Libertad con cargos para el empresario vinculado a Rato

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Miguel Ángel Montero Quevedo y la secretaria de Rato, Teresa Arellano, han quedado en libertad con cargos tras declarar por el patrimonio del ex vicepresidente de Aznar. Cuatro directivos de empresas de publicidad también han sido imputados.

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El empresario Miguel Ángel Montero Quevedo, estrechamente vinculado a Rodrigo Rato, ha quedado en libertad  con cargos este viernes tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno por los indicios de que pudo tener un origen ilícito.

Montero, detenido el pasado miércoles, ha sido conducido a los Juzgados de la Plaza de Castilla después de estar 48 horas en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos. No ha sido el único: por la misma situación ha pasado la secretaria de Rato, Teresa Arellano Carpintero, que, además, ha ostentado algunos cargos en sociedades patrimoniales del ex político.  Los dos han quedado en libertad con cargos. Como medida cautelar tendrán que comparecer una vez al mes ante la Justicia.

Fuentes jurídicas han precisado que la causa afecta, por el momento, a nueve imputados. El juez les atribuye los delitos de blanqueo, corrupción entre particulares y delito fiscal.

La investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centra en las empresas familiares de Rodrigo Rato: Arada, Rodanman, Explotaciones Carabaña y Aurosur. Miguel Ángel Montero aparece en todas ellas y desde antiguo: fue consejero de Arada en 1997 y, más recientemente, apoderado de Rodanman y consejero de Carabaña y Aurosur.

Se trata de empresas que están o han estado vinculadas a la ex mujer de Rato, Ángeles Alarcó, a su hija y a otros familares. Arada y Carabaña se dedican a la explotación energética, mientras que Rodanman y Aurosur tienen como objeto social la promoción inmobiliaria. Los investigadores tratan de aclarar los movimientos de dinero que ha habido entre ellas.

Las declaraciones que Montero y Arellana han realizado ante los agentes de la UCO motivaron que el jueves fuera llamado a declarar el propio Rato, que acudió a Tres Cantos en compañía de su abogado. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional contestó a todas las cuestiones, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Imputados directivos de empresas publicitarias

El caso Rato ha dado un giro inesperado tras el parón sufrido por el problema de la competencia entre la Audiencia Nacional y el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, aún no resuelto. Éste ha imputado a cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis por el supuesto pago de comisiones ilegales al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a cambio de conseguir contratos con la entidad bancaria.

Según ha sabido EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el magistrado interrogó el jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades, dentro de las diligencias declaradas secretas relativas al presunto blanqueo de capitales del ex vicepresidente del Gobierno.

El procedimiento está pendiente de una cuestión de competencia después de que Antonio Serrano-Arnal considerase que él no es competente para investigar la fortuna de Rato al entender que debe ser la Audiencia Nacional el órgano judicial encargado. No obstante, el instructor del Juzgado madrileño se sigue ocupando de la causa en tanto la Sala Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso que el fiscal ha interpuesto contra la negativa del juez central Fernando Andreu a asumir las diligencias.

La semana pasada citó, también como imputado, a Domingo Plazas, abogado encargado de administrar varias sociedades de Rato, y ahora da un salto para averiguar si ambas compañías de publicidad se beneficiaron de contratos por parte de Bankia a cambio de pagar comisiones a una sociedad vinculada al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del caso, el magistrado y la fiscal anticorrupción Elena Lorente han centrado los interrogatorios en el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que asegura que Zenith y Publicis multiplicaron sus contratos con la entidad financiera tras la llegada de Rato en 2012 y después de facturar a una empresa pantalla hasta dos millones de euros. Parte de este dinero acabó invertido en un hotel de Berlín propiedad del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

Comisiones ‘legales’

Fuentes de Publicis y Zenith consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que ambas empresas fueron seleccionadas en los concursos para llevar a cabo campañas de Bankia cumpliendo todos los requisitos exigidos. Otras fuentes del caso señalan que los cuatro directivos han negado ante el juez que pagaran comisiones a cambio de un trato de favor del presidente del banco en ese momento.

Según los directivos de las empresas de publicidad imputados, los pagos a Albisa se justifican por el trabajo de intermediación realizado para que Publicis y Zenith entraran en el concurso. Este tipo de comisiones son consideradas completamente legales en el sector de la publicidad ya que se pagan a cambio de ayudar a entrar en un concurso pero no para lograr la adjudicación.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sospecha que esas comisiones fueron a parar a Rato y se abonaron a cambio de recibir contratos en Bankia. Según los investigadores, el ex vicepresidente del Gobierno utilizó Albisa como sociedad pantalla y ésta habría desviado parte del dinero a Kradonara -propiedad de Rodrigo Rato- a través de facturas por trabajos ficticios.

Kradonara es clave porque a través de ella Rato controlaba el hotel de Berlín del que es copropietario. Precisamente las transferencias detectadas desde Kradonara al hotel alemán fueron la base argumental que utilizó la Fiscalía Anticorrupción para pedir a Serrano-Arnal que se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional. Según su criterio, asumido por el juez de Madrid pero no por el juez central, el delito de blanqueo supuestamente cometido en el extranjero por Rato queda más reforzado tras el último informe de la Agencia Tributaria sobre las comisiones abonadas por las dos empresas de publicidad.

Convergència intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la ayuda de varias constructoras

Daniel Osacar, ex tesorero de CDC, abandona la sede convergente de la calle Córcega, que ha sido registrada por la Guardia Civil. EFE/Marta Pérez

Fotografía: Marta Pérez / EFE

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones. 

Convergència Democrátrica de Cataluña (CDC) intentó engañar al Tribunal de Cuentas con la colaboración de varios empresarios afines. Lo hizo solicitando cambios en la documentación que las empresas deben entregar al organismo público para justificar sus donaciones.

Las pruebas preliminares se encuentran en los correos decomisados en la sede del partido durante la segunda fase de la Operación Petrum. Los autores de esos correos son el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, y su antecesor en el cargo Daniel Osácar, que hacen peticiones a varias adjudicatarias de obra pública en Cataluña para que modifiquen las fechas en las que aprobaron las donaciones a su fundación, CatDem.

Según la legislación española, las donaciones de empresas privadas a partidos políticos deben estar aprobadas formalmente por su consejo de administración. En los correos incautados, los dos tesoreros de Convergència intentan que las empresas adjudicatarias modifiquen la fecha de algunos de estos acuerdos. Con ello, y según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, los tesoreros de Convergència intentan desvincular las donaciones entregadas a su fundación con las concesiones de obra pública y dificultar por tanto la investigación.

