Bruselas exige a Rajoy que cambie los Presupuestos de 2016 porque incumplen el déficit exigido por la UE

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La Comisión Europea sopesa acelerar las multas contra el Gobierno español por endeudarse más de lo exigido. Bruselas calcula que España tendrá este año un déficit del 4,6% y uno del 3,5% en 2016. 

La Comisión Europea pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy la semana que viene que introduzca recortes extra durante la fase final de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Bruselas considera que las cuentas públicas españolas incumplen las recomendaciones de la UE y que no permitirán alcanzar los objetivos pactados de reducción del déficit público.

Si Rajoy decide ignorar este aviso, disuelve las Cámaras y se presenta a las elecciones con el actual proyecto de Presupuestos, el Ejecutivo comunitario sopesa proponer ya en noviembre sanciones para España por déficit excesivo, según ha explicado a EL ESPAÑOL un alto funcionario europeo. Las sanciones podrían alcanzar un máximo del 0,2% del PIB. Es decir, unos 2.000 millones de euros.

“La Comisión publicará la semana que viene una opinión muy crítica con los Presupuestos españoles de 2016 e invitará al Gobierno y al Parlamento a hacer modificaciones”, ha señalado el alto funcionario. “No estamos satisfechos porque no se ajustan a las recomendaciones” de la UE para corregir el desfase presupuestario, ha agregado.

Tras evaluar el proyecto español de cuentas públicas, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que las previsiones económicas que maneja el Gobierno de Rajoy son “demasiado optimistas”. Esta euforia excesiva afecta no sólo a los datos de crecimiento sino también a las previsiones de ingresos, mientras que los gastos están infravalorados.

UE

Las dudas de Bruselas afectan ya al actual ejercicio 2015. Calcula que el déficit público se situará este año entre el 4,5%-4,6% del PIB, en lugar del 4,2% que el Gobierno español ha acordado con sus socios europeos. El Ejecutivo comunitario acaba de revisar al alza su previsión de crecimiento para España. La sitúa en el 3% del PIB, dos décimas más de lo que había calculado en primavera. Pero ni con esta mejora se podrán cumplir los objetivos presupuestarios. La cifra de la Comisión sigue siendo en todo caso más pesimista que el 3,3% que el Ministerio de Hacienda utilizó como base para elaborar los Presupuestos.

Además, el déficit de España en 2014 se ha revisado al alza del 5,8% al 5,9% (incluyendo las ayudas a la banca). Al empeorar el punto de partida, se complica lograr la meta de 2015.

Sin ajustes adicionales en el proyecto de cuentas públicas, en 2016 el desvío presupuestario respecto a la meta pactada con la UE será mucho mayor: el déficit llegará al 3,5%, en lugar del 2,8% exigido, según la estimación de Bruselas. Precisamente 2016 es el año en el que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a corregir el déficit excesivo. Es decir, a situarlo por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España se encuentra sujeta al procedimiento sancionador de la UE por déficit excesivo desde 2009 y ya se ha beneficiado de varias prórrogas de la UE para corregirlo.

Los Presupuestos de 2016 se están tramitando en estos momentos en el Senado, cuyo pleno tiene previsto aprobarlos en la semana del 13 al 15 de octubre. La ratificación final en el Congreso está prevista para la semana del 19 al 23 de octubre.

El Ejecutivo comunitario ha mantenido intensos contactos con el ministerio de Economía durante las últimas semanas para elaborar su dictamen. Por lo que le ha comunicado el Gobierno español, no tiene ninguna esperanza de que vaya a seguir sus recomendaciones y corregir los Presupuestos. De hecho, desde el ministerio de Economía han asegurado a EL ESPAÑOL que para cumplir el objetivo de déficit de este año “no hay ningún problema”. “En cuanto al año que viene, los Presupuestos son prudentes, como en años anteriores, y siempre hemos cumplido”, añaden.

Ante esta negativa, Bruselas se prepara ya para los próximos pasos, que tiene previsto dar durante el mes de noviembre. El problema que se le plantea es que para entonces las Cámaras estarán ya disueltas y el Gobierno estará en funciones. 

Dos son los escenarios que maneja Bruselas. En primer lugar, la Comisión podría pedir multas inmediatas contra España por desoír las recomendaciones de la UE. Un paso que hasta ahora no se ha atrevido a dar, ni siquiera contra Francia, pese a que amagó con ello el año pasado. La otra opción es dirigir un ultimátum al Gobierno que salta de las urnas en diciembre para que “corrija de inmediato” los Presupuestos de 2016.

La evaluación que hace Bruselas de las cuentas públicas nacionales tiene su origen en las nuevas normas de control y vigilancia presupuestaria que entraron en vigor hace dos años para mejorar la coordinación entre los países de la eurozona y prevenir futuras crisis de deuda como la que estuvo a punto de destruir la moneda única en 2012.

Según el procedimiento normal, los estados miembros tienen de plazo cada año hasta el 15 de octubre para remitir a Bruselas su proyecto de Presupuestos. La Comisión los examina y publica su opinión sobre todos ellos durante el mes de noviembre, antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales. Puede pedir cambios si considera que incumplen el Pacto de Estabilidad, aunque no tiene poder para imponerlos. Sí puede proponer sanciones para los infractores. El procedimiento se ha adelantado en el caso de España por la pretensión del Gobierno de Rajoy de aprobar los Presupuestos antes de las elecciones.

