la esperanza de que la Grünenthal Pharma S. A., la filial española de los laboratorios alemanes Grünenthal GmbH, les indemnice por los severos daños incurables causados por el fármaco. El Tribunal Supremo ha confirmado, por 8 votos frente a 1, la prescripción del derecho a reclamar. La farmacéutica, que ha ingresado en los últimos cuatro años 466 millones de euros por sus ventas en España, sí ha indemnizado, en cambio, a los afectados alemanes. 

En la imagen, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

GRA033 MADRID, 23/09/2015.- El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, hoy ante el Tribunal Supremo, donde se celebra la vista del recurso de las víctimas del medicamento Talidomida contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló sus indemnizaciones. EFE/Mariscal
El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), Rafael Basterrechea, este miércoles ante el Tribunal Supremo. Mariscal / EFE

La Sala Civil del Tribunal Supremo acordó este miércoles desestimar el recurso interpuesto por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) contra la sentencia dictada el pasado octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró prescrita la acción de responsabilidad civil emprendida por los afectados contra Grünenthal Pharma S.A. Ha sido un fallo contundente: 8 votos en contra del recurso de Avite y sólo uno a favor, emitido por el magistrado Francico Arroyo.

Los recurrentes contaban con el apoyo de la Fiscalía. El fiscal de Sala José María Paz escribió en su informe favorable a las víctimas que el hecho de que Grünenthal “pidiera perdón en el año 2012, reconociendo su culpa pero no queriendo indemnizar por su conducta, nos parece un hecho gravísimo para la conciencia de la humanidad”.

El Supremo, sin embargo, ha confirmado el criterio de la Audiencia de que los afectados debieron reclamar mucho antes, en concreto antes de que transcurriera el plazo legal de un año desde que cada uno de ellos alcanzó la mayoría de edad. Los magistrados han estimado que los daños que las víctimas de la talidomida padecen quedaron determinados al nacer. Conocían, por tanto, el alcance de sus secuelas, que son permanentes y están consolidadas, por lo que debieron reclamar como máximo dentro de los 365 días siguientes a cumplir los 18 años.

Al no haber presentado una inicial demanda de conciliación hasta junio de 2011 y una posterior reclamación conjunta en el Juzgado en febrero de 2012, la acción de responsabilidad civil se ha considerado prescrita. La prescripción extingue el derecho a ser indemnizados al no haber sido ejercido en el plazo fijado por la ley, que en este caso era de un año.

El contraste con los afectados alemanes

A salvo de lo que pueda ocurrir con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional anunciado de inmediato por Ignacio Martínez, abogado de Avite, las víctimas españolas de la talidomida no van a ser indemnizadas con un solo euro por Grünenthal Pharma. Según sus propias cifras, la filial española del grupo alemán Grünenthal GmbH ingresó por ventas en los últimos cuatro años 466 millones de euros, de los que 109 millones corresponden a 2014. En todo el mundo, la cifra más reciente de ventas corresponde al año 2012 y asciende a 973 millones de euros.

Avite asegura que durante las negociaciones celebradas antes de la presentación de la demanda Grünenthal ofreció una indemnización de 120.000 euros para el conjunto de las 305 víctimas españolas. Una cuantía “ridícula” si se tiene en cuenta que los laboratorios han destinado a los afectados alemanes unos 500 millones, afirma.

El procedimiento judicial ofrece otros motivos de agravio. El medicamento, utilizado para el tratamiento de las náuseas y vómitos de las mujeres embarazadas, fue retirado por Grünenthal en Alemania en diciembre de 1961, pero no lo hizo en España hasta mayo de 1962. La sentencia dictada en noviembre de 2013 por la jueza de la primera instancia, Gemma Fernández, afirmaba que los primeros casos de afectados por la ingesta de talidomida en España ya habían empezado a evidenciarse en el primer trimestre de 1960 y señalaba que “conociendo los efectos nocivos del medicamento que ya estaba en el mercado y su gravedad se optó por no ponerlo en conocimiento de los profesionales médicos [españoles] y por informar parcialmente a los colaboradores externos, que son, precisamente, los que tratan con los médicos y farmacéuticos en el proceso de distribución y venta para el consumo”.

La talidomida tenía efectos teratogénicos (producía malformaciones en el feto) y fue el origen de polineuritis en muchos bebés nacidos de madres que la tomaron durante la gestación. Las malformaciones afectaban fundamentalmente al acortamiento de los brazos y antebrazos, aunque también se produjeron alteraciones en otros órganos, incluidos los internos. “La demandada ni siquiera niega este presupuesto básico”, indicó respecto a Grünenthal la sentencia de la primera instancia, revocada por la Audiencia de Madrid en lo referido a la prescripción.

