El juez exculpa al comisario imputado por revelar información al ‘pequeño Nicolás’

nico2El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’.

 

COhwmS5WsAAaxR7El juez Arturo Zamarriego acaba de sobreseer la imputación al comisario principal de la Policía Nacional Miguel Angel Barrado por haber facilitado información privilegiada a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’. Después de tomarle declaración, el instructor considera que no hay circunstancias objetivas para seguir el proceso contra él.

En un auto al que ha tenido acceso El Español, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, señala que de las declaraciones de los testigos ni ninguna otra prueba “permiten colegir que el imputado ejecutara acto de un inequívoco contenido incriminatorio”. La decisión del juez contradice la versión de Asuntos Internos, que apuntó al comisario como la persona que habría ayudado al joven impostor a obtener datos de ciertos vehículos.

El magistrado había imputado a Barrado por un delito de revelación de secretos por haber entregado supuestamente al ‘pequeño Nicolás’ información de matrículas de coches, titularidades y domicilios, a través de la aplicación “Objetos”. Sin embargo, Barrado negó haber facilitado información al joven.

Su versión de los hechos fue que el jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO Central, Eugenio Pereiro, le habría comentado que la Policía Municipal había pedido información sobre si algún agente habría consultado datos de una matrícula sospechosa. Al tratarse de una petición oficial, en el marco de colaboración entre los dos cuerpos policiales, Barrado habría autorizado a un inspector jefe para que entrara con su clave y comprobara lo requerido por la Policía Municipal, una vez que el acceso a la base de datos deja rastro.

Las explicaciones, para Zamarriego, “resultan creíbles y asumibles” y han sido “corroboradas” por varios testigos, entre ellos el propio Pereiro, y, por tanto, la causa contra el funcionario policial debe quedar archivada.

El comisario Barrado, en la actualidad destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), fue imputado después de que Asuntos Internos remitiera un informe al Juzgado señalándole como la persona que habría facilitado datos de dos matrículas al principal imputado de la causa, –Francisco Nicolás Gómez Iglesias- resultando además que una de ellas pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia.

Tras conocer el informe de Asuntos Internos, que investiga las prácticas delictivas o disciplinarias de los agentes de Policía, Barrado remitió una carta a sus mandos superiores acusando al comisario de la unidad que le investigaba, Marcelino Martín Blas, por su “falta de rigor”.

En la causa, conocida como ‘caso Nicolas’, el joven está imputado por los delitos de falsedad documental y estafa por, entre otras cosas, hacerse pasar por asesor del Gobierno, por elaborar informes con el membrete de Presidencia o intentar estafar a empresarios.

La Fiscalía Anticorrupción desvincula la investigación a Rato del ‘caso Bankia’

 

RODRIGO RATO SALIENDO DETENIDO DE SU VIVIENDA DE MADRID 16/04/2015 MADRID

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que debe entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

En la imagen, Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE 

Rodrigo Rato sale detenido de su vivienda el pasado 16 de abril. / EFE

La Fiscalía Anticorrupción informará a favor de desvincular el ‘caso Rato’ del ‘caso Bankia’. Así constará en el informe que va a entregar al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu antes de que decida si asume la investigación del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, como parte de la causa que instruye sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad bancaria.

Fuentes fiscales aseguran que la causa que se sigue contra el ex vicepresidente del Ejecutivo de Aznar, ex ministro de Economía y ex director del FMI por supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales por ocultar parte de su patrimonio en el extranjero no tiene ninguna conexión con el ‘caso Bankia’. En estas diligencias Rato también tiene la condición de imputado como máximo responsable del presunto falseamiento de las cuentas de la entidad durante el proceso de salida a Bolsa. Es decir, el único nexo de unión es el propio Rato, pero no los hechos.

Todavía está por ver que Andreu sea el instructor que investigue el ‘caso Rato’ después de que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal se haya inhibido. Este magistrado considera que su Juzgado no es competente para investigar los hechos al existir indicios de un delito de blanqueo de capitales cometido en el extranjero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 podría quedarse con el caso si, de acuerdo con las normas de reparto, se entiende que el ‘caso Bankia’ es un antecedente de suficiente entidad como para que el asunto pueda considerarse conexo. Hasta que se resuelva la inhibición, la causa sigue estando en manos de Serrano-Arnal.

