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Nuestro blog arrancó el sábado 10 de enero en torno a las 11 de la noche con el primer artículo de Pedro J. Ramírez en EL ESPAÑOL. Unas horas antes del inicio de nuestro lanzamiento, recuperamos aquí algunas de las mejores historias que hemos publicado durante estos 10 meses. 

Nuestro blog arrancó el sábado 10 de enero en torno a las 11 de la noche con el primer artículo de Pedro J. Ramírez en EL ESPAÑOL. Unas horas antes del inicio de nuestro lanzamiento, recuperamos aquí 10 textos representativos de los que hemos publicado durante estos 10 meses.

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1.- Demos vida a EL ESPAÑOL, cambiemos España

Por PEDRO J. RAMÍREZ

EL ESPAÑOL proporcionará a los ciudadanos todas las informaciones que los poderosos esconden bajo siete llaves y todas las interpretaciones, explicaciones y opiniones que les ayuden a decidir su destino dentro de la ley. Queremos publicar un periódico útil en todos los sentidos del término y para ello emplearemos los formatos más innovadores en los dispositivos móviles que acompañan a cada español en su vida cotidiana.

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2.-  El ‘gigapan’ de la marcha de Podemos

Por 93METROS

Más de 100.000 personas vieron la panorámica gigante de la concentración organizada por Podemos que la productora 93 Metros elaboró para ‘El Español’ en la Puerta del Sol.

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3.- Anticorrupción no vio motivos para actuar contra Rato

Por MARÍA PERAL

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) llevó a los fiscales de Madrid su investigación contra Rodrigo Rato después de que la Fiscalía Especial Anticorrupción considerara que esas indagaciones estaban “muy verdes” y era necesario profundizar en las sospechas delictivas antes de actuar.

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4.- El espontáneo

Por JORDI PÉREZ COLOMÉ

Hasta hace 15 meses Pablo Echenique era un físico con un cuerpo frágil y una mente de superdotado. Hoy es también el candidato de Podemos a la presidencia de Aragón. Este perfil es el fruto de la conversación con él y con dos docenas de personas de su entorno, que desvelan su éxito con las chicas, su humor gamberro y sus días como ‘heavy’ y entrenador.

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5.- El guardián de los mapas

Por MARÍA RAMÍREZ

Sergio Álvarez Leiva tiene 29 años y lleva una compañía estadounidense desde Chamberí. No acabó Informática. Pero con 23 años le diseñaba mapas a Google, a la ONU o a la NASA. Ahora, 100.000 usuarios hacen mapas con su empresa CartoDB, que el año pasado recaudó siete millones de dólares. El mayor atractivo de su aventura es su mayor riesgo: compite en el mercado global.

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6.- “Voy a morir, pero espero que sea rápido”

Por DAVID LÓPEZ FRÍAS

El terremoto del 25 de abril en Nepal dejó más de 8.000 muertos. Fue una de las peores catástrofes naturales de los últimos años. El español Pol Ferrús hacía una travesía a pie por las montañas del norte del país, cerca del Tíbet. Salvó varias veces la vida de milagro.

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7.- Las bolas del estafermo 

Por PEDRO J. RAMÍREZ

Sólo el baldón que supondría convertirse en el primer presidente de la democracia incapaz de repetir mandato, el horizonte de pasar a la historia no como un malvado o un inepto sino simplemente como un piernas, como un babieca o como un gil, sólo ese prurito de casino provinciano frente al qué dirán a la hora del chamelo le ancla en el empecinamiento de imponer su candidatura. 

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8.- Los cinco gráficos que Rajoy no quiere que veas

Por KIKO LLANERAS, PATRICIA LÓPEZ, EDUARDO SUÁREZ, JULIA TENA Y MARTÍN GONZÁLEZ

Mariano Rajoy presentó el 31 de julio ocho gráficos para demostrar hasta qué punto la economía había mejorado durante su mandato. La mayoría estaban mal dibujados, omitían detalles relevantes o destacaban datos erróneos. A continuación presentamos los datos del presidente bien presentados, acompañados de contexto y despojados de la propaganda oficial.

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9.- Anticorrupción descubre al ex tesorero de CiU destruyendo pruebas con una trituradora

Por ESTEBAN URREIZTIETA

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil sorprendieron este viernes al ex tesorero de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) destruyendo pruebas. Los investigadores descubrieron en el despacho de Daniel Osácar una trituradora repleta de documentos vinculados con Teyco, la empresa de la familia Sumarroca que pagó comisiones del 3% a la formación nacionalista.

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10.- El libro negro del periodismo en Cataluña

Por JORDI PÉREZ COLOMÉ

Ante casos flagrantes, la prensa catalana no ha clamado; ante casos dudosos, no ha insistido; ante casos ignorados, no ha rebuscado. Esta serie aborda la historia del periodismo en Cataluña desde la llegada al poder de Jordi Pujol a través de 80 entrevistas con directores, redactores, presentadores y jefes de comunicación.

No caerá esa breva

 

BuenaVengo explicando desde hace meses -escribe Ramírez- el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya.

Ilustración: Javier Muñoz

Seguimos con la antología del humor en la prensa catalana. Hace tres domingos homenajeé al ¡Cu-Cut!, hace dos me ocupé de L’Esquella de la Torratxa y el pasado de El Be Negre. Hoy toca entrar por La Vanguardia. Escribía el miércoles Enric Juliana con su perspicacia habitual: “Artur Mas ha sido llamado a declarar el próximo día 15 de octubre, fecha del 75 aniversario del fusilamiento de Lluis Companys en el castillo de Montjuic. Quien fijó la fecha lo ha investido”.

Puesto que en el párrafo anterior hablaba Juliana de que “la estrategia de la Moncloa” es presentar al “independentismo, vencido por la flema, la templanza y la firmeza de Mariano Rajoy … camino de los tribunales”, era evidente que trataba de sugerir que el Gobierno funciona como la carabina de Ambrosio: al tratar de perseguir a Mas de un modo tan tosco, lo está resucitando tras una cosecha electoral tan magra que en definitiva le obliga a compartir los 62 escaños de 2010 con muchos de sus rivales de entonces.

Esa interpretación había sido esbozada ya en el apunte del director de ese mismo día pues Màrius Carol subrayaba con razón que las “explicaciones” del ministro de Justicia Rafael Catalá sobre el retraso de la citación para “no interferir” en las elecciones “son de las que chirrían en el oído”. Y todo quedaba luego apuntalado cuando el propio editorial del diario advertía que las palabras del ministro habían supuesto “una manera, acaso involuntaria, de admitir que los ritmos de la justicia son influenciables”.

O sea que, en definitiva, la perfidia política del gobierno central al perseguir en los tribunales la desobediencia del presidente de la Generalitat cuando llevó a cabo la consulta prohibida por el TC, quedaba compensada por la chapuza de la elección de la fecha perfecta para alimentar su victimismo. Justicia poética, podría decirse, que restaura la posición de superioridad moral del paladín de la patria catalana de modo que hasta los iconoclastas de la CUP se vean obligados a respaldar su investidura.

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Ilustración: Javier Muñoz

Todo muy bien trabado pero, como digo, para la antología del humor. Y una vez más fue María Peral quien con precisión quirúrgica aportó en el Blog de EL ESPAÑOL el dato clave que da rienda suelta a las carcajadas y a alguna que otra salpicadura de saliva irreverente a modo de condecoración sobre la farsa: resulta que “quien fijó la fecha” y por lo tanto “ha investido” a Mas -o al menos pretende hacerlo activando la profecía autocumplida- no fue otro que el juez instructor Joan Manel Abril, elegido miembro del Tribunal Superior de Justicia por el llamado “turno autonómico”, en fecha tan reciente como 2012. “Fuentes del CGPJ -advierte Peral- recuerdan con nitidez que el apoyo para el nombramiento de Abril venía inequívocamente de CiU”. O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana.

Ojo, que este levantamiento del velo de la impostura no implica absolución alguna para el estólido Estafermo que se cree un valiente don Tancredo haciendo garbosos estatuarios ante los más aviesos astados. Porque Rajoy y sólo Rajoy es el culpable de que al cabo de cuatro años de mayoría absoluta del PP siga en vigor el ignominioso artículo 330.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite a los parlamentos autonómicos designar entre “juristas de reconocido prestigio” a la mitad de los integrantes de la Sala Penal y Civil del correspondiente Tribunal Superior de Justicia. O sea el culpable de la perpetuación del inicuo onanismo jurisdiccional por la cual los aforados de cada comunidad autónoma eligen entre sus amiguetes a los jueces que tendrán que juzgarles cuando hagan de las suyas.

Esa era una de las nefandas artimañas con las que Guerra trató de enterrar a Montesquieu que iban a quedar desmanteladas por la reforma del Poder Judicial prometida por el programa electoral del PP. Así lo disponía el proyecto de ley de Gallardón, zancadilleado por Rajoy en persona en el mismo umbral del índice rojo que incluye los asuntos a aprobar por el Consejo de Ministros. Aquel proyecto de ley, anhelado vademécum de la despolitización de la Justicia, fue bloqueado por el presidente cuando vio el sesgo que empezaban a tomar los casos de corrupción que afectaban al PP. Si Gallardón hubiera dimitido entonces, y no cuando lo hizo, sería hoy el hombre providencial hacia el que se dirigirían todas las miradas de la derecha española.