La tesis del Juzgado de Primera Instancia, que rechazó la prescripción, ha sido apoyada por un solo magistrado de la Sala Civil del Supremo. Arroyo, que ha anunciado que plasmará sus argumentos en un voto discrepante, considera que la decisión de la mayoría se aparta de la doctrina de la Sala, que en numerosos precedentes ha establecido que el plazo de prescripción debe empezar a computarse a partir de la declaración -judicial o administrativa- de incapacidad del afectado. En el caso de la talidomida, el real decreto 1006/2010, de 5 de agosto, puede ser considerado una declaración administrativa de incapacidad ya que reconoció oficialmente a las víctimas de la enfermedad y estableció la concesión de ayudas de la Administración (un pago único de entre 30.000 y 100.000 euros). Desde esa perspectiva, la demanda de conciliación de las víctimas (junio de 2011) no habría prescrito.

La compañía ha declinado valorar la decisión del Supremo “hasta recibir la sentencia oficialmente”. En un comunicado de prensa, la empresa ha reiterado que, “con independencia de la resolución”, ya existen “medios satisfactoriamente establecidos” para que todos aquellos afectados por un producto que contuviese talidomida de Grünenthal, o de su distribuidor local en España, puedan beneficiarse de ayudas económicas.

En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, un portavoz de la compañía afirma que los afectados españoles por el fármaco pueden recibir “hasta 7.000 euros mensuales” a través de las dos fundaciones habilitadas para gestionar sus ayudas, la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal, ambas en Alemania.

Sin embargo, Avite asegura que sólo uno de los más de 300 afectados españoles que pertenecen a la asociación es pensionista de una de las fundaciones alemanas, ya que del resto “se han rechazado las solicitudes con las excusas más arbitrarias”. La sentencia de la Audiencia de Madrid alude a cinco víctimas españolas que reciben la pensión de la fundación alemana, cuatro de las cuales no pertenecen a Avite.

Respecto a su culpabilidad, la empresa la reconoce: “Lo hemos hecho públicamente y hemos pedido perdón”. Sin embargo, apunta a un dato que reconocen también las propias víctimas: Medinsa, la representante del laboratorio en aquella época, comercializaba cuatro de los siete medicamentos que contenían el principio activo talidomida. Otros tres los vendían los laboratorios U.C.B. Pevya (hoy UCB Pharma) y Farmacobiológicos Nessa. “El porqué no se piden indemnizaciones a estas empresas además de a Grünenthal es algo que habría que preguntar a las víctimas”, concluye el portavoz del laboratorio en España.

El juez falla a favor de la ex consejera delegada de Ono en su pulso con Vodafone

portelaHonor y dinero. El pulso judicial entre Vodafone y la ex cúpula directiva de Ono (Rosalía Portela, Carlos Sagasta y José María Castellano) comienza a resolverse. El juicio laboral entre la que fuera consejera delegada de ONO, Rosalía Portela, y Vodafone, actual dueño de la compañía, ha terminado con una victoria rotunda para la primera.

Honor y dinero. El pulso judicial entre Vodafone y la ex cúpula directiva de Ono (Rosalía Portela, Carlos Sagasta y José María Castellano) comienza a resolverse. El juicio laboral entre la que fuera consejera delegada de ONO, Rosalía Portela, y Vodafone, actual dueño de la compañía, ha terminado con una victoria rotunda para la primera.

El juez dictó ayer que su despido en octubre de 2014 fue improcedente y deberá ser indemnizada por la operadora. Es solo el primero de una serie de encuentros en los tribunales entre ambas partes que se esperan en los próximos meses. Por el momento, Vodafone ha perdido ya dos juicios y fue retratada en un acta de Hacienda como conocedora de la situación económica y fiscal de su recién adquirida Ono, auditada entonces por PwC y más tarde reauditada por Deloitte tras la adquisición.

El caso se remonta a la venta de Ono a Vodafone en julio de 2014 por 7.200 millones de euros, incluida la deuda financiera de 3.400 millones. Tras conocerse la operación, Hacienda abrió un expediente por infracción y fraude en la contabilización del IVA en una serie de clientes -que suponían una facturación de 100 millones, menos del 2% de la actividad de la empresa- y pidió cuentas.

