Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

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Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

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El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

El senador imputado de Bildu sobre Hipercor: “La policía se negó a desalojar”

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Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio.

Iñaki Goioaga ejerció durante años como abogado de varios presos de ETA e ingresó en prisión en 2009 acusado de ayudar a fugarse a dos presos de la banda en un plan disparatado que incluía un helicóptero y pretendía llegar a Portugal. Ni siquiera pasó dos años en la cárcel. Salió después de pagar una fianza de 60.000 euros y fue elegido senador por designación autonómica en enero de 2013.

El Supremo anunció este miércoles que abrirá una causa contra Goioaga a petición de la Audiencia Nacional, cuyo juez Eloy Velasco llegó a la conclusión de que aprovechaba su condición de abogado para mantener controlados a los presos de ETA y difundir sus consignas en prisión.

No se trata de una acusación nueva. José Miguel Latasa Getaria –que ayudó a su colega Kubati a asesinar a la ex etarra Yoyes en 1986 y luego fue expulsado de ETA por buscar la reinserción ocho años después– la formuló en esta entrada de su blog Arabatik:

Desde que entré en la cárcel ya me pusieron al día que era él, el abogado de Gestoras que mandaba en el colectivo. Después, con el tiempo, ya fui viéndolo con mis ojos que este elemento era quien movía los hilos entre los presos y ETA. El venía con las órdenes concretas, quien, al menos conmigo, Kubati y alguno más decía cuándo había que hacer huelga de hambre ; plante o las dos cosas y se permitía , incluso en el ínterin, decirnos que tenía esa noche sidrería. Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal.

Hoy Goioaga es senador y sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Así cabe explicar la exposición razonada que el juez Eloy Velasco envió desde la Audiencia Nacional al alto tribunal, que ahora abre una causa que podría desembocar en su imputación por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de terrorismo, blanco de capitales y fraude a la Seguridad Social.

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio y sobre el que escribimos aquí.

Se trataba de glosar la obra Las guerras correctas, que retrata la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González en los tiempos de la ofensiva judicial para esclarecer los crímenes de los GAL. Acompañaban al senador el periodista Pedro J. Ramírez y la jurista Manuela Carmena, que por entonces no había anunciado su candidatura a la alcaldía de Madrid.

La impunidad fue uno de los asuntos clave del coloquio, que se puede ver entero aquí. La impunidad de los GAL y la de muchos crímenes de ETA que quedaron por esclarecer.

Los tres invitados criticaron el enjuague que propició los indultos de Rafael Vera y José Barrionuevo. Pero Goioaga se desmarcó de los demás al hablar del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 21 personas el 19 de junio de 1987. “Fue un resultado terrible y no deseado”, dijo el senador de Bildu. “Se fue a hacer un desalojo dos horas antes de que estallaran los coches bomba y el director y el comisario Francisco Álvarez se negaron y dijeron que era una falsa alarma. Se podría haber evitado. Quién colocó el coche bomba está claro. Pero la verdad es amplia y tiene muchos parámetros”.

Las palabras del senador suscitaron estupor entre los presentes. “¡No, si será culpa de las víctimas!”, gritó desde la quinta fila David Moreno, que se definió como una persona que “cree en la democracia” en su presentación. “La verdad no tiene muchos parámetros sino muchas excusas. Excusas para matar a niños y a embarazadas como hizo ETA”.

Sobre el escenario retomó el asunto Pedro J. Ramírez, que matiza las palabras de otro espectador: “Aquel día ETA no envió el coche bomba para matar a la gente de Hipercor. Pero expresó tal desprecio por las personas estaban en Hipercor que arriesgó sus vidas dejándolas al albur de una situación límite que ellos mismos habían creado. Responsabilizar luego al mal funcionamiento de las autoridades es una vileza. La responsabilidad es de ETA y de nadie más”.

“Jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo”, dijo Goioaga al hablar de la violencia policial en el País Vasco. “Ahora los condenados por terrorismo no pueden ser maestros. Pero sí pueden el violador, el pederasta, el pedófilo y el de la violencia de género. ¡Eso es no creer en la reinserción!”.

Hubo otro espectador que le reprochó al senador sus palabras sobre el atentado de Barcelona: “Cuando un tipo llega a Hipercor y deja un coche cargado de explosivos, no viene a regalar bombones”. La respuesta fue muy similar:

ETA hizo autocrítica con el tema de Hipercor. Fue la primera vez en que yo vi a dos personas pedir perdón a los familiares. En Hipercor está condenado el Estado y eso fue un error. Cualquier daño es inadmisible. Otra cuestión es qué se produce y habrá que ver las causas. El que efectúa el daño quizá es porque no tenía otras salidas. Yo me alegro de que seas español. El problema es que los planteamientos de españolidad no se imponen y la pregunta es si hay o no la suficiente libertad para que todas las opciones se puedan expresar con claridad. Sentimos la necesidad de una segunda Transición y de la depuración de los cuerpos franquistas. En 1975 me detuvo la Brigada Político-Social y dos años después me detuvieron los mismos policías, que me dijeron que se habían convertido en demócratas. Es fundamental el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño y el problema es que el Estado no reconoce el daño y tampoco la existencia de víctimas. Colocan árboles con el nombre de su familiar fallecido y la Guardia Civil los arranca. En esos parámetros no hay resolución posible de un conflicto que no se reconoce que existe y que ha generado mucho sufrimiento en el Euskal Herria y en el Estado español. 

El juez que ha citado al ‘president’ a declarar fue elegido a propuesta de CiU

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

El juez que ha citado como imputado a Artur Mas se llama Joan Manel Abril y fue elegido magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña en junio de 2012 por el Consejo General del Poder Judicial.

Pertenece al llamado “turno autonómico”: los Parlamentos de las comunidades autónomas tienen la potestad legal de proponer a la mitad de los jueces integrados en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ. Son juristas que sin pertenecer a la carrera judicial ni superar la oposición de ingreso, acceden directamente y gracias al favor político a esas relevantes Salas, que son las encargadas de investigar y juzgar los delitos de los aforados en cada comunidad autónoma.

