La Fiscalía encuentra pruebas para reabrir la causa por el asesinato del comandante Cortizo

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de solicitar la reapertura del sumario por el asesinato del comandante de Artillería Luciano Cortizo a manos de ETA en 1995, petición que se produce a tres meses de que el atentado prescriba. El escrito presentado evita que se dé el cerrojazo definitivo a la investigación de ese crimen dos décadas después de haber sido perpetrado.

En la imagen, estado en el que quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995.DIARIO DE LEÓN

ATENTADO AL COMANDANTE CORTIZO EN LEON
Así quedó el vehículo del comandante Cortizo tras el atentado en el centro de León en Diciembre de 1995. / DIARIO DE LEÓN

La iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre el asesinato del comandante Cortizo se enmarca en su estrategia de evitar que queden enterrados para siempre los asuntos más antiguos relacionados con la banda terrorista y que no han podido ser esclarecidos a día de hoy.

En diciembre de 1995, a tres días de la Navidad, ETA asesinó a Cortizo, de 44 años, e hirió de gravedad  a su hija, de 18, al estallar una bomba-lapa adosada en los bajos de su vehículo en la capital leonesa. En ese momento, la Policía imputó el hecho a un comando itinerante que había actuado en Valencia, Valladolid y Burgos.

La Fiscalía llevaba meses detrás de la reapertura del caso y señala a Sergio Polo como el principal sospechoso de haber sido el autor del atentado que acabó con la vida del comandante y dejó gravemente herida a su hija. La misma petición ha hecho la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que representa a los familiares de la víctima.

En su escrito, presentado el pasado 29 de julio, la acusación particular solicitó la reapertura del sumario y la práctica de una serie de diligencias. Entre ellas, requirió que se aporte la copia de la investigación realizada por la Policía Autónoma Vasca tras la desarticulación en Guipúzcoa del comando Araba, integrado por etarras “liberados” (no fichados por la Policía), así como el informe sobre las huellas dactilares de Sergio Polo Escocés en el piso registrado durante la desarticulación.

Asimismo, ha pedido al juez que oficie al Servicio de Información de Inteligencia de la Guardia Civil y a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional para que emitan un informe en el que se detallen los atentados cometidos por ETA en León; los elementos con los que se cuenta para atribuir el nombre orgánico de “Lur” a Sergio Polo y un análisis del documento incautado en el domicilio utilizado por el etarra en el momento de su detención consistente en una comunicación entre “Lur” y alguien de la dirección de ETA en la que se da cuenta de una serie de acciones terroristas ya cometidas o pendientes de cometer.

Los familiares del militar asesinado hace casi veinte años también quieren que las fuerzas y cuerpos de seguridad lleven a cabo un análisis comparativo entre el material explosivo y los elementos para realizar artefactos explosivos incautados tras la detención de Polo y el utilizado en el atentado que acabó con la vida de Cortizo. Para averiguar si fue Polo el autor material del atentado, la acusación también considera necesario que se proceda a un análisis de la documentación hallada en el piso de Polo relacionada con la ciudad de León, como mapas y horarios de autobuses.

Soledad Iparraguirre y Sergio Polo

El escrito de la Fiscalía, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, no sólo pide el procesamiento de los etarras Soledad Iparraguirre y Sergio Polo sino también medidas cautelares para evitar su fuga. Respecto a la primera, reclama la prisión provisional y librar una orden de entrega a Francia y en cuanto a Polo, su encarcelamiento provisional por esta causa.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Español, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza explica que el motivo para tal solicitud se debe a que en la revisión que periódicamente efectúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los atentados de ETA sin resolver, y en concreto en relación con el asesinato del comandante Cortizo, habían detectado que en la entrada y registro del domicilio alquilado por Polo “se ocuparon numerosas evidencias, documentos y efectos, que podrían ser útiles para la resolución del mencionado caso, y que consideraban necesario revisar”.

Tras analizar los nuevos datos, la Guardia Civil entregó un informe el pasado 18 de septiembre del que se deduce la compatibilidad del explosivo empleado en el atentado contra el comandante con los instrumentos y efectos ocupados en el piso utilizado por el etarra en la fecha de los hechos. Así mismo, han detectado la presencia en el piso ocupado por Polo de destornilladores alterados siguiendo los manuales de ETA para poder forzar vehículos de la marca Ford antiguos, como el del comandante Cortizo.

En el caso de Iparaguirre, alias Anboto, la Fiscalía sostiene que en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del “aparato militar” en Francia, en concreto, tareas relacionadas con el control y coordinación de los comandos “legales” de la organización terrorista, como lugarteniente del responsable de los mismos en ese momento, Pedro José Picabea Ugalde, hasta que éste fue detenido por la Policía francesa en Bayona (Francia), en 1994. A partir de esta fecha, la etarra pasó a ocupar su puesto como responsable de los comandos “legales”, en el que permaneció hasta 1998.

Entre las acciones que Iparaguirre habría ordenado como jefa de los comandos “legales” de la organización estaría el atentado de Cortizo. Para ello, habría transmitido las órdenes concretas respecto al objetivo y habría dado instrucciones concretas sobre cómo había que atentar. También facilitaba a los comandos el material, como explosivos y armas, y las instrucciones sobre cómo utilizarlos.

Cinco casos reabiertos

El pasado mes de abril, Polo fue condenado por la Audiencia Nacional a penas que suman cien años de cárcel por un atentado cometido en Salamanca que mutiló al capitán del Ejército Juan José Aliste Fernández en 1995, el mismo año del asesinato del comandante Cortizo. La víctima perdió las piernas al estallar una bomba lapa colocada bajo su automóvil.

