El senador imputado de Bildu sobre Hipercor: “La policía se negó a desalojar”

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Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio.

Iñaki Goioaga ejerció durante años como abogado de varios presos de ETA e ingresó en prisión en 2009 acusado de ayudar a fugarse a dos presos de la banda en un plan disparatado que incluía un helicóptero y pretendía llegar a Portugal. Ni siquiera pasó dos años en la cárcel. Salió después de pagar una fianza de 60.000 euros y fue elegido senador por designación autonómica en enero de 2013.

El Supremo anunció este miércoles que abrirá una causa contra Goioaga a petición de la Audiencia Nacional, cuyo juez Eloy Velasco llegó a la conclusión de que aprovechaba su condición de abogado para mantener controlados a los presos de ETA y difundir sus consignas en prisión.

No se trata de una acusación nueva. José Miguel Latasa Getaria –que ayudó a su colega Kubati a asesinar a la ex etarra Yoyes en 1986 y luego fue expulsado de ETA por buscar la reinserción ocho años después– la formuló en esta entrada de su blog Arabatik:

Desde que entré en la cárcel ya me pusieron al día que era él, el abogado de Gestoras que mandaba en el colectivo. Después, con el tiempo, ya fui viéndolo con mis ojos que este elemento era quien movía los hilos entre los presos y ETA. El venía con las órdenes concretas, quien, al menos conmigo, Kubati y alguno más decía cuándo había que hacer huelga de hambre ; plante o las dos cosas y se permitía , incluso en el ínterin, decirnos que tenía esa noche sidrería. Su chulería sobrepasaba los límites de lo normal.

Hoy Goioaga es senador y sólo puede juzgarle el Tribunal Supremo. Así cabe explicar la exposición razonada que el juez Eloy Velasco envió desde la Audiencia Nacional al alto tribunal, que ahora abre una causa que podría desembocar en su imputación por los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación de terrorismo, blanco de capitales y fraude a la Seguridad Social.

Al igual que muchos de sus colegas de Bildu, Goioaga nunca ha condenado el terrorismo de ETA. Su discurso apenas se ha movido desde el inicio de la Transición. Esa actitud quedó clara durante un coloquio que se celebró el 10 de febrero en el Teatro del Barrio y sobre el que escribimos aquí.

Se trataba de glosar la obra Las guerras correctas, que retrata la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González en los tiempos de la ofensiva judicial para esclarecer los crímenes de los GAL. Acompañaban al senador el periodista Pedro J. Ramírez y la jurista Manuela Carmena, que por entonces no había anunciado su candidatura a la alcaldía de Madrid.

La impunidad fue uno de los asuntos clave del coloquio, que se puede ver entero aquí. La impunidad de los GAL y la de muchos crímenes de ETA que quedaron por esclarecer.

Los tres invitados criticaron el enjuague que propició los indultos de Rafael Vera y José Barrionuevo. Pero Goioaga se desmarcó de los demás al hablar del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 21 personas el 19 de junio de 1987. “Fue un resultado terrible y no deseado”, dijo el senador de Bildu. “Se fue a hacer un desalojo dos horas antes de que estallaran los coches bomba y el director y el comisario Francisco Álvarez se negaron y dijeron que era una falsa alarma. Se podría haber evitado. Quién colocó el coche bomba está claro. Pero la verdad es amplia y tiene muchos parámetros”.

Las palabras del senador suscitaron estupor entre los presentes. “¡No, si será culpa de las víctimas!”, gritó desde la quinta fila David Moreno, que se definió como una persona que “cree en la democracia” en su presentación. “La verdad no tiene muchos parámetros sino muchas excusas. Excusas para matar a niños y a embarazadas como hizo ETA”.

Sobre el escenario retomó el asunto Pedro J. Ramírez, que matiza las palabras de otro espectador: “Aquel día ETA no envió el coche bomba para matar a la gente de Hipercor. Pero expresó tal desprecio por las personas estaban en Hipercor que arriesgó sus vidas dejándolas al albur de una situación límite que ellos mismos habían creado. Responsabilizar luego al mal funcionamiento de las autoridades es una vileza. La responsabilidad es de ETA y de nadie más”.