O sea que al final ha sido el propio Mas quien ha escogido la fecha que rescatará a Mas de su nuevo fiasco electoral, desatando el paralelismo entre las variedades de pelotón de fusilamiento que aguardan inexorablemente a los defensores de la patria catalana

A diferencia de lo que puede alegar con la bajada de impuestos que por arte de birlibirloque se trastocó en subida, ningún requerimiento presupuestario le impedía cumplir esa promesa ancilar, pero Rajoy prefirió engañar a sus electores con tal de blindar a sus dependientes, consciente de que sólo de ellos dependería a su vez él, en la eventualidad de que se destapara la fosa séptica de sus sobresueldos, mensajes de móvil y simulaciones de indemnizaciones en diferido.

“David habría durado dos horas en el 10 de Downing Street si se hubiera descubierto algo parecido”, me contaba no hace mucho un antiguo colaborador de Cameron. Pero en España los aforados cerraron filas, el ministro del Interior se rebozó en el fango que para eso lo puso el jefe, Pablo Ruz se volvió a Móstoles y serán los afines Enrique López -que nada desearía tanto como ver pasar delante de él este cáliz- y Concha Espejel quienes juzguen el caso, si el pleno de la Sala no lo impide. Todo sigue tan del revés como con Filesa, los GAL, los Pujol o los ERE. Son los políticos quienes controlan a los jueces a través del CGPJ y no a la inversa.

Y ahí yace por lo tanto el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección, recibiendo aviso de Aznar tras aviso de Aznar, a la espera de que llegue el milagro de la Navidad.

Ni siquiera la extravagancia de llamarnos a votar entre la paga extra y la lotería es fruto de un plan premeditado o de una evaluación táctica. Sólo el resultado de la inercia de la inacción, del dejarse llevar hasta el final, estirando la legislatura hasta la última fecha posible con el pretexto de los presupuestos y la tramitación del aguinaldo que evita un coste fiscal de 40.000 millones a la banca.

“Ahora está claro que lo que le hubiera convenido a Rajoy, habría sido convocar las generales a la vez que las catalanas”, me decía esta semana un alto dirigente de un partido nacional. “Pero para dar un paso así se requería audacia política”. Y, claro, esperar algo parecido a la audacia de este fósil del paleolítico inferior era como buscar mariposas azules en el mar. (Papallones blaves damunt la mar, que cantaba Pau Riba).

Ahí yace el PP, hundido en el descrédito del público, emparedado entre la basura y el inmovilismo, viendo como se amplía inexorablemente su cuerda de presos -¿será nada menos que Rodrigo Rato el siguiente?-, perdiendo elección tras elección

Vengo explicando desde hace meses el In Fear We Trust del presidente, esa ramplona estrategia electoral consistente en aguardar repantingado, bajo la espectral higuera de la España batida por todo tipo de tempestades, a que madure el miedo a la revolución podemita y su potencial Frente Popular con el PSOE. Nada le importaba lo que ocurriera entre tanto con su partido en las andaluzas, municipales, autonómicas o catalanas. Cuanto peor, mejor. La única elección que para él cuenta es la suya. Esperaba incluso que el triunfo de los independentistas catalanes en su plebiscito, avalado mediáticamente por el ministro de Asuntos Exteriores, precipitara los acontecimientos y diera lugar a un acto de autoridad -tan meramente reactivo como los remolinos del estafermo- que le presentara como garante y depositario de la estabilidad constitucional.

Pero ya sabemos que no caerá esa breva porque como ocurre en el Evangelio de San Lucas cuando entra Jesús en Jericó, ha habido un hombre valiente que como Zaqueo ha tomado la iniciativa y se ha encaramado resuelto a la higuera para ir al encuentro del destino. O mucho me equivoco o esa noche electoral en la que Rivera, Arrimadas y su pléyade de jóvenes sin tacha ni pasado, hijos todos de la libertad, coreaban “Ca-ta-lu-ña es Es-pa-ña” mientras afeaban la corrupción del “tres per cent” a Mas y sus compañeros de viaje, ha calado tan hondamente en el corazón de tantos a los que les gustaría ser como ellos, que la suerte del 20-D ya está echada.

“No me gustaría estar en el pellejo de Mariano”, explicaba el martes por la noche a un grupo de amigos uno de los dirigentes históricos que llegaron al PP procedentes de UCD. “Él ya sabe que está perdido porque por primera vez en la historia nos ha ganado una fuerza no nacionalista de centro derecha. Y nos ha ganado por goleada. En cuanto eso empiecen a reflejarlo los sondeos, la dinámica será imparable. Teniendo en cuenta sobre todo que el PP está ya destruido como partido. No veo la más mínima posibilidad de que sigamos gobernando. Por eso digo que no me gustaría estar en su piel. Debe ser muy duro tener la sensación de que no vas a ser capaz de cumplir la misión que te encomendaron”.

“¿Y tú cuánto hace que no hablas con Rajoy?”, le preguntó uno de los presentes. La respuesta fue la misma que daría cualquier otro.

 

 

 

 

Bruselas exige a Rajoy que cambie los Presupuestos de 2016 porque incumplen el déficit exigido por la UE

Attribution - Non Commericial - No Derivs Creative Commons © European Union 2015 - European Parliament ---------------------------------------- Pietro Naj-Oleari: European Parliament, Information General Directoratem, Web Communication Unit, Picture Editor. Phone: +32479721559/+32.2.28 40 633 E-mail: pietro.naj-oleari@europarl.europa.eu

La Comisión Europea sopesa acelerar las multas contra el Gobierno español por endeudarse más de lo exigido. Bruselas calcula que España tendrá este año un déficit del 4,6% y uno del 3,5% en 2016. 

La Comisión Europea pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy la semana que viene que introduzca recortes extra durante la fase final de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Bruselas considera que las cuentas públicas españolas incumplen las recomendaciones de la UE y que no permitirán alcanzar los objetivos pactados de reducción del déficit público.

Si Rajoy decide ignorar este aviso, disuelve las Cámaras y se presenta a las elecciones con el actual proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo comunitario sopesa proponer ya en noviembre sanciones para España por déficit excesivo, según ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo. Las sanciones podrían alcanzar un máximo del 0,2% del PIB. Es decir, unos 2.000 millones de euros.

“La Comisión publicará la semana que viene una opinión muy crítica con los Presupuestos españoles de 2016 e invitará al Gobierno y al Parlamento a hacer modificaciones”, ha señalado el alto funcionario. “No estamos satisfechos porque no se ajustan a las recomendaciones” de la UE para corregir el desfase presupuestario, ha agregado.

Tras evaluar el proyecto español de cuentas públicas, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que las previsiones económicas que maneja el Gobierno de Rajoy son “demasiado optimistas”. Esta euforia excesiva afecta no sólo a los datos de crecimiento sino también a las previsiones de ingresos, mientras que los gastos están infravalorados.

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Las dudas de Bruselas afectan ya al actual ejercicio 2015. Calcula que el déficit público se situará este año entre el 4,5%-4,6% del PIB, en lugar del 4,2% que el Gobierno español ha acordado con sus socios europeos. El Ejecutivo comunitario acaba de revisar al alza su previsión de crecimiento para España. La sitúa en el 3% del PIB, dos décimas más de lo que había calculado en primavera. Pero ni con esta mejora se podrán cumplir los objetivos presupuestarios. La cifra de la Comisión sigue siendo en todo caso más pesimista que el 3,3% que el Ministerio de Hacienda utilizó como base para elaborar los Presupuestos.

Además, el déficit de España en 2014 se ha revisado al alza del 5,8% al 5,9% (incluyendo las ayudas a la banca). Al empeorar el punto de partida, se complica lograr la meta de 2015.

Sin ajustes adicionales en el proyecto de cuentas públicas, en 2016 el desvío presupuestario respecto a la meta pactada con la UE será mucho mayor: el déficit llegará al 3,5%, en lugar del 2,8% exigido, según la estimación de Bruselas. Precisamente 2016 es el año en el que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a corregir el déficit excesivo. Es decir, a situarlo por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España se encuentra sujeta al procedimiento sancionador de la UE por déficit excesivo desde 2009 y ya se ha beneficiado de varias prórrogas de la UE para corregirlo.

Los Presupuestos de 2016 se están tramitando en estos momentos en el Senado, cuyo pleno tiene previsto aprobarlos en la semana del 13 al 15 de octubre. La ratificación final en el Congreso está prevista para la semana del 19 al 23 de octubre.

