Extranjeros por la independencia

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Una ‘tupamara’ uruguaya, una abogada griega y un ilustrador griego han creado una asociación independentista al margen de la ANC. Reivindican un independentismo distinto y dicen que la secesión traerá “menos paro” y “papeles para todos”.

Reportaje gráfico: David López Frías

Una ‘tupamara’ uruguaya, una abogada brasileña y un ilustrador griego han creado una asociación independentista al margen de la ANC. Reivindican un independentismo distinto y dicen que la secesión traerá “menos paro” y “papeles para todos”.

“Dicen que a los catalanes nos van a expulsar de la Unión Europea, del euro, del BCE, del FMI, de la ONU y hasta de la Liga. ¡Cojones! ¡Qué mala suerte! ¡Nos van a echar de todos lados menos de España!”.

Lo dice Ana Surra, que nació en Montevideo hace 63 años. Es uruguaya pero lleva once años en Barcelona, se siente catalana, se declara independentista y ejerce como tal. Figura en el número 47 de la lista de Junts pel Sí y es una de las fundadoras de Sí amb Nosaltres, una de las entidades que aglutinan a independentistas nacidos fuera de España. “Cada vez somos más los inmigrantes que nos damos cuenta de que no queremos seguir ni un minuto más gobernados por un Gobierno represivo y de derechas como el del Estado español”.

Surra vive en la zona barcelonesa de Nou Barris. Fue dirigente sindical, guerrillera y miembro del aparato militar de los tupamaros en Uruguay. Huyó de su país en 1975 después de un golpe de Estado y se instaló enValparaíso (Chile), donde se puso a trabajar para los pirquineros, los mineros más pobres del país. “Mi labor era alfabetizarlos peri también formación militar”, recuerda. Allí escapó de otra dictadura (la de Pinochet) y llegó a Panamá. De Centroamérica dio el salto a Europa. Primero a Bélgica, luego a Francia y por fin a Barcelona. “Llegué a Cataluña por un hombre”, dice con gracia. “Concretamente por mi nieto. Mi hijo se casó con una cubana que consiguió trabajo en Barcelona. Me instalé aquí para poder ver al niño”.

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Aquí Surra se ha integrado tanto que ahora centra sus objetivos en contribuir a que Cataluña se separe de España. “La independencia no es un anhelo exclusivo de los catalanes arraigados sino de todas las personas que vivimos en esta tierra y estamos hartos de las políticas del Gobierno español”, explica. “Somos 285.000 inmigrantes y cada día aumenta el número de los que nos hemos cansado”.

La asociación Sí amb Nosaltres nació una tarde en la que Ana Surra estaba viendo la tele. “Escuché a varios políticos de Madrid diciendo que en Catalunya no nos iban a dejar hablar castellano y me dije que eso era mentira”, explica. “Llevo más de 10 años aquí y nunca he tenido ningún problema con el idioma”.

Aquella indignación le llevó a comenzar a militar en la causa soberanista: “Empecé a asistir a actos de Súmate pero allí me dijeron que aquella era una entidad independentista para gente del resto de España. Al poco tiempo me propusieron montar un grupo que aglutinase a inmigrantes independentistas como yo”. De ahí pasó a organizar una primera reunión a la que asistieron personas de varias partes del mundo: “Había gente de Irlanda, Alemania, Rumanía, Uruguay, Paraguay, Argentina…”.

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Una abogada brasileña

En aquel primer encuentro estaba también la abogada brasileña Maria Dantas (Aracajú, 1969). Dantas fue una de las fundadoras de la asociación sectorial de inmigración de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) pero acabó abandonando la entidad. “Les respetamos mucho y a menudo trabajamos juntos, pero no nos vimos plenamente representados y decidimos marcharnos para formar una entidad aparte”, aclara. Los planteamientos de ambas entidades difieren en detalles fundamentales. “Nosotros no hablamos de la Guerra dels Segadors ni de 1714 ni de la Secesión ni de las guerras borbónicas ni de la cuestión nacionalista histórica”, subraya Dantas. “La nuestra es una reivindicación mucho más actual por los derechos civiles, la justicia social y la democracia”.

El grupo lo forman sobre todo personas de Europa y Latinoamérica. Lo definen como plural y heterogéneo: “No hay un pensamiento único. Es una señal de salud democrática. Hay gente de izquierdas y de derechas. Yo celebro el abrazo entre David Fernández (CUP) y Artur Mas (CDC) porque creo que no fue el abrazo entre dos políticos de ideologías opuestas sino entre dos seres humanos con un anhelo común: la independencia”, explica María, que no desvela por quién de los dos votará.

“Igual no te voto”, le vacila a Ana Surra, que encaja bien el golpe: “Mi nieto me dice lo mismo porque no le gusta Artur Mas. Ha heredado el espíritu izquierdista de su abuela”, dice.

“En realidad el objetivo final debe ser quemar las banderas y construir un estado democrático y social”, explica Yorgos Konstantinou (Salónica, 1967). Este dibujante e ilustrador griego es otro de los miembros de Sí amb Nosaltres”. Se considera una persona de izquierdas y asegura que quiere romper con España “entre otras cosas porque quiero deshacerme de un estado que tiene raíces franquistas y una monarquía impuesta por un dictador”.