“Jamás un Estado se va a juzgar a sí mismo”, dijo Goioaga al hablar de la violencia policial en el País Vasco. “Ahora los condenados por terrorismo no pueden ser maestros. Pero sí pueden el violador, el pederasta, el pedófilo y el de la violencia de género. ¡Eso es no creer en la reinserción!”.

Hubo otro espectador que le reprochó al senador sus palabras sobre el atentado de Barcelona: “Cuando un tipo llega a Hipercor y deja un coche cargado de explosivos, no viene a regalar bombones”. La respuesta fue muy similar:

ETA hizo autocrítica con el tema de Hipercor. Fue la primera vez en que yo vi a dos personas pedir perdón a los familiares. En Hipercor está condenado el Estado y eso fue un error. Cualquier daño es inadmisible. Otra cuestión es qué se produce y habrá que ver las causas. El que efectúa el daño quizá es porque no tenía otras salidas. Yo me alegro de que seas español. El problema es que los planteamientos de españolidad no se imponen y la pregunta es si hay o no la suficiente libertad para que todas las opciones se puedan expresar con claridad. Sentimos la necesidad de una segunda Transición y de la depuración de los cuerpos franquistas. En 1975 me detuvo la Brigada Político-Social y dos años después me detuvieron los mismos policías, que me dijeron que se habían convertido en demócratas. Es fundamental el reconocimiento del daño. Se ha producido ese daño y el problema es que el Estado no reconoce el daño y tampoco la existencia de víctimas. Colocan árboles con el nombre de su familiar fallecido y la Guardia Civil los arranca. En esos parámetros no hay resolución posible de un conflicto que no se reconoce que existe y que ha generado mucho sufrimiento en el Euskal Herria y en el Estado español. 

“Papá, mamá: Me ejecutarán mañana de mañana”

FonsecaHace ahora 40 años cinco hombres fueron fusilados a la madrugada acusados de terroristas. Eran Xosé Humberto Baena, (25 años), Ángel Otaegui (33), Ramón García Sanz (27), José Luis Sánchez (21) y Juan Paredes (21). El periodista Carlos Fonseca recupera su recuerdo en el libro Mañana cuando me maten.

Fonseca26 de septiembre de 1975. “Papá, Mamá: Me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me dijiste que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente”. Xosé Humberto, de 25 años, escribe a sus padres antes de ser fusilado junto a Ángel Otaegui (33 años), Ramón García Sanz (27 años), José Luis Sánchez (21 años) y Juan Paredes (21 años), acusados de ser militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) y de ETA, y condenados por matar a cuatro miembros de la policía armada y de la guardia civil.

El periodista Carlos Fonseca (Madrid, 1959) ha recuperado el episodio para dar a conocer a quienes no habían nacido entonces uno de los capítulos más miserables de la dictadura y demostrar que la decisión sobre las penas de muerte fue “arbitraria”. El autor se ha vestido con las ropas de historiador para rastrear el pasado, como los periodistas hacen con el presente, partiendo de documentos, datos y testimonios hasta llegar a la verdad.

“Dramatizo los acontecimientos para conseguir una lectura más amena, esa es la diferencia entre la historia, el periodismo y la narrativa. Mañana cuando me maten (La esfera de los libros) no es un libro académico, pero no está reñido con el rigor”, cuenta el autor, que tocó el éxito hace once años con el libro Trece rosas rojas.

La carta de Xosé Humberto continúa: “Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros, que sois viejos y sé que me queréis mucho, como yo os quiero, no por mí. Pero tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo. Al menos, yo así os lo pido”. No es la única misiva que incluye en el texto, también aparece la de Gregorio Peces Barba explicando por qué no se hace cargo de la defensa.

“No creo que le deje en buen lugar, porque los abogados que los defendieron lo hicieron porque estaban en contra de la pena de muerte. Defenderlos era su deber ético”, señala Fonseca. Pero tanto el PSOE como el PCE dieron instrucciones a sus abogados para no defender a ningún militante de ETA o del FRAP, porque para ellos los atentados no contribuían a poner fin a la dictadura, sino que torpedeaban la apertura del régimen.