El Ejecutivo comunitario ha mantenido intensos contactos con el ministerio de Economía durante las últimas semanas para elaborar su dictamen. Por lo que le ha comunicado el Gobierno español, no tiene ninguna esperanza de que vaya a seguir sus recomendaciones y corregir los Presupuestos. De hecho, desde el ministerio de Economía han asegurado a EL ESPAÑOL que para cumplir el objetivo de déficit de este año “no hay ningún problema”. “En cuanto al año que viene, los Presupuestos son prudentes, como en años anteriores, y siempre hemos cumplido”, añaden.

Ante esta negativa, Bruselas se prepara ya para los próximos pasos, que tiene previsto dar durante el mes de noviembre. El problema que se le plantea es que para entonces las Cámaras estarán ya disueltas y el Gobierno estará en funciones. 

Dos son los escenarios que maneja Bruselas. En primer lugar, la Comisión podría pedir multas inmediatas contra España por desoír las recomendaciones de la UE. Un paso que hasta ahora no se ha atrevido a dar, ni siquiera contra Francia, pese a que amagó con ello el año pasado. La otra opción es dirigir un ultimátum al Gobierno que salta de las urnas en diciembre para que “corrija de inmediato” los Presupuestos de 2016.

La evaluación que hace Bruselas de las cuentas públicas nacionales tiene su origen en las nuevas normas de control y vigilancia presupuestaria que entraron en vigor hace dos años para mejorar la coordinación entre los países de la eurozona y prevenir futuras crisis de deuda como la que estuvo a punto de destruir la moneda única en 2012.

Según el procedimiento normal, los estados miembros tienen de plazo cada año hasta el 15 de octubre para remitir a Bruselas su proyecto de Presupuestos. La Comisión los examina y publica su opinión sobre todos ellos durante el mes de noviembre, antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales. Puede pedir cambios si considera que incumplen el Pacto de Estabilidad, aunque no tiene poder para imponerlos. Sí puede proponer sanciones para los infractores. El procedimiento se ha adelantado en el caso de España por la pretensión del Gobierno de Rajoy de aprobar los Presupuestos antes de las elecciones.

Si en 2014 Italia y sobre todo Francia fueron los peores alumnos en este ejercicio presupuestario, este año el expediente más conflictivo en Bruselas es el del presupuesto español.

Los demás partidos han criticado por electoralista la presentación temprana de los Presupuestos de 2016 por el Gobierno de Rajoy y la imposición de esas cuentas públicas al ejecutivo que salga de las urnas en diciembre. Los presupuestos prevén una subida del sueldo de los funcionarios, un aumento del gasto en pensiones y una subida de las becas, de las ayudas al cine y de las subvenciones al fomento del empleo. Además, el Ministerio de Hacienda adelantó al mes de julio de este año la rebaja del IRPF y tiene previsto devolver en los próximos meses la paga extra que se les congeló a los funcionarios en 2012.

El jefe de los espías durante el 11-M asegura que Aznar le “marginó, manipuló y engañó”

dezcallar2Diplomático brillante y jefe de espías, Jorge Dezcallar denuncia en un libro inédito en nuestro país que Aznar lo “marginó, manipuló y engañó” durante tres días tras el sangriento atentado. “Yo lo que sé es que a mí me llamaron para que dijera una cosa que, en el momento en el que me llamaron, sabían que era falsa”.

Foto: MOEH ATITAR

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El embajador Jorge Dezcallar este jueves en Madrid. / MOEH ATITAR

Jorge Dezcallar sigue como siempre: con pinta de pincel recién salido de la ducha e impecable como el pañuelo que emerge del bolsillo de su chaqueta.

Las arrugas no han hecho mella en él ni por dentro ni por fuera: no hay sombra de esos 70 años que cumple dentro de un mes ni de esas dentelladas que dice haber sufrido en nuestra España cainita.

Haber sido uno de los diplomáticos más brillantes de la democracia -11 años al frente de la dirección general de Africa del Norte y Oriente Medio; gestor político del ministerio o embajador en Marruecos-  no le sirvió de escudo protector para evitar pasillos con el PSOE y con el PP. La última vez, tras la victoria de Mariano Rajoy en noviembre de 2011.  Cuatro años tuvo que adelantar su jubilación porque el ministro Margallo no encontró sitio para él en ningún lugar del mundo para el que entonces era embajador en Washington.  “No soy ni de unos, ni de otros. Soy independiente”, explica el día que sale a la venta su primer libro,  Valió la pena,  (Península), un documento inédito en nuestro país:  por primera vez, un ex jefe de los servicios de inteligencia se lanza a desvelar el engaño “masivo” del que fue objeto por parte de un Gobierno en un momento particularmente duro, con 191 cadáveres sobre la mesa.

Sabe de lo que habla cuando escribe, al final de las  479 páginas que dedica a la vida de “ese chico de provincias nacido en el franquismo” : “Es triste constatar que los políticos en España están todos cortados por el mismo patrón: quieren lealtades acríticas y les agrada rodearse de yes-men”.

“Señor, ha cometido errores graves”

Él no lo es.  Poco antes de abdicar,  en la primavera de 2014,  el rey Juan Carlos le consultó si creía que era realmente tan impopular como decían los medios. Dezcallar fue sincero: “Señor, ha cometido errores graves en un momento en el que la opinión no está para bromas, la gente lo está pasando mal, y esto marca el final de una etapa. Ya no se dejan pasar cosas que antes sí se dejaban. Pero esto no quiere decir que la historia lo vaya a juzgar por esto: la historia lo juzgará por haber posibilitado la mejor época de la historia de España en 300 años”.

Al igual que el Rey con su desafortunado final, Dezcallar no quiere permitir que el 11-M marque una carrera de servicio a España que comenzó a los 25 años.  Este libro se lo debe, dice, a su familia. También reconoce que fue un “elemento esencial” el segundo tomo de las memorias de Aznar aparecido en 2013. En él, el ex presidente del Gobierno se refiere al informe Dezcallar hecho público después del atentado y vierte sobre él la responsabilidad de lo que él considera un “uso partidista” del atentado terrorista.

Valió la pena tiene dos partes muy señaladas. Hay una claramente ligera de recuerdos diplomáticos como los líos logísticos vividos con el inefable Chencho Arias o el embarazoso incidente del bailaor de Hassan II: “Responde a mi deseo de explicar por qué me hice diplomático”. La segunda (capítulos 8 y 9) es oscura como lo fueron los acontecimientos desde su llegada al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en junio de 2001:  el 11-S,  los informes sobre las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam Hussein,  el asesinato de siete agentes del CNI en Irak. Y así hasta el terrible día 11 de marzo.

Ahí está el leitmotiv de la obra:  “El libro de Aznar me hizo pensar que yo tenía una obligación con mi familia, conmigo y con el Centro que he dirigido, en contar cómo vi yo las cosas por dentro, honradamente, desde un punto de vista absolutamente independiente y dar mi visión que es importante porque se están contando muchas medias verdades que están desfigurando la realidad”.

“Es el rey quien me envía a Washington”

Sin ese volumen de Aznar quizá se hubiera sentido sufiencientemente resarcido con la intervención del rey Juan Carlos cuatro años después del 11-M, cuando él ya estaba felizmente trabajando en Repsol y no tenía ninguna intención de regresar a la carrera: “A mi el Rey cuando me llama para ir a Washington, porque es él el que me llama, y me dice: ´Jorge yo quiero que tú vayas Washington porque este país no se ha portado bien contigo, y yo quiero que se te reconozca públicamente tu trabajo´.”

Esta intervención real no está contada en el libro, como tampoco está relatado que Don Juan Carlos quiso que él se quedara al frente del CNI cuando Zapatero llegó al poder.  Bono amenazó con dimitir si Dezcallar permanecía, y de nuevo fue el Rey el que llamó para advertirle de que iban a cesarlo.

Dezcallar quiere ahora destacarlo: “Eso fue bonito por su parte”.  Pero no suficiente.  El libro Valió la pena es un duro J´accuse contra la acción de Aznar y su Gobierno esos tres días aciagos de 2004.

Dezcallar asume su parte de culpa: “El CNI no vio venir el 11-M como al CIA no vio el 11-S, y tiene muchos más medios que nosotros”. Pero quiere que los demás también lo hagan.

¿No ha sido revisado (cleared) por el CNI? “Yo no le he pasado este libro absolutamente a nadie antes de publicar, ni siquiera a mi mujer, porque no quiero que nadie sea responsable de nada”.  Como jubilado, explica, no tiene la obligación de los funcionarios en activo: “No cuento secretos oficiales. Entiendo que un secreto oficial es aquello que afecta al funcionamiento del servicio: a los agentes, a los informadores, a los objetivos, pero el que me hagan a mi una faena no es un secreto oficial. Conmigo se portaron muy mal”.

Hace unos días envió una carta de cortesía al actual director del CNI, Félix Sanz Roldán, y nada más. A Aznar, del que no pudo, dice, ni despedirse, tampoco lo ha llamado. “Nuestra relación no era buena. Luego le he visto, y me he puesto a su disposición, pero nunca nos hemos ido a comer juntos.  Porque él no ha querido. Le mandé una carta de despedida que tampoco me contestó”.