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El griego habla euskera

Konstantinou residió en el Berlín comunista durante los años 80. Allí colaboraba con el extinto semanario cultural Sonntag y vivió la caída del muro. Añorando la vida en el sur de Europa, se instaló en el País Vasco en 1995. “Lo primero que presencié al llegar a Bilbao fue una gran manifestación de vascos de todos los estratos sociales. Había jóvenes, ancianos, anarquistas, madres, punkis y niños con sus abuelos. Al día siguiente compré el diario El País para informarme de lo que había pasado. Lo único que publicó ese periódico fue que unos encapuchados habían quemado una bandera española en el ayuntamiento. Yo no me percaté de ese suceso, pero sí que vi que El País estaba obviando a 10.000 personas que habían salido a la calle. Ahí empecé a simpatizar con las causas independentistas de la Península”.

“España está utilizando el discurso del miedo para afrontar el problema de Cataluña”, dice Konstantinou. “Y si el miedo debe ser el motor de nuestras decisiones, apaga y vámonos”.

Los independentistas foráneos discrepan en las metáforas. El griego cree que la relación entre España y Cataluña es como “una pareja que no funciona”: “El miedo nunca va a ser la solución para recuperar ese cariño o esa confianza”. Ana Surra es mucho más dura y la compara a “una violación en la que el violador se queda en tu casa y te dice que no vas a poder hacer tu vida. Yo lo que quiero es que el violador se vaya ya”.

“Lo que ocurre es que ahora somos más y el violador está acorralado”, concluye la brasileña Maria Dantas.

En esta línea, Surra asegura que no se cree las amenazas que usan en España y en Europa para amedrentarnos. “¿Cómo nos van a echar del euro? En Sudamérica hay dos países, Panamá y Ecuador, en los que circula el dólar como moneda oficial. Aquí se podría usar el euro sin problemas”. Konstantinou recurre a los dos ejemplos europeos: “Kosovo y Montenegro utilizan el euro sin estar dentro del eurogrupo. En Cataluña no tendría por qué ser distinto”.

Sobre la hipotética salida de Cataluña de la Unión Europea, Ana Surra recurre a la historia de su país: “Hace doscientos años que Uruguay dejó de estar bajo el dominio español ¡Y el país no se quedó flotando en el espacio sideral! Permaneció donde estaba. Pudimos hacer nuestras propias leyes y un banco central que controla al resto. En Cataluña va a pasar lo mismo”.

Tampoco les ha provocado miedo la reciente declaración de los bancos catalanes que han amenazado con marcharse si llega a cristalizar la independencia. “En tres días 600.000 personas sacamos todo nuestro dinero de esas entidades y lo metemos en la Caixa d’Enginyers. Son los bancos los que deben teneros miedo y no nosotros a ellos”, sentencia Konstantinou.

Papeles para todos

Ana Surra enumera tres motivos fundamentales que un extranjero tiene para apoyar la independencia: “El trabajo, los papeles y la dignidad”.

“En cuanto acabe el expolio económico español, habrá más trabajo en Catalunya y los inmigrantes saldremos beneficiados”, dice Surra. Sobre los papeles, opina que las políticas de Madrid en ese sentido son injustas y subjetivas.

“Hay gente que pasa muchos años sin obtener el permiso de residencia”, dice la uruguaya. “Otros llegan, se compran una casa de 500.000 euros y tienen la residencia al día siguiente. En ese sentido, los partidos independentistas ya nos han asegurado que catalán será el que resida en Cataluña. Está escrito en la hoja de ruta de ERC y en su momento en la de CiU. También lo reflejan así desde la CUP. Por eso le decimos a todos los inmigrantes que con la independencia van a tener papeles pero que para ello deben seguir con nosotros organizados”.

Los miembros de Sí amb Nosaltres auguran un futuro brillante para los extranjeros en una hipotética república catalana. “Entre todos los inmigrantes hablamos 268 lenguas y eso será muy positivo para las relaciones diplomáticas y comerciales con los otros países”, dice Surra, que no habla catalán. “Seremos el único estado que pueda relacionarse con la diplomacia de las otras naciones en su idioma y de eso tendremos gran parte de responsabilidad los nuevos catalanes”.

Quienes sí hablan catalán son Maria Dantas y Yorgos Konstantinou. El griego también habla español, inglés, alemán, italiano, holandés, polaco y algo de euskera. “Cuando llegué a Bilbao, me propuse aprender tres palabras al día. A los seis meses ya podía mantener una conversación más o menos fluida con los vascos. Como un indio, sí. Pero un indio que habla euskera. Ésa fue una de las grandes diferencias que encontré en cuanto llegué Cataluña. Aquí cambian el idioma de forma automática en cuanto ven que eres extranjero. Enseguida se dirigen a ti en español. Este complejo debe cambiar en una Cataluña independiente”.

Los tres consideran que es demasiado tarde para el federalismo. “La tercera vía no tuvo éxito en la consulta del 9-N”, recuerda Surra. “España aún podría ganar muchos votos si hiciese un ejercicio de humildad, intentase convencernos y reconociese errores”, dice su colega griego.

“Tampoco le estamos pidiendo tanto a España. Sólo que haga lo mismo que hizo el “derechón Cameron en Inglaterra con Escocia y nos deje decidir”, ruega Dantas, que se niega a elogiar aquel proceso: “Lo que pasó simplemente fue un síntoma de normalidad democrática. No envidiamos aquel proceso. Cameron no es ningún santo. Lo único que hizo es respetar la normalidad y la ley. Es lo que le reclamamos a España”.