Si en 2014 Italia y sobre todo Francia fueron los peores alumnos en este ejercicio presupuestario, este año el expediente más conflictivo en Bruselas es el del presupuesto español.

Los demás partidos han criticado por electoralista la presentación temprana de los Presupuestos de 2016 por el Gobierno de Rajoy y la imposición de esas cuentas públicas al ejecutivo que salga de las urnas en diciembre. Los presupuestos prevén una subida del sueldo de los funcionarios, un aumento del gasto en pensiones y una subida de las becas, de las ayudas al cine y de las subvenciones al fomento del empleo. Además, el Ministerio de Hacienda adelantó al mes de julio de este año la rebaja del IRPF y tiene previsto devolver en los próximos meses la paga extra que se les congeló a los funcionarios en 2012.

La necesaria revisión de la casta universitaria española

30 abril 2011 página 29 MADRID, 07/06/2010.- Vista general del aula magna de la Facultad de Odontología, esta mañana antes del comienzo de los exámenes de selectividad en Madrid, que este año realizarán cerca de 26.000 alumnos. EFE/Sergio Barrenechea

Es evidente que España se juega mucho en el desafío al Estado de Derecho encabezado por el presidente de Cataluña Artur Mas. Parece impensable que España pueda perder esta batalla, pero deberíamos sacar alguna conclusiones para evitar situaciones similares en el futuro.

Foto: EFE

Es evidente que España se juega mucho en el desafío al Estado de Derecho encabezado por el presidente de Cataluña Artur Mas. Parece impensable que España pueda perder esta batalla, pero deberíamos sacar alguna conclusiones para evitar situaciones similares en el futuro.

Cualquier español pudiera pensar que este duelo podría perderlo nuestro país por simple incomparecencia o, mejor dicho, por dejación de funciones de los partidos políticos de ámbito nacional, partidos que supuestamente deberían representar el interés general.

En esa dejación de funciones destacan por igual PP y PSOE. Sin embargo, es un innegable mérito del ‘zapaterismo’ habernos devuelto a las dos Españas, reabriendo una vieja herida que ya pensábamos cicatrizada como resultado del acuerdo entre fuerzas políticas de la Transición.

No podemos entender el ‘zapaterismo’ como un fenómeno accidental, sino como el resultado de plasmar en la esfera política los prejuicios de la elitista, oligárquica y endogámica burocracia española, en concreto, de la casta universitaria de la que provenía el propio Zapatero.

Esta casta no presta servicio alguno a la ciudadanía, ya que su propio fin y existencia se orienta exclusivamente a inocular en los estudiantes un veneno contra la empresa privada y la generación de riqueza, arrancando de raíz cualquier posibilidad para desarrollar actitudes personales encaminadas al emprendimiento y promoviendo el deseo de convertirse en funcionarios.

¿A quién rinde cuentas de su trabajo el funcionario? O, en el ámbito universitario, ¿quién mide o evalúa el resultado de la tarea docente? España, como el resto de las sociedades occidentales, ha de estudiar con detenimiento el funcionamiento de su burocracia con el fin de transformarla en una herramienta al servicio de la sociedad.

Parece que no hemos aprendido que cuando la meritocracia se aleja del horizonte y el injusto igualitarismo castiga a los mejores, bloqueando cualquier posibilidad de un beneficio proporcional al esfuerzo y al riesgo, acabamos en la situación de paupérrima miseria a la que nos llevó el comunismo. 

Son el riesgo de fracaso y la incertidumbre (propios del mundo privado) los elementos que crean el ambiente adecuado para el progreso. El hecho de que algo pueda salir mal nos asusta y nos lleva a hacer todo lo que está en nuestra mano para que ese resultado adverso no se produzca. El esfuerzo, la reflexión y la creatividad surgen en contextos de incertidumbre y el hecho de que las cosas puedan cambiar nos activa para sobrevivir.

Sin embargo, el diseño burocrático y endogámico de la universidad (véase el sistema de elección de los profesores, el sistema de promoción interna, el de financiación y evaluación, su escasa interrelación con el mundo de la empresa…) ha inmovilizado su funcionamiento, impedido su dinamismo y alejado a sus miembros del mundo real, convirtiéndoles en los agentes sociales que más animadversión sienten ante la variación del status quo. No sorprende que no tengamos universidades punteras, ya que viven en un universo paralelo, estático e inamovible, donde la meritocracia y la creación de soluciones viables a los problemas reales han quedado relegadas al rincón del olvido.

Es necesario analizar los resultados de 30 años de función pública en democracia para proceder a implementar cambios que generen beneficios para la sociedad, convirtiendo la docencia en un motor del desarrollo económico nacional, ya que de esa actividad provienen las conductas que generan actitud y mentalidad empresarial, génesis de la creación de riqueza.

Sin duda, la casta funcionarial universitaria no va permitir dejar de adoctrinar a nuestros jóvenes, dado que supondría el fin de la izquierda trasnochada que aun campea por las aulas. Pero sin ese cambio se mantendrá ad eternum la contienda de las dos Españas.