En uno de los documentos intervenidos, el ex tesorero Daniel Osácar, que gestionó durante años las finanzas de Convergència y que en apariencia estaba apartado de estas funciones, habla con el empresario Carlos Sumarroca. El máximo responsable de la empresa Teyco le alerta de que han recibido una petición de documentación por parte del Tribunal de Cuentas y le pide instrucciones sobre la forma de proceder. Esta constructora está acusada de pagar comisiones del 3% sobre varias concesiones de obra pública obtenidas en ayuntamientos de Tarragona.

Constructoras de confianza

Entre la documentación que custodia ya el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell se encuentran más de 1o.000 correos electrónicos extraídos de la red interna de Convergència (no de su fundación ya que los ordenadores se guardaban en la sede del partido) y varias cajas con documentos físicos que los investigadores consideraron de importancia para la causa.

Sin embargo, tal y como publicó el diario ABC, un documento llamó especialmente la atención de los investigadores: un listado donde figura una veintena de empresas, constructoras y otras adjudicarias de concursos públicos en Cataluña que la Guardia Civil considera de confianza para Convergència.

En este grupo aparecen empresas como Teyco o Copisa, vinculada al caso Palau. También el Grup Soler, donde se concetran las peticiones para que las empresas modifiquen sus datos frente al tribunal de cuentas. El juzgado encargado del caso trabaja con la tesis de que Convergència creó un sistema clientelar para enmascarar las donaciones que funcionaba en dos fases. Por un lado, los empresarios hacían llegar al partido correos electrónicos asépticos sobre sus donaciones y las licitaciones de obra donde pretendían presentarse. Por otro, enviaban documentos manuscritos o concertaban encuentros verbales para amañar las adjudicaciones.

Como ejemplo, en el despacho de Andreu Viloca, los agentes encontraron una tarjeta de visita de una de estas empresas con una leyenda en el dorso escrita a mano: “Te he enviado por correo dos listados. Uno con las licitaciones en las que no ha habido suerte y otro con aquellas en las que ha habido suerte”.

Montoro prohíbe que Google encuentre la lista de morosos

Hacienda hará pública la ‘famosa’ lista de morosos, pero poco. Google, igual que el resto de motores de búsqueda, no devolverá resultados ligados a la lista si se buscan, por ejemplo, los nombres de los deudores. El BOE establece que los nombres serán públicos sólo durante tres meses y no podrán ser localizados mediante buscadores. 

Foto: Sergio Barrenechea / EFE

Montoro es aplaudido por sus compañeros de filas tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Sergio Barrenechea / EFE

Hacienda hará pública la ‘famosa’ lista de morosos, pero poco. Google, igual que el resto de motores de búsqueda, no devolverá resultados ligados a la lista si se buscan, por ejemplo, los nombres de los deudores. La principal puerta de entrada a la información en Internet no los verá. Se la ciega por Ley. Además, incluso aunque se acuda directamente a la dirección de Internet en la que se cuelgue la lista, su contenido desaparecerá a los tres meses de ser publicado. Fundido a negro.

La normativa aparecida esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de reforma de la Ley General Tributaria incluye un párrafo que así lo establece y que muy poco tiene que ver con la intención de “publicidad y transparencia” que se recoge en el preámbulo y con la que tantas veces ha sacado pecho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y van unas cuantas veces desde la primera vez que habló de su idea de publicar la lista, allá por diciembre de 2012.

De 100.000 a 1.000.000

Desde entonces a su forma definitiva, la norma se ha ido relajando, pasando de la intención de publicar los nombres de todo el que debiese más de 100.000 euros, al millón de euros fijado finalmente. La pérdida de aristas no ha eliminado sin embargo del BOE todo el léxico de las buenas intenciones. Desde crear “una sociedad democrática avanzada”, al “desarrollo de una auténtica conciencia cívica”, del uso de “instrumentos preventivos y educativos”, “publicidad activa”, “información”…

Lo que dice en concreto el texto definitivo sobre los límites a la publicación de lista de morosos es que “la publicación se efectuará por medios electrónicos”, es decir, estará en la Red, pero “deberán adoptarse las medidas necesarias para impedir la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet”. Además, “los listados dejarán de ser accesibles una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación”.

Adiós a la posibilidad, por ejemplo, de utilizar las búsquedas para cruzar datos en el futuro de empresas contratadas por administraciones públicas que tuviesen deudas tributarias. La única opción será almacenar los listados.

La explicación que ofrecen desde Hacienda es que, de permanecer el resultado de la búsqueda, podría devolver eternamente como moroso el nombre de alguien que ya hubiese regularizado su situación con las arcas públicas. De momento, los morosos han tenido todo el primer semestre de 2015 para regularizar su situación. Quienes no hayan atendido el requerimiento y siguieran manteniendo la deuda a 31 de julio aparecerán en el primer listado, que se hará público a final de este año. A partir de ese momento, cada nuevo listado, referido al cierre del ejercicio anterior, se publicará en el primer semestre de cada año.

Mucho más allá del “derecho al olvido”

Al margen de que cada lista se referirá a la situación en una fecha concreta y que, de regularizar su situación, el moroso no volverá a aparecer en la siguiente, resulta incoherente con el espíritu protector que demuestra Hacienda que la norma no permita evitar que te saquen en los papeles pagando la deuda cuando te notifiquen que tu nombre va a aparecer en el listado. Esa notificación sólo sirve para “formular alegaciones en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de recepción de la comunicación”. Es para aclarar “errores materiales, de hecho o aritméticos” en los datos.

Hacienda va más allá incluso de lo que está protegido hasta ahora dentro de lo que se conoce como “derecho al olvido” en Internet, la posibilidad de que un ciudadano pueda exigir que se hagan opacos para Google resultados que enlacen con páginas en las que aparezca mencionado.

Por el momento no existe una normativa que regule dicho derecho. Europa sigue rigiéndose, en lo que a protección de datos se refiere, por la regulación de 1995, cuando Internet no era ni sombra de lo que es ahora. Lo que existe es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de mayo de 2014 en la que se reconoció el derecho de un ciudadano español a exigir que Google eliminase de sus resultados las informaciones que le mencionaban, referidas a unas deudas económicas que el aseguraba haber pagado ya. Los artículos siguen estando en la web de La Vanguardia donde aparecieron, pero, al buscar por el nombre de la persona referida, no aparecen en los resultados de la búsqueda.