Konstantinou asiente: “Que no nos traten como a adolescentes y que al menos nos dejen soñar”.

El único precedente para Cataluña es Kosovo

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Desde la II Guerra Mundial se han celebrado casi 50 referéndums separatistas en el mundo. El planteamiento catalán de convertir las elecciones autonómicas en un voto de facto sobre la independencia sólo tiene un precedente: Kosovo.

Desde la II Guerra Mundial se han celebrado casi 50 referéndums separatistas en el mundo. El planteamiento catalán de convertir las elecciones autonómicas en un voto de facto sobre la independencia sólo tiene un precedente: Kosovo.

El 8 de abril de 1933, el estado de Australia Occidental votó mayoritariamente a favor de independizarse del resto del país en un referéndum. Las autoridades locales enviaron el resultado al Gobierno central y el Parlamento británico para iniciar la secesión. Fueron ignorados. La ley australiana no contemplaba la ruptura de una parte de su territorio.

Antes de la II Guerra Mundial (1939-1945), apenas hay constancia de un puñado de ejemplos como el de Australia o Texas, en Estados Unidos, que fracasaron en el intento de conquistar la independencia por las urnas. Después de la guerra y la consolidación de los sistemas democráticos, se han celebrado hasta el momento casi 50 plebiscitos de independencia. El último de ellos en Escocia el año pasado. Son 27 los países que han nacido gracias al voto directo. Algunos de ellos forzaron la declaración unilateral tras la negativa de sus respectivos gobiernos federales a reconocer el resultado de las consultas  El resto no lo logró porque perdieron, no alcanzaron la mayoría cualificada o simplemente se quedaron sin la bendición de la comunidad internacional. 

El planteamiento catalán de convertir unas elecciones autonómicas en un voto de facto sobre la independencia sólo tiene el precedente de Kosovo. La región balcánica utilizó el Parlamento surgido de las urnas para declarar su independencia unilateral en febrero del 2008. Las elecciones se celebraron en noviembre del 2007. La lista del guerrillero Hashim Thaçi ganó con el 35% de las papeletas. España, que sabe lo que tiene en casa, nunca ha reconocido a Kosovo.

Las diferencias entre Kosovo y Cataluña son demasiado evidentes”, dice Matthew Qvortrup Yorgos Konstantinou, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Coventry, en el Reino Unido. “El Parlamento invocó un viejo referéndum de 1991. Fue la única salida que encontró la comunidad internacional a una guerra con centenares de miles de muertos”.

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Problema legal y político

Qvortrup es uno de los mayores expertos del mundo en el estudio de los procesos secesionistas. En su opinión, la fórmula de elecciones plebiscitarias de Artur Mas y Esquerra Republicana plantea un problema legal y otro político. El legal es que la Constitución española no reconoce ese escenario. Y la Unión Europea, con demasiados fuegos que apagar, no se va a revolver contra la legalidad de un estado miembro. El político es que la anunciada victoria del separatismo que proyectan las encuestas, sea o no con mayoría absoluta, no puede ignorarse.

Cuando los estados son incapaces de encontrar una solución equilibrada en lo legal y lo político, el conflicto termina en guerra”, explica. “No estoy diciendo que sea el caso de Cataluña, pero la historia demuestra que siempre ha sido así”.

Qvortrup asegura que la campaña catalana ha sido un espejo de la del referéndum escocés. Los discursos se han centrado en los beneficios económicos, o no, de la independencia y la permanencia en Europa. Pero el profesor defiende que el caso español guarda más similitudes con el canadiense que con el británico. La victoria del nacionalismo de Quebec en unas elecciones que se plantearon casi como un plebiscito en 1976 forzó la reforma de la Constitución de Canadá. Quebec pudo celebrar el referéndum de independencia en 1980. El independentismo perdió y volvió a caer en un segundo referéndum en 1995.

Ganar un referéndum de independencia en circunstancias de estabilidad política como las que vive España es muy complicado”, asegura. “Lo que pasó en Quebec y en Escocia el año pasado demuestra que hacen falta algo más que promesas económicas para ganar el respaldo de la sociedad”.

Qvortrup ha estudiado los patrones del separatismo desde que Islandia se independizara de Dinamarca en 1944. En los países democráticos, los referendos secesionistas han logrado siempre una alta participación (un 79% de media. Cuando ha ganado el , el respaldo ha alcanzado una media del 62% de los votos.

La URSS y Yugoslavia

Durante los últimos  70 años, dos grandes oleadas han alterado las fronteras del mundo. La primera comienza con la descolonización de África después de la guerra. La vía democrática demostró su eficacia en casos como el de Argelia y Francia. El referéndum de autodeterminación argelino fue parte de los acuerdos de Evian en 1962, que acabaron con ocho años de guerra. La segunda oleada se enmarca en la caída soviética primero y el conflicto yugoslavo, después. La negativa de los gobiernos federales a aceptar el resultado de los plebiscitos favoreció el recurso de la ruptura unilateral.