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Pedro Francisco Muñoz Lorite es abogado

Las sospechas de corrupción acorralan al ‘conseller’ Puig

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Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

También en EL ESPAÑOL: 

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

Cuentan en Convergència que el partido siempre tuvo dos almas. El sector negocios y el sector política. Cuando las cosas iban bien, el sector negocios se imponía sobre el resto. Cuando el viento soplaba en contra, la parte política tomaba las riendas para atraer a los votantes. Felip Puig (Barcelona, 1958) siempre formó parte del llamado sector negocios, formado por dirigentes de la talla de Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y Oriol Pujol. Todos ellos menos Puig están imputados por varios delitos.

La sombra de Puig ha sobrevolado sobre diversos casos de corrupción en Cataluña, pero nunca nadie ha probado que hiciera nada ilegal. Íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, con quien compartió colegio desde los seis años, milita en CDC desde que cumplió la mayoría de edad en 1976. Durante estos años ha ocupado todo tipo de cargos de responsabilidad tanto en la Generalitat como en Convergència. Ha sido cuatro veces conseller -Medio Ambiente, Obras Públicas, Interior y Empresa-, secretario general adjunto del partido y portavoz de la Generalitat.

Fue durante su etapa como consejero de Obras Públicas, entre 2001 y 2003 cuando la empresa pública Adigsa presuntamente cobró mordidas que alcanzaron el 20% del importe de las adjudicaciones. El juez, que cerró la instrucción en 2014, imputó a siete personas por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Entre estos siete imputados se encuentran tres ex cargos de la empresa cercanos a Puig: Josep Antoni Fondevila, Xavier Sala y Jordi Huguet. Durante la investigación, un empresario acusó a Puig y a Oriol Pujol de estar al corriente de las irregularidades de Adigsa. Este empresario, sin embargo, se desdijo y no ratificó ante el juez lo que había afirmado ante la Fiscalía.

Muy unido a los Pujol

La relación de Puig con la familia Pujol va mucho más allá de esa amistad de pupitre entre el ex consejero y el primogénito de Pujol. Ambas familias han mantenido una estrecha amistad que alcanza a otras personas con los mismos apellidos. En Cataluña son conocidos los negocios que hicieron durante años Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del político convergente. Les llamaban los Jordis fueron socios en diversas inversiones y negocios desde mediados de los 90 hasta 2009.

En septiembre del año pasado un juez de Barcelona imputó por blanqueo de capitales a dos hermanos del conseller Puig: Jordi y Oriol. La investigación, sin embargo, circunscribió ese caso a la actividad privada de los hermanos de Puig y no encontró relación con los negocios de Pujol Ferrusola ni con la Generalitat.

El nombre de Puig y el del primogénito volvieron a emerger este sábado cuando EL ESPAÑOL desveló que el conseller había hecho gestiones a favor de Pujol Ferrusola en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel en el Pirineo catalán. 

Ni rastro 

A Felip Puig se le ha considerado durante años una de las personas con más influencia dentro de CDC. A través de la colocación de personas afines en diversos ayuntamientos e instituciones territoriales, ha tenido un enorme poder que según cuenta una fuente de CDC brotaba de su control sobre las adjudicaciones municipales en pueblos y ciudades de todo el territorio. Él mismo reconoció durante la comisión de investigación del Parlament sobre fraude fiscal que cuando una empresa acudía a ofrecerle sus servicios enviaba a sus responsables a los ayuntamientos convergentes. “Pero nunca dije a un alcalde que contratara a una empresa en concreto”, se excusó.

En el caso de Torredembarra, por ejemplo, el nombre de Puig aparece en un gran número de documentos del sumario judicial. El conseller empezó a aparecer por el municipio cuando su alcalde, Daniel Masagué, decidió que quería ser diputado en el Parlament. Una persona que trabajaba para el alcalde asegura que éste le dijo que si quería ser diputado debía acercarse a Puig. Hoy Masagué está imputado por varios delitos relacionados con la corrupción en el municipio.

Puig también le pidió a Artur Mas que le diera un cargo a Jaume Vila, el coordinador de urbanismo que envió a Torredembarra en 2010 y que también está imputado por un delito contra la Administración pública.

A muchos les sorprende que uno de los líderes más poderosos del partido haya desaparecido del panorama durante la campaña. Durante esta legislatura, Puig ha sido consejero de Empresa y Ocupación. Ahora no va en las listas del 27-S y ha mantenido un perfil muy bajo en los últimos días. Algunos atribuyen este silencio a una imposición de ERC a la hora de elaborar la lista conjunta. Otros creen que fue él mismo quien dio un paso atrás al ver cada vez más cerca el brazo de la Justicia.

También en EL ESPAÑOL:

El ‘conseller’ Puig hizo gestiones privadas para Pujol Jr. desde la Generalitat en plena investigación

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EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron el conseller de Empresa y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lleida.

Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias. / FLICKR / CDC

El conseller catalán de Empresa hizo gestiones desde la Generalitat a favor de Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un conjunto de correos electrónicos que se intercambiaron Felip Puig y el hijo mayor del ex president en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel situado en el Alto Pirineo de Lérida.

Pujol Jr. se interesó por el certificado del Hotel Vallferrera, que se había encontrado con dificultades para obtenerlo. Puig atendió de inmediato la petición de Pujol Ferrusola y le envió de vuelta las consultas que había hecho a los funcionarios y a los altos cargos encargados de tramitarlo, desvelándole información confidencial. Estos correos electrónicos obran en estos momentos en poder de la Agencia Tributaria, que ha conseguido recuperarlos después de que Pujol Jr. procediera a borrarlos poco antes de que los inspectores visitaran sus oficinas en Barcelona.