Cómo evitar que Google te vea

A raíz de la sentencia, Google creó un formulario para acogerse al “derecho al olvido” pero no lo aplica de forma automática. Siguiendo el espíritu de la sentencia, se estudia cada caso concreto y se eliminan aquellas informaciones que se consideran irrelevantes, obsoletas o inapropiadas. Por ejemplo, no se eliminan las referidas a personas con relevancia pública, algo que sí ocurrirá con la no indexación que ha establecido Montoro, puesto que afectará a la totalidad de la lista. Además, con la eliminación del contenido de su lugar original a los tres meses, también se va más allá del simple bloqueo de la búsqueda de un contenido.

Evitar que Google, o cualquier otro motor de búsqueda, detecte un contenido es relativamente sencillo para el gestor de una página en Internet. No hay más que utilizar un archivo robots.txt, que es un protocolo que indica al motor de búsqueda que pase de largo ante esa información. Una de las páginas que mayor uso hace de este tipo de archivos es precisamente el Boletín Oficial del Estado.

Las sospechas de corrupción acorralan al ‘conseller’ Puig

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Felip Puig con el ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

También en EL ESPAÑOL: 

Al ‘conseller’ de Convergència le han rodeado varios escándalos pero nunca ha sido imputado. Durante esta campaña ha mantenido un perfil muy bajo. Algunos dicen que porque se avecinan problemas con la Justicia. EL ESPAÑOL desveló este sábado que Puig intercedió por Jordi Pujol Ferrusola con funcionarios de la Generalitat.

Cuentan en Convergència que el partido siempre tuvo dos almas. El sector negocios y el sector política. Cuando las cosas iban bien, el sector negocios se imponía sobre el resto. Cuando el viento soplaba en contra, la parte política tomaba las riendas para atraer a los votantes. Felip Puig (Barcelona, 1958) siempre formó parte del llamado sector negocios, formado por dirigentes de la talla de Lluís Prenafeta, Macià Alavedra y Oriol Pujol. Todos ellos menos Puig están imputados por varios delitos.

La sombra de Puig ha sobrevolado sobre diversos casos de corrupción en Cataluña, pero nunca nadie ha probado que hiciera nada ilegal. Íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola, con quien compartió colegio desde los seis años, milita en CDC desde que cumplió la mayoría de edad en 1976. Durante estos años ha ocupado todo tipo de cargos de responsabilidad tanto en la Generalitat como en Convergència. Ha sido cuatro veces conseller -Medio Ambiente, Obras Públicas, Interior y Empresa-, secretario general adjunto del partido y portavoz de la Generalitat.

Fue durante su etapa como consejero de Obras Públicas, entre 2001 y 2003 cuando la empresa pública Adigsa presuntamente cobró mordidas que alcanzaron el 20% del importe de las adjudicaciones. El juez, que cerró la instrucción en 2014, imputó a siete personas por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Entre estos siete imputados se encuentran tres ex cargos de la empresa cercanos a Puig: Josep Antoni Fondevila, Xavier Sala y Jordi Huguet. Durante la investigación, un empresario acusó a Puig y a Oriol Pujol de estar al corriente de las irregularidades de Adigsa. Este empresario, sin embargo, se desdijo y no ratificó ante el juez lo que había afirmado ante la Fiscalía.

Muy unido a los Pujol

La relación de Puig con la familia Pujol va mucho más allá de esa amistad de pupitre entre el ex consejero y el primogénito de Pujol. Ambas familias han mantenido una estrecha amistad que alcanza a otras personas con los mismos apellidos. En Cataluña son conocidos los negocios que hicieron durante años Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig, hermano del político convergente. Les llamaban los Jordis fueron socios en diversas inversiones y negocios desde mediados de los 90 hasta 2009.

En septiembre del año pasado un juez de Barcelona imputó por blanqueo de capitales a dos hermanos del conseller Puig: Jordi y Oriol. La investigación, sin embargo, circunscribió ese caso a la actividad privada de los hermanos de Puig y no encontró relación con los negocios de Pujol Ferrusola ni con la Generalitat.

El nombre de Puig y el del primogénito volvieron a emerger este sábado cuando EL ESPAÑOL desveló que el conseller había hecho gestiones a favor de Pujol Ferrusola en relación con la concesión de un distintivo de calidad a un hotel en el Pirineo catalán. 

Ni rastro 

A Felip Puig se le ha considerado durante años una de las personas con más influencia dentro de CDC. A través de la colocación de personas afines en diversos ayuntamientos e instituciones territoriales, ha tenido un enorme poder que según cuenta una fuente de CDC brotaba de su control sobre las adjudicaciones municipales en pueblos y ciudades de todo el territorio. Él mismo reconoció durante la comisión de investigación del Parlament sobre fraude fiscal que cuando una empresa acudía a ofrecerle sus servicios enviaba a sus responsables a los ayuntamientos convergentes. “Pero nunca dije a un alcalde que contratara a una empresa en concreto”, se excusó.

En el caso de Torredembarra, por ejemplo, el nombre de Puig aparece en un gran número de documentos del sumario judicial. El conseller empezó a aparecer por el municipio cuando su alcalde, Daniel Masagué, decidió que quería ser diputado en el Parlament. Una persona que trabajaba para el alcalde asegura que éste le dijo que si quería ser diputado debía acercarse a Puig. Hoy Masagué está imputado por varios delitos relacionados con la corrupción en el municipio.

Puig también le pidió a Artur Mas que le diera un cargo a Jaume Vila, el coordinador de urbanismo que envió a Torredembarra en 2010 y que también está imputado por un delito contra la Administración pública.

A muchos les sorprende que uno de los líderes más poderosos del partido haya desaparecido del panorama durante la campaña. Durante esta legislatura, Puig ha sido consejero de Empresa y Ocupación. Ahora no va en las listas del 27-S y ha mantenido un perfil muy bajo en los últimos días. Algunos atribuyen este silencio a una imposición de ERC a la hora de elaborar la lista conjunta. Otros creen que fue él mismo quien dio un paso atrás al ver cada vez más cerca el brazo de la Justicia.

También en EL ESPAÑOL:

Pujol Jr. y su esposa fabricaron un autoalquiler como el de la Infanta

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El afán del hijo mayor del ex president por evadir impuestos le llevó a usar el mismo artificio contable que usó la Infanta Cristina. Un contrato ficticio confeccionado el 1 de enero de 2003 en el que la arrendadora y la arrendataria son la misma persona: la esposa del primogénito del president, Mercè Gironès.