Todas las repúblicas soviéticas y las yugoslavas nacieron con declaraciones unilaterales de independencia más o menos respaldadas en las urnas”, dice. “Pero eran circunstancias diferentes. En el caso yugoslavo, por ejemplo, sangrientas. Y en el ruso, vinculadas a la caída del muro de Berlín y a los acontecimientos que se sucedieron”.

El impacto de la guerra en los Balcanes enfrió el espíritu secesionista. Según Qvortrup, las tensiones independentistas, sobre todo en Occidente, son residuales. Movimientos tradicionales como el de los flamencos belgas han aparcado su reivindicación histórica de un país en el que viven al margen de sus compatriotas francófonos. Pero hay excepciones. El divorcio amistoso de la República Checa y Eslovaquia en 1993 es uno de ellos. También el reciente caso de Crimea, que en realidad votó la anexión a Rusia.

Las posibilidades de éxito del separatismo catalán son escasas a corto plazo, según este profesor. Pero advierte de un hito cercano en el tiempo que podría generar una tercera oleada independentista.

Si el Reino Unido decide abandonar la Unión Europea en el referéndum previsto antes de 2017, estoy convencido de que Escocia volverá a votar con muchas posibilidades de respaldar la escisión”, dice. “Esto podría activar referendos en Cataluña y otras regiones”.

Por qué el independentismo se ha triplicado en Cataluña en la última década

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Los catalanes que quieren una Cataluña independiente se han multiplicado por tres y en las próximas elecciones del 27 de septiembre las candidaturas abiertamente independentistas aspiran a ocupar la mayoría de los escaños del Parlamento Catalán. ¿Qué hay detrás de este crecimiento espectacular? 

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Durante los últimos años, el independentismo en Cataluña ha experimentado un crecimiento indiscutible. Un movimiento que apenas era capaz de reunir unos pocos miles de incondicionales ha logrado realizar, en pocos años, manifestaciones multitudinarias que han dado la vuelta al mundo. Los catalanes que quieren una Cataluña independiente se han multiplicado por tres y en las próximas elecciones del 27 de septiembre las candidaturas abiertamente independentistas aspiran a ocupar la mayoría de los escaños del Parlamento Catalán. ¿Qué hay detrás de este crecimiento espectacular?

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No se puede descartar que la principal razón del independentismo de Artur Mas sea mantener su influencia política y la de su partido. En las recientes elecciones autonómicas de mayo, sólo dos de los 13 presidentes autonómicos revalidaron la presidencia. Ocurrió en Murcia y en Castilla y León, cuyos presidentes estaban muy por encima del 31 % cosechado por Artur Mas en 2012 e incluso del 38% alcanzado en 2010.

La gestión política de la crisis económica pasa factura, más aún cuando el partido está salpicado por la corrupción por los cuatro costados: Palau, ITV, Adigsa o la confesión de Pujol. Con este panorama, se antoja difícil imaginar que Mas y Convergència hubieran podido seguir gobernando Cataluña sin su reciente conversión al independentismo.

Ahora bien, las razones por las que tantos catalanes apoyan hoy la independencia no pueden confundirse con las de una elite política. Con tal de minimizar el fenómeno independentista, algunos prefieren pensar que se trata de un montaje del president y de TV3. A pesar de que la televisión pública catalana no es un ejemplo de neutralidad y de las innegables aptitudes políticas de Mas, cada ciudadano forma autónomamente sus razones para ser o no ser independentista. Conviene, por tanto, entender esas razones.

Las razones de cada independentista para apoyar un estado catalán son distintas. Además, cada independentista puede tener más de una razón para serlo e incluso alguna razón para no serlo. Hay razones de carácter identitario (quienes no se sienten españoles), razones de carácter instrumental (quienes creen que con la independencia vivirían mejor) e incluso razones de carácter estratégico (quienes apoyan la independencia como una amenaza para lograr mayor autonomía y recursos económicos para Cataluña).

El primer elemento que debemos tener en cuenta es que el independentismo no ha aumentado de forma homogénea entre quienes tienen distintos sentimientos de pertenencia. Sólo ha aumentado significativamente entre quienes se sienten más catalanes que españoles o exclusivamente catalanes. Por norma general, una preeminencia de la identidad catalana parece ser condición necesaria aunque no suficiente a la hora de adoptar actitudes independentistas.

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Sin embargo, la identidad nacional no es algo inmutable. Los catalanes que se sienten sólo catalanes o más catalanes que españoles han experimentado un aumento en los últimos años en detrimento, principalmente, de los que se consideraban tan catalanes como españoles. Es difícil predecir qué puede explicar tales cambios. Pero es probable que los debates surgidos a raíz de la reforma del Estatut cambiaran la perspectiva de algunos catalanes que hasta el momento se habían sentido cómodos con la doble identidad.

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Más allá de la identidad, otro factor a tener en cuenta son las perspectivas que los catalanes tienen de un hipotético estado independiente. El movimiento independentista durante los últimos años ha puesto especial énfasis en los beneficios económicos que tendrían los catalanes en una Cataluña independiente. El razonamiento es meridianamente simple: puesto que Cataluña aporta más a España de lo que recibe, una Cataluña independiente dispondría de mayores recursos y con estos recursos podría invertir más en servicios sociales para los catalanes.

