Las 30 Obsesiones de EL ESPAÑOL

rugidoLas Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

Las Obsesiones de EL ESPAÑOL son algunas dianas a las que el periódico quiere lanzar sus dardos. Hay muchas más en las que tenemos puesta la vista, pero queríamos hacer una selección para que el lector sepa a dónde apuntamos. No son sólo fijaciones de nuestra redacción. Las compartimos con miles, seguramente millones de ciudadanos. En un principio propusimos 25 y las sometimos al parecer de nuestros suscriptores. Entre el 22 de agosto y el 6 de septiembre nos remitieron 947 comentarios que han servido para mejorar el tiro y ampliar el número de blancos, que al final han llegado a 30.

1.- España y las Españas

España es la morada vital de los españoles. Es también la entidad histórica y política que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, la solidaridad entre sus habitantes y el anclaje con la Unión Europea. Tenemos mucho de lo que enorgullecernos y unas cuantas cosas de las que avergonzarnos. Debemos impulsar un patriotismo transversal basado en los valores constitucionales.

El interminable proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas pone en peligro la eficacia del sistema, socava la igualdad entre españoles y amenaza la propia unidad nacional. Creemos que ha llegado el momento de cerrar el modelo territorial concretando las competencias exclusivas del Estado y las materias en que pueden asumir competencias las comunidades autónomas.

España es una realidad plural. Algunos nacionalismos excluyentes plantean la segregación de sus territorios. Consideramos que es inaceptable la independencia de cualquier comunidad sin que lo decidan el conjunto de los españoles o sus representantes.

Urge desarrollar el artículo 155 de la Constitución para garantizar la lealtad de los gobiernos autonómicos al principio de legalidad, modulando la retirada de competencias y demás respuestas del Estado en función de la gravedad de las conductas. También debería restablecerse la tipificación penal de la convocatoria de consultas ilegales.

Entendemos al mismo tiempo que todo grupo de ciudadanos debe tener la posibilidad de plantear cualquier aspiración por cauces democráticos. Sería conveniente pues que la reforma de la Constitución incluyera también la regulación del derecho de secesión, como por ejemplo ha hecho Canadá con la denominada ‘ley de claridad’. Una norma similar debería implicar a las Cortes Generales en ese eventual proceso estableciendo mayorías cualificadas y otras restricciones para que resultara válido.

2.- Otra ley electoral

Seguimos teniendo la ley electoral improvisada en 1977 cuando ni siquiera se había redactado la Constitución. Es una norma que castiga a las minorías y sobre todo deja el control de diputados y senadores en manos de las cúpulas de sus partidos.

Hay que ir a un sistema que recoja más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de forma que exista mayor proporción entre los votos y su traslación a escaños. También debe reforzarse el vínculo entre los diputados y sus electores. El modelo alemán debería ser el ejemplo a seguir: es más proporcional y da opción a elegir de forma directa a una parte de los parlamentarios en circunscripciones uninominales.

3.- Separar al Ejecutivo del Legislativo

No hay democracia auténtica sin una división real de los poderes del Estado. Planteamos avanzar hacia un régimen presidencialista que establezca una separación entre el Gobierno y el Parlamento. Un jefe del Ejecutivo elegido directamente por los ciudadanos tendría un mandato claro para gobernar pero no para legislar a su gusto.

De la misma forma, los parlamentarios tendrían independencia para aprobar leyes y fiscalizar al Gobierno, pero no para determinar su gestión. Es el sistema de equilibrios y contrapesos, habitualmente republicano pero compatible con la Monarquía.

4.- Jueces independientes

Es imprescindible impulsar y proteger la independencia de los jueces frente a las injerencias del poder político. Hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restablecer el principio constitucional de que sean los magistrados quienes elijan de forma directa a la mayoría de los miembros del CGPJ. El fiscal general debería ser nombrado por una mayoría cualificada del Parlamento y no por el Gobierno.

Por otra parte, una Justicia lenta, incapaz de juzgar a su debido tiempo, no es tal. Hay que agilizar la Justicia dotándola de medios para que actúe con mayor celeridad y eficacia.

5.- Democratizar los partidos

Los partidos están controlados por sus cúpulas, elegidas a menudo a dedo. Hay que desarrollar el artículo 6 de la Constitución que establece que su “estructura y funcionamiento interno deberán ser democráticos”. Una ley tendría que supeditar las subvenciones que reciben las formaciones políticas a requisitos como la elección de sus líderes mediante el voto de los afiliados, la celebración de primarias para designar los candidatos a cargos públicos relevantes o la limitación de mandatos.

Algunas de estas exigencias habría que extenderlas a los sindicatos y organizaciones empresariales, receptores también de ayudas públicas. Al igual que los partidos, estos colectivos han perdido legitimidad social por su anquilosamiento y por cobijar prácticas irregulares.

6.- Combatir la corrupción

La corrupción encuentra el campo abonado allí donde hay opacidad. La sociedad tiene que poder examinar la gestión de los servidores públicos y debe poder acceder de forma sencilla a cualquier información relevante. Las leyes de transparencia han de hacer justicia a su nombre y transformar los muros de la Administración en paredes de cristal.

Para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe acometerse una reforma de la Ley de Contratos del Estado que elimine la arbitrariedad en la toma de decisiones. Hay que reforzar las garantías de imparcialidad y correcto funcionamiento de la Administración devolviendo el protagonismo a funcionarios de carrera que han sido sustituidos por personal de confianza y de libre designación.

Ningún dirigente beneficiado por la financiación ilegal de su partido debería poder volver a presentarse a las elecciones. Hay que perseguir así mismo a los corruptores, prohibiendo que las empresas que resulten condenadas con sentencia firme participen en concursos públicos.

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, del sector público y de los partidos políticos, tiene que estar formado y dirigido por funcionarios de carrera. Sólo así quedará garantizada su independencia.

Hay que acabar, por otra parte, con el aforamiento de los parlamentarios, de manera que su protección se circunscriba a su actividad estrictamente política.

7.- Adelgazar la Administración

Los gobernantes han creado un aparato elefantiásico pensando más en intereses políticos que en el servicio a los ciudadanos. El resultado es una Administración cara, sobredimensionada e ineficiente.

Se debe reducir de forma drástica la capacidad de los cargos públicos para contratar asesores.

Urge acabar con la duplicación de competencias y suprimir órganos como consejos jurídicos consultivos, tribunales de cuentas o defensores del pueblo autonómicos. Se impone la disminución del número de parlamentarios regionales y la supresión de las diputaciones provinciales.

Hay que plantear en serio la reducción de ayuntamientos, urgiendo a fusionarse a los municipios que no alcancen los 5.000 habitantes.

La Administración tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para aligerar su aparato y ahorrar tiempo y dinero al ciudadano. La máxima debería de ser: más internet, menos ventanilla.

8.- Bajar los impuestos

Aunque la presión fiscal en España apenas llegue al 33% y sea una de las más bajas de la OCDE, la dimensión de la economía sumergida y el fraude a altos niveles hacen que el peso de la recaudación se concentre en el IRPF y el IVA. Una carga tributaria superior al 50% de sus ingresos como la que soportan muchos contribuyentes convierte los impuestos en un arma confiscatoria en manos del Estado.

Las autoridades deben aplicar criterios equitativos: ni la cultura se puede gravar con un IVA del 21% ni la prensa electrónica deber padecer una carga fiscal mayor que la prensa tradicional.

Debe suprimirse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Resulta abusivo someter a tributación un patrimonio por el que ya se han satisfecho cargas impositivas desde su gestación hasta el momento de ser legado.

Hay que combatir de forma más resuelta el fraude a Hacienda y la economía sumergida. Cabe incentivar el pago con tarjeta -fiscalmente incontrovertible- en detrimento de las transacciones en efectivo.

9.- Multas de tráfico proporcionadas

La Administración ha encontrado en las multas de tráfico -tanto en vías urbanas como en carretera- una vía fácil para obtener ingresos. La mayoría de infracciones sancionadas, con cámaras, radares y controles estratégicamente situados, no suponen peligro alguno para el conductor ni para el resto de automovilistas. Lo que se persigue no es la seguridad vial sino, descaradamente, la recaudación.

Las multas tienen que recuperar su verdadero sentido como freno a las conductas imprudentes y guardar, en su cuantía económica, proporción con la falta cometida. Para lograrlo, podría establecerse que las sanciones fueran progresivas, de forma que la primera resultase menos gravosa y su cuantía fuera aumentando en adelante, con lo que se prevendría la reincidencia. Habría que señalizar bien los puntos negros y las zonas particularmente sensibles -como las escolares-, y ahí sí, ser particularmente vigilantes.

10.- Mejor enseñanza

Las leyes de educación deberían necesitar de un apoyo amplio del Parlamento para poder ser aprobadas. El listón podría situarse en dos tercios de la Cámara. Esta fórmula permitiría, en la práctica, alcanzar un gran pacto nacional por la educación, lo que evitaría modificaciones en la normativa a cada cambio de Gobierno.

España viene invirtiendo ingentes cantidades de dinero público en la enseñanza sin que ello se traduzca en una mejora de su calidad. Hay que reestructurar el sistema, garantizar la escolaridad temprana (de 0 a 3 años), moldear la secundaria según las aptitudes de los alumnos y romper la endogamia para que las universidades sean viveros de talento y cualificación profesional.

Hay que ir también a una armonización de programas. No es serio que en cada autonomía se estudie la Historia con versiones distintas o incluso opuestas de unos mismos hechos.

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Ilustración: Javier Muñoz

11.- Más inglés

Uno de los síntomas del fracaso de nuestro modelo educativo es la baja capacitación en inglés de los españoles. El inglés, como lengua de comunicación internacional, debería ser una prioridad a todos los niveles.

Hay que fomentar la exhibición de películas en versión original subtitulada, tanto en cine como en televisión.

Podría implantarse un sistema de intercambio de maestros con países anglófonos, de manera que los educadores tuvieran una inmersión real. Eso facilitaría también que los niños recibieran clases con profesores nativos.

12.- Libertad en la lengua vehicular

En algunos lugares de España las lenguas han dejado de ser un instrumento de comunicación de las personas y se han convertido en una herramienta política. Para evitar imposiciones y asegurar el bilingüismo donde lo hay -ésa y no otra es la auténtica normalización- debe quedar garantizada la libre elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Es intolerable que haya comunidades en las que la lengua oficial del Estado está marginada en uno y otro ámbito.

13.- Racionalizar los horarios

Hay que legislar para lograr una jornada laboral más apropiada que favorezca el aumento de la productividad y aumente la calidad de vida de las personas.