El caso Urdangarin y el caso Pujol ya tienen un elemento en común. El afán por evadir impuestos de los ex duques de Palma y del matrimonio del hijo mayor del ex president ha desembocado en ambos casos en la fabricación del mismo artificio contable para engañar a Hacienda. Tanto la Infanta Cristina como Mercè Gironès rubricaron de su puño y letra un contrato fraudulento con el que simularon alquilarse a sí mismas sus propias oficinas.

El objetivo perseguido por ambas era el mismo: generar gastos falsos en sus respectivas sociedades instrumentales para tributar menos. Tanto la hija de Don Juan Carlos como la nuera de Jordi Pujol i Soley se encontraron de pronto con el mismo problema fiscal. Una y otra disponían de entidades sin actividad alguna que utilizaban para cobrar comisiones de grandes empresarios.

En el caso de la Infanta, Aizoon percibía pagos millonarios por la prestación de asesorías inexistentes a grandes compañías internacionales. En los balances de la empresa se registraban grandes ingresos y apenas había casi gastos, por lo que el margen de beneficio por el que tributaba era máximo.

Gironès hizo algo muy similar. Su marido utilizaba empresas instrumentales para cobrar comisiones del 5% de grandes contratistas de la Generalitat que se camuflaban bajo el paraguas de hipotéticas asesorías de las que no existe rastro alguno. De nuevo los ingresos eran cuantiosos, los gastos, inexistentes y los impuestos que pagar, muy elevados. Ambos matrimonios recurrieron a diversas fórmulas para incorporar a las sociedades gastos que no habían generado con el objetivo de reducir su base imponible.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al contrato ficticio confeccionado por Jordi Pujol Ferrusola y su mujer el 1 de enero de 2003. Se trata de un supuesto alquiler en el que “de una parte”, en calidad de arrendadora, comparece “la Sra. Mercè Gironès i Riera”; y, de otra, como arrendataria, hace lo propio la misma “Sra. Mercè Gironès i Riera”.

Según este acuerdo mercantil, la mujer de Pujol Jr., que actúa en representación de las dos sociedades instrumentales empleadas por su marido para cobrar comisiones (Iniciatives, Marketing i Inversions, SA, y Project Marketing Cat, SL), deja constancia de que las entidades se alquilan a sí mismas el despacho profesional que habitualmente utilizan: un inmueble situado en el número 5-15 de la barcelonesa calle Ganduxer.

Según dice este documento, “la sociedad Iniciatives”, propiedad de Pujol Ferrusola y de su mujer, “se compromete a prestar servicios de carácter administrativo a favor de la sociedad Project”. Concretamente, de “recepción en sus oficinas de llamadas telefónicas, de correspondencia postal y telegráfica, de correo electrónico y de fax”. Asimismo, los Pujol fingen que sus dos empresas pantalla se intercambian “su disposición en las mismas oficinas de una sala y/o estancia para la celebración de reuniones limitando su utilización a un máximo de diez horas mensuales no acumulables” como si fueran entidades que no estuvieran vinculadas entre sí.

Para intentar otorgarle cierta veracidad, el contrato falso de autoalquiler establece también que tiene la “duración de un año prorrogable automáticamente por periodos de igual duración, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá ser comunicada a la otra con al menos 15 días de antelación”. La tarifa que fijan para los servicios asciende a “480 euros” a los que se aplicará “el IVA vigente en cada momento”.

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El documento lo rematan sendas firmas idénticas de Gironés.

El Mundo ya reveló en octubre de 2013 un documento prácticamente calcado al descrito que fue diseñado por los ex duques de Palma y en el que figuraba, como arrendadora y arrendataria al mismo tiempo, Cristina de Borbón. En aquel caso, la Infanta simulaba alquilarse a sí misma su palacete de Pedralbes, que presentaba ante Hacienda como sus oficinas profesionales pese a que ni siquiera albergaba un despacho como tal. Aquel contrato, junto con otra serie de pruebas documentales que certificaban la participación directa de la Infanta en una trama de evasión de impuestos, provocó su imputación en el caso Urdangarin por delito fiscal.

El ‘calvario’ de Isabel Pantoja en busca del tercer grado

La tonadillera ha cumplido un cuarto de condena, ha pagado la mitad de la multa y está enferma; pero ni su aparente voluntad de trabajar para cumplir con la deuda que tiene con el Estado, ni el precedente de Ortega Cano que no salió de la cárcel hasta cumplir casi la mitad de la condena parecen estar de su parte para la obtención del tercer grado penitenciario.

Isabel Pantoja y su hermano Agustín el pasado 1 de junio a la salida de la cárcel de Alcalá de Guadaíra. /GTRES

El abogado de Isabel Pantoja, Carlos Esteban Romero, está haciendo malabarismos jurídicos para conseguir el tercer grado de su representada. Según ha podido saber EL ESPAÑOL la concesión podría no estar tan cerca como se está especulando. La artista cumple los requisitos legales fundamentales para su obtención: ha cumplido el cuarto de la condena impuesta de 24 meses, tiene buen comportamiento y voluntad de satisfacer la responsabilidad civil todavía pendiente (600.000 euros). Sin embargo, la última decisión la tiene la jueza de Vigilancia Penitenciaria nº2 de Sevilla, ahora de vacaciones.

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que “hasta hace años el acuerdo para pasar de segundo a tercer grado funcionaba a partir de la barrera de la cuarta parte de la condena cumplida. De unos años a esta parte el límite ha aumentado hasta la mitad de la condena”. Si tomamos de referencia el caso de Ortega Cano, condenado a 30 meses de prisión, no obtuvo el tercer grado hasta semanas antes de cumplir la mitad de su condena. Por tanto, la concesión de esta nueva clasificación para Pantoja también sería ejemplar y “se la estaría asfixiando a golpe de Código Penal”.

Hay que recordar que ahora mismo la folclórica está a la espera de la respuesta por parte del juzgado al recurso presentado por su abogado, tras conocer el pasado mes de julio que la prisión de Alcalá de Guadaíra le denegaba el tercer grado penitenciario. En esta negativa pesó y mucho la polémica suscitada por la denuncia de un grupo de funcionarios que señalaban un trato de favor y privilegios hacia la artista dentro de la cárcel. Esta denuncia desembocó en una investigación interna encargada por el Ministerio del Interior. La inspección descartó “tajantemente” que existiera cualquier trato de favor hacia la cantante.

Su defensa no desiste y, a la espera de que la juez responda al recurso, ha cursado una nueva solicitud apoyándose en el nuevo Código Penal. Alega el riesgo que para su salud laboral tiene su continuidad en la cárcel y también la necesidad de volver a trabajar para poder pagar las deudas pendientes con el Estado. Para el abogado de Pantoja su estancia en prisión ya “excede el carácter ejemplar y se ha convertido en un castigo”.