Esta perspectiva, sin embargo, no está exenta de motivos identitarios. Si una Cataluña independiente dispondría de más recursos, es muy difícil argumentar que una España sin Cataluña no dispondría de menos. La identidad nacional y las perspectivas de la independencia no son ortogonales porque la identidad construye el sujeto sobre el que calcular los beneficios económicos de la independencia. Dejando de lado consideraciones de solidaridad, a mayor identidad catalana, menor importancia tiene el efecto de la independencia sobre el resto de España y viceversa. En realidad, incluso cuando se habla de los beneficios económicos de la independencia se está hablando de identidades.

Es difícil saber cómo acabará esta historia. Los votantes sólo consideran relevante la identidad cuando puede ser movilizada para conseguir objetivos políticos y económicos. La incapacidad de los partidos tradicionales y sobre todo de la socialdemocracia europea para dar respuesta a las necesidades sociales en los peores años de la crisis ha hecho más atractivas otras alternativas políticas. El independentismo mantendrá su salud mientras no haya una alternativa política que dé una respuesta más convincente a las necesidades de los catalanes.

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Un suflé muy resistente: tres razones que explican por qué no se desinfla el independentismo catalán

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Hay razones para pensar que el cambio que hemos observado en los últimos años se ha ido consolidando. El independentismo no parece ir en camino de lograr una supermayoría en la opinión pública catalana. Pero tampoco es probable que se retraiga a los niveles previos al proceso soberanista. ¿En qué se sustenta este nuevo equilibrio? ¿Qué nos lleva a pensar que estamos en una fase de relativa consolidación de posiciones?

El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat empezó a preguntar a los catalanes en 2005 si preferían un estado independiente frente a otras opciones como el federalismo, la autonomía o un sistema regional. Entonces el porcentaje de ciudadanos que preferían la independencia rondaba el 13%. Diez años después, se sitúa alrededor del 40%. En estos años se han producido fuertes turbulencias en la opinión pública catalana, que se ha movido en distintas direcciones contribuyendo decisivamente a una transformación profunda del sistema catalán de partidos.

Sin embargo, al menos en lo que al apoyo a la independencia se refiere, parece que la fase de los grandes movimientos ya pasó. Desde principios de 2013, entramos en una fase de estabilización de la opinión pública, seguida de un moderado descenso de las preferencias independentistas. El desgaste del independentismo, que podemos cifrar en unos cinco puntos desde su nivel máximo de 2013, en ningún caso parece que tenga que devolver las cosas al punto de partida. De hecho, hay indicios que apuntan que en el marco de la campaña del 27S se está produciendo un nuevo repunte del independentismo. Después de un fuerte (y rápido) realineamiento de la opinión pública catalana, hay signos de un período de relativa estabilidad con altos y bajos coyunturales.

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Fuente: CEO. Datos ponderados por el autor para hacer coincidir la composición lingüística (lengua primera) de la muestra con la de la población mayor de 18 años con derecho a voto (basado en EULC 2013)

En un tiempo de turbulencias políticas como el que atravesamos, pueden suceder muchas cosas en los próximos meses o años que rompan este nuevo equilibrio. Pero hay razones para pensar que el cambio que hemos observado en los últimos años, más allá de algunas oscilaciones, se ha ido consolidando. El independentismo no parece ir en camino de lograr una supermayoría en la opinión pública catalana. Pero tampoco es probable que se retraiga a los niveles previos al proceso soberanista. ¿En qué se sustenta este nuevo equilibrio? ¿Qué nos lleva a pensar que estamos en una fase de relativa consolidación de posiciones?

Hay al menos tres razones que nos conducen a formular esta hipótesis. Son tres mecanismos de anclaje de la opinión pública que hacen más difícil el cambio en la opinión pública: el cambio observado en la identificación nacional, la consolidación de posiciones de líderes políticos y sociales, y un proceso de maduración del debate.

1. La identificación nacional.

En primer lugar, si nos fijamos en las encuestas, podemos ver cómo junto con el crecimiento del apoyo a la independencia se ha producido también un cierto cambio, aunque no tan brusco, en algo que hasta hace poco considerábamos muy estable: la identificación nacional de los catalanes. Si en 2005 el 15% declaraba sentirse sólo catalán, este porcentaje se situaba en el 18% en 2011 y se disparó hasta superar el 25% en 2013.

Hasta ahora se pensaba la identidad nacional como algo que cambia muy lentamente, entre generaciones. Por tanto, veíamos la identidad como una causa de las preferencias territoriales. Sin embargo, tenemos evidencias de que las preferencias políticas y territoriales también pueden a su vez influir en la identidad nacional, que resulta ser algo más maleable de lo que se tendía a creer. Que se haya producido este movimiento en la identificación nacional parece sugerir que el cambio de preferencias sobre la relación Cataluña-España ha penetrado en la opinión pública y ha llevado a un segmento de la sociedad catalana a replantearse su propia identidad. Cierto es que tal como ha subido podría bajar de nuevo pero no parece el escenario más probable.

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Fuente: CEO. Datos ponderados por el autor para hacer coincidir la composición lingüística (lengua primera) de la muestra con la de la población mayor de 18 años con derecho a voto (basado en EULC 2013)

2. Los líderes políticos.

Hay que tener en cuenta que no es sólo la opinión pública la que ha cambiado. También algunos partidos y líderes de opinión. Empezando por Convergència i Unió o el propio Artur Mas y siguiendo por destacados miembros del PSC o deportistas, músicos y actores que hoy defienden la independencia. Otros líderes políticos y sociales han ido consolidando sus posiciones en sentido contrario y son pocos los que mantienen aún una cierta ambigüedad.