“Una victoria de los intransigentes”

Carlos Fonseca reconoce que los historiadores y periodistas no están ceñidos por las mismas condiciones. La diferencia está en el relato. “No estamos encorsetados como lo está el historiador. Nosotros tenemos una voluntad divulgativa. Quiero que la gente se entretenga”, dice. Los historiadores tampoco son amigos de los testimonios, porque a pesar del color y el tono de las declaraciones, desconfían de las subjetividad de las fuentes. “Muchos de los documentos también están falseados y manipulados. De la unión de ambos surge una aproximación a la verdad”.

“¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. ¡Mala suerte!”. La frustración de Xosé se mantiene hasta el final de la carta. “Los fusilamientos fueron una victoria de los intransigentes sobre los aperturistas”, sentencia el autor.

Fonseca no lo ha tenido fácil. El acceso oficial ha sido parcial. “Nunca pensé que iba a encontrarme con tantas dificultades”, reconoce. Ni transparencia, ni accesibilidad en los archivos de la represión militar. La documentación que necesitaba estaba depositada pero no para consulta historiográfica. Los papeles que encontraba, además, chocaban con dos leyes: Memoria Histórica y de Patrimonio Nacional. Una permite la publicación, la otra preserva el honor de los implicados hasta 50 años.

Sólo una sentencia de los tribunales haría posible una sentencia que determinase el interés. “Ojalá alguien decida entrar en el tema a fondo, porque la Memoria Histórica se ha quedado en retórica. Prefiero tener ésta ley a ninguna, aunque esté inutilizada. El franquismo no forma parte de la agenda política”.

El libro tiene una pretensión modesta: dar a conocer el episodio… 40 años después. Quizá no hayamos ejercitado lo suficiente la memoria para dar a luz estos hechos enterrados. “La Transición no fue modélica, fue la que se pudo hacer con lo que había. Nos ha valido. Pero frente a esa historia de transición modélica donde todo eran parabienes ha llegado el momento de contar los otros detalles y episodios que matizan esa versión amable. No se trata de desmerecer la Transición, sino de aproximarnos a la verdad. Por eso no termino de entender que se califique a la Memoria Histórica como marketing. Todavía hay mucho por investigar en un país sometido por la historia de los vencedores”.

Y Xosé cierra la carta a su padre: “¡Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera el último abrazo!”.

 

 

El cine teme a ETA

etaImanol Uribe aborda el más tabú de los temas en un drama sentimental, ‘Lejos del mar’. Cada vez se ruedan más títulos sobre la banda terrorista, pero la mayoría dan rodeos.

En la imagen, Eduard Fernández y Elena Anaya, los dos protagonistas del filme de Uribe.

Choque de ‘conciencias’ entre una víctima de ETA y la presidenta Barkos, por Gonzalo Araluce

 

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Eduard Fernández y Elena Anaya, los dos protagonistas del filme de Uribe.

Ayer se proyectó en San Sebastián Lejos del mar, la nueva película de Imanol Uribe, uno de los directores españoles que más ha hablado de ETA en sus películas. Con ésta continúa la trilogía comenzada con La muerte de Mikel (1984) y Días contados (1994). Uribe narra la historia de Marina (Elena Anaya). De niña vio cómo asesinaban a su padre delante de sus ojos. Ahora vive en un pueblo del Cabo de Gata. Está casada con un periodista y tiene un hijo, aunque no parece muy feliz en su matrimonio. Santi (Eduard Fernández), el etarra que mató a su padre, sale de la cárcel y va a dar al pueblo donde vive Marina, quien lo reconoce al instante.

En el pase para Prensa en San Sebastián se oyeron risas. ¿Qué es lo que falla para que un tema tan espinoso abordado en clave de drama sentimental acabe resultando cómico? “La intención de la película es bucear en ese problema, ese pasado colectivo que tenemos todos”, explica el cineasta a EL ESPAÑOL. ¿Puede ser malinterpretada esa intención? “Nunca sabes. La respuesta del espectador se me escapa”.

Más allá de lo improbable de la casualidad que lleva a Santi a cruzarse con Marina, lo que chirría en Lejos del mar es la trama posterior: Marina tratará primero de matar a Santi y después -atención, spoiler, no hay otra forma de analizar el filme-, acabará entregándose a su cuidado y, poco después, a sus brazos. Todo de forma bastante inexplicable, con diálogos sucintos que obligan al público a un ejercicio de imaginación. Como el final que propone Uribe, con una narración cinematográfica que oculta detalles y deja preguntas en el aire, como si el director de Bilbao no quisiera definirse en el terreno de la culpa y el odio. Asegura Uribe que el filme no trata de lanzar ningún mensaje. “No quería. He intentado huir de la política inmediata y hablar de sentimiento, de personas, de las secuelas que produce la violencia con el paso de los años”.

