
La iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el asesinato del comandante Cortizo se enmarca en su estrategia de evitar que queden enterrados para siempre los asuntos más antiguos relacionados con la banda terrorista y que no han podido ser esclarecidos a día de hoy.
En diciembre de 1995, a tres días de la Navidad, ETA asesinó a Cortizo, de 44 años, e hirió de gravedad a su hija, de 18, al estallar una bomba-lapa adosada en los bajos de su vehículo en la capital leonesa. En ese momento, la Policía imputó el hecho a un comando itinerante que había actuado en Valencia, Valladolid y Burgos.
La Fiscalía llevaba meses detrás de la reapertura del caso y señala a Sergio Polo como el principal sospechoso de haber sido el autor del atentado que acabó con la vida del comandante y dejó gravemente herida a su hija. La misma petición ha hecho la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa a los familiares de la víctima.
En su escrito, presentado el pasado 29 de julio, la acusación particular solicitó la reapertura del sumario y la práctica de una serie de diligencias. Entre ellas, requirió que se aporte la copia de la investigación realizada por la Policía Autónoma Vasca tras la desarticulación en Guipúzcoa del comando Araba, integrado por etarras “liberados” (no fichados por la Policía), así como el informe sobre las huellas dactilares de Sergio Polo Escocés en el piso registrado durante la desarticulación.
Asimismo, ha pedido al juez que oficie al Servicio de Información de Inteligencia de la Guardia Civil y a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional para que emitan un informe en el que se detallen los atentados cometidos por ETA en León; los elementos con los que se cuenta para atribuir el nombre orgánico de “Lur” a Sergio Polo y un análisis del documento incautado en el domicilio utilizado por el etarra en el momento de su detención consistente en una comunicación entre “Lur” y alguien de la dirección de ETA en la que se da cuenta de una serie de acciones terroristas ya cometidas o pendientes de cometer.
Los familiares del militar asesinado hace casi veinte años también quieren que las fuerzas y cuerpos de seguridad lleven a cabo un análisis comparativo entre el material explosivo y los elementos para realizar artefactos explosivos incautados tras la detención de Polo y el utilizado en el atentado que acabó con la vida de Cortizo. Para averiguar si fue Polo el autor material del atentado, la acusación también considera necesario que se proceda a un análisis de la documentación hallada en el piso de Polo relacionada con la ciudad de León, como mapas y horarios de autobuses.
Soledad Iparraguirre y Sergio Polo
El escrito de la Fiscalía, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, no sólo pide el procesamiento de los etarras Soledad Iparraguirre y Sergio Polo sino también medidas cautelares para evitar su fuga. Respecto a la primera, reclama la prisión provisional y librar una orden de entrega a Francia y en cuanto a Polo, su encarcelamiento provisional por esta causa.
En el escrito, al que ha tenido acceso El Español, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza explica que el motivo para tal solicitud se debe a que en la revisión que periódicamente efectúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los atentados de ETA sin resolver, y en concreto en relación con el asesinato del comandante Cortizo, habían detectado que en la entrada y registro del domicilio alquilado por Polo “se ocuparon numerosas evidencias, documentos y efectos, que podrían ser útiles para la resolución del mencionado caso, y que consideraban necesario revisar”.
Tras analizar los nuevos datos, la Guardia Civil entregó un informe el pasado 18 de septiembre del que se deduce la compatibilidad del explosivo empleado en el atentado contra el comandante con los instrumentos y efectos ocupados en el piso utilizado por el etarra en la fecha de los hechos. Así mismo, han detectado la presencia en el piso ocupado por Polo de destornilladores alterados siguiendo los manuales de ETA para poder forzar vehículos de la marca Ford antiguos, como el del comandante Cortizo.
En el caso de Iparaguirre, alias Anboto, la Fiscalía sostiene que en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del “aparato militar” en Francia, en concreto, tareas relacionadas con el control y coordinación de los comandos “legales” de la organización terrorista, como lugarteniente del responsable de los mismos en ese momento, Pedro José Picabea Ugalde, hasta que éste fue detenido por la Policía francesa en Bayona (Francia), en 1994. A partir de esta fecha, la etarra pasó a ocupar su puesto como responsable de los comandos “legales”, en el que permaneció hasta 1998.
Entre las acciones que Iparaguirre habría ordenado como jefa de los comandos “legales” de la organización estaría el atentado de Cortizo. Para ello, habría transmitido las órdenes concretas respecto al objetivo y habría dado instrucciones concretas sobre cómo había que atentar. También facilitaba a los comandos el material, como explosivos y armas, y las instrucciones sobre cómo utilizarlos.
Cinco casos reabiertos
El pasado mes de abril, Polo fue condenado por la Audiencia Nacional a penas que suman cien años de cárcel por un atentado cometido en Salamanca que mutiló al capitán del Ejército Juan José Aliste Fernández en 1995, el mismo año del asesinato del comandante Cortizo. La víctima perdió las piernas al estallar una bomba lapa colocada bajo su automóvil.
El terrorista fue condenado a indemnizar al militar con un millón de euros por los daños causados y con 50.000 euros a la hija del capitán, que viajó en el vehículo mientras la bomba estaba colocada en el automóvil.
En el último año, la Audiencia Nacional ha reabierto cinco casos que habían permanecido en el olvido hasta que la Guardia Civil y la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía, presentaron nuevas pruebas para evitar su prescripción y, por tanto, el archivo definitivo.
Uno de los más sonados fue la imputación de Josu Uribetxeberría Bolinaga por el asesinato en 1986 del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos. El etarra, que ya había cumplido prisión por el secuestro de Ortega Lara y había quedado en libertad tras sufrir un cáncer terminal, se enfrentaba a otros 29 años de prisión por la petición fiscal 17 años después del atentado, condena que nunca pudo llegar debido a su fallecimiento antes de la celebración del juicio.