Estos liderazgos actúan a menudo como referentes para parte de la opinión pública y contribuyen a fijar las posiciones porque se convierten en puntos de anclaje. En estos años han surgido o crecido organizaciones bien estructuradas (desde la independentista ANC a la antiindependentista SCC) que contribuyen a movilizar a sus bases y mantenerlas cohesionadas alrededor de posiciones bien definidas.

3. La maduración del debate.

Y sin embargo sería erróneo pensar que los anclajes de la opinión pública sólo tienen que ver con la identidad o con los liderazgos. A pesar de todo el debate racional, el intercambio de argumentos también contribuye a que una parte de la sociedad tome partido en una dirección o en otra. A medida que pasa el tiempo, el debate sobre la cuestión ha ido madurando. A menudo tenemos la sensación de que oímos los mismos argumentos una y otra vez y que las posiciones parecen ya muy fijadas. Quien era susceptible de cambiar de opinión sobre la independencia ha tenido ya muchas oportunidades para hacerlo. Es decir, de modo natural el espacio para el cambio de posiciones se va reduciendo a medida que pasa el tiempo.

En los términos que usa el politólogo canadiense Lawrence LeDuc, experto en referéndums, hemos pasado de un escenario en 2011-2012 de formación de opiniones sobre un tema que saltó al centro de la agenda política a un escenario de mucha más estabilidad en la que la campaña se convierte en una lucha muy focalizada con un segmento menguante de votantes susceptibles de cambiar de opinión. Lo que Leduc denomina uphill struggle.

Así pues, a pesar de que la prudencia más elemental recomienda abstenerse de hacer cualquier tipo de predicción y más en tiempos de turbulencias como los que atravesamos, existen elementos para pensar que después de la tormenta la opinión pública catalana ha entrado en una fase de relativa estabilidad.

Sólo acontecimientos políticos de gran calado podrían alterar de modo significativo y rápido las posiciones.La hipótesis más razonable es que nos espera un período de pequeños cambios, altos y bajos, más que de grandes sobresaltos como los que hemos tenido estos años quienes seguimos las encuestas de opinión. El independentismo como fenómeno de masas parece que está aquí para quedarse. No parece que le espere un plácido paseo triunfal, pero tampoco es previsible que se deshinche como un suflé en el corto plazo. Tenemos tema para rato.

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Jordi Muñoz es politólogo e investigador de la Universidad de Barcelona.

Qué es el federalismo y qué habría que hacer para que funcionara en España

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Cualquier reforma del Tribunal Constitucional debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. 

Ilustración: Javier Muñoz

El 6 de noviembre del 2012 los votantes de Colorado acudieron a las urnas para escoger un nuevo presidente. La votación resultó ser un tanto especial por dos motivos.

El primero tenía que ver con la forma en que los ciudadanos del estado ejercieron su derecho a voto: fue la última vez que tuvieron que ir a un colegio electoral: desde 2014 el voto se hace completamente por correo para intentar aumentar la participación.

El segundo motivo fue que se sometía a voto una enmienda sobre la marihuana. Como es habitual en Estados Unidos, en la papeleta había mucho más que un par de nombres y listas de partidos. Los ciudadanos de Colorado debían escoger también representantes al Congreso, miembros del consejo de educación del estado, regentes de la Universidad de Colorado, representantes y senadores estatales, fiscales de distrito, consejeros de la autoridad regional del transporte, jueces del Supremo y miembros del tribunal de apelaciones y además votar sobre tres enmiendas constitucionales.

Dejando a un lado la imposibilidad de que alguien sea capaz de votar en todas estas elecciones teniendo una idea medio aproximada sobre los candidatos, una de las enmiendas constitucionales (la 64) había recibido especial atención. El texto, según aparecía en las papeletas en castellano, decía lo siguiente:

¿Debe haber una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la marihuana y, en relación con la misma, disponer la regulación de la marihuana; permitir a una persona de veintiún años de edad o mayor a consumir o poseer cantidades limitadas de marihuana; disponer el otorgamiento de licencias de instalaciones de cultivo, instalaciones de fabricación de productos, instalaciones de prueba y tiendas al por menor; permitir a los gobiernos locales que regulen o prohíban dichas instalaciones; exigir a la asamblea general que promulgue un impuesto de consumo a gravarse en la venta al por mayor de la marihuana; exigir que los primeros $40 millones en ingresos recaudados anualmente por dicho impuesto se acrediten al fondo de asistencia de capital de construcción de escuelas públicas; y exigir que la asamblea general promulgue legislación que rige el cultivo, procesamiento y venta de cáñamo industrial?

La redacción no es muy elegante pero lo que se le pregunta a los votantes es si Colorado debe legalizar el uso, la venta, la producción y la distribución de la marihuana. Los primeros 40 millones de dólares en impuestos recaudados cada año con la venta del cannabis y sus derivados se destinarán a la construcción de colegios públicos. Los votantes de Colorado son un tanto hippies. No sólo ayudaron a reelegir a Barack Obama. También se pronunciaron a favor de la enmienda por un margen de 11 puntos.

Junto a Washington, Colorado fue el primer estado en legalizar el cannabis por completo.