El magistrado que ahora instruye la causa contra Artur Mas encabezó la terna de juristas que el Parlamento de Cataluña propuso al CGPJ en abril de 2012. Los otros dos fueron Antoni Vaquer y María Rosa LLácer, pero en el acta de la sesión parlamentaria no se refleja que hubiera debate alguno sobre los méritos de cada uno. La terna prosperó por asentimiento y con el apoyo de CiU, PSC, ICV y ERC.

La designación de Abril por el órgano de gobierno de los jueces fue igual de pacífica. Era el candidato apoyado por Ramón Camps, vocal del CGPJ a propuesta de CiU, y los demás consejeros respetaron su preferencia por Abril, que hasta entonces era profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde octubre de 2007 ejercía como director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, entonces en manos del PSC.

Fuentes del CGPJ –inmerso en aquellas fechas en la intensa polémica que generaron los viajes con cargo a fondos públicos de su presidente, Carlos Dívar–, recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Joan Manel Abril provenía inequívocamente de CiU y no del PSC.

El independentismo presiona a la CUP para investir a Mas

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Medios y periodistas afines al president tratan de convencer a la formación anticapitalista para que permita la investidura del líder de CDC. La CUP mantiene el pulso e insiste en encontrar un candidato de consenso.

Medios y periodistas afines al president tratan de convencer a la formación anticapitalista para que permita la investidura del líder de CDC. La CUP mantiene el pulso e insiste en encontrar un candidato de consenso.

Un miembro de la CUP acuñó hace unos años un término que en Cataluña ha hecho fortuna. Habló del Camamilla Party. El término en catalán significa manzanilla, hace referencia al Tea Party estadounidense y describe a un sector de la sociedad catalana. Ese grupo lo forman contertulios, columnistas, directores de medios y un ejército de miles de tuiteros.

A grandes rasgos y con matices, los miembros del Camamilla Party defienden a Artur Mas como la única persona capaz de liderar el proceso soberanista. Consideran que no toca hablar de los recortes hasta que Cataluña sea independiente y atribuyen cualquier indicio de corrupción a una guerra del Estado contra Cataluña. Ese mismo sector no le ahorró reproches a la CUP cuando decidió no ir en la lista unitaria soberanista. Odian tanto a Mariano Rajoy como a Pablo Iglesias o Duran Lleida y les dolió sobremanera que la alcaldía de Barcelona quedara en manos de Ada Colau.

En las últimas horas, el Camamilla Party se ha volcado en presionar a la CUP para que ceda y haga presidente a Artur Mas.

El diario Ara ha publicado en su versión impresa de este martes un editorial llamado Mas no puede ser el problema. El editorial iba destacado en portada con el titular Peligra la investidura. Uno de sus más destacados columnistas, Antoni Bassas, también publica en el mismo periódico un artículo a favor de la investidura del president en funciones. “Sería un error que lo que no ha conseguido la persecución mediática con base en Madrid se decidiera ahora en Barcelona”, asegura.

El exdirector de La Vanguardia, José Antich, también afirma en un artículo que los intentos de desplazar a Mas de la presidencia son de una “gran miopía”. Pilar Rahola aseguró este lunes en 8TV que no le parecería justo que se apartara ahora al president. Otros periodistas y opinadores invitaban a la CUP a reflexionar sobre por qué se alinea con los poderes unionistas en el rechazo a Artur Mas.

https://twitter.com/jordibarbeta/status/648721503140364288

El ‘president’ mártir

La imputación de Artur Mas por la consulta del 9N, conocida durante la mañana de este martes, ha aumentado aún más la presión sobre la CUP. Todo el soberanismo ha cerrado filas en torno a Mas y esto ha dejado a la CUP aún más expuesta a pesar de que el líder del partido, Antonio Baños, ha mostrado su solidaridad con Mas y las demás imputadas.

Para más inri, el juez ha citado a Mas a declarar en el 75º aniversario del fusilamiento del antiguo president de la Generalitat Lluís Companys.

Muchos han interpretado la imputación de Mas como el estímulo necesario para que la CUP cediera en su postura de negar la investidura. Mas adquiría una posición más transgresora y se convertía en representante de la desobediencia que prodiga la CUP. Baños, sin embargo, ha mantenido el discurso del partido y ha dejado claro que no cederán a las presiones. “Después de décadas de represión policial y judicial, no nos asusta demasiado una campaña de Twitter”, ha afirmado el líder de la CUP.

Quiénes han evitado pronunciarse a favor de la investidura de Mas han sido los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. En una rueda de prensa conjunta, han criticado la imputación y han confiado en que las formaciones llegarán a un acuerdo, pero no han querido valorar si es importante que Mas sea president.

Un poder inesperado

Todas las encuestas indicaban que la CUP tendría la sartén por el mango a la hora de articular una mayoría soberanista en el Parlament. Lo que no se esperaba la formación era que la investidura de Mas como president dependería de sus votos. El partido anticapitalista se sentía mucho más cómodo con la posibilidad de una abstención en segunda vuelta. Pero ahora este escenario no es posible y la CUP tiene la carga de ser quién puede dinamitar el proceso si JPS tampoco cede.

La situación no ha avanzado durante este martes. Ambas formaciones han reafirmado sus posiciones ante los medios durante la mañana y por ahora nadie quiere aparentar que está dispuesto a ceder. El entorno de Mas ha filtrado a TV3 que el proceso no se va a parar y que la CUP ha de decidir si lo va a apoyar. Baños ha vuelto a repetir que no investirán a Mas y ha insistido en una figura de consenso con la que “todos nos podamos sentir cómodos”. Si Mas representa un extremo y la CUP otro, lo que buscan es un candidato intermedio. Con esas palabras lo ha explicado Baños durante una entrevista en TV3.

CDC, sin embargo, no está dispuesta a dejar de liderar el proceso y considera “irrenunciable” la presidencia de Mas. Después de todos los costes de la aventura independentista para el partido –de la ruptura con Unió a las imputaciones–, no quieren que la presidencia quede en manos de una persona de ERC o de un candidato independiente como Romeva. ERC sigue defendiendo que el candidato de Junts pel Sí es Mas pero de manera menos apasionada. “Concentrémonos en el qué y no en el quién”, ha afirmado este martes Oriol Junqueras.

Junts compareció este martes para valorar los resultados y proyectó una imagen de unidad en torno a Mas. Las declaraciones de Romeva y del propio Mas, no obstante, dejaban la puerta abierta a negociar otro presidente. “El candidato es Mas, y a partir de aquí negociaremos”, explicó Romeva. “Lo importante es saber si los 72 diputados están dispuestos a sacar adelante la hoja de ruta (…) y el resto son cosas añadidas”, zanjó Mas.

