Pujol Jr. y su esposa fabricaron un autoalquiler como el de la Infanta

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El afán del hijo mayor del ex president por evadir impuestos le llevó a usar el mismo artificio contable que usó la Infanta Cristina. Un contrato ficticio confeccionado el 1 de enero de 2003 en el que la arrendadora y la arrendataria son la misma persona: la esposa del primogénito del president, Mercè Gironès.

El caso Urdangarin y el caso Pujol ya tienen un elemento en común. El afán por evadir impuestos de los ex duques de Palma y del matrimonio del hijo mayor del ex president ha desembocado en ambos casos en la fabricación del mismo artificio contable para engañar a Hacienda. Tanto la Infanta Cristina como Mercè Gironès rubricaron de su puño y letra un contrato fraudulento con el que simularon alquilarse a sí mismas sus propias oficinas.

El objetivo perseguido por ambas era el mismo: generar gastos falsos en sus respectivas sociedades instrumentales para tributar menos. Tanto la hija de Don Juan Carlos como la nuera de Jordi Pujol i Soley se encontraron de pronto con el mismo problema fiscal. Una y otra disponían de entidades sin actividad alguna que utilizaban para cobrar comisiones de grandes empresarios.

En el caso de la Infanta, Aizoon percibía pagos millonarios por la prestación de asesorías inexistentes a grandes compañías internacionales. En los balances de la empresa se registraban grandes ingresos y apenas había casi gastos, por lo que el margen de beneficio por el que tributaba era máximo.

Gironès hizo algo muy similar. Su marido utilizaba empresas instrumentales para cobrar comisiones del 5% de grandes contratistas de la Generalitat que se camuflaban bajo el paraguas de hipotéticas asesorías de las que no existe rastro alguno. De nuevo los ingresos eran cuantiosos, los gastos, inexistentes y los impuestos que pagar, muy elevados. Ambos matrimonios recurrieron a diversas fórmulas para incorporar a las sociedades gastos que no habían generado con el objetivo de reducir su base imponible.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato ficticio confeccionado por Jordi Pujol Ferrusola y su mujer el 1 de enero de 2003. Se trata de un supuesto alquiler en el que “de una parte”, en calidad de arrendadora, comparece “la Sra. Mercè Gironès i Riera”; y, de otra, como arrendataria, hace lo propio la misma “Sra. Mercè Gironès i Riera”.

Según este acuerdo mercantil, la mujer de Pujol Jr., que actúa en representación de las dos sociedades instrumentales empleadas por su marido para cobrar comisiones (Iniciatives, Marketing i Inversions, SA, y Project Marketing Cat, SL), deja constancia de que las entidades se alquilan a sí mismas el despacho profesional que habitualmente utilizan: un inmueble situado en el número 5-15 de la barcelonesa calle Ganduxer.

Según dice este documento, “la sociedad Iniciatives”, propiedad de Pujol Ferrusola y de su mujer, “se compromete a prestar servicios de carácter administrativo a favor de la sociedad Project”. Concretamente, de “recepción en sus oficinas de llamadas telefónicas, de correspondencia postal y telegráfica, de correo electrónico y de fax”. Asimismo, los Pujol fingen que sus dos empresas pantalla se intercambian “su disposición en las mismas oficinas de una sala y/o estancia para la celebración de reuniones limitando su utilización a un máximo de diez horas mensuales no acumulables” como si fueran entidades que no estuvieran vinculadas entre sí.

Para intentar otorgarle cierta veracidad, el contrato falso de autoalquiler establece también que tiene la “duración de un año prorrogable automáticamente por periodos de igual duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá ser comunicada a la otra con al menos 15 días de antelación”. La tarifa que fijan para los servicios asciende a “480 euros” a los que se aplicará “el IVA vigente en cada momento”.

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El documento lo rematan sendas firmas idénticas de Gironés.

El Mundo ya reveló en octubre de 2013 un documento prácticamente calcado al descrito que fue diseñado por los ex duques de Palma y en el que figuraba, como arrendadora y arrendataria al mismo tiempo, Cristina de Borbón. En aquel caso, la Infanta simulaba alquilarse a sí misma su palacete de Pedralbes, que presentaba ante Hacienda como sus oficinas profesionales pese a que ni siquiera albergaba un despacho como tal. Aquel contrato, junto con otra serie de pruebas documentales que certificaban la participación directa de la Infanta en una trama de evasión de impuestos, provocó su imputación en el caso Urdangarin por delito fiscal.

El comprador del palacete de la infanta se esconde tras una fundación en Liechtenstein

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La firma recibe el nombre de Matsoto Foundation, y es una de las formas jurídicas más opacas del planeta; una fundación abierta en Vaduz, capital de Liechtenstein. Desde allí se controla una empresa en Luxemburgo, Southbury Holding, que ha puesto 6,9 millones de euros para comprar de la casa de Iñaki y Cristina.