El terrorista fue condenado a indemnizar al militar con un millón de euros por los daños causados y con 50.000 euros a la hija del capitán, que viajó en el vehículo mientras la bomba estaba colocada en el automóvil.

En el último año, la Audiencia Nacional ha reabierto cinco casos que habían permanecido en el olvido hasta que la Guardia Civil y la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía, presentaron nuevas pruebas para evitar su prescripción y, por tanto, el archivo definitivo.

Uno de los más sonados fue la imputación de Josu Uribetxeberría Bolinaga por el asesinato en 1986 del cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos. El etarra, que ya había cumplido prisión por el secuestro de Ortega Lara y había quedado en libertad tras sufrir un cáncer terminal, se enfrentaba a otros 29 años de prisión por la petición fiscal 17 años después del atentado, condena que nunca pudo llegar debido a su fallecimiento antes de la celebración del juicio.

La Fiscalía pide que PP y FAES den datos sobre su relación con los jueces de Gürtel recusados

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La Fiscalía Anticorrupción cree que la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López (en la imagen) como integrantes del tribunal que juzgará el caso Gürtel debe ser admitida a trámite para practicar diligencias que aclaren la “relación singular” que pueden haber tenido con el PP. Entre ellas, cuántas veces han participado en actos de FAES o del partido y si han cobrado por ello.

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Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

La recusación de los magistrados Espejel y López por las acusaciones populares que actúan en el caso Gürtel -entre ellas, la ejercida por Ángel Luna, del PSOE valenciano- ha encontrado un aliado en el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que la recusación sea admitida a trámite y se abra un incidente en el que, entre otras pruebas, la fundación del PP (FAES) y el propio partido tendrían que dar datos sobre su relación con los recusados.

La Fiscalía ha presentado dos informes, uno relativo a Concepción Espejel y otro referido a Enrique López, en los que, sin llegar a afirmar que exista en ellos una tacha de parcialidad, sí sugiere que hay datos de una relación con el PP que, a su parecer, habría que aclarar antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida si se mantienen o no como jueces del caso Gürtel.

Miembros de la Sección Segunda de esa Sala, a Espejel y López les ha correspondido por reparto el enjuiciamiento de la primera parte de caso Gürtel, relativa a la actividad que desarrolló la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos públicos del PP entre los años 1999 y 2005.

Para la Fiscalía, el hecho de que el Partido Popular vaya a estar sentado en el banquillo como partícipe a título lucrativo -esto es, por haberse beneficiado de las comisiones ilícitas supuestamente percibidas por los cargos implicados, destinadas en parte a campañas electorales- es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de valorar las recusaciones.

El Ministerio Público admite que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo del Derecho Humanos, la “afinidad ideológica” de un juez con una determinada formación política no es causa de recusación.

También indica que “ciertamente, no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite el interés personal y directo” de los recusados en la causa.

Pero, pese a ello, sostiene que “no puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes”, en especial en el caso de López.

La Fiscalía afirma que “ha de tomarse en consideración” que entre 2003 y 2010 “se estableció una relación singular” entre FAES, la fundación del PP, y Enrique López, que, además, accedió a propuesta del Partido Popular a dos cargos que ejerció en el pasado: vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional.

El informe no llegar a sostener que el nombramiento para esos cargos determine una falta de imparcialidad -de hacerlo, abriría una vía de consecuencias imprevisibles, puesto que en la propia Audiencia Nacional hay actualmente varios magistrados que han sido vocales del CGPJ a propuesta del PSOE e IU-, pero sí considera relevante el hecho de que cuatro de los acusados en el proceso Gürtel votaron en 2008 a favor de la candidatura de López al Tribunal Constitucional. Se trata de Carlos Clemente, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, que eran diputados autómicos del PP.

En realidad, la Asamblea de Madrid propuso una candidatura conjunta pactada por PP y PSOE y en la que figuraron López y Fernando Valdés, por lo que ambos recibieron los votos en bloque de ‘populares’ y socialistas.

La declaración de Cospedal

Para la Fiscalía, sin embargo, hay que determinar “si la participación del PP en la elección del magistrado para alguno de los más altos cargos del Poder Judicial y de su carrera profesional desvirtúa el requisito de independencia” y “ha de decidirse si la familiaridad que pueda existir entre el juzgador y alguna de las partes implicadas debida a una conexión ajena al procedimiento cuestiona la imparcialidad de aquel, haciendo objetivamente justificable el temor a su falta de imparcialidad”.

En este sentido, considera que las recusaciones no deben ser rechazadas de plano sino que debe abrirse un trámite para practicar varias de las pruebas instadas por las acusaciones populares. Entre ellas destaca que se requiera a la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y al PP para que certifiquen las actividades en las que haya participado López y cuánto ha cobrado por ello.

La Fiscalía se opone, por estimarlo “inútil e impertinente”, a que Dolores de Cospedal tenga que prestar declaración sobre su relación con Espejel. La secretaria general del PP participó en el acto de imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a la magistrada, a la que dedicó elogios y de la que dijo que “para todos es Concha y lo va a ser siempre”.

También rechaza que declare el ex parlamentario del PP Federico Trillo, actual embajador en Londres, que salió en defensa de López cuando su primer intento de acceder al TC fue bloqueado por el Senado. Enrique López acabaría siendo promovido al Constitucional por el Gobierno.

La Fiscalía tampoco considera necesario el interrogatorio de los recusados, que, en cualquier caso, tendrán que informar por escrito sobre si aceptan o no como ciertas las causas de recusación alegadas.