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Hacienda intervino los sistemas informáticos de Pujol Ferrusola en el marco de la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal. Unas pesquisas en las que se rastrea el origen de la ingente fortuna del clan familiar y en las que la Fiscalía y la policía ya han concluido que procede de la “corrupción política”.

Pujol Jr. solicitó en 2013 al alto cargo del Gobierno catalán que le consultara el estado de la tramitación de la concesión de una “especialidad gastronómica” al Hotel Vallferrera, ubicado en el pueblo de Àreu. La “especialidad gastronómica” es un distintivo otorgado por la Consejería de Turismo de la Generalitat que premia a los establecimientos hoteleros “de pequeño formato (con un máximo de 60 habitaciones y 120 plazas)” que destaquen por la “gestión familiar y el trato cercano”, un “alojamiento de calidad y confortable”, una “oferta gastronómica de calidad con gran representación de platos de cocina catalana” y la “dinamización territorial a nivel económico y cultural”.

Tras la preceptiva solicitud por parte del establecimiento, la Generalitat envió un técnico al hotel para que evaluara el negocio y acto seguido,una Comisión de Evaluación decidió si este hotel podía incorporarse al selecto club de los recomendados oficialmente por el Gobierno catalán.

Cinco funcionarios

Pasado el mediodía del 1 de julio de 2013, el conseller Puig remitió a Pujol Ferrusola desde su cuenta oficial en la Generalitat un correo electrónico con el resultado de sus pesquisas sobre el asunto. Precedido de un “cordialmente”, el correo se limitaba a rebotar una cadena de comunicaciones previas entre los distintos funcionarios encargados de supervisar la “especialidad gastronómica” del Hotel Vallferrera. En esas fechas, el hijo mayor del clan Pujol estaba ya siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal

En el correo enviado por Felip Puig queda patente cómointervinieron en la consulta la responsable de la Sección de Comercio y Turismo de la zona de Lleida, Adela Rubio, el jefe de los Servicios Territoriales de Empresa y Empleo de la misma zona, Octavi Miarnau, la directora general de Turismo, Marian Muro, y el jefe de Gabinete del conseller Puig, Lluis Ridao.

Después de examinar la tramitación del distintivo turístico, la funcionaria Adela Rubio explicó que el hotel leridano “ha pasado por la Comisión de Evaluación de la especialidad gastronómica de los establecimientos hoteleros el pasado 7 de junio”. Según esta empleada de la Generalitat, “se le concedió la misma pero se le detectaron algunas carencias y algunas cuestiones no terminaban de alcanzar la puntuación mínima exigida”. Por ello, “se acordó que se elaboraría un plan de mejora donde se señalarían todas las deficiencias encontradas” y se indicaría cómo “subsanar las mismas”. Para cumplimentar ese “plan de mejora” se le otorgó al hotel “un plazo máximo de seis meses” a cuyo término, si no resolvía los problemas, se le “revocaría la especialidad gastronómica”.

El Ayuntamiento de Madrid obliga a una interina recién operada de cáncer a opositar por su plaza

foto_1La psicóloga interina municipal Mari Mar Alcalá estaba inmersa en una oposición cuando le diagnosticaron cáncer de mama. El cansancio crónico, los mareos, o las quemaduras de la radioterapia no han sido razones para que el Ayuntamiento retrase su examen. Desde el Consistorio aseguran que podrá volver a su puesto, pero la funcionaria interina niega haber sido notificada.

La psicóloga Mari Mar Alcalá, este martes en su domicilio. MOEH ATITAR / EL ESPAÑOL

Mari Mar Alcalá, este martes en su domicilio. MOEH ATITAR / EL ESPAÑOL

El cansancio crónico, los mareos, las náuseas, el insomnio e incluso las quemaduras por la radioterapia posterior a una mastectomía no han sido razones suficientes para que el Ayuntamiento de Madrid retrasara el examen que tenía que realizar el pasado 3 de septiembre la psicóloga Mari Mar Alcalá para consolidar su puesto de trabajo en el Consistorio dirigido por Manuela Carmena.

“Llevaba todo la semana sin dormir, sin fuerza ninguna, pensando en el examen, pero sobre todo imaginando la situación en la que me quedo si no consigo la plaza. Tendré que cesar y me quedaré en el paro”, explica a EL ESPAÑOL la funcionaria interina que acumula más de nueve años de experiencia en uno de los centros de atención a la infancia del Consistorio de Madrid.

A las 15:00 del citado día la esperaban los examinadores para realizarle la prueba, pero en ese momento se encontraba en el hospital porque tenía sesión de radioterapia. “¡Cómo iba a ir en estas condiciones, no puedo ni sostener el bolígrafo”, afirma Alcalá, quien dice no entender cómo el Ayuntamiento de Madrid “no ha escuchado” sus “súplicas” para retrasar el examen o resolver la convocatoria dejando libre la plaza que actualmente ocupa.

En su lugar, acudió su hermano para transmitir al tribunal que “lo que están haciendo con Mari Mar es inhumano” porque “no se encuentra en condiciones de examinarse”. “Necesita tranquilidad y nada de estrés y esta situación no está contribuyendo nada a su recuperación y todo esto es consecuencia de un error del propio tribunal”, reza el acta.