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La firma recibe el nombre de Matsoto Foundation. Y es una de las formas jurídicas más opacas del planeta; una fundación abierta en Vaduz, capital del principado de Liechtenstein. Allí, este tipo de empresas son prácticamente un agujero negro. Matsoto Foundation no presenta cuentas públicas, no declara abiertamente sus socios. Y sobre todo, no tiene obligación legal de anunciar quién está detrás de la compra -por medio de varias empresas pantalla- del palacete que hasta hace escasos días estaba a nombre de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina  en el barrio barcelonés de Pedralbes. Un palacete embargado por la Justicia y por el que la pareja ha recibido 6,9 millones de euros.

El pasado 8 de junio el juez José Castro, encargado de la investigación del Caso Noos, levantó la anotación judicial que pesaba sobre el inmueble. Los ex duques de Palma, ambos imputados, aseguraron al juez que tenían un comprador para la casa. De hecho, el contrato de arras llevaba firmado desde diciembre del año pasado. Según el documento, el comprador anónimo estaba representado por el abogado barcelonés Miquel Terrasa, un viejo conocido de Iñaki Urdangarín. Terrasa ya asesoró al Instituto Noos en su proyecto para hacer  de Valencia la sede de los Juegos Europeos.

Hace tan solo dos días, Urdangarín y la infanta anunciaban al juez Castro que la compra se había materializado: del dinero entregado por el comprador anónimo 4,4 millones han servido para saldar la hipoteca del inmueble. El resto, 2,3 millones según el escrito de sus abogados, ha sido consignado por un notario en la cuenta del juzgado para hacer frente a la fianza civil impuesta a ambos, que supera los 13 millones en el caso de Urdangarín y fue fijada en 2,6 en el caso de la infanta.

Según el Registro Mercantil español, el nuevo comprador de la vivienda no es una persona física, sino una empresa abierta en Luxemburgo, de nombre Southbury Holdings. La sociedad fue creada en el principado centroeuropeo el 28 de mayo de 2008 por los representantes de un conocido bufete financiero de la zona, International Pyramide Holdings. El director de la compañía es, por ejemplo, uno de los máximos directivos de gigantes como Pepsi en Europa. Según su acta fundacional, las 1.250.000 acciones de Southbury Holdings están en manos de este conglomerado. Pero un año después de su creación, eso cambió. El 18 de febrero de 2009 las acciones de Southbury Holdings pasaron de golpe a la firma Matsoto Foundation.  La sociedad en Liechtenstein se hizo así con el control de la firma en Luxemburgo. Y, por tanto, es ahora la propietaria real del palacete de la infanta.

Coincidencias

Pese al cambio de acciones y su titularidad real en Liechtenstein, Southbury Holdings está administrada desde el momento de su creación por otra empresa del mismo país: una firma llamada Manacor (luxembourg) SA, un nombre mucho más recurrente si tenemos en cuenta que Urdangarín y la infanta Cristina ostentaban hasta hace una semana el título de duques de Palma y que Manacor es uno de los principales municipios de la isla.

La gestión de esta compañía -abierta ya antes de la creación de Southbury Holdings- ha pasado por varias manos desde entonces y en la actualidad está encargada  a cinco financieros locales. Cinco personas que trabajan en el número 46A de la Avenida J.F. Kennedy de Vaduz: Gérald Olivier David Welvaert, Jean-Jacques Josset, Martin Paul Galliver, Fabrice Michel Gilles Mas y Fabrice Stéphane Rota.

El 18 de junio de 2010, Southbury Holdings, compradora oficial del palacete de Pedralbes, celebró una junta extraordinaria de accionistas. La única que tiene anotada. Y allí, un financiero luxemburgués llamado Thomas O’Doherty, con un poder de Matsoto Foundation -la dueña en Liechtenstein-  realizó una serie de modificaciones de los estatutos ante notario. Cambios como una reducción de los gastos fijos anuales estimados de la empresa hasta los 1.000 euros. En resumen, un ahorro de dinero. Un mes después -exactamente el 22 de julio de 2010- el juez Castro abre la pieza separada que ha servido para investigar las presuntas corruptelas de Urdangarín y la infanta Cristina y que ha terminado por sentar a la pareja en el banquillo. 

Un año antes de estos hechos y según reveló ayer el portal Vanitatis, la misma empresa luxemburguesa compró otro piso en Barcelona. Una vivienda de 450 metros cuadrados en el Paseo de la Bonanova de Barcelona. Esta vez, la compra se realizó el 21 de mayo de 2009; dos días después de la primera comunión de Juan Valentín y Pablo Nicolás, los hijos mayores de los ex duques de Palma. 

Un gesto histórico para un comienzo de partida

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Felipe VI quiere comenzar su particular partida como rey limpio de polvo y paja. Por eso, una semana antes de celebrar su primer año al frente del trono, se ha remontado 106 años en la historia para emular a su bisabuelo Alfonso XIII cuando éste retiró la dignidad real a su primo el Infante Alfonso de Orleans por casarse sin su venia.