Las negociaciones, en marcha

Ambos partidos ya han empezado con algunas llamadas los primeros contactos de lo que se prevé como una dura negociación.

El núcleo duro de Junts se ha reunido en el Parlament para empezar a confeccionar el nuevo Gobierno y la organización del grupo parlamentario y a barajar nombres de futuros consellers. A la reunión han acudido Romeva, hombres de confianza de Mas como Josep Rull o Jordi Turull, dirigentes de ERC como Marta Rovira y Lluís Salvadó y las expresidentas de las organizaciones sociales ANC y Òmnium, que iban en la lista en los puestos dos y tres.

A la vez se ha designado una comisión negociadora formada por miembros de todos los partidos y entidades de la candidatura con el objetivo de iniciar los contactos con la CUP. Junts busca contactos discretos y sin aspavientos y evita críticas contra la postura de los anticapitalistas.

La CUP, por su parte, ha iniciado conversaciones con todos los partidos que puedan sumarse al llamado proceso constituyente. También con la coalición izquierdista Catalunya Sí que es Pot (CSP), que incluye a Podemos y a Iniciativa. 

Lo que sí que se prevé es una de las negociaciones más herméticas de los últimos tiempos. La CUP ya ha advertido que sus miembros se levantarán de la mesa de negociaciones en cuanto se produzca la primera filtración. El partido ya abandonó la negociación de la lista única en julio después de que se filtrara información a los medios de comunicación.

La Audiencia Nacional valora reabrir la causa contra Zapata para imputarle por los tuits

ZapataGuillermoLa Sala Penal de la Audiencia Nacional se inclina por reabrir la causa contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por sus polémicos mensajes sobre las víctimas de ETA y de otros delitos.

“Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. “Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo”. “¿Cómo meterías a 5 millones de judíos en un seiscientos?, en un cenicero”.

Estos tuits pueden ser la causa de que el concejal del Ayuntamiento de la capital Guillermo Zapata (Ahora Madrid) tenga finalmente que acudir a declarar ante el juez Pedraz si la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye -tal como baraja en este momento- que debe dar explicaciones sobre el contenido de esos mensajes y su intención al escribirlos.

La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional se inclina por estimar el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión de Pedraz de archivar las diligencias abiertas a Zapata, contra quien la asociación Dignidad y Justicia presentó una querella por el delito del artículo 578 del Código Penal.

Este precepto castiga la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares. La última reforma penal ha agravado incluso la sanción, que ahora puede llegar hasta tres años de prisión (antes, dos años).

Cierre sin declaración

El pasado 2 de julio, Pedraz dictó una resolución en la que, rectificando su inicial decisión de citar a Zapata a declarar, consideró que el concejal no tuvo el ánimo de ofender a las víctimas ni incurrió en una conducta “especialmente perversa”.

El juez, que sostuvo que hacer declarar a Zapata como imputado “supondría un plus de perjuicio moral para él” debido a la llamada “pena del paseíllo” o “pena del telediario”, apreció que la calificación más apropiada para sus tuits sería la de “chistes de humor negro” y destacaba que así lo había percibido la propia Irene Villa en un escrito dirigido al Juzgado.

La Fiscalía reaccionó de inmediato frente al archivo del caso y fue directamente en apelación a la Sala de lo Penal para reclamar la reapertura de las diligencias. Su posición puede ser acogida por los magistrados, que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, comparten el criterio del Ministerio Público de que, una vez abierto el procedimiento, no puede ser cerrado sin ni siquiera recibir declaración al imputado para que explique el sentido de los tuits y el ánimo que tuvo al escribirlos. Una intención que no puede ser determinada sin oírle y sin ver cómo responde al interrogatorio de las partes.

Las fuentes consultadas indicaron que, al igual que ocurre en otros países en los que se sancionan las burlas al holocausto o la homosexualidad, el legislador español ha querido proteger a las víctimas del terrorismo y a sus familiares incluso de los sarcasmos. Es por ello que los tuits de Zapata pudieron afectar a la dignidad de las víctimas de ETA en su conjunto y no sólo a Irene Villa.

Para los magistrados, además, es preciso valorar todos los tuits de Zapata en su conjunto y no individualizar exclusivamente el que hacía referencia a la joven mutilada por ETA.

Las sospechas de corrupción acorralan al ‘conseller’ Puig

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Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

También en EL ESPAÑOL: 

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

Cuentan en Convergència que el partido siempre tuvo dos almas. El sector negocios y el sector política. Cuando las cosas iban bien, el sector negocios se imponía sobre el resto. Cuando el viento soplaba en contra, la parte política tomaba las riendas para atraer a los votantes. Felip Puig (Barcelona, 1958) siempre formó parte del llamado sector negocios, formado por dirigentes de la talla de Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y Oriol Pujol. Todos ellos menos Puig están imputados por varios delitos.

La sombra de Puig ha sobrevolado sobre diversos casos de corrupción en Cataluña, pero nunca nadie ha probado que hiciera nada ilegal. Íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, con quien compartió colegio desde los seis años, milita en CDC desde que cumplió la mayoría de edad en 1976. Durante estos años ha ocupado todo tipo de cargos de responsabilidad tanto en la Generalitat como en Convergència. Ha sido cuatro veces conseller -Medio Ambiente, Obras Públicas, Interior y Empresa-, secretario general adjunto del partido y portavoz de la Generalitat.

Fue durante su etapa como consejero de Obras Públicas, entre 2001 y 2003 cuando la empresa pública Adigsa presuntamente cobró mordidas que alcanzaron el 20% del importe de las adjudicaciones. El juez, que cerró la instrucción en 2014, imputó a siete personas por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Entre estos siete imputados se encuentran tres ex cargos de la empresa cercanos a Puig: Josep Antoni Fondevila, Xavier Sala y Jordi Huguet. Durante la investigación, un empresario acusó a Puig y a Oriol Pujol de estar al corriente de las irregularidades de Adigsa. Este empresario, sin embargo, se desdijo y no ratificó ante el juez lo que había afirmado ante la Fiscalía.