La policía sospecha que otras firmas de inversión callaron por miedo a represalias de la CNMV

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama de corrupción que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la imagen). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de los ahora investigados por miedo al desprestigio profesional.

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La Policía Nacional busca posibles víctimas de la trama que investiga en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y lo hace con la sospecha de que algunos empresarios se plegaron a las presiones de la trama por miedo al desprestigio profesional.

En esta línea, el informe remitido por los agentes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional explica que “el daño reputacional que puede inflingir la CNMV es tan grave o más que las propias sanciones, ya que el mercado financiero se basa en la confianza y la reputación”. A juicio de los investigadores, “la CNMV, al difundir meramente que una entidad está siendo inspeccionada por prácticas irregulares, condena de facto a la entidad y a sus responsables en el mercado nacional e internacional”.

La propuesta de investigación presentada por la Unida de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a la Fiscalía de la Audiencia Nacional se centra, tal y como confirmó ayer la propia CNMV en un comunicado, en dos expedientes concretos de dos gestoras financieras, llamadas Vetusta Wealth Managers y Dracon Partners.

Según confirma el regulador, ambas firmas sufrieron sendas investigaciones por parte de la CNMV, pero con seis años de diferencia. Pese al salto temporal y, según ha confirmado EL ESPAÑOL, los agentes de la UDEF han encontrado los mismos patrones en sus procedimientos sancionadores, coincidencias que les hacen pensar que los expedientes de ambas se fraguaron de forma similar y contraviniendo la normativa.

Como ejemplo, los propietarios de las dos gestoras fueron acusados de actuar como testaferros de terceras personas. En el caso de Vetusta, el presunto propietario era un notario de Dublín. En el de Dracon Partners, un empresario español sancionado con anterioridad por el regulador. Ninguna de las dos acusaciones se confirmó, pero ambas fueron filtradas a la prensa y con ello, los responsables de las entidades quedaron marcados para operar en cualquier mercado financiero, tal  y como refleja el informe de la UDEF.

Pacto y sanción

En un primer momento fueron los gestores de Dracon Partners quienes denunciaron presiones de la CNMV a la Policía Nacional. Los responsables de esta Empresa de Asesoramiento Financiero (EAFI) aseguraron ya en 2012 -tres años antes de ser sancionados en firme- que varios funcionarios de la CNMV les presionaban para que entregaran su licencia financiera de forma voluntaria. Según su denuncia, ampliada en varias ocasiones desde entonces, Dracon tenía que dejar de operar en España. Si aquello no sucedía, sus gestores sufrirían las consecuencias de un procedimiento sancionador, que ha culminado de forma definitiva en 2015.

El pasado 25 de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicó la sanción impuesta a Dracon Partners: 1,25 millones de euros para la empresa y otros 625.000 euros para su administradora. El argumento de la CNMV fue que la sociedad y sus gestores cometieron “infracciones muy graves” por incumplir la ley en la relación con sus clientes y por delegar en terceros su servicio de captación. Los investigadores han solicitado ahora este expediente a la CNMV ante la sospecha de que se sustanció utilizando argumentos falsos.

Pese a las denuncias aportadas por Dracon Partners desde 2012, la investigación policial entró en una nueva fase en febrero de este año cuando los gestores de Vetusta hicieron llegar también la suya a la Policía Nacional. En resumen, los administradores de la gestora denuncian una situación muy similar a la vivida por Dracon, pero con seis años de distancia y una diferencia sustancial: en lugar de litigar, los responsables de Vetusta entregaron la licencia de forma voluntaria a la CNMV. Por su parte, el organismo regulador archivó el expediente y dejó sin efecto las sanciones, tal y como refleja el siguiente documento:

Hace dos semanas, la Policía Nacional solicitó a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional los dos expedientes. Su objetivo es analizarlos en busca de irregularidades. Además, los agentes investigan el patrimonio de varios funcionarios bajo sospecha y recaban testimonios de terceros, testigos que fueron durante años empleados de la CNMV. Su intención es confirmar si las actuaciones sancionadoras son irregulares, si se hicieron por mala praxis de los funcionarios o si vinieron motivadas por presuntos pagos o sobornos de terceros. Ahora, se esfuerzan también por localizar a más víctimas y por esclarecer si alguna de ellas, por miedo, guarda silencio.

 

La Policía investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV bajo sospecha de corrupción

 

La Policía Nacional investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que autorizó además a los agentes a solicitar varios expedientes sancionadores a la institución presidida por Elvira Rodríguez (en la imagen).

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Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

La Policía Nacional investiga el patrimonio de varios altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concretamente cinco, sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió las diligencias de investigación 45/2015 tras recibir un extenso informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Con el visto bueno de la Fiscalía, los agentes analizan ahora las cuentas, las viviendas, los vehículos y los depósitos bancarios de estos responsables de la CNMV. El objetivo es localizar una discrepancia entre sus ingresos oficiales y su patrimonio real; un enriquecimiento ilícito procedente de una fuente no declarada que avale la tesis del soborno. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al procedimiento, la medida es de especial interés para la causa, ya que de su resultado depende en gran medida que la investigación avanzada por la UDEF pase a una segunda fase con una denuncia formal de la Fiscalía.

A por los expedientes

El 27 de julio, la Policía Nacional se presentó en la sede de la CNMV y solicitó a su presidenta Elvira Rodríguez varios expedientes sancionadores abiertos por el organismo. El objetivo de la pesquisa es conocer de primera mano las distintas decisiones que se tomaron para retirar varias licencias, los informes técnicos que las avalaron y los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente firmaron las sanciones.