Para eso, ha dibujado a Santi como un buen tipo, que ayuda a sus amigos -a Almería acude para velar por su compañero de celda, un yonqui enfermo incapaz de ordenar su vida que lo ve como a un hermano mayor-, un hombre serio y abrumado por lo que hizo en su pasado. Uribe cree que también un etarra puede ser redimido. “Son personas, cada uno con su responsabilidad. No es lo mismo, ni de coña, que una víctima. Pero tienen su corazoncito, su pasado, su reflexión sobre lo que han hecho, sobre lo que podían haber hecho y no hicieron, y viceversa. La película podría no transcurrir en el País Vasco, podría haber sido en otro país y en otro momento. Trata un tema universal: la relación entre la víctima y el agresor”. Marina, en cambio, aparece ante nuestros ojos como alguien incapaz de superar el rencor.

No es la primera vez que el cine español habla de ETA y la situación del País Vasco durante las últimas décadas. De hecho, en los últimos años, parece un tabú que cada vez más va derrumbándose. Los ejemplos históricos llegaron con cuentagotas: Operación Ogro (1979), El proceso de Burgos (1979), del propio Uribe: Yoyes (2000), de Helena Taberna… Mario Camus contó en Sombras en una batalla (1978) el encuentro entre una ex etarra y un antiguo miembro de los GAL. Poco que ver con el encuentro entre víctima y verdugo. El GAL aparece también en Lasa y Zabala, de Pablo Malo (2014), una mirada necesaria pero incompleta a la realidad del País Vasco de aquellos años. Los títulos más recientes abundan: La casa de mi padre (2008), de Gorka Merchán, una historia familiar con el ambiente de la kale borroka de fondo; o Negociador, de Borja Cobeaga (2014), por citar sólo algunos.

Casos sin resolver

Uno de los cineastas que más claro han hablado sobre el terrorismo de ETA es Iñaki Arteta, un donostiarra que ha dirigido documentales como Voces sin libertad (2004), Trece entre mil (2005), El infierno vasco (2008) y 1980 (2013). “No creo que ya nadie tenga miedo a que le pase algo. Ni que nadie lo haya tenido, salvo quizá yo un poco y alguno más”, responde sobre el silencio del cine español sobre el tema vasco.

Un silencio a medias. ¿Ha habido películas? Sí. Desde 1978 hasta nuestros días se han producido en España unos 4.000 títulos entre ficción y documentales. De ellos, entre 50 y 60 se han acercado a ETA. Pero sólo unos pocos lo han hecho de frente. No más de una decena. Para Arteta, “tiene que ver con el enfoque que se ha dado desde el mundo del arte en general a cómo encuadrar a un terrorista de corte nacionalista. Porque cómo retratar a un terrorista de extrema derecha, eso lo tiene claro todo el mundo. Pero a un nacionalista… La gente del cine no ha querido adentrarse en eso”. Arteta cree que “más que miedo, hay un rechazo a un tema que los directores intuyen como muy complicado”.

Arteta trabaja ya en su nuevo documental, que lleva provisionalmente por título Impunidad. Intenta levantarlo con crowdfunding, aunque con pobres resultados de momento. En él se acercará a los asesinatos relacionados con la banda terrorista que siguen sin resolverse. Expedientes cerrados, callejones sin salida… Habrá testimonios de víctimas e investigaciones de Daniel Portero y Juanfer F. Calderín, de Covite.

Al margen de esfuerzos aislados como el de Arteta, ETA sigue siendo un emperador desnudo al que muy pocos señalan con el dedo de forma directa. Hay aventuras dramáticas, ficción variada, pero en muchos casos se sirven de giros o argumentos que evitan el posicionamiento y el conflicto. Otros lo intentan pero se quedan a medio gas. Para algunos los atentados de ETA son sólo un telón de fondo para la historia que quieren narrar.