España tiene unos horarios muy distintos al resto de Europa: se sale tarde del trabajo y se retrasan en exceso la comida y la cena. Eso condiciona la vida familiar. Hay que fomentar la jornada continua, suprimir la parada del desayuno y reducir la hora de la comida para ganar tiempo para el ocio.

Además, nuestra hora oficial no coincide con la hora solar. Utilizamos el horario de Europa central pese a que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich. Habría que retomar el huso horario que nos corresponde: el mismo que Portugal y Reino Unido, y el que ya tienen las Islas Canarias.

14.- Reducir el paro juvenil

Un país que quiere mirar el futuro con confianza no puede tener a la mitad de sus jóvenes en paro. Todo Gobierno debe presentar un plan de choque que impulse la contratación de menores de 30 años. Hay que simplificar el mercado laboral con un contrato único que facilite la gestión al empresario y dé mayores garantías y seguridad al trabajador.

15.- Apoyar a los emprendedores

Ser emprendedor sigue siendo hoy en España una carrera de obstáculos: lejos de encontrar facilidades, todo son trabas y trámites burocráticos que se eternizan en los despachos. La propia historia de la creación de EL ESPAÑOL da fe de ello. Hay que simplificar de una vez los procesos administrativos para fundar empresas, que son la base de la riqueza de un país.

Cabe fomentar sistemas de financiación alternativos como el crowdfunding.

16.- Igualdad salarial para la mujer

Según un informe de la UE, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es del 19,3%, cuando la media de la zona euro está en el 16,6%. Ello obedece tanto a la discriminación directa -igual trabajo, menor salario- como al tipo de empleos que se conceden a las mujeres. Sin embargo el número de mujeres graduadas en educación superior en España supera ya en casi un 30% al de hombres. Estos datos reflejan una injusticia que la sociedad no debe consentir.

17.- La violencia en el ámbito doméstico

La muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es una tragedia para la que la sociedad sigue sin enconrtrar solución. Pero la violencia de género es, además, el reflejo de un problema mayor: la violencia dentro del hogar, que también se ejerce contra ancianos, menores…

El asunto merece ser abordado con una ley integral que reforme la actual de violencia de género y que acabe con la discriminación por sexo que ésta encarna: a igual conducta debe haber igual sanción. Se necesitan más juzgados, más fiscales y mayor prevención.

18.- Atención a los mayores

Las personas mayores deben ser una prioridad, y no sólo desde el punto de vista asistencial, sino por su aportación valiosa a la sociedad. Hay que atrasar de forma flexible la edad de jubilación, estimulando la participación de los mayores en todo tipo de actividades, ya sea de tipo profesional o de carácter social.

19.- Igualdad sanitaria

Todos los ciudadanos españoles deben tener derecho a las mismas prestaciones sanitarias, independientemente del territorio en el que residan. Además, un paciente nunca tendría que sentirse desprotegido en una región que no sea la suya. Hay que implantar una sola tarjeta sanitaria en todo el país.

20.- Derecho a muerte digna

Los avances médicos posibilitan hoy alargar la vida de enfermos terminales, en ocasiones, con gran padecimiento para los afectados. En estos casos, es fundamental que los cuidados paliativos estén a disposición del paciente, porque permiten conllevar el sufrimiento y, en último término, afrontar la muerte con dignidad.

21.- Más Europa y más América Latina

España tiene que hacer causa común con los países que apuestan por dar un nuevo impulso a la Unión Europea. Sólo unidos, los europeos podrán recuperar su posición estratégica y tener voz y protagonismo en el nuevo orden mundial que se está configurando. Para ello es imprescindible superar el déficit democrático de la UE, reducir su burocracia y establecer una política económica común en la zona euro.

El compromiso con Europa no ha de ser obstáculo para intensificar las relaciones con Latinoamérica, con la que constituimos una comunidad de 400 millones de hablantes con singulares lazos históricos y afectivos. España tiene que hacer valer en Bruselas ese vínculo privilegiado.

22.- Las víctimas del terrorismo

La memoria y el respeto hacia quienes han sufrido la barbarie terrorista no pueden languidecer por el hecho de que hayan cesado el secuestro y el tiro en la nuca. Las monstruosidades que ETA y otros grupos terroristas han cometido en España y el sacrificio de sus víctimas no pueden ser amortizadas por el presentismo.

La pervivencia de la amenaza yihadista y el ascenso de fuerzas políticas que insisten en situar en un mismo plano a asesinos y asesinados, añade motivos para reforzar la protección de las víctimas. Ellas son el mejor estandarte para deslegitimar social y políticamente cualquier proyecto totalitario.

Las autoridades tienen que esforzarse por resolver los crímenes de ETA aún pendientes de esclarecer, de la misma forma que están obligadas a investigar cualquier elemento que contribuya a clarificar en todos sus extremos los atentados del 11-M.

Hay que prohibir que cualquier imputado o condenado por pertenecer a banda armada pueda acceder a un cargo público.

23.- Evitar la muerte de inmigrantes

La tragedia que supone que miles de personas desesperadas mueran cada año intentando alcanzar Europa no puede sernos ajena. España, por su situación geográfica, conoce bien el problema. El asunto hay que abordarlo con realismo: es imposible acoger a todas las personas que están dispuestas a abandonar sus países. Ningún Estado del mundo permite la libre entrada en su territorio porque los efectos serían catastróficos.

Cabe actuar en la prevención, invirtiendo en los países de origen de los inmigrantes, ofreciendo información y cerrando acuerdos con sus autoridades para regular flujos asumibles. También hay que actuar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Se trata, pues, de una política que por su alcance y envergadura debe coordinarse dentro de la Unión Europea.

24.- Proteger el bosque, repartir el agua

Conservar la naturaleza y aprovechar bien sus recursos deben ser dos caras de una misma moneda. Recuperar masa forestal ha de ser una prioridad en un país como España, en grave riesgo de desertización. Salvar el bosque es preservar la riqueza de nuestra biodiversidad, la flora y la fauna. De la misma forma, hay que actuar en el mar, restringiendo zonas a la pesca para que nuestras aguas no acaben esquilmadas.

El agua es vital para la economía y la cohesión de un país. En España está mal repartida. Su gestión tiene que ser una competencia nacional. Sólo con visión de Estado, a través de un Plan Hidrológico Nacional, se puede contribuir a una mejor distribución de los recursos hídricos.

25.- El coche eléctrico, energía limpia

El progresivo deterioro del medio ambiente es inquietante en todo el mundo y se ha agravado como consecuencia del calentamiento global. España tiene que ser ejemplar en la reducción de emisiones y en el ahorro energético. El coche eléctrico es una opción realista. Habría que fomentar su uso dando facilidades a la compra y la recarga de baterías. Su implantación es el ejemplo de lo que debería ser la transición hacia un modelo energético sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental.

Hay que invertir en la investigación y promoción de renovables para intentar alcanzar un modelo basado en energías limpias, en las que España es rica.

26.- Internet para todos, internet neutral

En la era de la comunicación hay que facilitar la conectividad invirtiendo en infraestructuras. Las autoridades deben hacer un esfuerzo facilitador para que la oferta de conectividad sea adecuada en cobertura y ancho de banda en todos los espacios urbanos, de manera que sea una herramienta verdaderamente útil y al alcance de los ciudadanos.

Las operadoras de telecomunicaciones deben garantizar la no discriminación en el envío y recepción de datos. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y únicamente bajo mandato judicial podrá ser intervenido.

27.- Libertad en la televisión

Los políticos tienen que dejar de contemplar la televisión como un instrumento de propaganda a su servicio. En la concesión de franjas del espacio radioeléctrico se debe fomentar el pluralismo. Habría que cerrar todas las televisiones públicas que no aporten provecho y supongan un agujero para el erario.

Hay que propiciar el aumento del ancho de banda para impulsar la distribución de contenidos televisivos a través de internet.

28.- Justicia en el deporte, ojo de halcón incluido

La tecnología se ha introducido en el deporte para hacer justicia en los lances controvertidos que pueden ser decisivos para el resultado de una competición. El baloncesto o el tenis son dos buenos ejemplos. Sin embargo, el fútbol, que moviliza más aficionados y genera un enorme negocio, sigue mostrándose refractario a incorporar los avances tecnológicos. Es un error que hay que corregir, particularmente en un momento en el que las sospechas acerca de la limpieza de la competición pueden dispararse como consecuencia del protagonismo que han adquirido las apuestas deportivas.

El ojo del halcón es así un símbolo del juego limpio y de la necesidad de modernizar el deporte. Hay que combatir el dopaje, el amaño de partidos, las comisiones ilegales y la corrupción en las federaciones y en los comités.

29.- Contra la mala educación

En España se grita en lugares públicos, se insulta en los lances de tráfico, se silban los himnos, se circula con motocicletas ruidosas incluso a horas intempestivas, se aparca por sistema en doble fila, se dejan los excrementos de los perros en la vía pública, se escupe en el empedrado, en los bares se arrojan al suelo las cáscaras de crustáceos, se olvida usar el desodorante aun en plena canícula, se tutea a cualquier desconocido, se injuria y blasfema en los recintos deportivos… Por desgracia en eso aun somos diferentes. La mejora del civismo debe ser un empeño de todos: de la Administración y de los propios ciudadanos.

30.- La Ñ

El español es la lengua que nos abre las puertas de un continente entero y nos proyecta al mundo, donde lo hablan más de 500 millones de personas. La Ñ es un símbolo de su riqueza en la medida en que representa con una sola letra un fonema para el que otros idiomas necesitan dos. A todos los españoles nos interesa que los grandes actores de internet incluyan la Ñ en sus sistemas operativos y que la Unión Europea -en contra de su actitud inicial- proteja e impulse su utilización.

Los eurodiputados españoles discuten por email sobre Cataluña con copia a todos los demás y ninguno responde

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El eurodiputado Ramon Tremosa con Artur Mas y Duran Lleida durante la campaña de 2009. / UDC

Los eurodiputados españoles se han enzarzado en una guerra de correos electrónicos sobre las elecciones catalanas con copia a los otros 750 miembros de la Eurocámara. Ningún parlamentario de otro país ha entrado en la cadena de respuestas. 

Los eurodiputados españoles se han enzarzado en una guerra de correos electrónicos sobre las elecciones catalanas en la que han tratado de implicar (sin éxito) a los demás parlamentarios europeos.

El intercambio lo inició el representante de Convergència, Ramon Tremosa, con un correo en inglés titulado “Elecciones catalanas: mayoría absoluta clara para los partidos proindependentistas”. El correo lo envió a las 10:21 del martes a los otros 750 eurodiputados y a sus asistentes y contenía cuatro gráficos para apuntalar sus tesis. Tremosa decía que los comicios fueron “el referéndum (sobre la independencia) que el Gobierno español no quiso autorizar” y distinguía entre tres grupos: la coalición proindependentista con el 48% de los votos, los unionistas de PP, PSOE y Ciudadanos con el 39% y la coalición “federalista y pro-referéndum” de Catalunya Sí que Es Pot con el 12%.