¿Le faltó arrojo para dimitir en esos días?  Por ejemplo, el sábado 13 de marzo cuando, harto de ser menospreciado, se autoinvita a una reunión con Angel Acebes y su número dos, Ignacio Astarloa, en Interior: “Es posible. Ese día, cuando vengo de la conversación con Astarloa,  tengo seis llamadas de [Alfredo] Timmermans [portavoz de Moncloa] para que salga en televisión.  Le contesté así, en voz muy alta: ´Dile al presidente que mi obligación no es salir en televisión, y que no lo voy a hacer´.  A la sexta vez que me llama, le digo haré un comunicado [descafeinado en el que no descarta ninguna de las dos líneas de investigación, ni la de ETA ni la islamista].  Eso efectivamente no complace ni a tirios ni troyanos. Pero que me hagan eso sin decirme que ya estaban detenidos [los indios que vendieron las tarjetas de los móviles] no tiene nombre. Si lo llego a saber, no habría emitido ese comunicado”.

“Ninguneado desde el primer momento del 11 de marzo”

Ese día fue el determinante, pero Dezcallar explica que fue “ninguneado desde el primer momento” del jueves 11 de marzo. “No me invitaban a participar en las reuniones de políticos. Hubo una decisión clara de marginarme. Aquella mañana [11 de marzo] yo estoy reunido con mi gente y no me avisan de esa primera reunión en Moncloa. Después hay otra en Interior y tampoco. Después la furgoneta y nada, no nos lo dicen. Mi gente se pone en contacto con Interior y les cierran la puerta”.

¿Quizá por la sospecha de que era un infiltrado de  Rubalcaba? “Eso es una infamia. Lo mismo me pasó con el PSOE.  En este país si no estás cien por cien con unos estás con los otros.  Yo tengo sentido del Estado, y eso en este país aparentemente no se lleva. Pensar que yo fui desleal al Gobierno es una injuria que no tiene ningún fundamento. Otra cosa es que a Aznar no le gustara lo que yo le decía. Yo empiezo a notar que mi relación con él se enfría a partir de 2002 cuando doy una conferencia en Elcano sobre las armas de Hussein. Es una apreciación que yo tuve. Me dolía cuando él decía que no se guiaba por los informes de los servicios secretos.  Se produce un distanciamiento. Me va preguntando menos.  Nunca me dice lo que tengo que decir pero yo noto que no le gusta”.

¿Le da miedo dar este puñetazo encima de la mesa?  “Digo que me engañaron a mi, me sentí usado y manipulado. Pero te lo diré citando a Artigas,  el padre de la independencia uruguaya: ‘Con la verdad ni ofendo ni temo’. Yo cuento la verdad, yo cuento cómo lo viví yo. No tengo ningún interés político, no aspiro a nada, pero quiero que que no se cuenten cosas que no son verdad: antes de que yo dijera que había sido ETA lo habían dicho el presidente del Gobierno, el ministro del Interior y Ana Palacio se había lanzado a escribir las instrucciones de Naciones Unidas.  No me echen a mi la culpa de eso. Yo acuso de que a mi me manipularon, me usaron, quisieron utilizarme para que les fuera útil en determinados fines que yo ignoro, habría que preguntárselos a ellos. Yo lo que sé es que a mí me llamaron para que dijera una cosa que, en el momento en el que me llamaron, sabían que era falsa. Yo no quiero hacerme enemigos, pero no quiero que se me eche el muerto encima”.

El momento que más le dolió, y más puso en pie de guerra a su gente del centro, fue cuando Aznar decidió dos días después de los comicios desclasificar parcialmente el llamado informe Dezcallar en el que se sugiere la autoría de ETA. Eso, viniendo de un presidente que en 1996 cuando ganó las elecciones a Felipe González se negó a a desclasificar los famosos papeles del Cesid sobre la creación de los GAL: “No se desclasifican  documentos del CNI. Nunca. El no lo ha hace para defender la seguridad del Estado. El lo hace para defender sus vergüenzas y la de los suyos. Y en el centro eso sienta muy mal. Había un malestar terrible”.

Reconoce que podía/debía quizá haber dado el golpe sobre la mesa que está dando ahora con este libro la tarde-noche del sábado 13 de marzo de 2004 después de la conversación con Astarloa.  Pudo más, dice, su sentido del deber: “Había tipos con explosivos por la calle y unas elecciones generales al día siguiente. El bombazo hubiera sido tan grande. La responsabilidad era demasiado pesada”.  Y ante determinados acontecimientos recientes en el CNI, acaba con una  sonrisa,  tan perfecta como el golpe de pañuelo en su bolsillo: “Como escribo en el libro, en el centro no hay cadáveres, si acaso alguna que otra cucaracha”.

 

Nada más (y nada menos) que unas elecciones autonómicas

El 27-S no es un plebiscito por mucho que se empeñen Artur Mas y los independentistas. Sin embargo, cuanto más apoyo logren las fuerzas constitucionales más claramente verá frustrado el secesionismo su proyecto de ruptura.

El 27-S no es un plebiscito por mucho que se empeñen Artur Mas y los independentistas. Sin embargo, cuanto más apoyo logren las fuerzas constitucionales más claramente verá frustrado el secesionismo su proyecto de ruptura.

La cita que este domingo tienen los catalanes con las urnas servirá única y exclusivamente para decidir quién obtendrá el mandato para gobernar en la Generalitat la próxima legislatura. Eso y no otra cosa se decide en unas elecciones autonómicas. Todo lo demás son fantasías. Ahora bien, existe una gran diferencia entre que ganen quienes tratan por todos los medios de saltarse la legalidad a que lo hagan quienes respetan el marco constitucional.

Los partidarios de romper España por las bravas, obviando las leyes, tienen el control de los resortes del poder en Cataluña. Eso les ha permitido movilizar a todos sus simpatizantes, tal y como ha quedado de manifiesto en las últimas celebraciones de la Diada. El dato de que Artur Mas ha convocado tres elecciones en cinco años, además de ser la prueba del fracaso de su proyecto político, habla a las claras del escenario de tensión que ha pretendido y logrado instalar en la sociedad catalana. Ese es el clima que le convenía a su plan rupturista.

Así las cosas, ningún separatista se quedará en casa el domingo. Creen que es la gran oportunidad para lograr su objetivo. Y no es aventurado asegurar que no tendrán otra coyuntura más favorable para tratar de hacer valer su posición.

Hay argumentos de sobra para rebatir a los independentistas. De entrada, es un movimiento que brota de la insolidaridad. Los partidarios de la secesión revisten sus intenciones con conceptos vagos como “dignidad” o “derecho a decidir”, pero de lo que se trata en el fondo es de que la comunidad más próspera de España se quede con todos sus recursos para utilizarlos en su propio beneficio. Por completar la caricatura, lejos de ser una rebelión de opresores contra oprimidos es una insurrección de ricos contra pobres. ¿Solicitarían la independencia si el PIB de Cataluña estuviera a la cola del país, o entonces primarían valores tan elevados como el de la igualdad y la fraternidad?

Hay, sobre todo, razones históricas y sociales que son las que han configurado una situación de hecho. Como dijo Julián Marías, “nada hay más anticatalán que el intento de despojar a Cataluña de sus raíces, de sus hermandades”. Nadie ha impuesto que Cataluña sea España. Todos los españoles, también los catalanes, hemos constituido un Estado de Derecho con unas normas que son garantía de nuestros derechos a la par que establecen nuestras obligaciones.

Sin embargo, todos los motivos que pueden aducirse en pro de la unidad y la convivencia han sido y son despreciados por los independentistas. Incluso los de orden pragmático, como los perjuicios que para la economía tendría una hipotética secesión.

Precisamente la habilidad que han tenido los separatistas ha sido la de que la campaña se haya jugado en su terreno, con unos políticos que, para defender la unidad, han dado pábulo a la idea de que la independencia unilateral de una parte de su territorio es una posibilidad real. Esa torpeza encontró su máxima expresión en el debate que el ministro de Asuntos Exteriores mantuvo, de igual a igual, con uno de los líderes del movimiento secesionista. Los independentistas no podían encontrar mayor reconocimiento a sus aspiraciones por parte del Estado que pretenden destruir.

El Gobierno y el PP han contribuido a la ceremonia de la confusión en la que se crece el soberanismo, ora dando a entender que el Estado desamparará a los catalanes si el batiburrillo por la independencia consuma sus amenazas, ora intentando traspasar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de pararle los pies al presidente de la Generalitat.

El primer partido de la oposición, el PSOE, parece no haber aprendido nada del pasado y ha seguido jugando al juego de las equidistancias. Su ingenuidad le ha llevado a tratar de seducir a los separatistas con nuevas concesiones bajo el manto de un confuso federalismo.

A la izquierda del PSOE, ICV y Podemos, unidos en la plataforma Catalunya Sí que es Pot, aún bailan la yenka: lo mismo afirman que no quieren que Cataluña se independice que se adhieren al “derecho a decidir” que lo facilita.

