Las 30 Obsesiones de EL ESPAÑOL

rugidoLas Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

Las Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial concretando las competencias exclusivas del Estado y las materias en que pueden asumir competencias las comunidades autónomas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decidan el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos.

Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y su traslación a escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto.

De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. El fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno.

Por otra parte, una Justicia lenta, incapaz de juzgar a su debido tiempo, no es tal. Hay que agilizar la Justicia dotándola de medios para que actúe con mayor celeridad y eficacia.

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

Algunas de estas exigencias habría que extenderlas a los sindicatos y organizaciones empresariales, receptores también de ayudas públicas. Al igual que los partidos, estos colectivos han perdido legitimidad social por su anquilosamiento y por cobijar prácticas irregulares.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación.

Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones. Hay que perseguir así mismo a los corruptores, prohibiendo que las empresas que resulten condenadas con sentencia firme participen en concursos públicos.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del sector público y de los partidos políticos, tiene que estar formado y dirigido por funcionarios de carrera. Sólo así quedará garantizada su independencia.

Hay que acabar, por otra parte, con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección se circunscriba a su actividad estrictamente política.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente.

Se debe reducir de forma drástica la capacidad de los cargos públicos para contratar asesores.

Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la disminución del número de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

Hay que plantear en serio la reducción de ayuntamientos, urgiendo a fusionarse a los municipios que no alcancen los 5.000 habitantes.

La Administración tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para aligerar su aparato y ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. La máxima debería de ser: más internet, menos ventanilla.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado.

Las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber padecer una carga fiscal mayor que la prensa tradicional.

Debe suprimirse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Resulta abusivo someter a tributación un patrimonio por el que ya se han satisfecho cargas impositivas desde su gestación hasta el momento de ser legado.

Hay que combatir de forma más resuelta el fraude a Hacienda y la economía sumergida. Cabe incentivar el pago con tarjeta -fiscalmente incontrovertible- en detrimento de las transacciones en efectivo.

9.- Multas de tráfico proporcionadas

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación.

Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida. Para lograrlo, podría establecerse que las sanciones fueran progresivas, de forma que la primera resultase menos gravosa y su cuantía fuera aumentando en adelante, con lo que se prevendría la reincidencia. Habría que señalizar bien los puntos negros y las zonas particularmente sensibles -como las escolares-, y ahí sí, ser particularmente vigilantes.

10.- Mejor enseñanza

Las leyes de educación deberían necesitar de un apoyo amplio del Parlamento para poder ser aprobadas. El listón podría situarse en dos tercios de la Cámara. Esta fórmula permitiría, en la práctica, alcanzar un gran pacto nacional por la educación, lo que evitaría modificaciones en la normativa a cada cambio de Gobierno.

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizar la escolaridad temprana (de 0 a 3 años), moldear la secundaria según las aptitudes de los alumnos y romper la endogamia para que las universidades sean viveros de talento y cualificación profesional.

Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos.

ilustracion espanol nueva

Ilustración: Javier Muñoz

11.- Más inglés

Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

Hay que fomentar la exhibición de películas en versión original subtitulada, tanto en cine como en televisión.

Podría implantarse un sistema de intercambio de maestros con países anglófonos, de manera que los educadores tuvieran una inmersión real. Eso facilitaría también que los niños recibieran clases con profesores nativos.

12.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado está marginada en uno y otro ámbito.

13.- Racionalizar los horarios

Hay que legislar para lograr una jornada laboral más apropiada que favorezca el aumento de la productividad y aumente la calidad de vida de las personas.

España tiene unos horarios muy distintos al resto de Europa: se sale tarde del trabajo y se retrasan en exceso la comida y la cena. Eso condiciona la vida familiar. Hay que fomentar la jornada continua, suprimir la parada del desayuno y reducir la hora de la comida para ganar tiempo para el ocio.

Además, nuestra hora oficial no coincide con la hora solar. Utilizamos el horario de Europa central pese a que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich. Habría que retomar el huso horario que nos corresponde: el mismo que Portugal y Reino Unido, y el que ya tienen las Islas Canarias.

14.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque que impulse la contratación de menores de 30 años. Hay que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

15.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades, todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

Cabe fomentar sistemas de financiación alternativos como el crowdfunding.

16.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

17.- La violencia en el ámbito doméstico

La muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es una tragedia para la que la sociedad sigue sin enconrtrar solución. Pero la violencia de género es, además, el reflejo de un problema mayor: la violencia dentro del hogar, que también se ejerce contra ancianos, menores…

El asunto merece ser abordado con una ley integral que reforme la actual de violencia de género y que acabe con la discriminación por sexo que ésta encarna: a igual conducta debe haber igual sanción. Se necesitan más juzgados, más fiscales y mayor prevención.

18.- Atención a los mayores

Las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su aportación valiosa a la sociedad. Hay que atrasar de forma flexible la edad de jubilación, estimulando la participación de los mayores en todo tipo de actividades, ya sea de tipo profesional o de carácter social.

19.- Igualdad sanitaria

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones sanitarias, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse desprotegido en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

20.- Derecho a muerte digna

Los avances médicos posibilitan hoy alargar la vida de enfermos terminales, en ocasiones, con gran padecimiento para los afectados. En estos casos, es fundamental que los cuidados paliativos estén a disposición del paciente, porque permiten conllevar el sufrimiento y, en último término, afrontar la muerte con dignidad.

21.- Más Europa y más América Latina

España tiene que hacer causa común con los países que apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

El compromiso con Europa no ha de ser obstáculo para intensificar las relaciones con Latinoamérica, con la que constituimos una comunidad de 400 millones de hablantes con singulares lazos históricos y afectivos. España tiene que hacer valer en Bruselas ese vínculo privilegiado.

22.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido la barbarie terrorista no pueden languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo.

La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario.

Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

Hay que prohibir que cualquier imputado o condenado por pertenecer a banda armada pueda acceder a un cargo público.

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de personas desesperadas mueran cada año intentando alcanzar Europa no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. El asunto hay que abordarlo con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la libre entrada en su territorio porque los efectos serían catastróficos.

Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal ha de ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

25.- El coche eléctrico, energía limpia

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su uso dando facilidades a la compra y la recarga de baterías. Su implantación es el ejemplo de lo que debería ser la transición hacia un modelo energético sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Hay que invertir en la investigación y promoción de renovables para intentar alcanzar un modelo basado en energías limpias, en las que España es rica.

26.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

27.- Libertad en la televisión

Los políticos tienen que dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. En la concesión de franjas del espacio radioeléctrico se debe fomentar el pluralismo. Habría que cerrar todas las televisiones públicas que no aporten provecho y supongan un agujero para el erario.

Hay que propiciar el aumento del ancho de banda para impulsar la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

28.- Justicia en el deporte, ojo de halcón incluido

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de una competición. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, que moviliza más aficionados y genera un enorme negocio, sigue mostrándose refractario a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

El ojo del halcón es así un símbolo del juego limpio y de la necesidad de modernizar el deporte. Hay que combatir el dopaje, el amaño de partidos, las comisiones ilegales y la corrupción en las federaciones y en los comités.

29.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas incluso a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en la vía pública, se escupe en el empedrado, en los bares se arrojan al suelo las cáscaras de crustáceos, se olvida usar el desodorante aun en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos… Por desgracia en eso aun somos diferentes. La mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

30.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La Ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la Ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

El cuento de los 16.000 millones y sus consecuencias

Francisco de la Torre Díaz, inspector de Hacienda y responsable del programa fiscal de Ciudadanos, enumera las falacias de una hipotética independencia de Cataluña. 

Esta campaña catalana ha tenido varios candidatos haciendo literalmente el indio: “coleta morada”, alias Pablo Iglesias diciendo que “Pequeño Pujol” votaba con “gran jefe plasma” “amnistía fiscal”. Ésta era la respuesta al lenguaje “indio” de Àrtur Mas y su petición de “butifarra” al electorado, es decir corte de mangas. Como era previsible, el nivel de las declaraciones fue bajando, y por ejemplo, la “musa estelada” del separatismo, Karmele Marchante pidió que se “quemen los bancos” que ponían en cuestión la soberanía catalana. Nadie en su sano juicio se tomaría esto en serio. Lo peor es que algunos economistas cercanos a la lista de Mas sí han pretendido que se les tome en serio con el resultado fiscal de la secesión, los famosos 16.000 millones, con los que el más conocido de ellos Xavier Sala i Martín, seguía insistiendo en el diario El País hace unos días.