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El eurodiputado de Convergència esgrimió además que el Gobierno español recurrió al miedo y a las amenazas como táctica electoral e hizo “todo lo posible” para impedir que votaran los catalanes que viven en el extranjero. Esos catalanes, dijo Tremosa, “están particularmente a favor de la causa independentista y con su apoyo probablemente los partidos pro independencia se habrían quedado cerca del 50% del voto”. El correo electrónico concluía anunciando que si el Gobierno español no acepta un referéndum “el pueblo catalán procederá de manera pacífica y democrática hacia la independencia”.

La primera réplica a Tremosa partió del eurodiputado del PSOE Enrique Guerrero, que es vicepresidente del grupo socialista en la Eurocámara. “Magnífica manipulación. Extra, extra size”, escribió con ironía Guerrero en un escueto correo de respuesta con copia también al resto de parlamentarios europeos. 

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Enseguida se sumó a la cadena la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa, en un correo remitido a las 12:29 horas con gráfico incorporado para desmentir a Tremosa. Al igual que Convergència, UPyD es un partido adscrito al grupo liberal en la Eurocámara (ALDE). “Como respuesta a la información manipulada, un detalle clave para entender los resultados de las elecciones catalanas: pro-independencia, 47,78% de los votos; anti-independencia: 51,69%”, explicaba la eurodiputada.

Pocos minutos después, Guerrero puntualizaba en otro correo que además el Gobierno catalán saliente de Artur Mas había obtenido el 39% de los votos.

El eurodiputado Enrique Calvet, expulsado de UPyD y que también pertenece al grupo liberal en la Eurocámara, se declaró “indignado” por la “intoxicación y manipulación” del correo electrónico de Tremosa y se ofreció a dar explicaciones detalladas a cualquier colega que estuviera interesado en las elecciones catalanas.

La cadena ha continuado este miércoles con otro correo remitido a las 10:08 horas a todos los parlamentarios por el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart.

Nart sostiene que el resultado de las elecciones catalanas es un “fracaso” de los separatistas, que no han obtenido la mayoría aplastante que esperaban. Recuerda que la CUP ha dicho que no apoyará como presidente a Artur Mas y relata a sus colegas los casos de corrupción en los que se ha visto implicada Convergència.

Ante esta avalancha de réplicas, Tremosa ha contestado a sus detractores con un análisis del Guardian sobre el resultado de las elecciones catalanas y con un nuevo gráfico para defender sus tesis. El parlamentario de Convergència insiste en que Iniciativa y Podemos no pueden sumarse al campo del no porque parte de sus miembros apoyan la independenciaEn cuanto a la corrupción, señala: “Las acusaciones contra nuestro partido no se han probado y yo no estaría tan orgulloso de un estado que lleva a un presidente electo como el señor Mas a los tribunales por organizar una votación”.

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Por ahora el intento de implicar a los eurodiputados de otros países en esta guerra de correos electrónicos ha fracasado. Ningún parlamentario de otros países se sumó a la cadena de correo electrónico. Ni siquiera para pedir más información. Eso no quiere decir que lo que está pasando en Cataluña no interese en la Eurocámara. Los diputados de otros estados miembros sí que se están preguntando a sus colegas españoles sobre su interpretación de los resultados electorales, aunque siguen considerándolo un asunto interno. “Se ha comentado mucho más el gran resultado del (partido de extrema derecha) FPO en las regionales austriacas”, aseguraba recientemente un representante de uno de los grandes partidos en el Parlamento Europeo. 

Así declararon su independencia los últimos países europeos

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La llamada Vía Báltica, que recorrió el espacio entre Tallin y Vilnius. / UNESCO

La mayoría celebraron referéndums, pero en otros no se consultó a la población. Hay declaraciones unilaterales de independencia pero también procedimientos pactados. Lo que todos tienen en común es que son el fruto de la crisis y la descomposición de la Unión Soviética y Yugoslavia.

Muchas son las diferencias entre los procesos de independencia de los países europeos más recientes. En algunos casos hubo grandes manifestaciones ciudadanas y en otros el apoyo popular fue más bajo.

La mayoría de estos países celebraron referéndums, pero en otros no se consultó a la población. Hay declaraciones unilaterales de independencia pero también procedimientos pactados. Lo que todos tienen en común es que son el fruto de la crisis y la descomposición de regímenes totalitarios comunistas construidos artificialmente. En concreto, la Unión Soviética y Yugoslavia. A continuación examino cinco casos. 

La Vía Báltica

Estonia, Letonia y Lituania fueron anexionadas por la Unión Soviética en 1940 gracias a un pacto con la Alemania nazi. A finales de los 80, resurgieron con fuerza los movimientos nacionalistas en las tres repúblicas bálticas aprovechando la apertura política y económica de la perestroika de Mijaíl Gorbachov.

Su manifestación más espectacular fue la denominada Vía Báltica, que tuvo lugar el 23 de agosto de 1989. Cientos de miles de personas (entre medio millón y dos millones según diferentes versiones) formaron una cadena humana de 600 kilómetros de longitud que unió las tres capitales: desde Tallin hasta Vilnius pasando por Riga. Los manifestantes reclamaban independizarse de la URSS justo cuando se cumplían 50 años del pacto secreto entre soviéticos y nazis. La idea de la Vía Báltica fue imitada por los independentistas catalanes en la Diada de 2013.

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Tras las primeras elecciones democráticas a principios de 1990, el Parlamento de Lituania abrió el camino al ser el primero en declarar la independencia el 11 de marzo de ese año. Le siguieron poco después los parlamentos de Estonia y Letonia. Los tres países organizaron después referéndums en los que el  ganó por aplastante mayoría.

La reacción inicial de Moscú fue considerar esas declaraciones ilegales e imponer un bloqueo económico.

A principios de 1991 tropas soviéticas llegaron a ocupar la torre de la televisión lituana en Vilnius en un ataque en el que murieron 14 personas. Pero el golpe de estado contra Gorbachov en agosto de 1991 precipitó la salida de las repúblicas bálticas y la disolución de la Unión Soviética. Sus líderes reconocieron la independencia de Estonia, Letonia y Lituania en septiembre de ese año unos días después de que lo hicieran Estados Unidos y varios países europeos.

El divorcio de terciopelo

En Checoslovaquia, un país creado a finales de la I Guerra Mundial, las tensiones separatistas se agudizaron inmediatamente después de la caída del régimen comunista en 1989. Los checos se quejaban de tener que financiar a sus vecinos pobres. Los eslovacos éstos recelaban de la centralización de todo el poder en Praga y reclamaban más autonomía. Pero la ruptura fue una decisión política. En ninguna de las dos partes había una mayoría a favor de la independencia según las encuestas y no se convocó ningún referéndum para conocer la opinión de los ciudadanos.

Los acontecimientos se precipitaron después de las elecciones de junio de 1992. El conservador Vaclav Klaus se convirtió en primer ministro de Chequia mientras que el nacionalista Vladimir Meciar logró la victoria en Eslovaquia.

El Parlamento eslovaco declaró la independencia el 17 de julio y sólo seis días más tarde Klaus y Meciar pactaron en una reunión en Bratislava dividir Checoslovaquia de mutuo acuerdo sin que se produjera ningún incidente, de forma pacífica y ordenada. En noviembre el Parlamento checoslovaco aprobó la disolución del país. El 31 de diciembre de 1992 se consumó este “divorcio de terciopelo” y República Checa y Eslovaquia fueron admitidos en la ONU como estados separados en enero de 1993.

Eslovenia y el principio del fin

Las réplicas de la caída del telón de acero alcanzaron también a Yugoslavia: una entidad federal cuyo origen se remontaba a 1918 y que había nacido de la desintegración del imperio austrohúngaro.

El principio del fin de Yugoslavia empezó en Eslovenia con la celebración de las primeras elecciones libres en primavera de 1990. El Gobierno elegido convocó un referéndum sobre la independencia el 23 de diciembre de ese mismo año. El 94,8% de los votantes apoyó el con una participación que superó el 90% del censo. El 25 de junio de 1991, el Parlamento esloveno declaró unilateralmente la independencia de forma simultánea al parlamento de Croacia, que también había celebrado previamente su propia consulta.

Inmediatamente después, el Ejército yugoslavo, dominado por los serbios, lanzó una ofensiva para controlar los pasos fronterizos de Eslovenia. Pero las fuerzas armadas eslovenas lograron rápidamente la victoria en lo que se conoce como la Guerra de los Diez Días.

Los enfrentamientos bélicos se trasladaron después a Croacia y a Bosnia Herzegovina. La comunidad internacional dudó a la hora de reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia por temor a agravar el conflicto. Uno de los primeros países en hacerlo fue Alemania en diciembre de 1991. Estados Unidos le siguió en abril de 1992, año en el que Eslovenia accedió a Naciones Unidas.

Un referéndum tutelado por la UE

Al final de las guerras de los Balcanes, Yugoslavia quedó reducida a Serbia y Montenegro. Pese a que los montenegrinos ya pensaban en la independencia desde finales de los 90, la Unión Europea, que temía un nuevo conflicto en la región, actuó como mediadora para mantener la unión entre las dos repúblicas.

No obstante, la carta constitucional de la nueva federación de Serbia y Montenegro, que entró en vigor a principios de 2003, ya preveía la posibilidad que cualquiera de las dos repúblicas se independizara si lo deseaba pero sólo después de un plazo de tres años. La decisión de romper tenía que aprobarse en una consulta.

Montenegro convocó su referéndum el 21 de mayo de 2006. Pero las reglas del juego las fijó de nuevo Bruselas. La UE sólo reconocería la independencia si votaba más del 50% del censo y si el obtenía más del 55% de los votos. Un umbral considerado excesivo por el Gobierno montenegrino, que trató de cambiarlo sin éxito. Finalmente, el ganó con un 55,5% de los sufragios. El Parlamento montenegrino declaró el 3 de junio de 2006 la independencia, que no fue contestada por Serbia y obtuvo el reconocimiento inmediato de la comunidad internacional. 

Shkumbin Saneja / FLICKR
Una muchedumbre celebra la independencia de Kosovo con banderas albanesas. / Shkumbin Saneja / FLICKR

El limbo de Kosovo

Después del referéndum de Montenegro, quedaba por resolver en los Balcanes el estatuto de Kosovo. Esta provincia serbia de mayoría albanesa se había convertido de hecho en un protectorado de Naciones Unidas desde la intervención de la OTAN en 1999 para frenar los ataques de las fuerzas armadas yugoslavas y serbias contra los separatistas kosovares. Después de varios años de negociaciones infructuosas, el Parlamento kosovar declaró unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero de 2008.