En los últimos años se han acercado sin entrar en profundidad en el problema películas como La pelota vasca (2003), de Julio Medem, documental en el que daba voz a uno y otro lado, las víctimas de ETA y las de torturas de las fuerzas de seguridad y la guerra sucia del Estado; tampoco metía el dedo en la llaga Todos estamos invitados (2008), de Manuel Gutiérrez Aragón. El Lobo (2004), de Miguel Curtois, y Santuario (2015), de Olivier Masset-Depasse, eran más thrillers históricos sobre diferentes momentos de la banda.

Demasiada equidistancia

Para Arteta, no hay apenas películas que reflejen “lo que ha significado en la sociedad todo esto. Ahí no se le hinca el diente. Llegará el momento. Entiendo que es complicado. Falta tiempo”. Y hace una reflexión: “Mira qué se estrenó en 1980. El año con más muertes de la banda. La primera de Almodóvar, una de Julio Iglesias… Miras las ciento y pico películas de ese año y piensas que en España no pasaba nada”. Aunque tiene una clave que conviene recordar: “Las películas que se hacen son las que quieren los productores”.

Ha habido incluso filmes que se sitúan en una equidistancia peligrosa entre el País Vasco pro-ETA y el que sufre a la banda como Asier Eta Biok (Asier y yo) (2013), de Aitor Merino, un documental en el que el director narra su amistad desde la infancia con el etarra Asier Aranguren, a quien cuestiona su filiación pero al que también da voz.

Arteta no ha visto aún el filme de Uribe y por lo tanto no puede opinar. Le da crédito de entrada: “En su trayectoria se ha preocupado mucho por el asunto y creo que no ha dado malos enfoques”. Días contados era una película muy buena, recuerda. Algo en lo que muchos estamos de acuerdo. Y aquí entramos ya en un asunto espinoso: la calidad del cine, al margen del enfoque elegido para abordar un tema tan complicado. Al final, lamenta Arteta, “lo que no hay son buenas películas. De las 50 o así que se han hecho de ETA, recuerdo 4 o 5 que podría decir que lo son”. Que cada cuál decida si el número es acertado. Y si es así, cuáles son las que se salvan.

“Esta mujer asesinó a mi padre”

combo_etaFrancisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta asesina de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir”.

La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

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La etarra Iratxe Sorzabal y en la otra imagen Eduardo López, asesinado en 1995, su esposa y el hijo de ambos Francisco José.

Francisco José, hijo del policía Eduardo López Moreno asesinado por ETA el 19 de abril de 1995, quiere que se haga justicia. Tras la detención este martes de Iratxe Sorzabal, presunta responsable de la muerte de su padre, sólo exige “que cumpla todo lo que tenga que cumplir. Ella marcó la vida de toda mi familia”.

Francisco José López Aguilar.

Francisco José López Aguilar parpadeó un par de veces, incrédulo, al ver la noticia de la desarticulación de la cúpula de ETA que anunciaba ayer la televisión: “David Pla e Iratxe Sorzabal”, repetían los informativos. Los nombres corresponden a los dos terroristas que, según anunciaron fuentes de la lucha antiterrorista, dirigían los restos de la banda desde Francia. Algunos miembros del Ejecutivo se apresuraron a suponer el golpe definitivo a la organización. Para Francisco José, la trascendencia de la operación iba todavía más allá: “Ella [Sorzabal] marcó la vida de toda mi familia. Todo cambió para nosotros cuando su comando mató a mi padre”.

Los sucesos a los que se refiere este joven navarro de 32 años se remiten a 1995. Su padre, Eduardo López Moreno, era miembro de la Policía Nacional destinado en el cuartel de Etxalar, municipio ubicado el norte de la Comunidad Foral y que hace frontera con Francia; un enclave estratégico para evitar el paso de etarras de un país a otro.

El policía, natural de Montilla (Córdoba), había establecido su residencia en el pueblo de Bera, que lindaba con Etxalar. Los vecinos conocían a Eduardo López Moreno y a su familia -estaba casado y tenía tres hijos- por su participación en actos culturales y deportivos. Todos ellos vivían, en definitiva, una vida tranquila, algo de lo que no podían presumir todos los compañeros de profesión del policía.

Con todo, Francisco José López recuerda algunos episodios que, cuando apenas era un niño, no terminaba de comprender: “En algunas ocasiones se vivían momentos violentos en el pueblo -apunta-. Nos quemaron el coche un año antes de que mataran a mi padre. Siempre he asumido cuál era su profesión y que vivíamos en un pueblo complicado”.