El origen del calvario

El error al que hace referencia el hermano de Alcalá es el origen de su calvario en forma de oposición que comenzó en 2014. El área de Economía convocó la posibilidad de consolidación de 30 plazas de interinos temporales. Entre ellas, la que ocupa Mari Mar. A partir de ahí, convivió con su fibromialgia y pilas de apuntes con la meta de convertirse en funcionaria “de pleno derecho”. “Podía conseguir el puesto”, recuerda.

Con esa premisa se presentó a su primer examen el 5 de marzo del pasado año. Allí, un cuadernillo con 60 preguntas, una hoja de respuestas y supuestamente 70 minutos extra de adaptación por su discapacidad reconocida del 34%.

Y aquí “el error”.

“No me respetaron el tiempo extra, no me dio tiempo a pasar las respuestas a la hoja final, y las tenía bien”, parece excusarse Alcalá mientras enseña los documentos.

Una situación de indefensión en el examen que posteriormente reconoció el tribunal -a su juicio, “llegó tarde”-, por lo que volvieron a convocar a Alcalá para que repitiese el examen el 15 de junio de 2015. Marcó la fecha en el calendario de asuntos pendientes, pero un mes antes del día señalado le diagnosticaron un cáncer de mama.

Seis días antes de la prueba le realizaron una mastectomía radical (extirpación de la mama y de los ganglios adyacentes). Alcalá recuerda esos días “como una pesadilla”, el insomnio llenaba sus noches, la ansiedad sus amaneceres y las náuseas y el agotamiento el día: “Cuando supe que me iban a operar presenté los informes médicos pero no suspendieron el examen, tuvo que ir mi padre y al día siguiente tuve que acompañar justificante de que me encontraba en el hospital en el momento del examen”.

Informes médicos y temarios

Con este escenario, el departamento de Economía decide convocar de nuevo a la aspirante a consolidar su plaza dos meses más tarde -“dos meses, dos meses”, repite-: el 3 de septiembre. A partir de ahí, los informes sobre la mesa se mezclan entre el temario:

“El tratamiento de radio y quimioterapia presenta efectos secundarios frecuentes de intensidad severa y se prevé dure hasta 2016 […] por lo que difícilmente la paciente se encontrará en situación de someterse al examen”, dicen desde atención primaria.

“La paciente con tratamientos de esta índole está incapacitada para desarrollar ninguna actividad laboral y profesional, debe permanecer tranquila y en reposo”, advierten desde la Fundación Jiménez Díaz.

Y una sola respuesta. Dos días antes recibió una notificación de la subdirectora general de selección en la que simplemente decía remitir la documentación al tribunal calificador -cuando Alcalá acompañó todos los informes, como tiene acreditado, a ambos organismos-: “Me dió la risa, surrealista lo que están haciendo”.

-Pero, ¿y qué pasa con los demás opositores que esperan a que se resuelva el proceso y esperan que no se dilate más?

-Yo los entiendo. Es un proceso largo y son compañeros, pero creo que la solución es que resuelvan la oposición dejando libre mi plaza para que cuando me recupere de la baja me pueda incorporar.

A esta petición parece haber accedido el Ayuntamiento cuatro días después de la fecha del examen. Según aseguran a este periódico desde la Alcaldía, se comprometen a mantener la plaza de Alcalá como funcionaria interina “para que en un futuro, si lo desea, pueda consolidar su puesto”:  “Así se lo hemos notificado en una resolución firmada el día 7”, insisten, pese a que ayer la funcionaria afirmaba con rotundidad que no ha recibido ninguna notificación del Ayuntamiento.

“Me veo vendiendo mi casa, con dos gemelos y en la calle. ¿Dónde va una mujer de 51 años hoy día a buscar empleo?”, se pregunta Alcalá, quien promueve su caso en change.org para recoger firmas -2.500 hasta el momento- que le permitan “ser escuchada”.

Más de 100 empleados públicos españoles usaron Ashley Madison desde su puesto de trabajo

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Las direcciones filtradas pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Senado o el Consejo de Seguridad Nacional. Decenas de empleados de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se registraron en el portal de contactos desde la administración.

  • Las direcciones filtradas pertenecen a organismos como el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado
  • Decenas de empleados de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos se registraron en el portal de contactos desde la administración

Más de 100 funcionarios y empleados públicos españoles utilizaron recursos del Estado para registrarse en Ashley Madison. Este colectivo utilizó una dirección de correo electrónico oficial y la conexión a Internet de la institución pública en la que trabajan para darse de alta en el sitio de contactos. Así lo revela el análisis pormenorizado de la base de datos de 10 gigabytes filtrada por el grupo The Impact Team con la información de cerca de 37 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

La Unidad de Datos de EL ESPAÑOL ha hecho un análisis detallado de las direcciones de correo oficiales asociadas a dominios “.es” y “.cat” para comprobar el uso que se ha hecho de Ashley Madison desde empresas, organismos e instituciones de titularidad pública a nivel estatal, autonómico y local.