Los 16.000 millones de “expolio fiscal”,”déficit de la balazanza fiscal” o “dividendo fiscal de la Independencia” de Cataluña (llámenlo como prefieran) no son una falacia, sino varias falacias en una. En primer lugar, este importe está calculado para el año 2010, cuando hay datos posteriores. La incapacidad de encontrar datos de algunos está siendo sorprendente. Por ejemplo, los economistas secesionistas sistemáticamente se utilizan datos de la Seguridad Social de los años 1995-2011, como si fuesen los últimos disponibles. Pueden ver un par de ejemplos aquí y aquí.

Sorprendentemente, o no tanto, 2011 fue el último año bueno en las cuentas de la Seguridad Social, con un déficit del 0,1%, y los años 1999-2009 estas cuentas tuvieron, todos los años, superávit. Claro, a partir de aquí llegan afirmaciones “curiosas” como que en una Cataluña independiente se podrían incrementar las pensiones un 10%. Lo que no se incluye en las explicaciones es el plano de Ikea para montar la máquina del tiempo separatista (TM) y volver a 2007.

En segundo lugar, una balanza sirve para orientarnos pero no mide los efectos de las decisiones de ruptura. Por ejemplo, la balanza comercial de España con China es claramente deficitaria, es decir le vendemos a China mucho menos de lo que le compramos. Sin embargo, si prohibiésemos el comercio con China, España no sería más rica sino más pobre. Esto es algo parecido a lo que le ocurriría a Cataluña con la segura salida de la Unión Europea y del Euro; que no es algo que diga yo sino Merkel, Cameron, la Comisión Europea, y cualquiera que se haya leído los Tratados.

Incluso prescindiendo de todo esto, la mayor falacia es que la Generalitat dispondría de 16.000 millones de euros para gastar al día siguiente de la secesión. En primer término, sí que hay un superávit en el sistema de financiación, pero sólo ascendió en 2013 según datos recientes de la propia Generalitat a 1.688 millones de euros. Recordemos que el sistema de financiación absorbe el 54% de la recaudación de impuestos del Estado. Esto quiere decir que el Estado recaudó en Cataluña de esta parte de los impuestos 17.362 millones de euros, de los que 15.674 quedaron para financiar a la Generalitat. Para seguir, la Generalitat cerró el ejercicio 2014 con un déficit de 5.152 millones de euros, el triple de su superávit en el sistema de financiación.

A esto hay que añadirle el problema más grave: las pensiones. En Cataluña, la Seguridad Social recaudó por cotizaciones sociales en 2014 14.495 millones de euros. En cambio, el gasto en pensiones contributivas en Cataluña ascendió a 19.973 millones. Esto supone un déficit de 5.478 millones de euros, que supuestamente una Generalitat independiente debería cubrir con impuestos; por lo menos si quiere garantizar que los pensionistas siguen cobrando su pensión. Naturalmente, hay una solución, bueno dos, una es la ya comentada de la máquina del tiempo para volver a 2007.

La otra solución es más brillante, como corresponde al conseller de Economía de la Generalitat, el profesor Mas-Colell. La solución consiste en que ” los catalanes que han cotizado “durante décadas” tienen “derecho” a cobrar las pensiones, ya que se trata de un “contrato individual” entre ellos y España, una “obligación legal” que se podría reclamar ante los tribunales internacionales”. Si no le ha quedado claro, o si no se lo puede creer, se lo traduzco: La Seguridad Social España tendría que pagar las pensiones de los catalanes, aunque las cotizaciones las cobraría la nueva Seguridad Social catalana.

Si usted tiene nociones básicas de cómo funciona la Seguridad Social verá que algo falla: esencialmente que las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones actuales. Esto significaría que la Seguridad Social Española que ya tiene un importante déficit, estaría simplemente quebrada, y que los pensionistas catalanes no podrían cobrar; salvo que los dirigentes separatistas recapacitasen y decidiesen pagar las pensiones con las cotizaciones de los trabajadores y las empresas catalanas. Pero claro, esto lleva a un déficit abultado.

Estos números, si se pagan las pensiones, que no son un ejercicio de simulación teórico, sino simplemente sumar los datos oficiales de la Generalitat y la Seguridad Social, dejan un déficit de 8.942 millones de euros antes de construir una réplica de la Administración del Estado. Esto habría que hacerlo con el 46% de los impuestos estatales recaudados en Cataluña, los no incluidos en el sistema de financiación, y no serían bastantes.

El principal problema es que estos impuestos, y todos los demás, hay que cobrarlos. Sin embargo, Cataluña no dispone de una Hacienda que pueda hacerlo, dado que “no dispone de bases de datos”, ni de “una organización de medios personales y materiales” que le permita controlar las obligaciones tributarias de los catalanes. Esto no sólo es mi opinión, ni la de cualquiera que conozca la Hacienda Catalana, que también, sino el diagnóstico del Consell Asessor per la Transició Nacional de la Generalitat de Cataluña, en su segundo informe (página 88).

En fin, no sólo no hay 16.000 millones teóricos en caja, sino déficit, es que, además, no hay capacidad práctica para cobrar los impuestos. Esto lleva a un déficit fuera de control.

¿Qué le ocurre a un Estado que tiene un déficit descontrolado? Que si puede recurre a su propio banco central y emite moneda para cubrir el déficit. Si no puede, porque el Banco Central está fuera de su control, tendrá que subir sustancialmente impuestos a los que ya pagan, y efectuar drásticos recortes. La primera es contra la que alertaron las entidades financieras en su comunicado, y que dio lugar, a los pocos días a las declaraciones del Gobernador del Banco de España, señalando que podía haber un “corralito” en Cataluña.

¿Todo esto lleva a un corralito? No, porque nadie se termina de creer que esto acabe pasando. El problema es que el mero hecho de que se plantee origina temor. Esto, como se confirme en las elecciones, será un problema real, porque los mercados financieros lo descontarán. España no quería salir del euro en 2012 ni quería impagar la deuda, como amenaza Àrtur Mas, pero la existencia de esa eventualidad, ínfimamente probable, como se demostró luego, llevó la prima a más de 600 puntos. Esto significó el corte de financiación de muchos proyectos con consecuencias muy graves sobre el consumo, la inversión y el empleo, sobre la economía real.

Las opciones separatistas, bien apostando directamente por la salida del euro, como las CUP, bien proponiendo políticas que necesariamente lo implican como la lista de Mas, están comprando boletos en la rifa de una crisis financiera.

En fin, el domingo los catalanes tienen la palabra; tienen que elegir entre los que hacen el indio, los que proponen viajes a Ítaca, viajes a ninguna parte, y los que creen que las ventajas de estar juntos son muy superiores a las falacias y a la fantasía, aunque sólo sea porque son reales. En cualquier caso, su voto importa más que nunca, por razones sociales y económicas, aunque muchos no se lo terminen de creer. Las consecuencias nos acabarán afectando a todos, a ellos los primeros.

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Francisco de la Torre Díaz es Inspector de Hacienda, autor de “¿Hacienda somos todos? y responsable del programa fiscal de Ciudadanos.

Cincuenta sombras de Mas

ALBERT GEA / REUTERS

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y responsable del programa fiscal de Ciudadanos, recurre a los números para desmentir la visión idílica que de una hipotética Cataluña independiente ofrecen los partidarios de la secesión.

“Le vamos a dar sexo a Mas, le vamos a dar látigo…”. Aunque la frase parece sacada de la novela Cincuenta sombras de Grey, en realidad la pronunció hace unos días Pablo Iglesias, líder de Podemos. Parece que en una campaña como la de las catalanas, completamente fuera de la realidad, Iglesias pretendía, por lo menos, que las fantasías fueran para adultos. Eso no siempre se aprecia debidamente y otro intelectual, el cantautor Lluís Llach, número uno por Girona de la lista de Mas, salió en defensa de su jefe y recomendó a Iglesias que arreglase sus problemas sexuales en el psicólogo.

Un ejemplo muy claro de que esta campaña está siendo de fantasía más bien infantil son las declaraciones de la número dos y ex presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, Carme Forcadell, que prometía que las abuelas no tendrían que hacer de canguros de sus nietos en una Cataluña independiente. Lo que no aclaraba Forcadell es el estado de las negociaciones con Australia para traer los canguros necesarios.

En fin, todo esto es muy divertido pero no le va a solucionar los problemas a ningún catalán. Es más, parece que puede agravarlos porque gobernar sin ideas y sin programas sólo puede conducir al desastre. La sombra más evidente de la lista en la que Artur Mas se ha emboscado de número cuatro es su ausencia de programa y de ideas. Esto no es una forma de hablar, es literal: la mezcolanza de ex comunistas del PSUC como Romeva, la gente de Esquerra Republicana, independientes y Convergència, no presenta programa y sólo tiene una idea en común: la declaración unilateral de independencia. Eso para gestionar un presupuesto de gasto de más de 23.800 millones de euros, con centenares de colegios, centros de salud o institutos es una receta segura para el desastre.