Muy unido a los Pujol

La relación de Puig con la familia Pujol va mucho más allá de esa amistad de pupitre entre el ex consejero y el primogénito de Pujol. Ambas familias han mantenido una estrecha amistad que alcanza a otras personas con los mismos apellidos. En Cataluña son conocidos los negocios que hicieron durante años Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del político convergente. Les llamaban los Jordis fueron socios en diversas inversiones y negocios desde mediados de los 90 hasta 2009.

En septiembre del año pasado un juez de Barcelona imputó por blanqueo de capitales a dos hermanos del conseller Puig: Jordi y Oriol. La investigación, sin embargo, circunscribió ese caso a la actividad privada de los hermanos de Puig y no encontró relación con los negocios de Pujol Ferrusola ni con la Generalitat.

El nombre de Puig y el del primogénito volvieron a emerger este sábado cuando EL ESPAÑOL desveló que el conseller había hecho gestiones a favor de Pujol Ferrusola en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel en el Pirineo catalán. 

Ni rastro 

A Felip Puig se le ha considerado durante años una de las personas con más influencia dentro de CDC. A través de la colocación de personas afines en diversos ayuntamientos e instituciones territoriales, ha tenido un enorme poder que según cuenta una fuente de CDC brotaba de su control sobre las adjudicaciones municipales en pueblos y ciudades de todo el territorio. Él mismo reconoció durante la comisión de investigación del Parlament sobre fraude fiscal que cuando una empresa acudía a ofrecerle sus servicios enviaba a sus responsables a los ayuntamientos convergentes. “Pero nunca dije a un alcalde que contratara a una empresa en concreto”, se excusó.

En el caso de Torredembarra, por ejemplo, el nombre de Puig aparece en un gran número de documentos del sumario judicial. El conseller empezó a aparecer por el municipio cuando su alcalde, Daniel Masagué, decidió que quería ser diputado en el Parlament. Una persona que trabajaba para el alcalde asegura que éste le dijo que si quería ser diputado debía acercarse a Puig. Hoy Masagué está imputado por varios delitos relacionados con la corrupción en el municipio.

Puig también le pidió a Artur Mas que le diera un cargo a Jaume Vila, el coordinador de urbanismo que envió a Torredembarra en 2010 y que también está imputado por un delito contra la Administración pública.

A muchos les sorprende que uno de los líderes más poderosos del partido haya desaparecido del panorama durante la campaña. Durante esta legislatura, Puig ha sido consejero de Empresa y Ocupación. Ahora no va en las listas del 27-S y ha mantenido un perfil muy bajo en los últimos días. Algunos atribuyen este silencio a una imposición de ERC a la hora de elaborar la lista conjunta. Otros creen que fue él mismo quien dio un paso atrás al ver cada vez más cerca el brazo de la Justicia.

También en EL ESPAÑOL:

El juez exculpa al comisario imputado por revelar información al ‘pequeño Nicolás’

nico2El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’.

 

COhwmS5WsAAaxR7El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’. Después de tomarle declaración, el instructor considera que no hay circunstancias objetivas para seguir el proceso contra él.

En un auto al que ha tenido acceso El Español, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, señala que de las declaraciones de los testigos ni ninguna otra prueba “permiten colegir que el imputado ejecutara acto de un inequívoco contenido incriminatorio”. La decisión del juez contradice la versión de Asuntos Internos, que apuntó al comisario como la persona que habría ayudado al joven impostor a obtener datos de ciertos vehículos.

El magistrado había imputado a Barrado por un delito de revelación de secretos por haber entregado supuestamente al ‘pequeño Nicolás’ información de matrículas de coches, titularidades y domicilios, a través de la aplicación “Objetos”. Sin embargo, Barrado negó haber facilitado información al joven.

Su versión de los hechos fue que el jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central, Eugenio Pereiro, le habría comentado que la Policía Municipal había pedido información sobre si algún agente habría consultado datos de una matrícula sospechosa. Al tratarse de una petición oficial, en el marco de colaboración entre los dos cuerpos policiales, Barrado habría autorizado a un inspector jefe para que entrara con su clave y comprobara lo requerido por la Policía Municipal, una vez que el acceso a la base de datos deja rastro.

Las explicaciones, para Zamarriego, “resultan creíbles y asumibles” y han sido “corroboradas” por varios testigos, entre ellos el propio Pereiro, y, por tanto, la causa contra el funcionario policial debe quedar archivada.

El comisario Barrado, en la actualidad destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), fue imputado después de que Asuntos Internos remitiera un informe al Juzgado señalándole como la persona que habría facilitado datos de dos matrículas al principal imputado de la causa, –Francisco Nicolás Gómez Iglesias- resultando además que una de ellas pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia.

Tras conocer el informe de Asuntos Internos, que investiga las prácticas delictivas o disciplinarias de los agentes de Policía, Barrado remitió una carta a sus mandos superiores acusando al comisario de la unidad que le investigaba, Marcelino Martín Blas, por su “falta de rigor”.

En la causa, conocida como ‘caso Nicolas’, el joven está imputado por los delitos de falsedad documental y estafa por, entre otras cosas, hacerse pasar por asesor del Gobierno, por elaborar informes con el membrete de Presidencia o intentar estafar a empresarios.

Más de 60 tomos, 105 declaraciones y 300 horas de escuchas: guía para no perderse en la trama Púnica

Granados

¿Cómo arranca la investigación? ¿Cuáles son las principales líneas abiertas? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Cómo funcionaban? ¿Hay más imputados de relevancia? ¿Cómo operaban? ¿Qué consecuencias ha tenido el desmantelamiento de esta red? ¿En qué momento está la investigación? Lea esta guía básica para no perderse en la Operación Púnica.

¿Cómo arranca la investigación?

La Operación Púnica nace oficialmente el 24 de diciembre de 2013, cuando la Fiscalía suiza alerta a la española de un posible delito de blanqueo de dinero, cometido presuntamente por el empresario David Marjaliza y el ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Suiza alerta de que ambos fueron poseedores de varias cuentas bancarias en el país helvético y el caso -al ser un presunto delito cometido en suelo extranjero- pasa a la Audiencia Nacional.