Estas y otras medidas, aprobadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, surgieron a consecuencia de una “propuesta de investigación” presentada por la UDEF antes de verano. El informe, de 178 páginas y siete anexos, se sustenta en las denuncias presentadas por varios afectados, declaraciones de testigos y el testimonio de ex trabajadores de la CNMV que confirmarían la manipulación de los expedientes sancionadores.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la denuncia policial pone el foco sobre cinco funcionarios concretos que forman o formaron parte de la plantilla de la CNMV. Cinco funcionarios relacionados con el departamento de inspección de entidades, el organismo que se encarga de fiscalizar tanto a las agencias de inversión como a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

El escrito presentado por la Policía Nacional ante la Fiscalía para dar pie a estas pesquisas explica que los funcionarios bajo sospecha pudieron cometer delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. La investigación patrimonial iniciada ahora se centra en confirmar o desmentir si alguno de los señalados se enriqueció de forma ilícita. Pero no arrojará luz sobre otras sospechas como la falsedad documental o las amenazas, basadas de forma indiciaria en la documentación y los testimonios recabados por la UDEF.

 

 

 

El PSOE ataca a Fernández Díaz por el “escándalo” de los SMS a Bárcenas

Antonio Hernando

El PSOE redobla la presión contra Jorge Fernández Díaz. Para el portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando, es un “escándalo” que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya enviado SMS de ánimo a Luis Bárcenas cuando ya estaba ya siendo investigado, según reconoció el propio extesorero y publica este jueves EL ESPAÑOL

Los socialistas redoblan la presión contra Jorge Fernández Díaz. Para su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, es un “escándalo” que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya enviado SMS de ánimo a Luis Bárcenas cuando ya estaba ya siendo investigado, según reconoció el propio extesorero y publica este jueves EL ESPAÑOL.

Hernando considera “un escándalo que el ministro del Interior hubiese mandado mensajes al señor Bárcenas. Si es el ministro de Interior el que está haciendo esas cosas, que es el que dirige la Policía y la Guardia Civil, estamos ante una situación muy grave de cara a la seguridad, que tiene que ser la de todos los españoles y no solamente de los amigos del ministro”, ha dicho ante la Fiscalía General del Estado al ser preguntado por este periódico y otros medios.

Jorge Fernández Díaz, que mantuvo un encuentro en la sede del Ministerio con Rodrigo Rato  -ex vicepresidente del Gobierno e imputado por el caso Bankia- comparecerá este viernes en el Congreso para dar explicaciones sobre contenido y la oportunidad de la cita. Sin embargo, lo conocido hasta ahora merece para el PSOE una denuncia contra el ministro ante la Fiscalía. El partido de Pedro Sánchez pretende judicializar así el caso al apreciar indicios de tres delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. El escrito reclama la declaración en sede judicial del propio ministro, de Rato y de funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

“Ni un minuto más como ministro”

En su redoblada presión al Gobierno, el PSOE ha considerado que Fernández Díaz “no debería de permanecer ni un minuto más al frente del Ministerio”, tanto si se confirma que incurrió en alguno de esos tres delitos como si arropó a Bárcenas en el momento en el que se investigaba su fortuna en Suiza.

“La corrupción es una prioridad política, social y es inaceptable” como para que Fernández Díaz se permita mandar SMS “a un corrupto”, algo que debería llevar a Mariano Rajoy a destituirlo “inmediatamente”, ha asegurado.

El Ministerio del Interior no ha tardado en reaccionar y ha amenazado con acciones legales por “denuncia falsa, injurias y calumnias”, según informa EFE. 

El PSOE no confía en las explicaciones que puede dar Fernández Díaz. Según recordó Hernando, el presidente del Gobierno advirtió el lunes de que de esa comparecencia no debe esperarse “nada particular”.

Ciberinformación privilegiada: cómo ganar 100 millones robando notas de prensa

La SEC destapa a un grupo de cibercriminales obtenía los resultados de empresas cotizadas antes de su publicación e invertía sobre seguro con la mejor información privilegiada: documentos oficiales.

Tenían información privilegiada de la mejor calidad. Han ‘crackeado’ Wall Street durante años, desde miles de kilómetros de distancia y han obtenido beneficios ilícitos por importe superior a los 100 millones de dólares invirtiendo en bolsa. Operaban desde Odessa, Kiev (Ucrania), Moscú (Rusia), Glenn Mills y Alpharetta, dos pequeñas ciudades de Pensilvania y Georgia en EEUU.

La banda, formada por un grupo de informáticos veinteañeros y veteranos traders, obtenía los resultados de empresas cotizadas antes de que fueran conocidos por el gran público e invertían a través de derivados financieros para aumentar su poder de inversión. La SEC, el supervisor bursátil de EEUU, los acaba de destapar y describe su operativa en el sumario de acusación de la Fiscalía de Nueva Jersey.

Durante cuatro años, el grupo pudo obtener hasta 100.000 documentos financieros de empresas antes de que se publicasen en la SEC. ¿Cómo? Infiltrándose en los sistemas informáticos de las agencias de comunicación que se dedican a distribuir esa información a analistas, inversores y periodistas.

Unos inversores demasiado buenos

Su modo de actuar era bien sencillo y sofisticado a la vez. Una vez obtenidos los datos y cotejados con las previsiones de los analistas para cada empresa invertían al alza (con opciones call) o a la baja (opciones put) aprovechando los bruscos movimientos de las acciones cada vez que actualizan al público la evolución de su negocio.