Polémicos permisos

Isabel Pantoja el día que ingresó en prisión el pasado 21 de noviembre./ GTRES

Desde que Pantoja ingresara en prisión el pasado 21 de noviembre ha disfrutado de dos permisos; un primero de cuatro días y otro de seis, tal y como marca la ley de régimen penitenciario. Un día antes de que expirara el segundo permiso, Pantoja ingresó en Urgencias del Hospital Infanta Luisa de Sevilla aquejada de una nefropatía diabética crónica. La elección de un centro privado de su confianza y la falta de información oficial sobre el verdadero estado de salud de la artista volvieron a suscitar el debate ya que le fueron concedidos tres permisos extraordinarios durante su hospitalización, en total 20 días, hasta que su mejoría le ha permitido su vuelta a prisión, un día antes de que agotase el tercer permiso .

Las quejas en esta ocasión llegaron hasta el Congreso de los Diputados. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, tuvo que dar explicaciones sobre estas concesiones, ante la pregunta de un diputado: “Isabel padece una dolencia (neofropatía diabética) y los permisos han sido concedidos por el juez con informe favorable de la Fiscalía y después de ser visitada por dos forenses distintos”, aclaró.

Los médicos le han prescrito un dieta rigurosa y controles periódicos en la enfermería de Alcalá de Guadaíra. Tanto la cocina como la enfermería de la cárcel sevillana están preparadas para ser tratada correctamente. La auxiliar de enfermería de Alcalá de Guadaíra y el funcionario de prisiones de guardia, los fines de semana, son los encargados de facilitarle a diario la medicación que le ha recetado el internista con el objetivo de mantener los niveles de azúcar y mejorar el funcionamiento del riñón dañado. Respecto a la comida, no está suponiendo un problema ya que el comedor de la cárcel llega a elaborar al menos cinco menús diferentes a diario; el general, el menú de dieta, para diabéticos, vegetal y sin cerdo para musulmanes. Pantoja toma desde el lunes el menú para diabéticos con alimentos bajos en azúcar.

Un ejemplo; de primero espárragos blancos en conserva y un segundo que incluye una proteína a la plancha con ensalada y fruta. También le han recomendado realizar ejercicio a diario e intentar dejar de fumar o moderar el consumo. A su favor tiene que Alcalá de Guadaíra es un centro modelo galardonado por la Organización Mundial de la Salud por su ‘Programa de deshabituación tabáquica” con las presas.

El sueño de la condicional

Si el tercer grado es ansiado por la tonadillera, la libertad condicional se hace más difícil, ya que uno de los requisitos es que se hayan cumplido dos tercios o tres cuartas partes de la condena. Estaríamos hablando de dieciséis meses en el primer caso y dieciocho en el segundo. Pantoja sólo lleva nueve meses en prisión, por lo que es legalmente difícil que obtenga este cuarto grado antes de febrero de 2016, en caso de que se le concediera sólo con los dos tercios. Lo que si podría obtener antes de las próximas Navidades es el tercer grado, que le permitiría pernoctar en un Centro de Inserción Social u optar por un dispositivo telemático que le permitiera estar localizada pero a su vez poder seguir ofreciendo conciertos.

Lo que sigue siendo una incógnita es la verdadera situación económica de Isabel. Por un lado, se alega que necesita trabajar para poder pagar la multa, sin embargo, durante su estancia en la cárcel ha podido hacer frente a 647.000 euros de la sanción impuesta por el juez.

Tiene además todas las propiedades embargadas por Hacienda, con la que tiene una deuda pendiente de 1.800.000 euros. Su hermano Agustín ha enmudecido, su hijo Kiko está enfadado con la publicación de una supuesta infidelidad en la víspera de su boda y su hija Chabelita va por libre y está pero sin estar. El resto del clan ni está ni se les espera. En manos de la jueza de Vigilancia Penitenciaria está el contenido del próximo capítulo.

Cierre en falso a la sombra de Rajoy

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

La comparecencia de Jorge Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su reunión con Rodrigo Rato en el Ministerio del Interior resultó previsiblemente decepcionante. 

Ni una sola explicación verosímil, ni una pizca de autocrítica y ni un solo argumento de fuste para justificar por qué el máximo responsable político de los cuerpos de seguridad había despachado en privado en el Ministerio con un ‘pluriimputado’ por administración desleal, falsedad documental, fraude tributario y blanqueo de capitales, entre otros.

El ministro adujo que aceptó entrevistarse con Rodrigo Rato porque ha sido víctima de graves amenazas en Twitter y en otros ámbitos y circunstancias que no detallaba por seguridad; que había decidido recibirle personalmente porque se trata del exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI y que en los 60 minutos que duró la reunión en ningún momento hablaron de su situación procesal ni de las pesquisas de que está siendo objeto.

Tales explicaciones resultan tan inconsistentes que sólo contribuyen a extender aún más las sombras que se ciernen sobre el Gobierno y sobre el PP en lo que refiere a su compromiso real con la regeneración política y de lucha contra la corrupción. Puede que Rodrigo Rato tema ir sin escolta porque le pitan los preferentistas en la puerta del Juzgado, pero es evidente que este problema de seguridad no precisa de una intervención directa del ministro. Por otro lado, basta recordar el mando de Fernández Díaz sobre la Guardia Civil (a cargo de la investigación) para concluir que su reunión con Rato fue una grave irresponsabilidad.

Ni rastro de arrepentimiento

Lejos de mostrarse siquiera algo arrepentido, Fernández Díaz se permitió el lujo de reñir a la oposición por haberle obligado a comparecer en medio de sus vacaciones y por pedirle la dimisión  y, lo que es peor, preguntado al respecto, dejó en el aire la posibilidad de volver a recibir a Rato en el Ministerio si se lo vuelve a pedir.

El precedente de tanta prepotencia hay que atribuírselo al propio Rajoy, que puso a ras de suelo la asunción de responsabilidades políticas cuando, tras conocerse sus mensajes de apoyo a Bárcenas (“Luis, sé fuerte”), optó por continuar impasible sin dar explicaciones ni pedir perdón a la opinión pública. El presidente del Gobierno no esperó siquiera a que acabara la comparecencia para dar por buenas las explicaciones del ministro. A este cierre en falso de Jorge Fernández Díaz se sumó el portavoz del PP en la Comisión parlamentaria de Interior, Francisco Márquez, que se limitó a seguir al dedillo el guión prefijado.