Cannabis y federalismo

En términos legales, esta enmienda a la constitución de Colorado abre algunas cuestiones interesantes. La legalización contradice de forma completa, directa y obvia la legislación federal.

El sistema constitucional americano otorga primacía a las leyes del Congreso sobre cualquier legislación estatal. Si una ley federal contradice una norma estatal, la primera tiene precedencia de forma automática. El Gobierno federal, por lo tanto, podría detener a cualquier ciudadano de Colorado que vendiera marihuana vulnerando la legislación federal. Que el pueblo de Colorado hubiera expresado democráticamente su voluntad de poder drogarse no tenía la más mínima importancia: en el momento en que un caso acabara en los tribunales, los jueces invalidarían la enmienda sin dudarlo.

El hecho que el Gobierno federal pudiera demoler la legislación en los tribunales, sin embargo, no quiere decir que quisiera hacerlo. El Gobierno de Obama no se distingue por sentir el mismo fervor fanático contra el cannabis que sentían algunos de sus predecesores. Su departamento de justicia lleva años presionando al Congreso para que relaje la draconiana legislación penal sobre la materia.

Es un asunto que no importaba demasiado al Gobierno federal. En vez de acudir a los tribunales, las agencias federales recibieron la orden de dejar de perder el tiempo con la marihuana en Colorado y en Washington, y dedicar su vida a cosas más productivas que cabrear a hippies que no molestan a nadie.

Ésa era la teoría. El problema fue que los estados vecinos de Colorado no tenían la misma opinión. Los fiscales generales de Oklahoma y Nebraska, dos lugares con un número de hippies mucho menor, dicen estar hartos de perseguir a tipos en las regiones limítrofes con Colorado que fuman substancias prohibidas compradas al otro lado de la frontera. La legalización de la venta y el comercio de cannabis les perjudican pero el Gobierno federal ha decidido mirar hacia otro lado. Por eso estos dos estados han decidido llevar a su vecino a los tribunales pidiendo que el Gobierno federal derogue la derogación de la enmienda 64.

Puede parecer una disputa un tanto extraña entre dos estados conservadores y uno progresista. Pero no es un problema poco habitual en un Estado federal desarrollado y maduro como Estados Unidos. Aquí hay 50 estados soberanos, un montón de tribus indias, incontables agencias públicas y distintos órganos de la administración local.

Los políticos y los fiscales generales dedican un tiempo descomunal a ponerse pleitos unos a otros. En parte por la desmedida afición de los americanos a resolverlo todo con abogados y en parte por la naturaleza ambigua y el mayor poder judicial que rige en los sistemas anglosajones. Pero sobre todo por la propia naturaleza de la descentralización política en una nación donde existe un sistema federal.

El rompecabezas

En un sistema federal es inevitable que haya políticos distintos rindiendo cuentas a electorados diferentes. Los líderes de cada estado o región van a hacer promesas distintas a sus votantes y tendrán preferencias e ideologías dispares. Todos ellos estarán respaldados por una sólida legitimidad democrática y tendrán todo el derecho del mundo a decir que representan la voluntad de sus votantes. Es de esperar que políticos distintos votados por gente distinta tengan ideas distintas sobre cómo interpretar y aplicar las leyes y que surjan disputas sobre quién puede hacer qué. En un Estado de Derecho, cuando hay un conflicto de legitimidades democráticas, esas disputas acabarán de forma irremediable en los juzgados.

Al pensar en una democracia, nos imaginamos una sociedad que resuelve sus conflictos votando después de un debate público. Los ganadores aplican su criterio, los perdedores admiten que son minoría y la vida sigue. Es un sistema simple y fácil de entender. Casi parece lógico.

Las federaciones, sin embargo, parecen trastocar esta lógica. En lugar de tener un solo Gobierno y una votación, tienen una fragmentación semiarbitraria de legitimidades democráticas. No hay un debate sino varios y no siempre se sale con la suya quien tiene más votos sino un señor con toga que interpreta la constitución. Parece rebuscado, casi injusto.

Si pensamos en un sistema federal, sin embargo, no debemos verlo bajo un prisma estrictamente democrático. La democracia es un método para escoger ganadores. Las federaciones son un método de administrar las diferencias y hacer que los que puedan verse representados quienes serían perdedores en una democracia unitaria.

No tragarse sapos

La democracia es un sistema injusto con las minorías perpetuas. Por mucho que los políticos aspiren al debate inspirado y a decisiones que incluyan a todo el mundo buscando el bien común, la realidad es que el bien común no existe. En un mundo de recursos económicos limitados, cuando toca hacer presupuestos, decidir cuántos hospitales construimos y qué idiomas enseñamos en la escuela, siempre habrá alguien que saldrá perdiendo.

En sociedades tan diversas como las nuestras, es muy probable que haya minorías que siempre lo son. Personas que se quedan sin profesores de catalán o que se resignan a que el Estado pague por cosas inmorales y sucias. El federalismo es en el fondo un sistema para acomodar las preferencias de estos grupos y permitir que en un mismo país puedan convivir visiones distintas sobre qué es el bien sin que nadie tenga que tragarse sapos eternamente.

A menudo lo que deciden los votantes a uno y otro lado de la frontera de dos estados federados será contradictorio. A veces los responsables del Gobierno central decidirán que la parte del bien común que ellos pueden decidir es un poco mayor de lo que era hasta ahora. El resultado será un régimen político feo, bronco, poco elegante y repleto de abogados. Dicho en otras palabras, una federación perfectamente normal.