El objetivo de los informáticos malvados eran tres empresas: PRNewswire Association LLC, Marketwired y Business Wire, una empresa propiedad de Warren Buffett. Estas agencias reciben por adelantado los resultados de miles de empresas cotizadas en las Bolsas estadounidenses. Cuando subían los documentos a sus sistemas de distribución de contenidos, la banda conseguía la información y se la pasaban en el acto a los inversores de la organización.

Los traders operaban a través de brokers ‘online’ americanos como Ameritrade, Fidelity o eTrade desde EEUU, Rusia o Ucrania. Con los resultados en la mano les era fácil aprovechar las subidas o bajadas de valores con derivados financieros, que permiten apalancar la inversión y multiplicar los beneficios (o perdidas) obtenidas.

Pero ellos pisaban sobre seguro: como sabían los resultados de las empresas era como jugar a la lotería conociendo de antemano la combinación ganadora. La Fiscalía de Nueva Jersey ha levantado cargos de acusación contra una decena de personas entre las que se encuentra Vitaly Korchevsky, un financiero ruso con base en EEUU que había montado su propio fondo de inversión (NTS Capital) y que parece la figura más relevante de la trama.

Imagen: Elhombredenegro/Flickr 

La Fiscalía estudia imputar a Jaime Botín por contrabando tras sacar su ‘picasso’ de España

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El banquero Jaime Botín, ex presidente de Bankinter, podría enfrentarse a una acusación penal por contrabando tras sacar de España sin consentimiento un Picasso valorado en 26,2 millones de euros. El cuadro, de nombre “Cabeza de Mujer Joven”, fue localizado el pasado 4 de agosto en el barco que el financiero español tenía amarrado en el puerto de Calvi, en Córcega. El cuadro estaba envuelto y listo para ser enviado a Suiza.

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El banquero Jaime Botín, ex presidente de Bankinter, podría enfrentarse a una acusación penal por contrabando tras sacar de España sin consentimiento un Picasso valorado en 26,2 millones de euros. El cuadro, de nombre “Cabeza de Mujer Joven”, fue localizado el pasado 4 de agosto en el barco que el financiero español tenía amarrado en el puerto de Calvi, en Córcega. Según el servicio francés de aduanas, el lienzo, lejos de colgar en las paredes del yate, estaba envuelto y listo para ser enviado a Suiza. Sin embargo, sobre el cuadro pesa una prohibición expresa de exportación emitida por la Audiencia Nacional.

Según fuentes del caso, la Fiscalía valora ahora si sentar a Jaime Botín en el banquillo. La decisión jurídica tiene distintas interpretaciones; primero porque el banquero no se encontraba presente en el viaje que sacó el cuadro del país (sí estaba en el velero su hijo Alfonso, vicepresidente ejecutivo de Bankinter). Y segundo porque según las alegaciones presentadas ante en Tribunal Supremo por la defensa del financiero, el cuadro está oficialmente a nombre de una empresa panameña llamada Euroshipping Charter Company y barco -pese a estar anclado en Valencia- navega bajo bandera británica. Por lo tanto, nunca habría entrado realmente en territorio español.

Adiós al cuadro

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Jaime Botín.

El periplo del liezo se inició en diciembre de 2012, cuando la casa de subastas Christies solicitó permiso al Ministerio de Cultura para exportarlo a Londres, donde saldría a subasta. A dos días de terminar el año, la cartera de José Ignacio Wert declaró la obra como “inexportable”, en una decisión que los abogados de Botín recurrieron ante la Audiencia Nacional.

La Sección Sexta de lo Contencioso Administrativo, apoyada por los informes de Patrimonio Histórico, denegó de nuevo en 2013 el permiso para sacar el cuadro de España. Los expertos alegaron que  la obra “es una de las pocas realizadas por su autor dentro del denominado período de Gósol, etapa en la que Picasso se ve claramente influenciado por la plástica del arte ibérico”.

La prohibición de sacar el cuadro del país fue recurrida de nuevo por los letrados de Botín al Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado. Mientras, el Ministerio de Cultura reclamó explicaciones sobre la ubicación del Picasso. Según fuentes del caso, los expertos de Patrimonio realizaron  una pesquisa en el velero del ex presidente de Bankinter para comprobar el cuidado de la obra. Sin embargo, cuando acudieron al barco, el cuadro no estaba.

Juzgado en Pozuelo

Tras su investigación preliminar, Cultura contactó con la familia Botín para pedir explicaciones. “Explicaciones contradictorias que nos hicieron poner el caso en manos de la Justicia”, explican fuentes del caso. Los informes de Cultura pasaron a manos del equipo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Bajo el mandato de un juzgado de Pozuelo, donde reside el ex presidente de Bankinter, los agentes comenzaron a realizar pesquisas en mayo de este año para localizar el lienzo. Fue este grupo quien recibió la primera noticia de que la pintura había sido localizada en Francia.

El pasado viernes a las 13.00 de la mañana, los agentes de la Aduana francesa realizaron una revisión rutinaria en el velero Adix, amarrado en el puerto deportivo de Calvi, en Córcega. Sus sospechas arrancaron cuando los funcionarios localizaron el lienzo perfectamente embalado, y se confirmaron cuando el capitán del navío les confirmó que iba a ser enviado a Suiza. Sin embargo, no pudo aportar ningún permiso oficial para autorizar la venta.