Tampoco los independentistas de Junts pel sí tienen de qué presumir. Han articulado su campaña en torno a mentiras, manipulaciones, ocultaciones y medias verdades. Sus candidatos han mentido sistemáticamente acerca de las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y hasta deportivas que tendría una declaración unilateral de independencia. Afirmaciones como que en una Cataluña independiente no habría corrupción y la gente sería más feliz son tan ridículas que se califican por sí solas.

Llegados a este punto, es muy importante que este domingo acudan a votar aquellos catalanes que no tienen intención de dejar de ser españoles; no porque peligre su condición de tales, sino para que quienes pretenden romper la legalidad ni siquiera tengan la oportunidad de intentarlo. Cuanto más apoyo obtengan las fuerzas constitucionales más claramente verán frustradas los independentistas sus vanas intenciones de imponer el trágala a todos los catalanes y al resto de los españoles.

Pero que nadie se lleve a engaño. El 27-S no es un plebiscito. Sólo se han convocado unas elecciones autonómicas. Y la misma ley y el mismo Estado que han permitido que se celebren en tiempo y forma, garantizan que sus resultados -sean cuales sean- sirvan exclusivamente para aquello para lo que están concebidas.

Todo lo que debes saber sobre la batalla que se libra en el TC sobre Cataluña

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Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos ha interpuesto contra leyes estatales en la legislatura que está a punto de concluir. El proceso soberanista, con el intento de crear estructuras de estado propias y con la permanente reclamación de competencias, está en el núcleo de la batalla que se libra en el Tribunal Constitucional, convertido en el principal valladar del secesionismo.

No hay otra comunidad autónoma que protagonice tantos procesos ante el Tribunal Constitucional como Cataluña. La aspiración a ampliar su capacidad de autogobierno primero y el plan soberanista planteado por Artur Mas y sus socios después han desembocado en la existencia de 64 procesos constitucionales desde que Mariano Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno. Esa cifra incluye recursos de inconstitucionalidad promovidos por Cataluña contra leyes del Estado, recursos del Gobierno central contra normas autonómicas y conflictos de competencia.

En lo que va de año, el Tribunal Constitucional ha abierto 14 procesos que implican a Cataluña y al Gobierno de Rajoy. Entre ellos se encuentran cuatro asuntos clave en los que, según el Ejecutivo central, la Generalitat quiere fijar las bases jurídicas para asumir las funciones del Estado en el caso de un proceso unilateral de secesión del territorio de Cataluña.

Rápidas suspensiones cautelares

Esos cuatro procesos han sido promovidos por el Gobierno y admitidos a trámite con celeridad por el Tribunal Constitucional, lo que ha conllevado la suspensión automática de las normas catalanas cuestionadas.

El TC tardó apenas 11 días en admitir el conflicto de competencias planteado por el Gobierno contra el decreto catalán 16/2015, de 24 de febrero, que creó el Comisionado para la Transición Nacional. La función de este órgano es el “impulso, la coordinación y la implementación de las medidas necesarias para la culminación del proceso de Transición Nacional y el seguimiento de las estructuras de estado”. El conflicto de competencias fue interpuesto el 26 de junio y admitido a trámite por el Constitucional 11 días después.

El 15 de junio el Gobierno presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes catalanas 2/2015 y 3/2015. Ambos fueron admitidos a trámite en sólo 10 días. Esos recursos impugnan aspectos determinantes del proceso soberanista: la elaboración de un plan director con la finalidad de hacer posible la “Administración Tributaria de Cataluña”; el inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña; el catálogo de infraestructuras estratégicas que garanticen el funcionamiento y suministro de agua, energía, transporte, telecomunicaciones y servicios de información; la Agencia Catalana de la Protección Social y el plan director para los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario. Según las cuentas pactadas entre Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya, 11,5 millones de euros presupuestados para 2015 tienen como destino la creación de estos planes y estructuras.

En una nueva vuelta de tuerca, el Parlament aprobó el 12 de junio la Ley 9/2015, que permite la integración en la Agencia Tributaria de Cataluña (creada en 2007 durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) de funcionarios de otras Administraciones Públicas pero siempre que tengan destino definitivo en Cataluña. Es decir, excluyendo a los del resto de España. La ley fue recurrida de inmediato por Rajoy y ha dado lugar a un proceso abierto por el TC el pasado día 10.

Unos meses antes, el 6 de marzo, el Gobierno central decidió llevar al Constitucional la Ley de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Esta norma considera a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español, otra de las obsesiones de los nacionalistas. El tribunal admitió a trámite el recurso el 14 de abril y dejó en suspenso la ley hasta que dicte sentencia.

El 25 de febrero, el Pleno del TC declaró inconstitucionales tanto la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 como la ley autonómica que le sirvió de cobertura. Fue un fallo unánime que acogió, en lo sustancial, los argumentos de la Abogacía del Estado sobre lo que Cataluña llamó consulta no referendaria y que era, en realidad, un referéndum para debatir la secesión de Cataluña al margen de las vías que la Constitución establece para su reforma, según sentenció el Constitucional.

El conflicto educativo

Varios de los procesos iniciados en 2014 inciden en otro asunto especialmente relevante para los dirigentes de la Generalitat: el catalán y la educación. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, fijó el mínimo de horas que un alumno debe estudiar en castellano. Tanto el Parlament como el Govern la impugnaron ante el TC al considerar que atenta contra el modelo educativo catalán y la inmersión lingüística.

A lo largo del año pasado, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña recurrieron otras normas estatales por no respetar las competencias autonómicas, como la ley de sostenibilidad de la Administración Local, la de garantía de la unidad de mercado y los planes de racionalización energéticos.

Desglosando el número de procesos de inconstitucionalidad, Cataluña fue la comunidad autónoma más afectada en 2014. Sobre ella hubo 19 procesos, un 34% del total que admitió el TC (56). Le siguieron Andalucía, con 10 asuntos y Canarias con 5.

2014

En 2013, una iniciativa con la que el Parlament inauguró el año, la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, dio lugar a un proceso constitucional que el TC zanjó en marzo de 2014. También por unanimidad, el Constitucional dejó claro que “en el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”.

Además, 2013 supuso el punto de partida para otros procesos referidos al ámbito educativo. En febrero de ese año, el TC admitió tres recursos de Cataluña contra normas estatales que establecieron las enseñanzas comunes de la educación infantil, las bases de la formación profesional y el gasto público en educación.

En 2013 fue, de nuevo, Cataluña la comunidad autónoma que se vio implicada en más procesos constitucionales, con 22. Después, Canarias (10), País Vasco (9), Navarra (8) y Andalucía (6).

2013

Cuando Artur Mas planteó en septiembre de 2012 a Mariano Rajoy un nuevo pacto fiscal que planteaba equiparar el escenario fiscal catalán al del País Vasco, el presidente del Gobierno lo rechazó por inconstitucional. Tras aquel (des)encuentro en La Moncloa, el líder catalán dejó entrever el inicio del conflicto en los tribunales que estaría por venir a lo largo de la legislatura: según su criterio, Cataluña tenía un futuro “luminoso y brillante” frente al “gris” que ofrecía el presidente del Gobierno central y para ello tendrían que reclamar nuevas competencias ante el Constitucional.

Sin embargo, fueron el presidente del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Defensor del Pueblo los primeros en cuestionar la corrección constitucional de algunas normas procedentes de Cataluña. En concreto, las leyes en materia audiovisual, de urbanismo y de horarios comerciales.

2012

En 2012, coincidiendo con el primer año de legislatura de Mariano Rajoy, Cataluña ya encabezó la relación de comunidades autónomas litigantes con nueve asuntos. Impugnó las medidas de racionalización del gasto en Educación y Sanidad, así como el decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que, entre otras medidas, eliminó la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos.

Margallo en estado puro

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Habló José Manuel García-Margallo este jueves en Barcelona de “encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica” y de modificar un sistema de financiación cuyo modelo es “injusto”. En Madrid cayeron chuzos de punta. 

Habló José Manuel García-Margallo este jueves en Barcelona de “encajar el hecho catalán en términos constitucionales en la realidad hispánica” y de modificar un sistema de financiación cuyo modelo es “injusto”. En Madrid cayeron chuzos de punta. En principio, nada nuevo. Desde hace ya casi cuatro años, Margallo es ministro de Asuntos Exteriores a tiempo parcial y nuestro-hombre-en-Cataluña a tiempo completo.

Esta querencia por la cuestión catalana se justifica por una vieja pasión que arrastra desde 1973 (el sistema de financiación en España) y una igualmente antigua e intensa amistad personal, la que mantiene desde la década de los 80 del siglo pasado con Mariano Rajoy. También se debe a una particular forma de ser y de hablar que ha generado un nuevo término en español: “Margallada”.