La realidad es que las federaciones son sistemas políticos realmente feos. Una constitución federal está construida, de origen, anticipando que los habitantes del país no se van a poner de acuerdo en casi nada y que es mejor tenerlos repartidos. Es un sistema que desconfía profundamente de los políticos y que parte de la idea de que los ganadores de las elecciones van a ser injusto con los perdedores. Es un sistema pesimista que cree que a los líderes de un país no se les puede tratar como adultos y que necesitan supervisión judicial para resolver disputas y minimizar la cantidad de votantes de los que pueden abusar. Son supuestos realistas, obviamente, así que las federaciones acostumbran a convertirse en festivales judiciales.

El caso de España

Al hablar de España, el debate sobre el federalismo parte en gran medida de un punto de partida erróneo.

Para empezar, el sistema autonómico es básicamente un sistema federal. Si las autonomías tuvieran mejor representación a nivel nacional y el sistema de financiación fuera menos demente, sería una federación casi completa. El sistema comparte todas las virtudes de una federación y también incorpora su naturaleza alegremente caótica y su aprecio por los tribunales.

Dado que los sistemas políticos no son competiciones estéticas, esto no debería ser un problema. Los votantes verían las bizantinas discusiones legales con el mismo desagrado que los votantes americanos pero no ocurría mucho más. En el caso español, sin embargo, la naturaleza improvisada de nuestra cuasi-federación hace que el tribunal dedicado a resolver disputas tenga carencias importantes.

Los tribunales federales siempre están politizados. Esto sucede porque es casi imposible construir un sistema judicial que no tenga a políticos metiendo la zarpa en algún momento y porque las sentencias que resuelven las disputas entre gobiernos son casi siempre políticas y se acaban adjudicando según lecturas de la constitución más o menos ideológicas.

En el caso español, sin embargo, el problema no es que el Tribunal Constitucional esté politizado sino que está politizado de forma equivocada por los políticos erróneos. Las federaciones administran diferencias pero los magistrados del Constitucional salen de la institución más estrictamente democrática del sistema político español: el Congreso de los Diputados.

El resultado es una institución concebida para controlar a la mayoría y diseñada para resolver disputas entre legitimidades democráticas que sin embargo a menudo tiene opiniones furibundamente democráticas y refleja la opinión del Gobierno de turno.

Cuando el partido con mayoría en el Congreso está cómodo con el sistema autonómico, no es un problema demasiado acuciante. Pero cuando eso no sucede el Constitucional se convierte en una máquina de recordar a las minorías perpetuas (catalanes y vascos) que las instituciones no están ahí para proteger sus diferencias.

La tercera vía

La llamada “oferta federalista” o tercera vía en el fondo tiene que partir de una idea muy simple: proteger la diferencia. Se puede hablar de reformar el sistema de financiación, de dar más voz a las autonomías en el senado o de clarificar la distribución de competencias y todas estas reformas son necesarias. Pero para que la oferta federal sea creíble el punto de partida tiene que ser una reforma del Tribunal Constitucional.

La reforma debe ser lo suficiente sólida para que las autonomías crean que es posible ganar disputas sobre competencias de forma regular incluso cuando el Gobierno central está en manos de partidos que se oponen a la descentralización. El tribunal debe ser capaz de leer la Constitución y aplicarla de forma que las minorías entiendan que sus derechos están protegidos y no dependen de la buena voluntad del Congreso.

Esto se puede hacer despolitizando el Constitucional y haciéndolo profesional o dando una voz mucho mayor a las autonomías en la elección de magistrados.

Dada la naturaleza de sus sentencias, politizar las nominaciones no me parece una mala idea, siempre y cuando el proceso refleje la naturaleza contramayoritaria de la institución y el federalismo. En Estados Unidos las confirmaciones judiciales están bajo el control del Senado, que es una institución radicalmente antidemocrática.En España podríamos reformar el Senado para dar más peso a los gobiernos autonómicos o incluso hacer que las comunidades históricas designen directamente un número determinado de magistrados.

Esta reforma no sólo sería buena para Cataluña sino para el sistema autonómico en su conjunto. Una federación es un sistema político complejo y funciona mejor si las disputas tienen resultados predecibles. Si el Tribunal Constitucional depende menos de las simpatías políticas del Gobierno de turno, veremos menos sentencias como las de las reformas estatutarias de años recientes, cuando artículos idénticos eran tumbados en la reforma catalana pero aprobados sin rechistar en los casos de Valencia o Andalucía. Hacer el sistema más consistente y sensato es siempre una buena idea, por mucho que siga existiendo el inevitable runrún de disputas legales constantes.

Si de algo debemos estar seguros es de que el federalismo no va a eliminar las disputas entre Cataluña y el Gobierno central. Ése no debe ser el objetivo que busque una reforma constitucional. Un Estado moderno (sea una democracia jacobina pura o una federación) es un sistema para resolver desacuerdos, no para acallarlos.

Una federación bien diseñada admite que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo y es mejor así. Lo importante, y el punto clave para resolver el encaje de Cataluña dentro del sistema, es que las decisiones en materias que preocupan a la minoría se decidan siguiendo criterios legales, no democráticos.