El caso de los bonus millonarios sin pagar

El operador británico, por su parte, dio a entender que le habían engañado y reaccionó despidiendo a Rosalía Portela, al presidente José María Castellano y al director financiero, Carlos Sagasta. Como consecuencia de lo anterior, Vodafone congeló un bonus de más de 70 millones de euros que tenían pactado estos ejecutivos con los anteriores accionistas de Ono. Esa cantidad se corresponde con un plan de incentivos a largo plazo y que Vodafone debía asumir tras la compra, pero que se negó en redondo a pagar alegando una mala gestión de sus directivos y la responsabilidad en el asunto con Hacienda.

Una vez finiquitados los juicios laborales de Portela y Sagasta -que todavía espera el fallo-, en septiembre está previsto que se resuelva el caso de los bonus, además de otra querella contra Vodafone presentada por Portela en la que reclama otros 100 millones de euros por la indefensión y perjuicios ocasionados por el despido.

Se encuentra también pendiente de resolución, aunque tras los primeros juicios la posición de Vodafone ha perdido fuerza. Tanto en el acta de Hacienda que cerró el expediente por irregularidades como en el contencioso laboral se señala que la operadora conocía la situación fiscal de Ono en el momento de su compra.

El equipo directivo comandado por Castellano y Portela llegó a Ono entre finales de 2008 y la primavera de 2009. El estado del grupo de telecomunicaciones era más que delicado: 540 millones de euros en pérdidas, una deuda de 4.600 millones que debía de ser negociada a cara partida con los bancos y un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que resultó en 1.300 despidos.

Los accionistas de Ono pactaron con la nueva dirección un plan de incentivos a largo plazo para que diesen la vuelta al rumbo de la empresa. El accionariado de la operadora de cable estaba controlado hasta la llegada de Vodafone por varios grupos de capital riesgo como Providence Equity Partners, CCMP Capital, Thomas H. Lee Partners y Quadrangle Capital.

Image: Flickr/Esade

Ángela González, 12 años pidiendo justicia… sin suerte

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En enero de 2014 la ONU condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género. El organismo considera que se cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González (en la foto), un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre.  Este lunes Women’s Link ha recibido de Justicia la desestimación de un recurso de revisión en el que argumenta que no otorgarán a Ángela ninguna indemnización ni reparación económica. 

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Imagen de Ángela González.

El sistema de justicia español le falló a Ángela. Así lo afirma el grupo internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, que llevó su caso a las Naciones Unidas. Esta organización (y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas) consideran que el Estado español cometió un error fatal al permitir que la ex pareja de Ángela González, un maltratador condenado y con orden de alejamiento, tuviese el derecho de visitas sin supervisión con su hija Andrea. Durante una de estas visitas, Andrea, de siete años, fue asesinada por su padre, quien luego se suicidó.

Ángela estuvo litigando durante ocho años para conseguir que el Gobierno admitiese su parte de responsabilidad en el crimen. Sin embargo, ningún tribunal español quiso reconocer que el asesinato de Andrea había sido evitable. En 2011, Ángela contactó con Women’s Link Worldwide y la organización de derechos humanos denunció a España ante las Naciones Unidas. En una decisión sin precedentes, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer condenó al Gobierno español por primera vez por un asunto de violencia de género en agosto de 2014. El comité también solicitó que España implementase acciones proactivas que evitasen que el caso de Ángela pudiese suceder otra vez.

Sin embargo, lo que parecía una victoria tras once años de largas litigaciones ha resultado ser otra desilusión para el equipo de Ángela González. Gema Fernández, la abogada de Women’s Link Worldwide que llevó el caso de Ángela a los tribunales internacionales, afirma en una entrevista para EL ESPAÑOL que en el informe que España ha enviado al comité de la ONU en enero de este año no se cumplen ninguna de las recomendaciones solicitadas por el organismo internacional. Women’s Link ha mandado su propio informe al comité de las Naciones Unidas en las que denuncia esta falta del cumplimiento por parte del Estado español.

“El Gobierno se niega a reconocer a Ángela como una víctima de violación de derechos humanos y no admite su responsabilidad por el grave daño que le ocasionó”, declara la abogada de Ángela. “Tampoco admite que exista un problema estructural en cómo el ordenamiento jurídico español trata el tema de la violencia de género”.