La segunda gran sombra también pertenece al género del sadomasoquismo: los números del “expolio fiscal”, ahora rebautizado como “dividendo fiscal de la independencia”. Una declaración unilateral de independencia sería muy negativa para el resto de España, pero el estado de hastío con todo este tema es tal que muchos españoles estarían por aprobarla. Sin embargo, los mayores perjudicados serían los propios catalanes.

Hay una lista muy importante de perjuicios para Cataluña: las relaciones comerciales, los problemas financieros por la salida del euro, los aranceles, el restablecimiento de fronteras… Podríamos seguir. Pero según los apóstoles del secesionismo todo se arreglaría porque la Generalitat tendría más recursos.

Esto dista de estar claro pese al jaleo de balanzas fiscales, cuentas públicas territorializadas y otros oscuros cálculos económicos. Veamos. Según los datos de la Generalitat, los contribuyentes de Cataluña aportaron 17.362 millones de euros en 2013. La Generalitat recibió ese año recursos tributarios del modelo de financiación por un importe de 15.674 millones. La diferencia no son los tan cacareados y falsos 16.000 millones, sino sólo 1.688 millones de euros. Es decir, 223 euros por residente en Cataluña o un 7% del Presupuesto de la Generalitat. Aquí se puede acceder a los datos oficiales del gabinete del conseller Mas-Colell.

Estos datos corresponden al 54% de los impuestos recaudados por la Agencia Tributaria: el 50% de la recaudación del IRPF, el 58% de los impuestos especiales y un 50% del IVA, así como fondos adicionales del Estado procedentes de los demás impuestos. En total, algo más de 93.000 millones de euros repartidos a las comunidades autónomas.

Este modelo, que muchos consideran injusto, es el que Zapatero pactó precisamente con Artur Mas, incorporándolo al Estatuto de Cataluña, y que Rajoy y Montoro se han negado a modificar, pese a la mayoría absoluta del PP.

Después de la ansiada independencia, la Generalitat seguiría con déficit aun ahorrándose la solidaridad interterritorial

¿Por qué esta diferencia? Aunque sea la décima parte de lo publicitado por la Generalitat, no es un dividendo que un Gobierno catalán se pueda gastar en caso de secesión. En primer lugar, porque el déficit de la Generalitat es muy superior: por ejemplo, 3.860 millones en 2013 o 5.152 millones en 2014. Traduciendo, la Generalitat seguiría teniendo déficit, aunque no aportase un euro a la solidaridad interterritorial. No está de más recordar que este déficit lo está financiando el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es decir el Estado, a tipos cercanos a cero. El FLA, a estas alturas, ya ha adquirido más de la mitad de la deuda autonómica.

En segundo lugar, porque el nuevo Estado catalán tendría que cubrir un grave déficit en pensiones. Como ya explicamos en EL ESPAÑOL y en otros medios, hay un grave problema en la Seguridad Social porque las cotizaciones no cubren el importe a pagar por las pensiones y los subsidios.

En 2014 se recaudaron en España por cuotas de Seguridad Social 97.736,17 millones y se pagaron en subsidios y pensiones 111.938 millones. En una Cataluña independiente esas cifras serían peores. Durante décadas, Cataluña ha sido el territorio con menor natalidad. Las bases de cotización de sus trabajadores -ahora jubilados- están entre las más elevadas. En esta situación, si la Generalitat no pudiera destinar ingentes recursos a tapar el agujero, las pensiones no estarían garantizadas en una Cataluña separada de España.

En tercer lugar, queda por ver si el 46% de los impuestos que ahora recauda la Agencia Tributaria en Cataluña y que financia la Administración del Estado serían superiores o no a los que Cataluña tendría que emplear en gastos estatales que ahora no paga como la red de embajadas o el gasto militar. Esto no está claro, pero incluso aunque fuese así no podría compensar todo lo anterior. Lo que sí está claro es que en esa orgía de despilfarro y duplicidades algunos se iban a llevar más del 3%.

Por otra parte, los impuestos hay que recaudarlos, y eso no es fácil ni se improvisa. Mientras se establecen obligaciones de información y sistemas informáticos y se prepara al personal, el fraude se dispara y la recaudación se derrumba. Y ese mientras tanto son varios años. Pretender, como hace el Consell Assessor per a la Transició Nacional de la Generalitat en su informe, que todos los catalanes pagarían voluntariamente aunque no hubiese sistemas de control… forma parte de las fantasías más infantiles o es puro teatro.

La historia del ‘expolio fiscal’ es un mito que estoy dispuesto a discutir con cualquier economista de la lista de Mas

Es una lástima que no haya la más mínima manifestación de ningún alto cargo de la Agencia Tributaria o del Gobierno explicando esto. Por mi parte, estoy dispuesto, al igual que otros miembros del equipo económico de Ciudadanos como Luis Garicano o Toni Roldán, a discutir con cualquier economista de la lista de Mas los aspectos económicos de la ruptura con el resto de España. Los ciudadanos catalanes se merecen una explicación de las consecuencias económicas de los proyectos que se presentan a las elecciones.

Esta historia del “expolio fiscal” o del “dividendo” es un mito y debería llamarse la quimera del oro, igual que la novela de Jack London. Como relata este escritor, miles de mineros perdieron la vida en Alaska buscando un oro que muchas veces no existía. Los pocos que lo encontraron fueron expoliados por todo tipo de pícaros y malhechores.

Todo esto es una metáfora de muchas de las sombras de Mas y su lista: los depósitos en Liechtenstein, las cuentas ocultas en Suiza, el tres per cent, el caso Palau… hasta el padre de la patria Pujol ha confesado haber defraudado a Hacienda. Son decenas de casos de presunta corrupción salpimentados con alguna conversación secreta de alto voltaje sexual grabada con micrófono oculto para que no falte de nada… La súbita conversión al secesionismo de muchos convergentes -incluido su president Artur Mas- ha ido en paralelo a los descubrimientos de casos de corrupción.

Seamos honestos y tratemos al lector como adulto: todo esto no sólo pasa en Cataluña. De hecho, esto no habría pasado en Cataluña sin la connivencia de los sucesivos gobiernos españoles del PP y el PSOE. Pensemos, por ejemplo, en el ex fiscal jefe de Cataluña y anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que ha declarado que recibió órdenes de todos los fiscales generales de no investigar a Pujol.

Estas sombras no desaparecerán adentrándose más en la oscuridad del viaje a Ítaca, del viaje a la secesión, del viaje a ninguna parte. Estas sombras sólo desaparecerán con la regeneración. La crisis en Cataluña no es más que el reflejo y la reacción ante la gravísima crisis moral, económica e institucional en toda España. Como señala Albert Rivera, “no habrá una España unida, si no se regenera España”. Para esto, más que látigo y sexo, hacen falta proyecto, ideas claras y decencia. Dejemos la fantasía y el sado-maso para las novelas y el cine y no para la política. Nos irá a todos mucho mejor.

Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda del Estado, autor de ‘¿Hacienda somos todos?’ (Debate) y responsable del programa fiscal de Ciudadanos.

Diccionario satírico burlesco (II)

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En la segunda entrega de su glosario particular, Anna Grau se adentra en la letra B. Nos trae esta vez términos que dan mucho juego, como Balanzas fiscales, Bandera o Barça. A través de ellos, y con su humor y escritura punzante, nos ayuda a conocer un poco mejor la realidad catalana.  

Lee aquí el primer capítulo del diccionario 

Badalona

Ya tiene que ser bonito Badalona, que cantaba Joan Manuel Serrat, para aguantar que allí se hayan afincado tanto el nuevo y flamante candidato del PP catalán, Xavier Garcia Albiol, como la Pasionaria del prusés, Pilar Rahola. Ambos dos de una contundencia avasalladora y de un carácter netamente killer que si por lo que sea no sabes con quién estás tratando, te enteras en seguida. Los extremos se tocan, los enemigos se parecen: Albiol promete limpiar el oeste del Besòs de gitanos rumanos, Rahola de catalanes unionistas y españoles. ¿Qué sería de la Cataluña moderna, esa sardanaza de cursis, sin semejantes fuerzas de la naturaleza y de la política sin complejos y sin escrúpulos? En otra vida y en otro país Albiol y Rahola podrían ir de la mano. En la vida y en el país que les ha tocado se la tienen que morder el uno a la otra. Pero en el fondo conectan más entre sí que con sus pánfilos líderes respectivos. Qué buenos perros de presa si tuvieran, ambos, buen señor. De la jauría de enfrente no iban a quedar ni los huesos.