La secesión fue reconocida de inmediato por Estados Unidos y por las grandes potencias europeas. Se opuso Serbia con el apoyo de Rusia, que avisó de que el reconocimiento impulsaría a los movimientos separatistas en todo el mundo.

La independencia kosovar dividió a la comunidad internacional y también a la Unión Europea. Todavía hoy hay cinco estados miembros –España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia– que no reconocen a Kosovo.

Tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy han alegado que el problema es que se trató de una decisión unilateral y no pactada con Serbia. El resultado es que Kosovo sigue en un limbo jurídico. No ha podido entrar en Naciones Unidas y no ha obtenido aún el estatus de candidato a la adhesión a la UE. Serbia llevó el caso al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, que en 2010 dictaminó que la independencia de Kosovo no vulnera el derecho internacional. Kosovo y Serbia alcanzaron un primer acuerdo de buena vecindad en 2013 auspiciado por la UE.

Cataluña es opaca en Bruselas

Amadeu Altafaj en la delegación catalana en Bruselas. / JUAN SANHERMELANDO

Es imposible saber la cifra que invierte Cataluña a través de la Secretaría de Asuntos Exteriores en Bruselas ni sobre qué asuntos presiona porque esta delegación no se encuentra inscrita como lobby en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. 

Atrás quedo el día en el que Artur Mas estrenaba tímidamente en Bruselas su agenda exterior con una reunión junto José Manuel Durao Barroso, entonces presidente de la Comisión. Ocurrió un 3 de marzo de 2011 Mas pidió comprensión a todo el mundo” con la crisis económica y los recortes aplicados por la Generalitat. Cuatro años después de aquel encuentro, el presidente de la Generalitat ha tejido sin transparencia y con dinero público una red de influencia política en la Unión Europea.

El término lobby no tiene por qué ser negativo. Como señala Eva Belmonte, periodista y autora del libro Españopoly, es lógico que empresas y administraciones públicas luchen por sus intereses: La clave está en que todos conozcamos esa información para controlar que los intereses de terceros no pasan por encima del interés público.

En el caso del lobby catalán, lo poco que se sabe es que la Generalitat cuenta con una Delegación de Asuntos Exteriores con 30 empleados instalada en un edificio de la Rue de la Loi de Bruselas. Un vistazo a los presupuestos catalanes desvela que el alquiler de esta sede cuesta un millón de euros al año al erario catalán: más que los 832.000 euros que desembolsaba en 2012.

Pero es imposible saber la cifra que invierte Cataluña a través de la Secretaría de Asuntos Exteriores en Bruselas ni sobre qué asuntos presiona porque esta delegación no se encuentra inscrita como lobby en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Esta tarea aún no es obligatoria, pero debería serlo según Vicky Cann, miembro del Corporate Europe Observatory, una organización de referencia a la hora de denunciar la opacidad en la toma de decisiones europeas. 

El Registro señala la necesidad de que todas las autoridades públicas subnacionales declaren el gasto que hacen en lobby, las reuniones que llevan a cabo y el número de personas que llevan a cabo esta actividad, pero les deja la puerta abierta a hacerlo o no, añade Cann.

La excusa de Mas

El Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), organización que agrupa a gobiernos locales y regionales de Europa, apunta que los gobiernos locales, directamente electos por los ciudadanos europeos para prestar servicios públicos esenciales, no deben ser tratados de la misma manera que los grupos de presión comerciales y corporaciones multinacionales. A esta máxima se ciñe la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat para justificar su ausencia en el registro. Si el día de mañana el registro pasa a ser obligatorio y así lo aconseja el CMRE, entraremos a formar parte encantados, señalan desde su oficina de prensa de la institución.

Eva Belmonte, responsable de Civio, no piensa lo mismo: Cualquier Gobierno que de verdad quiera ejercer su influencia de forma transparente tiene que apostar por levantar la cortina sobre el lobby.

Los que sí están registrados son los organismos catalanes cuya función explícita es realizar funciones de promoción de Cataluña. El Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) y la Agencia Catalana de Turismo son un buen ejemplo. También el Ayuntamiento de Barcelona, que durante el mandato de Xavier Trias hizo público su gasto aunque con datos muy poco precisos. Barcelona declaró tener 50 lobistas acreditados en 2013 pero sólo informó en el registro de un gasto inferior a 10.000 euros en concepto de lobby. Ada Colau por ahora no ha aclarado esta incongruencia.

Un diplomático en Bruselas

La Generalitat cuenta para sus tareas de lobby en Europa con un nuevo jefe diplomático en la UE: el periodista Amadeu Altafaj.

Altafaj tiene un sueldo de 80.589,54 euros y conoce al dedillo las instituciones europeas. Ejerció como portavoz del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios Olli Rehn después de haber trabajado como portavoz del comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria Louis Michel.

Ha sido designado por ser la persona más preparada que había y en base a [sic] su experiencia profesional, dice Jaume Clotet desde la Secretaría de Asuntos Exteriores de la Generalitat.

Altafaj ha esgrimido problemas de agenda para no hablar con EL ESPAÑOL.

“El delegado catalán se mueve muy bien”, explica un portavoz del grupo europeo de Los Verdes. “Es activo a la hora de facilitar información sobre Cataluña y pedir reuniones”.

“Publicar cuánto cobra un funcionario público no es suficiente, dice Eva Belmonte. En mucho casos es mucho más relevante conocer las agendas y el contenido de sus reuniones.

El dinero de Diplocat

Los únicos datos disponibles para hacerse una idea del gasto en representación exterior del Gobierno catalán son los que se hacen públicos en los presupuestos en relación  on Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat): un consorcio público-privado diseñado para construir relaciones de confianza entre los ciudadanos de Cataluña y el resto del mundo. El presupuesto de este organismo en 2015 fue de 2,6 millones: casi el doble del que tenía en 2012. La causa de este aumento es uno de los aspectos que tampoco ha querido aclarar la Secretaría de Asuntos Exteriores.

 

El aumento de este presupuesto en los últimos tres años permitió a la Generalitat contratar en 2013 a un lobby anglosajón para recabar apoyos internacionales: Independent Diplomat (ID). Esta entidad sin ánimo de lucro tiene sedes en Bruselas y en Estados Unidos. Al contrario de la embajada catalana, ID sí está inscrita en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Gastó entre 200.000 y 299.000 euros en 2013, cuenta con cuatro lobistas para desarrollar sus funciones, tres con acreditación directa ante las instituciones europeas). Su presupuesto total fue de 3,5 millones de euros. La información que aparece en el registro no aclara ni el número ni el nombre de sus clientes

Es imposible saber lo que paga el Gobierno catalán a este lobby. Al ser consultado por este periódico, un portavoz de Independent Diplomat derivó todas las preguntas sobre el tema a la Secretaría de Exteriores de la Generalitat, cuya única respuesta es la siguiente: No comentamos nada sobre Independent Diplomat porque ya se ha publicado en otros medios todo lo que había que publicar. No queremos cansar al público con las mismas cosas repetidas indefinidamente.

Se refieren a los artículos publicados en la prensa catalana y nacional que informan de la contratación de un lobby por parte de Artur Mas.

Hasta ahora han trascendido los pagos que la Generalitat llevó a cabo hace dos años. El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Francesc Homs, reconoció en 2013 que se hizo un pago de 360.000 euros a Independent Diplomat. Pero todo forma parte de un entramado opaco.

Según señala el diputado popular Santi Rodríguez, existen dos pagos más. Los expedientes de contratación del Departamento de Presidencia a los que Rodríguez tuvo acceso reflejan un pago de 720.000 euros en 2014. Mediante la respuesta a una pregunta parlamentaria, el diputado averiguó que había 600.000 euros en facturas en 2015. En total, casi 2 millones de euros. Los datos no son públicos porque no aparecen en el extracto quincenal de la Generalitat, dice Rodríguez. “También también deberían ser públicos los informes que cada mes entrega el lobby anglosajón como fruto de su acuerdo con la Generalitat.

El asesoramiento de Independent Diplomat ha recibido grandes críticas de la oposición catalana, que reprocha a Artur Mas su decisión de esconder su gasto y su misión. En 2014, la mayoría del Parlament (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) rechazó una moción del PP apoyada por Ciutadans que exigía la ruptura de los contratos con Independent Diplomat.

El Partido Popular y Ciutadans denunciaron en 2014 la influencia que ID había tenido en la publicación de algunos editoriales en medios internacionales. Independent Diplomat recibió un pago de 7.800 dólares de la Delegación del Gobierno catalana en Estados Unidos meses antes de que el Financial Times reclamara en uno de sus editoriales a Mariano Rajoy que actúe rápido en la crisis con Cataluña” en marzo de 2014. Según dice su página web, una de las tres áreas de especialización de Independent Diplomat es el uso de medios de comunicación para difundir el mensaje de sus clientes.

Portazo europeo

Bruselas ya dio un portazo a Mas a principios de 2014 y le exigió comunicarse con la Unión Europea a través de la representación española. Así lo afirma el eurodiputado por Ciudadanos, Juan Carlos Girauta: No corresponde a las comunidades autónomas esta tarea y menos, cuando las cifras están ocultas y disfrazadas.

La Secretaría de Asuntos exteriores deja muy claro que ninguna de las delegaciones del Gobierno de Cataluña son embajadas: No pueden serlo dado que Cataluña no es un estado y sólo los estados tienen embajadas, apunta su secretario de prensa, Jaume Clotet.

La opacidad que la Generalitat practica en Bruselas contrasta con la ley de transparencia catalana que entró en vigor antes de verano y que incluye la obligación de regular los lobbies. Aunque esta ley, como señala Eva Belmonte, tiene algunos defectos: no acepta solicitudes de información por correo electrónico y veta el derecho de acceso a la información a los menores de 16 años

Si el Gobierno catalán no tiene nada que ocultar en Europa y sus intereses no tienen nada que ver con promover la independencia con dinero público, ¿por qué no hace pública toda la información?

Volkswagen, fuera de control: su crisis golpea a la industria del motor

El engaño de Volkswagen da el salto a Europa. Bruselas, Berlín y París piden investigar los 11 millones de vehículos manipulados. Su presidente se marchará el viernes por la puerta de atrás.

Foto: REUTERS

La crisis medioambiental de Volkswagen va a ser un antes y un después para la industria del automóvil. El gigante alemán volvió a hundirse ayer en Bolsa (un 19%) después de reconocer que las consecuencias de la manipulación del software que mide las emisiones de sus vehículos diésel en Estados Unidos son mucho más altas de lo asumido en un primer momento.