Anticorrupción solicitó que la causa se enviara a la Audiencia Nacional después de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviara un informe en el que aquilataba el delito de blanqueo y, por tanto, la competencia dejaba de ser de los Juzgados de Instrucción de Madrid, situados en la Plaza de Castilla. Serrano-Artal se inhibió ya a favor de la Audiencia Nacional en cuanto el asunto recayó en su Juzgado. Sin embargo, en aquella ocasión la Fiscalía valoró que el delito de blanqueo estaba todavía en un estado demasiado embrionario como para determinar la competencia de la Audiencia Naciona.

Fuentes de la investigación explican que el juez de Madrid estaba poniendo ciertas trabas a las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que ve con temor que, si el caso queda en manos de este magistrado, el asunto no prospere con celeridad.

La Fiscalía tiene el foco centrado en la sociedad Kradonara, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad de Rato. La ONIF la considera una “estructura opaca” dirigida por el ex presidente de Bankia.

Rato busca la nulidad

Mientras se decide qué órgano judicial se encarga del proceso y, en última instancia, quién toma la decisión de sentar o no en el banquillo al  ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), el imputado intenta lograr la nulidad del caso. Su tesis principal es que su detención, así como la entrada y registro en su domicilio y despacho, fue desproporcionada. Si un tribunal le diera la razón, podría acabar diluyéndose el proceso ya que todos los documentos intervenidos quedarían anulados, según fuentes del caso.

Tras la detención de Rato, la causa se rebajó después de que la Audiencia Provincial de Madrid retirara el delito de alzamiento de bienes que inicialmente había sido incorporado por la Fiscalía. La razón fue que no se le podía imputar a Rato ese supuesto delito, basado en que habría ocultado su patrimonio para no hacer frente a las fianzas impuestas en el ‘caso Bankia’, porque esas fianzas ya habían sido depositadas.

Sin embargo, la detención y el envío a prisión del presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo, administrador único de la sociedad Albisa Inversiones, al intentar salir de España, ha dado un espaldarazo a la causa, que podría dar un giro de 180 grados con el cambio de instructor.

Jordi Pujol Jr. esgrimió que sus cuentas en Andorra eran de su padre para ocultárselas a su mujer

jordi1El banco andorrano Andbank dispone de un documento por el cual Jordi Pujol Ferrusola puso todas sus cuentas a nombre de su padre, el expresidente de la Generalitat.  El motivo dado al banco por la familia Pujol para proceder a este cambio era que la mujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, no tuviera acceso a esas cuentas. 

 

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Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex ‘molt honorable’.

El banco andorrano Andbank dispone de un documento por el cual Jordi Pujol Ferrusola puso todas sus cuentas a nombre de su padre, el expresidente de la Generalitat. No hubo un cambio de titularidad real, según fuentes de la investigación, pero sí una manifestación de que oficialmente esas cuentas no eran del primogénito de los Pujol Ferrusola sino del patriarca.

El motivo dado al banco por la familia Pujol para proceder a este cambio era que la mujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, no tuviera acceso a esas cuentas. Ese documento se realizó en 1997, cuando el matrimonio pasaba por una crisis matrimonial. El objeto era frenar a Gironés por si, en caso de divorcio, reclamaba parte del dinero guardado en esas cuentas. En aquel entonces se reconciliaron, aunque tres años después se separaron definitivamente.

Las fuentes consultadas señalan que lo que se pretendía con aquel documento era dificultar cualquier reclamación de la esposa de Pujol Ferrusola sobre el dinero guardado en Andorra y de ahí que se hiciera creer que era de Jordi Pujol i Soley. Sin embargo, nunca hubo un cambio de titularidad real y, por tanto, el expresidente no consta como titular de ninguna cuenta en el Andbank.