Esta página web de contactos no verifica las direcciones de correo electrónico que registran sus usuarios. Pero el análisis de cada cuenta junto con la dirección IP gubernamental que se utilizó en el proceso de alta permite conocer el uso realizado desde las instituciones públicas. Una IP es un conjunto de números que identifica a nivel global cualquier dispositivo conectado a Internet de manera única. Sin tener en consideración esta verificación de la IP, el número de cuentas de correo asociadas a instituciones públicas españolas registradas en Ashley Madison eleva las inscripciones hasta más de 600 perfiles.

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Hay al menos 40 instituciones desde donde se registraron empleados y funcionarios públicos con un correo electrónico oficial y utilizando la conexión a Internet de la administración correspondiente.  En esa lista hay nueve ministerios, nueve comunidades autónomas, cinco diputaciones, más de una docena de ayuntamientos y nueve empresas con una participación pública superior al 50%. Cerca del 95% de los perfiles asociados a estas cuentas dicen ser hombres.

También aparecen otros organismos estratégicos. El Consejo de Seguridad Nacional, creado por Rajoy el 2013 como máximo órgano gestor de la seguridad del Estado, cuenta con cinco perfiles registrados a través de una IP asociada a este organismo. Entre ellos, uno asociado a un correo del Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo encargado de velar por la seguridad de las centrales nucleares españolas.

La institución del Defensor del Pueblo, los Puertos del Estado o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) también están presentes en esta lista. Algunos de sus miembros aparecen registrados en la base de datos de Ashley Madison con su cuenta de correo electrónico y desde la IP de la institución. 

EL ESPAÑOL ha decidido no publicar los datos personales ni cualquier otra información de los empleados y funcionarios públicos por respeto a su intimidad.

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El Ministerio de Defensa es uno de los organismos del Estado con mayor número de usuarios registrados en Ashley Madison con casi una veintena de perfiles. Existen cuentas asociadas a correos electrónicos de los tres ejércitos y de la operativa del propio ministerio que utilizaron su dirección y la conexión de Defensa para este fin. Le sigue el Ministerio de Interior con conexiones desde diferentes departamentos, entre los que destaca la Dirección General de la Policía. Los demás ministerios desde los que se han registrado perfiles en la página de contactos son Empleo, Sanidad, Agricultura, Hacienda, Justicia, Fomento e Industria. Hasta 33 perfiles fueron creados por personal que utilizó los recursos públicos facilitados por estos organismos.

A nivel autonómico destacan la Junta de Andalucía y la Generalitat valenciana con más de una decena de cuentas seguidas de las comunidades de Murcia, Aragón, Navarra, Galicia, Cataluña, Madrid y Ceuta. También destacan ayuntamientos como Madrid, Barcelona, La Coruña o Badajoz así como las diputaciones de provincias como Granada o Valencia. El tipo de tarea que desempeñan algunas de estas personas en sus respectivas administraciones es muy variado. Hay directores de área o departamento pero también funcionarios auxiliares.

En la base de datos filtrada no sólo encontramos organismos oficiales como ministerios o ayuntamientos. También hay una decena de cuentas registradas bajo correos oficiales de empresas públicas como RTVE, Renfe y Adif. Estos perfiles se registraron en Ashley Madison desde la conexión a Internet de la institución y utilizando el correo electrónico del trabajo.

Ligando desde el trabajo

Además del centenar que usaron la red y correo corporativo de un organismo público, al menos 2.600 perfiles de Ashley Madison se han registrado en la página web utilizando otras cuentas de correos desde la conexión a Internet de la institución pública a la que pertenecen.

EL ESPAÑOL ha realizado un ejercicio de búsqueda inversa para localizar en la base de datos filtrada por el grupo The Impact Team los rangos de direcciones de conexión a Internet (IP) de una gran parte de las instituciones públicas españolas. De esta forma, se ha localizado a usuarios que hicieron el proceso de registro en Ashley Madison con direcciones de correo personales (Gmail o Hotmail) pero desde la red de la administración.

Esta cifra no incluye todos los altos cargos, funcionarios o empleados públicos que utilizaron su puesto de trabajo en la administración para navegar por la web de contactos pero permite mostrar una estimación aproximada.

En este grupo de usuarios destacan cerca de 600 perfiles asociados en el proceso de alta a una dirección IP de la Junta de Andalucía, unos 500 perfiles desde la Generalitat catalana, cerca de 300 desde la red de la Generalitat valenciana y unos 130 desde la Comunidad de Madrid. Le siguen 150 perfiles que se conectaron desde la Xunta de Galicia y el mismo número desde el Ministerio de Defensa. Otros ministerios con perfiles registrados desde sus redes son Educación, Sanidad y Agricultura.

El análisis también revela que cerca de 50 usuarios se registraron en Ashley Madison desde direcciones IP que pertenecen a la Dirección General de la Policía. Hay 70 perfiles asociados al Ayuntamiento de Madrid, 34 del Ayuntamiento de Barcelona, 13 perfiles desde el Congreso, 10 desde el Senado y cuatro desde el Consejo del Poder Judicial, entre otros organismos e instituciones.

Políticos con perfiles falsos

Entre las direcciones de correo filtradas por The Impact Team se encuentran algunas de políticos españoles.

Un análisis elaborado por EL ESPAÑOL revela que se trata de una usurpación de sus cuentas oficiales aprovechando que Ashley Madison no dispone de un mecanismo de verificación del correo. Este hecho ha posibilitado que en los últimos días algunas de estas cuentas hayan aparecido en redes sociales como si fueran legítimas.