Balanzas fiscales

Cuenta del Gran Capitán y de la vieja que nunca cuadra. A saber: uno suma todo lo que el Estado ingresa en una comunidad autónoma, luego le resta todo lo que ahí se gasta, y el saldo que quede a favor (del Estado) equivale al grado de expolio que esa desdichada comunidad autónoma sufre. ¿Queda claro? Por supuesto no hay que hacer caso de Liberty Valance ni de Madrid cuando en vano se desgañitan y advierten de que las cosas no siempre son tan sencillas ni están tan claras. Que hay servicios y sinergias generales muy difíciles de cuantificar y que, teniendo en cuenta la progresividad de los impuestos sobre la renta, las cotizaciones a la Seguridad Social, etc., etc., te pongas como te pongas, para que todos los individuos paguen lo mismo, algunos territorios donde hay más individuos ricos por metro cuadrado tienen que pagar más. Eso sin contar con que, cuando una comunidad autónoma tiene la suerte de estar gobernada por partidos nacionalistas, eso desencadena un corolario fascinante: y es que si el Estado no invierte es un cerdo, pero como invierta es un cretino, porque el pantano lo inaugura y el tanto se lo apunta el jefe de la tribu local. Con lo cual se produce una inmediata disfunción eréctil inversora en Madrid… inmediatamente compensada, en Barcelona, con un marcar paquete y un cerrar ambulatorios para abrir carísimas embajadas culturales en el extranjero. ¡Honra sin barcos! Ergo, si te ha tocado un gobierno autonómico nacionalista, disfruta de las vistas a la autopista (de peaje) y apriétate tres agujeros más el cinturón. Por cierto, en Madrid tienen tanta culpa o más de este despropósito porque incluso cuando sacan las cuentas se hacen un lío con ellas. Dan así eterna carnaza a los que acusan al Estado de sisar cual fámula viciosa o de invertir más allá donde más les votan…

Bandera catalana y/o estelada

Igual que los semáforos dan de sí tres luces (rojo, amarillo y verde), la bandera catalana tiene tres posiciones: reposo, ataque y misión imposible. En reposo es la senyera de toda la vida, las cuatro barras rojas sobre fondo de oro inspiradas en la sangre y en la leyenda de Guifré el Pilós, Wifredo el Velloso. En pleno franquismo su capacidad de subversión satisfacía plenamente a todo el mundo, pero en tiempos más recientes ya no basta; entonces hay que sacar l’estelada, la versión que incorpora un lucerito blanco sobre fondo azul, a la cubana. En esta posición de ataque la bandera ya no es meramente catalana: es independentista y antiespañola. Como no podía ser de otra manera tratándose de Cataluña, hay quien intenta nadar y guardar la ropa, misión imposible pero no tanto como parece. Para este tipo de cross-dressing patriótico se inventó l’estelada clandestina, es decir, con lucero, pero no blanco y azul sino rojo y amarillo, para que de lejos se pueda confundir con una bandera catalana normal. Será por gustos y colores.

Bandera española a secas

A diferencia de su prima hermana (¡perdón!) catalana, la bandera española tiende a desdibujarse de la vida pública, cuando no a pasar directamente a la clandestinidad. En determinados círculos gozan de más y mejor aceptación variantes técnicamente periclitadas de la bandera (sea la del aguilucho, sea la republicana) que la bandera misma tal y como hoy en día la conocemos. Si es que la seguimos conociendo. En un futuro cercano puede llegar a ser imposible diferenciarla de unos calzoncillos rojigualdos astutamente puestos a escurrir en un balcón del Palacio de la Capitanía de Barcelona.

Barça

Religión de Estado, si Estado hubiera o hubiese. Teocracia sin Dios. Ilustración sin Razón. Más que un club, menos que un equipo. Poderoso laboratorio simbólico, Proyecto Manhattan del que la Cataluña real, plural e imperfecta, sale reconvertida en apretada falange de raza aria blaugrana. Que eso en la práctica no tenga nada que ver con quién expide los pasaportes de los que objetivamente chutan la pelota y dónde pagan estos sus impuestos, cuando los pagan, no quita ni pone. Como no quitan ni ponen las escandaleras en los despachos o las sucesiones en la presidencia en el mejor estilo Yo, Claudio. El expresidente Josep Lluís Núñez, que no era moco de pavo, ya ha colgado las botas en la cárcel y hay petición de talego para otros máximos directivos de la institución. ¿Habrase visto cosa más nostra?

La realidad y los Presupuestos en tiempos de elecciones

MontoroLa tesis del autor es que las cuentas presentadas por el Gobierno para 2016 tienen una intencionalidad política: reforzar la imagen del PP de cara a las elecciones generales. Ese pecado de origen es lo que hace, según Francisco de la Torre, que las cuentas nazcan muertas, porque ni se basan en datos firmes ni responden a las necesidades del país. 

En la imagen el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro./ EFE

Montoro-Rajoy
Mariano Rajoy felicita al ministro Montoro por su defensa de los Presupuestos para 2016./ EFE

“Hay un tiempo para cada cosa bajo el sol: un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado… un tiempo para demoler y un tiempo para edificar… un tiempo para callar y un tiempo para hablar…”; hay un tiempo para hacer presupuestos y un tiempo para hacer campaña electoral.

Cuando uno observa la presentación de los Presupuestos a principios del mes de agosto, con España entera de vacaciones, lo primero que le viene a la cabeza es la conocida cita del libro del predicador (Eclesiastés 3: 1-8), de que hay un tiempo para cada cosa; o bien, de forma aún más precisa, el refranero español: no por mucho madrugar amanece más temprano.

De hecho, contrastan las prisas de Rajoy para aprobar un presupuesto para 2016, ante una situación que se nos quiere vender como boyante, con la tardanza en aprobar los presupuestos en 2012 con España en situación crítica. En realidad, la causa de este comportamiento extemporáneo es la misma: la cercanía de las elecciones, andaluzas en un caso, generales en otro.

En 2012, la estrategia acabó con una derrota en las elecciones andaluzas -sí, una derrota porque el eterno aspirante Javier Arenas no pudo gobernar- y con un rescate de la economía española, también denominado “préstamo en condiciones favorables”, materializado en el famoso Memorándum of Understanding, documento que ha condicionado la política económica española durante años.

De cara a la política, lo más relevante de estos Presupuestos es que se presentan antes de tiempo y, sobre todo, que pretenden suplantar el papel de las Cortes Generales de 2016, que serán las que representen la soberanía popular y las encargadas de controlar el Gobierno y de aprobar un presupuesto. La Ley de Presupuestos es la única que tiene carácter anual por disponerlo así la Constitución, y precisamente por esa razón, intentar hurtar esta competencia a las futuras Cortes es un comportamiento que respeta muy poco la voluntad de los electores.

Señalaba Maquiavelo en El Príncipe que la única tarea de un político es elegir los tiempos. Obviamente, el adelantamiento de los Presupuestos tiene un objetivo político. Este objetivo no sólo es condicionar la política económica del siguiente gobierno si no lo preside Rajoy, sino también intentar evitar pagar un eventual peaje en un gobierno de coalición, por lo menos en los Presupuestos de 2016. Esto último, hasta puede parecer razonable, vista la experiencia de anteriores gobiernos de coalición del PSOE y del PP. Sin embargo, el socio que exigía este peaje, CiU (ahora más bien Convergència disfrazada en la lista única de Mas), lo que pretende exigir a cambio de apoyar la investidura de Rajoy no es dinero sino la “autodeterminación” de Cataluña.

El programa electoral del PP

En cualquier caso, no hay que tener especiales conocimientos para anticipar que Rajoy, aunque tuviese una mayoría simple -lo que no está nada claro-, tendría bastantes problemas para superar la investidura, y que este trámite presupuestario contra todas las demás fuerzas políticas no le va a ayudar precisamente.

Estos Presupuestos se han convertido en el programa electoral con el que el PP se presentará a las próximas elecciones generales. El origen de este planteamiento está en el programa de 2011. En ese programa, sabiendo la cúpula del PP que iba a gobernar y conociendo la gravedad de la situación de las cuentas públicas, hizo una serie de promesas imposibles, empezando por bajar los impuestos. Esto se empezó a incumplir a la semana de tomar posesión, con la mayor subida de impuestos de la democracia.