Esa información ha sido remitida por la entidad al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga a Pujol jr., como respuesta a la comisión rogatoria tramitada por el instructor que investiga si el hijo mayor del expresidente catalán pudo recibir comisiones de empresarios contratistas de la administración catalana.

Cuenta familiar

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Jordi Pujol padre e hijo.

Los investigadores sospechan que las cuentas a nombre de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra en realidad son cuentas familiares en las que durante años se han ingresado parte de las comisiones ilegales cobradas a empresarios a cambio de recibir contratos tanto del Gobierno catalán como de administraciones locales gobernadas por Convergència. La tesis que barajan es que el dinero guardado en Andorra por el hijo mayor podría ser de Pujol i Soley, que a su vez habría repartido entre sus hijos.

Esa tesis no es compartida por la defensa, que ha interpuesto una querella a Andbank en un Juzgado andorrano acusándolo de no remitir a la Audiencia Nacional la información completa. Según su versión, tras la separación definitiva con Gironés aquel documento quedó sin efecto y, por tanto, la entidad ha omitido parte de los hechos, en detrimento de Pujol Ferrusola.

De ahí que se haya querellado contra el directivo de la entidad Óscar Ribas por un delito de falsedad, no sólo por las omisiones cometidas en la información remitida a De la Mata sino también por inexactitudes.

La querella recoge que Andbank ha enviado datos del cliente de manera arbitraria al hacer constar operaciones entre Pujol Ferrusola y otras personas cuando en realidad son ‘swaps’ realizados por el propio banco, es decir, operaciones cruzadas que lleva a cabo la entidad para justificar ingresos realizados por sus clientes.

Mientras Pujol Ferrusola intenta anular la documentación remitida por las autoridades andorranas a la Justicia española, los investigadores tratan de concretar de dónde sale la fortuna tanto del hijo mayor del matrimonio Pujol-Ferrusola como de éste.

Por ahora, hay tres causas abiertas a miembros de la familia bajo la sospecha de haber cobrado comisiones ilegales pagadas por empresarios por su intermediación en adjudicaciones. El Juzgado de instrucción número 31 de Barcelona tramita un proceso contra Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola, abierto hace un año tras la confesión del expresidente catalán de que su familia ha guardado durante años en Andorra una herencia de su padre no declarada a la Hacienda española.

Además de la instrucción seguida contra Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, en este tribunal también se investiga a su hermano Oleguer Pujol por haber realizado operaciones sospechosas de haber sido ocultadas al fisco español, entre ellas la compra de las sucursales del Banco Santander.

La Policía investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la CNMV bajo sospecha de corrupción

 

La Policía Nacional investiga el patrimonio de cinco altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que autorizó además a los agentes a solicitar varios expedientes sancionadores a la institución presidida por Elvira Rodríguez (en la imagen).

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Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

La Policía Nacional investiga el patrimonio de varios altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), concretamente cinco, sospechosos de participar en una trama corrupta para conceder o revocar licencias a cambio de sobornos. La medida fue aprobada el pasado mes de julio por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió las diligencias de investigación 45/2015 tras recibir un extenso informe por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Con el visto bueno de la Fiscalía, los agentes analizan ahora las cuentas, las viviendas, los vehículos y los depósitos bancarios de estos responsables de la CNMV. El objetivo es localizar una discrepancia entre sus ingresos oficiales y su patrimonio real; un enriquecimiento ilícito procedente de una fuente no declarada que avale la tesis del soborno. Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes cercanas al procedimiento, la medida es de especial interés para la causa, ya que de su resultado depende en gran medida que la investigación avanzada por la UDEF pase a una segunda fase con una denuncia formal de la Fiscalía.

A por los expedientes

El 27 de julio, la Policía Nacional se presentó en la sede de la CNMV y solicitó a su presidenta Elvira Rodríguez varios expedientes sancionadores abiertos por el organismo. El objetivo de la pesquisa es conocer de primera mano las distintas decisiones que se tomaron para retirar varias licencias, los informes técnicos que las avalaron y los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que finalmente firmaron las sanciones.