El asesinato tuvo lugar el 19 de abril de 1995. Ese día, el policía Eduardo López Moreno había planeado entrar en el cuartel abandonado de la Guardia Civil en Endarlatsa. Según había comentado, su propósito era recoger algunos materiales del edificio desvencijado para utilizarlos en labores de carpintería. Sin saberlo, se dirigía al mismo lugar en el que un comando de ETA había colocado un artefacto compuesto por cinco kilos de amerital. El propósito de los terroristas, previsiblemente, era que la bomba estallase al paso de algún agente de la Benemérita que todavía rondaba el enclave.

“A veces sueño con el momento en el que mi padre entra en el cuartel”, reflexiona Francisco José. “Imagino que soy yo el que entra y que es a mí a quien le explota la bomba”. La detonación alcanzó de pleno al agente y murió en el instante. Los agentes que inspeccionaron el escenario reconocieron la identidad de la víctima gracias a la alianza de boda que encontraron en la estancia.

Un crimen que cayó en el olvido

El mismo día en el que explotaba el artefacto contra Eduardo López Moreno, ETA protagonizaba en Madrid otro episodio que se llevó todas las portadas de los periódicos: el presidente del Gobierno, José María Aznar, era víctima de un atentado de la banda terrorista que pretendía acabar con su vida. En esta ocasión, los terroristas hicieron estallar otra bomba con treinta kilos de amosal al paso del coche del político. La deflagración, que provocó el derrumbe de una casa cercana y que acabó con la vida de su inquilina -Margarita González Mansilla-, no pudo con el blindaje del vehículo. Sus tres ocupantes -Aznar, el conductor y un escolta- resultaron ilesos.

El intento de asesinato del presidente del Gobierno relegó a un segundo plano el crimen de Endarlatsa; un olvido que la familia de Eduardo López Moreno también cree que se produjo desde las instituciones. “Enterramos a mi padre en Córdoba y nos dimos cuenta de que no podíamos volver a Bera -recuerda Francisco José-. Mi madre aguantó hasta junio para no tener que cambiarnos de colegio a punto de terminar el curso. Después nos fuimos a Montilla y tratamos de empezar una nueva vida”.

Con el paso de los años, Francisco José lamenta que nunca se les haya informado sobre cualquier avance en la investigación sobre el caso de su padre: “La primera vez que oí hablar del comando Ibarla fue por la televisión. Lo relacionaban con el asesinato y comencé a investigar por Internet quiénes estaban detrás del atentado. Guardé muchos recortes y artículos, y todas las informaciones apuntaban al comando Ibarla”. Efectivamente, fuentes de la lucha antiterrorista atribuyeron el atentado a este grupo, del que formaba parte Iratxe Sorzabal, ayer detenida en la localidad francesa Saint-Étienne-de-Baigorry. En la operación también fueron arrestados David Pla -con quien Sorzabal constituía la cúpula del aparato político de la banda- y Ramón Sagarzazu, antiguo jefe del aparato internacional, además de una cuarta persona, Pantxo Lopez, acusada de dar apoyo a los terroristas.

“Esta mujer asesinó a mi padre -reflexiona Francisco José-. Ahora espero que cumpla lo que tiene que cumplir. Las circunstancias del atentado fueron un poco extrañas porque no fueron a por él, como hicieron con otras víctimas. Por eso no sé si tendrán pruebas que relacionen a Sorzabal con este crimen o en qué quedará el juicio”.

La cúpula de ETA cayó al organizar una reunión para el Gudari Eguna

David-Pla-Iratxe-Sorzabal-EFE_66003433_45188_854x480Los dos miembros más buscados de la banda terrorista ETA -Iratxe Sorzabal y David Pla, en la imagen- fueron detenidos este martes por la policía francesa. Los dos etarras fueron capturados en una operación conjunta con la Guardia Civil cuando preparaban una reunión con otros miembros de la banda para preparar un documento de cara al Gudari Eguna del próximo domingo.

Iratxe Sorzabal y David Pla, los dos etarras detenidos este martes.