Los diputados de la oposición fueron lógicamente contundentes. Una de las andanadas más relevantes fue la del portavoz de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, cuando aventuró que si el ministro había recibido de a Rodrigo Rato en privado es porque ambos presumían que el ex vicepresidente tiene el teléfono pinchado. La acusación velada de que el titular de Interior estaba protegiendo a Rato de una supuesta intervención telefónica -no acreditada en los procedimientos judiciales- es gravísima, aunque Fernández Díaz prefirió no darse por aludido. Para su defensa contaba el ministro, de partida, con la experiencia y complicidad de Rajoy y con la precipitación con que el PSOE denunció el asunto la víspera ante la Fiscalía.

Además, en EL ESPAÑOL:

 

La transparente opacidad

PP

Que Fernández Díaz haya recibido a Rato revela, en el mejor de los casos, una enorme torpeza por parte de Jorge Fernández. Porque lleva a pensar en otras explicaciones menos favorecedoras. Por ejemplo, si no será que alguien con la información interna que del PP y del Gobierno tiene Rodrigo Rato pudiera haber tratado de emplearla para forzar una reunión con el ministro y presionar a las autoridades.

Tres días después de que se conociese que el ministro del Interior recibió a Rodrigo Rato en su despacho a la semana siguiente de haberse negado éste a declarar ante el juez por la imputación de blanqueo, el departamento que dirige Jorge Fernández ha emitido un comunicado para intentar sofocar el consiguiente escándalo político y la petición de explicaciones de los partidos de la oposición. El documento tiene cinco puntos que suscitan al menos otros tantos interrogantes, por lo que, lejos de aclarar, aumenta las sospechas de lo turbio de ese encuentro.

Lo primero que destaca la nota es que Rato solicitó la reunión para tratar un asunto “exclusivamente personal”, haciendo saber que su petición nada tenía que ver con la “situación procesal” por la que atraviesa. Según el comunicado, el ministro se aseguró de aclarar ese extremo antes de aceptar la cita. Cabe preguntarse si Jorge Fernández es tan generoso con su tiempo como para recibir, en horas de oficina, a todo aquel que quiera confiarle un asunto “personal”. Dado que no es verosímil, cabría exigir al Ministerio que concrete cuáles son los criterios que utiliza para abrir las puertas del despacho de su titular.

En segundo lugar, se dice que la entrevista duró algo menos de una hora, y no dos, como se ha publicado. Una hora de conversación da para abordar varios temas e incluso alguno en profundidad. Toda vez que el propio comunicado especifica que Rato quería hablar de “una cuestión”, está claro que tuvo minutos suficientes para exponerla y debatirla. Convendría que el Ministerio informara del tiempo transcurrido desde que Rato pidió la entrevista hasta obtener el consentimiento, porque podría dar pistas en cuanto a la predisposición del ministro a recibirlo.

En su tercer punto, la nota precisa que Jorge Fernández eligió su despacho para la cita como forma de demostrar que no había “nada que ocultar”. La máxima que se esgrime es ésta: “Era más adecuado hacerlo en la sede del Ministerio que en el reservado de un restaurante”. Una tesis que fácilmente se puede poner del revés. Cuántas veces no se habrán cometido irregularidades usando precisamente los despachos oficiales como coartada. Para que la explicación del Ministerio fuera creíble debería haber comunicado previamente que la reunión se iba a producir. Presumir de que el encuentro fue en el despacho una vez desatado el escándalo puede llevar a pensar que ésa era la trampilla que el ministro había previsto para tratar de salir airoso en el caso de que los hechos trascendiesen a la opinión pública.

En cuarto lugar, la nota ministerial subraya que las investigaciones sobre Rato están en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Agencia Tributaria. Sin embargo oculta que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de la investigación, depende de Interior, ¿o es que por el hecho de actuar bajo la autoridad judicial sus miembros no tienen que responder ante Interior, y sus sueldos, reconocimientos, o ascensos no los decide el Ministerio?

En el quinto y último punto, Interior asegura que el ministro “no ha realizado ningún tipo de gestión” en relación a la situación procesal de Rato. Teniendo en cuenta que admitir lo contrario daría pie a investigarlo por prevaricación, se trata de un argumento de escaso valor.

El episodio revela, en el mejor de los casos, una enorme torpeza por parte de Jorge Fernández. Porque que el ministro del Interior reciba a una persona de la trascendencia de Rato, estando como está imputado por graves delitos, lleva a pensar en otras explicaciones menos favorecedoras. Por ejemplo, si no será que alguien con la información interna que del PP y del Gobierno tiene Rodrigo Rato pudiera haber tratado de emplearla para forzar una reunión con el ministro y presionar a las autoridades.

La lista de casos de corrupción que acumula el PP es tan extensa que, a estas alturas, debería haber servido de experiencia a sus dirigentes y cargos públicos para andar con mejor tiento y más escrúpulos. Jorge Fernández ha reaccionado tarde, cuando el asunto llevaba días pudriéndose en mitad de la calle, y la nota pretendidamente aclaratoria que ha facilitado a la opinión pública es un homenaje a la opacidad y el oscurantismo. Al final, se atrinchera en decir que nada puede desvelar porque lo tratado era “exclusivamente personal”. Por eso la última pregunta nos devuelve a la casilla de salida: ¿Es de recibo que el ministro del Interior hable de asuntos personales en su despacho oficial con un imputado por corrupción que fue vicepresidente del Gobierno y alto cargo de su partido?

Foto: El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro en julio junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el Vicesecretario de política Autonómica, Javier Arenas (Flickr / PP)

Las grabaciones de la Púnica: “Salvador Victoria me echó la bronca porque Indra no pagaba”

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El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. En su segunda declaración judicial señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid. Escuche algunos fragmentos de su declaración.

En la imagen, Salvador Victoria e Ignacio González.

El ex jefe de Informática Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, fue el primero en tirar de la manta en la Operación Púnica. Y relató ante el juez Eloy Velasco con todo lujo de detalles el ‘modus operandi’ que utilizaba la Comunidad de Madrid para pagar a empresarios vinculados con el Partido Popular a través de terceros. En su segunda declaración judicial -ocurrida el pasado 13 de febrero y a cuyo audio ha tenido acceso EL ESPAÑOL- Martínez Nicolás señaló directamente a Salvador Victoria, entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como la persona que ordenó el pago de 130.000 euros por parte de la multinacional Indra para abonar servicios que realmente pertenecían a altos cargos del PP de Madrid.