El lunes hablaba de 480.000 vehículos en el país norteamericano. El martes reconocía que son más de 11 millones de automóviles en todo el mundo. El lunes afirmaba que Europa estaba limpia. El martes, Bruselas, Berlín, París y Roma advertían que van a investigar si a este lado del Atlántico ha ocurrido algo parecido.

“La hemos cagado por completo”, asumió el responsable de Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn. “Hemos sido deshonestos con la EPA [la Agencia Medioambiental de Estados Unidos] y hemos sido deshonestos con todos ustedes”, reconoció durante la presentación del nuevo Passat en California. A Horn no le quedaba otra opción que disculparse para no perder, aún más, la confianza de los consumidores.

¿Cómo funcionaba la manipulación medioambiental? Volkswagen instalaba un software en sus motores TDI de cuatro cilindros de los modelos Golf, Jetta, Beetle, Passat y Audi A3 fabricados entre 2009 y 2015 que limpiaba sus emisiones. Durante los test de la EPA, el software permitía que las emisiones se situasen dentro de los parámetros legales. Después, este sistema se desactivaba, las emisiones se disparaban hasta un 40% y la potencia de los vehículos se elevaba en la misma medida.

Deja caer a su presidente

Como en toda crisis, ya hay una cabeza de turco. El primero en caer será su presidente, Martin Winterkorn. Hasta ahora era intocable. Es el directivo mejor retribuido de Alemania, con un sueldo que ronda los 16 millones de euros anuales y, en abril, sobrevivió a la guerra interna librada entre sus accionistas de referencia. Él había conseguido que Volkswagen, dueño de Seat, Audi, Porsche, Lamborghini o Bugatti, sea el mayor fabricante de automóviles del mundo, con más de 10 millones de unidades producidas al año. Casi tantas como ahora reconoce manipuladas.

Martin Winterkorn será sustituido este mismo viernes por el primer ejecutivo de Porsche Matthias Müller, en un consejo de administración extraordinario con el que se pretenden calmar los ánimos del mercado. Hasta el lunes, Winterkorn tenía garantizados dos años más de contrato y una jubilación de oro. Ahora saldrá por la puerta de atrás.  Ayer, Winterkorn volvió a “sentir profundamente” lo ocurrido.

Lo hizo a través de un videocomunicado (el domingo lo hizo por escrito en una nota de prensa) en el que asegura que “hará todo lo posible” para recuperar la “confianza” de los consumidores. “Nuestro equipo no se merece esto y os pido vuestra confianza mientras avanzamos y trabajamos duro en las soluciones técnicas necesarias. Haremos todo lo posible para solucionar el daño contra los clientes y los empleados. Os doy mi palabra”.

La segunda víctima será la cuenta de resultados de la compañía. Volkswagen reconoció ayer que tiene que provisionar 6.500 millones de euros en su balance de los nueve primeros meses del año, que presentará el 28 de octubre. La cifra supone, prácticamente, la mitad del beneficio anual de Volkswagen. En 2014, el grupo ganó 11.000 millones de euros.

El fabricante alemán puede tener que pagar una multa, solo en Estados Unidos de 18.000 millones de dólares, a tenor de 37.500 dólares por cada uno de los vehículos que, según señaló la EPA en un primer momento (480.000 unidades) habría manipulado. Con 11 millones de vehículos (y varios países) la cuantía de la multa puede dispararse, hasta tal punto que podría llegar a poner en peligro la compañía.

Sin embargo, el tamaño de Volkswagen, un tótem industrial alemán con una plantilla mundial de 600.000 personas y 130 fábricas, a los que se suman las industrias auxiliares, hace casi imposible que se deje caer esta empresa, de la que el Estado de Baja Sajonia controla el 21% de los derechos de voto.

Media Europa pide que se investigue, menos España

¿Si Volkswagen manipulaba en Estados Unidos, no lo haría también en Europa? La primera en dudar de su compatriota ha sido el Gobierno alemán. La canciller germana, Angela Merkel, ha exigido a la empresa “transparencia total” y que estén “todos los hechos encima de la mesa lo antes posible”.

El primer paso, la creación de una comisión encabezada por el Ministerio de Transporte alemán y una comisión independiente para ver si las emisiones de sus modelos diésel están dentro de los parámetros legales. Los gobiernos de Italia y Francia ha tomado medidas similares. El Gobierno de François Hollande, además, insta a Bruselas a tomar los mandos de las investigaciones.

“Nos lo tomamos muy en serio, queremos llegar hasta el final de este asunto”, aseguró ayer la portavoz de la Comisión Europea. Aunque sin fecha, el Ejecutivo comunitario quiere convocar una reunión de las autoridades de Industria de los Estados miembro. Bruselas marca las normas medioambientales, pero son los países quienes deben vigilar su cumplimiento.

En España, por el momento, el Gobierno mira hacia otro lado. El ministro de Industria, José Manuel Soria, no habló ayer de investigaciones, de comprobar si el parque automovilístico español, donde seis de cada diez vehículos vendidos son diésel (uno de los ratios más altos de Europa), ha manipulado sus mediciones de emisiones. Soria mostró su preocupación porque la crisis de Volkswagen “no afecte a los anuncios de inversión del grupo en España”.

La crisis de Volkswagen se produce solo unas semanas después de que la compañía germana anunciara 4.200 millones de inversión en España destinados a sus plantas de Landaben en Navarra (donde produce el VW Polo para todo el mundo) y la de Seat en Martorell (Barcelona) donde fabrica los modelos León, Ibiza y el Q3, el todoterreno pequeño de Audi.

Los estándares de emisiones europeos no son iguales que los de Estados Unidos. Fuentes del sector del automóvil explican que aquí son “ligeramente más laxos, aunque están en pleno proceso de revisión”. El objetivo de Bruselas es lograr que las emisiones por vehículo sean inferiores a 95 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido en 2020. “En Estados Unidos, una vez la EPA te aprueba las emisiones de un modelo, no lo vuelve a revisar. Aquí es diferente, se hacen auditorías periódicas en las fábricas para comprobar que todo se ajusta a la legalidad”.

Las alertas previas a un escándalo global

La industria del automóvil teme que el escándalo dé el salto más allá de Volkswagen. Hay que recordar que la EPA estadounidense ya ha multado a otros fabricantes, como los coreanos KIA y Hyundai, por emitir más gases contaminantes de los legales. El problema es que no hay precedentes de una crisis tan global y tan grave como la de Volkswagen.

¿Han hecho trampas otras empresas? El lobby The International Coincil on Clean Transportation ha publicado un estudio en el que advierte de que la manipulación de las emisiones es habitual entre los grandes fabricantes, aunque en Europa es menos sofisticada. Si en Estados Unidos se manipula el software, aquí se permiten “flexibilidades legítimas”, en palabras que este lobby atribuye a los fabricantes, para reducir las emisiones durante los test. Por ejemplo, cambian la batería inmediatamente antes de una de estas pruebas para lograr reducir las emisiones en un 4%.

“En CO2, de media, cada modelo de Mercedes alcanza unas emisiones en carretera un 50% superiores a las de los test de laboratorio”. El mismo porcentaje en que se disparaban las emisiones del BMW serie 5 y el Peugeot 308. Según esta asociación, la manipulación va en aumento cada vez que se saca un nuevo modelo. “El salto entre las emisiones reales y las del laboratorio entre el Renault Clio IV [y su antecesor] pasaba del 19% al 34%”: Por ello, instan a Bruselas a tomar cartas en el asunto y crear un nuevo sistema de mediciones verdaderamente fiable.

Hungría decreta el estado de emergencia por la crisis de refugiados

El Gobierno de Hungría ha decretado este martes el estado de emergencia en dos provincias lindantes con Serbia para afrontar la crisis de refugiados.

En la imagen, un padre y su hijo este martes cerca de Asotthalom, en la frontera servo-húngara. REUTERS / Laszlo Balogh

Un padre y su hijo este martes en Asotthalom, en la frontera servo-húngara. REUTERS / Laszlo Balogh

El Gobierno de Hungría ha decretado este martes el estado de emergencia en dos provincias lindantes con Serbia para afrontar la crisis de refugiados.

La probabilidad de que las autoridades locales declarasen el estado de crisis había sido adelantada en la mañana del martes por la embajadora húngara en España, Enikő Győri, en un desayuno con la prensa madrileña. Győri ha explicado que el Ejército húngaro se desplazará a la frontera para controlar el flujo migratorio, pero “los soldados no estarán autorizados a usar armas de fuego”.

Este martes entra en vigor una nueva legislación en el país centroeuropeo que puede enviar a los migrantes a prisión por hasta cinco años. Desde esta madrugada, todo el que cruce la valla levantada por Hungría en su frontera con Serbia sin pasar por los controles fronterizos habilitados, dañe la valla o impida su construcción (una valla más alta que la acabada continúa en construcción), puede acabar entre 3 y 5 años en la cárcel. Unas placas en la valla avisarán de esta posible pena. Por lo demás, el Gobierno húngaro deja en manos de la tecnología que la información llegue a tiempo a los nuevos refugiados. “La mayoría de los migrantes están muy bien equipados de móviles. Además, muchos tienen líderes de grupos que dictan a los demás qué hacer”, ha defendido Győri. La embajadora asegura que todo el que se declare refugiado al pasar un control fronterizo y solicite asilo entrará automáticamente en el proceso para obtener protección.

“La prioridad máxima es el control, la protección de las fronteras exteriores, no sólo porque estemos obsesionados con eso, sino porque (…) lo que hacemos nosotros es respetar y hacer respetar las leyes internacionales”, ha asegurado. Las acciones de Hungría frente a la llegada masiva de refugiados han despertado fuertes críticas entre la comunidad internacional en las últimas semanas. Győri, sin embargo, ha defendido que no es justo que se critique a un país miembro por cumplir con la legislación europea, que obliga a los Estados a controlar sus fronteras exteriores. “Recibo cada día más y más cartas diciendo que soy personalmente una sinvergüenza y mi primer ministro más, que toda Hungría es racista”, ha dicho la diplomática. “Pero también recibo cartas de aprecio”.

La embajadora aboga por una solución comunitaria a la crisis de refugiados que sea sostenible y efectiva. Respecto a las cuotas de acogida propuestas por la Comisión Europea, Győri ha afirmado que se llegará a ellas siempre que se estabilicen las fronteras y se controle el flujo de entrada de refugiados. También ha afirmado que es vital diferenciar entre refugiados, que se han visto forzados a abandonar sus hogares, y migrantes, que buscan mejores condiciones de vida, y controlar quién entra en Europa.