La llegada de la documentación suiza supuso la apertura de las Diligencias de Investigación nº2/2014 de la Fiscalía Anticorrupción, que el 1 de febrero de 2014 confía las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Son sus agentes quienes bautizan la investigación como Operación Púnica, en referencia al apellido en latín del principal imputado, Granados. Sin embargo, en la Audiencia Nacional el caso recibe el nombre de Diligencias Previas nº 85/2014 y, tras pasar a reparto, recae el 13 de junio de 2014 en manos del juez Eloy Velasco, que lo declara secreto.

El 27 de octubre de 2014, casi un año después del inicio de las investigaciones,  la Guardia Civil realiza las primeras detenciones. Los agentes arrestan en Madrid, León, Valencia y Murcia a 51 políticos, funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción a nivel local y regional. Los implicados supuestamente adjudicaban servicios públicos a cambio de comisiones ilegales que después eran blanqueadas a través de un entramado societario. Se calcula que, en solo dos años, la trama se hizo con adjudicaciones valoradas en 260 millones de euros.

A día de hoy,  ya hay un centenar de implicados en la causa, que sigue abierta.

¿Cuáles son las principales líneas de investigación?

Las pesquisas de la Audiencia Nacional se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, los agentes investigan el presunto amaño de concursos públicos para beneficiar a empresas privadas. La Guardia Civil estima en 260 millones de euros el posible beneficio para los empresarios implicados. Como principal beneficiada, los informes policiales colocan a la empresa gala Cofely, especializada en programas de eficiencia energética. Según la tesis policial, la multinacional pudo captar hasta 160 millones de euros en contratos amañados, tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos y provinciales.

El segundo gran bloque trata de esclarecer si altos responsables de la Comunidad de Madrid utilizaron empresas intermediarias -principalmente la tecnológica Indra- para abonar servicios personales o del Partido Popular de Madrid. Este segundo bloque es mucho menor en cuantía que el primero, y se basa en testimonios como el del empresario Alejandro de Pedro y el ex jefe de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Los dos declararon ante el juez que Salvador Victoria, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ordenó a la multinacional Indra abonar 130.000 euros a tres empresas distintas por servicios que en realidad pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

¿Quiénes son los cabecillas?

Francisco Granados. Quien fuera ‘número dos’ en el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando la dirigía Esperanza Aguirre sigue en prisión incondicional desde el 27 de octubre. Dejó la política ocho meses antes, cuando se supo que disponía de una cuenta en Suiza que ascendía a 1,5 millones de euros. Al ex alcalde de Valdemoro y ex consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño se le coloca en el epicentro de la trama como el ‘cerebroque tejió la red corrupta.

David Marjaliza. El empresario es amigo de Francisco Granados desde la infancia y consiguió adjudicaciones millonarias de contratos públicos en varios municipios de la Comunidad de Madrid, sobre todo en Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde. Encabeza un complejo entramado empresarial dedicado a un amplio abanico de sectores de negocio, la mayor parte de ellos vinculados a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas. 

¿Hay otros imputados de relevancia?

Salvador Victoria. Es el cargo público con más responsabilidad implicado en la trama. El ex consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura fue citado por el juez en calidad de imputado para declarar por supuestos delitos de corrupción. El político dimitió tras su implicación y se negó a declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte como medida cautelar para que no abandone el país. Se le imputan cuatro delitos: prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Lucía Figar. La ex consejera de Educación de la Comunidad de Madrid contrató los servicios de EICO para mejorar su imagen en Internet y la Policía cree que se pagó con dinero público. Aunque permanece imputada, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra ella. Dimitió el mismo día que Salvador Victoria para no perjudicar la investidura de Cristina Cifuentes, que dependía de Ciudadanos para poder ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

Alejandro de Pedro. Es el director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), encargada de gestionar perfiles de políticos en Internet y de crear páginas web propagandísticas sobre su gestión. Con sede en Valencia, el implicado, en libertad sin cargos, ha hecho trabajos para Juan Cotino, ex presidente de las Cortes Valencianas; para la Diputación de León y altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Figar y Victoria. También parece que tenía una gran influencia en Génova y confesó que hizo trabajos de reputación para Ana Botella por mediación de Eduardo Zaplana.

Alcaldes. Los servicios de reputación que ofrecía Alejandro de Pedro con dos empresas, Eico y Madiva, supuestamente se pagaban con fondos públicos de los ayuntamientos donde gobernaban los políticos implicados en procedimientos supuestamente corruptos. De momento, hay seis alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle); el secretario del Instituto de Turismo de la región de Murcia; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Altos directivos. En el listado de imputados en esta trama corrupta figura el nombre del actual consejero delegado de Indra, Javier de Andrés González y un promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza, Ramiro Cid. En la primera fase de la operación fueron detenidos cuatro altos cargos de Cofely: su director general en España, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva, aunque el asunto parece que va más arriba. Su director general de Servicios, Xavier Susan Mir, también está imputado. Al administrador único de otra empresa implicada en la red, Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, se le impuso la mayor de las fianzas para eludir la prisión: 300.000 euros.

¿Cómo trabajaba la Púnica?

En líneas generales, Granados y Marjaliza utilizaban su influencia para conseguir comisiones por diferentes frentes, todos cercanos a la política. La trama facilitaba contratos públicos a empresarios afines a través de tres cauces distintos: reputación online, eficiencia energética y actividades musicales.

La compañía a la que más contratos públicos le llovió gracias a su afinidad con los cabecillas de Púnica fue la francesa Cofely, que se hizo con muchos de los contratos de eficiencia energética que ofertaban municipios de la Comunidad de Madrid. Hay funcionarios de algunas localidades investigadas que han confesado ante el juez Velasco que recibían órdenes de la multinacional energética para confeccionar el pliego de condiciones de la adjudicación pública a imagen y semejanza de sus condiciones. Por eso ninguna otra gran compañía conseguía arrebatarle ni un solo contrato.

El empresario Alejandro de Pedro es el propietario de dos de las empresas investigadas por la trama: Eico y Madiva. Las entidades, que compartían la misma sede en Valencia, trabajaban para mejorar a través de Internet la imagen de los candidatos populares las semanas previas a las elecciones municipales. También se crearon páginas web zombis con noticias positivas de sus clientes para contrarrestar las noticias negativas y perfiles en Twitter falsos para hacer propaganda a sus clientes. Se sabe que el valenciano trabajó para altos cargos de la Comunidad de Madrid, como Salvador Victoria y Lucía Figar, y otros destacados miembros del PP de la Comunidad Valenciana, como Juan Cotino. De Pedro ayudó también a otros candidatos populares de la región a posicionarse en la red de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Además, confesó ante el juez que Indra le pagó 10.000 euros en metálico por un trabajo hecho a la Comunidad de Madrid.