Estas y otras medidas, aprobadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, surgieron a consecuencia de una “propuesta de investigación” presentada por la UDEF antes de verano. El informe, de 178 páginas y siete anexos, se sustenta en las denuncias presentadas por varios afectados, declaraciones de testigos y el testimonio de ex trabajadores de la CNMV que confirmarían la manipulación de los expedientes sancionadores.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la denuncia policial pone el foco sobre cinco funcionarios concretos que forman o formaron parte de la plantilla de la CNMV. Cinco funcionarios relacionados con el departamento de inspección de entidades, el organismo que se encarga de fiscalizar tanto a las agencias de inversión como a las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI).

El escrito presentado por la Policía Nacional ante la Fiscalía para dar pie a estas pesquisas explica que los funcionarios bajo sospecha pudieron cometer delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada. La investigación patrimonial iniciada ahora se centra en confirmar o desmentir si alguno de los señalados se enriqueció de forma ilícita. Pero no arrojará luz sobre otras sospechas como la falsedad documental o las amenazas, basadas de forma indiciaria en la documentación y los testimonios recabados por la UDEF.

 

 

 

La policía investiga la existencia de una trama corrupta en el seno de la CNMV

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La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo -presidido por la ‘popular’ Elvira Rodríguez (en la foto)- encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

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Elvira Rodríguez con Cristobal Montero y Luis de Guindos.

La Policía Nacional investiga una presunta trama corrupta que opera en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo encargado de velar por la limpieza en el sistema financiero español. El objetivo de las pesquisas pasa por determinar si un grupo de funcionarios concede licencias para operar o impone sanciones oficiales a cambio de sobornos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido ya a la Fiscalía un extenso informe, a cuyo contenido ha tenido acceso EL ESPAÑOL, donde detalla las supuestas actividades delictivas de la red, que se dedicaría a la extorsión y estaría integrada por varios funcionarios de alto nivel contratados desde hace años por el organismo público.

La “propuesta de investigación”, elaborada por la Policía Judicial dispone de 178 páginas y está sustentada en los testimonios de ex trabajadores de la propia CNMV así como en declaraciones de testigos y denuncias de varios afectados por las maniobras de esta red.

Las diligencias policiales constan además de siete anexos documentales y ponen el foco sobre cinco cargos del órgano regulador. Los investigados están -o han estado hasta su marcha de la CNMV- adscritos a uno de los departamentos más sensibles para el mercado financiero español: la supervisión de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) y las agencias de valores. Esto es, las firmas utilizadas por miles de grandes y pequeños inversores para canalizar su dinero.

Nuevas diligencias

El informe policial, rubricado hace ahora casi un mes, fue remitido para su estudio directamente desde la Comisaría General de la Policía Judicial al Ministerio Público para que determine si existe una base delictiva sólida para que la investigación prospere. Este procedimiento fue registrado por la Fiscalía con el número de diligencias 45/2015. 

Desde entonces el fiscal de la Audiencia Nacional que ha asumido las pesquisas ha solicitado a la CNMV, que preside la ‘popular’ Elvira Rodríguez, la remisión de varios expedientes sancionadores citados en el informe de la Policía Judicial para comprobar si de alguna forma fueron manipulados. A juicio de los investigadores, los integrantes de la presunta trama pudieron incurrir con su conducta en delitos de falsedad documental, cohecho, amenazas, extorsión, blanqueo de dinero e integración en banda organizada; un reguero de delitos que la fiscalía de la Audiencia Nacional se esfuerza en confirmar de forma indiciaria antes de presentar o no su denuncia y trasladar el caso a un juzgado de instrucción.

Discreción

La investigación del caso se desarrolla desde hace meses en un absoluto secreto. Una discreción obligada tanto por las exigencias propias de cualquier investigación policial como por la sensibilidad estratégica de la institución investigada. En los últimos años, la CNMV se ha visto cuestionada en decisiones como la aprobación de las emisiones de acciones preferentes por parte de las cajas de ahorros -que afectó a 700.000  inversores minoritarios-, y criticada por su falta de control frente a escándalos como el del caso Gowex, la empresa cotizada que estalló el pasado año tras falsear sus beneficios cuatro años consecutivos.