Casi 200.000 personas han llegado a Hungría en lo que va de año. El país ha recibido más de 170.000 solicitudes de asilo, de las que un 17% han sido aprobadas -frente al año pasado, que se aprobó el 9%. La embajadora en España ha indicado que muchos desaparecen durante el proceso y no se puede completar su solicitud. Sirios, afganos y kosovares son los principales solicitantes de protección internacional.

Triunfa la Europa de la fortaleza frente a la crisis de los refugiados

A Hungarian policeman looks at migrants, as they wait to enter Hungary near the village of Horgos, Serbia, September 14, 2015. Hungary has closed off a railway track used by tens of thousands of migrants to enter the European Union on foot, launching a crackdown promised by the right-wing government to tackle Europe's worst refugee crisis in two decades.  REUTERS/Marko Djurica

La UE ha vuelto a cambiar el rumbo en su respuesta a la crisis de refugiados. La prioridad ya no es el reparto entre los estados miembros de los demandantes de asilo, que volvió a fracasar este lunes en la reunión extraordinaria debido al bloqueo de los países del este, sino reforzar las fronteras exteriores y acelerar las repatriaciones de inmigrantes irregulares. España acogerá, en total, 35.000 refugiados este año.

Foto: REUTERS / Marko Djurica

 

Un policía húngaro vigila, este lunes, la llegada de refugiados en la frontera de su país con Serbia. REUTERS / Marko Djurica

La Unión Europea ha vuelto a cambiar el rumbo en su respuesta a la crisis de refugiados. La prioridad ahora ya no es el reparto entre los estados miembros de los demandantes de asilo, que volvió a fracasar en la reunión extraordinaria de ministros del Interior celebrada este lunes debido al bloqueo de los países del este, sino reforzar las fronteras exteriores y acelerar las repatriaciones de inmigrantes irregulares. La UE quiere además que Italia y Grecia pongan en marcha cuanto antes centros de registro en los que los refugiados podrían quedar retenidos a la espera de ser identificados.

El volantazo lo ha vuelto a marcar Alemania con su decisión de reintroducir el 13 de septiembre los controles fronterizos con Austria tras varias semanas dejando entrar a los refugiados. Es la primera vez que se cierran las fronteras en la UE por motivos migratorios desde la puesta en marcha del espacio Schengen en 1995. Le ha seguido la propia Austria y otros países como República Checa, Eslovaquia y Holanda reforzarán los controles. El ministro de Asilo e Inmigración belga, Theo Francken, ha avisado de un “efecto dominó” que podría poner en riesgo la libre circulación de personas, una de las principales conquistas de la UE.

Los 28 estados miembros coinciden en que “es imperativo un control fronterizo eficaz para la gestión de los flujos migratorios”, según figura en las conclusiones adoptadas por la presidencia luxemburguesa de la UE tras la reunión del lunes. “Francia y Alemania consideran que no se puede garantizar la sostenibilidad en la acogida de refugiados sin un dispositivo organizado, poderoso y eficaz de control de las fronteras exteriores de la UE”, ha subrayado el ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve. Para ello, los estados miembros quieren reforzar la Agencia Europea de Protección de Fronteras (Frontex) y encomendarle la tarea de “organizar la repatriación a los países de origen de los inmigrantes económicos irregulares”.

“Decir que se cierran las fronteras y se deja a todo el mundo fuera es poco realista, populista y simplemente imposible. Decir que se abren las fronteras y se deja entrar a todo el mundo tampoco es realista porque dañaría seriamente el modelo social europeo”, ha admitido el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans.

Centros de retención de inmigrantes en Italia y Grecia

Italia y Grecia deberán montar de inmediato en sus territorios centros de registro de inmigrantes (‘hot spots’, en la jerga comunitaria), cuya función será identificar, registrar y tomar las huellas dactilares de las personas que llegan. Se trata de diferenciar entre los que necesitan protección internacional y los inmigrantes económicos, que serán repatriados a sus países de origen. En estos campos de registro se aplicarán “medidas de detención” a los refugiados si es necesario, señalan explícitamente las conclusiones.

“Un mecanismo de solidaridad permanente no puede ponerse en marcha hasta que se creen los centros de registro”, ha avisado el ministro del Interior francés. París y Berlín reclaman además destinar fondos comunitarios a los campos de Turquía, Jordania y Líbano con el fin de que los refugiados se queden allí y no traten de llegar a territorio europeo.

De hecho, los ministros aspiran a poner en marcha nuevos centros de refugiados en los países de tránsito, por ejemplo en África, para evitar que estas personas viajen a Europa. “Se debe empezar a aplicar una estrategia a medio plazo basada en este enfoque integrado, con el objetivo de desarrollar capacidades de recepción seguras y sostenibles en las regiones afectadas y proporcionando perspectivas duraderas y procedimientos adecuados para los refugiados y sus familias hasta que sea posible el retorno a su país de origen”, señalan las conclusiones.

División entre este y oeste

Si la crisis del euro agravó las divisiones entre la Europa del sur y la del norte, la de los refugiados ha mostrado una nueva fractura entre el este y el oeste. Los ministros del Interior de la UE han fracasado este lunes en su intento de repartir a 120.000 demandantes de asilo llegados a Grecia, Italia y Hungría, tal y como había propuesto la Comisión Europea. República Checa, Eslovaquia, Polonia, Letonia, Rumanía y la propia Hungría han sido los países que han bloqueado el plan de Bruselas, según han desvelado dos fuentes diplomáticas a EL ESPAÑOL. “Es verdad que el mensaje que se lanza a la opinión pública europea no es el que desearíamos”, ha admitido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al término de esta nueva reunión fallida.

“Las cuotas no resuelven el problema”, alegaba el ministro del Interior eslovaco, Robert Kalinak. En su opinión, los demandantes de asilo “no quieren quedarse” en Eslovaquia, Hungría o ni siquiera en Austria y “no se les puede obligar a la fuerza”. “Al cabo de dos días sabemos que se irán a Alemania o Suecia”, ha dicho. Los países del este culpan a Berlín de haber desencadenado la última oleada de refugiados al anunciar que aceptaría a todos los demandantes de asilo sirios que llegaran a su territorio. Y apuestan por el cierre de fronteras. El caso más extremo es el de Hungría, que ha construido una valla en su frontera con Serbia y rechaza incluso ser beneficiaria del plan de Bruselas. Y es que la Comisión proponía repartir entre el resto de estados miembros 54.000 refugiados llegados a Hungría, 50.400 de Grecia y 15.600 de Italia.

Los países que creen que las cuotas son parte de la solución tampoco ahorran reproches para los socios del este. “Desde hace muchos años hemos sido muy solidarios con los países del este”, ha resaltado el ministro belga, “y para mi está claro que ahora ellos deben ser solidarios también”. Por su parte, el luxemburgués Jean Asselborn reclamaba a Hungría “ser parte de la solución y no parte del problema”.

El ministro alemán, Thomàs de Maizière, y el francés Cazeneuve, presentaron durante el encuentro una posición común de máxima dureza contra la inmigración irregular en un intento final de convencer a los países del este. Pero su alianza fue esta vez contraproducente. Los dos ministros anunciaron a media tarde, en rueda de prensa conjunta, que ya había un principio de acuerdo sobre el reparto de los 120.000 inmigrantes, lo que acabó de enfadar a los más reticentes. Esta comparecencia prematura “no ayudó” a fraguar el compromiso, ha explicado un diplomático europeo.

Al tratarse de un acuerdo político, se necesitaba el apoyo unánime de los estados miembros para aprobarlo. El veto de los países del este obligó a que las conclusiones quedaran plasmadas en un texto firmado únicamente por la presidencia luxemburguesa, que no tiene carácter vinculante. El plan ahora es aprobar el reparto en la próxima reunión de ministros del Interior que se celebra el 8 de octubre en Luxemburgo por mayoría cualificada, dejando en minoría a los socios del este. De momento se descarta convocar una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno. Pero no está claro que estos países vayan a aceptar unas cuotas aprobadas contra su voluntad y vayan a acoger efectivamente a estos refugiados.

España acogerá a 35.000 refugiados en 2015

A diferencia de lo que ocurrió en el anterior encuentro del 20 de julio, España no ha puesto esta vez “ningún problema” y ha aceptado sin discutir la cuota de casi 15.000 refugiados que le ha adjudicado Bruselas. A esta cifra hay que sumar los 2.800 que ya admitió en el anterior reparto de julio (de los 5.800 que le pedía Bruselas). Aparte de las cuotas de la UE, el Gobierno de Mariano Rajoy prevé tramitar este año 17.000 solicitudes de asilo. Así que en total, España acogerá a 35.000 refugiados en 2015. “Es un esfuerzo importante para España. Lo hacemos con gusto porque somos un país solidario y somos conscientes del drama humanitario”, ha asegurado Fernández Díaz. Sin embargo, España tampoco se plantea aceptar ahora a los 3.000 refugiados que rechazó en el reparto de julio.

¿Migrantes o refugiados?

Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

La crisis humanitaria que vive Europa ha encendido un debate en torno a los términos ‘migrante’ y ‘refugiado’ para hablar de los miles de personas que arriesgan su vida para alcanzar el viejo continente.

En la imagen, refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. Dimitris Michalakis/Reuters

Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis
Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

La crisis humanitaria que vive Europa ha encendido un debate en torno a los términos ‘migrante’ y ‘refugiado’ para hablar de los miles de personas que arriesgan su vida para alcanzar el viejo continente.

“Al nombrarlos como migrantes les estamos negando los derechos que son suyos”, afirma Teresa Vázquez, letrada especialista en derecho de asilo, por correo electrónico desde Líbano.

Algunos medios de comunicación usan ambas palabras indistintamente, otros se decantan por ‘migrante’ como un paraguas más amplio y Al Jazeera, por ejemplo, defiende el uso exclusivo de ‘refugiado’ ya que “migrante es una palabra que priva de voz a gente que sufre”.

¿Qué diferencia a un migrante de un refugiado?

“El refugiado ‘nace’ en la Convención de Ginebra de 1951 y alude a la obligación de los Estados que suscriban dicha declaración de dar protección a las personas que han debido dejar su lugar de origen o residencia por sufrir persecución”, explica Santiago Gómez-Zorrilla, de Accem, la ONG especializada en asilo y migraciones.

Por el contrario, el migrante decide abandonar su país para buscar unas condiciones de vida mejores en el extranjero, coinciden las fuentes no-gubernamentales consultadas por EL ESPAÑOL.