En León, el juez Velasco sospecha que el que fuera presidente de la Diputación, Marcos Martínez, intentó amañar contratos vinculados a la estación de esquí de San Isidro a cambio de ganar influencia en Génova. Su intención era hacerse con el control del PP de León. Durante el interrogatorio, el popular reconoce tratos directos con Alejandro de Pedro pero, sin embargo, asegura que fue su predecesora, la fallecida Isabel Carrasco, quien lo introdujo en la Diputación leonesa.

El juez también detuvo en el marco de esta operación a José Antonio Alonso, ex alcalde socialista de Cartagena (Murcia) por participar, junto a De Pedro, en la estrategia de mejorar la reputación de altos cargos públicos.

¿Ha tenido el caso consecuencias políticas?

Tras las detenciones llegaron las dimisiones. Los seis alcaldes de la Comunidad de Madrid detenidos dejaron sus puestos al frente de sus respectivos ayuntamientos: Parla (PSOE), Collado Villalba (PP), Casarrubielos (PP), Valdemoro (PP), Torrejón de Velasco (PP) y Serranillo del Valle (PP).

Las dos personas con más relevancia pública que dimitieron tras el escándalo fueron Salvador Victoria y Lucía Figar, ambos consejeros de la Comunidad de Madrid durante la legislatura pasada. Su imputación saltó en plena negociación de la investidura de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pidió sus cabezas a cambio de permitir que el PP se hiciera con la presidencia de la región.

También dimitieron tras su imputación el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; el consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

¿En qué momento está la investigación?

David Marjaliza ha pactado con la Fiscalía rebajar su pena si colabora con la Justicia. El empresario habría revelado ante el juez Eloy Velasco el nombre de más municipios que amañaron contratos con la red. El empresario también habría dado el nombre de los políticos que habrían colaborado con la trama y que, hasta ahora, aún están al margen de la Operación. En una de sus declaraciones, Marjaliza involucró a tres aforados de la Comunidad de Madrid: Jaime González Taboada, consejero en el Gobierno de Cristina Cifuentes; Bartolomé González, número 11 en la misma candidatura; y Eva Borox, la número 3 en la lista regional por Ciudadanos.

De momento, las 105 declaraciones que el juez Eloy Velasco ha recopilado en la Audiencia Nacional conforman ya un sumario de 60 tomos y 300 horas de grabaciones. Las indagaciones realizadas han permitido descubrir una trama que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, han logrado obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de cualquier tipo que, dependiendo de autoridades públicas, actuaban en beneficio de las personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama.

A corto plazo, se espera que el juez levante el secreto de sumario de los pinchazos telefónicos de los principales imputados en la causa y escuchar de su propia voz cómo amañaban las adjudicaciones públicas.

Además, en EL ESPAÑOL:

Una reunión sin nada que ocultar

Nada que ocultar

UN AGOSTO EN LA AVENIDA DE BURGOS (II)

Queridos accionistas y suscriptores.

El hombre propone y los dioses del Olimpo disponen. Estaba yo tan dispuesto a dedicar esta segunda crónica agosteña a mis partidas de ping pong con la reina del HTML y la emperatriz del Javascript, mientras la madeja tecnológica se va trenzando espasmódicamente alrededor, cuando don Rodrigo Rato Figaredo Rodríguez de San Pedro Sela y Duquesne mandó llamar a su mecánico. Los de su estirpe no tienen conductor, menos aún chófer, sino mecánico y usan el plural con relamida condescendencia: “Saque el coche, que nos vamos al Ministerio del Interior”.

UN AGOSTO EN LA AVENIDA DE BURGOS (II)

Queridos accionistas y suscriptores:

El hombre propone y los dioses del Olimpo disponen. Estaba yo tan dispuesto a dedicar esta segunda crónica agosteña a mis partidas de ping pong con la reina del HTML y la emperatriz del Javascript, mientras la madeja tecnológica se va trenzando espasmódicamente alrededor, cuando don Rodrigo Rato Figaredo Rodríguez de San Pedro Sela y Duquesne mandó llamar a su mecánico. Los de su estirpe no tienen conductor, menos aún chófer, sino mecánico y usan el plural con relamida condescendencia: “Saque el coche, que nos vamos al Ministerio del Interior”.

El auriga sabía de sobra que todos los apellidos del prócer cabían holgadamente en el asiento trasero, pero no pudo evitar dirigirle una mirada de espanto. ¿Al ministerio del Interior? ¿Habría decidido don Rodrigo confesar nuevos delitos y entregarse? Su jefe se sintió obligado a tranquilizarle: “No, no se preocupe… Le contaré al ministro todo lo que me está pasando. Le daré mi versión”.

Y allí que se fueron, arrojando al llegar a Castellana 5 la colilla que prendió el gran incendio del verano. Aunque el fuego tardó, por razones que explicaré al final, más horas de lo normal en propagarse, ya que entrada la semana todo el bosque político era pasto de unas llamas que avanzaban imparablemente hacia el reducto vacacional del Jefe del Gobierno.

Tan grave era la conflagración que estuve a punto de pedir a Javier Muñoz y al Arponero Ingenuo que interrumpieran sus vacaciones y acudieran en mi ayuda para adentrarnos entre las lianas de fuego y las columnatas de humo, antes de que no quedara ni una yesca que llevarse al folio. Pero hétenos aquí que irrumpió don Tomás Serrano -apunten este nombre pues les hará sonreír muchas veces desde ahora- enviándonos el magnífico dibujo que acompaña a este texto, con tres palabras como título: “Nada que ocultar”. Y la magia de la imagen sirvió para activar un recuerdo de cuando el Arponero aún no había nacido, que cobra ahora extraordinaria importancia.

Partamos de la base de que yo creo a pies juntillas que Rato y Fernández no cerraron ningún trato inconfesable en su conversación del ministerio. Como bien refleja el dibujo, lo vergonzoso en sí, lo que obliga al pudor a meterse debajo de la mesa, fue el propio encuentro en el despacho oficial. A partir de que el ujier abrió la puerta del Excelentísimo al imputado acogotado, lo que se tratara allí ya sólo era un elemento ornamental. Un a más a más. Porque el medio era el mensaje y la noticia el encuentro en sí.