Los dos miembros más buscados de la banda terrorista ETA -David Pla e Iratxe Sorzabal- fueron detenidos este martes por la policía francesa en una casa rural junto a la frontera española. Los dos etarras fueron capturados en una operación conjunta con la Guardia Civil cuando preparaban una reunión con otros miembros de la banda. ¿El motivo? preparar la estrategia y un posible comunicado etarra de cara al Gudari Eguna que se celebra el próximo domingo. Por ello, los máximos responsables del aparato político de ETA se desplazaron desde su escondite en un piso franco cercano a París hasta una casa rural en Saint-Étienne-de-Baigorry, el los pirineos franceses, donde fueron arrestados.

Junto a Sorzabal y Pla, los gendarmes galos detuvieron también a otras dos personas; un histórico miembro de la banda llamado Ramón Sagarzazu -en libertad desde 2010- y el propietario de la vivienda donde se cobijaban, Pantxo Flores, acusado de dar apoyo a los etarras. Los expertos antiterroristas investigan ahora si la citada casa pudo ser utilizada con anterioridad por otros comandos antes de cruzar de forma ilegal a España.

La pista definitiva para la detención de la cúpula de ETA se produjo hace semanas, cuando los operativos españoles en Francia detectaron los preparativos de la reunión. Desde entonces, un dispositivo de la Guardia Civil ha trabajado sobre el terreno en labores de inteligencia y vigilancia para confirmar la presencia de los objetivos y garantizar su detención.

La pareja más buscada

Davil Pla e Iratxe Sorzabal fueron identificados por el Ministerio del Interior como dos de los tres etarras que leyeron, hace casi cuatro años, el comunicado que anunciaba el cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA. Poco después recibieron asilo político en Oslo, desde donde comenzaron las negociaciones con España para la disolución definitiva de la banda. Poco se consiguió, hasta el punto de que los etarras perdieron su estatus de amparo dentro del país y pasaron de nuevo a la clandestinidad.

Desde entonces, la inteligencia española situaba a Sorzabal y Pla en una vivienda en una zona cercana a París. Desde allí se desplazaron presuntamente hasta la frontera de España para encontrarse con Ramón Sagarzazu, considerado durante años el máximo responsable del aparato internacional de la banda y en libertad desde 2010. En el momento de su encuentro, los tres etarras fueron detenidos.

La Fiscalía encuentra pruebas para reabrir la causa por el asesinato del comandante Cortizo

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de solicitar la reapertura del sumario por el asesinato del comandante de Artillería Luciano Cortizo a manos de ETA en 1995, petición que se produce a tres meses de que el atentado prescriba. El escrito presentado evita que se dé el cerrojazo definitivo a la investigación de ese crimen dos décadas después de haber sido perpetrado.

En la imagen, estado en el que quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995.DIARIO DE LEÓN

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON
Así quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995. / DIARIO DE LEÓN

La iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el asesinato del comandante Cortizo se enmarca en su estrategia de evitar que queden enterrados para siempre los asuntos más antiguos relacionados con la banda terrorista y que no han podido ser esclarecidos a día de hoy.

En diciembre de 1995, a tres días de la Navidad, ETA asesinó a Cortizo, de 44 años, e hirió de gravedad  a su hija, de 18, al estallar una bomba-lapa adosada en los bajos de su vehículo en la capital leonesa. En ese momento, la Policía imputó el hecho a un comando itinerante que había actuado en Valencia, Valladolid y Burgos.

La Fiscalía llevaba meses detrás de la reapertura del caso y señala a Sergio Polo como el principal sospechoso de haber sido el autor del atentado que acabó con la vida del comandante y dejó gravemente herida a su hija. La misma petición ha hecho la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa a los familiares de la víctima.

En su escrito, presentado el pasado 29 de julio, la acusación particular solicitó la reapertura del sumario y la práctica de una serie de diligencias. Entre ellas, requirió que se aporte la copia de la investigación realizada por la Policía Autónoma Vasca tras la desarticulación en Guipúzcoa del comando Araba, integrado por etarras “liberados” (no fichados por la Policía), así como el informe sobre las huellas dactilares de Sergio Polo Escocés en el piso registrado durante la desarticulación.