Entre las más destacadas aparecen cinco cuentas de diputados del Congreso registradas desde Argentina y Perú así como perfiles que se inscribieron simulando una posible cuenta en La Moncloa de los tres últimos presidentes del gobierno: José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

La policía sospecha que otras firmas de inversión callaron por miedo a represalias de la CNMV

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama de corrupción que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la imagen). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de los ahora investigados por miedo al desprestigio profesional.

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de la trama por miedo al desprestigio profesional.

En esta línea, el informe remitido por los agentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica que “el daño reputacional que puede inflingir la CNMV es tan grave o más que las propias sanciones, ya que el mercado financiero se basa en la confianza y la reputación”. A juicio de los investigadores, “la CNMV, al difundir meramente que una entidad está siendo inspeccionada por prácticas irregulares, condena de facto a la entidad y a sus responsables en el mercado nacional e internacional”.

La propuesta de investigación presentada por la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se centra, tal y como confirmó ayer la propia CNMV en un comunicado, en dos expedientes concretos de dos gestoras financieras, llamadas Vetusta Wealth Managers y Dracon Partners.

Según confirma el regulador, ambas firmas sufrieron sendas investigaciones por parte de la CNMV, pero con seis años de diferencia. Pese al salto temporal y, según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la UDEF han encontrado los mismos patrones en sus procedimientos sancionadores, coincidencias que les hacen pensar que los expedientes de ambas se fraguaron de forma similar y contraviniendo la normativa.

Como ejemplo, los propietarios de las dos gestoras fueron acusados de actuar como testaferros de terceras personas. En el caso de Vetusta, el presunto propietario era un notario de Dublín. En el de Dracon Partners, un empresario español sancionado con anterioridad por el regulador. Ninguna de las dos acusaciones se confirmó, pero ambas fueron filtradas a la prensa y con ello, los responsables de las entidades quedaron marcados para operar en cualquier mercado financiero, tal  y como refleja el informe de la UDEF.

Pacto y sanción

En un primer momento fueron los gestores de Dracon Partners quienes denunciaron presiones de la CNMV a la Policía Nacional. Los responsables de esta Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) aseguraron ya en 2012 -tres años antes de ser sancionados en firme- que varios funcionarios de la CNMV les presionaban para que entregaran su licencia financiera de forma voluntaria. Según su denuncia, ampliada en varias ocasiones desde entonces, Dracon tenía que dejar de operar en España. Si aquello no sucedía, sus gestores sufrirían las consecuencias de un procedimiento sancionador, que ha culminado de forma definitiva en 2015.

El pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la sanción impuesta a Dracon Partners: 1,25 millones de euros para la empresa y otros 625.000 euros para su administradora. El argumento de la CNMV fue que la sociedad y sus gestores cometieron “infracciones muy graves” por incumplir la ley en la relación con sus clientes y por delegar en terceros su servicio de captación. Los investigadores han solicitado ahora este expediente a la CNMV ante la sospecha de que se sustanció utilizando argumentos falsos.

Pese a las denuncias aportadas por Dracon Partners desde 2012, la investigación policial entró en una nueva fase en febrero de este año cuando los gestores de Vetusta hicieron llegar también la suya a la Policía Nacional. En resumen, los administradores de la gestora denuncian una situación muy similar a la vivida por Dracon, pero con seis años de distancia y una diferencia sustancial: en lugar de litigar, los responsables de Vetusta entregaron la licencia de forma voluntaria a la CNMV. Por su parte, el organismo regulador archivó el expediente y dejó sin efecto las sanciones, tal y como refleja el siguiente documento:

Hace dos semanas, la Policía Nacional solicitó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los dos expedientes. Su objetivo es analizarlos en busca de irregularidades. Además, los agentes investigan el patrimonio de varios funcionarios bajo sospecha y recaban testimonios de terceros, testigos que fueron durante años empleados de la CNMV. Su intención es confirmar si las actuaciones sancionadoras son irregulares, si se hicieron por mala praxis de los funcionarios o si vinieron motivadas por presuntos pagos o sobornos de terceros. Ahora, se esfuerzan también por localizar a más víctimas y por esclarecer si alguna de ellas, por miedo, guarda silencio.

 

La Policía investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV bajo sospecha de corrupción

 

La Policía Nacional investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que autorizó además a los agentes a solicitar varios expedientes sancionadores a la institución presidida por Elvira Rodríguez (en la imagen).

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Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

La Policía Nacional investiga el patrimonio de varios altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concretamente cinco, sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió las diligencias de investigación 45/2015 tras recibir un extenso informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Con el visto bueno de la Fiscalía, los agentes analizan ahora las cuentas, las viviendas, los vehículos y los depósitos bancarios de estos responsables de la CNMV. El objetivo es localizar una discrepancia entre sus ingresos oficiales y su patrimonio real; un enriquecimiento ilícito procedente de una fuente no declarada que avale la tesis del soborno. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al procedimiento, la medida es de especial interés para la causa, ya que de su resultado depende en gran medida que la investigación avanzada por la UDEF pase a una segunda fase con una denuncia formal de la Fiscalía.