Por Rodrigo Rato como si había que hablar de las indubitadas apariciones de la Virgen de Fátima durante la vigilia de adviento en algunos cuarteles remotos de la Guardia Civil. Lo que le importaba era que la reunión se celebrara. Y que trascendiera. Que se supiera, que lo supieran los policías, los jueces, los fiscales, la prensa marianista –o sea toda la empapelada-, la opinión pública en suma: que él no es un apestado, que para la cúpula del PP sigue siendo “uno de los nuestros”, alguien a quien hay que proteger y defender en memoria de los servicios prestados, como hizo Rafael Hernando al decir que él también lo hubiera recibido. ¡Criatura! No nos cabe la menor duda de que lo hubiera hecho.

Lo sustancial no era el contenido del encuentro sino su apariencia. Por eso Rato sólo precisó que, claro, cómo no, había ido a hablar de lo suyo, “de todo lo que me está pasando”; cuando Fernández Díaz, en un alarde de majadería política con pocos precedentes, dijo en su nota de prensa que había puesto como “condición previa” que no se tratara de la “situación procesal” del visitante.

Hacía tiempo que nadie nos tomaba tan abiertamente por imbéciles. ¿Se imaginan el pitorreo si “el Pollo del Pinar” -Eligio Hernández en este mundo- se hubiera parapetado en esa misma “condición previa” cuando recibió a Amedo durante uno de sus permisos carcelarios en la sede de la Fiscalía General del Estado? O si Bermejo hubiera alegado que aceptó compartir caza y mantel con Garzón con la “condición previa” de no hablar de la Gürtel. O, por quitarle hierro, si Florentino Pérez se reuniera con su ten million dollar baby con la “condición previa” de no hablar de su renovación. O si dos apasionados amantes superaran todas las dificultades para verse con la “condición previa” de no tocarse.

Con comparecencias así de cínicas se destruye todo atisbo de fe en un sistema basado en la rendición de cuentas.

Por supuesto que hablaron de lo suyo, “de todo –todito todo- lo que me está pasando”, ¿cómo no iban a hacerlo? Pero los apaños ignominiosos, los tratos de favor inconfesables, se cocinan siempre a través de intermediarios de poco lustre. Cada cosa a su tiempo. Lo que Rato buscaba ahora era una especie de desagravio oficioso por el episodio de la mano en la nuca y el trato mediático anejo. Conoce lo suficientemente bien el percal como para saber que en la España del revoltijo de poderes sólo podrá afrontar acusaciones como las de blanqueo si previamente es blanqueado por los suyos. A partir de ahí, será cosa de los Enrique López, Concepción Espejel y demás jueces de partido.

La coartada recalentada por Fernández Díaz en el microondas de su comparecencia agosteña no pudo ser más ridícula. Dijo que Rato había recibido “400 tuits” intimidatorios –sin precisar si fueron de uno o de 400 tuiteros-, que estaba preocupado por el “eventual” riesgo de que le retiraran la escolta y que él consideró que era su deber “explicarle cómo funciona el sistema” de protección policial. Pamplinas. Ni Rato tiene cuenta de Twitter, ni se había tomado decisión alguna sobre su escolta, ni sería en todo caso el ministro el encargado de darle detalles técnicos.
Ahora nos cuentan que en realidad fue la pareja de Rato quien recibió un tuit de un tarado diciendo que iba a “desmembrar” al ex vicepresidente al modo de “la matanza de Texas”; pero, a juzgar por las fotos difundidas de ambos, no parece que estén pasando el verano bajo la sombra de la “motosierra”. Aunque en materia de seguridad personal toda precaución es poca, el “principio de proporcionalidad”, varias veces invocado por el ministro, no aparece aquí por ningún lado. Demasiado despacho para tan poco motivo. Además, ¿por qué ninguno de los dos interlocutores mencionó las amenazas en sus primeras versiones? Con comparecencias así de cínicas se destruye todo atisbo de fe en un sistema basado en la rendición de cuentas.

La pregunta clave no es si el presidente lo sabía. Salvando las distancias, es tan imposible que Rajoy ignorara que su ministro del Interior iba a recibir a Rato como que González ignorara que el suyo andaba secuestrando viajantes de comercio por error. La pregunta clave es por qué autorizó y tal vez propició el encuentro precisamente con Fernández Díaz. Y aquí entra en funcionamiento la hemeroteca de la memoria.

Nada que ocultar
Ilustración: Tomás Serrano

Cuando en julio de 2013 publiqué mis “Cuatro horas con Bárcenas” actué por mi cuenta y riesgo. Yo era, como siempre, un electrón libre. Ni la conversación había sido grabada, ni había convenido con el ex tesorero su publicación. Pero tampoco me había pedido que no lo hiciera. En las normas deontológicas de EL ESPAÑOL constará que un periodista sólo debe respetar el “off the record” tras haberlo convenido con la fuente de forma expresa. In dubio pro lector. Esa ha sido y será mi pauta. Pero no las tuve todas conmigo hasta que Bárcenas no avaló mi relato ante el juez Ruz.

El punto de no retorno para todos -menos para los lacayos del grupo parlamentario del PP que lamieron la mano del amo- fue la publicación de los SMS intercambiados durante años con Rajoy hasta desembocar en el “Luis, sé fuerte”, dos días después de que se divulgara el descubrimiento de su dineral en Suiza. Aunque el impacto mediático de aquella portada fue fulminante -sobre todo para mí- su intrahistoria no deja de tener su guasa pues Bárcenas se comunicaba como podía con su entorno desde la cárcel y eran otras personas las que localizaban los SMS en los distintos terminales móviles que había venido utilizando. Pues bien, en medio de aquel barullo hubo otros mensajes que no aparecieron: los de Fernández Díaz. Aparecieron los de Rajoy, aparecieron los de Mauricio Casals, Príncipe de las Tinieblas, pero no los del ministro del Interior.