 

Según el testimonio del declarante,  Salvador Victoria le ordenó en junio de 2014 que llamase a Indra para que abonase 20.000  euros al empresario Alejandro de Pedro; le diera otros 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y entregase 90.000 más a “un tal Juanjo”, todavía sin identificar.

Dinero en sobres

Al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones le consta que la tecnológica abonó el dinero que dijo Victoria a De Pedro. Sin embargo, José Martínez no puede confirmar si los otros dos empresarios apuntados en la contabilidad B de la Comunidad de Madrid recibieron el dinero de la tecnológica. “El pálpito que tengo es que a Indra no le gustó esto. Salta la operación y paran. Es una especulación”, reconoció el ingeniero al juez.

Según la versión que mantiene el ex jefe informático de Madrid, en septiembre aún no se había efectuado ningún pago y Salvador Victoria se enfadó. Un mes antes de que estallara el caso en el que ya se ha imputado a un centenar de personas, el ex consejero de Presidencia le convocó en su despacho para recriminarle que Indra todavía no había abonado las facturas a uno de los conseguidores de la trama, Alejandro de Pedro. “Me echó la bronca. Me dijo que Indra aún no había pagado y que Alejandro de Pedro le llamaba todos los días”.

En el transcurso de aquella reunión, Victoria telefoneó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, “no para presionar, sino para quejarse” del retraso de los pagos. Tras el encuentro, el ex directivo de ICM se puso en contacto con Santiago Roura, director general de Indra, para hacerle llegar el cabreo monumental de la mano derecha de Ignacio González. “Mi jefe está enfadado”, le dijo. Las presiones surgieron efecto. Una semana después, Alejandro de Pedro le comunicó vía mensaje “que ya había cobrado y que había que ir a por lo que falta”.

En busca de “El Molécula”

En la declaración, Martínez reconoce al juez que Roura le pidió “en algún momento” el teléfono del segundo empresario al que había que pagar la factura, Miguel Ángel de la Fuente, consejero delegado de Demométrica. “Yo se lo pedí a Salvador Victoria, le dijo a su secretaria que me lo diera y yo se lo facilité a Roura”. También le pidió el contacto de una tercera persona, “el molécula. Pensé que era Alejandro de Pedro. Y aquí termina la historia”, apunta al magistrado.

El juez Velasco, que intentó averiguar sin éxito a través de la declaración del informático “por qué tenía que pagar Indra” esos servicios, le dijo que fue el propio Santiago Roura quien declaró en sede judicial “haber sufrido presiones por su parte para que hiciera pagos a Alejandro de Pedro” pero que le “era imposible. Él lo quería contratar, pero no pagarle”. Una declaración “falsa”, según Martínez Nicolás, que dijo al magistrado que el trabajador de Indra “está mintiendo”.

Reunión entre Indra e Ignacio González

Martínez Nicolás apuntó también otro matiz: el presidente de Indra, Javier Monzón, se reunió “meses atrás” con Ignacio González, aunque no deja claro si el máximo mandatario de la tecnológica autorizó a la Comunidad de Madrid a que su empresa sirviera para pagar en B la mejora de la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

El informático describió durante unos minutos al juez la estrecha relación que tradicionalmente mantienen las compañías con las administraciones públicas. “Es bastante normal que las empresas apoyen a la Comunidad de Madrid en eventos y actos”. Según Martínez Nicolás, los únicos intermediarios del Ejecutivo madrileño con Indra y los empresarios involucrados son él mismo y Salvador Victoria, a quien el juez ya ha retirado el pasaporte tras imputarle los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Entre la fe, los negocios y la política

cotinodibujo1Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó, el pasado otoño, a jubilarse como presidente de las Cortes Valencianas. Una jubilación poco decorosa a escasos meses de cumplir 65 años.

Ilustración: Tomás Serrano

Nunca se ha tenido por un político profesional, pese a que en los casi veinticinco últimos años ésa ha sido su principal actividad. Tampoco considera que haya hecho nada irregular, aunque su nombre aparece en varios sumarios de corrupción y ha acabado siendo arrastrado por el caso Gürtel. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó a jubilarse prematuramente como presidente de las Cortes Valencianas el otoño pasado, cuando quedaban sólo ocho meses para que se agotara la legislatura y tres para que cumpliera los 65 años. Un broche poco decoroso para una larga carrera política.

Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei, del que continúa siendo miembro activo; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo, en representación de la UCD de Adolfo Suárez; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política, y de ellos el que más le sigue atrayendo es la agricultura.

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Ilustración: Tomás Serrano

Cotino jamás ha olvidado sus orígenes huertanos. Es un hombre feliz cuando se sube al tractor y recorre sus campos; otrora de naranjos, hoy de caquis. De ahí le viene un carácter llano y afable que le hace ser percibido como alguien cercano. La vieja casa familiar, su alquería de Xirivella, es su refugio y su orgullo. Es habitual verlo en el porche, ejerciendo de anfitrión, mientras cocina a leña una paella o un arroz caldoso para sus invitados. Esa casa ha sido centro de conciliábulos desde principios de los años 90, y en ella ha apadrinado a algunos de los políticos que han hecho carrera en el PP.

 

Ha sido Cotino la persona más cercana al defenestrado Francisco Camps en los últimos tiempos. Le apoyó, al principio, para que derrotase a los seguidores de Eduardo Zaplana y pudiera tener el control absoluto de la organización. Y al final, tras estallar el caso de los trajes, se volcó para que llegara entero al banquillo. Él mismo lo llevó en coche hasta la puerta del Tribunal en la primera sesión del juicio, con el propósito de insuflarle ánimo y que no se derrumbara. Ese apoyo le legitimó, ante un sector del partido, para gestionar los resortes del poder que hasta entonces había manejado Camps. Premeditado o no, se convirtió así en uno de sus herederos frente a alguien que, como Alberto Fabra, había sido impuesto por la dirección nacional para hacer borrón y cuenta nueva.

Entró de lleno en política en 1991 al ser designado por Rita Barberá concejal de Policía y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Era la primera vez que una concejalía unificaba las competencias en materia de seguridad y de ayuda a los desfavorecidos, lo cual habla mucho de la personalidad de Cotino: un hombre conservador, amante del orden, y una persona caritativa, benefactora, con una idea probablemente trasnochada de lo que debe ser ayudar a los demás. En su etapa de concejal y también de conseller del Gobierno valenciano se le ha visto al volante de una furgoneta repartiendo alimentos en asilos y comedores sociales regentados por órdenes religiosas.