Ahora se pretende dar credibilidad a las promesas electorales vistiéndolas de Presupuestos con cuentas. Esto es intentar sustituir la política económica por la contabilidad, aunque como veremos, en muchos aspectos sea una contabilidad de la modalidad “creativa”.

Sorprende que el ministro marcado por la subida masiva de impuestos intente vender ahora su bajada

La primera consecuencia de todo esto, y que ha pasado desapercibida, es que el responsable del programa electoral del PP, y quien lo está defendiendo, está siendo Cristóbal Montoro. Puede resultar sorprendente -o no, que diría un gallego-, que un ministro marcado por la amnistía fiscal y por la subida masiva de impuestos, sea el que planifique y defienda unas cuentas que, de nuevo, vuelvan a intentar vender la bajada de impuestos. En cualquier caso, y pese a las críticas de Pedro Sánchez por que no sea personalmente Rajoy quien los defienda, no deja de ser toda una declaración de intenciones de con quién cuenta Rajoy si vuelve a gobernar.

Uno de los efectos de hacer los Presupuestos antes de tiempo es que se tiene menos información de la necesaria. Naturalmente, ése es un inconveniente si se quiere acertar con las cuentas, aunque a lo mejor no es tan relevante si se van a proponer las mismas medidas pase lo que pase. Esto se observa en primer término en el escenario macroeconómico previsto. Para bien o para mal, este escenario está marcado por la coyuntura internacional, que hasta hace poco era muy favorable.

Según el profesor Fernández-Villaverde -en mi opinión uno de los mejores conocedores de nuestra economía-, los vientos de cola que impulsaban la economía española eran: el bajo precio del petróleo, la devaluación del euro, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, los bajos tipos de interés y el crecimiento moderado pero firme de la economía mundial.

El proyecto de Presupuestos parte de la base que todo se va a mantener indefinidamente; por ejemplo, que vamos a tener el barril a 60 dólares los próximos cuatro años. Ahora el barril está a 40 dólares, pero nadie sabe qué pasará dentro de cuatro años.

Sin embargo, lo que parece claro es que varios grandes países emergentes, empezando por China (que es la segunda economía mundial por PIB), están en una situación muy complicada. Esto se ha reflejado en la caída de las bolsas. El ministro Guindos ya ha afirmado que este hecho “no afectará a la economía española”. Es discutible, y si no que se lo digan a quienes han invertido en bolsa o a cualquier empresa que pretenda ampliar capital para abordar nuevos proyectos. Sin embargo, lo que no es discutible es que las causas que han provocado la crisis financiera en China claro que afectarán a la economía española, y de rebote a las previsiones presupuestarias: no vivimos en una burbuja.

Las previsiones de ingresos de las cuentas públicas están infladas y no se cumplirán

Aunque estas son unas cuentas netamente políticas, o precisamente por eso, su talón de Aquiles son las previsiones de ingresos, que están infladas y no se cumplirán. Así, nada menos que el gobernador del Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, veía riesgos en la previsión de ingresos públicos, y también del cumplimiento del objetivo de déficit de 2015. Si esto es así, y bastantes indicadores lo corroboran, entonces el esfuerzo en recorte de gastos que queda pendiente puede ser considerable: prepárense que vienen curvas.

Previsiones casi imposibles

Un par de ejemplos de que las previsiones son de casi imposible cumplimiento: según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, la recaudación del IRPF, en términos homogéneos, estaba creciendo un 0,2%. Después de eso, Rajoy adelantó la rebaja del IRPF de 2016 a julio de este 2015. Por muy bien que vaya la economía, no es posible que la recaudación del IRPF, basada en un 85% en pensiones y salarios, crezca en 2016 un 5%, bajando a la vez los impuestos y sin ninguna medida para ensanchar bases y luchar contra el fraude.

El otro ejemplo obvio es la recaudación de cotizaciones. En el último año cerrado, 2014, se recaudaron cuotas de seguridad social por importe de 97.736 millones de euros. En los seis primeros meses, últimos datos disponibles, la recaudación de la seguridad social ha crecido a un ritmo del 1,32%. A este ritmo cerraríamos 2015 con una recaudación de unos 104.000 millones, y 2016 de unos 105.500 millones. En el presupuesto de 2016 se prevé una recaudación de 117.242 millones de euros. Esto supondría incrementar la recaudación un 10% anual acumulativo. En los siete primeros meses de 2015, este incremento ha sido del 1,23%..

En fin, hemos puesto dos ejemplos -aunque de los dos recursos más importantes del Estado: IRPF y cotizaciones-, pero en general, los Presupuestos no mejoran sustancialmente el programa del PP de 2011: ahora hay números, pero no son creíbles. Son unos Presupuestos en tiempo de elecciones.

“Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir”, y estos Presupuestos nacen muertos porque nacen prematuros, y no sólo no responden a las necesidades fundamentales de la economía española, sino que ni siquiera son viables, y cualquier próximo gobierno tendrá que enmendarlos sustancialmente, ya que si no, lo hará la realidad.

*** Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda del Estado, autor de ‘¿Hacienda somos todos?’ (Debate) y responsable del programa fiscal de Ciudadanos.

Fe de errores (8-9-2015): En el artículo original se utilizó la cifra prevista de recaudación por cuotas de la Seguridad Social de 2014 (102.840 millones de euros) en lugar de la recaudación efectiva a cierre de año (97.736 millones), lo que afectaba a las estimaciones de años posteriores, ya corregidas.

 

Las 25 obsesiones de EL ESPAÑOL

ilustracion espanol nueva

Dice el Diccionario que una obsesión es “una idea que con tenaz persistencia asalta la mente”. Si esa idea es maligna -apoderarse de algo, dañar a alguien- o peligrosa -los deportes de alto riesgo- la obsesión desemboca a menudo en el delito o la desgracia. Pero si esa idea genera belleza, bienestar, justicia o libertad la obsesión se convierte en la mejor palanca de la creación artística, el progreso científico o el avance de la civilización porque la obsesión alimenta la fe, mantiene viva la esperanza e incita a la acción…

UN AGOSTO EN LA AVENIDA DE BURGOS (III)

Queridos accionistas y suscriptores:

Dice el Diccionario que una obsesión es “una idea que con tenaz persistencia asalta la mente”. Si esa idea es maligna -apoderarse de algo, dañar a alguien- o peligrosa -los deportes de alto riesgo- la obsesión desemboca a menudo en el delito o la desgracia. Pero si esa idea genera belleza, bienestar, justicia o libertad la obsesión se convierte en la mejor palanca de la creación artística, el progreso científico o el avance de la civilización porque la obsesión alimenta la fe, mantiene viva la esperanza e incita a la acción.

En el debate intelectual toda obsesión aporta el idealismo inconformista de quien aspira a perfeccionar las cosas. Frente a impulsos tan legítimos como egoístas, es un sentimiento generoso y altruista. El gran artista gráfico Alfred Stieglitz distinguía entre su “pasión” por la fotografía y su “obsesión” por la búsqueda de la verdad. Algo así como la famosa dicotomía de Isaiah Berlín entre el zorro que sabe muchas cosas y el erizo que sabe una gran cosa.

Nosotros, los fundadores de EL ESPAÑOL, no aspiramos a alcanzar ninguna certeza absoluta pero además de unos principios liberales, una conciencia cívica y un sentido solidario, fáciles de proclamar y compartir por la mayoría de nuestros conciudadanos -empezando por el resto de los medios de comunicación-, creemos tener una serie de ideas concretas que servirían para mejorar la calidad de nuestra democracia. Un agenda de propuestas capaces de impulsar en ámbitos diversos el progreso espiritual y material de los españoles.

Y si queremos transformarlas en obsesiones es porque la mayoría de ellas afectan a intereses creados, poderes constituidos e incluso a genes tan nefastos y arraigados en España como el inmovilismo y la pereza, que no bastaría con enunciarlas una o dos veces al año. Con eso no lograríamos nada. A lo sumo a escuchar la reverberación de una voz en el vacío.

No, es preciso “machacar y machacar”, como proponía Ramón Pérez de Ayala en su memorable artículo “Sobre la tontería”, publicado exactamente hace cien años en el número 35 de nuestra mater et magistra, la revista “España”. “Machacando se forja la reja del arado y se llega a la impalpable hoja o panal de oro. Machacando se consiguen los empeños, se ganan las batallas”.

Nosotros, los fundadores de EL ESPAÑOL, no aspiramos a alcanzar ninguna certeza absoluta pero […] creemos tener una serie de ideas concretas que servirían para mejorar la calidad de nuestra democracia.