Llámese pensamiento libre o verso suelto. A raíz de este último ejemplo de un Margallo en estado puro, los extremos del PP ironizaron sobre su pertenencia a Junts pel Sí y sobre su “rescate a los separatistas”. Lo normal. Lo que nunca había ocurrido es el correctivo público al que lo sometió Pablo Casado, el portavoz popular recién salido del horno: “Se trata de una opinión personal”. ¿Globo sonda o boca grande? Lo segundo con poco margen de duda, según conocedores de la política con mayúscula, ésos que sienten poca simpatía por el hecho cierto de que Margallo haya pasado media vida estudiando y escribiendo sobre la materia.

Hace justo un mes que John Müller escribió en El Mundo sobre el proyecto de reforma constitucional que Margallo ha elaborado para Rajoy y que éste guarda en La Moncloa desde el pasado otoño. Según Müller, que ya hablaba de las cosas de Margallo cuando pocos conocían en España a ese oscuro europarlamentario que acabó convertido en ministro, se trata de una “apuesta por un modelo federal sin tapujos” que incluye la reforma fiscal y el respeto al principio de ordinalidad tan caro para el Gobierno catalán. También en el verano concedió entrevistas Margallo a El País y a ABC para ventilar las bondades de su documento. La última, el pasado domingo en Expansión. Ahora le toca el turno a las televisiones: El Cascabel y La Sexta. Habrá más, mucho más, de aquí a diciembre. ¿O no?

“Una cosa es la academia y otra la política”, arguyen los que quisieran haber visto a Margallo más volcado en la condena del líder opositor venezolano Leopoldo López y menos pendiente de la reacción de su propio partido a sus palabras en Barcelona. “Han cambiado las circunstancias”, explican otros en referencia no sólo al comienzo de la campaña catalana sino a un hecho indiscutible que Margallo parece olvidar: que quizá debería tener en cuenta lo que Xavier García Albiol y Jorge Moragas tienen que decir al respecto. El próximo 23 de septiembre, Margallo vuelve a Barcelona. ¿Modulará sus enormes conocimientos sobre la cuestión catalana? Todo parece depender de una conversación que sólo él puede tener.

Nos toman por besugos filósofos

Besugos

Empecemos el curso compartiendo ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos. La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política…

Ilustración: Javier Muñoz

Empecemos el curso compartiendo ballena. El Arponero Ingenuo acaba de avistarla pero pesquémosla juntos. La maniobra de aproximación es muy sencilla. Basta teclear www.pp.es/actualidad-noticia/pp-recurre-ley-aborto para toparse de frente con el más desafiante surtidor de desfachatez política.

Hemos entrado en la actualizada página oficial del partido gobernante. Ahí está en la parte superior izquierda el nuevo logo podemizado, con el charrán en el lugar de la gaviota y la expresión “populares” a la derecha. Su problema es que han podido cambiar de emblema pero no borrar sus huellas. Tiempo al tiempo, que pronto habrá un movimiento para que los partidos puedan acogerse al derecho al olvido en Internet.

Acerquémonos entre tanto a las fauces del Leviatán barbado. Lo primero que vemos es una foto que muestra al entonces mano derecha de Rajoy y hoy embajador en Londres, Federico Trillo, marchando apresurado con aire de quien no puede perder ni un minuto para entregar el candente dossier que lleva en la zurda. Le escoltan dos palafreneros de los grupos del Congreso y Senado y un agente de seguridad. Luego avistamos el título -“El PP recurre la Ley del Aborto”- y bien destacada la fecha: 1 de junio de 2010. Ayer como quien dice.

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Ilustración: JAVIER MUÑOZ

Que los pusilánimes den la vuelta a la chalupa porque ahora toca franquear las fauces del rorcual y adentrarse como Jonás en el corazón de las tinieblas. El río que nos lleva, en medio de una manada de refulgentes peces rosáceos de ojos saltones, es la versión oficial, con estructura de crónica periodística, de la que fue una de las principales iniciativas del PP durante la pasada legislatura. Arponeros, tensad las cuerdas que os sujetan a la quilla. Vais a necesitarlas para dominar vuestras arcadas.

El primer párrafo anuncia la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional y concreta la impugnación de “ocho preceptos” -no uno, ni dos… ¡ocho!- de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Gobierno de Zapatero. El segundo párrafo especifica que “entre esos preceptos se halla el que prevé la posibilidad de abortar en las catorce primeras semanas por la mera decisión de la madre” porque “la vida del no nacido… queda absolutamente desprotegida”. El tercer párrafo añade que esto “resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que todos tienen derecho a la vida”.

Tras un cuarto, quinto y sexto párrafo dedicados a aspectos menos nucleares del conflicto -incluido el derecho de las menores a abortar sin conocimiento de sus padres- llegamos, contened todos el aliento, al tremendo párrafo séptimo en el que la prosa administrativa nos arroja frente al único absoluto de la condición humana: “Una importante novedad es que se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad cuya tramitación se pide que sea preferente”. ¿Por qué tan drástica demanda? “Porque la aplicación de las normas recurridas generaría perjuicios irreparables evidentes, al tratarse de vidas humanas cuya eliminación sería irremediable”.

Sí, lo han leído bien, aquí no hay eufemismos que valgan: según el PP, es decir según Mariano Rajoy Brey, de lo que se trata no es de la interrupción, obstaculización o resolución de un proceso biológico incompleto sino de la “eliminación” -zis zas, fuera, uno menos, descanse en paz, aquí yace, RIP, los tuyos no te olvidan- de “vidas humanas”. No se habla del nasciturus, ni del feto, ni del óvulo fecundado, ni de ninguna categoría presuntamente intermedia o pretendidamente ambigua. No, no… “vidas” tan “humanas” como la del niño de la isla de Bodrum. Así de claro. Y el plural no se refiere ni a dos, ni a tres, ni a cien, ni a mil… sino a diez decenas de miles al año. Casi medio millón por legislatura. Quinientos mil cadáveres extraídos del mar de nuestro sistema sanitario. O sea que Auschwitz se hizo carne y habitó entre nosotros.

Pido perdón si alguien se siente ofendido, en unas u otras convicciones, por mis expresiones literarias. No banalizo nada. No es mi opinión la que emito. Ni tampoco la que cuenta en este conflicto de suma negativa en el que se elige entre dos males. Sólo me atrevería a decir con Isaiah Berlin que del fuste torcido de la humanidad es difícil que salga nada derecho. Y a lo más que puedo llegar es a la inevitabilidad de legislar de forma ponderada. Pero ni yo ni ninguno de ustedes ganó las elecciones con mayoría absoluta el 20 de noviembre de 2011. La única opinión que a efectos prácticos cuenta es la de quien sí lo hizo. O sea la del susodicho Rajoy Brey. Y ya la conocemos: “eliminación” en masa de “vidas humanas”. Ergo…

Si tan perentorio era que el TC ejerciera de ángel bíblico interponiendo su mano cada vez que el escalpelo del cirujano fuera a acuchillar a uno de esos cientos de miles de desvalidos, sería inexorable que encontráramos en la referencia del primer Consejo de Ministros de diciembre de 2011 la remisión a las Cortes, por el procedimiento de urgencia, de un proyecto de ley que derogara al menos los ocho artículos recurridos. Pero, ¡ah, no!, aquel día no fue posible porque había que subir los impuestos.

Bueno, estará entonces entre los acuerdos del segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto Consejo de Ministros de ese omnipotente Gobierno con ideas tan claras… Y resulta que tampoco, tal vez porque al democristiano Arenas le venía mal que se aplicara el programa de su partido cuando estaba en pleno intento de engatusar a los andaluces enarbolando el de sus adversarios.

El vértigo, el “horror vacui”, el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de “vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación. Ni siquiera cuando su ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón le presentó un proyecto de ley que no era una futesa. Al final para todo lo que ha dado de sí la mayoría absoluta del PP es para que, reformilla de tapadillo mediante, las menores de edad sólo puedan contribuir a esa “eliminación” masiva de “vidas humanas” tras comunicarlo a sus progenitores. El sarcasmo no es mío sino del legislador.

El vértigo, el ‘horror vacui’, el estupor maremagno sobrevienen cuando, hoja de calendario tras hoja de calendario, resulta que a Rajoy le pasó con la “eliminación” de “vidas humanas” lo mismo que a Pujol con el dinero negro de su padre y en cuatro años nunca encontró el momento de regularizar la situación

El otro día me encontré con Zapatero y le comenté que, si yo fuera él, tan pronto como Rajoy disolviera las Cortes escribiría un artículo titulado “Gracias, Mariano, estás perdonado”. La primera parte incluiría la relación de los controvertidos preceptos legales aprobados durante sus dos mandatos que permanecen intactos o apenas maquillados tras la mayoría absoluta popular. Y la segunda, el catálogo de denuestos que esas iniciativas merecieron por parte de Rajoy y su equipo, empezando, claro, por lo de la “eliminación” masiva de “vidas humanas”. Zapatero me miró perplejo, como si el nefelibata fuera yo, y vino a decirme que la complejidad de la España real se abre camino cuando uno gobierna.