¿Se refería a ellos Bárcenas cuando comentó durante su merendola con Raúl del Pozo que “hay en marcha un libro –sin duda el de Marisa Gallero para La Esfera- con dos SMS más que sale en septiembre”? Lo que es obvio es que esta “liaison dangereuse” debe vincularse al dispositivo montado desde Interior para controlar a la familia Bárcenas y apoderarse de sus documentos. En ese contexto fui víctima de los seguimientos que denuncié hace dos veranos en el programa de Jesús Cintora. También tienen mucho que ver las gestiones encaminadas a que la UDEF aclarara que “Luis el cabrón” no era Bárcenas sino otro, copatrocinadas por María Pico, jefa de gabinete de Soraya.

Como bien han apuntado varios amigos tuiteros, Fernández Díaz emerge así como el “señor Lobo” que “soluciona problemas” en la “Pulp Fiction” de chamarilería montada en la calle Génova. O, mejor todavía –apunto de mi cosecha-, como el fiel y doliente mastín Doug Stamper que va borrando las huellas de los desmanes de su jefe en House of Cards. Tras abandonar el pecado, como Stamper el alcohol, Fernández Díaz siempre acompañó a Rajoy de departamento en departamento en plan criado para todo. Que haga ahora el trabajo sucio en su condición de Ministro del Interior, no deja de ser un pleonasmo gravemente embarazoso para nuestra democracia.

El problema es que, abandonado a su suerte, Rato se convertiría a cuatro meses de las elecciones generales en la peor bomba de relojería imaginable. Le bastaría corroborar que tanto Mariano como él cobraban sobresueldos prohibidos por la ley cuando eran ministros, o que la cúpula del partido conocía el flujo de maletines que llegaba al despacho de Lapuerta, para que las limitadas posibilidades de seguir en el poder de este PP saltaran por los aires. De ahí que el despacho del ministro se metamorfoseara el 29 de julio en la ‘requetemanoseada’ consulta del “¿verdad que no vamos a hacernos daño, doctor?”.

Fernández Díaz emerge así como el “señor Lobo” que “soluciona problemas” en la “Pulp Fiction” de chamarilería montada en la calle Génova.

Y a modo de postdata aquí va la pregunta que se hacen con perplejidad algunos de los más conspicuos corresponsales extranjeros en España: ¿cómo es posible que tanto el periódico que tuvo la exclusiva del verano como el periódico que consiguió las declaraciones de Rato que desmentían la nota oficial del Ministerio enterraran esas impactantes noticias –devastadoras para el actual Gobierno- en sendas páginas pares, sin hacer mención alguna en sus portadas? En ninguno de los dos casos merecieron un lugar en el escaparate que con tanto cuidado se reparte. Ver para creer. ¿Tanto ha calado ya el responsable autocontrol –así se le llama ahora- en aquella “fábrica de Minerva” y en aquella “sabia Atenas”? ¿Tanto hay que mirar al poder por el rabillo del ojo, no vayamos a tener mañana un lío, que la última vez Soraya se puso como una fiera? Es para quedarse atónito. “Fabio, si tú no lloras, pon atenta la vista en luengas calles destruidas”.

Pero esto no pasará en EL ESPAÑOL y espero incluso que no pase con EL ESPAÑOL. Por algo decía Falstaff que, además de por su propio “ingenio”, había que valorarle por el que inducía en los demás. Ya veréis como antes de que nazcamos empezará a notarse. ¡Qué difícil lo van a tener quienes han medrado entregando lectores al poder, ahora que va a volver a ponerse de moda proporcionar poder a los lectores!

Cierre en falso a la sombra de Rajoy

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

La comparecencia de Jorge Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su reunión con Rodrigo Rato en el Ministerio del Interior resultó previsiblemente decepcionante. 

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

El ministro adujo que aceptó entrevistarse con Rodrigo Rato porque ha sido víctima de graves amenazas en Twitter y en otros ámbitos y circunstancias que no detallaba por seguridad; que había decidido recibirle personalmente porque se trata del exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI y que en los 60 minutos que duró la reunión en ningún momento hablaron de su situación procesal ni de las pesquisas de que está siendo objeto.

Tales explicaciones resultan tan inconsistentes que sólo contribuyen a extender aún más las sombras que se ciernen sobre el Gobierno y sobre el PP en lo que refiere a su compromiso real con la regeneración política y de lucha contra la corrupción. Puede que Rodrigo Rato tema ir sin escolta porque le pitan los preferentistas en la puerta del Juzgado, pero es evidente que este problema de seguridad no precisa de una intervención directa del ministro. Por otro lado, basta recordar el mando de Fernández Díaz sobre la Guardia Civil (a cargo de la investigación) para concluir que su reunión con Rato fue una grave irresponsabilidad.

Ni rastro de arrepentimiento

Lejos de mostrarse siquiera algo arrepentido, Fernández Díaz se permitió el lujo de reñir a la oposición por haberle obligado a comparecer en medio de sus vacaciones y por pedirle la dimisión  y, lo que es peor, preguntado al respecto, dejó en el aire la posibilidad de volver a recibir a Rato en el Ministerio si se lo vuelve a pedir.

El precedente de tanta prepotencia hay que atribuírselo al propio Rajoy, que puso a ras de suelo la asunción de responsabilidades políticas cuando, tras conocerse sus mensajes de apoyo a Bárcenas (“Luis, sé fuerte”), optó por continuar impasible sin dar explicaciones ni pedir perdón a la opinión pública. El presidente del Gobierno no esperó siquiera a que acabara la comparecencia para dar por buenas las explicaciones del ministro. A este cierre en falso de Jorge Fernández Díaz se sumó el portavoz del PP en la Comisión parlamentaria de Interior, Francisco Márquez, que se limitó a seguir al dedillo el guión prefijado.

Los diputados de la oposición fueron lógicamente contundentes. Una de las andanadas más relevantes fue la del portavoz de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, cuando aventuró que si el ministro había recibido de a Rodrigo Rato en privado es porque ambos presumían que el ex vicepresidente tiene el teléfono pinchado. La acusación velada de que el titular de Interior estaba protegiendo a Rato de una supuesta intervención telefónica -no acreditada en los procedimientos judiciales- es gravísima, aunque Fernández Díaz prefirió no darse por aludido. Para su defensa contaba el ministro, de partida, con la experiencia y complicidad de Rajoy y con la precipitación con que el PSOE denunció el asunto la víspera ante la Fiscalía.

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