Pero para ser protegido, un refugiado necesita presentar una solicitud formal al país de destino. “Todavía no hay una armonización total tanto de los derechos como de las condiciones de acogida [en la UE]”, dice Rosa Otero, asistente de comunicación en ACNUR. “Se tiene que seguir trabajando en un sistema europeo común de asilo”.

En España las solicitudes son revisadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), que también decide si se admiten o no a trámite. El Ministerio del Interior toma la decisión final. Los tipos de protecciones fundamentales son el estatuto de refugiado y la protección subsidiaria para aquellas personas que, sin reunir las condiciones para ser refugiadas, pueden sufrir graves daños si retornan.

Los solicitantes de protección internacional tienen derecho a permanecer en España mientras se resuelve su solicitud y acceso a ciertas prestaciones y beneficios como asistencia jurídica gratuita.

“El sistema de asilo español es bastante bueno”, explica desde Líbano Teresa Vázquez. “El problema reside en que España no tiene un sistema claro para otorgar visados humanitarios en sus embajadas que les permita a los refugiados viajar sin poner en peligro sus vidas… Nuestro Gobierno tiene que volcarse ampliando las cuotas de reasentamiento y otorgando visados humanitarios en las embajadas de los países vecinos a zonas de conflicto”.

15.000 refugiados más para España

En 2014, España recibió alrededor del 1% del total de solicitudes de protección internacional en la UE, según un análisis de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Ese año concedió 384 estatutos de refugiado, 1.199 estatutos de protección subsidiaria y dos protecciones por razones humanitarias, según datos de Interior. El grupo más favorecido fueron los sirios.

La Comisión Europea propondrá el miércoles aumentar a 120.000 la cuota de refugiados que puede asumir la UE. A España le corresponderían casi 15.000 refugiados más, un 12% del total para los países miembros.

El Gobierno español ha asegurado este lunes que no tiene límite para la acogida de refugiados, tras una reunión de la comisión interministerial creada para la crisis humanitaria, informa EFE.

Respecto a la terminología para hablar de los afectados por la crisis humanitaria, Gómez-Zorrilla asegura que el término ‘migrante’ “es incorrecto en el sentido de que ‘refugiado’ es un término que resalta que son personas que se han visto forzadas a salir de su país en contra de su voluntad”.

Por su parte, Otero, de ACNUR, opina que conviene usar ambas terminologías en las informaciones de prensa. “Ahora mismo, lo que nosotros recomendamos es hablar, con la llegada que está habiendo desde el Mediterráneo, de inmigrantes y refugiados”, dice. “Pero es importante no hablar sólo de crisis migratoria porque es más bien una crisis de refugiados”.

Por qué la crisis de los refugiados paraliza y enfrenta a la UE

Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

En lugar de solidaridad y acogida, el agravamiento de la crisis de los refugiados este verano ha provocado parálisis y enfrentamientos entre los estados miembros de la UE, que no se ponen de acuerdo sobre un sistema de cuotas obligatorias para repartirse a los demandantes de asilo. A continuación explico las claves de esa parálisis y de lo que puede ocurrir a partir de ahora. 

En la imagen, refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

Gráficos de Patricia López

La foto de la vergüenza de Europa / La muerte, en alejandrinos

“Por favor, no vengan”. Es el mensaje que ha lanzado desde Bruselas a los refugiados que tratan de llegar a Europa el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Ha sido su respuesta a la foto del niño sirio ahogado en una playa de Turquía. En lugar de solidaridad y acogida, el agravamiento de la crisis de los refugiados este verano ha provocado parálisis y enfrentamientos entre los estados miembros, que no se ponen de acuerdo sobre un sistema de cuotas obligatorias para repartirse a los demandantes de asilo.

El crecimiento de partidos populistas y de ultraderecha en muchos países europeos dificulta cualquier solución. Está además en riesgo uno de los principales logros de la UE, la libre circulación de personas en el espacio Schengen ya que países como Austria empiezan a reintroducir controles fronterizos. Para el 14 de septiembre se ha convocado una reunión extraordinaria de los ministros del Interior de los 28 en un intento de desbloquear la situación.

¿Por qué aumenta la llegada de refugiados a la UE?

Unos 340.000 inmigrantes y demandantes de asilo han sido detectados en las fronteras de la UE tratando de entrar de forma irregular entre enero y julio de este año, una cifra que casi triplica la registrada en el mismo periodo de 2014: 123.500 personas en los siete primeros meses y 280.000 en el total del año, según los datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex). Pese al fuerte aumento, esta cifra apenas representa el 0,06% de la población de la UE. Pero el incremento ha provocado una “presión sin precedentes” para las autoridades de control fronterizo de Grecia, Italia y Hungría, según admite la propia agencia.

La guerra civil en Siria, que ha entrado ya en su quinto año, el caos en Libia tras la intervención de la OTAN, el avance del Estado Islámico, la inestabilidad en Irak o Afganistán o los regímenes represivos en países africanos como Eritrea son las principales causas que explican el constante agravamiento de la crisis de refugiados.

Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis
Refugiados sirios y afganos llegan a la isla de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

¿Cuáles son las principales rutas de entrada?

Los inmigrantes y los traficantes de personas van ajustando las rutas en función de las dificultades y controles que encuentran en cada punto. En estos momentos, la principal ruta de entrada a la UE es la del Mediterráneo oriental, por donde han llegado 132.000 personas en los siete primeros meses del año. Se trata sobre todo de sirios y afganos que acceden a Grecia por mar desde Turquía. Por Hungría han entrado, a través de los Balcanes, más de 100.000 refugiados que vienen de Afganistán y Siria pero también de Kosovo. En tercer lugar, está Italia, que en lo que va de año ha recibido a 90.000 inmigrantes, en su mayoría de Eritrea y Nigeria, que realizan la peligrosa ruta por mar desde Libia. En contraste, a España sólo han llegado este año alrededor de 7.000 inmigrantes, sobre todo por Ceuta y Melilla, según Frontex.

En estos viajes para llegar a Europa, los refugiados se juegan la vida. En lo que va de año, alrededor de 2.400 inmigrantes han muerto en el mar al tratar de llegar a las costas europeas, según los cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones. El último ejemplo, el niño ahogado encontrado en una playa de Turquía. A ello hay que sumar casos como el de los más de 70 inmigrantes hallados muertos en un camión en Austria.

Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis
Refugiados sirios rezan al llegar a la isla griega de Lesbos. / REUTERS / Dimitris Michalakis

¿Cuál ha sido la respuesta de la UE hasta ahora?

La política europea en materia de inmigración y asilo sólo ha avanzado a golpe de crisis y tragedias migratorias. Y ello por las diferencias entre los países con frontera exterior, sobre todo los del sur (que viven el problema directamente) y los del centro y este (que hasta ahora no lo han considerado urgente).

La crisis de los cayucos en España en 2006 fue el primer impulso para empezar a reforzar Frontex en su función de coordinar patrullas de vigilancia marítima de varios países de la UE, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya experimentó las dificultades para concretar la solidaridad de los demás estados miembros. El naufragio de una barcaza procedente de Libia cerca de la isla italiana de Lampedusa en octubre de 2013 provocó la muerte de 366 inmigrantes y movilizó a los líderes europeos. Pero el impacto de la tragedia apenas se tradujo en medidas concretas.

Un nuevo naufragio en Lampedusa de una embarcación con 700 inmigrantes en abril de este año forzó a los jefes de Estado y de Gobierno a explorar nuevas soluciones. Los líderes acordaron triplicar el presupuesto y los barcos y aviones de las patrullas de Frontex por el Mediterráneo con el fin de detectar y asistir a las embarcaciones de inmigrantes en peligro.

En los siete primeros meses del año, 95.000 inmigrantes han sido rescatados en el Mediterráneo central. La UE también ha decidido lanzar una misión militar para destruir las embarcaciones que utilizan los traficantes de inmigrantes. De momento, los expertos de la UE se limitan a reunir información sobre las mafias porque todavía no cuentan con una resolución de Naciones Unidas que les autorice a actuar en territorio libio.

refugiados

Gráficos de Patricia López

¿Por qué han fracasado las cuotas de Bruselas?

La medida más novedosa propuesta la Comisión de Jean-Claude Juncker en abril fue un plan para repartir a 60.000 refugiados entre los Estados miembros con dos componentes. En primer lugar, Bruselas pretendía redistribuir, mediante un sistema de cuotas obligatorias, a 40.000 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia con el objetivo de aliviar la presión que sufren los dos países (lo que en la jerga europea se denomina reubicación). A ellos se sumarían otros 20.000 refugiados que se traerían a la UE desde el norte de África y Oriente Medio para abrir canales legales de inmigración y evitar que estas personas tengan que lanzarse al mar (reasentamiento). A diferencia del primero, este segundo componente tendría un carácter voluntario. Los criterios de reparto eran cuatro: la población de cada país (que contaba un 40%), su nivel de riqueza (40%), la tasa de paro (10%) y las peticiones de asilo tramitadas en el pasado (10%). A España le correspondía acoger en total a 5.837 refugiados. Al final sólo aceptó acoger a 2.749.

El plan, que contaba con el respaldo de Francia y sobre todo Alemania, quedó descafeinado en la última reunión de los ministros del Interior de los 28 celebrada el 20 de julio por la oposición de España, Reino Unido y los socios del este. Estos países lograron, en primer lugar, que el reparto no fuera en ningún caso obligatorio ni impuesto por Bruselas. Después ofrecieron cuotas muy inferiores a las sugeridas por la Comisión. El caso más extremo es precisamente el de Hungría, que se ha negado a participar. El resultado es que de momento los países de la UE sólo acogerán a 32.000 solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia en lugar de 40.000. En contraste, sí que se ha logrado alcanzar la cifra de 20.000 refugiados reasentados.

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¿Por qué España no acepta más refugiados?

 El elevado paro, la posibilidad de que se genere un efecto llamada o los esfuerzos que hace España para controlar sus fronteras y frenar la inmigración irregular son algunos de los argumentos que ha esgrimido el Gobierno de Mariano Rajoy para justificar su negativa a las cuotas propuestas desde Bruselas. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha alegado en una entrevista al periódico alemán Die Welt que la tasa de paro y los esfuerzos en inmigración “no se tienen en cuenta de forma suficiente” a la hora de calcular el reparto. “Con una tasa de paro tan alta como la de España, del 22%, no se puede ofrecer a la gente una oportunidad justa de integración”, ha dicho.

Para el Gobierno de Mariano Rajoy, la UE debería ir a la raíz del problema y reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito de inmigrantes y refugiados, como hace España con Mauritania y Senegal.