Los funcionarios galos llamaron desde el mismo puerto a sus compañeros españoles, que se pusieron a su vez en contacto con el Ministerio de Cultura. Fueron los funcionarios de este ministerio quienes trasladaron los datos de la aduana francesa a la Guardia Civil en Madrid.  Ahora, y según informa el portal Infolibre, la fiscalía ha abierto un “expediente gubernativo”, es decir, una información interna para analizar el grado de  responsabilidad penal que pudieran tener tanto Jaime Botín como aquellos que participaron en el viaje para sacar el cuadro de España. “Si se le imputa algún delito, será el de contrabando”, confirman fuentes de la investigación. Según la normativa vigente,  en caso de ser condenado, el banquero se enfrentaría a un período de prisión y una posible multa de 104 millones de euros, cuatro veces el valor de la obra.

Entre la fe, los negocios y la política

cotinodibujo1Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó, el pasado otoño, a jubilarse como presidente de las Cortes Valencianas. Una jubilación poco decorosa a escasos meses de cumplir 65 años.

Ilustración: Tomás Serrano

Nunca se ha tenido por un político profesional, pese a que en los casi veinticinco últimos años ésa ha sido su principal actividad. Tampoco considera que haya hecho nada irregular, aunque su nombre aparece en varios sumarios de corrupción y ha acabado siendo arrastrado por el caso Gürtel. La certeza de que iba a ser imputado es lo que le llevó a jubilarse prematuramente como presidente de las Cortes Valencianas el otoño pasado, cuando quedaban sólo ocho meses para que se agotara la legislatura y tres para que cumpliera los 65 años. Un broche poco decoroso para una larga carrera política.

Desde muy pronto, Juan Cotino sintió tres vocaciones: la religiosa, la política y la empresarial. La primera le llevó a matrimoniarse con el Opus Dei, del que continúa siendo miembro activo; la segunda, a estrenarse con 29 años como concejal de su pueblo, en representación de la UCD de Adolfo Suárez; la tercera, a hacerse cargo de los negocios familiares, que fueron diversificándose a medida que escalaba en política, y de ellos el que más le sigue atrayendo es la agricultura.

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Ilustración: Tomás Serrano

Cotino jamás ha olvidado sus orígenes huertanos. Es un hombre feliz cuando se sube al tractor y recorre sus campos; otrora de naranjos, hoy de caquis. De ahí le viene un carácter llano y afable que le hace ser percibido como alguien cercano. La vieja casa familiar, su alquería de Xirivella, es su refugio y su orgullo. Es habitual verlo en el porche, ejerciendo de anfitrión, mientras cocina a leña una paella o un arroz caldoso para sus invitados. Esa casa ha sido centro de conciliábulos desde principios de los años 90, y en ella ha apadrinado a algunos de los políticos que han hecho carrera en el PP.

 

Ha sido Cotino la persona más cercana al defenestrado Francisco Camps en los últimos tiempos. Le apoyó, al principio, para que derrotase a los seguidores de Eduardo Zaplana y pudiera tener el control absoluto de la organización. Y al final, tras estallar el caso de los trajes, se volcó para que llegara entero al banquillo. Él mismo lo llevó en coche hasta la puerta del Tribunal en la primera sesión del juicio, con el propósito de insuflarle ánimo y que no se derrumbara. Ese apoyo le legitimó, ante un sector del partido, para gestionar los resortes del poder que hasta entonces había manejado Camps. Premeditado o no, se convirtió así en uno de sus herederos frente a alguien que, como Alberto Fabra, había sido impuesto por la dirección nacional para hacer borrón y cuenta nueva.

Entró de lleno en política en 1991 al ser designado por Rita Barberá concejal de Policía y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia. Era la primera vez que una concejalía unificaba las competencias en materia de seguridad y de ayuda a los desfavorecidos, lo cual habla mucho de la personalidad de Cotino: un hombre conservador, amante del orden, y una persona caritativa, benefactora, con una idea probablemente trasnochada de lo que debe ser ayudar a los demás. En su etapa de concejal y también de conseller del Gobierno valenciano se le ha visto al volante de una furgoneta repartiendo alimentos en asilos y comedores sociales regentados por órdenes religiosas.

Jefe de la Policía con tres ministros

Fue él quien implantó en Valencia la “Policía de barrio” con la idea de que los ciudadanos debían de conocer al agente que prestaba servicio en su calle de la misma manera que conocían a su médico de cabecera. Eso, y la amistad fraguada con Jaime Mayor Oreja cuando ambos coincidieron en el Partido Demócrata Popular antes de integrarse en el PP, le abrieron el camino para ser nombrado director general de la Policía por el primer Gobierno de Aznar. Cotino ha manifestado que ese año, 1996, dejó de ocupar cargos en el consejo de administración de la empresa familiar y vendió la mayoría de sus acciones. Del resto, asegura que se deshizo en 2007, cuando fue nombrado conseller de Bienestar Social.

Estuvo seis años en Madrid con tres ministros del Interior: Mayor, Rajoy y Acebes. Él mismo solicitó en varias ocasiones que le dejaran volver a Valencia porque quería cuidar de su madre, enferma. Lo nombraron delegado del Gobierno. El cargo le iba como anillo al dedo, pero la derrota del PP en las generales de 2004 forzó su relevo. Fue entonces cuando Camps lo reclamó para el Gobierno valenciano, donde acabó ocupando sucesivamente las carteras de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. Llegó a ser vicepresidente antes de pasar, ya en 2011, a presidir el Parlamento autonómico; el más desprestigiado de la historia, tras haber albergado a una decena de imputados en sus bancos. La acumulación de poder le dio la oportunidad de repartir cargos entre las personas de su entorno y su mano se adivina tras la confección de varias candidaturas de municipios del área metropolitana de Valencia, el territorio que mejor conoce y domina.