La abogada afirma que en cuestiones de violencia de género España tiene mucho que mejorar. Según el boletín estadístico anual del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre violencia de género, 53 mujeres murieron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2014. De estas 53 mujeres, 17 (el 32%) habían presentado una denuncia por delitos de violencia de género, pero sólo cuatro estaban siendo protegidas cuando fueron asesinadas.

mayoria de las victimas

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) define “orden de protección” cómo una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos o faltas de violencia doméstica y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena la protección de la víctima mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias. Según datos del CPGJ, las órdenes de protección sobre el total de solicitadas han pasado del 72.7% en el primer trimestre de 2009 al 57% en el mismo periodo del año 2015, lo que supone una reducción de 15 puntos.

ordenes de proteccion

La abogada de Women’s Link afirma que un grave fallo estructural en el sistema español es el régimen de visitas cómo en el que Andrea fue asesinada por su padre. Esta medida deriva de una orden de protección u otras medidas cautelares de seguridad y protección. Los datos del CGPJ muestran que el régimen de visitas a hijos de acusados por violencia de género se suspendió tan solo en el 3% de los casos en casi todos los años entre 2007 y 2015 (con la excepción de 2008).

suspension visitas

“En España tenemos el concepto estereotipado de que la violencia es un asunto privado”, dice Gema Fernández. “Todavía conservamos el mito de que una persona puede ser un maltratador y un buen padre, y consideramos que el derecho de un padre a estar con su hijo (o hija) es sacrosanto. Además, no se toman suficientemente en cuenta las opiniones de los hijos. Estos estereotipos influyen en la decisión de los jueces a la hora de suspender el régimen de visitas a los maltratadores y por eso se suspenden tan poco”.

En sus recomendaciones, la ONU pidió que el Estado español tomase medidas adecuadas para que los antecedentes de violencia fueran tenidos en cuenta en el momento de otorgar derechos de custodia y de visitas. Sin embargo, el Gobierno ha hecho todo lo contrario, afirma Women’s Link. En su comunicado a las Naciones Unidas, esta organización afirma que las medidas adoptadas por el Estado no son suficientes para proteger a las mujeres y a sus hijos.

“No hay ninguna legislación en este momento que cambie este régimen de visitas. De hecho, algunas de las leyes que el Gobierno quiere desarrollar se posicionan totalmente en contra de los consejos del Comité”, dice Fernández. La abogada se refiere al Anteproyecto de Ley de corresponsabilidad parental, un proyecto que según denuncia Women’s Link está en contra de las solicitudes que hizo la ONU “al permitir que se autoricen visitas a maltratadores condenados por violencia de género cuando la autoridad judicial lo considere conveniente para el niño o la niña”.

El Comité de Naciones Unidas también solicitó que el Estado español proporcione formación obligatoria al poder judicial y al personal administrativo para luchar contra los estereotipos de género. Women’s Link afirma en su informe “que el Estado no aporta información sobre cómo va a proporcionar formación obligatoria a jueces y juezas y al personal administrativo”, y que en la formación proporcionada por el estado en su nota no aborda los estereotipos de género. La organización de derechos humanos añade que ahora mismo la formación a jueces y a personal administrativo no es obligatoria ni continua, no se encuentra sujeta a evaluación, cuenta con muy pocas horas lectivas y se brinda a un número muy reducido del personal de la judicatura.

Estado Al Comité CEDAW-Caso Ángela González

En un escrito publicado este marzo, Ángela González escribe: “Los asesinatos por violencia de género siguen siendo invisibles, se olvidan rápido”. Su abogada de Women’s Link afirma que el Estado no informó ni a Ángela ni a Women’s Link sobre las medidas que dice haber adoptado para cumplir las solicitudes de la ONU.

Este lunes 27 de julio Women’s Link recibió del Ministerio de Justicia la desestimación de un recurso extraordinario de revisión interpuesto por las abogadas de Women’s Link. El Ministerio argumenta que no otorgarán ninguna indemnización ni reparación económica a Ángela ya que los Dictámenes de los Comités de Naciones Unidas no son vinculantes para el Estado español.

“Para Ángela no sólo está en juego la indemnización que el estado se niega a darle”, dice su abogada. “También quiere que cambie la legislación vigente sobre las visitas a sus hijos por parte de maltratadores. Esto va más allá de la reparación que pide al Estado. Es muy importante para Ángela que lo que ella ha sufrido no lo vuelva a sufrir nadie más”.

Ángela y Women’s Link han interpuesto nuevos procedimientos para reclamar la reparación e indemnización que recomienda el Comité de la ONU. “Estamos reclamando la responsabilidad patrimonial al Estado”, dice la abogada de Ángela. “Pediremos al Comité que haga un seguimiento hasta que el Estado cumpla”.

“Llevo 12 años pidiendo justicia”, escribió Ángela tras conocer la respuesta de España a las Naciones Unidas. “Yo también tengo dignidad, sólo espero que me la devuelvan”.