Pongamos que al cinismo universal se le llame ahora así; demos por hecho -de lo contrario sería cómplice consciente de una monstruosidad- que Rajoy ya no piensa que medio millón de abortos, fruto de una ley de plazos, equivalga a la “eliminación” de medio millón de “vidas humanas”; y asumamos que sólo un hombre excepcional, en el extremo opuesto del orden zoológico, sería capaz de rectificar o al menos matizar públicamente categorizaciones tan insoslayables. Pero convengamos también en que el mínimo minimorum de coherencia exigible para no merecer que te arrojen huevos podridos por la calle o te embadurnen con brea y recubran con plumas de gallina, hubiera requerido la discreta retirada del bendito recurso ante el Constitucional.

Porque, al no haber ocurrido ni eso ni lo contrario para que los refulgentes peces rosáceos de ojos saltones no se escabullan ni hacia Vox ni hacia Ciudadanos, llevamos casi cuatro años instalados en la repulsiva contradicción de que el PP de Rajoy pide a los magistrados que detengan urgentemente la matanza de inocentes, mientras el Gobierno de Rajoy se rasca la entrepierna pasmado de que una parte importantísima de sus votantes siga viendo en esos procedimientos quirúrgicos legales la misma matanza de inocentes que ellos veían y describían sólo cinco años atrás. Y no me siento capaz de dictaminar con cuál de los dos Rajoy está la razón ética o la verdad científica, pero de lo que no me cabe duda es de que su coexistencia es desalmadamente obscena.

¿A alguien le sorprende que los magistrados del Tribunal Constitucional sigan aplazando ad calendas graecas la deliberación sobre tan urgentísimo y sanguinoliento recurso, correspondido por sus promotores con cuatro años de antiséptica pasividad en el poder? ¿A alguien le sorprende que tanto los jueces cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2010 como los jueces cuyas opiniones coinciden con las de Rajoy en 2015 se sientan instrumentalizados en el altar del más zafio utilitarismo electoralista? ¿A alguien le sorprende que este precedente pese sobre sus togas cuando se dan cuenta de que con la reforma, también urgentísima, de la ley del propio TC, con Albiol ahora en el papel de Trillo, Rajoy pretende repetir la jugada con otra fruslería de nada como la unidad de España?

Si el principio de separación de poderes figura entre las primeras Obsesiones de EL ESPAÑOL no es sólo para proteger su independencia sino principalmente para estimular su responsabilidad. Los jueces juzgan, los parlamentos legislan, los gobiernos gobiernan. Es cierto que a los tribunales les corresponde también ejecutar sus sentencias y que la especial jurisdicción del Constitucional le sitúa en un cierto limbo sin resortes directos de autoridad. Pero el desafío separatista es ante todo político y es al ejecutivo al que le corresponde hacerle frente con su rica panoplia de armas jurídicas y su monopolio legal del uso de la fuerza.

Tras cuatro años cruzado de brazos, esta respuesta de Rajoy al filo de la campana, consistente en que los magistrados puedan multar o suspender a quien les desobedezca, resultaría ridícula si no escondiera mucho más. Alguien empeñado, como dice Guerra, en dar “un golpe de Estado a cámara lenta”, no va a pensárselo dos veces ni por el riesgo de tener que pagar “entre tres mil y treinta mil euros” ni por el de tener que ceder el cargo al siguiente -o más bien al precedente- de la lista.

La destitución de alguien como Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter interino, tal y como ocurrió en octubre del 34. Algo que ya tenía que haberse hecho cuando el año pasado se llevó a cabo la consulta prohibida por el TC o a la vista de que, como acaba de recordar Rafael Hernández -este dechado de sindéresis que tanto nos hace añorar a su colombroño intelectual Floriández-, la Generalitat sigue costeando el fantasmagórico Consejo para la Transición Nacional, declarado anticonstitucional.

La destitución de alguien como Mas sólo tendría sentido y eficacia si, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno recurriera al Senado para suspender la autonomía catalana y sustituir sus instituciones por otras de carácter interino, tal y como ocurrió en octubre del 34

Como en el caso del aborto, el estafermo con mayoría absoluta ha optado, sin embargo, por transferir la responsabilidad de gestionar una situación límite a los magistrados del alto tribunal. Eso le permite justificar su parálisis en la expectativa de una acometida institucional ajena. Y mantener abiertas todas las opciones como el monigote giraldilla que despliega a la vez la maza y el escudo.

Qué más podía querer el aprendiz de golpista que una iniciativa de dudosa constitucionalidad, atufadoramente oportunista y palmariamente divisiva de los partidos no separatistas, para alimentar su desbarre. Ahí le tienen, hablando nada menos que de la Inquisición para camuflar la mangancia organizada del 3%. La torpe cobardía gubernamental le ha permitido así acercar de nuevo el ascua de la falta de calidad democrática de las leyes vigentes a la sardina de su delirio secesionista.

Como entre ballenas y clupeidas cabe algún término medio, la situación recuerda una estampa pintoresca del Bilbao de 1915 -tendremos que volver sobre ese año para hablar de Dato y de Cambó-, recogida en las páginas de El Pueblo Vasco. Sucedió al caer la tarde cuando el guardia urbano Pablo Sáez abordó junto al Cafe del Norte al vendedor de besugos Lorenzo Hernández, conminándole a cesar en su actividad, de acuerdo con “el artículo 31, párrafo tercero, apartado 16 de las ordenanzas municipales que prohíbe terminantemente la expedición de besugos con luz artificial”. El vendedor rehusó obedecer al guardia, dando grandes voces y “manifestando a la autoridad que los besugos se imponían a toda disposición emanada del municipio”. El lance derivó en tumulto y el tumulto en gresca, en medio de “un corro de curiosos y desocupados que no bajaría seguramente de 300 a 400”.

No es tanto el conflicto entre el derecho a decidir de los besugos y un rígido marco legal, reforzado por un precepto arbitrario, lo que llama mi atención, sino la descripción y coda final del gacetillero: “Y mientras se desarrollaban tales acontecimientos los besugos, rígidos, yacentes sobre la banasta, parecían mirar con sus ojos opacos a los actores de este suceso, en el cual se veían envueltos por no haber sido capaces de escapar a las arteras redes de los hombres… Los besugos son siempre unos filósofos”.

Philosophia perennis, que diría Leibnitz. Anteayer Soraya salió en sus teles reprochando al PSOE que utilizara “frases fáciles para problemas difíciles” -¡se refería a la crisis de la inmigración!- y pronto comenzará la pesca milagrosa. Una vez que las “arteras redes” hayan hecho su cosecha el 27-S en Cataluña, asistiremos a su despliegue en toda España y la manada de refulgentes peces rosáceos de ojos saltones será conducida de nuevo hacia el vientre de la bestia. Nada sería tan coherente como que se confirmara la fecha del 20 de diciembre, apuntada por Rajoy para las elecciones generales, pues pocos platos han adquirido la tradición navideña del besugo al horno. Y habrá que tener los “ojos” muy “opacos” o sentirse muy “filósofo” para respaldar a quien pretende hacerte cómplice no ya de un asesinato en masa o de un alarde de truculencia demagógica, sino de ambas cosas a la vez.

 

Una proposición inconsistente e incoherente

635769814260555968w El autor rechaza la reforma que acaba de plantear el PP en el Congreso de los Diputados para dotar al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora. Según Gómez de Liaño estamos ante una iniciativa innecesaria y equivocada porque, de ser aprobada tal modificación legislativa, se ahondaría en la politización del Alto Tribunal/ Foto: EFE

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La ejecución de una sentencia es el epílogo del drama, el último acto del rito. ‘Ite missa est. Ite iudicatum est’.

(Piero Calamandrei. ‘Processo e Democrazia’).

El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva no se limita a obtener una resolución dictada por un tribunal independiente que dé respuesta a la pretensión planteada, sino que se extiende a la plena eficacia de lo mandado en la sentencia.

Este preámbulo, al igual que la cita del gran jurista florentino, uno de los padres de la Constitución italiana de 1948, y los dos adjetivos aplicados al título del presente artículo, viene a cuento de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de reformar la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que, en palabras de la Exposición de Motivos de la proposición, responde a “la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar” el cumplimiento de las resoluciones de sus decisiones, lo que “obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real”.

Se trata de un proyecto legislativo que, aparte de algunas voces elogiosas, empezando por las del propio Gobierno, en boca de la señora vicepresidenta, y las de un par de colectivos judiciales, ha merecido críticas tan severas como la de ser un “disparate” -Felipe González dixit-, tratarse de una “chapuza” propia de la “extrema derecha” -comentario de Pedro Sánchez, líder del PSOE-, consistir en una reforma ad hoc con nombres y apellidos, o que la innovación tiene toda la pinta de ser un atajo electoralista del PP que coloca al supremo intérprete de la Constitución en una situación comprometida.

Aunque todo es discutible y más en Derecho, los argumentos utilizados por quienes se oponen a la reforma son bastante certeros y sus discrepancias de criterio están justificadas. Es más. La impresión generalizada, en la que se incluyen expertos y profanos en la materia, es que los populares no pretenden defender exclusivamente una posición jurídica.