La condición de máximo referente del sector cristiano del PP lo convirtió en una de las piezas de caza favoritas para la izquierda, hubiera o no razón para ello. Pero la oposición era incapaz no ya de acabar con la hegemonía, sino de hacer mella siquiera en un partido que parecía eternizarse en el poder. Seguramente fue esa sensación de impunidad, el sentirse intocables, lo que llevó a algunos a confundir la Administración con una finca particular.

La estrella de Cotino empezó a declinar cuando su nombre apareció salpicando las páginas de varios sumarios judiciales, desde Brugal, a Gürtel, pasando por el caso Bárcenas; la prueba, para la oposición, de que él era el denominador común de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Ruz le llamó a declarar como testigo porque su nombre estaba en las notas de Bárcenas. Según el ex tesorero del PP, el 11 de marzo de 2004, día de los atentados islamistas en Madrid, había acudido a la sede del partido en la calle Génova para entregar 200.000 euros en nombre de una empresa administrada por su sobrino. Cotino lo negó tajantemente. Su sobrino Vicente está imputado.

Las residencias de la tercera edad

La denuncia de Esquerra Unida por las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a residencias de la tercera edad que gestiona Sedesa, sociedad de la familia de Cotino, llevó a la Fiscalía a abrir una investigación. El político, que no ha sido imputado por ahora, ha defendido su proceder en este asunto. Alega que vendió en su momento las acciones que tenía y que nunca benefició a la empresa.

El último disgusto en el ámbito judicial se lo llevó el pasado mes de abril, cuando la Fiscalía denunció que Bancaja, en la época en la que estaba controlada por el PP, concedió irregularmente créditos por valor de 35 millones de euros a Share Capital, otra sociedad vinculada a su familia, para comprar inmuebles en Europa del Este.

Entre tanto, han ido haciéndose públicas grabaciones incluidas en los sumarios judiciales en las que se traslada una imagen de Cotino como contacto privilegiado para desbloquear o conseguir contrataciones de la Administración. En una de ellas se escucha a Vicente Cotino asegurar con rotundidad a su interlocutor que su tío mediaría a la hora de lograr favores. El propio Cotino ha tenido que salir a defenderse: “He metido la pata en muchas cosas pero nunca he metido la mano”.

Con todo, han sido dos los casos que han martirizado especialmente a Juan Cotino. El primero tiene que ver con el amaño de los contratos para retransmitir la visita que Benedicto XVI hizo a Valencia en 2006. Aunque es cierto que él no tenía competencias ni en la organización del viaje del Pontífice ni en las contrataciones efectuadas al efecto, hay testigos que confirman que participó en las reuniones clave y que era la persona que “llevaba la batuta”. Más aún: según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, Cotino, que siempre ha dicho que se limitó a ser un “voluntario más”, era en realidad el “elemento nuclear” y la persona que “tomaba las decisiones políticas”. El juez lo imputó en noviembre.

El accidente del metro de Valencia

Para Cotino, el otro asunto más doloroso ha sido la acusación de algunas de las víctimas del accidente del metro de Valencia, el fatídico descarrilamiento ocurrido en 2006 en el que murieron 43 personas. Se le ha echado en cara que intentara convencer a los familiares de que desistieran de acudir a los tribunales ofreciéndoles a cambio ayuda económica y puestos de trabajo. Cotino, que era conseller de Agricultura en aquel momento, ha defendido que se limitó a tratar de consolar a las víctimas y a sus familiares en medio de la tragedia, y que ofreció cosas como “un cambio de escolarización de un niño, cuestiones de tipo laboral, de acceso a vivienda o el ingreso en alguna residencia de una persona mayor”, pero siempre llevado por un sentimiento de solidaridad y jamás con la idea de comprar su silencio.

 

 

 

La prueba de que este episodio le dejó completamente noqueado quedó reflejada en su comportamiento ante las cámaras de Salvados, cuando Jordi Évole intentó arrancarle unas valoraciones y fue incapaz de dar la cara, escabullándose en una actitud impropia de un responsable público.

 

 

 

Cotino ha cambiado. Se ha dejado barba, al estilo de Jaime Mayor Oreja, que luce, como éste, completamente blanca. Ha adelgazado, parece que por salud. Dicen que conserva su espíritu jovial, el mismo que le llevó a meter una vaca en una edificio de la Generalitat para protestar contra la política agrícola y ganadera en tiempos del socialista Joan Lerma, o, más recientemente, a colocar bien visible, sobre su mesa de las Cortes, un crucifijo para que presidiese la constitución del Parlamento valenciano, a sabiendas de cómo soliviantaría a la oposición.

Quienes lo conocen ponen la mano en el fuego por él. Aseguran que hasta hoy no ha sido acusado de desviar dinero en su beneficio. Pero si se demuestra que utilizó como testaferros a su hermano y a su sobrino para ocultar fondos de inversión, su imagen quedaría muy tocada. “Nada desear, nada pedir, nada rehusar”, es la máxima de san Francisco de Sales que, según ha confesado, ha intentado que fuera su guía. Pero aquí, la última palabra, la tienen los jueces.

Los Sumarroca ofrecieron 1,5 millones de euros de fianza para evitar la prisión

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Un millón y medio de euros como gesto para evitar la cárcel. Esa fue la oferta que los abogados de la familia Sumarroca pusieron sobre la mesa tras la detención, el pasado 24 de julio, de tres miembros del clan familiar en el marco de la Operación Petrum. No funcionó. El juez consideró que existía riesgo de fuga sobre Jordi Sumarroca (en la foto), hijo del fundador de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y decidió ingresarle en prisión preventiva sin fianza.