El que sería considerado -junto a Ortega y Marañón- como uno de los tres “padres intelectuales” de la Segunda República pedía beligerancia constante frente al “monstruo enervante, fiero, espantoso, abrumador de la tontería… que en España tiene su madriguera”. ¿Cómo no sentir la actualidad de su diagnóstico cuando explicaba que el problema de nuestro país -y no digamos de nuestra clase política- es que “todos los tontos juntos parecen un sólo tonto” porque “cuando tropezamos con un nuevo tonto nos parece que es el mismo tonto con que antes habíamos tropezado innumerables veces”?

Ilustración: Javier Muñoz
Ilustración: Javier Muñoz

Basta recalar en los aborregados predios del Congreso y el Senado, no digamos de los parlamentos autonómicos, y escuchar a sus ortopédicos portavoces o a ministros, subsecretarios, consejeros, consellers o conselleiros para tener esa sensación tan coral como unívoca. Parafraseando a Espríu “diversas son las hablas, diversas las palabras”, pero “han convenido todas” en una misma lengua de madera: la de la cupulocracia. Se manda desde arriba, se obedece desde abajo, a costa del secuestro de nuestros derechos de participación política.

Por eso hay que “machacar y machacar”, por eso llamamos a nuestras prioridades “obsesiones”; porque ellos tienen las televisiones públicas y privadas, la prensa empapelada y todos los resortes del poder económico a su servicio. Nosotros, sólo la fuerza contagiosa de un movimiento ciudadano. Esta melodía regeneracionista -ni revolución ni inmovilismo, reformas radicales- debe sonar dos o tres veces por mes, dos o tres veces por semana, dos o tres veces por hora, dos o tres veces por minuto hasta ir calando como un chirimiri pertinaz y oxigenante en los huesos de la España que necesita el cambio.

Desde que el 1 de enero anuncié la fundación de EL ESPAÑOL vengo diciendo que lo haremos juntos. Ha llegado el momento de pasar a la acción. Aquí están nuestras 25 obsesiones a modo de ponencia. Si sois accionistas o suscriptores tenéis dos semanas para valorarlas, comentarlas, enmendarlas o completarlas. Puesto que seremos vuestra voz, esperamos vuestra ayuda para moldearla y modularla.

 

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial blindando en la Constitución las competencias exclusivas del Estado y fijando el techo de las competencias autonómicas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decida el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos. Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y los escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto. De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. Por otra parte, el fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones también debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación. Hay que perseguir también a los corruptores: las empresas condenadas con sentencia firme no deberían volver a participar en concursos públicos. Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente. Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la reducción de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes, convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado. Por otra parte, las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber soportar una carga fiscal mayor que la prensa tradicional. También hay que combatir más resueltamente el fraude a Hacienda.

9.- Menos multas de tráfico

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación. Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida.

10.- Mejor enseñanza con más inglés

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizando la escolaridad temprana, de 0 a 3 años, moldeando la secundaria según las aptitudes de los alumnos y rompiendo la endogamia de las universidades para que sean viveros de talento y cualificación profesional. Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos. Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

11.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado sea excluida de facto de uno y otro ámbito.

12.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque contra esta lacra. Hay que dar facilidades para la contratación de menores de 30 años y se tiene que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

13.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

14.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

15.- Igualdad sanitaria con muerte digna

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse intruso en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

Los avances médicos permiten hoy mantener con vida a enfermos terminales que se hallan en una situación irreversible. Por encima del deber médico de luchar por la vida creemos que está el derecho del paciente a morir dignamente sin que se empleen con él medios desproporcionados que alarguen su agonía. En España debe abrirse, como ocurre ya en otros países, el debate de la despenalización del suicidio asistido en determinados supuestos.

16.- Más Europa

España tiene que sumarse a quienes apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

17.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido esa barbarie no puede languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo. La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario. Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

18.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de jóvenes desesperados mueran cada año intentando alcanzar el Primer Mundo no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. Es un asunto que hay que abordar con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la entrada libre de inmigrantes en su territorio porque sus efectos serían catastróficos. Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

19.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal debe ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca, para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

20.- El coche eléctrico

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su implantación dando facilidades para su compra y para la recarga de baterías.

21.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

22.- Libertad en la televisión

Los políticos deben dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. Hay que cerrar todas las televisiones públicas que supongan un agujero para el erario. También hay que fomentar el pluralismo en vez del duopolio en la concesión de franjas del espacio radioeléctrico y, sobre todo, propiciar el aumento del ancho de banda que impulse la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

23.- El ojo de halcón en el fútbol

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de un encuentro. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, el deporte que más aficionados moviliza y mayor negocio genera, sigue mostrándose reacio a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

24.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en las calles, parques y jardines, se escupe en el empedrado, se arrojan cáscaras de crustáceos al suelo de los bares, se olvida usar el desodorante incluso en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos. Por desgracia en eso aun somos diferentes. Por eso, la mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

25.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

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Sr. Sánchez, cinco dudas sobre si Europa quiere más Europa

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El Partido Socialista aprovechó este martes el debate sobre Grecia para presentar una propuesta de resolución ante la Mesa del Congreso que pretende un cambio de calado en la estructura de la Unión Europea y se resume en una frase: “Más Europa pero también otra Europa”. Bajemos a la tierra, ¿son factibles estas propuestas?

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El Pisuerga pasó ayer por el Congreso de los Diputados en el pleno dedicado a debatir el tercer rescate a Grecia, un acuerdo que implica avalar a escote otros más de 86.000 millones de euros en préstamos a la nación helena (10.000 millones por parte de España) que irán a recapitalizar su banca y cubrir las necesidades de financiación del Gobierno de Alexis Tsipras. El Partido Socialista aprovechó el encuentro para presentar una propuesta de resolución ante la Mesa del Congreso, tal y como había avanzado El País, que pretende un cambio de calado en la estructura de la Unión Europea y se resume en una frase: “Más Europa pero también otra Europa”. La formación que lidera Pedro Sánchez se quiere así colocar en línea con el movimiento liderado por François Hollande desde Francia y Matteo Renzi desde Italia en busca de recuperar el espacio perdido por la socialdemocracia durante la crisis con un cambio de política a nivel europeo.

Bajando a los puntos concretos de la propuesta de los socialistas españoles, ¿son factibles? ¿Quiere Europa una mayor unión? Hace tiempo que todos parecen de acuerdo en que el proyecto común no tiene mucho más tiempo ni hueco para más parches para solucionar los problemas con los que nació su estructura pero aquí van cinco puntos que los socialistas deberían tener en cuenta para hacer una proposición realista que no suene a grandes titulares de etapa electoral.

1. Igualar los impuestos a las empresas: la bicha

Dice el documento socialista:

La fragmentación tributaria en la Unión Europea constituye una fuente permanente de fraude y elusión fiscal (…) y provocan la percepción ciudadana de que el esfuerzo fiscal y tributario en los diferentes Estados no es homogéneo (…). Es necesario avanzar hacia la armonización del tipo mínimo del impuesto de sociedades.

Armonizar el Impuesto de Sociedades en Europa, es decir, poner un impuesto mínimo igual en todos los países que se cobre a las empresas por su beneficio, es el ejemplo de libro a la hora de hablar de intereses divergentes de los miembros de la Unión Europea. Es la línea roja que se atrevió a trazar Irlanda, con amenaza incluida de salirse del euro, cuando negociaba las condiciones de su rescate. Aceptaba básicamente todo menos que le tocasen su flamante impuesto del 12,5% que atrae a tanta multinacional (en España está actualmente al 28%). Como además tenía el respaldo del Reino Unido, el impuesto irlandés no se tocó.

Si un país con la espada de Damocles de un rescate puede plantear semejante pulso y ganarlo, quién puede albergar esperanzas de una armonización máxime cuando los impuestos directos (y el de sociedades está entre ellos) exigen unanimidad de los Estados para su modificación. Ese sueño tiene además una larga historia.

Como recuerda Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y responsable del programa fiscal de Ciudadanos, “Europa no ha sido capaz en casi 15 años de ponerse de acuerdo ni siquiera en una propuesta de base imponible armonizada común”. Es decir, no ha logrado aprobar ni qué se considera beneficio empresarial tributable y cómo se define el reparto de impuestos entre países cuando una misma empresa opera en varios Estados miembros (propuesta de Directiva de armonización de la base consolidada común, o BICCIS, a cuya aprobación también hace referencia el documento socialista).