Asimismo, ha pedido al juez que oficie al Servicio de Información de Inteligencia de la Guardia Civil y a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional para que emitan un informe en el que se detallen los atentados cometidos por ETA en León; los elementos con los que se cuenta para atribuir el nombre orgánico de “Lur” a Sergio Polo y un análisis del documento incautado en el domicilio utilizado por el etarra en el momento de su detención consistente en una comunicación entre “Lur” y alguien de la dirección de ETA en la que se da cuenta de una serie de acciones terroristas ya cometidas o pendientes de cometer.

Los familiares del militar asesinado hace casi veinte años también quieren que las fuerzas y cuerpos de seguridad lleven a cabo un análisis comparativo entre el material explosivo y los elementos para realizar artefactos explosivos incautados tras la detención de Polo y el utilizado en el atentado que acabó con la vida de Cortizo. Para averiguar si fue Polo el autor material del atentado, la acusación también considera necesario que se proceda a un análisis de la documentación hallada en el piso de Polo relacionada con la ciudad de León, como mapas y horarios de autobuses.

Soledad Iparraguirre y Sergio Polo

El escrito de la Fiscalía, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, no sólo pide el procesamiento de los etarras Soledad Iparraguirre y Sergio Polo sino también medidas cautelares para evitar su fuga. Respecto a la primera, reclama la prisión provisional y librar una orden de entrega a Francia y en cuanto a Polo, su encarcelamiento provisional por esta causa.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Español, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza explica que el motivo para tal solicitud se debe a que en la revisión que periódicamente efectúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los atentados de ETA sin resolver, y en concreto en relación con el asesinato del comandante Cortizo, habían detectado que en la entrada y registro del domicilio alquilado por Polo “se ocuparon numerosas evidencias, documentos y efectos, que podrían ser útiles para la resolución del mencionado caso, y que consideraban necesario revisar”.

Tras analizar los nuevos datos, la Guardia Civil entregó un informe el pasado 18 de septiembre del que se deduce la compatibilidad del explosivo empleado en el atentado contra el comandante con los instrumentos y efectos ocupados en el piso utilizado por el etarra en la fecha de los hechos. Así mismo, han detectado la presencia en el piso ocupado por Polo de destornilladores alterados siguiendo los manuales de ETA para poder forzar vehículos de la marca Ford antiguos, como el del comandante Cortizo.

En el caso de Iparaguirre, alias Anboto, la Fiscalía sostiene que en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del “aparato militar” en Francia, en concreto, tareas relacionadas con el control y coordinación de los comandos “legales” de la organización terrorista, como lugarteniente del responsable de los mismos en ese momento, Pedro José Picabea Ugalde, hasta que éste fue detenido por la Policía francesa en Bayona (Francia), en 1994. A partir de esta fecha, la etarra pasó a ocupar su puesto como responsable de los comandos “legales”, en el que permaneció hasta 1998.

Entre las acciones que Iparaguirre habría ordenado como jefa de los comandos “legales” de la organización estaría el atentado de Cortizo. Para ello, habría transmitido las órdenes concretas respecto al objetivo y habría dado instrucciones concretas sobre cómo había que atentar. También facilitaba a los comandos el material, como explosivos y armas, y las instrucciones sobre cómo utilizarlos.

Cinco casos reabiertos

El pasado mes de abril, Polo fue condenado por la Audiencia Nacional a penas que suman cien años de cárcel por un atentado cometido en Salamanca que mutiló al capitán del Ejército Juan José Aliste Fernández en 1995, el mismo año del asesinato del comandante Cortizo. La víctima perdió las piernas al estallar una bomba lapa colocada bajo su automóvil.

El terrorista fue condenado a indemnizar al militar con un millón de euros por los daños causados y con 50.000 euros a la hija del capitán, que viajó en el vehículo mientras la bomba estaba colocada en el automóvil.

En el último año, la Audiencia Nacional ha reabierto cinco casos que habían permanecido en el olvido hasta que la Guardia Civil y la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía, presentaron nuevas pruebas para evitar su prescripción y, por tanto, el archivo definitivo.

Uno de los más sonados fue la imputación de Josu Uribetxeberría Bolinaga por el asesinato en 1986 del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos. El etarra, que ya había cumplido prisión por el secuestro de Ortega Lara y había quedado en libertad tras sufrir un cáncer terminal, se enfrentaba a otros 29 años de prisión por la petición fiscal 17 años después del atentado, condena que nunca pudo llegar debido a su fallecimiento antes de la celebración del juicio.