Expresiones tan torpes como la de “se ha terminado la broma”, pronunciada por el candidato a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 27-S, borran cualquier apariencia de juridicidad. Por cierto, una presencia, la del señor García Albiol, en el trámite de registrar la proposición que resultaba fuera de lugar y que recuerda aquello que Cela decía de que en España es difícil que cada cual sepa estar en el sitio exacto que le corresponde en el momento justo.

Se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un río revuelto para pescadores oportunistas

Nada hay más estrafalario que un político, sea parlamentario o no, erigido en jurista de prestigio o con hechuras de profeta, supuesto este último que se agudiza cuando el mesías, que encima apunta maneras de leguleyo, resulta un lírico partidario de “leyes de emergencia”, también llamadas “para salir del paso” o para dar gusto a clamores populares. Con actitudes como éstas se corre el riesgo de convertir el mundo del Derecho en un guiñol y también en un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas.

¿A estas alturas alguien puede ignorar que la función de los tribunales consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado? ¿No dice la Constitución (artículo 118) y otras leyes (artículo 17 Ley Orgánica del Poder Judicial) que es obligado respetar y cumplir las sentencias y demás resoluciones que han ganado firmeza y sean ejecutables? ¿No habíamos quedado en que el incumplimiento de una resolución judicial puede ser constitutivo de los delitos de desobediencia y/o prevaricación (artículos 410 y 404 del Código Penal)?

Aunque a la vista está que todavía quedan indecisos, parece evidente que a la primera pregunta corresponde el no y al resto, un . Rotundamente: nadie puede, legítimamente, negarse a cumplir lo ordenado por un tribunal sin merecer el dedo apuntador del Ministerio Fiscal. Distinto es que el ciudadano medio piense que el poder judicial en España tiene un perfil muy bajo, cosa que atribuye a determinados responsables políticos o parapolíticos que padecen de un infinito complejo de superioridad respecto a los hombres de leyes a los que consideran ruedas del auténtico poder y minúsculos rodamientos fáciles de engrasar.

No cabe duda de que desde hace años vivimos un preocupante proceso de inflación legislativa, o, mejor dicho, de hipertrofia legislativa. Hoy se fabrican leyes por el mero afán de producir y de la cadena de montaje salen productos que no resuelven los problemas de la manera más adecuada. Lo expresaba muy bien el profesor García de Enterría cuando hablaba de una sociedad inundada por una marea incontenible de leyes y reglamentos. O sea, lo que Ortega y Gasset denunciaba cuando hablaba del mal de una “legislación incontinente” y lamentaba que la legislación en los últimos tiempos se hubiera convertido en “una ametralladora que dispara sin cesar”.

Además de inconsistente y de incoherente, la reforma es imprudente. Lo digo por la alta velocidad imprimida a la proposición a través del procedimiento de urgencia, lo que implica, al tratarse de una Ley Orgánica, preterir los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Sabido es que la vida de las instituciones se desenvuelve entre aciertos y errores, pero lo que uno no se imagina es que llegada la hora de escribir su historia, algunos amanuenses estén empeñados en hacerlo a golpe de dislate.

Acaso el PP quiera imponer ahora una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo antes

Ante la iniciativa y los comentarios que ha provocado, es de temer que algo grave pueda estar pasando en el partido del Gobierno. Después de dar vueltas a esta nueva vena legislativa, se me ocurre si acaso el PP no querrá imponer una pureza jurídica extremista para compensar la que no tuvo cuando las circunstancias lo demandaban. Esto que acabo de apuntar precisaría de mayor explicación, pero como la mesura merma las ganas de hacerlo, baste con dejar anotado el supuesto no lejano en que ante la resistencia a acatar una decisión del propio Tribunal Constitucional, poco o casi nada se hizo para corregir el desatino, consecuencia de una estrábica, reactiva e inútil pasión nacionalista que roza el ridículo.

Dicho con los debidos respetos, a mí me parece que bajo esa reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, lo que subyace es una sutil y cínica voluntad de que las naturales potestades del Tribunal Constitucional necesiten de la tutela del Gobierno y un descarado propósito de dejar en entredicho, una vez más, la neutralidad del órgano, olvidando que la misión del Alto Tribunal es regular lo que resulta adecuado a la Constitución y lo que se opone a ella. De ahí que no sea extraño que cuando a los ciudadanos se les pregunta por él, la mayoría opine que es un órgano que se mueve empujado por los torpes émbolos de la peor política y un recinto donde se respiran espesos vientos partidistas.

Si se trata de reforzar la autoridad de la cosa juzgada implícita en las decisiones del Tribunal Constitucional, las medidas o remedios a adoptar deben llevarse a cabo por las Cortes Generales con calma, sin sobresaltos, utilizando exclusivamente la razón jurídica en el sentido que Hobbes decía, como perfeccionamiento de la conciencia humana; es decir, con habilidad técnica y sentido común. Y con el mayor acuerdo posible, pues resulta evidente que caben diferentes enfoques técnicos que es necesario reconducir con estrategia de consenso y no con voluntad de enfrentamiento.

“Enséñame un código y te diré quien manda”, suele decirse. Pues no. No es eso.

Economía feliz y ‘carpe diem’, la estrategia presidencial hasta las elecciones

Según el jefe del Ejecutivo “no habrá desacelaración económica”, el empleo “va a ir bien en los próximos meses” y la economía puede “aguantar mucho mejor las tarascadas que vienen de fuera”. El mantra de Rajoy se repite una y otra vez pese a las recientes advertencias de Luis María Linde.

Mariano Rajoy besa a Angela Merkel. (EFE)
Mariano Rajoy besa a Angela Merkel. (EFE)

No ve los nubarrones que se ciernen sobre la economía española. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se aferra a la receta del ‘carpe diem’ económico para relanzar su estrategia electoral antes del 27-S catalán y el “probable 20 de diciembre” en que se celebrará las elecciones generales. Eufórico tras su reciente visita a Angela Merkel en Alemania, el presidente ha concedido su primera entrevista en el reinicio del curso político a la cadena Cope.

Según el jefe del Ejecutivo “no habrá desaceleración económica”, el empleo “va a ir bien en los próximos meses” y la economía puede “aguantar mucho mejor las tarascadas que vienen de fuera”. El mantra de Rajoy se repite una y otra vez pese a las recientes advertencias de la máxima autoridad en la materia, Luis María Linde, que advirtió en el Congreso de lo vulnerable del feliz cuadro económico que está pintando el presidente. 

“Vivimos una situación bastante excepcional (…) Esta combinación, que se ha dado sólo en periodos muy cortos en nuestra historia económica de las últimas décadas, no garantiza, obviamente, por sí misma, su continuidad”, dijo Linde en una comparecencia a la que pocos dieron rango de advertencia, pero lo era y de grado serio. Este mismo jueves, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha rebajado cualquier atisbo de optimismo económico en Europa por las turbulencias que se han desatado en los mercados globales.

Pero el Gobierno juega con el calendario y con los datos pasados, especialmente, los que se han registrado hasta junio. Fue en esas fechas cuando se encendió el colapso financiero en Grecia y pinchó la burbuja bursátil en China. Ha sido desde entonces cuando se han levantado las voces de alarma para persuadir a la Fed de EEUU para que no empeore las cosas y aplace su prometida subida de tipos de interés. En dos meses el horizonte soleado ha dejado paso a los vientos y nubes de tormenta en las principales economías emergentes.

Los datos que maneja el presidente

Una tras otro, los datos pasados que van llegando a Moncloa apoyan las tesis de la recuperación económica. El mercado de la vivienda, todavía una de las grandes despensas patrimoniales de los españoles, registra caídas interanuales de apenas el 1%, según Tinsa, y vislumbra un periodo de estabilización desde hace meses. Para muestra el PIB, que crece a ritmo del 3,3% interanual hasta junio y no parece que vaya a frenar su crecimiento en su comparativa respecto a la producción de 2014. El paro se reduce a razón de 500.000 empleos creados y la confianza del consumidor se sitúa en máximos desde 2009. Incluso Alemania felicita a España, según el mensaje que se trae de Berlín el presidente.

Todo suma para Rajoy, salvo las expectativas de una crisis financiera que se ha contagiado a la mayoría de países emergentes, entre ellos, algunos como Brasil en los que tienen su primer mercado multinacionales de la talla de Santander o Telefónica. Lo que el responsable del gobierno llama “tarascada del exterior”, en otro tiempo fue infravalorado por su antecesor Zapatero. También se creyó invulnerable a la crisis internacional -y le duró meses el autoengaño en 2008-, mientras manejaba los datos alcistas del sector financiero, la recaudación tributaria o la buena marcha de la demanda interna.

La foto económica seguirá fuerte en diciembre porque los principales indicadores se habrán fraguado en verano (tercer trimestre), récord para el turismo y la entrada de divisas en España; de abaratamiento de los costes energéticos y de la creación de empleo estacional. Seguirá, por tanto, el argumentario de la economía feliz hasta la Navidad electoral. Después, las urnas dirán.