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Jordi Sumarroca Claverol.

Un millón y medio de euros a cambio de no ir a prisión. Esa fue la oferta que los abogados de la familia Sumarroca pusieron sobre la mesa tras la detención, el pasado 24 de julio, de tres miembros del clan familiar en el marco de la Operación Petrum. Jordi Sumarroca Claverol, consejero delegado de Teyco, su prima Susana y el padre de esta, Joaquim Sumarroca, fueron detenidos por la Guardia Civil  y acusados de pagar fuertes comisiones al ex alcalde de Torredembarra (Tarragona). Unas mordidas entregadas según la investigación de la Guardia Civil a cambio de contratos de obra pública.

Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, el clan de los Sumarroca -fundadores junto a la familia Pujol de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC),- abonó en dos años 1,43 millones de euros al entonces primer edil de Torredembarra, Daniel Masagué, ahora detenido. Por eso, los abogados de la familia se ofrecieron a depositar una cuantía similar -millón y medio de euros- a cambio de que los tres acusados no pisaran la cárcel. No funcionó.

El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, encargado del caso, decretó la prisión provisional para Jordi Sumarroca Claverol, hijo del fundador de CDC y máximo responsable de Teyco, la mercantil investigada. Tras más de un año de pesquisas y con una imputación formal sobre sus espaldas, Jordi Sumarroca está acusado de presuntos delitos contra la administración pública, blanqueo de dinero y organización criminal.

Prisión por riesgo de fuga

Tras la segunda fase de la operación, sucedida la pasada semana, la Guardia Civil se centra en confirmar el flujo de dinero entre las empresas de la familia Sumarroca  y dos sociedades del ex alcalde de CiU: una panadería llamada Maes Flequers i Pastissers y una inmobiliaria llamada Daloi. Un dinero que cambió de manos entre diciembre de 2011 y agosto de 2013. A la prisión preventiva decretada para el hijo de Carles Sumarroca se une la retirada de pasaporte para sus dos familiares, Susana y Joaquim Sumarroca, decretada por el juzgado encargado de la instrucción.

En el caso de Jordi Sumarroca, pese a su disposición a ingresar 1,5 millones de euros de fianza, el juez atendió la petición de prisión provisional solicitada por la fiscalía ante un posible riesgo de fuga.

Los tres miembros de la familia Sumarroca detenidos el pasado viernes han pasado a engordar la lista de imputados de la causa, que cuenta ya con el ex alcalde de Torredembarra y otros seis ediles de distinto signo político.

No es la primera vez que la Guardia Civil registra las oficinas de Teyco. El pasado verano, agentes de instituto armado realizaron ya un primer registro en las instalaciones de la empresa mercantil que el clan tiene en Barcelona. Ahora, los registros se han centrado también en la vivienda barcelonesa de Jordi Sumarroca, donde la Guardia Civil se incautó de distinta documentación y realizó una copia de todos los dispositivos informáticos.

 

 

 

 

La policía investiga la existencia de una trama corrupta en el seno de la CNMV

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La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo -presidido por la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la foto)- encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

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Elvira Rodríguez con Cristobal Montero y Luis de Guindos.

La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido ya a la Fiscalía un extenso informe, a cuyo contenido ha tenido acceso EL ESPAÑOL, donde detalla las supuestas actividades delictivas de la red, que se dedicaría a la extorsión y estaría integrada por varios funcionarios de alto nivel contratados desde hace años por el organismo público.

La “propuesta de investigación”, elaborada por la Policía Judicial dispone de 178 páginas y está sustentada en los testimonios de ex trabajadores de la propia CNMV así como en declaraciones de testigos y denuncias de varios afectados por las maniobras de esta red.

Las diligencias policiales constan además de siete anexos documentales y ponen el foco sobre cinco cargos del órgano regulador. Los investigados están -o han estado hasta su marcha de la CNMV- adscritos a uno de los departamentos más sensibles para el mercado financiero español: la supervisión de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) y las agencias de valores. Esto es, las firmas utilizadas por miles de grandes y pequeños inversores para canalizar su dinero.

Nuevas diligencias

El informe policial, rubricado hace ahora casi un mes, fue remitido para su estudio directamente desde la Comisaría General de la Policía Judicial al Ministerio Público para que determine si existe una base delictiva sólida para que la investigación prospere. Este procedimiento fue registrado por la Fiscalía con el número de diligencias 45/2015. 

Desde entonces el fiscal de la Audiencia Nacional que ha asumido las pesquisas ha solicitado a la CNMV, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez, la remisión de varios expedientes sancionadores citados en el informe de la Policía Judicial para comprobar si de alguna forma fueron manipulados. A juicio de los investigadores, los integrantes de la presunta trama pudieron incurrir con su conducta en delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada; un reguero de delitos que la fiscalía de la Audiencia Nacional se esfuerza en confirmar de forma indiciaria antes de presentar o no su denuncia y trasladar el caso a un juzgado de instrucción.

Discreción

La investigación del caso se desarrolla desde hace meses en un absoluto secreto. Una discreción obligada tanto por las exigencias propias de cualquier investigación policial como por la sensibilidad estratégica de la institución investigada. En los últimos años, la CNMV se ha visto cuestionada en decisiones como la aprobación de las emisiones de acciones preferentes por parte de las cajas de ahorros -que afectó a 700.000  inversores minoritarios-, y criticada por su falta de control frente a escándalos como el del caso Gowex, la empresa cotizada que estalló el pasado año tras falsear sus beneficios cuatro años consecutivos.