Jefe de la Policía con tres ministros

Fue él quien implantó en Valencia la “Policía de barrio” con la idea de que los ciudadanos debían de conocer al agente que prestaba servicio en su calle de la misma manera que conocían a su médico de cabecera. Eso, y la amistad fraguada con Jaime Mayor Oreja cuando ambos coincidieron en el Partido Demócrata Popular antes de integrarse en el PP, le abrieron el camino para ser nombrado director general de la Policía por el primer Gobierno de Aznar. Cotino ha manifestado que ese año, 1996, dejó de ocupar cargos en el consejo de administración de la empresa familiar y vendió la mayoría de sus acciones. Del resto, asegura que se deshizo en 2007, cuando fue nombrado conseller de Bienestar Social.

Estuvo seis años en Madrid con tres ministros del Interior: Mayor, Rajoy y Acebes. Él mismo solicitó en varias ocasiones que le dejaran volver a Valencia porque quería cuidar de su madre, enferma. Lo nombraron delegado del Gobierno. El cargo le iba como anillo al dedo, pero la derrota del PP en las generales de 2004 forzó su relevo. Fue entonces cuando Camps lo reclamó para el Gobierno valenciano, donde acabó ocupando sucesivamente las carteras de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. Llegó a ser vicepresidente antes de pasar, ya en 2011, a presidir el Parlamento autonómico; el más desprestigiado de la historia, tras haber albergado a una decena de imputados en sus bancos. La acumulación de poder le dio la oportunidad de repartir cargos entre las personas de su entorno y su mano se adivina tras la confección de varias candidaturas de municipios del área metropolitana de Valencia, el territorio que mejor conoce y domina.

La condición de máximo referente del sector cristiano del PP lo convirtió en una de las piezas de caza favoritas para la izquierda, hubiera o no razón para ello. Pero la oposición era incapaz no ya de acabar con la hegemonía, sino de hacer mella siquiera en un partido que parecía eternizarse en el poder. Seguramente fue esa sensación de impunidad, el sentirse intocables, lo que llevó a algunos a confundir la Administración con una finca particular.

La estrella de Cotino empezó a declinar cuando su nombre apareció salpicando las páginas de varios sumarios judiciales, desde Brugal, a Gürtel, pasando por el caso Bárcenas; la prueba, para la oposición, de que él era el denominador común de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Ruz le llamó a declarar como testigo porque su nombre estaba en las notas de Bárcenas. Según el ex tesorero del PP, el 11 de marzo de 2004, día de los atentados islamistas en Madrid, había acudido a la sede del partido en la calle Génova para entregar 200.000 euros en nombre de una empresa administrada por su sobrino. Cotino lo negó tajantemente. Su sobrino Vicente está imputado.

Las residencias de la tercera edad

La denuncia de Esquerra Unida por las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a residencias de la tercera edad que gestiona Sedesa, sociedad de la familia de Cotino, llevó a la Fiscalía a abrir una investigación. El político, que no ha sido imputado por ahora, ha defendido su proceder en este asunto. Alega que vendió en su momento las acciones que tenía y que nunca benefició a la empresa.

El último disgusto en el ámbito judicial se lo llevó el pasado mes de abril, cuando la Fiscalía denunció que Bancaja, en la época en la que estaba controlada por el PP, concedió irregularmente créditos por valor de 35 millones de euros a Share Capital, otra sociedad vinculada a su familia, para comprar inmuebles en Europa del Este.

Entre tanto, han ido haciéndose públicas grabaciones incluidas en los sumarios judiciales en las que se traslada una imagen de Cotino como contacto privilegiado para desbloquear o conseguir contrataciones de la Administración. En una de ellas se escucha a Vicente Cotino asegurar con rotundidad a su interlocutor que su tío mediaría a la hora de lograr favores. El propio Cotino ha tenido que salir a defenderse: “He metido la pata en muchas cosas pero nunca he metido la mano”.

Con todo, han sido dos los casos que han martirizado especialmente a Juan Cotino. El primero tiene que ver con el amaño de los contratos para retransmitir la visita que Benedicto XVI hizo a Valencia en 2006. Aunque es cierto que él no tenía competencias ni en la organización del viaje del Pontífice ni en las contrataciones efectuadas al efecto, hay testigos que confirman que participó en las reuniones clave y que era la persona que “llevaba la batuta”. Más aún: según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Cotino, que siempre ha dicho que se limitó a ser un “voluntario más”, era en realidad el “elemento nuclear” y la persona que “tomaba las decisiones políticas”. El juez lo imputó en noviembre.

El accidente del metro de Valencia

Para Cotino, el otro asunto más doloroso ha sido la acusación de algunas de las víctimas del accidente del metro de Valencia, el fatídico descarrilamiento ocurrido en 2006 en el que murieron 43 personas. Se le ha echado en cara que intentara convencer a los familiares de que desistieran de acudir a los tribunales ofreciéndoles a cambio ayuda económica y puestos de trabajo. Cotino, que era conseller de Agricultura en aquel momento, ha defendido que se limitó a tratar de consolar a las víctimas y a sus familiares en medio de la tragedia, y que ofreció cosas como “un cambio de escolarización de un niño, cuestiones de tipo laboral, de acceso a vivienda o el ingreso en alguna residencia de una persona mayor”, pero siempre llevado por un sentimiento de solidaridad y jamás con la idea de comprar su silencio.

 

 

 

La prueba de que este episodio le dejó completamente noqueado quedó reflejada en su comportamiento ante las cámaras de Salvados, cuando Jordi Évole intentó arrancarle unas valoraciones y fue incapaz de dar la cara, escabullándose en una actitud impropia de un responsable público.

 

 

 

Cotino ha cambiado. Se ha dejado barba, al estilo de Jaime Mayor Oreja, que luce, como éste, completamente blanca. Ha adelgazado, parece que por salud. Dicen que conserva su espíritu jovial, el mismo que le llevó a meter una vaca en una edificio de la Generalitat para protestar contra la política agrícola y ganadera en tiempos del socialista Joan Lerma, o, más recientemente, a colocar bien visible, sobre su mesa de las Cortes, un crucifijo para que presidiese la constitución del Parlamento valenciano, a sabiendas de cómo soliviantaría a la oposición.

Quienes lo conocen ponen la mano en el fuego por él. Aseguran que hasta hoy no ha sido acusado de desviar dinero en su beneficio. Pero si se demuestra que utilizó como testaferros a su hermano y a su sobrino para ocultar fondos de inversión, su imagen quedaría muy tocada. “Nada desear, nada pedir, nada rehusar”, es la máxima de san Francisco de Sales que, según ha confesado, ha intentado que fuera su guía. Pero aquí, la última palabra, la tienen los jueces.