Como explicó De la Torre ante el Comité Económico y Social Europeo en 2014, al que acudió en calidad de experto, “lo que hay que hacer son planteamientos de mínimos, como establecer normas comunes contra los paraísos fiscales, es decir, lograr que al menos el dinero se quede en Europa”.

Y hay que reconocer que se está avanzando en frenar la competencia desleal entre Estados pero por otra vía que no es la armonización y gracias a un motivo claro: la presión, tanto de la opinión pública como de EEUU. Para empezar, la Comisión Europea la preside hoy Jean Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron buena parte de los acuerdos secretos con multinacionales para minimizar su factura fiscal destapados por el Consorcio Internacional de Investigación Periodística (ICIJ) y contados en España por El Confidencial. Para seguir, Estados Unidos se ha cansado de que sus multinacionales usen a países europeos (como Holanda o Irlanda) para crear puentes a paraísos fiscales gracias a los que no pagan impuestos prácticamente en ningún sitio. El caso Apple fue un antes y un después.

De ahí vienen un buen número de investigaciones abiertas pero también los acuerdos de intercambio de información entre países (a nivel europeo y también mundial) que pretenden dar herramientas a las agencias tributarias para investigar si las empresas pagan por lo que ganan en cada país o si los Estados cierran acuerdos secretos con multinacionales que supongan competencia desleal con otras arcas públicas comunitarias. España tiene ya lista, a falta de aprobación en Consejo de Ministros, la normativa para que las multinacionales con sede en este país informen de sus datos país por país a partir de 2016.

2. Para las cajas alemanas no hay MUS

Dice el documento socialista:

La unión bancaria es un elemento fundamental de la unión monetaria para reforzar el sistema financiero, garantizar que contribuya al crecimiento de la economía real y hacer frente a futuras crisis financieras. (…) Se asienta sobre tres pilares: regulación europea, supervisión y resolución únicos para la zona euro.

Uno de los grandes orgullos que exhiben los gobiernos derivado de la crisis financiera y dirigido a estrechar lazos en la Unión Monetaria es el Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), el MUS, al que también alude el documento de los socialistas españoles recordando que “ya está en funcionamiento”. Ni mención hacen al alcance limitado del mecanismo.

Este policía común de la banca, que es el reconocimiento explícito de que los supervisores nacionales no son lo bastante independientes, existe para supervisar directamente a las entidades financieras, los riesgos que asumen, la calidad de sus órganos de gobierno y los procesos de toma de decisiones. Pero no mira a todas las entidades y no es casualidad. Como no lo es que fuesen Alemania y Austria quienes pusieran más empeño en defender que el BCE no iba a ser capaz de abarcar con la suficiente diligencia la supervisión de las miles de entidades financieras que operan en Europa (como si las cajas de ahorros no tuvieran capacidad de liarla parda).

Son precisamente el equivalente alemán de las cajas de ahorros españolas, las sparkassen, las que quedaron fuera del umbral fijado para pasar a control directo del BCE. Dicho umbral implica, a saber: tener bajo gestión activos con un valor superior a 30.000 millones de euros, representar el equivalente al 20% del PIB del país o haber recibido ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad, es decir, haber sido rescatado.

El resultado de ese umbral es que, aunque Alemania por tamaño es el país que más entidades pasan a estar supervisadas por el MUS (21), ha logrado que el 48% de su sistema financiero quede fuera de la supervisión directa.

No son pocas las voces que han señalado los desequilibrios que este juego de tamaños puede generar a medio plazo.

3. Deuda común cuando más pesa la deuda

Dice el documento socialista:

Proponemos la creación de un Tesoro Europeo para la zona euro (…) con capacidad para emitir eurobonos y mutualizar parcialmente la deuda pública de los Estados miembros.

El de los eurobonos es otro de los temas recurrentes que ha mantenido dividida a Europa y en el que, hasta la fecha, ha resultado vencedora la posición en contra, con Alemania en cabeza. El economista jefe del Nomura, Richard Koo, entre otros, ha pasado años alertando a Europa de lo que estaba ocurriendo por el hecho de tener bonos de diferentes países emitidos en la misma moneda. Su explicación es sencilla: cuando un gran fondo de inversión reduce o aumenta su exposición a deuda pública en dólares lo único que puede hacer es vender o comprar títulos del Tesoro de EEUU. Sin embargo, reducir o aumentar su exposición a deuda pública denominada en euros puede hacerse vendiendo todos los bonos de un país y refugiándose en los de otro sin salir de la moneda única. Ese arbitraje, que ya fue dañino al comienzo de la crisis, es incluso más lógico ahora que la recesión y las medidas adoptadas han disparado los niveles de deuda sobre PIB de numerosos países. Alemania se negó incluso a la propuesta del prestigioso think tank Bruegel, con sede en Bruselas, de crear eurobonos (o bonos con respaldo europeo) que cubriesen solo hasta el equivalente al 60% del PIB de cada país cuando muchos países (incluida España entonces) no alcanzaban ese nivel y mucho menos el actual.

La propuesta de mínimos planteada desde diferentes círculos económicos en este punto se refiere a emitir deuda común para fines concretos, como los planes de inversión destinados a estimular la economía.

4. Salario Mínimo común… ¿sólo?

Dice el documento socialista:

El mercado de trabajo, al menos en la zona euro, debe estar más integrado (…). Ello implica construcción de un mercado de trabajo integrado en la zona euro que incluya la portabilidad de las contribuciones a la Seguridad Social, el desarrollo de políticas activas de empleo de dimensión europea y el establecimiento de un salario mínimo para la zona euro en base al salario mediano de cada Estado.

Para José García-Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, no tiene sentido ponerse a plantear medidas comunes en el mercado laboral cuando los europeos no consideran que Europa sea un mercado laboral único. “En los países del sur se sigue tomando como un drama salir a trabajar a otro país y países del norte, como Alemania, legislan para que quien va a buscar trabajo se tenga que volver a su país de origen si en un plazo determinado no lo encuentra”.

Pero además son los propios sindicatos los que durante la crisis han pedido que no se ponga el foco de forma aislada en los costes laborales sin atender al resto de factores que influyen en la economía, ¿no sería esta una medida en la misma dirección y sentido inverso?

El ejemplo más claro de lo que ocurre cuando te centras aisladamente en todo lo que afecte al coste laboral es el sector del automóvil español, que en la última década ha tenido que ir renunciando a un número cada vez mayor de sus conquistas en materia laboral para lograr atraer producción a sus fábricas. La lucha por el coste laboral, además de la calidad de las líneas de producción, se ha encontrado un obstáculo constante en el precio de la electricidad en España o la mala conexión para el transporte de mercancías (en el país con más kilómetros de AVE por habitante). En un mundo en que las fábricas de una misma compañía compiten por hacerse con producción, modificar un parámetro sin atender al resto puede ser más perjudicial que beneficioso.

5. Es la política, estúpidos

El documento del PSOE repasa toda una serie de argumentos que han creado grietas entre las dos ideologías predominantes en Europa, como “la reforma del BCE para incorporar objetivos de crecimiento económico y creación de empleo, en pie de igualdad con los de inflación”; “armonizar la edad de jubilación en la zona euro” o establecer “un seguro de desempleo europeo”. Sin embargo, ¿no sería necesario avanzar ideologicamente en la visión de Europa para ver si hay recorrido hacia una mayor unión económica?

Javier Flores, jefe de Estudios de Asinver, señala que el problema que hay que solventar en Europa no es económico sino político y tiene su origen, de nuevo, en la propia creación de la Unión. “Francia la apoyó para recuperar la grandeur, para colocarse en el centro de una moneda capaz de ser reserva nacional y defender los ideales que históricamente había abanderado. Alemania pretendía participar en la creación de un área de comercio e influencia. Cuando la economía acompañaba no hubo conflicto entre ambas ideas. Ahora ambos deben darse cuenta de que no hay ideales que defender sin una economía fuerte ni Europa sin defensa de unos derechos comunes”. Y eso no se consigue “llevando a la opinión pública visiones nacionalistas”, como que el norte es una panda de usureros y el sur un montón de vagos, y utilizándola en los procesos electorales. “Hay una labor enorme que hacer desde la educación para hacer que Europa se una”.

Unos Presupuestos con anzuelos electorales

rajoySubida del gasto en pensiones, aumento de las becas, de las ayudas al cine o del fomento del empleo. Incluso un incremento de la financiación a Cataluña, que acaba de convocar elecciones de cara al próximo 27 de septiembre. El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) difícil de ejecutar y con múltiples anzuelos con los que pescar votos en las próximas elecciones. Irreales, irrealizables y con fachada de cartón piedra.