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Felipe VI quiere comenzar su particular partida como rey limpio de polvo y paja.  Por eso, una semana antes de celebrar su primer año al frente del trono, se ha remontado 106 años en la historia para emular a su bisabuelo Alfonso XIII cuando éste retiró la dignidad real a su primo el Infante Alfonso de Orleans por casarse sin su venia.

La partida de su padre, Juan Carlos I, duró 38 años y medio y terminó de manera complicada. Entre el anuncio del prematuro adiós del rey emérito el 2 de junio de 2014 y este histórico 11 de junio ha transcurrido poco más de un año. Ha sido una especie de interregno en el que el Don Felipe príncipe se ha posicionado como monarca con pequeños grandes gestos, como la prohibición de recibir prebendas o la imposibilidad de trabajar en o para una empresa privada si eres miembro de la Familia Real (seis personas en este momento, dos de ellas menores de edad).

Ahora empieza la acción. Felipe VI ha dado un puñetazo encima de la mesa que ha sorprendido a los españoles. ¿Por qué el 11 de junio de 2015? ¿Por qué casi cuatro años después de ese 11-11-11 en el que Iñaki Urdangarin fue llamado a capítulo a La Zarzuela? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo intuimos. Una persona que sabe mucho de la Casa Real y que, además, despacha un gran sentido del humor lo resume en andaluz: “Por jartera”.

Harto de ver a su hermana regodearse en el pozo de la arrogancia y la soberbia, de ese lugar húmedo y oscuro del que la infanta Cristina parece incapaz de salir desde que el caso Noos salió a la palestra en 2011.

Cansado de esperar ese gesto que nunca llegó, a pesar de que se lo han pedido por activa y por pasiva, la primera vez, en diciembre de 2011 a través de Fernando Almansa, ex jefe de la Casa, según lo desvelado por los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.

Felipe VI “ha forzado un poco la interpretación legislativa para tomar una medida política necesaria”

Felipe VI “ha forzado un poco la interpretación legislativa para tomar una medida política necesaria”, según fuentes conocedores del casuismo existente en torno al régimen de atribución de derechos. En España, al igual que en el Reino Unido, se ha optado por la existencia de una clara regla en torno a la Corona: “poquitas leyes e interpretaciones adecuadas”.

Por ello, la revocación del título de duquesa de Palma a la infanta Cristina se ajusta al régimen general de los títulos a pesar de que éste figura como vitalicio en el real decreto de concesión de 1997, cuando contrajo matrimonio con Iñaki Urdangarin. Sobre todo en lo que a títulos concesionarios se refiere, el rey tiene la potestad de darlos y de quitarlos. No es así en el caso de los sucesorios, como el de un conocido duque sevillano que hace años se vio involucrado en un caso de pederastia. Nunca se planteó la posibilidad de revocarle el título.

No obstante, y para aquéllos que se pregunten sobre la legalidad de la revocación, ahí está la famosa carta de la infanta Cristina en la que ella misma renuncia al ducado. Una falta de elegancia más que ha servido para rubricar la decisión tomada por el rey.

El siguiente escalón, el de los derechos sucesorios, es más difícil de sortear. La Constitución española sólo reconoce la posibilidad de retirada en caso de matrimonio en contra de la voluntad del rey y de las Cortes. La Zarzuela ha estudiado a fondo el asunto: se trata de un acto personalísimo que sólo puede tomar, en este caso, la propia infanta Cristina.

Como a ella le gusta repetir, Cristina de Borbón y Grecia será infanta hasta que muera porque es hija de rey

Finalmente está su condición de infanta. Como a ella le gusta repetir hasta la saciedad, Cristina de Borbón y Grecia será infanta hasta que muera porque es hija de rey. Si se fuerza la legislación, Felipe VI podría empeñarse en quitarle el tratamiento de alteza real atribuido a los que tienen la condición de infante. Don Carlos, primo de Juan Carlos I, fue creado infante por el rey emérito aunque no es hijo de rey.

Hasta aquí, la arquitectura legal que construyó Sabino Fernández Campo para la organización de la Casa del Rey y para honores y tratamiento. En tiempos más recientes ha sido José Manuel Romero, conde de Fontao, el encargado de ir interpretando la ausencia de normas, como en su día la decisión de que la infanta Elena pudiera contraer matrimonio con Jaime de Marichalar sin el permiso expreso de las Cortes españolas.

Cristina de Borbón puede atrincherarse en el bastión de los derechos sucesorios y en su condición étnica de infanta. También puede seguir sonriendo, como lo hizo en su última aparición pública en el funeral de Kardam de Bulgaria. Puede intentar parar el tiempo en Suiza y refugiarse en una condición real sobre el papel que los españoles no le reconocen.

La vida, en España, sigue. Lo que queda, lo importante de la medida de higiene política que ha tomado Felipe VI en la persona de su hermana Cristina, es que marca el inicio de un juego nuevo y de una monarquía que aspira, ahora sí, a ser renovada.


Ana Romero es autora del bestseller Final de Partida, el libro que narra las circunstancias que provocaron la abdicación de Juan Carlos I (Esfera de los Libros, 2015)