A por los expedientes

El 27 de julio, la Policía Nacional se presentó en la sede de la CNMV y solicitó a su presidenta Elvira Rodríguez varios expedientes sancionadores abiertos por el organismo. El objetivo de la pesquisa es conocer de primera mano las distintas decisiones que se tomaron para retirar varias licencias, los informes técnicos que las avalaron y los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente firmaron las sanciones.

Estas y otras medidas, aprobadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, surgieron a consecuencia de una “propuesta de investigación” presentada por la UDEF antes de verano. El informe, de 178 páginas y siete anexos, se sustenta en las denuncias presentadas por varios afectados, declaraciones de testigos y el testimonio de ex trabajadores de la CNMV que confirmarían la manipulación de los expedientes sancionadores.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la denuncia policial pone el foco sobre cinco funcionarios concretos que forman o formaron parte de la plantilla de la CNMV. Cinco funcionarios relacionados con el departamento de inspección de entidades, el organismo que se encarga de fiscalizar tanto a las agencias de inversión como a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

El escrito presentado por la Policía Nacional ante la Fiscalía para dar pie a estas pesquisas explica que los funcionarios bajo sospecha pudieron cometer delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. La investigación patrimonial iniciada ahora se centra en confirmar o desmentir si alguno de los señalados se enriqueció de forma ilícita. Pero no arrojará luz sobre otras sospechas como la falsedad documental o las amenazas, basadas de forma indiciaria en la documentación y los testimonios recabados por la UDEF.

 

 

 

Cuando los políticos sólo piensan en el corto plazo

Un estudio de la fundación Centre of Public Impact muestra, entre otros resultados, que nueve de cada 10 funcionarios de 26 países, entre ellos España, consideran que el impacto de las políticas públicas es “mejorable”.

Las políticas públicas tienen un impacto en la sociedad, para bien o para mal. Sin embargo, los gobiernos dedican más tiempo a la fase de su desarrollo que en comprobar si se ha conseguido el resultado esperado. De hecho, “los políticos prefieren medir el impacto de las políticas públicas a corto plazo”, afirma Adrian Brown, experto en asuntos de gobierno y director ejecutivo del Centre of Public Impact.

Un estudio que dicha fundación publica este jueves muestra, entre otros resultados, que nueve de cada 10 funcionarios (el 92%) considera que el impacto de estas medidas es, como poco, mejorable.

El informe mide el impacto real de las políticas públicas en varios países económicamente desarrollados en los cinco continentes.

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En la encuesta del estudio, en la que participaron funcionarios de 25 países distintos (también España), más de 1.000 trabajadores públicos han revelado lo que piensan sobre la efectividad de las políticas públicas de sus respectivos gobiernos.

Otro de los resultados destacables del estudio indica la diferencia de opiniones entre funcionarios según su función y rango. Así, los funcionarios responsables de desarrollar las normativas son los que mejor opinión tienen sobre su impacto, mientras que los funcionarios ejecutivos (aquellos que aplican las normativas en las diferentes secciones del sector público) son los que peor valoran el resultado de las políticas públicas en general.

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Los datos del informe también muestran una clara diferencia de opinión entre los funcionarios con posiciones más elevadas en la administración, que valoran mejor el impacto de las normativas, y los funcionarios con posiciones menos elevadas, que consideran que todavía queda mucho por mejorar.

“Lo que el estudio parece indicar es que los funcionarios que están menos envueltos en el impacto de las políticas públicas son los que mejor opinión tienen sobre su efectividad”, explica Adrian Brown.

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Los resultados del estudio muestran asimismo la uniformidad de los obstáculos que los funcionarios identifican a la hora de conseguir un mayor impacto de las políticas públicas.

“A pesar de haber incluido países de cinco continentes distintos en el estudio, las respuestas a esta pregunta eran muy similares”, explica Brown. “La mayor parte de los funcionarios identificaron la falta de coordinación, la insuficiencia de fondos y la falta de liderazgo como los principales obstáculos a la hora de conseguir un mayor impacto de las políticas públicas”.

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Por último, la encuesta muestra que tan solo 21% de los funcionarios encuestados utilizan indicadores de impacto en todos los proyectos del sector público que implementan.

Brown explica que “por lo general, los políticos prefieren medir el impacto a corto plazo, como por ejemplo el impacto político que ha tenido la última legislación que ha sido aprobada por el parlamento o congreso. Medir el impacto que esta legislación ha tenido sobre el público a largo plazo es mucho más complicado, y por lo tanto se hace menos a menudo”.

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“Lo que ha demostrado esta encuesta es que hay una clara necesidad de incorporar medidas para calcular el impacto de las políticas del gobierno”, concluye el director del centro. “Necesitamos prestar más atención a los resultados de las políticas públicas, ya que esto es lo que importa a los ciudadanos. Esto es especialmente importante en épocas de incertidumbre y de cambio político”.

El Centro de Impacto Público es una iniciativa del Boston Consulting Group, cuyo objetivo es ayudar a que los gobiernos mejoren el impacto de las políticas públicas que implementan. En el futuro, el centro espera crear un marco de ayuda que los gobiernos puedan utilizar para mejorar el impacto de sus políticas públicas.

“El objetivo de este estudio era comprobar si los funcionarios consideran que se puede mejorar el impacto de las políticas públicas del gobierno”, dice Brown. “Como podemos ver, la mayor parte de los funcionarios consideran que hay cosas que se pueden mejorar”.