Subida del gasto en pensiones, aumento de las becas, de las ayudas al cine o del fomento del empleo. Incluso un incremento de la financiación a Cataluña, que acaba de convocar elecciones de cara al próximo 27 de septiembre. Con aspecto de cartón piedra, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con múltiples anzuelos con los que pescar votos en las próximas elecciones.

Uno de los grandes caladeros electorales a los que pretende acudir el partido en el gobierno son los pensionistas. Con 8,4 millones de votantes se convierte en un colectivo determinante para las próximas citas con las urnas. Pese a la crisis de los últimos años, la pensiones públicas se han mantenido al margen de los recortes. Los continuos mensajes sobre la seguridad de sus políticas económicas y las referencias a lo sucedido en Grecia van en la misma dirección de asegurarse un voto masivo del pensionista.

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Para 2016 experimentarán un aumento del 2,8% (3.800 millones de euros), hasta 135.448 millones, un 20% más que al inicio de la legislatura y un 48% más que en 2007. Esto no se traducirá en revalorizaciones (de apenas el 0,25% para 2016). Su peso en el conjunto de los presupuestos se elevará al 31%, convirtiéndose en la partida a la que hay que destinar más dinero. El Gobierno pasa de puntillas sobre la llamada ‘hucha de las pensiones’ pese a que volverá a extraer más de 6.000 millones en 2016. Desde que Rajoy llegó al poder su nivel ha bajado a la mitad de los 66.000 millones que había en 2011.

¿Bajada de impuestos?

No ha faltado la promesa más habitual antes de unas elecciones: la insinuación de una bajada de impuestos en cuanto haya margen presupuestario. El ministro Montoro se apoya aquí en las recientes rebajas del IRPF y señala que el Gobierno apuesta por seguir bajando impuestos. Todo se apoya en la incipiente recuperación económica y la mejora de la recaudación.

Juega en contra de esta idea, sin embargo, la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit fiscal del 2,8% para 2016 y abandonar el celo de Bruselas a las cuentas públicas españolas por superar el protocolo de déficit excesivo. Desde la capital comunitaria ya han advertido a las autoridades españolas que deben revisar y dar su visto bueno a las hojas de presupuesto.

Guiño a Cataluña

Otro de los mensajes contenidos en los presupuestos se dirige a Cataluña, en pleno debate soberanista y a poco más de un mes de las elecciones autonómicas más importantes de su historia. El Gobierno ha elevado un 12% la financiación a la Generalitat, hasta 17.225 millones, el mayor incremento autonómico que la coloca por delante de Andalucía (17.121 millones) y Madrid (12.425 millones). El Gobierno usará Fondo de Suficiencia Global para inyectar otros 747,78 millones a la Generalitat, el 20% del total del fondo.

Cine, cultura y RTVE

Los Presupuestos tiene también un gesto con algunos de los sectores más hostiles con las políticas del Gobierno en los últimos tiempos. A la cabeza, la corporación RTVE. La televisión pública recibirá 331 millones de euros, un 17% más o 50 millones en términos absolutos. El cine recibirá un 54% más fondos, hasta 74 millones, mientras que el sector de la música, danza y teatro obtendrán 143 millones, en línea con el pasado año.

Educación

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Castigada en presupuestos anteriores, la partida de Educación contará para 2016 con 211 millones más, lo que supone una subida del 9,3% respecto al anterior. La Ley Orgánica de Mejora de la Educación (LOMCE) se integrará en el gasto de Secundaria y supone 363 millones, el 80% del mismo. Por su parte, la subida de becas anunciada por Méndez de Vigo fue del 0,2% y alcanza la cifra más alta de la última década (1.472 millones). El número de becarios en educación universitaria, estudios postobligatorios y necesidades especiales se sitúa en los 717.561, la misma cifra que entre 2014 y 2015. La partida en becas es la más importante del programa en Educación, el 59,3% del total.

Empleo y desempleo

grafico 10Pero la variación más destacada que contiene el proyecto de presupuestos es el desplome en las prestaciones por desempleo: un 21%, hasta 19.820 millones de euros. Desde 2011 ha descendido un 35%. Esto ocurre por el menor número de beneficiarios de la prestación, el descenso de población y la progresiva creación de empleo registrada en el último año.

Sin embargo, el número de parados se mantiene por encima de los 5 millones con más de un millón de hogares con todas las personas en situación de desempleo, más que cuando Rajoy llegó a la presidencia. Los Presupuestos evitan ampliar el gasto social para este amplio grupo de población. No es un caladero electoral para el PP.

Sí lo harán con las llamadas políticas activas de empleo, que alcanzarán los 5.214,9 millones de euros, un 10% más que en 2015. Crecen las bonificaciones a la contratación (135 millones de euros), la orientación profesional (129 millones) y la formación profesional para el empleo (117 millones) o el programa Prepara (219 millones de euros), destinado a personas que han agotado todas sus prestaciones.

También en EL ESPAÑOL:

El gasto en pensiones públicas se dispara un 20% en la etapa Rajoy

030815_SorayaRueda4El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Son los últimos de la actual legislatura. Las proyecciones de gasto crecen un 1,4%, hasta 264.217 millones de euros, con especial relevancia de la deuda pública, que supone el 27% del total presupuestado. 

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Son los últimos de la actual legislatura. Las proyecciones de gasto crecen un 1,4%, hasta 264.217 millones de euros, con especial relevancia de la deuda pública, que supone el 27% del total presupuestado. Otras dos partidas destacadas son el pago de las pensiones (alcanza el 31% del total) y los subsidios por desempleo (un 4,54%). Entre las tres suponen cerca de dos tercios (62%) del conjunto de dinero que necesitará el Estado para el año que viene.

También en EL ESPAÑOL:

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Las pensiones son el componente que sigue creciendo pese a que oficialmente es una partida casi congelada. Se revalorizarán un 0,25% en 2016, pero en términos absolutos crecerán un 2,8%, hasta 135.448 millones de euros. Para entenderlo de manera sencilla: 31 de cada 100 euros de las cuentas públicas se irán a pagarlas, el segundo mayor peso presupuestario de su historia solo por detrás del que alcanzaron en 2012 (32%).

La partida destinada a pensiones se ha elevado un 20% desde que en 2011 llegó al poder y un 48% desde 2007. En el mismo periodo, el número de pensiones activas se ha elevado un 11%, hasta 9,3 millones de prestaciones, mientras que la cifra de pensionistas creció  en la misma proporción, hasta 8,4 millones.

Las prestaciones por desempleo registran la mayor caída presupuestaria. De 2015 a 2016, el dinero destinado a los subsidios caerá un 21,6%, hasta 19.820 millones de euros. Esto ocurre por el menor número de beneficiarios de la prestación, el descenso de población y la progresiva creación de empleo registrada en el último año. En concreto, el dinero destinado al pago de la deuda pública (amortizaciones e intereses) ascenderá a 117.792 millones de euros, un 7,6% menos que en 2015. Los intereses en 2016 alcanzará los 33.500 millones de euros, equivalentes a casi el 3% del PIB.

La recaudación, mil y un impuestos

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Según la previsión del Gobierno, los ingresos tributarios totales crecerán un 6,2% respecto a 2015, hasta 193.520 millones de euros. La cifra incorpora las tasas cedidas a las autonomías, ayuntamientos y diputaciones. A ello contribuirá la mejoría de la actividad económica en España, que está creciendo a ritmos superiores al 3% en tasa interanual.

Según el resumen de ingresos de los Presupuestos:

  • La recaudación por IRPF (renta) decrecerá un 1,5%, hasta 39.610 millones de euros, mientras que el segundo tributo en aportación será el IVA (consumo), que cae un 3,6%, hasta 31.334 millones.
  • Por Impuesto de Sociedades (IS) se ingresarán 24.868 millones, un 5,5% más que en 2015 y su nivel más alto desde 2009 cuando se alcanzaron los 30.000 millones.
  • Los impuestos especiales (alcohol, tabaco, combustibles…) superan los 7.900 millones de euros de recaudación. Hay otras partidas fiscales destacadas como la tasa a las primas de seguros (1.457 millones) o los derechos de aduana (1.858 millones).

 

Deuda, desempleo y pensiones absorben el 62% de los Presupuestos

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El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado los últimos Presupuestos Generales del Estado de la actual legislatura. Las proyecciones de gasto crecen un 1,4%, hasta 264.217 millones de euros, con especial relevancia de la deuda pública, que supone el 27% del total presupuestado. Otras dos partidas destacadas son el pago de las pensiones (alcanza el 31% del total) y los subsidios por desempleo (un 4,54%).

El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. Son los últimos de la actual legislatura.

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