Pese a que España ha sufrido varias crisis migratorias en los últimos años, en particular en las islas Canarias y en Ceuta y Melilla, sigue siendo uno de los países de la UE que tramita y acepta menos solicitudes de asilo. Durante el primer trimestre de 2015, España registró únicamente 2.035 demandas de asilo, el 1,1% del total en la UE, cuando su población es alrededor del 9% del total. En 2014 sólo concedió protección a 1.600 personas: el 0,8% de decisiones positivas en la UE.

Un grupo de refugiados protesta en la estación de tren de Bicske (Hungría). / REUTERS / Bernadett Szabo
Un grupo de refugiados protesta en la estación de tren de Bicske (Hungría). / REUTERS / Bernadett Szabo

¿Cuál ha sido el papel de Alemania?

Alemania ha tenido que asumir de nuevo, junto con la Comisión, el liderazgo en la crisis de los inmigrantes. La canciller, Angela Merkel, ha admitido que se trata de un “desafío mayor” que la crisis de Grecia y está multiplicando los llamamientos a la solidaridad, sobre todo los dirigidos a los países del este. Pero también ha avisado de que “si no se logra un reparto justo de refugiados dentro de Europa, entonces algunas personas querrán poner [el espacio sin fronteras] Schengen en la agenda”. Berlín prevé recibir este año 800.000 solicitudes de asilo y ha dicho que acogerá a todos los refugiados sirios que lleguen a su territorio.

Pero los vecinos de Alemania, en particular Hungría y Austria, se quejan de que estos anuncios están provocando un efecto llamada que está destrozando a sus propios países. El premier húngaro Orban ha llegado a decir que la crisis de refugiados es un “problema alemán” porque es allí donde quieren dirigirse todos los demandantes de asilo.

Por lo demás, la crisis ha provocado también cruces de reproches entre Francia y Reino Unido a cuenta de los inmigrantes que se acumulan en Calais (a la entrada del canal de la Mancha) o entre Francia e Italia por los que están en la ciudad fronteriza de Ventimiglia. El Gobierno francés ha criticado también la construcción por parte de Hungría de una valla en su frontera con Serbia.

¿Qué medidas prepara la Comisión? 

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, tiene previsto anunciar el próximo 9 de septiembre una nueva batería de medidas para hacer frente a la crisis migratoria. En primer lugar, Juncker planteará repartir entre los países de la UE a otros 120.000 inmigrantes llegados a Italia, Grecia y esta vez también Hungría, según ha adelantado el periódico italiano La Reppublica. Para evitar que los países del este o España bloqueen de nuevo el reparto, permitirá no obstante que los estados miembros que no deseen participar se excluyan, aunque tendrán que dar explicaciones a sus socios y opiniones públicas. El Ejecutivo comunitario pretende además poner sobre la mesa un sistema permanente de reparto que se activaría de forma automática cuando se superen determinados umbrales de llegada de refugiados.

La Comisión plantea también acelerar la puesta en marcha de centros de registro de inmigrantes y refugiados en Grecia e Italia y elaborar una lista de países seguros para facilitar la deportación de aquellos inmigrantes irregulares que se considera que no corren ningún riesgo en su país de origen. Esta lista es una petición de Alemania, que se ve desbordada por solicitudes de asilo de inmigrantes procedentes de los Balcanes. Las deniega casi todas pero su tramitación consume muchos recursos. Otra pista en la que se trabaja es la creación de un fondo para ayudar a los países de origen.

No está claro si esta nueva batería de medidas podrá salir adelante. Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a reconsiderar su cuota de refugiados pero mantiene muchas reservas y los países del este (en particular Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa) se han propuesto reforzar su alianza contra las cuotas. Pero la creciente presión de Alemania y de la opinión pública podría obligarles a flexibilizar su posición. 

La foto de la vergüenza de Europa

ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF DEATH OR INJURY A Turkish gendarmerie carries a young migrant, who drowned in a failed attempt to sail to the Greek island of Kos, in the coastal town of Bodrum, Turkey, September 2, 2015. At least 11 migrants believed to be Syrians drowned as two boats sank after leaving southwest Turkey for the Greek island of Kos, Turkey's Dogan news agency reported on Wednesday. It said a boat carrying 16 Syrian migrants had sunk after leaving the Akyarlar area of the Bodrum peninsula, and seven people had died. Four people were rescued and the coastguard was continuing its search for five people still missing. Separately, a boat carrying six Syrians sank after leaving Akyarlar on the same route. Three children and one woman drowned and two people survived after reaching the shore in life jackets. REUTERS/Nilufer Demir/DHA ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. TEMPLATE OUT. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

El pequeño de la foto no va a llegar con vida a la reunión del Consejo Europeo prevista para el próximo 14 de septiembre. 12 días más a la espera de decidir en los despachos qué hacer con una crisis humanitaria anunciada y sabida. Las iniciativas ciudadanas y las ONG intentan paliar la falta de acción coordinada de la UE.

En la imagen un agente de la guardia costera turca rescata el cuerpo sin vida de un pequeño en las playas de Bodrum. REUTERS / NILUFER DEMIR

Un pequeño yace inerte en brazos de un agente de la guardia costera turca. Ha fallecido en aguas del Mediterráneo mientras intentaba alcanzar junto a su familia la isla griega de Kos. Es una de las últimas víctimas de la crisis migratoria que sufren miles de sirios, afganos, y otros ciudadanos que tratan de llegar a la Unión Europea huyendo de los conflictos en sus países. Es, también, la foto de la vergüenza del viejo continente.

Las imágenes de este miércoles -en este caso de la agencia Reuters- muestran la crudeza de lo que sucede a las puertas de nuestras casas. “Es una foto chocante, pero más chocante es saber que hay niños que mueren así”, lamenta Eva Cosse, portavoz de Human Rights Watch en Grecia en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Para aquellos que consiguen llegar, las cosas tampoco son nada fáciles. “Llegan a un país que no puede lidiar con la situación”, afirma Kate O’Sullivan, que trabaja en la isla de Lesbos con Save the Children. “Las ONG están sufriendo para cubrir sus necesidades; es absolutamente abrumador”. Cosse coincide, pero recuerda que era una crisis anunciada: “La crisis humanitaria aguda comenzó hace un año, pero la situación empezó cinco años atrás. Llevamos años pidiendo a la Unión Europea y a Grecia que mejoren su política de asilo, y nada. Ahora las autoridades [griegas] son completamente incapaces de hacer frente a la situación”.

Sólo en junio, 4.270 niños llegaron a las islas griegas. De ellos, 86 viajaban solos. “La reunión del Consejo Europeo es un movimiento positivo”, dice O’Sullivan. “Por supuesto, si trabajas sobre el terreno a diario con niños nada es demasiado pronto”.

Tareas urgentes

La llegada masiva de refugiados, la inestabilidad política del país y sus dificultades económicas han formado un cóctel explosivo que sobrepasa al país heleno. Cosse cree que la solución pasa por que los 28 estados miembros envíen personal sanitario, policial y trabajadores sociales para poder atender a los miles de inmigrantes que llegan a diario. Enumera otras tareas que a su juicio debe llevar a cabo urgentemente la UE:

  • Crear un camino humanitario seguro para llegar a la UE
  • Facilitar visados humanitarios
  • Facilitar la reunificación familiar con refugiados ya asentados
  • Reducir los trámites burocráticos

12 días más. Ese es el margen que se han concedido los gobernantes de la Unión Europea para buscar nuevas soluciones a una crisis migratoria que no deja de crecer hasta la reunión del Consejo Europeo el 14 de septiembre. Mientras tanto, cientos de personas siguen pereciendo de camino a un lugar que -esperan- les permita llevar una vida digna.

Los refugiados siguen llegando por miles y se topan de bruces con alambradas levantadas de la noche a la mañana y jefes de Gobierno que no se ponen de acuerdo en el reparto de una avalancha de personas necesitadas, para las que no estaban preparados.

12 días más, como mínimo, para empezar a hablar. Mientras tanto, miles de refugiados se tendrán que contentar con encontrar ayuda en las iniciativas ciudadanas como una suerte de “Airbnb de los refugiados” en Alemania para darles un techo bajo el que cobijarse, según relata el diario británico The Guardian, o llevándoles comida al campo de refugiados improvisado junto a la estación ferroviaria central de Budapest.

Mientras tanto, miles de de personas que se han salvado tras recorrer miles de kilómetros se exponen a volver a temer de nuevo por su vida cuando un grupo de neonazis venga a dejarles claro que no les quieren en su país, como ya ha sucedido. Y ellos tienen suerte, porque muchos otros ni siquiera han tenido la oportunidad de encontrar esa ayuda desinteresada de personas solidarias, pues pierden la vida en el camino.

Al menos 11 personas han muerto en las últimas horas ahogados intentando alcanzar la isla griega de Kos, según la agencia de noticias turca Dogan. Los dos botes en que viajaban las víctimas -que se cree son sirias- se hundieron tras dejar la costa suroeste de Turquía, recoge Reuters. El niño de la imagen estaba entre ellos.

2.500 migrantes muertos cruzando el mar

Todos ellos seguían una de las rutas habituales de entrada a Europa para afganos y sirios en su mayoría, explican desde Médicos Sin Fronteras, que está atendiendo la llegada de refugiados en las islas helenas de Kos y Lesbos. Sólo en la capital de la isla de Kos, del mismo nombre, MSF estima que se encuentran 6.000 migrantes en busca de asilo.

Ya en los meses de abril y mayo las autoridades alojaron a cientos de personas en un hotel abandonado. En MSF tienen tanto trabajo que ha resultado imposible poder hablar con representantes de la ONG presentes en la isla. No dan abasto, explican desde Madrid.

“Traficantes de botes tan organizados que incluso dan recibos por 5.350 dólares a una familia de nueve [miembros]”, tuitea el director de emergencias de HRW. (Vean la foto de la factura).

En lo que va de año, más de 2.500 migrantes han muerto o desaparecido intentando cruzar el mar, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM). Los que han conseguido atravesar el Mediterráneo superan ya los 300.000. El año pasado, fueron unos 220.000. Y sin embargo, “volverían a correr el riesgo, porque se trata de vivir o morir”, recuerda Cosse.

Grecia e Italia, respectivamente, son los principales receptores dado que absorben la inmensa mayoría de las llegadas. El resto llegan a España, según la Organización Internacional para las Migraciones. Por datos como estos, Human Rights Watch subraya que es imprescindible crear una política de asilo “armonizada” entre los Estados miembros, lo que está en boca de muchos líderes europeos, pero que no sucederá a corto plazo.

La ruta Libia-Italia también ha recibido un constante flujo de inmigrantes. Este martes, cuatro cuerpos fueron encontrados en las aguas del Mediterráneo central y 781 personas -procedentes sobre todo de Nigeria, Costa de Marfil y Senegal- fueron rescatados, según la ACNUR.